La maldición de los Okupas

noviembre 7, 2017 · Imprimir este artículo

Okupas: hay que acabar de una vez con ellos

Por Ángel Peña.

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El mayor temor de los españoles que tienen una segunda residencia es que ésta sea okupada en algún momento por las turbas que alienta la ultra izquierda, y a las que siempre han defendido con devoción la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la de la capital de España, Manuela Carmena. Ya es hora de detener este movimiento contra la propiedad privada y contra la libertad de las personas. Con determinación. Con urgencia. Modificando las leyes precisas para poner coto a este asalto diario a los derechos fundamentales consentido hasta ahora por los gobiernos de turno.

españa¿Qué fue antes, la gallina o el huevo? En términos inmobiliarios, el viejo dilema tiene un nuevo recorrido. Tras las locuras acometidas por tirios y troyanos en los años previos a la crisis, un factor concreto sobrealimenta la escasez y correspondiente sobreprecio de la vivienda: muchas de ellas están vacías. Determinado sector minoritario de la sociedad ha decidido que eso es excusa suficiente para inventarse su propio mercado, donde el coste de la vida tiende a cero. Se hacen llamar okupas, así, con ka, como ya admite la RAE. Paradójicamente, el mayor temor de los españoles que poseen una segunda vivienda es que ésta sea okupada, por encima de sufrir un robo o daños materiales, según una encuesta del Instituto Sondea para Securitas Direct. Un estado de ánimo poco propicio para un mercado efectivo.

La portavoz de Vivienda del Partido Popular en el Congreso, Ana Zurita, aporta datos que refrendan este temor. “Según el Banco de España, el 29,1% de la población española tiene segunda vivienda. De este porcentaje, el 23,7% son familias por debajo del percentil del 40% de renta y el 34%, jubilados: no son palacios, sino casas rurales o apartamentos de playa comprados con los ahorros de toda una vida. Y los últimos datos que llegan de los juzgados indican que los delitos de ocupación ilegal han aumentado un 92% el último año. Da la impresión de que en este país algunos piensan que la propiedad no es un derecho”.

Caridad Velarde, profesora de Derecho de la Universidad de Navarra, matiza que el fenómeno se bifurca en “tres posibles situaciones: por necesidad, por ideología o por interés económico espurio”. El último caso es el más sangrante. “Las mafias se benefician de la necesidad urgente de vivienda y de la desprotección de sectores vulnerables, como el de los extranjeros que no conocen el idioma o la legislación”. En ese caso, “hay quien hace pasar por suyos pisos que no lo son y se los arriendan a terceras personas que actúan de buena fe”.

Más compleja, por sus implicaciones sociales, resulta la okupación ideológica. En The City Is Ours: Squatting and Autonomous Movements in Europe from the 1970s to the Present, Bart van der Steen sitúa su origen en la Nueva Izquierda surgida de Mayo de 1968. Tras ese pistoletazo de salida, “a principios de los 70, los okupas europeos pelearon y ganaron el control de cientos de casas comunales, en las que organizaron formas colectivas de vida”. Desde entonces, van y vienen, tomando mayor protagonismo cuando las crisis les permiten ocupar el espacio que deja la desilusión de los ciudadanos ante las instituciones.

APOYO DE LOS POPULISTAS

España llegó tarde a este fenómeno. Miguel Martínez López sostiene en El movimiento de okupaciones que “se ha producido de forma continuada desde principios de la década de 1980”. Pese a su heterogeneidad, subraya tres características comunes: “Los principios libertarios compartidos por la mayoría y la confrontación reiterada con las autoridades locales, las eventuales coordinaciones de experiencias en cada ciudad y las redes de relación creadas, así como la influencia recibida de otros nuevos movimientos sociales próximos y su implicación en ellos”.

La actualidad muestra ejemplos muy claros de esa vinculación con otros agentes. En marzo, El Confidencial Autonómico publicó un artículo sobre el despliegue por las marquesinas de Madrid de unos carteles titulados “Los Madriles. Atlas de iniciativas sociales”, en el que buena parte de los lugares señalados eran casas okupadas. Detrás de esta iniciativa estaba Intermediæ, un proyecto del Matadero de Madrid, que pertenece al Área de Artes, Deporte y Turismo del Ayuntamiento, cuyos escudo y logo aparecían en los carteles. Zurita denuncia que “los llamados ayuntamientos del cambio no solo no buscan soluciones, sino que además permiten y alientan el fenómeno de la ocupación haciendo la vista gorda, como sucede en Barcelona, o fomentando situaciones como la del Patio Maravillas, en Madrid”.

Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, desmiente “que este proceso sea generalizado; es verdad que existe un fenómeno de okupación y que hay grupos que podríamos denominar mafias, pero hay que señalar que afectan fundamentalmente a viviendas desocupadas propiedad de bancos y de grandes tenedores inmobiliarios, como fondos de inversión, socimis o parques públicos desocupados. Aunque a veces, desgraciadamente, sí que actúan sobre propiedades de particulares, no es lo más frecuente”. López sigue la línea del Ayuntamiento de subrayar la distinción “entre los diferentes modelos de mafias de la ocupación y las familias que buscan desesperadamente una solución habitacional, sin justificarlas pero entendiéndolo”, y culpar al capital. “También existen procesos de ocupación mafiosa inducidos por inversores, para conseguir rebajas en las viviendas que comercializan las entidades financieras”.

Según Zurita, “la ocupación ilegal ha trascendido a las personas en riesgo de pobreza y exclusión social y prolifera en otros colectivos, generando problemas y dificultando una política eficaz”. En este sentido, pone el ejemplo de la regularización en septiembre de 2016 por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) de 88 viviendas sociales ocupadas, mientras que “la propia alcaldesa” ha reconocido que “más de 400 viviendas puestas a disposición por los bancos no podían ser adjudicadas por estar ocupadas”.

Prueba de la rapidez con la que se propaga la moda de la ocupación ilegal es la proliferación de páginas web con toda la información necesaria para vulnerar la propiedad ajena aprovechando los resquicios legales y minimizando los riesgos judiciales. En wwww.okupatutambien.net, por ejemplo, se ofrece un Manual de okupación en un PDF de más de 100 páginas y esmerada presentación para “acercar la okupación a toda persona interesada en salir del mercado inmobiliario y disfrutar de un espacio digno sin pagar ni un duro a quienes tratan de robarnos la vida cada día”.

Velarde admite que estas actitudes “han proliferado con la crisis y en ella han obtenido alguna forma de justificación”, pero recuerda que, al final, perjudican “a los titulares de los edificios okupados, sean públicos o privados, y también a los vecinos, que sufren en algunas ocasiones situaciones de insalubridad e inseguridad, con la agravante de que no cuentan con vía alguna para solicitar el desalojo”. Además, la okupación conlleva una “posible bajada del valor de sus viviendas, así como la dificultad para venderlas o alquilarlas”.

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Desde la inmobiliaria Testa Residencial apuntan al principal problema de fondo: la inseguridad jurídica. En este sentido, Zurita sostiene que “los estados de temor y de inseguridad afectan siempre negativamente a la economía”. Por no hablar del dinero extra que tienen que pagar las comunidades de vecinos, ya que “entre el 40% y el 60% realizan conexiones fraudulentas de servicios de agua y luz”, o los costes adicionales para los contribuyentes (“Más policías, servicios, limpieza…”) para cubrir las “bajas condiciones de habitabilidad y el riesgo en el conjunto vecinal por actitudes de delincuencia, ocupaciones conflictivas y aumento de la inseguridad”. Además, “la okupación hace inviable la gestión de una política de vivienda, la distorsiona”. Según Zurita, los allanamientos suponen la inmovilización de entre un 5% y un 20% de la vivienda pública. “Hay muchas personas esperando a que se les adjudique un piso y sin duda es un agravio comparativo que no se pueda acceder a ella porque está ocupada”.

López, en cambio, considera que la okupación no redunda en la escasez de oferta de viviendas. “Los patrimonios de las entidades financieras, que son los mayores tenedores de viviendas vacías en este momento, no están en el mercado por razones operativas o estratégicas de sus propietarios, no por temor a una ocupación ilegal, que se evitaría en cualquier caso si tuvieran precios ajustados y se alquilaran”.

Desde Testa instan a quienes simpatizan con el movimiento okupa a “que se planteen qué ocurriría si alguien le arrebatara un bien de su propiedad o de un familiar”, y los abogados de Legalitas proponen un caso concreto: “Tenemos un apartamento en la playa y un verano nos lo encontramos tomado por desconocidos”. ¡Horror! Lo primero que tendríamos que hacer es “presentar una denuncia y, muy importante, solicitar como medida cautelar que se proceda al inmediato desalojo”. Después solo queda “poner la situación en manos de un abogado experto que nos acompañe en todo el proceso”.

Pero, ¿no se puede prevenir antes que curar? En Legalitas explican que “no se pueden tomar medidas preventivas jurídicas, ya que lamentablemente la ley no prevé ninguna”, y desde Testa se lamentan de que “el propietario tiene poco margen de maniobra más allá de tomar medidas de seguridad en la vivienda y, en casos extremos, desmantelarla, aunque esto último va en detrimento de su patrimonio”.

En nuestra aterradora hipótesis, ya hemos presentado la denuncia. ¿Ahora qué? Paciencia, mucha paciencia… Juan Carlos Amaro, profesor de Esade, es tajante: “La legislación española no facilita el desalojo. Si se inicia un procedimiento penal por delito de usurpación, ha de realizarse sobre un inmueble que no sea morada y que el juez aprecie indicios de delito. En este sentido, la jurisprudencia solo considera punibles las okupaciones en las que concurre una intención evidente de ejercer los derechos posesorios sobre el inmueble, con vocación de permanencia y privación total del ejercicio del derecho por su titular. En definitiva: un procedimiento tedioso, largo y no siempre exitoso”. La posibilidad de ir por lo civil tampoco mejora el panorama. “Al no existir una figura específica, suele derivar en un procedimiento de desahucio por precario, que conlleva un plazo para obtención de sentencia de más de un año”.

Velarde matiza que la vía penal “es más rápida, pero en ocasiones no es fácil determinar quién realizó el allanamiento propiamente dicho y distinguirlo de quien ocupa la vivienda en ese momento, por lo que en muchas ocasiones no se llega hasta el final del proceso y, cuando se llega, no se imponen sanciones”. Y en el campo de lo civil, “se trata como un desahucio más, lo que supone gastos para quien reclama, contratación de abogado y procurador, así como largos que ralentizan la recuperación”. Por su parte, López no cree “que la legislación española sea, en absoluto, permisiva con las situaciones de ocupación; en algunos juzgados, por acumulación de casos u otras causas, puedan demorarse algo los procesos, pero suelen ser bastante rápidos y suele haber condena”.

LEGISLACIÓN POCO EUROPEA

Velarde, sin embargo, recuerda que “también en esto hemos ido por detrás de otros países europeos. En Inglaterra se considera delito y conlleva sanciones específicas; en Francia no es delito, pero la policía puede desalojar al ocupante ilegal en 48 horas; en Alemania, en 24, si bien se sanciona al propietario que tiene esa vivienda vacía”. Desde Testa insisten en que “en la mayoría de los países desarrollados la ausencia de título de una vivienda permite la entrada inmediata de la policía” y piden que “se produzcan modificaciones para agilizar los procedimientos judiciales”, empezando con el cese por las administraciones públicas, sobre todo locales, de cierta “ayuda institucional” a la okupación, “especialmente a través de las solicitudes de suspensiones de alzamientos judiciales”.

La principal ofensiva hasta el momento en este sentido llegó el mes pasado en forma de moción en el Congreso, con el voto a favor de PP y Ciudadanos, que se traducirá en una futura ley, si el Gobierno se pone en marcha. Zurita explica que la nueva norma supondrá “la agilización del procedimiento de recuperación de la propiedad, un tratamiento excepcional cuando se detecte que en el inmueble ocupado se realizan actividades delictivas independientes de la ocupación en sí y el endurecimiento de las penas”. Además, se proponen medidas “para asegurar la protección de las familias vulnerables trabajando las condiciones de los deudores hipotecarios y con el Plan de Vivienda”.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, López acusa a PP y Ciudadanos de “poner por delante los intereses de las grandes corporaciones y poderes económicos frente a las necesidades de las personas y familias tomadas de una en una”. Para él, “debería haber una legislación que obligara a los grandes tenedores de viviendas vacías a ponerlas en el mercado en un tiempo razonable, o que se desincentivara que los pisos, bienes escasos y necesarios, estuvieran vacíos demasiado tiempo, especialmente los patrimonios de los grandes operadores y entidades financieras”.

Quizá con un poco más de análisis racional y trabajo se acabe con el penúltimo resabio de ese prohibido prohibir de mayo del 68 al que algunos apelan para saltarse el orden legal y montar donde les parezca oportuno la República Independiente de su Casa. El anuncio de Ikea se ha convertido en toda una profecía. Si la gallina no quiere poner huevos a mi conveniencia, se la cocina y listos. Después, cuando llega el hambre y no hay huevos (en todos los sentidos), que lo arreglen los de siempre…

Fuente: expansion.com, 07/11/17.


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