Los candidatos presidenciales, ante los desafíos del sistema de salud

Por Roberto Borrone.

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La crisis en el sector ha escalado a un nivel que no tiene antecedentes; se necesitan respuestas concretas, porque está en juego un bien esencial sin el cual no se puede cumplir un proyecto de vida pleno

Estamos transitando el tramo preelectoral de unos comicios que determinarán qué tipo de administración tendrá el país en múltiples aspectos que tienen una influencia directa en la vida de todos los argentinos. Si bien es cierto que la evolución de la economía prevalece claramente sobre otras preocupaciones, la crisis en el sector de la salud ha escalado en los últimos meses a un nivel que no tiene antecedentes por su magnitud. En ese marco, propongo una serie de preguntas que los candidatos presidenciales y sus respectivos equipos técnicos vinculados al tema salud deberían tener en cuenta.

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Los diagnósticos sobre nuestro sistema de salud han sido repetidos hasta el hartazgo. En virtud de la etapa decisiva que estamos viviendo en la vida política de nuestro país, necesitamos respuestas concretas. El “qué” se debe hacer debe estar indisolublemente ligado al “cómo” se planea hacerlo. Ya sabemos que nuestro sistema de salud presenta una fragmentación que no existe en otros países. Coexisten en él, sin ninguna integración ni articulación, tres subsistemas: el público, el de la seguridad social (obras sociales sindicales, provinciales y PAMI) y el de las empresas de medicina prepaga. Al funcionar como compartimentos estancos, la consecuencia es que, si bien la Argentina dedica globalmente un porcentaje importante de su PBI a la salud (10%), lo hace en forma ineficiente.

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Pero el problema más grave es que la calidad del servicio de salud que se recibe depende del área geográfica en la que resida el paciente y del tipo de cobertura que tenga. Es muy cruel traducir esto en palabras, pero existe una medicina de primera, otra de segunda y otra de tercera, sin que esos niveles necesariamente estén vinculados (y esto hay que destacarlo) a los diferentes subsistemas a los que puede pertenecer el paciente. No es infrecuente en nuestro país –dependiendo de las instituciones– recibir una excelente atención en el subsector público y una deficiente atención en el sector privado, aunque esto parezca un contrasentido

En síntesis, tenemos dos problemas básicos en el sistema de salud: inequidad e ineficiencia. Aquí, entonces, surgen las preguntas para los candidatos. ¿Qué plan tienen para resolver la inequidad e ineficiencia de nuestro sistema de salud? ¿Tienen pensado articular los tres subsistemas, descentralizar en las provincias la coordinación de la atención de la salud generando seguros de salud provinciales con integración público-privada? ¿Están de acuerdo con optimizar la gobernanza nacional a cargo del Ministerio de Salud de la Nación coordinado con los ministerios de Salud provinciales (Cofesa)? ¿Cuál es su posición respecto del subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda ?

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Otra temática que deberían tener en cuenta los candidatos y sus equipos técnicos es la impactante crisis que están transitando los profesionales de la salud, específicamente la crisis generada por la escasa remuneración que perciben los que cuidan nuestra salud en los tres subsistemas. La consecuencia directa de este problema es que las nuevas generaciones de médicos están decidiendo no dedicarse a las especialidades clínicas, dado que la remuneración del trabajo intelectual médico que se despliega en la consulta médica está en su nivel histórico más bajo. Esto se traduce en que, en especialidades críticas, comienza a existir un grave déficit de profesionales. Este es el caso de la pediatría, la neonatología, la clínica médica, la medicina familiar, la terapia intensiva, la psiquiatría, entre otras. La segunda consecuencia de esta situación es que están emigrando muchos colegas jóvenes, en tanto que otros ejercen parte de su semana laboral en países vecinos, en los que cobran honorarios que triplican a los percibidos en nuestro país.

En este sentido, ¿qué plan tienen los candidatos y sus equipos para mejorar los sueldos y honorarios –según corresponda– de los profesionales de la salud? ¿Están pensando en nuevas formas de contratación? ¿Qué piensan hacer para estimular la dedicación a especialidades médicas críticas? Por otra parte, todos estamos de acuerdo en que el derecho a la salud tiene que convivir en un delicado equilibrio con la sustentabilidad del sistema. Entramos aquí en el escenario de los amparos de salud que los pacientes interponen ante la Justicia para acceder a prestaciones (por ejemplo, nuevas medicaciones y cirugías) que diferentes coberturas niegan a sus afiliados en forma reiterada por no estar contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Surgen entonces más preguntas: ¿cómo planean implementar la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias? ¿Consideran modificar el Programa Médico Obligatorio? ¿Cuál será la estrategia ante enfermedades de alto costo?

Un tema que merece especial consideración es el PAMI. Sus dos características principales consisten en que se trata de la obra social con mayor número de afiliados y, por obvias razones etarias, debe hacer frente a una alta demanda de prestaciones. Es un imperativo ético ofrecer a los pacientes del PAMI una óptima calidad prestacional. La libre elección del prestador por parte del paciente y la libre inscripción de prestadores debería ser la base de la organización, junto a rigurosas auditorías externas. Es inmoral que un PAMI centralizado sea una inmensa “caja” a disposición de la administración política. También son inmorales la sobreprestación o la subprestación como conductas “adaptativas” al pago por prestación o al pago capitado, respectivamente, cuando no existe el debido control. En este sentido, entonces: ¿hay algún plan para descentralizar el PAMI? ¿Se piensa en implantar la libre elección de prestadores por parte de los pacientes y la libre inscripción de prestadores? ¿Se implementará el pago por prestación o el sistema capitado?

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Por otra parte, deberían enfocarse con especial atención los temas vinculados a la salud mental. Es público y notorio que la ley de salud mental ha generado controversias. También son muy evidentes las dificultades que deben enfrentar pacientes y familiares involucrados en este tipo de patologías para hallar contención, tratamiento y rehabilitación adecuados. ¿Hay, entonces, planificada una revisión de la ley de salud mental?, ¿en qué aspectos?

Finalmente, una cuestión de gran importancia en relación con futuras inversiones en infraestructura en salud es la necesidad de jerarquizar el nivel primario de atención de la salud. Ese nivel, organizado en centros multidisciplinarios estratégicamente distribuidos, permite resolver un elevado porcentaje de consultas y cumplir un rol fundamental en la promoción de la salud y en la prevención. Descongestiona, además, la demanda de atención en los hospitales, optimizando así el funcionamiento de estos para la atención de mayor complejidad. A futuro, entonces, ¿se piensa en la necesidad de generar Centros de atención primaria multidisciplinarios adecuadamente equipados?

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Esperemos obtener respuestas concretas a estas preguntas, dado que está en juego un bien esencial (nuestra salud) sin el cual nadie puede cumplir en plenitud su proyecto de vida.

─Roberto Borrone es Profesor consulto de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Doctor en Medicina (UBA).

Fuente: La Nación, 12/09/23

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