Más irregularidades en Hotesur

noviembre 22, 2014 · Imprimir este artículo

Una ex funcionaria complicó a la IGJ y detalló irregularidades en los documentos de Hotesur

Por Hugo Alconada Mon.

 

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades, Silvina Martínez, declaró ayer ante la Justicia que el legajo de la firma presidencial Hotesur dentro de la Inspección General de Justicia (IGJ) registra inconsistencias y faltantes que le habrían permitido al organismo impulsar una acción judicial de cancelación registral por inactividad.

La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Silvina Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

CFK dedo levantadoEsos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur «adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos», así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

Sólo horas después de aquella publicación, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar «un proceso sistemático» de «maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones».

Tras los allanamientos ordenados anteayer por Bonadio, sin embargo, surgieron los primeros indicios de que, en efecto, Hotesur no presenta sus balances desde 2010, adeuda la inscripción de los directorios correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y la inscripción del cambio de sede, ya que la empresa no funciona en el domicilio declarado de la calle Lavalle.

La investigación judicial, sin embargo, no sólo apunta a investigar el supuesto incumplimiento formal de las normas registrales, sino que busca verificar la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, ante posibles prácticas de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En esa línea, el fiscal federal que interviene en la investigación, Carlos Stornelli, había impulsado la acción y el pedido diversas medidas de prueba, que llevaron a los allanamientos de la sede de la IGJ y del domicilio declarado por Hotesur en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, como así a requerirle documentación sobre esa sociedad a la AFIP.

La pesquisa de Bonadio y Stornelli, sin embargo, no es la única en marcha sobre Hotesur. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga una eventual evasión cuando una firma del empresario Lázaro Báez, Valle Mitre, administró los hoteles presidenciales como el Alto Calafate.

Fuente: La Nación, 22/11/14.
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Tras los allanamientos, el juez avanza con la causa por la empresa de Cristina

Por Nicolás Wiñazki.

Una investigación judicial clave.Claudio Bonadio le tomó declaración a una ex funcionaria de la Inspección General de Justicia. Declaró que ella misma comprobó las irregularidades de la compañía de la Presidenta.Procedimiento. El jueves por la mañana, la Justicia, asistida por la Policía Metropolitana, ingresó en la sede de Hotesur, en la calle Lavalle. El lugar estaba vacío. / JUAN JOSÉ TRAVERSO

La causa Hotesur acaba de empezar. El juez Claudio Bonadio recién tomó las primeras medidas de prueba, y ya es cuestionado por los dirigentes oficialistas que responden a la principal investigada en el expediente, la presidenta Cristina Kirchner. Más allá de ese embestida de la dirigencia K sobre la Justicia, la pesquisa sigue avanzando.

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Ayer declaró la primera testigo, Silvina Martínez, ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia, supo Clarín en base a fuentes judiciales.

En los próximos días, el juez y el fiscal Carlos Stornelli terminarán el análisis de la documentación que se recolectó en los allanamientos y operativos que se hicieron, el jueves, en la sede registrada de Hotesur; en la AFIP y en la IGJ.

La causa Hotesur busca determinar si esa empresa hotelera de la Presidenta funciona de modo irregular gracias a protección que podría recibir desde los organismos gubernamentales encargados de controlarla.

La sociedad Hotesur es dueña del hotel más grande de los Kirchner, el Alto Calafate.

Hasta fines del año pasado, ese negocio era administrado por el socio de la Presidenta, Lázaro Báez, investigado en causas de lavado de dinero en Suiza, Uruguay y la Argentina.

Gracias a los allanamientos que fueron cuestionados por los funcionarios K, la Justicia pudo comprobar que Hotesur no funciona en el domicilio que registró como sede ante la IGJ, la calle Lavalle 975, piso cuarto departamento cinco. Cuando la policía llegó al lugar, se encontró con oficinas vacías y en alquiler.

Esa era una de las irregularidades sobre la empresa K que fueron difundidas por el programa PPT, de Jorge Lanata, y también por Clarín: Hotesur no solo no funciona donde registró su sede, sino que además adeuda la presentación de sus últimos balances; no actualizó la renovación de sus autoridades y ni siquiera pagó las tasas de los impuestos de la IGJ.

lavado-de-dinero-13Sobre esas cuestiones declaró ayer la primera testigo del caso, Silvina Martínez.

Fue convocada en su calidad de ex directora del registro de sociedades comerciales de la IGJ; y como especialista en derecho empresarial.

Según pudo saber Clarín en base a fuentes del caso, Martínez enumeró en el juzgado de Bonadío las obligaciones que deben cumplir las sociedades comerciales con la IGJ; y también aportó información sobre el tema respecto a Hotesur.

Martínez declaró que, según su información y experiencia de una década en la IGJ, esa empresa de los Kirchner incumplía con todas las normas que suele tomar ese organismo para analizar si el funcionamiento de una sociedad comercial se desarrolla dentro del marco legal.

La testigo aseguró que Hotesur presentó ante la IGJ una declaración jurada sobre la actualización de sus datos, pero lo hizo fuera del plazo establecido por el organismo: el vencimiento de ese trámite fue noviembre del 2011, pero la firma lo registró en abril del 2012 y con una sede en la que no funciona, la de la calle Lavalle.

Martínez también le contó al juez que había podido comprobar en la web de la IGJ que Hotesur tampoco había pagado las tasas que le debía al organismo: gracias al análisis de documentación sobre ese punto, la testigo contó que la empresa de los Kirchner debía la presentación de sus últimos balances contables.

La conclusión de Martínez fue sintética y contundente: «La IGJ debería haber cancelado la sociedad por su inactividad». Este caso acaba de empezar.

Fuente: Clarín, 22/11/14.

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