Sbattella renunció a la unidad antilavado

diciembre 12, 2015

Sbattella renunció a la unidad antilavado con críticas a Macri

Era uno de los funcionarios que el Gobierno quería apartar; dejó su cargo con una carta en la que critica la decisión oficial por «desconocer las leyes» que le garantizan estabilidad en el puesto.

Por Hugo Alconada Mon.

lavado de dinero 20José Sbattella presentó ayer su renuncia indeclinable como titular de la unidad antilavado (UIF) y se convirtió así en el tercer funcionario kirchnerista cuyo mandato debía extenderse durante los próximos años que decidió dar un paso al costado.

Tras casi seis años al frente de la Unidad de Información Financiera, Sbattella se sumó así al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al responsable de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, cuyos puestos ambicionaba el gobierno de Mauricio Macri.

Entre los candidatos que ahora suenan para reemplazar a Sbattella al frente de la UIF aparecen Mariano Federici, un funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional (FMI) con experiencia en el GAFI -el principal foro intergubernamental contra el lavado del mundo-, y Alicia López, quien fue la primera titular de esa unidad.

Sbattella comunicó ayer su decisión mediante un texto de nueve carillas en el que agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner y criticó en duros términos al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014.

«Advierto con asombro y preocupación que la fuerza política que asume la conducción de la Nación muestra claramente su decisión de desconocer las leyes que pregonado respetar y que constituyó una de las consignas de su campaña política, desvirtuando en este caso el sentido y la norma», indicó el funcionario saliente, que calificó lo ocurrido como una «situación de gravedad institucional».

Sbattella también explicó que decidió renunciar al cargo tras reunirse con Esteban Conte Grand, un estrecho colaborador del flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, que le comunicó «la voluntad de las máximas autoridades nacionales de la necesidad de disponer del cargo».

Tras las renuncias de Sbattella, Vanoli y Bauer, la Casa Rosada buscará ahora concretar la salida de otros dos funcionarios cuyos mandatos deberían continuar durante la gestión macrista: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aunque ambos afirman que desean permanecer en sus cargos (ver aparte).

En el caso de Sbattella, en cambio, los indicios a su alrededor eran ambiguos. Por un lado, había comunicado a sus allegados que presentaría su renuncia si así se lo pedía el nuevo Gobierno. Pero anteayer había asumido como vicepresidente de Gafilat, el brazo del GAFI en América latina, cargo que ahora también deberá abandonar.

En su texto de renuncia, Sbattella aludió a esa designación de la Argentina en la vicepresidencia del Gafilat como uno de los logros de su gestión, y agradeció el «firme apoyo» de la ex Presidenta, «quien asumió el combate contra el lavado de activos como una política de Estado», afirmó.

Por el contrario, criticó al nuevo gobierno por vulnerar su mandato, establecido por ley. «Me refiero concretamente a la independencia de la conducción de la UIF respecto del resto de las agencias del Estado y del propio poder Ejecutivo», indicó Sbattella. «Ésa es precisamente la razón por la que el mandato de las autoridades de la UIF se cruce con el del presidente de la Nación», añadió.

El argumento de Sbattella, sin embargo, se contradice con su propia foja de servicios, ya que fue designado por la Presidenta y a lo largo de su gestión al frente de la UIF acumuló denuncias penales por su supuesta falta de independencia. En particular, por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política -en beneficio de Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros-, o de persecución política -entre otros, del Grupo Clarín o Francisco de Narváez.

José Sbatella

Protección a Lázaro Báez: La UIF comandada por Sbatella evitó denunciar a Epsur y Austral, empresas de Lázaro Báez sobre las que recibió Reportes de Operaciones Sospechosas.

Apuntado por Macri: Sbatella es uno de los funcionarios que el nuevo gobierno quería remover, como Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella y Alejandra Gils Carbó.

Fuente: La Nación, 12/12/15.

José Sbatella y el Lavado de Dinero en Argentina

 

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El Juego, el Lavado y la Banca van de la mano en Argentina

mayo 22, 2015

¡Bingo! Con ayuda amiga, el juego obtuvo un banco

Por Marcelo Bonelli.

Es un comentario muy extendido en el mercado que Cristina Kirchner intervino directamente para que el Banco Central autorice la inusual y polémica compra del Banco Finansur por parte del empresario del juego Cristóbal López. Así se consolida el poder económico del empresario kirchnerista.

banco finansur logoSegún el trascendido, la Presidenta dio instrucciones a cuatro funcionarios para llevar adelante la transacción: Axel Kicillof, Enrique Vanoli, José Sbatella y Carlos Zannini. Ninguno de los cuatro podría haber destrabado por decisión propia una operación que favorece a López, frenada, encima, durante tres años en el Central.

Durante ese período los funcionarios del BCRA y de la Superintendencia de Entidades Financieras se opusieron en forma sistemática porque –decían– existe una evidente incompatibilidad entre ser banquero y a la vez empresario del juego.

ruleta casino 01El operativo avanzó para que las actuales autoridades de Superintendencia omitieran los informes y documentos que desaconsejaban la transacción.

Los últimos cambios en el directorio del Central –por decreto de la Presidenta– contribuyeron a aceitar la movida. Hubo, también, una orden para que la Unidad de Información Financiera emitiera un dictamen que ablandara la intransigencia de los funcionarios de línea de la entidad.

El informe de José Sbatella fue forzado con el objetivo de vencer las últimas resistencias que existían en el área de Legales del BCRA. Varios funcionarios exigieron ese documento para “deslindar responsabilidades” y cubrirse de futuros sumarios o eventuales acciones judiciales por una decisión que no compartían. Consideraron imprescindible esa cobertura, porque era evidente que a lo largo de los últimos tres años se opusieron sistemáticamente a la aprobación de compra del banco por parte de Cristóbal López.

lavado de dinero  17La resistencia obedeció a que juzgaban incompatible que el máximo empresario del juego de la Argentina esté autorizado a operar en el sistema financiero local. “Eso facilita movimientos cruzados”, dicen en el mercado.

Según fuentes del propio BCRA, no existe en el sistema financiero internacional antecedentes de un caso semejante.

En la mayoría de los países no hay regulaciones especificas, pero en los sistema bancarios desarrollados existen códigos de conducta para evitar que se mezcle el negocios del juego con los de la banca. Las resistencias internacionales obedece a un temor: que la convivencia entre la banca y los negocios del juego faciliten eventuales acciones ilegales de lavado de dinero.

La decisión de vulnerar los reparos domésticos e impulsar el beneficio a Cristóbal López, impactó en el sistema bancario local. Hubo encuentros entre directivos donde se trató la anomalía.

tragamonedas hipodromo palermoEn la extranjera Asociación de Bancos Argentinos que lidera Claudio Cesario y en la ADEBA de Jorge Brito cayó por sorpresa el cambio de posición del BCRA y la habilitación al “zar del juego.”

Un calificado vocero de los banqueros explicó: “Esto no ocurre en ningún sistema y va a generar problemas con el GAFI.”

El “cristinismo” tuvo una larga pelea con el organismo mundial que controla las operaciones oscuras: una paciente negociación de Julio Alak permitió zanjarla después de años de idas y vueltas. Ahora la Casa Rosada intentó una tibia consulta al GAFI para cubrir las formas.

Kicillof dejó trascender –por la cadena de medios oficialistas– que el Grupo de Acción Financiera Internacional había bendecido a Cristóbal López. Pero según fuentes de ABA y ADEBA ese promocionado apoyo del GAFI nunca existió.

nk-y-cfk-con-testafero-cristobal-lopezEn el G7, las naciones industrializadas que manejan el GAFI, se censura la vinculación de empresarios del juego con la banca. El punto es que se presume que a través de ese mecanismo es posible “legalizar” fondos de cualquier origen.

El país es miembro del GAFI. Pero Cristina adecúa las normas a su conveniencia: Argentina también es el único país del mundo que tiene abierto un blanqueo de capitales desde hace dos años, cosa que afuera llaman “una posible puerta de entrada a dineros del narcotráfico y de la corrupción”.

A Kicillof se le atribuye un papel activo para facilitar el ingreso al negocio financiero del empresario del juego vinculado a la familia presidencial.

Dicen que operó para despejar las últimas resistencias en la Superintendencia de Bancos y trabajó ahí con sus hombres de confianza: Germán Feldman y Pedro Biscay. Más aún: que su principal acción fue la orden taxativa que dio a los tres directores que impuso en el BCRA para que aprueben a libro cerrado los beneficios al “rey de las tragamonedas”.

De hecho, Cristina le facilitó las cosas al nombrar al trio por decreto: así, Kicillof tomó el control de la cúpula.

En su primera reunión de directorio, y sin poder leer ni evaluar el expediente interno, los recién llegados –Alejandro Formento, Mariano Beltrani y Bárbara Domatto Conti– votaron a favor de la operación que López esperaba.

José Sbatella y el Lavado de Dinero en ArgentinaDe esta manera forzaron un giro en el Central. Hasta ese momento, los integrantes del directorio, incluso los llegados de Santa Cruz, siempre habían frenado las aspiraciones de López. Se ampararon en las dudas legales que alimentaba la línea del BCRA contra la “operación Finansur”. Ninguno quería quedar pegado.

Kicillof se siente fuerte y por eso se animó a involucrarse en una movida complicada. El miércoles, Cristina lo premió con un sonoro apoyo público.

Pero el martes, y en privado, ocurrió algo más trascendente: un encuentro de la Presidenta y Daniel Scioli, donde se habló del futuro político del ministro en un eventual nuevo gobierno del FPV.

Fuente: Clarín, 22/05/15.

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La Korrupción en el Caso Ciccone

octubre 20, 2014

Caso Ciccone: se complica la situación judicial de Alak

Por Nicolás Wiñazki.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN. La Justicia tiene pruebas de que una oficina que depende del ministro extravió y podría haber adulterado información que comprometía a Boudou.

El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM

El ministro de Justicia, Julio Alak, complicado por el caso Ciccone / TELAM

El caso Ciccone complica en la Justicia cada vez a más funcionarios. La jueza María Servini de Cubría instruye una causa que busca determinar si algunas de las máximas autoridades del Estado encubrieron al vicepresidente Amado Boudou al esconder y adulterar los documentos de la sociedad The Old Fund que debía custodiar la Inspección General de Justicia (IGJ). Ese organismo depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del imputado Julio Alak. Clarín pudo saber que el funcionario quedó comprometido en ese expediente tras la recolección de pruebas y de un testimonio que complican su situación procesal, y también la de uno de los ex jefes de la IGJ.

Boudou está acusado de haber avanzado con su entorno sobre la empresa que imprime billetes para hacer negocios con el Estado.

IGJ logoEsta semana, la Corte Suprema de Justicia sacó un dictamen en el que le ordena al Gobierno que difunda la información pública sobre The Old Fund que consta en la Inspección General de Justicia. Según confirmaron fuentes de esta trama política y judicial, tanto Servini de Cubría como el juez de la causa madre del caso Ciccone, Ariel Lijo, tienen en su poder un documento revelador que lleva el membrete del Ministerio de Justicia, firmado el 26 de abril, por el entonces titular de la IGJ, Marcelo Mamberti y que fue avalado por Alak.

Se trata de la admisión oficial de que uno de los trámites fundamentales que la sociedad The Old Fund realizó ante la IGJ fue “extraviado” en marzo de 2012, tan sólo un mes después de que el caso Ciccone se difundieran a través de dos medios: Radio Mitre y Clarín.

La resolución número 0000618 de la IGJ da por “reconstruido” ese “trámite”, después de admitir que se había perdido.

La “reconstrucción” de los papeles perdidos de The Old Fund correspondían al momento en que fue registrado el intercambio de dinero realizado entre esa firma y la sociedad Dusbel. Es una acción fundamental para determinar quiénes eran los verdaderos dueños de esas dos empresas que aparecen detrás de la imprenta, investigadas por la Justicia de Argentina y Uruguay por lavado de divisas.

Según consta en el documento interno de la IGJ citado en esta nota, el Ministerio de Justicia dio por “reconstruido” la información de The Old Fund en apenas cuatro fojas. Clarín pudo saber, sin embargo, que tanto Servini como Lijo tienen pruebas que muestran que el original de ese trámite tenía en realidad 22 fojas.

¿Qué pasó con las 18 páginas restantes?

Alak no hizo una denuncia penal al respecto.

La ex directora del Registro Nacional de Sociedades de la IGJ, Silvina Martínez, declaró ante Servini que ella misma había denunciado ante Alak la perdida del trámite de The Old Fund en su organismo, y que el ministro no hizo nada al respecto. Al contrario, la despedida fue ella.

Martínez le dijo a Clarín que “los funcionarios que reconstruyeron el trámite de The Old Fund fueron sacándole partes fundamentales para la investigación judicial, que son fácilmente identificables. Si el trámite tenía 22 fojas, su reconstrucción tiene que tener las mismas. Si no, podríamos estar frente al delito de violación de medios de prueba o documentos”.

Alak y Mamberti no piensan igual. La Justicia sigue actuando en el caso.

Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Caso Ciccone: defensa homogénea y con Cristina al frente

Por Eduardo Paladini.

La conducta del ministro Alak de proteger a Boudou se repite en todo el Gobierno. Los temores en Justicia.

Ricardo Echegaray; Guillermo Moreno, Juan Manuel Abal Medina, Katya Daura y Mercedes Marcó del Pont; Diego Bossio, Hernán Lorenzino, Carlos Zannini y Julio de Vido; José Sbatella y Julio Alak. No es el equipo mixto de oficialistas para rememorar los partiditos de Kirchner en la Quinta de Olivos. Es la más de una decena de funcionarios que, en algún punto y modo, permitieron que Amado Boudou y sus amigos avanzaran contra la imprenta Ciccone, según la Justicia, para hacer negocios con el Estado; o al menos ayudaron para encubrir partes del caso.

Lo interesante de la lista es que no sólo incluye a funcionarios que ascendieron bajo el ala del ex ministro de Economía, como Daura, la titular de la Casa de la Moneda. También hay enemigos circunstanciales de Boudou, como Echegaray, titular de la AFIP.

En un club verticalista como el de los Kirchner, semejante movida sólo tiene explicación por el impulso o el paraguas de los dueños de la entidad, Néstor y Cristina.

La Presidenta se negó a hablar del caso en público. Pero su rol excedió largamente el aval del silencio. Su jugada maestra fue la estatización Ciccone, paso que contó con el acompañamiento de varios opositores en el Congreso.

Para darle dimensión a la intervención de Alak en la protección de Boudou hay que transportarse en el tiempo. A principios de 2012, cuando se “extravió” el expediente sobre The Old Fund, la estrella de Boudou brillaba como pocas en el Gobierno. Cristina se lo había pegado como compañero de fórmula y, sin reelección mediante, el militante de la UCeDé aparecía como uno de los candidatos naturales para continuar el proyecto progresista. Ese Boudou poderoso es el que protegió Alak. No el solitario que deambula despreciado por el Senado.

Como en varios ministerios, más allá de su lugar formal, Alak no maneja los resortes importantes de Justicia. Lo hace el viceministro camporista Julián Alvarez. Ambos deben estar preocupados por el avance de estas causas paralelas a la troncal del caso Ciccone. Alak, porque más allá de que busque diferenciarse en los modos de sus jóvenes jefes, avaló con su presencia en el cargo lo que ocurría debajo suyo. Nadie lo obligó. Y Alvarez, porque el escándalo de la IGJ salpica a uno de sus hombres clave dentro del organigrama: el subsecretario Ernesto Kreplak.

Fuente: Clarín, 20/10/14.
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Lavado de Dinero y Corrupción política en Argentina

mayo 24, 2014

Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.

El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.

Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.

Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.

LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.

La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.

Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.

Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.

Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.

Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.

Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.

En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.

Fuente: La Nación, 24/05/14.

Argentina: El país de la timba

mayo 11, 2014

El país, una gran timba.
Por Jorge Lanata.

El complejo hotelero donde pelearon, en Las Vegas, Maidana y Mayweather, es el MGM Grand, que tiene el casino más grande de la ciudad. El MGM tiene 3.000 máquinas tragamonedas. El Hipódromo de Palermo tiene 4.500 máquinas. Hay 21.000 máquinas tragamonedas en la provincia de Buenos Aires. En todo Polonia –con 38 millones de habitantes– hay diez mil. En la Provincia, las “maquinitas” se concentran en el Conurbano y en la Costa.

Si sólo se tomaran estos datos se justificaría por demás que el tema del juego se haya instalado ahora en la opinión pública. La cercanía del ambiente preelectoral también influye en la aparición del juego en la agenda. El juego es multicromático: aparece en cualquier color político.

“Desde Néstor Kirchner dándole Santa Cruz por decreto a Cristóbal López, que había empezado en Chubut, donde lo autorizaron los radicales, y estuvo antes en Misiones y La Pampa. Hasta Daniel Angelici, presidente de Boca y binguero, primero militante radical y después del PRO. También es del PRO el socio de Cristóbal en la Capital, Federico Achával. Hay muy buenas relaciones en Córdoba, de De la Sota con el Grupo Roggio y vas a ver que el Grupo Ick es el verdadero dueño de Santiago del Estero”, le dicen a Clarín Ramón Indart y Federico Poore, que acaban de publicar “El poder del juego”, un trabajo revelador sobre un tema tabú. Indart y Poore calculan en 105.000 millones de pesos por año la ganancia bruta del juego, cuyos mayores ingresos provienen de las máquinas tragamonedas donde la devolución de premios está seteada en un software a través de un algoritmo (Para esto servía estudiar matemáticas) Un ejemplo de la batalla tragamonedas versus “paño” (ruleta o naipes) es el Casino Trilenium: en el primer nivel del casino de Tigre hay 650 maquinitas, otras 650 en el segundo piso, 600 en el tercero y, al fondo, 40 mesas de paño. La ley indica, en la provincia de Buenos Aires, que el casino debe darle al apostador 85 pesos de cada 100 pesos que juega en un tiempo determinado.

“Está probado que con esa ecuación a la larga vas a perder y está comprobadísimo”, agrega Indart.

Cristóbal López no es el único: el segundo grupo más poderoso en Argentina se llama Codere, un grupo español que atraviesa ahora un preconcurso de acreedores. El 40% de la facturación mundial de Codere está en el Conurbano. Allí tienen 14 de los 46 bingos de la Provincia, en general los mejor ubicados.

Esta semana la Justicia tomó una denuncia de la legisladora de UNEN Paula Olivetto contra Lotería Nacional por la debilidad de controles.

“Lotería contrata a IGT para hacer el software de control on line y da la casualidad de que IGT es, a la vez, proveedora de las máquinas tragamonedas”, le dice a Clarín. Otro tema es que Lotería Nacional recibe el 20% de los tragamonedas en Capital, y en el Conurbano se paga el 34% de las mismas máquinas: el bingo de Los Polvorines, que tiene 300 máquinas, paga el 34% y el Hipódromo de Palermo, que tiene 4.500, paga el 20% de la ganancia líquida.

En el interior, sobre los casinos de Misiones y Chaco se cierne la sombra del lavado de dinero.

“Misiones es la provincia con mayor cantidad de salas de juego del país”, asegura Poore. “Pero vas a las salas y nunca hay mucha gente jugando. Sin embargo, en la facturación la cuenta da que las salas están llenas los 365 días del año. Hay 102 salas en Misiones, contando casinos y casinos electrónicos. En una provincia de un millón y medio de habitantes, es un quinto de todas las salas del país”.

El 29 de diciembre de 2011, pese a que aún faltaban dos años para que se venciera la concesión, Capitanich otorgó por otros 20 años y a través de un decreto la concesión de Casinos Gala. “Como contraprestación, Gala ofrecía la construcción de un complejo sobre la ruta 11 frente al aeropuerto. Iban a levantar un salón de encuentros y un hotel de categoría. El salón se hizo, el hotel aún no se terminó; tiene, obviamente, otro casino”, le dice a Clarín Rolando Núñez, titular del Centro Mandela por los Derechos Humanos. “Un ex tesorero de Casinos Gala, Enrique Román Llamedo, denunció ante la AFIP que tenían doble contabilidad, y explicó detalladamente cómo dividía los fondos en negro, cómo trasladaba el dinero, etc”. Fue la propia AFIP quien hizo la denuncia judicial en el juzgado Federal de Resistencia, pero la causa lleva seis años paralizada: “CASINOS GALA S.A S/SUP INF ART 174 INC 5 DEL CP EN FUNCION DEL ARTICULO 172 DEL CODIGO PENAL”, expediente 439/02, ante la Secretaría Penal 1, Dr Carlos Skidelsky.

El directorio de Casinos Gala está formado por Jorge Laffue, Enrique Abraham y Emilio Blanque. En el interior del Chaco hay 120 máquinas –allí las llaman “ruletitas”– manejadas por una firma cordobesa, Champion Games SRL, que presentó una medida cautelar para evitar que Lotería Chaqueña llamara a licitación para otras 20 salas.

El aumento de las salas es otra consecuencia de la década robada. “Sí, y te doy algunos ejemplos”, dice Indart. “El Casino Victoria abrió en 2005, el Arena Maipú de Mendoza en 2011, el casino Melincué de Santa Fe en 2007, el City Center de Rosario en 2009, y te puedo hacer una lista de tres hojas”.

Síntomas de fin de ciclo: hasta ahora no muchos se habían preguntado por el juego, las exenciones impositivas o las renovaciones de concesión que se hacían a la medianoche en las distintas Legislaturas, y el tema pasaba de largo. En el entorno de Cristóbal López adjudican la aparición del tema en agenda a una conspiración de Clarín: “Lo están haciendo porque nos quedamos con el monopolio del fútbol por Internet por 25 años, es una venganza”, dicen. Se refieren al convenio para la transmisión exclusiva del fútbol por Internet que hace unos días firmó la empresa Santa Mónica con la AFA. López está en proceso de compra de Santa Mónica.

La culpa de todo vuelve a ser de Magnetto.-

Investigación: J.L. / María Eugenia Duffard/Amelia Cole

Fuente: Clarín, 10/05/14.

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Timba: f. Partida de juego de azar: me voy a una timba que ha organizado un amigo. – Casa de juego, garito.

Argentina: Más intervención en el mercado del Seguro de Vida

agosto 30, 2012

Obligarán a las aseguradoras a invertir en la economía real

Por Florencia Donovan

 

Primero, les tocó a los bancos; ahora, a las compañías de seguros de vida y retiro. El Gobierno tiene previsto obligar a la industria de seguros personales a colocar el equivalente al 5% de sus inversiones en instrumentos relacionados con la economía real. Según confiaron a LA NACION varias fuentes del sector, la medida forma parte del Plan Estratégico del Seguro, que está desarrollando el superintendente de Seguros, Juan Bontempo, y que se dará a conocer el 21 de octubre próximo.

Bontempo, que participó ayer del 5° Seminario Integral de Seguros de Vida y Retiro, organizado por la cámara del sector, Avira, no dio detalles al respecto, pero dijo que el plan será como «la hoja de ruta de la actividad» para lograr que el sector alcance una participación del 5% en el producto bruto interno (PBI) en 2020.

El superintendente sólo adelantó que los ejes fundamentales de trabajo pasarán por la creación de incentivos fiscales, la inversión del sector de seguros en la economía real y la discusión de los seguros obligatorios en la Argentina. «Es momento de rediscutir el marco normativo de la actividad aseguradora en la Argentina», dijo Bontempo.

Fuentes del sector, no obstante, confirmaron a LA NACION que la idea sería destinar, en principio, el 5% de las inversiones de las compañías de vida y retiro a proyectos relacionados con la economía real. Una medida que, para muchos, se asemeja a lo que se hizo, antes de la estatización, con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a las que se las había obligado a financiar la actividad a través de lo que en la jerga pasó a conocerse como el «inciso Q» o, más recientemente, con los bancos, que deberán destinar el 5% de los depósitos que capten del público a préstamos para empresas a una tasa de no más del 15% anual.

«Las inversiones del total del mercado hoy son más de 64.000 millones de pesos. El desafío es que, cada vez más, éstas se orienten hacia sectores de la economía real, que son los que van a reforzar el proceso de crecimiento de la economía y hacer que vendan más seguros», dijo ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no dejó dudas sobre cuál será la política sobre la industria. Ya el Gobierno había obligado a las aseguradoras a repatriar el año pasado el dinero que tenían invertido en el exterior.

«Los llamo a trabajar para que esa cartera, hoy dirigida a activos financieros, se enfoque en la economía real. Este es un sector [por el de vida y retiro] que tiene un horizonte de inversión de largo plazo», agregó el ministro, que interrumpió a uno de los oradores y adelantó su ponencia en el seminario de Avira para llegar a tiempo a participar del anuncio que la presidenta Cristina Kirchner hizo ayer a través de la cadena nacional.

Sin acceso a los mercados de deuda, el Gobierno se las ha ingeniado en el último tiempo para hacerse de fuentes de financiamiento alternativas. Además de valerse en muchos casos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que se hizo en marzo sirvió para aumentar los préstamos en pesos al Tesoro. Luego llegó la norma para que los bancos presten casi a pérdida a las pymes y, en la City, no pocos descuentan que la gorra vuelva a pasar por el sector financiero para recaudar fondos para YPF.

Fuente: La Nación, 30/08/12.

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Gabriel Chaufan, Hernán Lorenzino y Juan Bontempo.
Lindos Prontuarios: «Dime con quien andas y te dire quien eres

 

Algunos Antecedentes:

De Vido busca que no lo salpique el escándalo de Schoklender

PorLuciana Geuna

 

07/06/11 En un descargo, presentó expedientes de las obras de las Madres de Plaza de Mayo que financió. Está acusado de no haber controlado el destino final que se le dio al dinero. Lo mismo hizo el titular de la Unidad de Información Financiera.

 

La inquietud que genera el escándalo de Sergio Schoklender en el Gobierno es tan grande que desde ayer puede medirse: tiene el tamaño de una changuito de supermercado lleno de papeles hasta el borde . Eso es lo que envió el Ministerio de Planificación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El carro, que ahora está estacionado en el despacho del fiscal Miguel Osorio contiene los expedientes de cada una de las obras de las Madres de Plaza de Mayo que fueron financiadas por la cartera que conduce Julio De Vido. El ministro fue denunciado por malversación de fondos y presentó rápida y espontáneamente estos documentos para defender su actuación.

De Vido, junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y a la titular la Fundación de las Madres, Hebe de Bonafini aparecen mencionados en la carátula de la primera causa que se abrió en el fuero por posibles desmanejos de dinero públicos en la construcción de las viviendas sociales de las Madres. Osorio resolverá en estos días si impulsa la investigación pero aún antes de tener esta información, el Ministerio, representado por el secretario de Legales, Rafael Llorens, presentó su descargo.

En un movimiento similar, ayer se vio en Tribunales a José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que también tiene un frente judicial abierto: por un lado, el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán recibieron la denuncia de un abogado por posible incumplimiento de deberes de funcionario público. Le endilga una demora injustificada en presentar ante la justicia las alertas emitidas por los bancos sobre operaciones sospechosas de Sergio Schoklender y sus sociedades. Además, en la UIF retuvieron durante un año la información que entregaron dos diputadas de la Coalición Cívica sobre la compra de dos terrenos en José C. Paz que hizo el ex apoderado. Torres todavía no remitió a Marijuán la denuncia para que decida si impulsa o no la acción.

En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli abrió de oficio una investigación preliminar luego de leer el artículo de Clarín donde se consignaba la morosidad del trámite en la UIF. Justamente al despacho de Stornelli se dirigió ayer Sbatella, vestido en un prolijo traje gris, ofreciendo su colaboración.

Cuando Clarín lo vio a la salida del edificio de Comodoro Py 2002, el titular de la UIF sostuvo que sólo había ido a confirmar la utilidad de la documentación enviada por el caso Schoklender. En rigor, se cruzó en el pasillo con el fiscal anti lavado, Raúl Pleé, pero el objetivo de su corta visita al quinto piso de los Tribunales era mostrar predisposición para tratar de aclarar su situación judicial.

Desde que se conoció el alejamiento de Schoklender de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, las investigaciones periodísticas fueron revelando un entramado de sociedades sospechosas entre las que se destaca Meldorek, que pertenece al ex apoderado y que era contratada por la Fundación para ejecutar las obras de viviendas con dinero del Estado nacional.

Con ese antecedente, se aceleraron las consecuencias judiciales y políticas para el Gobierno. Además de las causas contra De Vido y Sbatella, el juez Norberto Oyarbide -que tiene otro expediente por este escándalo- recibió del fiscal Jorge Di Lello un requerimiento donde, entre muchas medidas, le pide que consulte a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) qué auditorías hizo sobre el dinero transferido a provincias y municipios para pagar las viviendas de las Madres. En los despachos oficiales saben que de no haber existido control, la autoridades de la SIGEN también podrían estar en problemas.

La confusión y falta de precisión sobre la modalidad que permitió que se hicieran sin licitación estas obras millonarias también llevará a los funcionarios a dar explicaciones al Congreso: el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Vivienda, Juan Bontempo deberán ir mañana a Diputados a brindar las explicaciones que todavía no ofrecieron públicamente.

Fuente: Clarín, 07/06/11.

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El objetivo es tomar distancia

Por Carlos Pagni

 

La Casa Rosada no sólo privó a Daniel Scioli de los recursos que hubieran permitido el pago en término del aguinaldo a los empleados bonaerenses. También se ha movido para impedirle el acceso a otras fuentes de ingresos. El jueves pasado, varias compañías de seguros recibieron instrucciones de la superintendencia del sector, a cargo del «pingüino» Juan Bontempo, para que se inhiban de comprar letras a la tesorería de la provincia. Los bancos privados, por su parte, son reacios a prestarle a Scioli por temor a irritar al gobierno nacional.

Los bloques «oficialistas» de la Legislatura han decido ya que no votarán un ajuste. Esta conducta recuerda la que el kirchnerismo, conducido por el hijo de la Presidenta, adoptó en Santa Cruz dejando a Daniel Peralta aislado en una encrucijada similar.

Movimientos como éstos han convencido a Scioli de que Cristina Kirchner pretende destruirlo, tal como confesó a varios interlocutores, antes de que se conociera el escandaloso soliloquio del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez (dicho sea de paso: el rap de Díaz Pérez contiene un pasaje, todavía inédito, con expresiones deleznables sobre la pérdida del brazo de Scioli).

Los confidentes de la quinta La Ñata comentan que el gobernador está dispuesto a hacer más gestos para distanciarse del gobierno nacional. En el proceso de incorporación del nuevo secretario de Cultura Jorge Telerman, por ejemplo, aseguró a varios interlocutores que pretende sumar también a Roberto Lavagna. El ex ministro de Néstor Kirchner se integraría como una especie de megaasesor y, además, vocero en materias de su especialidad. Se trata de una jugada agresiva para una economía que, como consignó anteayer Alfonso Prat-Gay, ya está en recesión.

La incorporación de Lavagna, de producirse, tal vez provoque los celos de Alberto Fernández, neosciolista enemistado con su antiguo colega de gabinete. Aunque Scioli no parece tener en cuenta ese tipo de rencillas: Fernández también se odia con Telerman.

¿Llegará el gobernador a utilizar la que él llama su «bala de plata»? Consiste en enfrentar al kirchnerismo en las elecciones del año próximo en una alianza con Sergio Massa. La estrategia debería superar un obstáculo inicial: que Massa supere la desconfianza que siente por él.

Mientras tanto, la guerra entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense está produciendo algunas tensiones insoportables en el oficialismo bonaerense. La más evidente aqueja al Movimiento Evita, que trabaja a la sombra de Cristina Kirchner, pero que tiene un vínculo con la gobernación que se remonta a los tiempos de Felipe Solá. Pero también varios intendentes sufren esta guerra. Sobre todo los que dependen de recursos de ambas cajas, la nacional y la provincial.

Más allá de la gestualidad, Scioli sigue sin encontrar una ecuación que resuelva su principal problema: la gobernación, que hasta ahora fue su activo, se ha convertido en una carga.

La desorientación se notó el sábado último, cuando anunció que intentará financiarse haciendo que el Banco Provincia le preste los fondos que consiga colocando los Bogar. Esos títulos se emitieron con respaldo de coparticipación. Es decir, la tesorería ya debe pagárselos a su tenedor, que hoy es el banco. Si éste los utiliza para un nuevo fondeo, la provincia se habrá endeudado dos veces con el mismo instrumento. Hasta ahora la operación no cuenta con la aprobación del Banco Central.

La crisis en que ha ingresado el peronismo bonaerense acelera las decisiones de otros actores. La diputada de Pro, Gabriela Michetti, por ejemplo, está más cerca de aceptar la candidatura a diputada en el distrito. Sobre todo después de una conversación en la que Mauricio Macri le reveló que su estrategia será enviar a sus principales colaboradores a pelear posiciones electorales. Una idea que Macri venía meditando desde hace más de un mes, a instancias de su primo Jorge, el intendente de Vicente López.

Las encuestas realizadas por el macrismo comenzaron a detectar un fenómeno curioso referido a Scioli: su imagen personal no cae, pero la simpatía que despierta no logra traducirse en capacidad electoral.

«La gente lo considera un buen tipo, pero incapaz de resolver problemas», explican los sociólogos de Pro, que también trabajan para la provincia.

La conferencia de prensa del sábado confirmó ese perfil. Muchos dirigentes esperaban el anuncio de medidas de gobierno. Hasta se había comentado que se crearía una agencia de coordinación para todas las áreas de servicios públicos y que se anunciaría una reestructuración de gastos.

Pero Scioli no se refirió a ningún cambio. Esa abstención confirmó lo que algunos sospechaban: que llamó a una conferencia de prensa sólo para establecer una confrontación subliminal con una presidenta que teme la exposición al periodismo. Un contrapunto que se completó con el elogio final del gobernador a la libertad de prensa.

Aun así, Scioli tampoco se animó a hablar de su candidatura presidencial. Cuando un periodista lo indagó, él se refirió a esa iniciativa como «eso».

También al gobernador bonaerense le faltó templanza para explicar su alianza con Hugo Moyano. Quiso hacer creer que aquel malhadado partido de fútbol fue jugado por razones terapéuticas. Explicó que, si no hace deportes, tiene que tomar pastillas «contra los nervios» (sic). Es verdad: a pesar de su estudiado aplomo, se nota que la ansiedad lo devora. Sólo así se explica que haya invitado a Moyano a su chacra cuando todavía no se había asegurado los fondos para el aguinaldo.

Ese extravío en la administración del tiempo se percibe también en el máximo error de Scioli: haber hablado de «eso» tres años antes del vencimiento del mandato presidencial. O, si se prefiere, apenas seis meses después de que Cristina Kirchner ganó las elecciones con el 54,11 por ciento de los votos, como dictaminó el politólogo Andy Tow, corrigiendo a la Cámara Nacional Electoral, que había publicado, por error, 55,42%.

Fuente: La Nación, 10/07/12.

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Otras notas sobre el avance intervencionista del Gobierno K sobre el Seguro de Vida:

https://www.economiapersonal.com.ar/2011/10/27/argentina-las-companias-de-seguros-deberan-repatriar-sus-inversiones-radicadas-en-el-extranjero/

Argentina: Peligrosa Ley Antiterrorismo

enero 31, 2012

Una ley penal muy peligrosa

Por Jorge R. Enríquez

 

Entre el cúmulo de leyes que, por impulso del gobierno nacional, se trataron a tambor batiente en sesiones extraordinarias, cuando expiraba el año último, ha despertado fundadas críticas la llamada ley antiterrorista.

Esta norma establece en uno de sus artículos, incorporado al Código Penal, que se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, agravando el mínimo de la pena en diez (10) años de reclusión para los fundadores o jefes de la asociación.

El reproche que se le formula es que se trata de un tipo penal muy abierto. Los tipos penales describen las conductas que se sancionan con penas. Así, por ejemplo, reviste tal calidad «el que matare a otro».

Cuanto más amplios sean esos tipos, es decir cuando describen las conductas punibles de un modo indeterminado, más margen habrá para la arbitrariedad.

Los ciudadanos debemos saber muy bien qué conductas concretamente están prohibidas. La regla del art. 19 de la Constitución Federal es que todo lo que no está prohibido está permitido, de manera que sería un abuso que nos condenaran por interpretaciones caprichosas de la ley, las que se facilitan cuando estamos en presencia de los llamados tipos penales abiertos.

A la imprecisión de este texto, se sumaron las declaraciones del Lic. José Sbatella, de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego corroboradas por el ministro de Justicia y algunos legisladores oficialistas, quienes señalaron que por la nueva ley se podrá encarcelar empresarios que el Gobierno nacional considere que aterrorizan a la población o afectan la gobernabilidad, ante una corrida bancaria o un ataque a la moneda, por ejemplo.

El funcionario mencionado, de paupérrima actuación en el área a su cargo a la luz de los nulos resultados que acredita su gestión, no titubeó en expresar que, ante la suba de la moneda estadounidense operada en el pasado reciente se podría aplicar la figura del terrorismo.

Como lo ha señalado recientemente el destacado ensayista y periodista Daniel Muchnik, en su excelente artículo publicado en el diario “La Nación” el 29 de diciembre pasado “terrorismo es un tema de inaudita vaguedad, cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o intencionalidad política”, agregando que “el dilema crucial de esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo”, un término sin especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones internacionales no se han podido poner de acuerdo”, por lo que concluye señalando que “es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico como es , aterrorizar”.

La excusa para sancionar esta norma, surgida entre gallos y medianoche, sin el debate responsable y profundo que el tema ameritaba, estuvo dada por una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un foro internacional que, meses atrás, había incluido a la Argentina en la «lista gris» dentro de la clasificación que realiza el mencionado organismo respecto de las medidas efectivas que los distintos países realizan para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.

Es una lista poco honrosa, que indica que nuestro país dista de cumplir con los estándares internacionales considerados adecuados en la materia y, por tanto, no es confiable para las inversiones.

La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico exige la sanción de normas que aseguren la transparencia financiera, el control cuidadoso de los depósitos bancarios, el cabal conocimiento de las instituciones financieras acerca de sus clientes y de los negocios que efectúan, para lo cual no se debe escatimar en la implementación de todo tipo de recursos tecnológicos y humanos por medio de las instituciones.

Para esos fines, la ley sancionada resulta absolutamente inútil y por demás, innecesaria, porque todos los delitos que pretendería abarcar ya estaban incorporados al Código Penal.

Bajo el manto de la «generación de terror» en la población, podrían terminar presas todas aquellas personas que fueran acusadas por el Gobierno nacional de provocar «desestabilización o afectar la gobernabilidad del Estado».

Esa es precisamente la vocación que anida en esta ley: la intención del Poder Ejecutivo de reprimir con dureza las protestas sociales que se avizoran en un contexto futuro de fuerte conflictividad social, al dejar al abrigo de la discrecionalidad judicial la aplicación normativa.

El problema es quién juzga. Con jueces confiables no habría problemas, pero muchos de los magistrados federales no lo son. ¿Qué entenderán, entonces, por alentar una corrida? ¿Nos condenarán a los que sostenemos que el dólar está barato y que la Argentina está perdiendo competitividad o a los que cuestionamos las estadísticas del Indec?

Entiéndalo: el disenso no es terrorismo, es democracia.

Es por eso que estamos en presencia de un instrumento muy peligroso. Si la Corte realmente está comprometida con los derechos humanos, sin duda declarará la inconstitucionalidad de esta ley.
Fuente: www.politicaydesarrollo.com.ar – 31/01/12

Argentina: Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades

enero 31, 2012

Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades

 

Habrá demoras en el mercado. Los martilleros deberán reportar «operaciones sospechosas». Quedarán en la mira las adquisiciones de más de US$ 140 mil y los alquileres entre familiares.

 

BUENOS AIRES – Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores. Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá  que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos. Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.

Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.

La inmobiliaria también tendrá en cuenta «el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente» y «el origen y destino de los fondos», según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son «personas expuestas políticamente» (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.

Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF «perturbará el mercado» ya que «demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad».

La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. «Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI» (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París. 

Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.

Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: «sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet», opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control. 

Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
Fuente: Perfil, 28/01/12.

Argentina: Mayor control sobre los depósitos bancarios

agosto 20, 2011

Habrá mayor control sobre los depósitos bancarios

 

Los bancos deberán identificar taxativamente a quienes realicen depósitos superiores a los $ 40.000, según estableció ayer la Unidad de Información Financiera (UIF), al difundir nuevos procedimientos y requerimientos informativos en el contexto del esfuerzo que el organismo hace para adecuar las normas locales contra el lavado de dinero a los estándares internacionales, para evitar una sanción.

Por medio de la resolución 121, firmada por su titular, José Sbatella (y publicada ayer en el Boletín Oficial), el organismo introdujo modificaciones a la ley 26.683, sancionada en junio pasado, aclarando que lo hace tomando en consideración «las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) aprobadas en 2003 y las 9 Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo».

La mención no es casual. Hace poco más de un mes, ese grupo denunció que la Argentina tenía «deficiencias estratégicas» en su normativa contra el lavado y decidió incluirlo en una «lista gris» para dejar en claro que lo tiene bajo observación.

La resolución conocida ayer obliga a los bancos a identificar a sus clientes antes de iniciar la relación comercial, para lo cual se efectúa una distinción entre «habituales» y «ocasionales». Los primeros son los considerados permanentes, cualquiera sea el monto por el que operen, o con operaciones por más de $ 60.000 o su equivalente en otras monedas. Los ocasionales, en tanto, son aquellos con los que no se entabla una relación de permanencia y cuyas operaciones anuales no superan los 60.000 pesos (o equivalentes).

Nueva guía instructiva

La norma dispone además que los bancos tendrán que definir el perfil de cada unos de sus clientes tras evaluar documentación relativa a su situación «económica, patrimonial, financiera y tributaria». Del cotejo de toda esa información surgirá un monto anual estimado de operaciones por año para cada cliente que hará las veces de guía y servirá como alerta cuando se hagan transacciones que no estén en línea con lo previsible y no se justifiquen debidamente, se explicó.

La resolución 121 dispone igualmente que los bancos no podrán delegar estas obligaciones «en terceras personas» y los obliga a reportar cualquier operación que consideren sospechosa «en el plazo máximo de 150 días corridos», aunque establece además que, si se tratara de una operación sospechosa de financiación del terrorismo, «el reporte deberá ser presentado en el plazo máximo de 48 horas».
Fuente: La Nación, 20/08/11.

La Argentina en la Lista Gris del Lavado de Dinero

junio 27, 2011

UIF, un ciclo que debe concluir

La sanción del GAFI por las falencias de la Argentina en la lucha contra el lavado confirma que su conducción debe renunciar

 

Con una dura medida para el Gobierno, que hizo lo imposible por evitarla o atenuarla, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, incluyó a la Argentina en la llamada Lista Gris, integrada por aquellos países con «deficiencias estratégicas», y emitió un comunicado en el que destacó los avances alcanzados, pero exigió que resolviera sin demoras, antes de octubre próximo, los problemas verificados en su sistema de prevención y lucha contra el lavado.

Fueron vanos los esfuerzos de la delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por evitar lo que significa una grave sanción, pues figurar en el listado de países con deficiencias estratégicas equivale a la emisión de una alerta internacional sobre las falencias observadas en el sistema para luchar contra el blanqueo de dinero en el país evaluado.

El reconocimiento de los avances obtenidos, así como la sanción de una nueva ley contra el lavado, y el apoyo de algunos países latinoamericanos sólo son meros paliativos.

La sanción es otra señal, la más grave, de que urge remover a las autoridades de la Unidad de información Financiera (UIF), José Sbatella y Gabriel Cuomo, porque, además de la decisión adoptada por el GAFI, están los acontecimientos de pública trascendencia vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la decisión de dilatar y evitar la investigación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) elevados por el Banco Supervielle y el Banco de Santiago del Estero, respectivamente, a lo que debe sumarse la denuncia efectuada por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin sobre las actividades del apoderado de la mencionada organización de derechos humanos.

En efecto, Sbatella y Cuomo deben concluir su ciclo, en el que completaron un lamentable desempeño, sólo destacable por haber puesto al organismo al servicio de los peores objetivos del gobierno kirchnerista. Tal accionar se materializó en la apertura de investigaciones con meros fines de persecución a empresarios y políticos adversarios del oficialismo.

En oportunidad de la designación de las autoridades, la publicidad sobre los antecedentes profesionales de ambos candidatos daba cuenta de su desconocimiento en la materia, al tiempo que exhibía una trayectoria vinculada a la CGT de Hugo Moyano y al Grupo Fénix, cuya afinidad al oficialismo está fuera de discusión. Destacados técnicos y especialistas alertaron sobre la necesidad de designar funcionarios idóneos e independientes que pudieran encarar un plan institucional para revertir el deterioro de la UIF y alejar la imposición de sanciones por parte del GAFI. Sin embargo, la realidad superó los peores pronósticos.

La gestión de Sbatella y Cuomo se caracterizó por «salir de pesca» contra empresarios y políticos opositores; las delegaciones internacionales concurrentes a congresos y seminarios sobre lavado se hicieron más numerosas y la actividad turística, más intensa. Un capítulo aparte merece el profundo desprecio por preservar los datos delicados de la vida personal de los ciudadanos, al igual que las designaciones de personal teñidas de ideología, en las que prevaleció la pertenencia a La Cámpora por sobre la formación técnica en materia de lavado, fraude fiscal, bancario o corrupción.

Sbatella presume de haber desarrollado en el último año una prolífica actividad, lo que en realidad encubre una cosmética actividad regulatoria, sanciones desmesuradas a los sujetos y publicitados operativos de inspección sobre entidades cuidadosamente elegidas.

Sin embargo, su relato se desmorona al soslayar sin justificación alguna la investigación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Dicha organización no sólo recibió cuantiosos fondos estatales destinados a la construcción de viviendas populares -y a la luz de los primeros indicios los habría malversado-, sino también donaciones del exterior transferidas para financiar actividades en defensa de los derechos humanos. La denuncia permaneció en poder de la UIF durante más de un año sin que fuera investigada.

Desde esta columna destacamos la importancia de que oficialismo y oposición hubieran logrado mantener un diálogo institucional en materia de lucha contra el lavado que facilitó la reforma del tipo penal evitando que la Argentina fuera calificada de «país no cooperante» en la materia, con las gravosas consecuencias que ello acarrearía.

La decisión política de evitar sanciones permitió la construcción del consenso parlamentario que exigió que el kirchnerismo aceptara la profesionalización de la UIF y resignara la facultad de querellar solicitada para su titular. Este último requerimiento perseguía alejar el uso político de dicha herramienta, la que quedaría reservada para el Ministerio Público. Al promulgar la ley el Poder Ejecutivo vetó el artículo y restableció la facultad demostrando con ello la imposibilidad del gobierno de Cristina Fernández de anudar y sostener mínimos acuerdos políticos sobre cuestiones de Estado.

Lo cierto es que la decisión del GAFI confirma lo que es bien sabido: el Gobierno no tiene voluntad de luchar contra el Lavado de Dinero.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 27/06/11.

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