Argentina: Nepotismo en la UIF
septiembre 1, 2012
Echan a expertos antilavado y asumen militantes y familiares
Por Hugo Alconada Mon
De a uno o de a dos por vez, el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a los técnicos especializados en investigaciones antilavado. Sólo queda un puñado testimonial. Y al resto lo reemplazó con militantes y familiares sin experiencia alguna, según reconstruyó La Nacion sobre la base de testimonios de cuatro fuentes al tanto de lo ocurrido, documentos públicos y privados, y un relevamiento del Boletín Oficial.
La politización de la UIF, que se agudizó desde el arribo de Sbattella, en marzo de 2010, incluyó casos singulares, como el nombramiento de un militante al que debieron pedirle la renuncia tras aparecer por televisión en los disturbios causados por los barrabravas de River cuando el club quedó a un paso de descender, en junio de 2011. Sin embargo, lo reincorporaron cuando se diluyó el riesgo de un escándalo público.
«Hay una dinámica permanente de politizar el discurso, las acciones y al personal de la UIF», lamentó una de las fuentes que aceptó dialogar con LA NACION bajo estricta reserva de su nombre durante los últimos tres meses. ¿El motivo? Luego de que este diario reveló el 20 de agosto la protección brindada al vicepresidente Amado Boudou y al empresario patagónico Lázaro Báez , entre otros, Sbattella y sus colaboradores amenazaron: «Por cada nueva nota [que se publique] echaremos a dos empleados».
Hoy, con más de 250 personas que trabajan en la UIF, menos de media docena son analistas profesionales, con experiencia en investigaciones sobre lavado. El resto aprende sobre la marcha -por «ósmosis», como lo definió uno de los informantes- o con cursos que reciben cuando ya están dentro de la unidad. Más aún, esa capacitación sólo se imparte para «los nuestros».
Sin embargo, mientras por un lado se discrimina a parte del personal técnico por razones políticas, por el otro se designan nuevos empleados también por razones políticas o de parentesco con el propio Sbattella y sus principales colaboradores.
Sbattella designó a la sobrina de su mujer como secretaria, al marido de otra sobrina como director del área de Seguridad y Sistemas Informáticos de la UIF, a una tercera sobrina como encargada de la página web de la UIF y hasta a un sobrino en la Secretaría General Ejecutiva. (LA NACION se reserva sus nombres por las características de seguridad inherentes a la unidad antilavado.)
Sbattella también trajo a varios de sus ex colaboradores en el Instituto de Estudios Fiscales y Económicos (IEFE) de La Plata. Entre otros, a dos vocales (uno de los cuales ya renunció), a un analista y al encargado de Presupuesto y Pagos de la UIF, cargo que ocupa gracias a que obtuvo una designación excepcional por carecer de título profesional habilitante. Todos ellos, además, carecen de experiencia real en temas antilavado, según verificó LA NACION.
La misma práctica se repite en el área más sensible de la UIF, la Dirección de Análisis. Su director es Pablo Chena -que también viene del IEFE-; la segunda a cargo es su hermana, y el tercero en la línea jerárquica es su cuñado, que además se encarga de llevar adelante algunas de las «causas políticas» más sensibles.
A ellos se suman cuatro casos notables. Son analistas de la categoría «C» en el escalafón de la administración pública nacional. Tres carecen de títulos profesionales. Una trabajaba en una panadería y junto con otro de los cuatro también maneja «legajos con tinte político», como los caracterizó otro informante. Y la cuarta, amiga a su vez de Sbattella, es ingeniera, pero en pesca, por lo que también recibió una autorización excepcional en el decreto de designación del Ministerio de Justicia «por no reunir los requisitos mínimos de acceso» para un puesto de esa categoría.
De secretaria a coordinadora
Los vínculos con la esposa de Sbattella, vocal en el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia de Buenos Aires, también pesan dentro de la UIF. De allí llegaron la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo, quien sólo va por las tardes y aún concurre también al tribunal, más una vocal del Consejo Asesor de la Unidad, y un empleado de la Secretaría General Ejecutiva por el que se pidió que lo categorizaran con la letra «A», la más alta del escalafón y aun cuando hay un solo profesional, en Análisis, con ese nivel. Al final lo encuadraron en el nivel «B», cuando otros demoraron ocho o más años para conseguir esa categoría.
Una discrecionalidad semejante quedó expuesta al designar a cargo de las tareas de Coordinación Nacional -es decir, la interacción estratégica con todas las áreas del Estado abocadas a la lucha contra el lavado- a una ex secretaria privada de Sbattella, en tanto que al frente del área de Supervisión de Obligados -qué sectores y profesionales deben reportar operaciones sospechosas- se ubicó a un empleado de la AFIP que es el marido de esa ex secretaria.
Sin embargo, el caso paradigmático acaso sea el de Carlos Federico Millet, señalado dentro de la UIF como uno de los que ingresaron con un bombo a las instalaciones junto a su entonces jefe directo, el secretario general ejecutivo, Federico de Negri, para convocar a sus colegas de toda la unidad a participar en un acto político de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su entonces aliado, Hugo Moyano.
Fanático de River Plate, Millet debió renunciar a su designación -también era excepcional por incumplir los requisitos legales- el 23 de junio de 2011. Es decir, lo echaron el día después de que un grupo de violentos ingresara a la cancha durante el partido que su equipo perdió contra Belgrano, en Córdoba, y quedó a un paso del descenso, que se concretó días después.
Millet apareció en unas imágenes de los desmanes, por lo que las autoridades lo desplazaron, temerosas de que se detectara que trabajaba en la UIF, un organismo que depende del ministro de Justicia, Julio Alak, aunque Sbattella suele decir que tiene diálogo directo -por momentos incluso diario- con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el caso de Millet, sin embargo, la UIF volvió sobre sus pasos a medida que el potencial escándalo quedaba atrás. Por ese motivo recontrataron al militante del Ateneo Conciencia Nacional, que fundó Sbattella a principios de los 90. Hoy trabaja en el área de presupuesto.
LA NACION intentó consultar a Sbattella por estas designaciones, y a Millet desde el jueves, pero no respondieron las llamadas y mensajes.
Ya investigado por el juez federal Daniel Rafecas por el uso político de la UIF, tras una investigación preliminar del fiscal Carlos Stornelli, uno de los colaboradores de Sbattella ironizó en público sobre las consecuencias de su actuación. Según dos testigos, bromeó: «Si seguimos así, vamos presos».
Los cambios más resonantes en la UIF
Sbattella reemplazó a técnicos por gente propia.
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet (foto); cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Del editor: por qué importa.
La UIF desnuda la cara oscura de la militancia: convertir la impericia en ley. Un gobierno que vigila al turista que compra un puñado de dólares vacía de expertos la unidad que investiga los grandes delitos económicos.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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Sbattella admitió que familiares suyos trabajan en la UIF
Sbattella, el jueves, al llegar a las oficinas de la UIF. Foto: LA NACION / Enrique García MedinaLuego de que LA NACIÓN revelara que el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia, él mismo contestó. Dijo que quienes trabajan en el organismo son idóneos y que el hecho de que sean familiares «no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo».
Sbattella admitió que su secretaria es familiar de su mujer. «Lo que es real, yo tengo en todos los organismos que he pasado, una secretaria que me ha acompañado siempre. Esa es una de las secretarias. El resto son personas de origen profesional, con capacidad técnica para estar en esos lugares. Y tienen las mismas características que cualquier personal», sostuvo.
«Mi secretaria no es mi sobrina. Es un familiar de mi actual esposa; soy divorciado. Lo lógico es un familiar, una persona de confianza. Las otras personas son por idoneidad profesional en los temas que le ha tocado trabajar y no tiene que ver su relación familiar con los lugares en que están», explicó, en diálogo con radio Mitre.
El titular de la UIF, que es la unidad que debe investigar los grandes delitos económicos, dijo que «las otras personas» [mencionadas en la nota de LA NACIÓN] tienen «idoneidad profesional» y que son «profesionales con capacidad técnica para estar en esos lugares».
«No tienen relación familiar, puede ser relaciones familiares de índole política, pero eso no invalida su capacidad técnica y profesional para el cargo. No entran colgados, de no saber nada; hay especialistas en el tema (SIC)», agregó.
«La mayoría de los que nombra [el artículo] como personas nombradas como favores son personas que tienen una historia y un currículum que amerita el lugar adonde están; esto está fuera de discusión», insistió.
Qué pasó
LA NACIÓN reveló hoy que Sbattella desplazó a técnicos especializados en investigaciones antilavado y que los reemplazó con militantes y familiares sin experiencia. Hoy, más de 250 personas trabajan en la UIF y menos de media docena son analistas profesionales con experiencia en investigaciones sobre lavado.
Los cambios más resonantes en la UIF
CASO 1
Los sobrinos
Un sobrino de Sbattella, tres sobrinas por parte de su mujer y también el marido de una de ellas trabajan hoy en distintos cargos dentro de la UIF.
CASO 2
Los platenses
Sbattella también convocó a cinco ex colaboradores del instituto IEFE de La Plata; ninguno con experiencia en temas antilavado.
CASO 3
Los analistas
El director de Análisis convocó a su hermana como número dos del área a su cargo y al marido de ella como su tercero.
CASO 4
Un hincha fanático
Veinticuatro horas después de los incidentes en Belgrano-River, la UIF echó a Carlos Millet; cuando se diluyó el escándalo, volvió a contratarlo.
CASO 5
La ingeniera
Una de las nuevas analistas es amiga de Sbattella e ingeniera, pero en Pesca, por lo que debió recibir una autorización excepcional para entrar a la UIF.
CASO 6
Los fiscales
Tres colaboradores de Sbattella llegaron del Tribunal Fiscal bonaerense, donde trabaja su mujer; una de ellas todavía concurre al tribunal.
Fuente: La Nación, 01/09/12.
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Argentina: Más intervención en el mercado del Seguro de Vida
agosto 30, 2012
Obligarán a las aseguradoras a invertir en la economía real
Por Florencia Donovan
Primero, les tocó a los bancos; ahora, a las compañías de seguros de vida y retiro. El Gobierno tiene previsto obligar a la industria de seguros personales a colocar el equivalente al 5% de sus inversiones en instrumentos relacionados con la economía real. Según confiaron a LA NACION varias fuentes del sector, la medida forma parte del Plan Estratégico del Seguro, que está desarrollando el superintendente de Seguros, Juan Bontempo, y que se dará a conocer el 21 de octubre próximo.
Bontempo, que participó ayer del 5° Seminario Integral de Seguros de Vida y Retiro, organizado por la cámara del sector, Avira, no dio detalles al respecto, pero dijo que el plan será como «la hoja de ruta de la actividad» para lograr que el sector alcance una participación del 5% en el producto bruto interno (PBI) en 2020.
El superintendente sólo adelantó que los ejes fundamentales de trabajo pasarán por la creación de incentivos fiscales, la inversión del sector de seguros en la economía real y la discusión de los seguros obligatorios en la Argentina. «Es momento de rediscutir el marco normativo de la actividad aseguradora en la Argentina», dijo Bontempo.
Fuentes del sector, no obstante, confirmaron a LA NACION que la idea sería destinar, en principio, el 5% de las inversiones de las compañías de vida y retiro a proyectos relacionados con la economía real. Una medida que, para muchos, se asemeja a lo que se hizo, antes de la estatización, con las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a las que se las había obligado a financiar la actividad a través de lo que en la jerga pasó a conocerse como el «inciso Q» o, más recientemente, con los bancos, que deberán destinar el 5% de los depósitos que capten del público a préstamos para empresas a una tasa de no más del 15% anual.
«Las inversiones del total del mercado hoy son más de 64.000 millones de pesos. El desafío es que, cada vez más, éstas se orienten hacia sectores de la economía real, que son los que van a reforzar el proceso de crecimiento de la economía y hacer que vendan más seguros», dijo ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que no dejó dudas sobre cuál será la política sobre la industria. Ya el Gobierno había obligado a las aseguradoras a repatriar el año pasado el dinero que tenían invertido en el exterior.
«Los llamo a trabajar para que esa cartera, hoy dirigida a activos financieros, se enfoque en la economía real. Este es un sector [por el de vida y retiro] que tiene un horizonte de inversión de largo plazo», agregó el ministro, que interrumpió a uno de los oradores y adelantó su ponencia en el seminario de Avira para llegar a tiempo a participar del anuncio que la presidenta Cristina Kirchner hizo ayer a través de la cadena nacional.
Sin acceso a los mercados de deuda, el Gobierno se las ha ingeniado en el último tiempo para hacerse de fuentes de financiamiento alternativas. Además de valerse en muchos casos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) que se hizo en marzo sirvió para aumentar los préstamos en pesos al Tesoro. Luego llegó la norma para que los bancos presten casi a pérdida a las pymes y, en la City, no pocos descuentan que la gorra vuelva a pasar por el sector financiero para recaudar fondos para YPF.
Fuente: La Nación, 30/08/12.
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Gabriel Chaufan, Hernán Lorenzino y Juan Bontempo.
Lindos Prontuarios: «Dime con quien andas y te dire quien eres.»
Algunos Antecedentes:
De Vido busca que no lo salpique el escándalo de Schoklender
PorLuciana Geuna
07/06/11 En un descargo, presentó expedientes de las obras de las Madres de Plaza de Mayo que financió. Está acusado de no haber controlado el destino final que se le dio al dinero. Lo mismo hizo el titular de la Unidad de Información Financiera.
La inquietud que genera el escándalo de Sergio Schoklender en el Gobierno es tan grande que desde ayer puede medirse: tiene el tamaño de una changuito de supermercado lleno de papeles hasta el borde . Eso es lo que envió el Ministerio de Planificación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi. El carro, que ahora está estacionado en el despacho del fiscal Miguel Osorio contiene los expedientes de cada una de las obras de las Madres de Plaza de Mayo que fueron financiadas por la cartera que conduce Julio De Vido. El ministro fue denunciado por malversación de fondos y presentó rápida y espontáneamente estos documentos para defender su actuación.
De Vido, junto al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández y a la titular la Fundación de las Madres, Hebe de Bonafini aparecen mencionados en la carátula de la primera causa que se abrió en el fuero por posibles desmanejos de dinero públicos en la construcción de las viviendas sociales de las Madres. Osorio resolverá en estos días si impulsa la investigación pero aún antes de tener esta información, el Ministerio, representado por el secretario de Legales, Rafael Llorens, presentó su descargo.
En un movimiento similar, ayer se vio en Tribunales a José Sbatella, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) que también tiene un frente judicial abierto: por un lado, el juez Sergio Torres y el fiscal Guillermo Marijuán recibieron la denuncia de un abogado por posible incumplimiento de deberes de funcionario público. Le endilga una demora injustificada en presentar ante la justicia las alertas emitidas por los bancos sobre operaciones sospechosas de Sergio Schoklender y sus sociedades. Además, en la UIF retuvieron durante un año la información que entregaron dos diputadas de la Coalición Cívica sobre la compra de dos terrenos en José C. Paz que hizo el ex apoderado. Torres todavía no remitió a Marijuán la denuncia para que decida si impulsa o no la acción.
En paralelo, el fiscal Carlos Stornelli abrió de oficio una investigación preliminar luego de leer el artículo de Clarín donde se consignaba la morosidad del trámite en la UIF. Justamente al despacho de Stornelli se dirigió ayer Sbatella, vestido en un prolijo traje gris, ofreciendo su colaboración.
Cuando Clarín lo vio a la salida del edificio de Comodoro Py 2002, el titular de la UIF sostuvo que sólo había ido a confirmar la utilidad de la documentación enviada por el caso Schoklender. En rigor, se cruzó en el pasillo con el fiscal anti lavado, Raúl Pleé, pero el objetivo de su corta visita al quinto piso de los Tribunales era mostrar predisposición para tratar de aclarar su situación judicial.
Desde que se conoció el alejamiento de Schoklender de la Fundación de las Madres de Plaza de Mayo, las investigaciones periodísticas fueron revelando un entramado de sociedades sospechosas entre las que se destaca Meldorek, que pertenece al ex apoderado y que era contratada por la Fundación para ejecutar las obras de viviendas con dinero del Estado nacional.
Con ese antecedente, se aceleraron las consecuencias judiciales y políticas para el Gobierno. Además de las causas contra De Vido y Sbatella, el juez Norberto Oyarbide -que tiene otro expediente por este escándalo- recibió del fiscal Jorge Di Lello un requerimiento donde, entre muchas medidas, le pide que consulte a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) qué auditorías hizo sobre el dinero transferido a provincias y municipios para pagar las viviendas de las Madres. En los despachos oficiales saben que de no haber existido control, la autoridades de la SIGEN también podrían estar en problemas.
La confusión y falta de precisión sobre la modalidad que permitió que se hicieran sin licitación estas obras millonarias también llevará a los funcionarios a dar explicaciones al Congreso: el subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y el de Vivienda, Juan Bontempo deberán ir mañana a Diputados a brindar las explicaciones que todavía no ofrecieron públicamente.
Fuente: Clarín, 07/06/11.
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El objetivo es tomar distancia
Por Carlos Pagni
La Casa Rosada no sólo privó a Daniel Scioli de los recursos que hubieran permitido el pago en término del aguinaldo a los empleados bonaerenses. También se ha movido para impedirle el acceso a otras fuentes de ingresos. El jueves pasado, varias compañías de seguros recibieron instrucciones de la superintendencia del sector, a cargo del «pingüino» Juan Bontempo, para que se inhiban de comprar letras a la tesorería de la provincia. Los bancos privados, por su parte, son reacios a prestarle a Scioli por temor a irritar al gobierno nacional.
Los bloques «oficialistas» de la Legislatura han decido ya que no votarán un ajuste. Esta conducta recuerda la que el kirchnerismo, conducido por el hijo de la Presidenta, adoptó en Santa Cruz dejando a Daniel Peralta aislado en una encrucijada similar.
Movimientos como éstos han convencido a Scioli de que Cristina Kirchner pretende destruirlo, tal como confesó a varios interlocutores, antes de que se conociera el escandaloso soliloquio del intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez (dicho sea de paso: el rap de Díaz Pérez contiene un pasaje, todavía inédito, con expresiones deleznables sobre la pérdida del brazo de Scioli).
Los confidentes de la quinta La Ñata comentan que el gobernador está dispuesto a hacer más gestos para distanciarse del gobierno nacional. En el proceso de incorporación del nuevo secretario de Cultura Jorge Telerman, por ejemplo, aseguró a varios interlocutores que pretende sumar también a Roberto Lavagna. El ex ministro de Néstor Kirchner se integraría como una especie de megaasesor y, además, vocero en materias de su especialidad. Se trata de una jugada agresiva para una economía que, como consignó anteayer Alfonso Prat-Gay, ya está en recesión.
La incorporación de Lavagna, de producirse, tal vez provoque los celos de Alberto Fernández, neosciolista enemistado con su antiguo colega de gabinete. Aunque Scioli no parece tener en cuenta ese tipo de rencillas: Fernández también se odia con Telerman.
¿Llegará el gobernador a utilizar la que él llama su «bala de plata»? Consiste en enfrentar al kirchnerismo en las elecciones del año próximo en una alianza con Sergio Massa. La estrategia debería superar un obstáculo inicial: que Massa supere la desconfianza que siente por él.
Mientras tanto, la guerra entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense está produciendo algunas tensiones insoportables en el oficialismo bonaerense. La más evidente aqueja al Movimiento Evita, que trabaja a la sombra de Cristina Kirchner, pero que tiene un vínculo con la gobernación que se remonta a los tiempos de Felipe Solá. Pero también varios intendentes sufren esta guerra. Sobre todo los que dependen de recursos de ambas cajas, la nacional y la provincial.
Más allá de la gestualidad, Scioli sigue sin encontrar una ecuación que resuelva su principal problema: la gobernación, que hasta ahora fue su activo, se ha convertido en una carga.
La desorientación se notó el sábado último, cuando anunció que intentará financiarse haciendo que el Banco Provincia le preste los fondos que consiga colocando los Bogar. Esos títulos se emitieron con respaldo de coparticipación. Es decir, la tesorería ya debe pagárselos a su tenedor, que hoy es el banco. Si éste los utiliza para un nuevo fondeo, la provincia se habrá endeudado dos veces con el mismo instrumento. Hasta ahora la operación no cuenta con la aprobación del Banco Central.
La crisis en que ha ingresado el peronismo bonaerense acelera las decisiones de otros actores. La diputada de Pro, Gabriela Michetti, por ejemplo, está más cerca de aceptar la candidatura a diputada en el distrito. Sobre todo después de una conversación en la que Mauricio Macri le reveló que su estrategia será enviar a sus principales colaboradores a pelear posiciones electorales. Una idea que Macri venía meditando desde hace más de un mes, a instancias de su primo Jorge, el intendente de Vicente López.
Las encuestas realizadas por el macrismo comenzaron a detectar un fenómeno curioso referido a Scioli: su imagen personal no cae, pero la simpatía que despierta no logra traducirse en capacidad electoral.
«La gente lo considera un buen tipo, pero incapaz de resolver problemas», explican los sociólogos de Pro, que también trabajan para la provincia.
La conferencia de prensa del sábado confirmó ese perfil. Muchos dirigentes esperaban el anuncio de medidas de gobierno. Hasta se había comentado que se crearía una agencia de coordinación para todas las áreas de servicios públicos y que se anunciaría una reestructuración de gastos.
Pero Scioli no se refirió a ningún cambio. Esa abstención confirmó lo que algunos sospechaban: que llamó a una conferencia de prensa sólo para establecer una confrontación subliminal con una presidenta que teme la exposición al periodismo. Un contrapunto que se completó con el elogio final del gobernador a la libertad de prensa.
Aun así, Scioli tampoco se animó a hablar de su candidatura presidencial. Cuando un periodista lo indagó, él se refirió a esa iniciativa como «eso».
También al gobernador bonaerense le faltó templanza para explicar su alianza con Hugo Moyano. Quiso hacer creer que aquel malhadado partido de fútbol fue jugado por razones terapéuticas. Explicó que, si no hace deportes, tiene que tomar pastillas «contra los nervios» (sic). Es verdad: a pesar de su estudiado aplomo, se nota que la ansiedad lo devora. Sólo así se explica que haya invitado a Moyano a su chacra cuando todavía no se había asegurado los fondos para el aguinaldo.
Ese extravío en la administración del tiempo se percibe también en el máximo error de Scioli: haber hablado de «eso» tres años antes del vencimiento del mandato presidencial. O, si se prefiere, apenas seis meses después de que Cristina Kirchner ganó las elecciones con el 54,11 por ciento de los votos, como dictaminó el politólogo Andy Tow, corrigiendo a la Cámara Nacional Electoral, que había publicado, por error, 55,42%.
Fuente: La Nación, 10/07/12.
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Otras notas sobre el avance intervencionista del Gobierno K sobre el Seguro de Vida:
El Lavado de Dinero en Argentina
junio 1, 2012
El Informe Anual 2011 de la UIF
Por Daniel Gerardo Perrotta
Argentina permanece en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional. A ese fin, resulta fundamental resolver las deficiencias destacadas por el GAFI, y uno de los aspectos recurrentemente reclamado, se refiere a la necesidad de contar con una unidad anti lavado “operacional y eficaz”. El Informe Anual 2011 de la UIF intenta dejar constancia de sus esfuerzos en pos de mejorar la magra calificación, y en este marco detalla algunos conceptos que como Sujeto Obligado, vale considerar.
En su último Informe Anual, la actual conducción de la UIF realiza un notable esfuerzo por resaltar los objetivos cumplidos durante el período 2010 -2011, intentando establecer una clara diferenciación respecto de las gestiones que la precedieron.
En términos generales, no puede obviarse que la UIF realmente ha dado pasos, en mayor o menor medida, dirigidos al cumplimiento de distintos objetivos, pero el disparador real de estos avances se halló y se halla fuera de la misma voluntad de la conducción del organismo. El gran impulsor de los avances ha sido sin duda el propio GAFI, más allá que esta circunstancia no va en desmedro de los efectivos avances.
A pesar de lo antedicho, Argentina permanece aún hoy en la denominada Lista de Países con Deficiencias Estratégicas, y salir de la misma es el objetivo que desde octubre del año próximo pasado, persigue la delegación que defiende la posición ante el Organismo Internacional.
Obviamente, los impactos de integrar dicha lista son graves, entre otras consecuencias las entidades financieras del mundo deben prestar especial atención a las relaciones comerciales y operaciones que se cursen con Argentina, generando riesgos de potenciales pérdidas de negocios internacionales y por supuesto dificultad para acceder al mercado financiero internacional.
En ese marco, resulta fundamental resolver las deficiencias destacadas por el GAFI, y uno de los aspectos recurrentemente reclamado, se refiere a la necesidad de contar con una unidad anti lavado “operacional y eficaz”. El Informe en cuestión intenta dejar constancia de sus esfuerzos en pos de mejorar la magra calificación, y en este objetivo detalla algunos conceptos que vale considerar.
Por otro lado el accionar de la Justicia, continúa aún entre las observaciones de fondo que no han mostrado evolución positiva alguna, durante el período en análisis.
Entre sus logros 2011, el Informe Anual de la UIF, destaca principalmente los siguientes:
a) Nuevas regulaciones para los Sujetos Obligados,
b) El incremento de las fiscalizaciones in-situ,
c) La participación de Argentina en los Organismos Internacionales,
d) La capacitación de los Sujetos Obligados y de la Sociedad en general,
e) Utilización del enfoque basado en riesgo y de herramientas tecnológicas más avanzadas para el análisis de los reportes.
La Gestión de la Unidad de Información Financiera Inspecciones
La Ley 26.683 establece que es potestad de la UIF, definir los procedimientos de supervisión, fiscalización e inspección in situ para el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los Sujetos Obligados.
Mediante la Resolución 165/2011, el Organismo establece las pautas generales de supervisión reglamentando el deber de colaboración de los Órganos de Contralor: BCRA, CNV y SSN y los procedimientos de supervisión que deben aplicar en la revisión de los sujetos obligados bajo su control.
En este marco, y durante el año 2011 se realizaron las siguientes supervisiones:
• UIF: 29 visitas de inspección.
• BCRA: 36 entidades financieras y 10 cambiarias. Además se efectuaron 28 inspecciones puntuales sobre entidades financieras y cambiarias.
• CNV: 19 inspecciones sobre agentes de mercado.
• SSN: se efectuaron 19 supervisiones a compañías de seguro y 2 productores asesores.
Si bien en términos relativos el incremento porcentual en la cantidad de inspecciones respecto a años anteriores reviste importancia, la misma se minimiza cuando se observa que los Sujetos Obligados ascienden a más de 22.500.
Las 29 inspecciones realizadas por la UIF a los Sujetos Obligados han sido las siguientes:
• Joyerías: 3
• Capitalización y Ahorro: 4
• Juegos de Azar: 5
• Transportadoras de Caudales: 3
• Remesadoras de Fondos: 2
• Casas de Antigüedades: 2
• Galerías de Arte: 2
• Fundaciones: 3
• Emisores de Tarjetas: 3
Debe destacarse que por primera vez se efectúan supervisiones de algunas de estas actividades o sectores, lo cual sin duda es el inicio de un proceso que durante este año 2012 continúa profundizándose.
SUMARIOS
Conforme detalla el propio Informe, los sumarios iniciados por la UIF se originan por las siguientes causas:
• No reportar Operaciones Sospechosas.
• Incumplimiento de las exigencias normativas vigentes.
Durante el 2011, la cantidad de sumarios alcanzó a 30, representando un incremento del 400% respecto al año inmediato anterior. El 44% (12 en total) de estos sumarios provienen de incumplimientos de formalismos. Esto también constituye una novedad, ya que los sumarios iniciados hasta el año anterior eran causados exclusivamente por el no reporte de operaciones, esta nueva circunstancia revalida la importancia central que para la supervisión reviste el cumplimiento de los formalismos.
Nuevamente estos guarismos de sumarios comparados con el universo de los sujetos obligados, parecen exiguos. Como dato comparativo, en Chile existen 3.888 Sujetos Obligados y los sumarios o procesos sancionatorios durante el 2011 ascendieron a 152.
Con respecto a las actuaciones sumariales iniciadas por sector:
• Entidades Financieras: 56,7%
• Juegos de Azar: 30,0%
• Compraventa de Joyas: 6,7%
• Escribanos Públicos: 3,3%
• Compraventa Obras de Arte: 3,3%
Se observa también al BCRA como el organismo más comprometido en estos aspectos de la tarea, más allá que realmente las entidades financieras son los sujetos obligados más apegados y evolucionados en materia de cumplimientos de los formalismos exigidos. Otros Sujetos obligados, ya sea por la propia cultura del modelo de negocio o por limitantes a nivel de recursos y estructura, se encuentran más indefensos frente a una supervisión que sin duda valora de sobremanera el cumplimiento de los formalismos. La CNV y la SSN, aún deben mostrar avances en esta materia, con el consecuente y previsible impacto sobre los Sujetos Obligados correspondientes.
La UIF y la Justicia
El Informe 2011 comienza explicando que “la participación de la UIF como parte querellante en procesos judiciales en trámite, ante la justicia penal federal y la justicia ordinaria, ha sido durante el 2010 de una significativa trascendencia…” y agrega que “durante el año 2011 se prosiguió con esa labor efectuando presentaciones en distintos fueros”.
Desde el punto de vista de las estadísticas, destaca el mencionado Informe que la UIF se presentó como querellante en 13 casos, siendo admitida en 12. Este guarismo desde el valor relativo muestra una importante evolución ya que alcanza un incremento del orden de 160% comparado con los sólo 5 casos en se presentó durante el 2010.
Si bien no corresponde establecer linealmente una relación causa efecto entre la cantidad de casos en los cuales la UIF se presenta como querellante y la cantidad de operaciones sospechosas reportadas por los distintos sujetos obligados, puede afirmarse que aún a modo referencial los 12 casos sobre los más de 16.000 operaciones sospechosas reportadas en el período 2010 – 2011, parecerían insuficientes para demostrar eficiencia ante el GAFI, aunque la tendencia sea positiva.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas
El gran avance sin duda se observa en la cantidad de operaciones sospechosas reportadas. La cantidad de reportes efectuados durante el año 2011 ascendió a 13.387, cifra que supera la totalidad de los informados durante el período 2002-2010, que alcanzaron los 9.123.
Durante el período 2002–2011 entonces, fueron reportadas como sospechosas 2.510 operaciones, de las cuales el 87,83% se encuentran hoy bajo análisis, el 7,53% se archivaron y el restante 4.63% se han remitido al Ministerio Público o a un Juzgado.
Más allá de la carga operativa extra que representaron las operaciones sospechosas del último año, estos guarismos reflejan una dilación histórica en el análisis y obviamente es otro de los factores que la UIF deberá remediar para elevar la opinión del GAFI.
El dato llamativo de esta estadística consiste en que el sector que reportó la mayor cantidad de operaciones durante el 2011 (el 45%), fue un debutante en la materia: las sociedades de capitalización y ahorro que comenzaron a informar en ese mismo año. Junto a las Entidades Financieras que aportaron el 34% y las Casas de Cambio el 11% de los reportes, conforman el 90% del total de operaciones sospechosas del año.
Las claves de atención para los Sujetos Obligados
Resulta crítico para dar cumplimiento al objetivo de Argentina de dejar de integrar la Lista de Países con Deficiencias, el modificar la calificación lograda por la UIF ante el GAFI y mostrarse como una Unidad “operacional y eficaz”.
Obviamente ésta es sólo una de las deficiencias que le valieron al País el ingreso a la descalificante lista, por eso esta es una condición necesaria, más no suficiente. Para cumplir entonces con el objetivo, la UIF deberá continuar avanzando en la línea que conforme su propio Informe, ya ha iniciado.
Las inspecciones son sin duda uno de los factores considerados por el GAFI para la evaluación de la UIF. Conforme surge del propio Informe, primera vez se han efectuado supervisiones de algunas actividades o sectores, esto marca sin duda es el inicio de un proceso que durante este año 2012 se está incrementando. Atención los “nuevos sujetos obligados” y sobre todo algunos sectores “con mayores riesgos” tales como la nómina de los supervisados durante el 2011 y repetida más arriba.
De los Sujetos Obligados supervisados por el BCRA, atención especial a las Casas de Cambio que por diversos motivos se encuentran entre los seleccionados para inspeccionar. Entre los supervisados por la UIF, los sujetos son más variados sin embargo los visitados en el 2011 marcan sin duda la tendencia de este año. También las inmobiliarias y escribanías, se encuentran entre los seleccionados.
Un punto de especial atención merece la supervisión de la SSN, organismo que ha mostrado poca gestión y exiguos resultados y durante este 2012 seguramente le será exigido un grado de compromiso mayor, con el consecuente impacto en la actividad aseguradora.
Desde los sumarios, cabe prestar atención a la novedad de la aplicación de sanciones por incumplimientos formales. Esto implica que los Sujetos Obligados deben prestar atención a especial al cumplimiento de las exigencias de la UIF, por ejemplo en lo que se refiere a las Políticas, Manuales y herramientas de gestión, tales como alertas, perfiles y matrices de riesgo. Finalmente es probable una mayor participación de la UIF como querellante ante la Justicia, ya que sin duda este factor incide directamente en la evaluación de su gestión que el GAFI efectúa.
Por último, será necesario un nivel de eficiencia mayor en el análisis de las operaciones sospechosas, lo cual sin duda será otro desafío que deberá enfrentar la Unidad, considerando el notable incremento en los reportes efectuados desde los Sujetos Obligados.
Fuente: SobreSeguros, 31/05/12.
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Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/08/20/argentina-mayor-control-sobre-los-depositos-bancarios/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/06/27/la-argentina-en-la-lista-gris-del-lavado-de-dinero/
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/06/05/argentina-corrupcion-politica-y-derechos-humanos/
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
abril 9, 2012
Argentina ajusta listado de PEPs a nuevas Recomendaciones del GAFI
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina amplió el listado de funcionarios que deben ser considerados Personas Expuestas Políticamente (PEPs), convirtiéndose así en uno de los primeros entes reguladores que ajustan su normativa en respuesta a las exigencias establecidas en las nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), que fueron emitidas el 16 de febrero pasado.
Además de los funcionarios extranjeros, domésticos y representantes de organizaciones internacionales, la Resolución No. 52, la UIF señala que “resulta conveniente considerar como “Persona Expuesta Políticamente” a las autoridades y representantes legales de organizaciones empresariales: cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa, exceptuando a aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria”.
La lista de PEPs también incluye a empleados con categoría de director general o nacional de la Administración Pública, bancos y entidades financieras del sistema oficial, empresas y sociedades del Estado; y a funcionarios públicos provinciales, municipales y autoridades universitarias, entre otros.
En particular, la resolución de la UIF determina «llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial» y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante.
Según el Artículo 3, “Al iniciar la relación comercial o contractual los sujetos obligados deberán requerir a todos sus clientes, requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”.
De igual forma, la Resolución exige que los sujetos obligados realicen “un seguimiento más exhaustivo de la relación, reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones y efectuar un monitoreo continuo de la relación comercial” con PEPs.
Listado de PEPs
A continuación, presentamos el Artículo 1 de la resolución en el que se específica quienes deben ser considerados personas expuestas políticamente por los sujetos obligados argentinos:
“Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes:
a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos:
1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes;
2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo;
3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial;
4. Embajadores y cónsules.
5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate);
6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal;
7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión;
b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 del artículo 1º, inciso a), durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona.
c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación;
2. Los Senadores y Diputados de la Nación;
3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación;
4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación;
5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo;
6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional;
7. Los interventores federales;
8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos;
9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
10. Los Embajadores y Cónsules;
11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza;
12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales;
13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público;
14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía;
15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional;
16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director;
17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario;
18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras;
19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza;
20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156.
d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria:
1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento;
6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria.
f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.
i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican”.
Fuente: Lavadodinero.com, 09/04/12.
Argentina: Peligrosa Ley Antiterrorismo
enero 31, 2012
Una ley penal muy peligrosa
Por Jorge R. Enríquez
Entre el cúmulo de leyes que, por impulso del gobierno nacional, se trataron a tambor batiente en sesiones extraordinarias, cuando expiraba el año último, ha despertado fundadas críticas la llamada ley antiterrorista.
Esta norma establece en uno de sus artículos, incorporado al Código Penal, que se impondrá reclusión o prisión de cinco (5) a veinte (20) años al que tomare parte de una asociación ilícita cuyo propósito sea, mediante la comisión de delitos, aterrorizar a la población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, agravando el mínimo de la pena en diez (10) años de reclusión para los fundadores o jefes de la asociación.
El reproche que se le formula es que se trata de un tipo penal muy abierto. Los tipos penales describen las conductas que se sancionan con penas. Así, por ejemplo, reviste tal calidad «el que matare a otro».
Cuanto más amplios sean esos tipos, es decir cuando describen las conductas punibles de un modo indeterminado, más margen habrá para la arbitrariedad.
Los ciudadanos debemos saber muy bien qué conductas concretamente están prohibidas. La regla del art. 19 de la Constitución Federal es que todo lo que no está prohibido está permitido, de manera que sería un abuso que nos condenaran por interpretaciones caprichosas de la ley, las que se facilitan cuando estamos en presencia de los llamados tipos penales abiertos.
A la imprecisión de este texto, se sumaron las declaraciones del Lic. José Sbatella, de la Unidad de Información Financiera (UIF), luego corroboradas por el ministro de Justicia y algunos legisladores oficialistas, quienes señalaron que por la nueva ley se podrá encarcelar empresarios que el Gobierno nacional considere que aterrorizan a la población o afectan la gobernabilidad, ante una corrida bancaria o un ataque a la moneda, por ejemplo.
El funcionario mencionado, de paupérrima actuación en el área a su cargo a la luz de los nulos resultados que acredita su gestión, no titubeó en expresar que, ante la suba de la moneda estadounidense operada en el pasado reciente se podría aplicar la figura del terrorismo.
Como lo ha señalado recientemente el destacado ensayista y periodista Daniel Muchnik, en su excelente artículo publicado en el diario “La Nación” el 29 de diciembre pasado “terrorismo es un tema de inaudita vaguedad, cuestionado internacionalmente, que sirve para cualquier propósito o intencionalidad política”, agregando que “el dilema crucial de esta Ley es qué significa para los que la elaboraron y aprobaron “terrorismo”, un término sin especificidad, indefinible, en torno al cual las mismas instituciones internacionales no se han podido poner de acuerdo”, por lo que concluye señalando que “es inadmisible la creación de un tipo penal sobre la base de un verbo polisémico como es , aterrorizar”.
La excusa para sancionar esta norma, surgida entre gallos y medianoche, sin el debate responsable y profundo que el tema ameritaba, estuvo dada por una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un foro internacional que, meses atrás, había incluido a la Argentina en la «lista gris» dentro de la clasificación que realiza el mencionado organismo respecto de las medidas efectivas que los distintos países realizan para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico.
Es una lista poco honrosa, que indica que nuestro país dista de cumplir con los estándares internacionales considerados adecuados en la materia y, por tanto, no es confiable para las inversiones.
La lucha contra el terrorismo y el narcotráfico exige la sanción de normas que aseguren la transparencia financiera, el control cuidadoso de los depósitos bancarios, el cabal conocimiento de las instituciones financieras acerca de sus clientes y de los negocios que efectúan, para lo cual no se debe escatimar en la implementación de todo tipo de recursos tecnológicos y humanos por medio de las instituciones.
Para esos fines, la ley sancionada resulta absolutamente inútil y por demás, innecesaria, porque todos los delitos que pretendería abarcar ya estaban incorporados al Código Penal.
Bajo el manto de la «generación de terror» en la población, podrían terminar presas todas aquellas personas que fueran acusadas por el Gobierno nacional de provocar «desestabilización o afectar la gobernabilidad del Estado».
Esa es precisamente la vocación que anida en esta ley: la intención del Poder Ejecutivo de reprimir con dureza las protestas sociales que se avizoran en un contexto futuro de fuerte conflictividad social, al dejar al abrigo de la discrecionalidad judicial la aplicación normativa.
El problema es quién juzga. Con jueces confiables no habría problemas, pero muchos de los magistrados federales no lo son. ¿Qué entenderán, entonces, por alentar una corrida? ¿Nos condenarán a los que sostenemos que el dólar está barato y que la Argentina está perdiendo competitividad o a los que cuestionamos las estadísticas del Indec?
Entiéndalo: el disenso no es terrorismo, es democracia.
Es por eso que estamos en presencia de un instrumento muy peligroso. Si la Corte realmente está comprometida con los derechos humanos, sin duda declarará la inconstitucionalidad de esta ley.
Fuente: www.politicaydesarrollo.com.ar – 31/01/12
Argentina: Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades
enero 31, 2012
Las inmobiliarias indagarán el origen del dinero para comprar propiedades
Habrá demoras en el mercado. Los martilleros deberán reportar «operaciones sospechosas». Quedarán en la mira las adquisiciones de más de US$ 140 mil y los alquileres entre familiares.
BUENOS AIRES – Las transacciones inmobiliarias sumaron ayer nuevos controles que podrían demorar el cierre de las operaciones e incrementar los costos de los corredores. Cualquier persona que quiera comprar o vender inmuebles por un valor de US$ 140 mil (o $ 600 mil) o más al año tendrá que justificar el origen de los fondos con declaraciones juradas de su estado civil, ingresos anuales e impuestos. Precios llamativamente altos o bajos, desinterés por las características de la propiedad, nerviosismo por cerrar la operación a toda costa serán circunstancias que podrían ameritar que la inmobiliaria envíe un Reporte de Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera para investigar si hubo lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas.
Si los fondos para comprar el inmueble provienen de una venta de otra propiedad, también deberá presentar una copia autenticada de la escritura, una certificación extendida por un contador con el origen de los fondos, documentación bancaria o que acredite la venta de autos, títulos o ganado o cualquier otra que respalde la tenencia de fondos lícitos para la operación.
La inmobiliaria también tendrá en cuenta «el monto, tipo, naturaleza y frecuencia de las operaciones que habitualmente realiza el cliente» y «el origen y destino de los fondos», según la resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. Además verificará si el cliente figura en listados de terroristas y les exigirá a las partes que firmen una declaración jurada en la que aclaren si son «personas expuestas políticamente» (funcionarios públicos de rango medio o alto) o no.
Según el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Néstor Walenten, con 35 años en el sector, la normativa de la UIF «perturbará el mercado» ya que «demandará capacitación y digestión, especialmente, por parte de los compradores que, a diferencia de los vendedores, carecen del respaldo que brinda un título de propiedad».
La CAI, junto con la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) y el Colegio de Corredores mantuvieron reuniones con los técnicos de la UIF para hacerles llegar su conocimiento del mercado. Sin embargo, la entidad que comanda José Sbatella desoyó las sugerencias y fijó un límite para agudizar los controles a las operaciones de sólo $ 600 mil (unos US$ 140 mil). En Palermo, con ese monto sólo se puede comprar un departamento de unos 70 metros cuadrados. «Veníamos negociando algo más flexible pero la UIF habrá priorizado los requisitos del GAFI» (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo global al cual Sbatella deberá rendirle cuentas en al primera semana de febrero en París.
Desde 2003, los escribanos ya tenían que rendir cuentas ante la UIF. Sin embargo, ahora, esa obligación también recae en empresas comerciales, como son las inmobiliarias, muchas de ellas familiares o sociedades de hecho.
Walenten descartó que la normativa implique mayores costos: «sólo hay que exigir más información, archivar y, eventualmente, advertirle a la UIF por internet», opinó. No obstante, las nuevas reglas de juego significarán que los corredores y sus empleados se capaciten mediante cursos que dictarán las entidades del sector. También requerirán de inversiones en software y diseño de procedimientos de control.
Las concesionarias de yates deberán seguir los mismos lineamientos que las inmobiliarias pero, en este caso, el foco se pondrá en los clientes que realicen operaciones por un monto anual de $450.000 (unos US$104 mil) o más.
Fuente: Perfil, 28/01/12.
Argentina: Mayor control sobre los depósitos bancarios
agosto 20, 2011
Habrá mayor control sobre los depósitos bancarios
Los bancos deberán identificar taxativamente a quienes realicen depósitos superiores a los $ 40.000, según estableció ayer la Unidad de Información Financiera (UIF), al difundir nuevos procedimientos y requerimientos informativos en el contexto del esfuerzo que el organismo hace para adecuar las normas locales contra el lavado de dinero a los estándares internacionales, para evitar una sanción.
Por medio de la resolución 121, firmada por su titular, José Sbatella (y publicada ayer en el Boletín Oficial), el organismo introdujo modificaciones a la ley 26.683, sancionada en junio pasado, aclarando que lo hace tomando en consideración «las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) aprobadas en 2003 y las 9 Recomendaciones Especiales sobre financiamiento del terrorismo».
La mención no es casual. Hace poco más de un mes, ese grupo denunció que la Argentina tenía «deficiencias estratégicas» en su normativa contra el lavado y decidió incluirlo en una «lista gris» para dejar en claro que lo tiene bajo observación.
La resolución conocida ayer obliga a los bancos a identificar a sus clientes antes de iniciar la relación comercial, para lo cual se efectúa una distinción entre «habituales» y «ocasionales». Los primeros son los considerados permanentes, cualquiera sea el monto por el que operen, o con operaciones por más de $ 60.000 o su equivalente en otras monedas. Los ocasionales, en tanto, son aquellos con los que no se entabla una relación de permanencia y cuyas operaciones anuales no superan los 60.000 pesos (o equivalentes).
Nueva guía instructiva
La norma dispone además que los bancos tendrán que definir el perfil de cada unos de sus clientes tras evaluar documentación relativa a su situación «económica, patrimonial, financiera y tributaria». Del cotejo de toda esa información surgirá un monto anual estimado de operaciones por año para cada cliente que hará las veces de guía y servirá como alerta cuando se hagan transacciones que no estén en línea con lo previsible y no se justifiquen debidamente, se explicó.
La resolución 121 dispone igualmente que los bancos no podrán delegar estas obligaciones «en terceras personas» y los obliga a reportar cualquier operación que consideren sospechosa «en el plazo máximo de 150 días corridos», aunque establece además que, si se tratara de una operación sospechosa de financiación del terrorismo, «el reporte deberá ser presentado en el plazo máximo de 48 horas».
Fuente: La Nación, 20/08/11.
La Argentina en la Lista Gris del Lavado de Dinero
junio 27, 2011
UIF, un ciclo que debe concluir
La sanción del GAFI por las falencias de la Argentina en la lucha contra el lavado confirma que su conducción debe renunciar
Con una dura medida para el Gobierno, que hizo lo imposible por evitarla o atenuarla, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que lucha contra el lavado de dinero, incluyó a la Argentina en la llamada Lista Gris, integrada por aquellos países con «deficiencias estratégicas», y emitió un comunicado en el que destacó los avances alcanzados, pero exigió que resolviera sin demoras, antes de octubre próximo, los problemas verificados en su sistema de prevención y lucha contra el lavado.
Fueron vanos los esfuerzos de la delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por evitar lo que significa una grave sanción, pues figurar en el listado de países con deficiencias estratégicas equivale a la emisión de una alerta internacional sobre las falencias observadas en el sistema para luchar contra el blanqueo de dinero en el país evaluado.
El reconocimiento de los avances obtenidos, así como la sanción de una nueva ley contra el lavado, y el apoyo de algunos países latinoamericanos sólo son meros paliativos.
La sanción es otra señal, la más grave, de que urge remover a las autoridades de la Unidad de información Financiera (UIF), José Sbatella y Gabriel Cuomo, porque, además de la decisión adoptada por el GAFI, están los acontecimientos de pública trascendencia vinculados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo y la decisión de dilatar y evitar la investigación de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) elevados por el Banco Supervielle y el Banco de Santiago del Estero, respectivamente, a lo que debe sumarse la denuncia efectuada por las diputadas de la Coalición Cívica Elsa Quiroz y Maricel Etchecoin sobre las actividades del apoderado de la mencionada organización de derechos humanos.
En efecto, Sbatella y Cuomo deben concluir su ciclo, en el que completaron un lamentable desempeño, sólo destacable por haber puesto al organismo al servicio de los peores objetivos del gobierno kirchnerista. Tal accionar se materializó en la apertura de investigaciones con meros fines de persecución a empresarios y políticos adversarios del oficialismo.
En oportunidad de la designación de las autoridades, la publicidad sobre los antecedentes profesionales de ambos candidatos daba cuenta de su desconocimiento en la materia, al tiempo que exhibía una trayectoria vinculada a la CGT de Hugo Moyano y al Grupo Fénix, cuya afinidad al oficialismo está fuera de discusión. Destacados técnicos y especialistas alertaron sobre la necesidad de designar funcionarios idóneos e independientes que pudieran encarar un plan institucional para revertir el deterioro de la UIF y alejar la imposición de sanciones por parte del GAFI. Sin embargo, la realidad superó los peores pronósticos.
La gestión de Sbatella y Cuomo se caracterizó por «salir de pesca» contra empresarios y políticos opositores; las delegaciones internacionales concurrentes a congresos y seminarios sobre lavado se hicieron más numerosas y la actividad turística, más intensa. Un capítulo aparte merece el profundo desprecio por preservar los datos delicados de la vida personal de los ciudadanos, al igual que las designaciones de personal teñidas de ideología, en las que prevaleció la pertenencia a La Cámpora por sobre la formación técnica en materia de lavado, fraude fiscal, bancario o corrupción.
Sbatella presume de haber desarrollado en el último año una prolífica actividad, lo que en realidad encubre una cosmética actividad regulatoria, sanciones desmesuradas a los sujetos y publicitados operativos de inspección sobre entidades cuidadosamente elegidas.
Sin embargo, su relato se desmorona al soslayar sin justificación alguna la investigación de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Dicha organización no sólo recibió cuantiosos fondos estatales destinados a la construcción de viviendas populares -y a la luz de los primeros indicios los habría malversado-, sino también donaciones del exterior transferidas para financiar actividades en defensa de los derechos humanos. La denuncia permaneció en poder de la UIF durante más de un año sin que fuera investigada.
Desde esta columna destacamos la importancia de que oficialismo y oposición hubieran logrado mantener un diálogo institucional en materia de lucha contra el lavado que facilitó la reforma del tipo penal evitando que la Argentina fuera calificada de «país no cooperante» en la materia, con las gravosas consecuencias que ello acarrearía.
La decisión política de evitar sanciones permitió la construcción del consenso parlamentario que exigió que el kirchnerismo aceptara la profesionalización de la UIF y resignara la facultad de querellar solicitada para su titular. Este último requerimiento perseguía alejar el uso político de dicha herramienta, la que quedaría reservada para el Ministerio Público. Al promulgar la ley el Poder Ejecutivo vetó el artículo y restableció la facultad demostrando con ello la imposibilidad del gobierno de Cristina Fernández de anudar y sostener mínimos acuerdos políticos sobre cuestiones de Estado.
Lo cierto es que la decisión del GAFI confirma lo que es bien sabido: el Gobierno no tiene voluntad de luchar contra el Lavado de Dinero.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 27/06/11.
El Lavado de Dinero en Argentina
mayo 5, 2011
Lavado de dinero: última oportunidad
Es necesario aunar esfuerzos para alumbrar una nueva norma realmente eficaz en la prevención y el control de los delitos
La semana pasada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, concurrió a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación con el propósito de informar sobre la grave situación que atraviesa nuestro país en su condición de miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las posibles sanciones que pueden recaer si no se reforma a tiempo el sistema normativo vigente para facilitar las investigaciones y la represión de los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En efecto, Alak, acompañado por el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, transmitió la preocupación de la presidenta de la Nación por evitar las sanciones por parte del organismo internacional. Al mismo tiempo, el titular de la UIF reseñó la batería de resoluciones dictadas recientemente por el organismo de control para poner a la Argentina en línea con los requerimientos del GAFI y concluyó que las dificultades existentes que impiden avanzar son de orden legal.
El panorama institucional descripto por el ministro fue desalentador: en forma urgente el país debe modificar el régimen penal si no quiere recibir la calificación de país «no cooperante» que lo ponga al borde de la expulsión del organismo. Los extensos argumentos expuestos fueron rechazados por los diputados del arco opositor en virtud de que todas las objeciones y advertencias recibidas por la Argentina se produjeron en los últimos siete años, que coinciden con el gobierno del matrimonio Kirchner.
Así las cosas, la cuestión del lavado de activos recorrió la agenda nacional desde la inclusión en el discurso de la Presidenta al inaugurar las sesiones ordinarias de este período hasta el frustrado paro convocado por la CGT, insólitamente motivado por el requerimiento de información de la justicia suiza sobre las actividades financieras de Hugo Moyano.
Dado que fue durante la era kirchnerista que el GAFI exigió modificaciones a la normativa argentina, es importante destacar la retahíla de sucesos vinculados a esta problemática de envergadura internacional que se produjeron en ambos mandatos y que exhiben una deliberada parsimonia y una sospechosa inexistencia real de controles nacionales en la materia.
En 2004, la AFIP elevó a la UIF un reporte de operación sospechosa (ROS) proveniente de la regional Comodoro Rivadavia sobre las actividades financieras de una empresa minera de capitales canadienses radicada en la provincia de Santa Cruz. La investigación recayó en manos del entonces juez federal Jorge Urso, que la archivó sin más trámite.
Ese mismo año, el secretario de Seguridad Norberto Quantín solicitó a la UIF que se investigaran 30 expedientes sobre la venta de tierras fiscales en las provincias de Formosa y Salta adquiridas con fondos provenientes de paraísos fiscales y sobre los que la Superintendencia de Tierras Fiscales no había ejercido los controles correspondientes. La investigación tampoco prosperó.
En septiembre de 2004, la empresa aérea Southern Winds (SW) transportó a España cuatro maletas con 60 kilos de clorhidrato de cocaína que, despachadas sin pasajeros en el vuelo 6420, fueron etiquetadas con la identificación de «Embajada Argentina en España». Luego de un largo proceso, las condenas impuestas fueron por el delito de contrabando agravado; no hubo sanciones por lavado ni tampoco se brindó mayor información sobre eventuales responsabilidades de la embajada argentina en España.
En agosto de 2007, un vuelo de Enarsa proveniente de Venezuela y con altos funcionarios del Ministerio de Planificación Federal a bordo intentó sin éxito evitar el control aduanero e ingresar al país una valija con más de US$ 800.000. El episodio trascendió a la opinión pública como «la valija de Guido Alejandro Antonini Wilson», quien, en días posteriores, fue mostrado en un video participando en una reunión en la Casa de Gobierno.
En agosto de 2008 se produjo en la localidad bonaerense de General Rodríguez un triple crimen de empresarios vinculados al comercio de la efedrina. La investigación de este delito desnudó los nexos existentes entre un sector del mercado farmacéutico nacional y el poder político, que no se agota en las sociedades vinculadas con las víctimas sino que alcanza a otras droguerías que resultaron importantes financistas de la campaña electoral del kirchnerismo. Los estados patrimoniales de las empresas no justificaban cuantiosos aportes a campaña política alguna, por lo que se trataría de maniobras de blanqueo de dinero ilícito.
En estas causas judiciales se encuentran procesados el ex superintendente de salud Héctor Capaccioli, un director de la Anses y otro de Lotería. La jueza electoral María Servini de Cubría tiene bajo su responsabilidad el control del financiamiento de las campañas electorales y debe resolver estos escandalosos casos. Pero aún no lo ha hecho.
La causa sobre presunto tráfico de medicamentos con etiquetas cambiadas o envases adulterados, que lleva adelante el juez Norberto Oyarbide contra un grupo de droguerías y farmacias que se dedicaban a comercializar medicamentos de alta complejidad y por la que se encuentran encausados y detenidos varios caciques gremiales y sus esposas.
En octubre de 2008, en los aciagos momentos de conflictos con el campo, el Gobierno estableció fuertes cerrojos para desalentar que los ciudadanos compraran o invirtieran sus ahorros en moneda extranjera; al mismo tiempo la opinión pública era informada de que el marido de la Presidenta había adquirido dos millones de dólares, cuya explicación oficial era la inversión del dinero proveniente de la reventa de tierras fiscales en El Calafate y que poco antes habían sido adquiridas a precio vil.
En los primeros días de este año se descubrió una operación de contrabando de casi mil kilos de cocaína a bordo de un avión argentino con destino a España. Las autoridades nacionales comenzaron por afirmar que la droga fue embarcada en la ciudad de Cabo Verde para terminar aceptando que ésta fue cargada en la ex base de la Fuerza Aérea de Morón después de haber recorrido miles de kilómetros a lo largo de gran parte del país.
Muchas de estas maniobras se ven facilitadas por las injustificadas demoras en la «radarización» para controlar el espacio aéreo argentino y la ineficacia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), hoy a cargo de Alejandro Granados.
Podríamos seguir enumerando gran cantidad de hechos sucedidos al amparo del relato oficial que exponen todo el cinismo y la corrupción de estos tiempos para nuestra República. Sin embargo, el interés del oficialismo por evitar una condena internacional que califique al país como «no cooperante» en la materia otorga una oportunidad extraordinaria para avanzar en la agenda pendiente.
La oposición debe superar protagonismos, aunar esfuerzos para alumbrar una nueva ley que contenga un régimen penal eficaz para la prevención y persecución de estos delitos y un nuevo organismo de control. Es necesario contar con una UIF dotada de herramientas técnicas y recursos humanos especializados y poner al frente a un funcionario probo e idóneo, que posea honestidad intelectual y valentía personal para desarrollar las tareas encomendadas. Un conductor que evite la manipulación de la información colectada e impida, como ha ocurrido y ocurre actualmente, que ésta sea utilizada perversamente con fines de persecución política o empresaria.
Todos deben realizar un análisis crítico y profesional de la experiencia acaecida y no insistir en fórmulas fracasadas como la conducción colegiada de la UIF, sistema que paralizó las actividades de control y la convirtió en una agencia de viajes a costa del erario. Constituir un organismo técnico como un cuerpo colegiado con cupo femenino es un desatino que sólo revela otro profundo desconocimiento de la experiencia nacional, ya que en las dos primeras oportunidades la UIF fue conducida por mujeres.
La condición de experto en una materia pública, cualquiera sea el ámbito que se trate, proviene del estudio crítico y de la reflexión profesional y responsable sobre las experiencias empíricas. No es igual escribir una tesis universitaria que elaborar una ley que regulará las actividades de amplios sectores económicos y que llegado el caso deberá ser aplicada por los jueces. En esto no hay margen para la superficialidad ni para la ligereza política; es hora de afrontar este gran desafío con la debida responsabilidad cívica antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: Editorial del diario La Nación, 05/05/11.
Más información:
https://www.economiapersonal.com.ar/2011/04/18/argentina-denunciaron-al-titular-de-la-uif-por-ocultar-los-giros-k-al-exterior/
https://www.economiapersonal.com.ar/servicios/servicios-bancarios/
Argentina: Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
abril 18, 2011
AML
Anti-Money Laundering
Prevención del Lavado de Dinero
Argentina
Denunciaron al titular de la UIF por ocultar los giros K al exterior
Un abogado le pidió a la Justicia que investigue los informes de países europeos contra José Sbatella. Las sospechas de lavado de dinero y los ex funcionarios en la mira.
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), el kirchnerista José Sbatella, y su segundo, Gabriel Cuomo, fueron denunciados penalmente en la Justicia por el supuesto delito de «violación de los deberes de funcionario público», se informó hoy en los tribunales.
La denuncia mencionó «el informe brindado al Congreso de los Estados Unidos por la secretaria de Estado Hillary Clinton», quien habría dicho allí que la UIF «no cumpliría con las funciones (…) ni habría informado adecuadamente los requerimientos de Suiza, Luxemburgo y Lichtenstein».
Los pedidos de esos países de Europa a la UIF referían, según la presentación judicial, a los «giros de dinero al exterior de la presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y del fallecido ex presidente Néstor Kirchner«, afirmó el abogado denunciante, Jorge Luis Vitale.
Esta no es la primera sospecha por lavado de dinero contra los Kirchner. En 2007, la Coalición Cívica denunció a Cristina y a Néstor ante el juez federal Julián Ercoloni por los supuestos «negociados» con el empresario Lázaro Báez.
Ante esta nueva denuncia, fuentes del organismo antilavado se defendieron: «Los funcionarios de la UIF ejercen sus funciones observando plenamente las obligaciones que les imponen las leyes».
El abogado Vitali reclamó en su presentación ante la jueza federal María Servini de Cubría que instruya medidas de prueba para «investigar si dichos países» europeos «y sus respectivas embajadas u otras instituciones solicitaron informes a la UIF y de ser cierto, cuál ha sido el resultado de dichos informes».
Asimismo, pidió comprobar si desde la UIF «se ha requerido esos mismos informes de los funcionarios más salientes del Gobierno Nacional», entre los que mencionó a «Ricardo Jaime, Héctor Capaccioli y los seis secretarios privados de la señora Presidente: Isidro Bounine, Julián Alvarez, Héctor Muñoz Alvarez, Fabián Gutiérrez y Julio Daniel Alvarez y Rudy Fernando Ulloa Igor (ex chofer de Néstor Kirchner)».
El abogado Vitali refirió además al «cable 1257 filtrado por Wikileaks fechado en Buenos Aires el 1 de diciembre de 2009 y firmado por la embajadora Vilma Martínez», que «incluye serias acusaciones a que una unidad antilavado clave de Argentina protegió a la pareja presidencial de ser investigada en el área de dinero sucio».
Y recordó que Hillary Clinton, al comparecer ante los parlamentarios estadounidenses, llamó la atención respecto a que «las autoridades» de Argentina «se encontrarían involucradas en hechos de corrupción«.
Fuente: Perfil.com – DyN.
Néstor Kirchner y Cristina Kirchner – José Sbatella