La obscena campaña de demolición post-mortem de Alberto Nisman, diseñada en el Gobierno y ejecutada por actores de muy alta calificación, empezando por la propia Presidenta, intenta mantener vivo –en términos políticos– al fiscal cuya muerte violenta mancha irremediablemente, y para siempre, el tramo final del gobierno de Cristina Kirchner.
Se lo mantiene vivo para difamarlo, se busca destruir su persona para refutar sus acusaciones de encubrimiento a Irán en el ataque a la AMIA, como si esa denuncia postrera de Nisman no fuese tan aleatoria y necesitada de pruebas firmes para ser sostenida.
“Lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto”, escribió la Presidenta en su segunda carta sobre el caso el 22 de enero, esbozando una fabulosa conspiración en su contra. Para contrarrestar ese supuesto ahora se lo necesita vivo.
Se pretende ignorar la muerte de Nisman porque no se puede hacer propaganda contra un muerto, así como no se le podía ganar una elección a una viuda reciente. Entonces todo vale.
Se lo acusó de conspirador y de haber buscado con su denuncia “un efecto político desestabilizador”, en una solicitada del Gobierno publicada el miércoles. Se lo tildó canallescamente de borracho, ese mismo día, en un sitio de noticias que depende del Ministerio de Justicia y que ayer pidió perdón por el error echándole la culpa a otros. La misma Presidenta había insinuado de modo profundamente discriminatorio, en su primer mensaje por cadena nacional, la existencia de una relación íntima entre Nisman y su colaborador, el imputado Diego Lagomarsino.Como estas obscenidades hubo varias más.
Vale la pena remarcarlo: la denuncia de Nisman contra Cristina, el canciller Héctor Timerman y compañía, por encubrimiento en el atentado de la AMIA, está lejos todavía de tener elementos sólidos para sostenerse. Quizá nunca los tenga, quizás sí. De aquí en adelante todo depende de lo que decida la Sala I de la Cámara Federal cuando resuelva si acepta o rechaza la apelación del fiscal Gerardo Pollicita a la decisión del juez federal Daniel Rafecas, quien una semana atrás desestimó de modo compacto y absoluto toda la presentación de Nisman.
La resolución de Rafecas se había interpretado en los tribunales como una salida política oportuna, un alivio en un momento de extrema tensión entre el Gobierno y el Poder Judicial. Igual, entre colegas de Rafecas se remarcó el carácter inusual del rechazo total a los pedidos de prueba hechos por un fiscal general.
Allí se espera ahora que los camaristas Ballestero, Farah y Freiler acepten la petición del fiscal Pollicita, declaren nula la decisión del juez Rafecas y ordenen realizar las pruebas para ver si Cristina debe ser investigada. Podrían además apartar a Rafecas del caso.
“Es muy difícil que los camaristas asuman el costo político de convalidar el cierre de esta causa sin investigar”, dice un viejo zorro de la Justicia federal. Pero se cura en salud: “Con la Sala I nunca se sabe…”. Esos camaristas habían cultivado cierta fama de afines a la Casa Rosada; aunque fallos recientes, como la inconstitucionalidad del oscuro pacto con Irán, disolverían en buena parte aquella presunción.
Lo que allí estará en juego es el aspecto judicial de este caso escandaloso. Pero el hecho que supera toda otra circunstancia es la muerte de Nisman. Es lo que perdura y pesa gravemente en términos políticos sobre la Presidenta y su gobierno. Más, cuando se tiene la impresión de que mucho de lo hecho desde que el fiscal fue encontrado muerto se orientó a confundir, distraer, desviar, diluir toda posibilidad de esclarecimiento de su muerte.
Su ex esposa, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ayer sostuvo –respaldada por el informe de un muy calificado equipo forense– que a Nisman lo mataron, que agonizó varias horas luego de recibir un disparo en la cabeza, que su cuerpo fue movido antes de que lo encontraran tirado en el baño de su departamento.
El informe de Arroyo Salgado cuestiona profundamente lo que hasta ahora es la historia oficial de la muerte de Nisman. No es en sí mismo la verdad, sino sólo una hipótesis que debe ser corroborada. Aunque suena coherente frente al desbarajuste, las contradicciones y los insondables agujeros negros en la investigación que lleva la bien intencionada fiscal Viviana Fein.
La pesquisa oficial ya acumula casi siete semanas sin poder comprobar la hipótesis inicial del suicidio. En ese tiempo se acumularon pruebas sobre el descontrol de la escena de la muerte de Nisman, lo que abre espacio a todas las sospechas. Varias de ellas están contenidas en el informe de Arroyo Salgado, que ya forma parte del expediente.
Un juez federal que viene siguiendo con detalle el caso interpretaba anoche que las afirmaciones de su colega Arroyo Salgado “si se sostienen técnicamente son una bomba de neutrones”. Y se preguntaba si “el oficialismo o la oposición tendrán una respuesta” coherente frente a la conmoción que podría suponer la certeza del asesinato de Nisman.
Esa certeza ya está anidada en vastos sectores sociales, según muestran los sondeos de opinión. La responsabilidad, inevitable, recae en el Gobierno, que tan poco y tan mal parece estar auxiliando a la Justicia en esta investigación.
Alrededor de la denuncia y de la muerte de Nisman se mueven competencias y conspiraciones sordas entre jefes y agentes de inteligencia. Algunos permanecieron más de diez años al servicio del kirchnerismo como el ahora defenestrado Jaime Stiuso, un pez gordo que el Gobierno todavía no consigue terminar de sacar del agua. Otros siguen obedeciendo de alguna manera oblicua a la Casa Rosada, mientras un viento de fronda barre las estructuras de la vieja SIDE, ahora devenida en Agencia Federal de Inteligencia.
Al amparo de esa reforma poco más que formal, timoneada por el fiel secretario kirchnerista Oscar Parrilli, se está propiciando el salto en paracaídas de centenares de nuevos agentes, designados por las estructuras políticas del oficialismo. La idea es que esos hombres y mujeres queden sembrados en las estructuras de inteligencia más allá del cambio de gobierno en diciembre. La oposición ya anunció que, si le toca gobernar, revisará todos esos nombramientos. Se dice fácil, después hay que hacerlo.
Se habla sobre todo del aporte que estaría haciendo La Cámpora a esa estratégica ocupación de territorio. Pero no es justo demonizar a la agrupación que conduce Máximo Kirchner, porque la llegada de esos agentes de inteligencia de última hora reconoce también otros afluentes internos.
Movimientos sociales que orbitan en el universo kirchnerista estarían enviando a sus postulantes. Una fuente partidaria oficialista de alto nivel aseguró a Clarín que a los intendentes fieles del Gran Buenos Aires les están pidiendo listas de nombres de confianza para incorporar a las oficinas del espionaje. Y hasta el inoxidable ministro Julio De Vido habría colectado un pelotón de cuadros propios para enviar a la flamante Agencia, comandados por un colaborador suyo de extrema cercanía.
Ese es el tenor y la calidad de los espías que el oficialismo espera dejar atornillados cuando llegue el cambio de mando. Es parte del caramelo envenenado que la Presidenta le dejará de regalo a su sucesor.
Pero con reforma y desembarco militante incluidos, el recelo de Cristina a la estructura del espionaje estatal no parece haber cambiado. A los expertos no dejó de resultarles llamativo que la Presidenta haya concurrido el domingo pasado a inaugurar las sesiones del Congreso rodeada por un anillo de custodios formado por personal del Ejército, no de la Policía Federal. Esos hombres, flor y nata de la inteligencia militar, están bajo órdenes directas del teniente general César Milani, su verdadero hombre de confianza.
AMIA, Nisman, SIDE, Stiuso, Milani, Cristina. Son nombres del drama que nos ocupa. Sujetos de una política que se empeña en ser circular, y que parece así condenada a repetirse a sí misma.
Voceros oficiales o cercanos al oficialismo habían tratado en las últimas horas al fiscal muerto de loco y de borracho. Sólo un loco, en efecto, podría firmar dos documentos totalmente contradictorios sobre el papel que cumplió el gobierno argentino frente a Irán, como lo dijo la propia Presidenta y como lo repitieron sus voceros oficiales u oficiosos. Una secretaria de Nisman debió aclarar que el contexto era distinto entre un documento y otro. Un sitio de Internet oficial del Ministerio de Justicia confundió (¿por error?) la cantidad de alcohol que tenía en sangre con la que tenía en el estómago. Son dos cosas absolutamente distintas.
Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, activó ayer un nuevo y dramático giro en la política y en la sociedad cuando afirmó que su ex marido no se suicidó. Su teoría (o su certeza) coincide con la opinión de una importante mayoría social, que siempre sostuvo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora el «magnicidio» era una hipótesis de la política y de vastos sectores sociales que carecía de respaldo técnico. Arroyo Salgado proporcionó a esa teoría argumentos científicos.
Pase lo que pasare en adelante en la Justicia, es probable que tanto la política como esas franjas sociales hayan hecho suya definitivamente la hipótesis de la jueza. Esto es: a Nisman lo mataron cuatro días después de hacer la denuncia política más explosiva que recibió el kirchnerismo y un día antes de exponer las pruebas de esa denuncia ante el Congreso.
Los supuestos criminales de Nisman se encontraron con un complicado obstáculo: la madre de las hijas de Nisman es abogada y jueza.
Sabe, por lo tanto, cuáles son los caminos que pueden conducir a esclarecer una extraña muerte. Arroyo Salgado colocó a la Presidenta, además, en la peor de las situaciones: explicar qué pasó para que muriera violentamente el fiscal que acababa de acusarla.
Nadie está culpando directamente a Cristina Kirchner de esa muerte, pero su responsabilidad política sería innegable si realmente fuera un crimen. Nisman fue metódicamente calumniado y difamado durante los cuatro días que transcurrieron entre su denuncia y su muerte.
Nadie en el Estado se tomó el trabajo de reforzar su custodia después de que hizo graves imputaciones a los gobiernos argentino e iraní. Al revés, hubo una sospechosa ausencia de su custodia durante las posibles 24 horas en las que Nisman estuvo herido y muerto, según la aseveración de su ex esposa, hasta que lo encontraron su madre y un cerrajero de ocasión. ¿Diez custodios para semejante ausencia de custodia? El cuadro describe más que nada a una zona liberada por la policía.
Servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo el israelí, atribuyeron desde el primer momento a sicarios iraníes, con colaboración local, la muerte del fiscal (NdE: Y quizás por encargo local).Nisman fue hallado muerto, además, en medio de un escándalo de luchas internas entre los inescrutables servicios de inteligencia locales.
Podrían haber sido agentes extranjeros, pero también podrían haber intervenido sectores locales dispuestos a hacerle un supuesto favor al gobierno argentino. Todo es posible, o cualquier inferencia es posible, porque la investigación de la justicia local camina demasiado cansinamente.
El informe de los peritos nombrados por Arroyo Salgado parece disentir del de los peritos oficiales. La disidencia existe en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, la conclusión del departamento forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, difiere en el tono y en la repercusión pública, pero no en la esencia.
De hecho, el informe que recibieron los jueces de la Corte señaló siempre que el caso de Nisman sería un suicidio único en la historia, si es que fue un suicidio.
Esos forenses subrayaron, en sus informes verbales, que la muerte de Nisman no siguió ninguno de los protocolos establecidos por la historia de los suicidas. Dicen más o menos lo mismo, aunque los peritos oficiales nunca escribieron lo que dijeron.
La teoría del asesinato de Nisman es también la teoría de una porción mayoritaria de la Justicia.La marcha de los fiscales fue una prueba de esa sospecha o de esa certeza. ¿Se marcha por las calles y se convoca a la sociedad sólo para rendir homenaje a una persona que decidió poner punta final a su vida? No, seguramente. Arroyo Salgado es también una exponente cabal de ese cuerpo profesional que integran jueces y fiscales. La hipótesis del suicidio común se encierra en un círculo cada vez más pequeño.
El caso se inscribe, además, en un cuadro donde sobra desidia y falta eficacia. ¿O no es raro, acaso, que la Justicia no haya podido establecer ni siquiera si fue suicidio o crimen un mes y medio después de la muerte de Nisman? ¿No es escandaloso que la fiscal Viviana Fein haya dicho, hace muy pocos días, que no tiene una hipótesis cierta sobre esa muerte? ¿No es más escandaloso aún que la propia fiscal Fein haya admitido ayer que hubo un tiempo largo de tres horas entre cuando lo encontraron muerto a Nisman y cuando ella llegó, y que no sabe qué paso en esas horas interminables? No sabe ni siquiera si movieron el cuerpo inerte de Nisman; es decir, no sabe si cambiaron la escena de un supuesto crimen. Ese dato es clave en cualquier pesquisa.
La hipótesis de Arroyo Salgado podría tener otras consecuencias. La primera de ellas es que el caso de la muerte de Nisman debería pasar, si fueran ciertas todas las afirmaciones de la jueza, a la justicia federal y abandonar la justicia de instrucción.
De hecho, ya debió pasar a la justicia federal. Muerte dudosa (según la carátula de la causa) de un fiscal federal. Suficiente para ser un caso federal. Arroyo Salgado ya hizo una primera presentación ante la justicia federal, cuando denunció un mensaje implícito en un ejemplar de la revista Noticias que mostraba la cara de Nisman con una mancha en la cabeza. La denuncia está en manos del juez federal Luis Rodríguez, con fuertes lazos con la conducción desplazada de la ex SIDE.
No será ésa la única secuela. Aun cuando es cierto que los jueces deben resolver sobre lo que está en el expediente que analizan, también es verdadero que los condiciona el contexto en el que se mueven.
La denuncia de Nisman, que desestimó el juez Daniel Rafecas, cayó ahora en la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Es la sala más cuestionada de la Cámara Federal por su antigua cercanía con el oficialismo, aunque últimamente resolvió casos contra los intereses del Gobierno.
Si la denuncia de Nisman fue la obra de un trastornado, como se deslizó en el oficialismo y en algunos, pocos, despachos judiciales, ¿por qué, entonces, alguien estuvo interesado en matarlo, como asegura su ex esposa? Ése es el peso simbólico que caerá sobre los jueces de la Cámara Federal.
La denuncia y la muerte de Nisman rompieron la placidez del verano. Y serán, tal vez, las únicas compañías seguras que tendrá Cristina Kirchner hasta el último día de su poder. Haga lo que haga, diga lo que diga.
«Nisman fue víctima de un homicidio sin lugar a duda», afirmó la magistrada. Y agregó que esta teoría «se encuentra respaldado con rigor científico» y que «descarta con contundencia la hipótesis de accidente y de suicidio».
En el edificio del viejo Consejo Deliberante de San Isidro, la magistrada brinda una conferencia de prensa dando los resultados del trabajo realizado por el grupo de peritos encabezado por el prestigioso forense Osvaldo Roffo, junto al médico Julio Ravioli, el criminalista Daniel Salcedo, el psiquiatra Ricardo Risso y el informático Gustavo Presman.
«Como ya todos saben la querella la integramos en forma conjunta Sara, la mamá de Alberto Nisman, y yo en representación de nuestras hijas de 8 y 15 años de edad, en nombre de ellas yo les agradezco que se hayan acercado a este espacio para conocer e informar a la gente las conclusiones a las que llegamos después de un mes de trabajo que fue muy difícil y doloroso para todos nosotros poder llevar adelante«, afirmó al inicio de la conferencia.
Arroyo Salgado presenta a las pericias como «verdades científicas», que van en línea de abonar a la hipótesis del homicidio, acompañanada en el lugar por todo el equipo encabezado por el doctor Roffo. Casi una hora después de lo previsto, la magistrada llegó al edificio y fue recibida por el apoyo de vecinos que le gritaban: «Fuerza, no afloje».
El informe de más de cien hojas fue presentado en el expediente judicial y apunta a aportar en la búsqueda de «la verdad objetiva y científicamente comprobable a partir de la evidencia física», sobre la base del «informe forense realizado sobre el análisis de la evidencia del lugar del hecho, la operación de la autopsia y pericias complementarias».
Y parte de «la base de fotos y videos tomados el día del hallazgo sin vida por parte de Prefectura Naval y la Policía Federal, más el análisis de fotos y videos tomados por el análisis de fotos de la autopsia, a lo que se agregan informes medicos y balísticos llevados a cabo por peritos oficiales», agregó.
Arroyo Salgado sostuvo que sólo se referirá a las conclusiones del informe y no responderá preguntas de los periodistas presentes en la sala.
«Me permito hacer algunas objeciones a título personal, en el rol de querellante. no se hizo saber a los familiares presentes en el lugar del hecho al momento del hallazgo sin vida de Nisman que tenían derecho a participar de la autopsia con la intervención de peritos de parte, lo cual hubiera contribuido a fortalecer el proceso pericial en miras de la búsqueda de la verdad», subrayó.
Y cuestionó que no se atendió a «los pedidos realizados a distintos funcionarios del Ejecutivo», presentes en el lugar, ni «los pedidos por escrito en el juzgado como en la fiscalía interviniente con carácter previo a que la autopsia concluyera».
«La falta de participación de peritos de parte en la autopsia de Alberto Nisman en conclusiones precipitadas e inequívocas allá sido funcional a los homicidas», sostuvo.
«Como familia y miembro del poder judicial de la nación anheló que el trabajo de los forenses sea el hito fundacional a partir del cual la investigación encuentre el cauce que hoy no tiene hacia el esclarecimiento de la verdad», sentenció.
En apenas 30 minutos, Arroyo Salgado fue contundente al sostener que «Nisman no sufrió un accidente, no se suicidio, sino que lo mataron y se trata de un magnicidio de proporciones desconocidas, que merece respuestas por parte de las instituciones de la República».
Y concluyó con una reflexión a título personal, pidiendo por la ética profesional para el tratamiento del caso.
Las tres contradicciones de la pericia con el expediente de Fein
Arroyo Salgado expuso diferencias respecto a la hora de la muerte, la agonía del fiscal y la posición en que fue hallado.
Ex esposa y querellante. Sandra Arroyo Salgado. Foto: Maxi Failla.
En su electrizante conferencia de prensa, la ex esposa de Alberto Nisman afirmó que el fiscal fue asesinado. Tal como había adelantado en las últimas semanas, su exposición fue breve, y sólo compartió los datos cuya difusión, a su juicio, no entorpecerá la investigación judicial.
El informe de Arroyo Salgado presentó tres contradicciones con la información que difundió la fiscalía respecto a las pericias que constan en el expediente y que fueron realizadas por el Cuerpo Médico Forense. Son las soguientes:
Nisman agonizó.
Según aseguró la ex mujer de Nisman en su presentación de las conclusiones de su pericia, el fiscal no murió de inmediato. «No existió espasmo cadavérico, es decir que hubo agonía», dijo. Arroyo Salgado argumentó que la agonía se pudo comprobar por «la copiosa hemorragia externa».
El cuerpo fue movido
«La posición en la que fue encontrada el cuerpo no fue la final», dijo Arroyo Salgado. El dato buscaría relativizar posibles conclusiones de la fiscal Fein y la jueza Palmaghini que pudieran basarse en la forma en que fue hallado y fotografiado Nisman. No dijo, en cambio, si ese supuesto movimiento del cuerpo pudo haber sido causado por el intento por parte de abrir la puerta para entrar al baño en donde yacía el fiscal, o ella supone que el hipotético asesino lo «acomodó» en su posición final.
La hora de la muerte
La pericia de la querella, cuyos ejes centrales presentó ayer Sandra Arroyo Salgado, afirma que el cuerpo de Nisman «se hallaba en sangre y laxo al momento del inicio de la autopsia». Según afirmó la jueza federal de San Isidro, eso implicaría que la data de muerte «es de 36 horas, más o menos, a partir del inicio de la autopsia«. Como ese análisis de hizo a las 8 de la mañana del lunes 19 de enero, Nisman habría muerto en la noche del sábado 17.
Las coincidencias
Las pericias de la querella sí coincidieron con la información que consta en la causa respecto de otros puntos: Nisman murió a causa de un disparo causado por una pistola Bersa calibre .22 como la que fue hallada en Le Parc y que «presenta signos de haber sido usada en el hecho»; no había pólvora en las manos del fiscal y, contrariamente a lo que había informado el portal oficial Infojus, Nisman no estaba ebrio: «La pericia toxicológica indicó la presencia de benzodiacepina de uso habitual de la víctima en cantidades indeterminables, cafeína en cantidades indeterminables y alcohol en contenido gástrico, compatible con una mínima ingesta de bebida alcohólica o con la fermentación natural de elementos ingeridos. No se demostró la presencia de alcohol en vísceras, sangre u orina».
El caso Nisman languidece. Su denuncia por encubrimiento del caso AMIA contra la Presidente, el canciller y un legislador, entre otros, fue desestimada de modo veloz y contundente por el juez federal Daniel Rafecas. Nisman apareció con un balazo en la cabeza, cuatro días después de presentar esa denuncia y a horas de ratificarla en el Congreso Nacional. Así, ambos hechos, denuncia y muerte, quedaron ligados para siempre. Si la denuncia no tenía asidero, si era fácilmente desechable, ¿por qué el Gobierno reaccionó con inusual violencia contra el fiscal y hasta habló de un “Partido Judicial”? ¿Por qué esta muerto Nisman?
La respuesta a estas preguntas empezó a perderse ya entre recambios de gabinete y testimonios tardíos de los funcionarios que invadieron la escena del crimen, ayudaron a convertirla en el zafarrancho que describieron en su momento la fiscal Viviana Fein y los testigos, y sembraron de sospecha la investigación del crimen político más grave de los últimos treinta años de democracia. Al salir de declarar el jueves en la fiscalía, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, dijo que hizo todo bien en el departamento de Nisman, donde no tenía nada que hacer. La fiscal, en cambio, admite que no puede garantizar que se haya preservado la escena del crimen. Si es así, todo es confuso y sospechado.
Aquella fiscalía que se bebía los vientos en los días que siguieron a la muerte de Nisman, se ha llamado a una tarea más lenta y rutinaria, acaso más rica pero más sumida y cautelosa. Los amigos, colegas e íntimos de Nisman también han silenciado sus voces que no sólo exigían conocer la verdad, sino que afirmaban tener certezas sobre cómo había muerto el fiscal. El cómo conduciría al por qué. Pero todo se ha tornado perezoso y hermético.
Además, el Gobierno, en un giro todavía inexplicable, dispuso investigar la llamada pista siria del atentado a la AMIA, atentado que también investigaba Nisman. La decisión del Gobierno de volver a poner la mira en Siria es la ratificación por otra vía del llamado Memorándum de Entendimiento con Irán, que tendía a anular, aseguraba Nisman, toda sospecha sobre la participación de ese país en el atentado. Y es algo más de alcances todavía inciertos si se tiene en cuenta que fue con el presidente sirio, Bashar al-Assad, con quien el canciller Héctor Timerman se reunió en Alepo, Siria, para dar el primer paso hacia la “reconciliación” Argentina con Irán.
La pista siria fue descartada hace once años por el entonces presidente Néstor Kirchner, que eligió a Nisman como fiscal único y especial del caso AMIA, le puso como ladero al hoy defenestrado agente de inteligencia Antonio Stiusso, y responsabilizó a Irán ante las Naciones Unidas de haber tomado parte de alguna forma en el ataque a la AMIA. Volver a esa pista es también gritarle en la cara al Poder Judicial que ha desperdiciado veinte años de investigación, lo que le da al Gobierno razones de sobra para acusarlo de inoperante e impulsar una reforma que estaría en manos de facciones del Poder Judicial afines al kirchnerismo. Poco importa que doce de esos veinte años transcurrieran bajo la gestión de Kirchner y de la actual Presidente. Si no encerrara una tragedia, sería un paso de comedia.
De esta forma casi inadvertida, el caso Nisman sigue la impronta de los grandes crímenes políticos: la debilitación lenta de la investigación, el desaliento a fuerza de confusión, de golpes de efecto y de pruebas dudosas, hasta el olvido final.
Ese es el molde que siguen, en general, los magnicidios o los grandes crímenes en los que un Estado, cualquiera, se ve afectado o sospechado de haberlos cometido a través de sus organizaciones, agencias o agentes. Lo primero que hace un Estado en esos casos es buscar de inmediato un culpable e intentar borrar las huellas de su participación, si la tuvo, u ocultar, desviar o eludir los errores que facilitaron o no evitaron la comisión del delito.
Desandar luego ese camino es imposible. Las tapaderas siempre huyen hacia adelante, las investigaciones se tornan un laberinto, las pruebas se alteran, se pierden, se destruyen, se modifican; todo se torna intrincado, indescifrable y oscuro, hasta llegar a la irónica conclusión del investigador de un magnicidio del siglo pasado: “Sé todo sobre el asesinato, menos qué pasó y quién lo hizo”.
Así se hace carne la sentencia que afirma que en la Argentina, cuando un crimen roza al poder, queda impune. La frase tiene su exacto correlato inverso: en la Argentina, si un crimen queda impune, es porque roza al poder.
Pasó con el atentado a la AMIA. Según quedó evidenciado en el juicio, la entonces SIDE se lanzó a tapar chapucerías como la de sus agentes, que perdieron la camioneta que sería usada como coche bomba setenta y dos horas antes del atentado. Pero hay teorías que ponen en duda la existencia de un coche bomba y afirman que los restos hallados entre los escombros fueron “plantados”. La confusión diluye.
Las todopoderosas agencias de espionaje, o de seguridad, o de investigaciones, sin control efectivo del Estado o sin una misión más específica y valiosa que la de meterse en las alcobas de las gentes, tampoco ayudan a generar confianza, amparo o certezas cuando un crimen afecta o implica a un gobierno. Por el contrario, tienden a ponerse por encima de la ley. Y también de los gobiernos.
En la película “Hombres de negro”, el personaje que encarna Tommy Lee Jones explica a su compañero que la agencia privada para la que trabajan, la MIB, está por encima de la ley y protege a los ciudadanos para que no accedan a saber lo que ellos saben: una amenaza se cierne sobre la Tierra. Jones le dice a su socio: “La única forma de que esa gente siga adelante con sus vidas felices, es que no sepan nada de esto”.
La ficción copia a la realidad y no al revés.
Un estado en problemas por un crimen político tapa, miente, oculta si se ve amenazado por sus propias torpezas. O, en cambio, cree que la verdad, cualquiera sea, puede ser peligrosa para los ciudadanos que no deben, no merecen, o no pueden procesar esa verdad. También puede ocurrir que esa verdad sea tan diabólica que su sola revelación haga peligrar la subsistencia misma de un gobierno o de un Estado y por eso debe ser callada. Tal vez la investigación por la muerte del fiscal se dirija, como un barco torpe y lento, hacia esas arenas que lo harán encallar.
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
Las razones de Rafecas para prestar esos servicios pueden ser complejas. Es posible que la más determinante haya sido que, para él, el planteo de Nisman tenía severas inconsistencias. Especialistas prestigiosos con los que este juez suele identificarse -Zaffaroni, Maier, Arslanian, Moreno Ocampo- sostuvieron esa tesis. Subrayaron que Interpol desmintió que Héctor Timerman haya pedido alguna vez el levantamiento de las alertas rojas contra los acusados iraníes. Al revés, informó que en varias oportunidades Timerman aclaró que, contra lo que sostenía el régimen de Ahmadinejad, eso no era materia del acuerdo. También advirtieron que el agente Allan Bogado había sido denunciado por la Secretaría de Inteligencia como falso espía. Y, en la línea de lo que afirmó Antonio Stiuso ante Viviana Fein, descartaron que las conversaciones entre D’Elía, Esteche y Khalil involucraran a funcionarios del Gobierno.
Quiere decir que, para Rafecas, las imputaciones de Nisman carecían de valor penal. Apenas tendrían, llegado el caso, algún mérito historiográfico. Es curioso que para sostener ese argumento también él haya plagado su escrito de consideraciones políticas y confesiones personales. En este aspecto, Rafecas imita y supera a Nisman. El juez sostiene, por ejemplo, que la señora de Kirchner no podría ser cómplice de los iraníes porque es «una figura política que a lo largo de veinte años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda de proveer verdad y justicia». La excusa es casi tan insólita como afirmar que Timerman está libre de culpa por ser judío. Una condición que para el rabino Sergio Bergman, por ejemplo, en vez de impedir, agravaría el comportamiento atribuido al canciller por Nisman.
Si se hicieran pasar esas manifestaciones de obsecuencia por la lupa con que el filólogo Aníbal Fernández analizó la denuncia de Nisman, se podría concluir que también a Rafecas le escribieron el dictamen. Es lo que sugiere la orden de habilitar una feria cuya finalización había ocurrido 26 días atrás. Es decir, cuando el magistrado estaba de vacaciones. Con otra curiosidad: como demostró en esta causa María Servini de Cubría, no es frecuente que se interrumpa la feria para dictar una absolución. Trivialidades. Para Rafecas son trivialidades. Ayer aclaró que trabajó en soledad y sin presiones.
Hay otros rasgos inesperados en el fallo. En una serie de reflexiones encabezadas con la frase «en lo personal?», el juez necesita recordar su lucha contra el antisemitismo, que iguala a la de Nisman. Después aprovecha el expediente para enviar sus condolencias a la familia del colega muerto.
Los esfuerzos que hace allí Rafecas por salvar la imagen de Nisman contribuyen a una confusión. Nisman fue el denunciante, no el fiscal del caso. El encargado de la acusación es Gerardo Pollicita. Es a él a quien el juez debe refutar. En otras palabras: aun cuando su presentación fuera un exabrupto político, no había por qué pedir a Nisman una fundamentación exhaustiva del crimen que estaba describiendo. Tampoco Pollicita la ofreció: apenas pidió que se estudie la acusación a la luz de nuevas pruebas.
Es curioso que, entre los muchos caminos que tenía, Rafecas se haya negado a abrir la investigación. Podría haberse excusado de intervenir en el caso. Tenía un motivo razonable: en 2011, en la Hebraica, afirmó que «Irán financia organizaciones antisemitas» y que «D’Elía no es ajeno». A propósito: ¿no es raro que D’Elía no haya aprovechado este antecedente para recusarlo?
Rafecas también podría haber delegado la pesquisa en el fiscal, como hizo cuando tuvo que juzgar a Amado Boudou en el caso Ciccone. Pero prefirió cortar de cuajo toda sospecha. Ahora corresponde a la Cámara Federal evaluar si esa opción fue la correcta. Si los camaristas no lo hacen, se notará más la brecha que existe en Tribunales. Para ponerlo en términos de Cristina Kirchner: en el golpe judicial comienzan a aparecer «rebeldes» y «leales».
Sin embargo, en un fuero como el federal penal de la Capital, en el que buena parte de las decisiones se explican por factores ajenos a los expedientes, conviene recordar el contexto en el que Rafecas decidió sobre la Presidenta. El dato más obvio es que tuvo que resolver la situación de una imputada que está en condiciones de sacarlo de la Justicia desde el Consejo de la Magistratura. Un detalle que, según él, no lo incomodó. Aun cuando allí esté acusado por cerrar una causa en la que se denunciaban subsidios arbitrarios a productores cinematográficos que beneficiaron a su hermano. Entre otros cargos.
También hay que consignar que Rafecas protagoniza un feroz enfrentamiento con los abogados Darío Richarte y Diego Pirota, de estrecha relación con Stiuso, el espía en quien abrevaba Nisman. Esa enemistad nació en los albores del kirchnerismo, cuando Rafecas vapuleó a Fernando de la Rúa y, sobre todo, al ex jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI) Fernando de Santibañes en el juicio por las coimas del Senado. Esa embestida era avalada por Alberto Fernández, uno de los promotores del ingreso de Rafecas en la Justicia. Richarte y Pirota, que eran colaboradores de Santibañes en la SI, terminaron siendo sus abogados.
Durante el proceso ocurrió un hecho extravagante. En una audiencia con el juez, uno de los senadores acusados le explicó: «Doctor, sobre nosotros se dicen infamias. Igual que sobre usted, que está acusado de cobrar 600.000 dólares por dar prisión domiciliaria a dos narcotraficantes serbios». Cayó el telón.
Un larguísimo pasaje de la absolución a De la Rúa y Santibañes condenó la conducta de Rafecas en aquel procedimiento. A raíz de esas críticas se abrió una causa contra él en el juzgado de Luis Rodríguez. Es el magistrado al que recurrieron Stiuso y Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, para denunciar amenazas.
Otra consecuencia de aquel caso es que algunos radicales se la tienen jurada a Rafecas. Bastaría que coincidieran con el kirchnerismo en el Consejo para que el juez quede desplazado.
Para cerrar el círculo hay que mencionar que Richarte y Pirota fueron los abogados de Boudou delante de Rafecas. El encono con ellos volvería coherentes dos actuaciones en apariencia contradictorias: la persecución a Boudou y el perdón a la Presidenta.
El entorno de la decisión que favoreció a la Presidenta vuelve a advertir sobre un fenómeno inquietante que se verifica en la Justicia en su relación con la política: la culpabilidad y la inocencia no siempre dependen de las pruebas. La mayoría de las veces son el resultado de una azarosa guerra de facciones. Pero Rafecas dice que ése no es su caso.
Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
El juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina
(IN) JUSTICIA. El fiscal muerto el 18 de enero había acusado a la Presidenta y a funcionarios dirigentes K de presunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.
Por Natasha Niebieskikwiat.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy la denuncia presentada ante la justicia por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Hector Timerman y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas.
Nisman los había acusado de presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA; lo hizo el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su dudosa muerte.
La denuncia fue presentada ante el juzgado de Ariel Lijo. Y luego de que la jueza Servini de Cubria abriera la feria judicial, la denuncia cayó el juzgado de Rafecas.
Altas fuentes judiciales indicaron a este diario la decisión del juez que ya estaría firmada pero se desconocen sus argumentos judiciales de la denuncia que más conmovió al país en el último tiempo. De hecho, el fiscal Pollicita imputó a la mandataria por esta denuncia.
El juez Rafecas rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán
El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho el fiscal Gerardo Pollicita sobre la base de la presentación del ex titular de la UFI-AMIA
El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho semanas atrás el fiscal Gerardo Pollicita.
El fiscal había entendido que la presentación de su colega fallecido para investigar si el pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia federal. Sin embargo, Rafecas no hizo lugar al dictamen de Pollicita, quien ahora podrá apelar esa decisión.
En una extensa resolución, a la que accedió LA NACION, el juez entendió que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman.
«Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente», explicó Rafecas.
El magistrado consideró que el análisis de los elementos «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto «plan criminal» denunciado».
Y agregó: «Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas».
Nisman había presentado la denuncia contra la jefa del Estado, el canciller Héctor Timerman , el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, el activista Fernando Esteche, entre otros, el 14 de enero pasado, en el juzgado de Ariel Lijo. Cuatro días después, el fiscal de la causa AMIA apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc.
La Casa Rosada vacía. Cristina a más de 400 kilómetros, en Chapadmalal. Los funcionarios en sus casas y la TV Pública pasando un programa para chicos. Esa fue la respuesta del Gobierno a las impresionantes marchas de silencio que recordaron la muerte del fiscal Nisman y desafiaron las provocaciones del kirchnerismo. Los demonizados fiscales fueron apenas un puñadito en un mar de gente.
En el mismo día en que centenares de miles de argentinos ganaron la calle a una misma hora en todo el país exigiendo que se termine la impunidad, la Presidenta inauguraba por tercera vez la central Atucha II, rebautizada Néstor Kirchner. Hasta ahí llegó su propia marcha.
Si nos guiamos por lo que dijo, más lejos llegó en su esfuerzo por cambiar el eje de la convocatoria: denunció “un mundo de intereses que quieren que nos subordinemos y mandarnos y se enfrentan con un gobierno como éste, que no permitirá que nadie le marque la cancha”.
Cristina hace tiempo que vive en otro mundo y quiere hacernos creer que el mundo es ése que ella ve o que ella cuenta. Ahora el mundo es Estados Unidos e Israel y los servicios de inteligencia de los dos países que, dice, están operando en la Argentina y, sin decirlo, que están detrás de la muerte de Nisman.
El kirchnerismo no tiene nada que ver. Es una víctima. Aquí correr el eje es igual a admitir que no tiene ninguna respuesta.
Como con otras marchas, el Gobierno trabajó para que fracasara y el que fracasó fue el Gobierno. Y la lluvia, que podía haber sido un impedimento, fue en realidad un aliciente: la gente quiso mostrar que iría a la convocatoria aunque lloviera y llovió por momentos torrencialmente.
Igual que en toda movilización, hubo casi tantas razones para participar como participantes. Convocaron los fiscales porque sienten que lo que le pasó a uno de ellos que investigaba al poder puede pasarle a cualquiera. Necesitan el respaldo de la gente.
Y los acompañaron cientos de miles. Unos por miedo, porque piensan que esta muerte puede ser parte de una guerra de bandas instalada en el Estado. Otros por miedo y bronca: no pueden creer que el fiscal Nisman haya sido encontrado muerto cuatro días después de denunciar a la Presidenta.
También por un sentido de responsabilidad institucional: la división de poderes está amenazada. Y por el futuro: nadie quiere que el país de nuestros hijos esté dominado por mafias que se tiran con cadáveres.
Sería grave que el Gobierno no escuchara los mensajes de la marcha. Los antecedentes no permiten hacerse ilusiones.
Cientos de miles de personas marchan en todo el país en homenaje al fiscal Nisman
La marcha del 18F. Bajo una lluvia torrencial, se movilizan desde el Congreso a Plaza de Mayo unas 400.000 personas, según el último cálculo de la Policía Metropolitana. La multitud es encabezada por fiscales y familiares de Nisman. Además, hay multitudinarias concentraciones en ciudades del Interior como Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata.
Bajo una lluvia por momentos torrencial, una multitud participa de la Marcha del Silencio, que se moviliza desde la Plaza de los dos Congresos a Plaza de Mayo. La columna es encabezada por fiscales y la familia del fiscal Alberto Nisman, muerto hace un mes.
La Policía Metropolitana estimó en su último cálculo en unas 400.000 personas la concurrencia, aunque en realidad el cálculo final es difícil de realizar porque mucha gente participó de algún tramo de la marcha y se retiró en medio de las tormentas.
Las convocatorias también son masivas en el Interior del país, especialmente en las ciudades de Mar del Plata, Rosario, Santa Fe y Córdoba.
El inicio de la marcha quedó pasado por agua. Unos 15 minutos antes de las 18, el horario de salida previsto desde la Plaza del Congreso, una fuerte tormenta que se extendió de manera intensa durante media hora marcó el primer tramo de la manifestación.
La partida fue algo desordenada en ese contexto y se concretó unos minutos antes, entre los aplausos que funcionaban como un pedido de apuro. Con una bandera negra con la inscripción en blanco “Homenaje al fiscal Nisman, marcha del silencio”, visible por un corralito para abrir espacio armado por una suerte de guardaespaldas con remeras que los identificaban, el sindicalista Julio Piumato dio la orden de arrancar.
No hubo palabras en ese momento, sólo se escuchó el grito de “Justicia, Justicia” de los manifestantes en plena tormenta. En la primera fila aparecieron los fiscales Raúl Plee, Carlos Stornelli, Germán Moldes, Guillermo Marijuán y José María Campagnoli, entre otros.
Unos metros más atrás, con menor visibilidad, la jueza y ex mujer del fiscal, Saldra Arroyo Salgado, marchó con otros miembros de la familia. Y dirigentes de la mayor parte del arco opositor lo hicieron en otros puntos, aunque la lluvia obligó a algunos a apartarse y volver al rato.
Los bares y entradas de los edificios de Avenida de Mayo quedaron abarrotados de manifestantes que pretendían refugiarse de la lluvia. Algunos abandonaron la marcha por las calles aledañas, la mayoría permaneció en el lugar y comenzó a avanzar a paso lento, entre los paraguas que dificultaban la caminata hasta la Plaza de Mayo.
Ramona, una empleada administrativa del microcentro que participa de la movilización, dijo a Clarín que resolvió sumarse porque está «indignada, cansada de que en este país no haya nunca soluciones, solo problemas».
Laura, una señora que también marchaba hacia la Plaza de Mayo, agregó: «Este país no da para más. Espero que sze haga justicia».
Marcelo, quien vino especialmente desde La Plata para participar de la movilización con un cartel que dice «CFK Asesina», completó: «Estoy indignado porque no puede ser que lo que le paso a Nisman ocurra en democracia. Ojalá esto nunca más se repita».
La muerte de Nisman: para un senador K, fue un «crimen pasional» cometido por Lagomarsino
La muerte del fiscal Nisman.
Es la hipótesis que lanzó el misionero Salvador Cabral, del Frente para la Victoria: «Producto de un amor homosexual, donde el marido que es el flaquito -por Lagomarsino- que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente».
El misionero Salvador Cabral, del Frente para la Victoria, lanzó una nueva hipótesis sobre la causa que produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman. Antes de entrar en detalles, y según el relato que Cabral hizo en una entrevista a Radio República, el fallecimiento del fiscal que investigaba la causa AMIA y había acusado de la Presidenta de encubrimiento, «es un cadáver que la mafia de los servicios de informaciones que trabajaban contra el gobierno le tiró al gobierno para provocar un desgaste abrupto, creyendo que con eso se iba a producir una crisis política de profundidad, que no se produjo».
Pero tras esa introducción, fue al grano y caratuló la causa directamente como un «crimen pasional». El senador K tomó como referencia la declaración que publicó Clarín la testigo Natalia Fernández. «Una testigo dijo que ella llegó y se encontró con un ambiente de festichola. Pero la tesis que desprende de lo que ella dice es que ese fue un crimen pasional entre un amor homosexual, donde el marido que es el flaquito -en referencia a Lagomarsino- que le llevó la pistola, lo encontró en situaciones amorosas al muerto y le pegó un tiro en la cabeza amorosamente», dijo. El senador afirma que esto es lo que va a salir en los próximos días porque ya lo anunció la testigo.
El portal de noticias MisionesOnline agrega que Cabral, al ser consultado por la culpabilidad de Jaime Stiuso en la supuesta trama pasional que plenteó, dijo que «Stiuso lo único que hizo fue aprovechar la situación para transformarlo en una figura política. El es amigo del que llevaba el revólver. Cuando se encontró con esa situación, (Stiuso) dibujó todo el hecho».
Al rechazar la denuncia de Alberto Nisman, el juez Daniel Rafecas alejó a Cristina Kirchner de dos hogueras. No sólo negó que la Presidenta haya encubierto el atentado contra la AMIA. De un modo menos directo, y tal vez involuntario, también la desvinculó de la hipótesis según la cual el Gobierno estuvo detrás de la muerte del fiscal. Sencillo: al dictaminar que la denuncia de Nisman era insostenible, refutó uno de los posibles motivos de su deceso. Porque si las imputaciones eran disparatadas, ¿para qué quitarle la vida?
