Mercado Libre redobla su apuesta y desafía a los bancos con una tarjeta prepaga
La lanzó con Mastercard, pensando en los clientes de la plataforma comercial que no operan con cuentas bancarias.
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Mercado Libre cantó «retruco» en la particular partida que libra contra los bancos en el mercado local al sellar un acuerdo con la administradora de tarjetas Mastercard para lanzar una tarjeta prepaga, precisamente destinada a los clientes que usan esa plataforma de negocios pero no están bancarizados.
Con esta asociación intenta acelerar su crecimiento en el mercado financiero, evitando cerrar acuerdos o tener que asociarse con los bancos, que ya plantearon ante el Banco Central (BCRA) sus reclamos contra los avances de Mercado Libre por las ventajas competitivas con que esta empresa contaría.
El plástico, según se informó, será gratis y permitirá que compradores y vendedores de Mercado Libre «paguen y extraigan los fondos que generan con sus productos y servicios desde cajeros automáticos». «Apuntamos a una mayor inclusión financiera, que es tan importante como la digital», afirmó Paula Arregui, gerenta de producto Mercado Pago, el sistema de pagos que es uno de los brazos de más crecimiento dentro de Mercado Libre, ya que registró transacciones por US$12.000 millones en el último año, por sus operaciones en 8 países, donde ya cuenta con 180 millones de usuarios.
La tarjeta prepaga, lanzada en asociación con MasterCard Argentina, permite espejar el saldo de la cuenta de cada cliente en Mercado Pago y usar ese dinero -producto de ventas en plataforma o de precargas- en los más de 34 millones de comercios y sitios adheridos a Mercado Libre. Los aportes a esa cuenta podrán hacerse por cajeros o por las cadenas de pago (Rapipago, Pago Fácil, etc.).
También permitirá sacar dinero de los cajeros de la Red Link, siempre que el cliente tenga saldo disponible, aunque con un costo que rondaría los $ 10 por extracción, según se informó.
Este tal vez sea el mayor beneficio, ya que, hasta ahora, los usuarios de Mercado libre no podían convertir en efectivo sus saldos si no era con una transferencia bancaria de por medio y que se acreditaba varios días después.
El plástico, que constituye una novedad en el mercado local, ya funciona en Brasil y en México, donde cuenta con 200.000 y con 80.000 usuarios, respectivamente.
Al presentar el producto, Arregui aclaró que la empresa debió adaptar procedimientos a normativas dispuestas para evitar el lavado de dinero, aunque no tuvo que hacer «adecuaciones regulatorias especiales».
Insistió en que eso se debe a que Mercado Pago no intermedia dinero. «El dinero que prestamos con Mercado Crédito, que fueron unos 250 millones de dólares considerando toda la región, es con capital propio. No captamos depósitos de los usuarios, como hacen los bancos, para después prestarlos».
En los bancos sostienen que ese argumento no contempla la realidad, ya que «entre que Mercado Libre cobra y le paga al vendedor pasan ocho días», por lo que en la mayoría de los casos no estaría utilizando capital propio.
El resto de las críticas está referida a los beneficios impositivos con que cuenta Mercado Libre, dado que las retenciones por ventas con tarjetas bancarias son mayores que las que se aplican a ventas realizadas con la plataforma, e incluso por los beneficios impositivos y laborales derivados del Régimen de Promoción de la Industria del Software del que goza y del convenio laboral desde el que desarrolla actividad financiera.
La tarjeta se suma al acuerdo que Mercado Libre ya había sellado con el banco Patagonia para lanzar una tarjeta de crédito Mastercard para los usuarios del sitio, de la que ya lleva emitidos 180.000 plásticos, según se recordó ayer.
Dos referencias
El antecedente
En octubre el plástico ya fue lanzado en Brasil y en México, donde ya emitieron unas 200.000 y 80.000 tarjetas, respectivamente.
La prueba local
En la Argentina se emitieron ya unas 25.000 tarjetas a modo de prueba desde diciembre. Permiten hacer retiros de cajeros, si se tiene saldo.
Los comienzos de año nunca son plácidos para Macri. Ya ocurrió en 2016 y en 2017 y vuelve a producirse ahora. Marchas, contramarchas, errores no forzados, conflictos políticos y gremiales, subas de precios y caída en las encuestas marcan el inicio de 2018.
Si bien nada de eso mella el optimismo del Presidente ni el de varios de sus ministros, sí admiten que tienen meses complejos por sortear.
A continuación, diez amenazas, riesgos o debilidades del Gobierno que explican la preocupación oficial. Y cómo piensa enfrentarlas:
1. La inflación
Que no cede: a las tarifas y los aumentos de los impuestos inmobiliarios acaba de sumarse la suba de la nafta.
El Gobierno sostiene que la inflación núcleo sigue en baja, que es un riesgo calculado para facilitar el crecimiento y que cederá en el segundo trimestre.
2. Las negociaciones paritarias
Están vinculadas a la inflación, que para este mes se calcula en el 2,3%. Por lo tanto, la meta de un techo del 15% sin cláusula gatillo que pretende el Gobierno se ve cada vez más utópica. Y abre las puertas a probables conflictos o paros.
Por eso, el oficialismo analiza herramientas como bonos no remunerativos, compensaciones y alguna variante del gatillo.
3. El sindicalismo
Con una CGT dividida y en proceso de reestructuración, Moyano, los dirigentes kirchneristas o filokirchneristas y el barrionuevismo se unen para mostrar los dientes y amenazan con alterar la pax macrista. A ellos se suman la izquierda con representación gremial y los movimientos sociales, que adherirán a la marcha impulsada por los Moyano para el 21 de este mes.
En este ámbito se registra una combinación de factores que alimentan la confrontación:
a. Causas judiciales.
b. Enrolamientos políticos e ideológicos.
c. Proyectos del macrismo que avanzan sobre beneficios y privilegios gremiales.
d. Sectores laborales en problemas o amenazados por políticas del Gobierno.
La estrategia oficial es aislar a los gremialistas más confrontativos para que no sean el vértice donde se una la oposición atomizada. Para eso se alientan informes de organismos oficiales que complican la situación judicial de algunos y se refuerzan lazos con los dirigentes más dialoguistas, facilitando sus negociaciones y evitándoles el paso por el tomógrafo ético.
4. La condición de minoría parlamentaria
Que lo obliga a costosas negociaciones y concesiones.
Frente a esa debilidad, el Gobierno recurre a la cuestionable táctica de eludir el Congreso, como con el megadecreto que modificó decenas de leyes. También replantea y troza proyectos de ley, como ocurre con la reforma laboral. Además, decidió presentar menos iniciativas del Poder Ejecutivo y empoderar a sus legisladores para que presenten y hagan propios algunos proyectos.
Un dato favorable para el oficialismo es la fragmentación opositora, que mejora su situación coyuntural. Por eso, el Gobierno escucha y trata de saciar necesidades de legisladores y gobernadores opositores dispuestos a colaborar.
5. La volatilidad financiera externa
Como la que se registró el lunes por la perspectiva de suba de tasas en EE.UU., que complica la posibilidad de tomar deuda, mientras la economía local sigue sin crecer lo suficiente como para que el déficit fiscal tenga menos impacto.
La opción del Gobierno para limitar su exposición a estas contingencias es endeudarse en el mercado local, como acaba de hacer (con éxito) con las colocaciones de letras del tesoro y bonos en pesos.
6. La reticencia a invertir de las empresas extranjeras:
Ni siquiera el triunfo oficialista en las elecciones legislativas logró torcer esa realidad, aunque todo el Gobierno procura mostrar un escenario positivo y cita la llegada de capitales en el sector energético y en líneas aéreas low cost. Por eso, intenta aprovechar la presidencia del G-20 y la presencia en el país de los líderes de las principales potencias en esa cumbre. Aspira a poder exhibir entonces indicadores positivos en lo económico y lo político.
7. Los empresarios locales
Que piden más protección de lo que están dispuestos a arriesgar.
El Gobierno apunta a convencerlos o forzarlos a que cambien y adecuen sus negocios ahora, porque después puede ser tarde. Como con los sindicatos, solo ha logrado resultado favorable en casos aislados.
8. La caída en la imagen y el aumento de la demanda social
La consolidación de Cambiemos como principal fuerza política después del triunfo sobre Cristina Kirchner redujo el temor al pasado como motor de apoyo al Gobierno y pone en la mira el presente que viven los ciudadanos. La falta de resultados positivos en el bolsillo de la mayoría (léase inflación y desempleo), algunos traspiés en materia ética y la inseguridad aparecen como los principales reclamos que motorizan la abrupta y consistente caída de la imagen del oficialismo.
La promesa de un futuro económico mejor todavía cuenta para el Gobierno como un activo, pero las expectativas se van degradando.
En materia ética sigue contraponiendo el pasado, con los casos más escandalosos que golpean al kirchnerismo y a algunos sindicalistas. La Justicia sensible a la orientación del viento político hace un aporte relevante para el oficialismo. El Gobierno a eso sumó algunas medidas efectistas (tomadas por reacción), como la flamante prohibición de que familiares de ministros sean funcionarios.
En seguridad, el camino elegido parece ser la mano dura y el empoderamiento de las fuerzas de seguridad, en una apuesta no carente de riesgos y de críticas, que refuerza lo ubicación en el cuadrante ideológico de derecha, encasillamiento al que el Gobierno trata de rehuirle. Pero confía a ciegas en la polémica y audaz Patricia Bullrich y en las encuestas que analiza Durán Barba.
9. Errores no forzados de sus funcionarios
El caso Triaca es el mejor ejemplo de uno de los talones de Aquiles para una administración que prometió un shock de eficacia y transparencia en la gestión.
El Gobierno responde que no niega los hechos, que hace autocrítica y que muestra disposición a rectificarse. Al mismo tiempo sigue subiendo la vara en lo discursivo. Hasta ahora le ha dado resultados positivos, pero ese capital también se va consumiendo.
10. La dificultad para imponer su agenda
Desde diciembre el Gobierno ha corrido detrás de los hechos y tuvo problemas para instalar temas que sean evaluados positivamente, mientras la oposición consiguió reforzar o instalar aspectos negativos.
En este terreno mostró una actitud más defensiva que proactiva y encontró límites en su estrategia de apuntar a la centralidad de las redes sociales como herramienta comunicacional. Por eso, ya está preparando cambios también en este terreno.
Así empieza el año el Gobierno. En los próximos dos meses comenzará a despejarse el horizonte. Entonces, podrá saberse a quién le asiste la razón: si a los agoreros de la oposición o a los entusiastas del oficialismo.
El conflicto con camioneros podría generar pérdidas millonarias para el país
La medida de fuerza tomada por los camioneros autoconvocados está impactando en la producción, abastecimiento y exportación.
8 de febrero de 2018
Si bien se registraron algunos hechos violentos, no en todo el país fue igual, en zonas como el sur de Córdoba la movilización fue pacífica.
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Ya van ocho días de movilizaciones en la ruta y la situación se torna preocupante. Por un lado, los camioneros autoconvocados reclaman que la tarifa de referencia se haga ley para todo el país; ruralistas y agroexportadores señalan que la medida impide la comercialización del cereal por lo cual genera pérdidas y a su vez, solicitan al Gobierno que haya justicia y control, y por último, desde el Ministerio de Transporte, consideraron que la medida fuerza de los transportistas es irracional y violenta.
Todas las voces
Edgardo Godoy, es un camionero de La Carlota, una ciudad localizada al sur de la provincia de Córdoba, quién integra el grupo de Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA). En diálogo con Infobae, comentó: «Lo que reclamamos es la tarifa de referencia, no estamos pidiendo un aumento sino que se cumpla lo que figura en carta de porte«. Para Godoy cada día que pasa el transporte se está complicando más, está decayendo y generando un gran problema económico.
Al ser consultado sobre la medida de fuerza y los hechos violentos difundidos, respondió: «En esta zona planteamos una manifestación pacífica para hacernos escuchar. No hemos tenido problema, aunque algunos colegas me han informado que hubo gente infiltrada que generó conflictos«. Si bien en algunas zonas parece ser pacífico, en otras partes del país como Santa Fe y Chaco, ayer se registraron cortes de rutas.
“Este problema no surgió de un día al otro, lo venimos acarreando año a año, los aumentos de los costos son muy altos y percibimos mucho menos”, indicó Godoy con respecto a los reclamos y pedidos realizados.
Según relató, desde un primer momento quisieron dialogar. «Se informó antes y durante la manifestación y por diferentes medios al Ministerio de Transporte, estuvimos hablando con algunos diputados que también le comunicaron al Gobierno nuestra intención».
Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos #MesaDeDiálogo
En relación a la intervención de los legisladores, este miércoles Luis Contigiani, Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe (Frente Progresista Cívico y Social), publicó en su cuenta de Twitter: «Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos«.
De acuerdo a lo informado, la tarifa de referencia se discutirá este jueves. Hasta tanto no haya soluciones, el paro continúa por tiempo indeterminado.
El diputado Luis Contigiani presentó en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto
Rechazo
En respuesta a los reclamos realizados por parte de los camioneros autoconvocados, fuentes del Ministerio de Transporte, aclararon: «Hay una ley que regula el transporte de cargas, que lo que establece es que el Estado, a través de mesas de diálogo donde intervienen las partes (dador de carga, cámaras representantes de transportistas, gobierno) ponga una tarifa de referencia que es orientativa para lo que después se decida por oferta y demanda. En la práctica esta tarifa actúa casi como un techo y los valores suelen estar por debajo«.
En este contexto, cabe señalar que en la «mesa de negociación participativa» de la tarifa de referencia, participan funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del Ministerio de Agroindustria, además de dirigentes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), FAA, SRA, Coninagro, CRA y Federación de Centros de Acopiadores de Cereales.
Además, desde Transporte recordaron que para controlar esa tarifa de referencia existen mecanismos regulados de defensa y en contra de abusos. Al respecto, indicaron que «esta gente no paso por ninguno de estos pasos», y resaltaron que «establecer una tarifa fija implicaría cambiar esa ley, por ende, ir al congreso».
En cuanto a la medida de fuerza adoptada por los camioneros autoconvocados la calificaron de irracional y violenta. Para la cartera que conduce Guillermo Dietrich, esta gente no buscó ningún canal de diálogo. En relación a ello, argumentaron: «No tienen representatividad y creemos que no tienen tampoco dimensión del impacto y daño que están generando».
“Hay repudio de las cámaras de transportistas, de las cámaras de comercio, incluso la cámara argentina de empresas de nutrición animal, que no están pudiendo abastecer. Hay animales muriéndose”, subrayaron y como algunas de las consecuencias de la medida, precisaron que está paralizando el comercio exterior, la productividad y el abastecimiento
Hasta el martes a la tarde había 65 buques y están demorados porque no pueden terminar de completarse
Platos rotos
En sintonía con las pérdidas materiales, Infobae consultó a Andrés Alcaraz, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Con gran preocupación se refirió a la situación en los puertos y señaló: «Hasta el martes en la tarde había 65 buques y están demorados porque no pueden terminar de completarse para poder salir y porque ya no hay más existencias de granos, ni en las plantas de oleaginosas ni en los puertos».
Según lo comentado, esos 65 barcos a un costo de alquiler diario de entre USD 15.000 y USD 25.000 si la medida continúa por diez días, el alquiler alcanzaría los USD 13 millones.
“De continuar la medida por diez días dejarían de liquidarse divisas por exportaciones en torno a los USD 1.000 millones y por otra parte, habrá que pagar costos por incumplimiento de contratos de exportaciones que ya estaban celebrados”, advirtió Alcaraz.
Al ser consultado sobre la solución que esperan, manifestó: «Nosotros no somos parte del conflicto sino que pagamos los platos rotos al estar en el medio. Entendemos que el Ministerio de Transporte y de Seguridad han tomado cartas en el asunto y además están implicados los gobiernos de las distintas provincias».
En este contexto, cabe señalar que según datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el total de camiones cargados con granos ingresados a las terminales del Gran Rosario cayó 54% respecto a la semana pasada y 60% respecto al año pasado a la misma fecha.
Intervención, justicia y control
Cada uno exige lo suyo, tan es así que mediante un comunicado, los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos solicitaron al Gobierno nacional que garantice la libre circulación de camiones cargados con granos ante los bloqueos realizados desde la semana pasada por grupos de transportistas autoconvocados.
Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba, manifestó: «Repudiamos la situación de atropello inadmisible, cuyas pérdidas materiales ya son incalculables. Solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales su inmediata intervención en resguardo de la cadena agroalimentaria, protegiendo el trabajo y la seguridad de los bienes y las personas».
Ante este contexto de conflicto en derrame, cabe recordar que hace tres años hubo un paro similar por cuestiones sindicales, duró 25 días y finalmente arribaron a una solución. Esperemos que la resolución para todos, tarde menos.
La batalla de las multinacionales por vender agua embotellada
Danone, Nestlés y Coca-Cola lanzan presentaciones. Negocio de $ 8.000 millones por el que pelean 200 empresas.
Por Carlos Lamiral.
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Los argentinos consumen 22 litros de agua mineral al año por habitante y gastan en ello al menos unos $ 8000 millones, según estimaciones del sector. Son unos 800 millones de litros al año. Y al igual que en el resto del mundo, tres compañías concentran casi el 85% del mercado: Danone, Nestlé Aguas y Coca-Cola, que conviven con otras 200 embotelladoras pequeñas, cuya influencia es de tipo regional. Luego de un 2017 flojo en consumo, los tres grandes jugadores se aprestan para dar batalla en 2018. La competencia se da en todos los segmentos en formatos de botellas de 500 cm3, uno y dos litros y hasta bidones de 6,3 litros.
El gerente de marketing de Nestlé Aguas, Matías Aspiazu, espera que este año sus ventas crezcan 4%. “Es un mercado muy estacional. La verdad es que las puntas del año son muy importantes en términos de lo que representan en el total”, afirma Aspiazu. Recuerda que si bien el verano de 2017 “fue algo fresco” y que eso no ayuda al consumo, la caída de las ventas “es más efecto macroeconómico” por las medidas de ajuste que tomó el Gobierno que restaron dinero en el bolsillo del público. “Es una categoría que tiene perspectiva de crecimiento sostenido”, aclara. Nestlé tiene la marca Eco de los Andes, que se embotella en Mendoza; Nestlé Fuerza Vital, que apunta al consumo familiar, y Glaciar, baja en sodio y enfocada al mercado de la salud.
Aspiazu anticipa que este año la empresa procurará ampliar las ventas en la versión bidón de Glaciar, en una propuesta orientada a la familia en general, más allá del posicionamiento del producto en el mercado que, por ser bajo en sodio, se lo asocia para personas hipertensas. Después de lo que consideró un buen año, el gerente de Nestlé Aguas dice que la empresa suiza detenta un 30% del market share en el mercado nacional. “La idea es seguir creciendo”, aclara y destaca: “Este año apostamos a lanzamientos de Nestlé Pureza Vital, que es una botella de 2,25 litros, para consumidor que busca una propuesta más orientada a precio”. En el verano, la empresa siguió con Eco One, que es la presentación de botella de un litro con pico especial, pensado para practicantes del running y la actividad física.
Agustín Mostagny, director de marketing de Aguas Danone, afirma que “este año se espera un crecimiento del mercado del 2%, que es el mismo que se viene dando los últimos tres años y es similar a lo que pasa en el mundo”. Mostgany revela que la estrategia de la empresa francesa propone “construir hábitos de hidratación saludable” entre las personas y que para ello busca “hacer del agua una bebida más atractiva”. El plan procura “educar al consumidor respecto de las diferencias entre aguas, sabor, origen y minerales que aportan”, dice el directivo. Las marcas emblemas de la compañía son las históricas Villa del Sur y Villavicencio. La primera se extrae en la provincia de Buenos Aires y la segunda, en Mendoza.
Mostagny opina que “en materia económica hubo varios anuncios y reformas en los últimos meses que son un paso importante para el sector productivo”. Sin embargo, advierte: “Consideramos que para impulsar una hidratación saludable, se debería eliminar el impuesto interno que afecta al agua mineral, tal como lo propuso el Gobierno inicialmente con la reforma impositiva. Pero vemos con buenos ojos el reordenamiento tributario que se quiere implementar, especialmente en lo referente a Ingresos Brutos”.
El gerente de marketing de Danone Aguas agrega que la innovación forma parte de su ADN. Y para ponerse a tono en la batalla por la preferencia del público, señala que este año invertirá un 4% de la facturación en innovación y desarrollo.
El tercero en discordia es Coca-Cola, a través de Bonaqua y Kin. La primera se extrae en Córdoba y la segunda es mineralizada. Su gerente de portfolio, Federico Rolando, destaca que “2018 es un año de grandes objetivos para las opciones de aguas” de su empresa. Considera que Coca-Cola cuenta “con el precedente de éxito de Kin en 2017, que se posicionó en el tercer lugar dentro de la categoría y que sigue creciendo a nivel nacional, ofreciendo una opción mineralizada y baja en sodio”. El directivo anticipa que el grupo norteamericano está “explorando un nuevo camino creativo con Bonaqua con el objetivo de seguir creciendo en la categoría” y cuenta: “Traeremos innovaciones de otros países del mundo que se podrán ver dentro de los próximos meses”. Rolando manifiesta que “el segmento de aguas en la Argentina está en constante crecimiento, y por ello se puede proyectar un incremento en el consumo para este año”. En tal sentido, precisa que ese avance se ve en todos los segmentos del negocio, tanto en minerales naturales, como en mineralizadas y en agua potable embotellada.
Rivales
Alejandro Correa es director de la consultora Toctumi y autor de la única guía de ‘Aguas minerales argentinas’, que se editó hace unos años. Destaca que en el mercado nacional “conviven 200 empresas de distintos tipos y procedencias”. Entre ellas menciona a Sierra de los Padres, de la firma mendocina Nutreco; Alun-Co, de Bariloche; Gota, de Entre Ríos; Palmares, de San Juan; Villa Giardino, de Córdoba, y Palau, de Salta. Esta última dejó de operar el año pasado y el gobierno provincial prevé concesionar el manantial de donde se extrae. “Conseguir una licencia para embotellar agua mineral lleva años, y por eso las grandes firmas, cuando llegaron a la Argentina, compraron empresas que ya tenían hecho el trámite”, explica Correa.
El especialista destaca que “hace unos diez años hubo una explosión de consumo de aguas minerales en el mundo” y recuerda que salieron productos del denominado “segmento premium, que se llegaron a vender a 100 dólares la botella”. Haciendo historia, señala que “el agua mineral comenzó a venderse por propiedades medicinales hace como un siglo”. Es el caso de Palau, considerada la primera en ser embotellada en la Argentina. Debe su nombre a un español, Atonio Palau, quien a fines del siglo XIX comenzó con un complejo turístico termal en Rosario de la Frontera y al poco tiempo entendió que el agua se podía consumir perfectamente. Aún hoy se le adjudican propiedades medicinales.
Las cinco razones por las que la inflación no cede
Dólar, tarifas, emisión, falta de inversiones y expectativas en alza forman el cóctel inflacionario argentino.
Por Annabella Quiroga.
La evolución de la inflación, según el IPC Congreso de diciembre 2017. .
El ministro Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de reconocer que la inflación no baja al ritmo que el Gobierno quiere. Tras la «recalibración» de las metas para este año que la plana mayor del equipo económico anunció el 28 de diciembre pasado -cuando llevó el techo de 2018 al 15% anual-, los precios retomaron la escalada y para algunos economistas existe riesgo de que la inflación de este año iguale o incluso supere la de 2017.
En enero, los analistas estiman que el índice llegó a 2,4% y para febrero prevén una suba de 2%. Así, el primer trimestre acumularía un alza de al menos 6%, lo que consumiría el 40% de la nueva meta inflacionaria prevista para todo el año. Detrás de la escalada anidan las expectativas de los agentes económicos, los aumentos de los servicios regulados, la suba del dólar, la emisión monetaria a gusto del fisco y la falta de inversión para ampliar la matriz productiva.
Expectativas: el viernes pasado, el Banco Central difundió el primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, con una inflación anual de 19,4%, casi cinco puntos arriba de la meta oficial y dos puntos por encima de lo que se estimaba hace 40 días atrás. El incumplimiento de la meta del año pasado -era de 17% y la inflación fue del 24,8%- y la recalibración, golpearon la credibilidad del Banco Central y empujaron hacia arriba las previsiones futuras. Para la consultora Economía & Regiones, «el Banco Central tiene menos credibilidad y reputación que a comienzos de 2017, con lo cual su capacidad para influenciar (a la baja) sobre las expectativas de inflación es menor. Si la política monetaria no cambia, lo más probable es que la inflación de este año sea similar a la del año pasado; o incluso puede subir un poco».
Servicios regulados: el Gobierno decidió arrancar el año con una escalada tarifaria, que no por anunciada tuvo menos impacto en los bolsillos y en las expectativas. Las subas de transporte, luz, gas y prepagas generaron malhumor y quejas y a la vez, le fijaron un piso alto a la inflación del primer trimestre. Según la consultora LCG, a partir de estos aumentos el piso de enero quedó en 1,5%, el de febrero en 1,8%, el de marzo en 1,7% y el de abril en 1,9%.
Repunte del dólar: la divisa estadounidense subió 15% entre diciembre y enero. Sólo en el primer mes del año aumentó 5%. Si bien venía de varias meses planchada y en 2017 perdió por varios cuerpos contra la inflación, el repunte de enero hizo que muchas empresas remarcaran los precios, con el argumento de que dependen de insumos o de los precios internacionales de loscommodities. C&T Consultores detectó una suba del 3,1% en los alimentos en el primer mes del año, con una inflación general de 2,4%. Así, el pass throught meterá la cuchara en la inflación 2018. Pero para todo el año, el REM prevé que la devaluación será del 17%, por lo que la divisa volvería a perder la carrera contra la inflación.
Emisión monetaria: con un déficit fiscal del 4%, la emisión de pesos está condicionada por las necesidades del fisco. Un informe del economista Ramiro Castiñeira puntualiza que en 2016 y 2017 el Banco Central «emitió para financiar al fisco $300.000 millones, y para duplicar las reservas -de US$25.000 a 55.000 millones- emitió otros $475.000 millones». Para «esterilizar» estos pesos, en dos años emitió Lebac por $400.000 millones y expandió la base monetaria por $377.000 millones. Así, la mayor cantidad de pesos en la calle presiona sobre los precios. «Desde 1944 ,salvo contados períodos, tenemos inflación de dos dígitos. Todos los programas antiinflacionarios fracasaron porque ninguno reconoce el origen del problema: el déficit fiscal,» dice Castiñeira. [Nota de EconomiaPersonal: Esta es la verdadera causa de la inflación, la emisión sin respaldo para pagar el déficit fiscal]
Falta de inversión: “Afuera nos dicen que cuanto más rápido baje la inflación, más van a invertir”, dijo el presidente Mauricio Macri durante su última gira por Europa. Mientras para unos la inflación es un freno sobre las inversiones, para otros es una causa directa: la falta de inversiones impide aumentar la matriz productiva y esto limita la oferta. Cuando el consuma repunta y la demanda aumenta, la oferta escasa juega a favor de la suba de precios.
Tras la quita de aranceles, la venta de notebooks creció 55% y bajaron los precios
Por Pablo Fernández Blanco.
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Las cadenas de electrodomésticos y tecnología corroboraron con sus ventas del año pasado una de las verdades más indiscutibles de la economía: cuando un producto baja de precio, su demanda aumenta. Así lo muestran las estadísticas oficiales, según las cuales una estampida de consumidores entusiastas se volcaron a la compra de computadoras portátiles (notebooks), y muchos de ellos para llevarse los productos más costosos, algo que hasta ese momento no hacían.
El movimiento entre los consumidores de tecnología se originó en una decisión política. En abril del año pasado, la Secretaría de Comercio, que dirige Miguel Braun, eliminó los aranceles de importación de las computadoras para reducir el precio de los equipos en el mercado local. La medida tuvo tres efectos concretos: bajaron los valores, se dispararon las ventas y se desmoronó la fabricación local de esos productos.
Según los números que maneja el Ministerio de Producción, entre enero y diciembre de 2017 se vendieron más de 557.000 unidades, 198.000 más que el año anterior. Eso representa un aumento del 55%.
«La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico y favorecer la creación de un mercado de más y mejores computadoras, beneficiando a los consumidores. Todas las pymes y los emprendedores del país las necesitan para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina. Las computadoras son un insumo básico para las tareas productivas y también para la educación, la investigación y las familias», explicó Braun ante la consulta de LA NACION.
Hacia el final del año, además, la tendencia se profundizó. Por ejemplo, en diciembre pasado el incremento en las ventas fue del 72% con respecto al mismo mes de 2016.
La mayor explicación para el aumento de las ventas es la caída en los precios, que en dólares bajaron 18% en comparación con 2016, con un promedio por equipo de US$581.
El año pasado, además, las ventas de notebooks con procesadores más potentes (iCore) representaron el 47% del total, mientras que en 2016 ese nivel de tecnología se había llevado el 38%. En diciembre, una vez más, esa tendencia se profundizó y alcanzó al 61% de las unidades vendidas. También allí hay una coincidencia con los precios: las computadoras más caras bajaron 23% en promedio, por encima del total del mercado.
La quita de aranceles fue una de las jugadas arriesgadas del Gobierno el año pasado, dado que el mismo movimiento que logró una baja de precios sepultó las aspiraciones de consolidar una industria nacional de computadoras, que había comenzado a asomar con la ayuda del kirchnerismo.
Los números también confirman la afirmación anterior. Según las cifras de Afarte, la asociación que reúne a los productores de Tierra del Fuego, en 2015 se fabricaron en la isla 374.254 notebooks, mientras que se importaron 241.230.
En 2016, en tanto, las cifras se equipararon, pero el año pasado, con la eliminación del arancel, la producción local bajó hasta 705 unidades (apenas un 0,18% del número del último año de Cristina Kirchner en la Casa Rosada), mientras que las importadas llegaron hasta 1,46 millones. En otros términos: crecieron más del 500 por ciento.
«No se producen más computadoras en Tierra del Fuego desde la quita de aranceles a la importación», explicaron en Afarte.
Los productores fueguinos temieron el año pasado que el Gobierno tomara una medida similar con los teléfonos celulares, algo que no ocurrió. Mientras tanto, se pusieron a hacer algunos cambios en el negocio para subsistir, como bajar los costos, mejorar la competitividad y bajar los precios.
Según un trabajo de Afarte, un teléfono Samsung Galaxy J7 liberado costaba en enero del año pasado $7859, pero terminó en septiembre a $ 7013,29, según los datos que recolectó la cámara a través de las ofertas que hacen distintas cadenas de retail en la Web. Eso arroja una caída de un 11% en pesos, pese a la devaluación de la moneda local y, por lo tanto, el encarecimiento de los componentes importados (medidos en moneda local).
Pese a los esfuerzos, los comercios domésticos siguen teniendo el precio más caro, pero la brecha con sus competidores, al menos en esos productos, parece haberse achicado. Un Galaxy S8 costaba el 1º de septiembre pasado 1133 dólares (con un tipo de cambio de $17,5), US$38 más que en Chile y US$166 más que en Brasil. El valor más bajo, por mucho, lo sigue teniendo Estados Unidos, donde ese modelo costaba 657 dólares.
Para bajar los precios, los productores fueguinos redujeron plantillas de trabajadores, prestaron más atención a los gastos y se olvidaron de sus planes para incorporar componentes nacionales a la fabricación de productos para abrirles paso a los importados.
La salud y sus costos: el debate por las cuotas y los servicios de las prepagas
Los amparos y las nuevas tecnologías y medicamentos, entre otros factores, llevan a costos crecientes en una actividad en la que se advierte que, con las subas recurrentes de precios que afectan a los afiliados, no habrá solución; las medidas en danza.
Por Silvia Stang.
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Las cuotas de la medicina prepaga llegan este mes con una suba de 4%. Si ese incremento se suma a los que se acumularon desde 2012 -es decir, desde que se puso en vigencia el mecanismo de autorizaciones dadas por el Gobierno dispuesto por ley-, resulta que los planes se encarecieron un 382%.
Aun con el esfuerzo que eso significa para los bolsillos de los afiliados, los directivos del sector insisten -en encuentros que mantienen desde el mes pasado con funcionarios del Gobierno- con advertencias que son ya de largo plazo, respecto del impacto en el gasto que provocan factores como las nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo, los amparos que ordenan dar coberturas muchas veces sin previsión, y la incorporación de obligaciones por la vía de leyes que no consideraron el financiamiento.
Existe, en rigor, una tendencia global a una inflación mayor en los servicios de salud que en la economía en general. «Hay varias transiciones que determinan la inflación en la salud; la primera es el propio éxito del sistema en hacer que la gente viva más y deje de enfermarse por causas fácilmente evitables -afirma Federico Tobar, sanitarista argentino, asesor regional del Fondo de Población de Naciones Unidas-. La segunda transición es poblacional, porque por factores demográficos y migratorios se incrementan las demandas de salud; la tercera es la tecnológica y se da porque cada vez hay más respuestas a síntomas y enfermedades con innovaciones que son caras, y la cuarta transición es cultural: se vincula a una reducción del umbral del dolor tolerable y a la mercantilización de los cuidados y a entenderlos como un bien de consumo».
En la Argentina, a esos aspectos se suman la elevada inflación general y el impacto de las devaluaciones (por insumos con costos dolarizados).
Según la crítica de no pocos referentes del sector, algo que agrava la situación local es que el tema no fue considerado en los últimos años como estratégico para la política. Los efectos de una medicina que se encarece no solo impactan en el sector privado, sino también en las obras sociales y en el sistema público. De hecho, se advierte que la respuesta a cómo se lograrán y se administrarán los recursos en un entorno de costos siempre crecientes debe darse desde una estrategia integrada, que abarque a toda la población y que tenga al Estado asumiéndose a sí mismo como garante principal de la atención.
El registro de amparos que abrió la Superintendencia de Servicios de Salud, revela que solo las obras sociales tuvieron 3200 reclamos en 2017 (no hay datos de las prepagas). Y la mayoría, según las autoridades, fue por prestaciones de alto costo no cubiertas (en las que pacientes y familiares ponen esperanzas). Un reciente caso en Córdoba es mirado con interés por las empresas: un fallo dispuso que se cubra una medicación muy costosa ($19 millones), pero ordenó al Estado pagar el 90% y a la prepaga, el 10%.
El debate de fondo sobre cómo hacer frente de manera inclusiva y equitativa a los costos de la salud, parece siempre postergado. Hay algunas cuestiones ahora volcadas sobre la mesa, como la revisión del Plan Médico Obligatorio (PMO), la habilitación de planes de cobertura parcial y la implementación de coseguros (pagos de bolsillo por consulta).
A eso se suma la creación de una agencia evaluadora de tecnologías, que se exprese respecto de si corresponden o no ciertas coberturas (como voz no vinculante). El Gobierno ya propuso crear esta agencia, pero incluyó el punto en la reforma laboral, y ahora está a las espera de una nueva definición política.Y hay quienes recomiendan políticas como la de un seguro para cubrir de manera universal las enfermedades de alto costo, mirando experiencias como la de Uruguay.
Según fuentes de la superintendencia del área, hay un grupo de trabajo integrado por ese organismo, el Ministerio de Salud y las prepagas, que hoy revisa aspectos de la ley 26.682, aprobada en 2011 bajo el rechazo de las entidades. De los encuentros podrían surgir medidas que apunten a las reglamentaciones de esa normativa, o bien algún cambio más de fondo, con impacto sobre un sector que tiene unos 6 millones de afiliados (se estima que 1,5 millones están por contratos directos y el resto, por triangulación de los aportes a las obras sociales).
Cuestión de precios
En cuanto a las cuotas de los planes de salud, las normas regulatorias establecieron un mecanismo por el cual las entidades deben pedir autorización y justificar la necesidad de aumentos, a autorizar por el Gobierno. «Se está hablando ahora de simplificar el proceso administrativo y burocrático, porque el decreto reglamentario de la ley lo complejizó», señala Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que nuclea a entidades sin fines de lucro.
En el Gobierno hay quienes barajan la idea de dar libertad para fijar precios, algo que no tendría mucha aceptación entre los actores del sistema y que, además, requeriría una reforma legal difícil de conseguir.
Por lo pronto, y en lo que se refiere a la suba de este mes, la resolución que la habilitó se refiere al alza de los costos generales. En el sector admiten que el pedido de autorización respondió a que, por la alta inflación de 2017, se activó la cláusula gatillo del convenio salarial firmado con el sindicato de la sanidad. Así, a partir de enero, el salario básico de una enfermera de piso, por ejemplo, pasa de $18.311 a $19.031 (el sector está entre los de remuneraciones bajas).
La situación de los costos despertó conflictos internos en la actividad, referidos a cómo se distribuye el dinero conseguido con las subas de cuotas: los prestadores (clínicas y centros de atención) que no son propiedad de las prepagas, se quejan porque las subas de aranceles que reciben de los financiadores (prepagas) son hoy inferiores a lo que dicen necesitar y al nivel de alza de cuotas de los planes de salud. Según Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), mientras que entre marzo de 2017 y el mes pasado los costos crecieron 26,4%, los ingresos subieron 17,8%. En Mendoza hubo en los últimos días una campaña de comunicación a los pacientes respecto de esta situación.
Las clínicas están desde hace más de una década y media al amparo de la emergencia sanitaria, prorrogada hasta 2019, que les permite no pagar impuestos sin generar reclamos de la AFIP. El problema, claro, vendrá una vez que termine esa protección y se calcule toda la deuda acumulada.
«Se ha compartido con los prestadores más de lo que se podía ofrecer; estamos todos navegando con poca agua», señala Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, una de las firmas líderes del sector con doble rol: es financiadora y prestadora.
Lo más realista es esperar que se sigan pidiendo y autorizando alzas de cuotas que hagan que, este año, vuelvan a superar la inflación general, como en 2017. «Esto no se arregla con cuotas, porque hay un límite de mercado», admite Magonza.
El PMO y los amparos
Bajo la gestión de Luis Scervino al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (el antecesor de Sandro Taricco, actual funcionario), se llamó a una licitación, por la cual hoy dos empresas trabajan en una revisión de la canasta prestacional obligatoria de las obras sociales y las prepagas. «Tenemos un PMO desactualizado y la consigna para el nuevo es que sea financiable y que los jueces vean bien qué se cubre», apuntan desde el área de Salud del Gobierno. La propuesta estaría lista, agregan, hacia mediados de este año.
La preocupación por la judicialidad referida a la cobertura surge tanto entre funcionarios como entre actores del sistema. Para Jorge Piva, presidente de Medifé, la situación refleja el desentendimiento de larga data del Estado respecto de su rol de garantizar el cuidado de salud y de ocuparse, con alguna política concreta, de casos que pueden considerarse epidemias sociales.
Piva destaca la novedad que trajo días atrás un fallo en Córdoba, en la causa «Hermoza Vega, David y otro c/ Parque Salud» en la cual, por un costo de $19,8 millones, el juez federal Miguel Vaca Narvaja resolvió hacer cargo del pago del medicamento a la prepaga, pero solo en un 10%, mientras que el 90% del monto debe ser afrontado por el Estado nacional. «Es interesante que tanto en el fallo de primera como en el de segunda instancia se indique que el garante del sistema es el Estado», afirma el directivo, que señala como otro factor de preocupación a la suba de las tasas de uso de los servicios.
En el sector hay expectativas por los efectos que podría tener la proyectada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que tendría por función (según la iniciativa oficial) analizar medicamentos y prácticas médicas para definir su incorporación o su exclusión del PMO, y determinar cuál sería el impacto económico y social (entre los temas sensibles del debate están la definición sobre lo que es costo efectivo, y la repercusión en lo colectivo de las decisiones sobre casos individuales). Frente a casos conflictivos «la agencia sería no vinculante; actuaría como un auxiliar de la Justicia», dice Piva.
Para Rubén Torres, exsuperintendente y actual rector de la Universidad Isalud, hay al menos tres condiciones para que una agencia de ese tipo sea útil: debe ser transparente, estar integrada por «5 Favaloros», que sean personas totalmente desprovistas de todo conflicto de interés, y que gane credibilidad con el tiempo.
Más allá de la discusión judicial sobre las coberturas, hay quienes recomiendan que se permita una oferta más amplia de contratos con los asociados. «Para moderar estructuralmente el gasto hay que ir a planes parciales», dice Jorge Colina, economista de Idesa especializado en temas de economía y salud. Hoy se exige la venta del PMO completo, «pero no todo el mundo lo necesita». La ley 26.682 autoriza contratos no integrales, pero de manera muy limitada.
Torres se muestra a favor de esa opción. Pero advierte que los planes parciales implicarían que, por las enfermedades no cubiertas en el contrato adquirido, habrá que ir al sistema público. Aquí se llega a un punto por el cual, se dice, debería comenzar una reformulación del sistema de salud: el de considerar una solución integral, en la que el Estado tome su rol y defina qué cobertura habrá para toda la población, más allá de la situación social y laboral de cada quien.
«Querer arreglar como algo aislado el tema de la medicina prepaga no sirve. El Estado tiene el rol de definir el plan nacional de salud y el modelo de atención; es el primer responsable, pero durante muchos años miró para otro lado», evalúa Magonza.
Las regulaciones
En la discusión por la ley de prepagas, uno de los puntos más controvertidos fue el del artículo 10, que obliga a no rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo cuestionado por la imprevisibilidad que provoca en el gasto de un sistema alimentado solo con las cuotas de quienes se asocian. La normativa dispuso que el Gobierno debe aprobar, con cada pedido de afiliación, qué cuota pueden cobrar las prepagas.
Según Magonza, sobre ese punto hoy se analiza la posibilidad de establecer una tabla de valores según condiciones y edad del paciente, que haga que no sea necesario el pedido de autorización para cobrarle un extra a quien se afilia al momento de necesitar un tratamiento. Según el directivo, lo que ocurrió en los últimos años fue que, al tramitarse pedidos y al no haber respuesta de las autoridades, se ordenó afiliar con cuota plana hasta nuevo aviso. «El nuevo aviso nunca llega y los costos los pagan los demás afiliados», sostiene.
Otro factor regulatorio, agrega Belocopitt, es que debería determinarse cómo se pagan las nuevas prácticas, sobre todo luego de que se sumaron obligaciones con leyes que no previeron financiamiento. «Hay drogas que tienen valores exorbitantes, y así el sistema no es sostenible», señala.
Una medida aplicada en otros países para financiar tratamientos costosos es la constitución de fondos especiales que, a manera de seguros, se usan para enfermedades predeterminadas. Ocurre algo así en el sistema nacional de obras sociales, con un fondo al que se deriva una parte del aporte y la contribución del empleado y su empleador. En el segmento de las prepagas eso nunca se implementó. Pero pagar las nuevas tecnologías y medicamentos por la vía de cuotas, «se vuelve algo inalcanzable», sentencia Piva, que ve con buenos ojos el Fondo Nacional de Recursos que tiene Uruguay.
«Un seguro nacional de enfermedades catastróficas, que contemple la protección frente a las enfermedades más caras, debería definir cómo tratarlas, con protocolos únicos para todos», evalúa Tobar. Y agrega que debería ser función de este seguro contratar a los prestadores y comprar en forma centralizada los medicamentos y las tecnologías de alto costo.
Mario Blejer: «Hay más inversión productiva de lo que parece, pero menos de lo que se necesita»
El expresidente del Banco Central dice que en el exterior es muy buena la imagen de Macri y que va en la dirección correcta, pero preocupa el déficit de las cuentas externas.
Por Martín Kanenguiser.
Mario Blejer, expresidente del BCRA.
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Mario Blejer observa los problemas de la economía argentina con mucha tranquilidad: nada se compara con el infierno de 2002, cuando fue presidente del Banco Central. En una entrevista con LA NACION desarrollada en el despacho que ocupa como vicepresidente del Banco Hipotecario -donde se destaca un banderín de su querido club, Talleres de Córdoba-, Blejer dijo que «hay más inversión productiva que lo que parece, pero menos que la que se necesita», y que los inversores creen que Macri va en la dirección correcta. Doctorado en Economía de la Universidad de Chicago, Blejer, de 69 años, divide su tiempo entre la Argentina y numerosos viajes al exterior; el próximo será al Foro Económico Mundial en Davos, la semana próxima. En el último año se dedicó además a preparar tres discos con letras en hebreo y música foklórica argentina, entre otros géneros.
-¿Cuál es la visión de los inversores sobre la Argentina?
-Uno podría pensar que la imagen argentina había empeorado por los incidentes en el Congreso por los cambios en jubilaciones, pero la percepción de los inversores extranjeros es la contraria: creen que Macri ganó porque logró la aprobación de todas las leyes que quería y logró confinar a los cristinistas a una sociedad marginal con los trotskistas. Por lo tanto, creen que el país está encaminado a tener un liderazgo fuerte. La imagen de Macri está muy bien plantada. Se observa que la dirección es la correcta y que ya no es un país excepcional como lo era hasta hace dos años. Además, el Presidente tiene un punto a favor cuando se lo compara con otros de la región: tiene todo el potencial para ser la figura.
-Se observa que Macri está consiguiendo lo que los inversores esperaban para después de las elecciones legislativas…
-Sí, y que cuando hubo reacciones adversas no se «achicó». Y, a la vez, que pudo negociar aun estando en minoría en el Congreso.
-¿Y persiste alguna preocupación en particular?
-Bastante por el déficit de cuenta corriente y porque se nota una cierta preocupación porque no se sabe quién coordina la política económica.
-Por lo tanto, el anuncio sobre el cambio de la meta de inflación con el presidente del Banco Central no se vio mal.
-No, se vio bien. Porque es más consistente que antes. Hay más empatía que antes de las autoridades económicas con los inversores, pero sigue persistiendo la duda sobre quién coordina.
-¿Se esperan más reformas?
-No, lo que esperan es que se cumpla lo que ya se aprobó. Y parten de la idea de que lo que no se haga este año ya no se podrá hacer.
-¿Comparte la crítica de los señalan que solo está llegando inversión financiera? ¿O también hay capitales productivos?
-Está llegando inversión de mediano plazo y, en el caso de la financiera, va para los dos lados: los dólares entran por la tasa y salen por la salida de capitales. Hay más inversión que lo que parece, pero menos que la que se necesita.
-¿Es una cuestión de tiempo para que lleguen más?
-Un poco sí, y también que los inversores tengan más claridad, no sólo respecto de la Argentina; la inversión en todo el mundo está cayendo. Pero la Argentina se ve como una oportunidad, porque es competitiva en América Latina.
-¿Qué opina sobre la política de administración del tipo de cambio?
-El Banco Central no podría hacer otra cosa que la que hace; interviene a veces a través de los bancos públicos y acumula reservas prestadas. No tiene alternativa: no puede fijar la tasa de cambio; lo importante es empezar a corregir el déficit fiscal, para disminuir el ritmo del endeudamiento. Él sabe que necesita reducir el traslado a precios para que haya menor fluctuación.
-¿Y lo está logrando?
-Federico Sturzenegger dice que sí; a mí me falta evidencia para afirmarlo, aunque parece haber menos que antes.
-¿Qué opina sobre el nivel del tipo de cambio?
-Es difícil prever a cuánto debería estar el tipo de cambio. Este gobierno tiene la visión de que no solo debe corregir los desequilibrios previos, sino también buscar una mayor competitividad a través de otras medidas que no impliquen una devaluación. Y la medida de su éxito será si logra que haya más competitividad a través de la tecnología, la educación y por productividad. Si el Gobierno lo logra, el nivel del tipo de cambio nominal pasará a ser irrelevante.
-Un relajamiento de la política monetaria permitiría una mayor devaluación, aunque al costo de más inflación…
-De nuevo, dependerá del traslado a los precios. Si el pass through es bajo, lo logrará.
-¿Estuvo bien el Banco Central en bajar la tasa de interés de los pases?
-El Banco Central tiene un modelo con parámetros objetivos; una vez que se mueve la meta de inflación hacia arriba, la tasa baja de inmediato hasta un nivel, no por capricho. La otra clave es que hay que diferenciar entre la tasa nominal y la real; en este sentido, no podía bajarla mucho más de lo que la bajó, porque si no hubiera quedado en terreno negativo en términos reales.
-Usted fue presidente del BCRA; ¿son inevitables los choques con el ministro de Economía?
-No creo, depende de las personalidades. Lo importante, como dije antes, es la coordinación. Los economistas inventaron la figura de la independencia del Banco Central, pensando que el presidente del Banco debe ser un técnico y no un político, que se ocupe del mediano plazo y no del corto. Pero eso no tiene por qué resolverse con peleas personales. Es una cuestión de contrapesos dentro del poder. ¿O acaso alguien piensa que el presidente de la Reserva Federal y el secretario del Tesoro no se pelean nunca? ¡Se pelean todo el tiempo! Pero no por eso uno de los dos se va. Además, creo que esa idea de que alguien como el presidente del Banco Central solo debe ocuparse del largo plazo es un poco arrogante.
-¿Había margen para otra política económica si asumía otro presidente en 2015?
-No había lugar para ahondar los desequilibrios, se podrían haber corregido de una forma u otra, pero había que achicarlos. Una de las cosas fundamentales que la Argentina necesita es tener un sistema fiscal que permita financiar la infraestructura y la obra pública, sector que estuvo muy contaminado por la corrupción. Así que no sé si habría cambiado con la continuidad del gobierno anterior.
-¿Los inversores están observando si el peronismo que viene será más pragmático que el kirchnerismo?
-Los que apuestan a la Argentina juegan con la primera hipótesis, pero realmente el interés de los inversores ahora está colocado sobre lo que está haciendo este gobierno.
-¿Y usted cree que habrá un peronismo más focalizado en una política económica racional?
-Los gobernadores y legisladores con los que dialogo suenan muy preocupados para que se mantengan los equilibrios a corto plazo, pero, a la vez, de la necesidad de cambiar la estructura productiva del país sin apelar a salarios bajos, porque eso aumentaría la pobreza.
-Varios economistas, ortodoxos y kirchneristas, afirman que el país está cerca de una crisis similar a la de 2001-2002. Usted estuvo entonces en la conducción económica del país. ¿Hay alguna similitud?
-Esto es una jauja al lado de 2001-2002; en ese momento teníamos corralito, la devaluación que se necesitaba era muy alta, el país estaba quebrado, la tasa de interés era del 140%, hubo un inmenso aumento de la pobreza y el desempleo. Nada de eso es comparable con lo que pasa ahora: todas las variables están mejorando.
-¿Si tuviera un mano a mano con Macri, qué consejo le daría?
-Tiene que hacer la de Maradona: agarrar la pelota e ir para adelante sin mirar para los costados, porque si no va a decepcionar a propios y ajenos. Y tiene que clarificar la política de comunicación, porque es confusa. Fue un error no haber hablado más de la herencia, pero el tiempo para hacerlo ya pasó.
-¿Qué opina sobre el escenario internacional, que se balancea entre la fuerte liquidez actual y la gran incertidumbre por lo que puede pasar con la política económica en Estados Unidos?
-No creo que todo el programa de expansión cuantitativa vaya a terminar demasiado bien. En algún momento habrá una suba importante de la inflación y la tasa de interés va a subir. No creo que haya una gran crisis, pero sí de alta incertidumbre para los mercados. El problema es saber cuándo ocurrirá este cambio de ánimo. Mientras tanto, Trump está generando mucha incertidumbre de mediano plazo en Estados Unidos, pero a la vez les brinda muchos incentivos a los inversores para recuperar la economía en el corto plazo. El otro problema serio es si China se contagia.
-O sea que no espera una crisis como la de 2008-2009…
-No, por una razón sencilla: los bancos están mucho más supervisados.
-¿Y qué efecto tendrá este contexto sobre la Argentina?
-Cuanto más avance en términos de competitividad, menos negativo será el impacto de un episodio como éste. De todos modos, este año el mundo seguirá ayudando al país.
La recaudación subió fuerte en enero de la mano de una mayor actividad económica
Trepó 28,6% si se excluye el blanqueo; el IVA, el impuesto que mejor refleja el consumo, fue el motor del resultado.
Por Florencia Donovan.
Abad: «La actividad no es un problema» .
Era uno de los grandes miedos del Gobierno, sin embargo, a juzgar por los números de recaudación que maneja la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la actividad no parece haber perdido impulso en el primer mes del año. Todo lo contrario, la recaudación fiscal trepó en enero 28,6% a $261.961 millones (sin contar los ingresos por el blanqueo), esto es, casi cuatro puntos más que la inflación acumulada en los últimos 12 meses. En gran medida, el resultado fue gracias al impulso del impuesto al valor agregado (IVA), tal vez el que mejor refleja las fluctuaciones en el nivel de actividad.
El IVA saltó en enero 45,1%, a $84.972 millones: 36,8% subió el IVA impositivo (a $60.538 millones) y 63,1% el aduanero (a $26.185 millones). «La actividad, queda claro por los resultados de la recaudación de IVA y de seguridad social, que no es un problema», subrayó el titular de la AFIP, Alberto Abad.
«El crecimiento del IVA va bien por encima de la inflación, en línea con el dinamismo del consumo apalancado en el crédito -coincidió Federico Furiase, de la consultora EcoGo-. Y con gran impulso del IVA aduanero en un contexto de fuerte aumento de las importaciones», agregó.
Algo similar sucedió en la provincia de Buenos Aires, donde la recaudación creció en enero en un 33%, a $23.870 millones, también producto de «las mejoras en niveles de cobrabilidad y una mayor actividad económica», según dijo el responsable del ente recaudador provincial, Gastón Fossati.
A nivel nacional, todos los sectores mostraron un dinamismo superior al que habían tenido a comienzos del año pasado. La industria manufacturera le aportó a la AFIP en concepto de IVA un 48% más versus igual mes de 2017 (unos $8035 millones más); la construcción, un 53% más ($1595 millones); el comercio, un 37% ($5992 millones); la explotación de minas y canteras, 100% ($1838 millones, gracias a un aporte extraordinario de YPF); la intermediación financiera, un 41% ($2325 millones); información y comunicaciones, un 48% ($1569 millones), y el sector de servicios, 31% ($2413 millones).
Al fisco le ingresaron en enero $84.915 millones en concepto de impuestos a la seguridad social, un 29,1% más que en igual mes de 2017. Según Abad, el dato refleja además que los salarios le ganaron en el período a la inflación de precios. «El nivel de empleo aumentó 1% en enero pasado con respecto a enero de 2017. Con lo cual esta variación [de la recaudación por seguridad social] fue sobre todo por efecto precio. Contra la inflación acumulada, que fue de 24,8%, los salarios reales aumentaron varios puntos por arriba», dijo Abad.
Según explicó el recaudador, los ingresos por el impuesto a los débitos y créditos subieron levemente menos que la recaudación total, en un 23,7%, no por un problema de actividad, sino porque en este caso influyó que hubo en enero dos días hábiles menos que en igual mes de 2017. Mientras que por Ganancias se recaudó solo 12,5%, en parte por el impacto de las nuevas deducciones y el prorrateo de la recaudación en el aguinaldo.
Lo más flojo volvió a ser lo recaudado por exportaciones: le reportaron al fisco ingresos por $11.856 millones, apenas 5,3% más que en enero de 2017. Fue consecuencia de que los derechos de exportación cayeran 40,3% a $ 3645 millones, dado que los derechos de importación treparon 59,4%, a $8212 millones.
En la AFIP consideran que en la exportación sobre todo está pesando la retención de stocks de soja por parte de los productores. Los volúmenes por los cuales se pagaron derechos de hecho bajaron en un 56% interanual en el caso de los pellets de soja y en un 93% en el de los porotos de soja.
«La recaudación creciendo al 28% sin blanqueo muestra que la economía crece por el mercado interno», resumió Ramiro Castiñeira, de Econométrica.
En 2017, la industria y la construcción volvieron a crecer
En 2016 se habían contraído ambas. Pero se recuperaron el año pasado. La actividad fabril se expandió 1,8% y la construcción 12,7%.
El asfalto y la obra pública empujaron la actividad de la construcción. .
La actividad industrial creció 1,8% en 2017. En tanto, la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía, avanzó el 12,7%, según informó -ayer- el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Con los resultados de diciembre, que mostró una suba de 0,3% en relación al mismo mes de 2016 en el caso de la industria y del 14,5% en la construcción, el organismo informó los guarismos de ambas actividades durante el año pasado.
En la industria, el promedio comenzó a mostrar signos positivos en la variación a partir de mayo, luego de 15 meses de caídas interanuales consecutivas.
La suba de 1,8% recortó en parte el retroceso de 4,6 % que se había registrado en 2016, pero con diferentes comportamientos, según los rubros.
Así, el sector de la industria de la alimentación bajó 1,4 % por la menor molienda de cereales y oleaginosas, y lácteos, pero con subas en el procesamiento de carnes.
El procesamiento de petróleo bajó 1,4% a pesar de un repunte del 2,3% interanual en diciembre, mientras que la industria textil -uno de los grandes perdedores entre los sectores industriales- cayó 6,7 %, y la producción de cigarrillos 4,7 %.
En tanto, el sector automotor comenzó a mitad de año una lenta recuperación, asociada a la mayor demanda de Brasil y otros mercados externos, por lo que cerró 2017 con una suba del 5,4 %, lo que impulsó una suba del 1,5 % en la producción de neumáticos.Por su parte, la producción de acero crudo avanzó 11,3 % debido a la mayor demanda del sector energético y de maquinaria agrícola.
Las actividades vinculadas a la construcción también tuvieron un impulso y por eso subió 6,2% la producción de minerales no metálicos, y 8,5% la metalmecánica, excluída la automotriz.
En este marco, según la encuesta cualitativa del INDEC, el 35,5 % de las empresas de las firmas consultadas espera un aumento respecto a la demanda interna hasta marzo inclusive, frente a un 12,7 % que prevé una baja, mientras que el restante 51,8 % anticipó un ritmo estable.
Pese a la recuperación del 2017, la industria todavía no logró recuperar sus niveles de 2015. «Considerando el retroceso de 2016 (-4,6% interanual), este sector se encuentra casi 3% por debajo de los niveles de 2015», según la consultora Ecolatina. «Peor aún, si consideramos el crecimiento poblacional, la contracción Industrial per cápita asciende a 5% en dos años», apuntó.
De acuerdo con los datos oficiales, en el sector de la construcción, la suba del 12,7% en el año estuvo impulsada primero por la obra pública, pero a esto se le agregó una mayor actividad del sector privado, asociada con la facilidad de acceso al crédito.
El 12% de las empresas dedicadas a la obra privada anticipa que esta seguirá en aumento hasta marzo inclusive contra 8% que ve una disminución, mientras que el 80% restante no prevé mayores cambios.
El panorama resulta más alentador entre los que se dedican a obra pública donde el 34,5% anticipa una suba en la actividad.
Según las estimaciones de la consultora LCG, en 2018 «la industria tendrá un crecimiento aproximado del 2% interanual. Dado que la construcción volverá a tener un buen año en 2018 y los sectores vinculados seguirán en alza».
«La recuperación de Brasil y el mayor crecimiento estimado para la región podrán traccionar al sector automotriz y las exportaciones de algunos sectores. El resto encontrará mayores dificultades para crecer, aunque el giro reciente de la política monetaria y su compromiso implícito con corregir el atraso cambiario, podrían implicar cierta recuperación», precisó en su último informe.
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Ya van ocho días de movilizaciones en la ruta y la situación se torna preocupante. Por un lado, los camioneros autoconvocados reclaman que la tarifa de referencia se haga ley para todo el país; ruralistas y agroexportadores señalan que la medida impide la comercialización del cereal por lo cual genera pérdidas y a su vez, solicitan al Gobierno que haya justicia y control, y por último, desde el Ministerio de Transporte, consideraron que la medida fuerza de los transportistas es irracional y violenta.
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