Conforme el lenguaje sofístico y sentimental que muy bien saben imponer los partidarios del aborto, este hecho no constituye la desaparición forzada de un menor sino apenas “la interrupción del embarazo”, eufemismo cortés para referirse a un filicidio sin escandalizar a la audiencia desprevenida. Pero dado que la “interrupción” por definición es el cese transitorio de una actividad para su posterior reanudación, dicha descripción sería injusta por errónea, siendo que los embarazos no se “interrumpen” puesto que el aborto es un acto de naturaleza definitiva e irreversible, precisamente porque la muerte es un hecho definitivo e irreversible: “ahorcar es interrumpir la respiración” decía con sorna Julián Marías.
¿Y qué es el aborto entonces? Es la muerte de la persona por nacer ¿Y cuándo comienza la vida? Desde el momento mismo de la concepción. Y lo dicho no es la “anacrónica” sentencia de un teólogo preconciliar, sino la ciencia desde la embriología y la biogenética la que nos ha demostrado con absoluta certeza que la vida humana comienza en el momento en el cual se unen el gameto masculino (espermatozoide) y el gameto femenino (óvulo), y es en este proceso de fusión cuando se acoplan 23 cromosomas del espermatozoide con 23 cromosomas del óvulo materno. Esto forma el cigoto, es decir un nuevo ser conformado en su inicio por 46 cromosomas con su material genético propio y un sistema inmunológico diferente del de la madre. Basta que la unión de las células se dé, para que indefectiblemente se constituya un nuevo ser, sin importar si tal generación de vida humana fue el fruto del amor abnegado de los esposos o de una brutal violación: “No se trata de una opinión, de un postulado moral o de una idea filosófica, sino de una verdad experimental. Si el ser humano no comienza con la fecundación, no comienza nunca. Ningún científico informado puede indicar un solo dato objetivo posterior a la constitución de un nuevo ADN como hecho del que dependa el inicio de una vida humana. Afirmar que la vida humana comienza después de la fecundación, no es científico. Es una afirmación arbitraria, fruto de ideologías o intereses ajenos a la Ciencia. El cigoto, fruto de la fusión de las dos células germinales, es un individuo distinto del padre y de la madre, con una carga genética que tiene el 50 % de cada uno de los progenitores” confirma el padre de la genética moderna Jéromê Lejeune, afirmación que la ciencia médica Argentina ha ratificado desde la Academia Nacional de Medicina.
Y como nada hay de científico en los silogismos abortistas, el grueso de su propaganda se nutre de un martirologio sentimental compuesto de la sucesiva narración de historias de vida reales o ficticias de tinte traumático que supuestamente habría padecido la madre encinta y así, se busca justificar a modo de “mal menor” la pretendida defunción del niño: “Las mujeres ricas se hacen los abortos que les está vedado a las mujeres pobres” alega el libreto abortistas en jerga clasista. Pero aunque esta afirmación jamás probada fuese cierta, vale parangonar que el hecho de que las mujeres ricas consuman cocaína y las pobres pasta base, no por ello el Estado debería distribuir cocaína en las clases menos pudientes para así fomentar la viciosa “inclusión”.
“La mujer que está embarazada es pobre y encima tiene otro hijo ya nacido que mantener” es otro de los argumentos sensibleros más habituales. O sea que en vez de ayudar a rescatar a la mujer de la pobreza, lo que proponen sus “representantes” es matar al niño por nacer a los fines ahorrativos ¿Y si mejor matamos al hijo más grande que es el que genera más gastos? Pero vale agregar que el aborto no es un problema de clase social: se practique por mujeres ricas o pobres, se haga clandestinamente o bajo la protección del Estado, se consume sin medios o con la más sofisticada tecnología, no deja de ser siempre el mismo homicidio contra la vida de un inocente indefenso. Nadie pretende obligar a la mujer embarazada a tener un hijo no querido, pero ocurre que “el hijo no querido” ella ya lo tiene consigo: el bebé en gestación no es una persona de existencia potencial sino actual.
“Aunque lo prohíba el Código Penal, los abortos se hacen igual. Hay que legalizarlos para evitar el riesgo de muerte de la madre al que es sometida por abortar en lugares inseguros” ¿Hay mujeres que corren riesgo de muerte tras abortar en ámbitos clandestinos? Sí. Y es triste y lamentable. Pero el detalle es que la mujer que muere al exponerse voluntariamente al delito filicida no es víctima sino victimaria, y en calidad de tal acaba accidentalmente muriendo: aquí la verdadera víctima es el niño. Análogamente, si un ladrón quiere robar un banco y en la intentona es abatido por la policía, su muerte fue una consecuencia no deseada como consecuencia del riesgo inherente a su actividad criminal. ¿Tenemos que despenalizar el robo para que el ladrón no corra riesgos de muerte entonces?
Pero los riesgos por delinquir en el aborto parecieran no ser tantos: en Argentina hay un promedio anual de 43 muertes maternas por abortos (entre inducidos y espontáneos) según cifras del Ministerio de Salud al 2016. Ese mismo año se produjeron 171.408 defunciones femeninas y las 43 que murieron como consecuencias del aborto representan el 0,025% del total de los decesos femeninos, guarismo ínfimo que pone de manifiesto que la despenalización del aborto no es una urgencia real sino una agenda artificial: anualmente son 3000 las mujeres que mueren en accidentes de tránsito y jamás hubo una marcha para reclamar mejoras en políticas de vialidad. También en 2016 murieron por deficiencias nutricionales 525 mujeres, pero nadie marchó contra el hambre ese año. Las contundentes cifras parecieran indicar que los abortistas están más interesados en deshacerse del hijo que en salvaguardar la integridad de la mujer.
“La mujer es perseguida por la justicia por el simple hecho de disponer de su cuerpo” rezan las consignas feministas. Y más allá de que el niño en gestación no es parte del cuerpo de la madre, lo cierto es que la mentada “persecución” no pareciera tener efecto práctico: se jactan los abortistas de que hay 500 mil abortos por año en Argentina (otra cifra inflada y sin respaldo), pero resulta que de las 76 mil personas hoy detenidas en los establecimientos penitenciarios diseminados por el país, apenas se conoce el caso de una sola mujer que lo está por haber delinquido con un aborto, dato que lamentamos porque ello nos confirma la gran impunidad que existe en materia tan delicada.
Otros de los aforismos abortistas más habituales nos dice que “en la panza el bebé es totalmente dependiente de la madre”, y que en aras de esta dependencia “la cosa” sigue siendo parte del cuerpo de la progenitora, y es potestad de ella decidir proseguir o no con el embarazo. Nadie le niega a la mujer el derecho a disponer de su cuerpo, pero una cosa es disponer de “su cuerpo” y otra distinta es disponer del cuerpo de un tercero, y que encima ese tercero sea su propio hijo y cuya “disposición” consistiría en asesinarlo. Y tan independiente es el cuerpo del niño respecto del de la madre, que ni siquiera forma parte del cuerpo de la progenitora la placenta, ni el cordón umbilical ni tampoco el líquido amniótico, sino que estos órganos los ha generado el hijo desde su etapa de cigoto porque le son necesarios para sus primeras fases de desarrollo y los abandona al nacer, de modo semejante a cómo años después del nacimiento, el propio niño abandona los dientes de leche cuando ya no le son útiles para seguir creciendo. Y en cuanto al insistente punto de la “dependencia del niño respecto de la madre”, cabe agregar que un bebé recién nacido también mantiene un altísimo grado de dependencia a expensas de la madre —más allá de que tras nacer respire por sí o se alimente sin cordón umbilical—, dado que si ésta lo desatiende apenas por unas horas, el niño no tardaría en expirar. ¿Tiene más dignidad un pequeño de cinco años de edad que uno nacido hace cinco días dado que éste último es más dependiente que aquél por no saber hablar ni caminar?
Y como a la postre los argumentos anticientíficos de los abortistas terminan cayéndose uno a uno, se suele acudir al extrañísimo caso del “embarazo generado por una violación” y entonces, por excepción, sostienen que aquí sí habría que autorizar el aborto. Pero esta excusa no suele ser tan excepcional: el grueso de las mujeres que quieren abortar dicen “haber sido violadas” sin tener que aportar mayores pruebas de la supuesta violación ni de la identidad del violador. En efecto, la inmensa mayoría de estos casos suelen ser invenciones con pretensiones filicidas dado que la legislación local habilita a la mujer a decir que fue violada y sin mayores trámites ni precisiones, consigue agilizar la autorización judicial para abortar con relativa facilidad. Con el agravante de que es justamente en el caso de las violaciones y como consecuencia del tremendo estrés generado ante tan repugnante situación, cuando los porcentajes de producción de embarazo disminuyen drásticamente: por ejemplo en Estados Unidos un estudio fundado en 1290 víctimas de violación concluyó que en sólo el 0,6% de los casos se configuró posterior estado de preñez. Y en una sucesión de 3.500 violaciones atendidas y tratadas a lo largo de 10 años en el Hospital San Pablo de Minneapolis, no se registró ni un solo caso de embarazo. Pero aunque contemplemos el caso hipotético de una violación real de la cual surja una preñez efectiva: ¿no cabría concentrar la energía en castigar al violador antes que en matar al menor?
Que como consecuencia del aberrante delito la madre no quiera tener un hijo ello constituye una desgracia insalvable: al hijo ya lo tiene consigo en el vientre. Que no lo quiera criar y hacerse cargo de la criatura sí es algo salvable, puesto que lo puede dar en adopción. Al mismo tiempo, es el Estado el que tiene que contener afectiva y psicológicamente a la madre ante tan fatídico tránsito, cuidar la vida del niño en gestación y, por supuesto, darle un castigo categórico y ejemplar al depravado.
Sea legal o ilegal, el aborto mata igual. Y en el debate que las modas ideológicas han impuesto en la Argentina, vale destacar el penoso hecho de que el establishment derecho-humanista que clama despenalización ha omitido expresamente velar por los derechos de la verdadera víctima de esta historia: el bebé.
Así es el restaurante que abre Margarita Barrientos en un antiguo vagón de subte
El coche donado por el gobierno de la Ciudad es de 1913 y volverá a brillar cuando inaugure el lugar el 19 de febrero. .
La consigna es tan curiosa como atractiva: visitar el viejo vagón de subte que Margarita Barrientos convertirá, en pocos días, en un buffet abierto a todo público. Según se anticipa, el flamante restó generará empleo sostenible y la posibilidad de visibilizar aún más a la Fundación que lleva su nombre y brinda desde la alimentación diaria hasta atención médica y escolaridad a cientos de vecinos.
«Nosotros pedimos el vagón a través de notas y la ciudad lo donó. Allí prepararemos comidas para turistas y se enseñará a cocinar. Algunos chefs profesionales ya se han ofrecido para venir a dar clases. La idea es que tenga una utilidad para el barrio y que sea un emprendimiento sustentable para la misma gente que trabajará ahí», adelanta la dirigente social Margarita Barrientos en la charla telefónica previa al encuentro personal, con su habitual voz pausada que genera placidez en el interlocutor. El coche La Brugeoise, una de las famosas «Brujas» fabricadas en Bélgica, fue donado a partir de la gestión que se concretó desde el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el ministro Franco Moccia al frente.
El coche de la línea A está listo para recibir comensales
Un vagón devenido en restaurante en medio del comedor Los Piletones es una idea que, a priori, genera atracción. Si bien es sabido que buena parte del material rodante en desuso de la Línea A, la primera que circuló en Buenos Aires, y en Sudamérica, es destinada a diversos emprendimientos, la propuesta no deja de ser extravagante y merece ser testeada en persona.
Sur, paredón y después
Los rasgos de la Buenos Aires más conocida comienzan a desdibujarse. A fundirse con una geografía diferente. Atrás quedó el barrio de Flores. En pocas cuadras la foto muta en otra. Lejos de la postal. Más real. La monumental torre mirador del fallido parque de diversiones Interama se agiganta aún más con la cercanía. Estamos en el sur profundo. Y si bien es cierto que es una zona en proceso de transformación a partir de, entre otras iniciativas, la construcción de la Villa Olímpica, aún es un rincón signado por las postergaciones y las necesidades urgentes.
Algunas calles se cortan ante importantes hectáreas de tierras despobladas que se atraviesan, paradójicamente en una ciudad que cuenta con barrios con una densidad poblacional altísima. Por momentos hasta se percibe cierta idiosincrasia rural al bordear esos extensos pastizales. Pero es la misma Buenos Aires. ¿O quizás otra?
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A un lado, la parte más humilde de Villa Soldati. En las márgenes, las vías del Premetro, acaso la mayor expresión viva del añorado tranvía porteño; autopistas que surcan el perímetro; y construcciones en altura, similares a las que se naturalizaron en el paisaje de la zona de Retiro. En la orilla opuesta, Los Piletones, próximo a convertirse en un barrio formal que ya cuenta, en algunas manzanas, con asfalto, iluminación pública de LED y denominación de calles con su correspondiente señalética. Todo huele a nuevo.
La calle Plumerillo vincula Soldati con Los Piletones. Es tan angosta que recuerda a la famosa inmortalizada por el folclore. No hay lugar para que se crucen dos automóviles. De a uno por vez. A su paso, los peatones deben esquivarlos. Acera y vía pública se amalgaman en unidad. Con solo decir su nombre, la indicación llega precisa: «Allá es, en aquel portón». Todos conocen el comedor fundado por Margarita Barrientos, orgullo del barrio. Y aunque los lugareños están acostumbrados a las visitas que se acercan a ese lugar referencial, las miradas se suceden. Somos forasteros. Como en un pueblo, los ojos siguen el paso de nuestro coche tratando de descifrar quiénes somos los que, seguramente, llegamos por primera vez.
Sobre rieles
A doscientos metros de la sede principal del comedor Los Piletones, cuyo paredón central está intervenido con la obra del artista plástico Milo Lockett, algo descoloca el paisaje. Una yuxtaposición exótica. Digno de una instalación de Ai Weiwei o una provocación surrealista de René Magritte. En el ingreso al nuevo barrio y pegado a la huerta de hidroponía, un impecable vagón La Brugeoise descansa plácido sobre sus rieles, como recuperándose del trajín de cien años de traqueteo por debajo de la Avenida Rivadavia y preparándose para su nuevo rol: albergar el nuevo restó y buffet que inaugurará la Fundación Margarita Barrientos el próximo 19 de febrero.
El coche que, desde 1913, ha prestado servicios para la Línea A de Subterráneos de Buenos Aires, luce todo su esplendor gracias a un minucioso trabajo de restauración a cargo de Salto-Diseño en Acción, con los especialistas Gustavo Yankelevich, homónimo del consagrado productor, y Máximo Ferraro a la cabeza.
Al ver el vagón, que conserva el tradicional azul oscuro y la línea amarilla que lo rodea como un cinto, es inevitable pensar en las historias que seguramente albergó durante un siglo de idas y vueltas desde la Plaza de Mayo hacia el oeste de la ciudad, primero terminando su travesía en Plaza Miserere, luego en Primera Junta, y finalmente en Flores. Personalidades como el Dr. Arturo Illia, en ejercicio de sus funciones como presidente de la Nación, o el entonces cardenal Jorge Bergoglio, han vivenciado ese recorrido fundacional en el transporte bajo tierra de la ciudad. Por qué no fantasear con que lo hicieron en ese mismo coche que se convirtió en la nueva estrella de Los Piletones.
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A Margarita Barrientos, la curiosa iniciativa le llegó de parte de Ezequiel Eguía Seguí, director ejecutivo de la Fundación y uno de sus colaboradores más estrechos, quien, además, es responsable de la huerta hidropónica La Tomasa de la Quinta que provee de productos sustentables al comedor. «A él se le ocurrió pedir el vagón para utilizar allí lo que se produce en la huerta y en nuestra cocina. Ezequiel es una personita maravillosa», explica Barrientos. La huerta hidropónica no se sostiene con tierra sino en agua y fertilizantes. Allí se produce tomate, lechuga, y acelga, entre otras verduras que llegan a la mesa del comedor sin conservantes artificiales. Esos vegetales serán los que degustarán los comensales que lleguen al restó que se llamará igual que la huerta y que ya luce su flamante nombre en uno de los laterales del vagón.
«Haremos un horno de barro y una parrilla. Y se servirán comidas calientes y auténticas de nuestras provincias, por eso vendrán chefs que capacitarán a la gente para cocinar. Pero también haremos lo que nosotros sabemos hacer: empanadas, tortillas, pan casero, humita. Acá hay mucha gente de Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy que tiene ganas de cocinar, y muchos que quieren probar lo que se come en el Norte de nuestra patria», explica Margarita, una mujer que con su convicción convence hasta al más incrédulo. Esa fe en su propio proyecto es, indudablemente, una de las claves de la realización de sus múltiples iniciativas y de una Fundación que, como el coqueto La Brugeoise, camina sobre rieles.
El buffet estará abierto a todo público y se espera una gran concurrencia de turistas a partir de la realización de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en la vecina Villa Olímpica que se está levantando en lo que era el predio del Parque de la Ciudad, aquel ilusorio Disney porteño que jamás terminó de afianzarse y siempre estuvo signado por la corrupción, la desidia y las pérdidas millonarias. Desde Los Piletones, aún se puede observar el esqueleto de alguna montaña rusa como un fantasma del fracaso.
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«Inauguraremos el 19 de febrero con una merienda con la presencia del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien es el padrino de la Fundación. No muchos quieren ser padrinos porque esto es muy grande y hay una gran responsabilidad detrás. Él nos ayudó mucho en varias ideas que habíamos proyectados, así que no le voy a perder la pisada», dice entre risas la mujer de Añatuya acostumbrada a golpear puertas. El vagón yace a pocos metros de las lagunas que le dieron nombre al barrio. Varios colaboradores van y vienen desafiando el sol tórrido para poner el sector a punto.
A pesar de la pesada carga de responsabilidades que le genera la Fundación, que también cuenta con una sede en Añatuya, Santiago del Estero, a Margarita Barrientos no se la percibe abrumada. «Como buena santiagueña, soy muy tranquila, pero no me gusta dormir la siesta. Solo me pongo nerviosa cuando las cosas no funcionan porque me gusta que todo funcione a la perfección. Mis hijos se enojan porque me dicen que todo tiene un tiempo de espera. Pero a mí me pone mal la espera». La instalación del antiguo coche de la Línea A demandó, desde la gestión inicial, un trabajo de seis meses que seguramente para Margarita significaron eternos.
Luego de la visita al vagón, el regreso hasta la sede del comedor implica que salude a mucha gente. Las vecinas le dan un beso, los chicos le gritan su nombre y varios colaboradores la consultan por las más diversas cuestiones.
Margarita trata de usted. Respeto y timidez al mismo tiempo. Se despide. Es hora de continuar atendiendo las demandas de su obra. Su cabeza está repartida en decenas de temas que la ocupan día a día. Trabajar es un verbo al que recurre una y otra vez. Conjugación esperanzada para alguien que luchó por romper su destino carente de todo. Y hoy lo hace para cambiarle la vida a los que la rodean. Devolverle la dignidad que comienza con un plato de comida. Pero va mucho más allá. «Me gustaría que la gente pueda elegir lo que quiera comer y no yo elegir por ellos.», dice a modo de conclusión. Su obra le genera orgullo, pero sabe que mejor sería que no fuese necesaria.
El restó montado en el vagón de la Línea A espera a unos metros la llegada de los visitantes que, en pocos días, tendrán la posibilidad de colaborar con la Fundación Margarita Barrientos y conocer de cerca lo que se hace en este sector de la ciudad tan cercano y tan alejado al mismo tiempo. Será ese vagón, metáfora de tantos viajes realizados, una excusa para acercar a los que quieran descubrir esta otra ciudad, dentro del Buenos Aires querido que, a veces, se nutre de una mirada parcial, sesgada y con injustas omisiones.
«Con el firme objetivo transformador que el diseño sea una plataforma para mostrar diferentes realidades y asistir a las necesidades presentes de todas las personas». Casi a modo de estatuto fundacional, así se presenta Salto-diseño en acción, proyecto creado por Gustavo Yankelevich y Máximo Ferraro, responsables del Estudio Modo Casa. «La idea de Salto es transformar los espacios a través del diseño», explica Yankelevich.
A veces considerado como algo banal o exclusivo de sectores sociales acomodados, el diseño, sin embargo, es un verdadero arte que interviene lugares y le aporta un valor agregado a la identidad patrimonial. Con la colaboración de varias empresas que donaron materiales, Yakelevich y Ferraro inauguraron las tareas de Salto trabajando sobre el vagón de subte que se transformará en el coqueto buffet de Los Piletones. Fue a través de la iniciativa de Ezequiel Eguía Seguí, director ejecutivo de la Fundación Margarita Barrientos, que los diseñadores tomaron contacto con el singular espacio, y con la mediación del Grupo Mass que se encarga de la comunicación de Salto. «Buscamos que sea una experiencia transformadora al concebir el diseño no solo como un espacio de consumo. Hay que traspasar ese estadío. La idea es, también, dejar una obra de diseño que perdure. Con el vagón materializamos una idea en torno a atravesar barreras, siendo coherentes con el nombre de nuestro emprendimiento», finaliza Yankelevich.
Salto se encargó de armar la mesa central y las que se ubican entre los asientos, además de la intervención artística en el techo del coche con plantas que le dan vida a esa superficie. Por otra parte, organizó el entorno con decks que albergarán sombrillas para que la gente también pueda comer «en el andén». Los La Brugeoise son verdaderas joyas de diseño. Quienes haya viajado en la Línea A no olvidarán las tulipas de luces, los espejos y los asientos con varillas de madera. Reflejo de otros tiempos, cada coche es una verdadera exquisitez. Con aire acondicionado y una barra diseñada especialmente por Salto, el vagón cobrará una nueva vida, pero no perderá su elegancia.
Sigue en alza el comercio electrónico: en 2017 las ventas crecieron un 41,7%
Sumaron $136.000 millones, según la Cicomra; los dispositivos móviles (35,2 millones) ganan protagonismo en el país.
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El comercio electrónico en la Argentina registró un incremento del 41,7% el año pasado respecto de 2016 y el monto de las operaciones por esta vía llegó hasta los $136.000 millones, según un estudio realizado por la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra).
«El comercio electrónico sigue creciendo por sobre la inflación dado que aún sigue en aumento la proporción de compradores online y de los usuarios de Internet», explicó el titular de la consultora Prince Consulting, coautora del estudio.
En diálogo con la agencia Télam, Alejandro Prince -titular de esa consultora- precisó que al mismo tiempo «se agregan cada año nuevos rubros y empresas revendendoras».
Según el informe, tomando los valores en dólares en el año se vendieron productos y servicios por US$7771 millones, con un ticket promedio anual por comprador de $5484. Sobre un universo de 36 millones de usuarios de Internet, el 68,9% de ellos hicieron compras electrónicas por la Web.
«La venta online todavía representa menos del 2% de las ventas minoristas totales, mientras que en los países industrializados de mayor desarrollo del comercio electrónico este porcentaje es del 5% o más», señaló Prince.
El directivo agregó que «el comercio electrónico en la Argentina puede y debe seguir creciendo, aunque a menor tasa anual, hasta más que duplicar su porcentaje actual».
La expansión de los dispositivos móviles, que en la Argentina llegaron el año pasado a 35,2 millones de usuarios únicos (3,2% más que durante 2016), y especialmente el crecimiento de las conexiones móviles a Internet, que alcanzaron los 28,9 millones (3,2% más que en el año anterior), llevaron a las empresas vendedoras a adaptar sus estrategias a la era de la movilidad.
En ese sentido, la plataforma de comercio electrónico Tienda Nube indicó que en su caso «no existen más tiendas que solo realicen ventas a través de computadoras».
Remarcó que el 14% de sus operaciones «fueron creadas a partir de negocios que vendían principalmente a través de dispositivos móviles, y hoy en día concretan más del 80% de sus ventas desde esos dispositivos».
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Las visitas a sitios de comercio electrónico desde dispositivos móviles pasaron de tener el 58% de participación en el año 2015 al 61% en 2016 y saltaron al 73% el año pasado.
En las ventas la proporción también refleja un crecimiento, y el año pasado superaron por primera vez la cantidad de ventas concretadas desde computadoras fijas con un 50,09% de transacciones cerradas desde móviles.
Además, según la plataforma, el ticket promedio en 2017 aumentó un 20% respecto del año anterior.
Mientras crece la actividad de las plataformas digitales dedicadas al comercio electrónico, por las que operan empresas y particulares (en este segmento reina Mercado Libre, del empresario Marcos Galperin, con fuerte expansión en la región), muchas empresas comenzaron hace tiempo a explorar un canal propio de comercio electrónico. Ya son varias las compañías que, más allá de mantener su presencia en las cadenas de retail, lanzaron sus propios sitios de e-commerce.
En esta tendencia entraron tanto marcas de electrónicos como de alimentos y bebidas. Así, Unilever, Danone, Whirlpool, Coca-Cola, Peabody, Cartoon Network, Nivea, Mascota Vineyards, Microsoft y Philips, entre otras, son algunas de las que se animaron a dar el paso en la Argentina, siguiendo una estrategia que ya es mundial.
En esta actividad, las llamadas «fechas especiales» como el Hot Sale y el CyberMondayrepresentan una oportunidad que esperan tanto los compradores en busca de descuentos como los vendedores, que suman visibilidad y por ende nuevos clientes a su tienda en línea.
«Cada año se agregan nuevos rubros y empresas revendedoras; el comercio electrónico debe seguir creciendo en el país». Alejandro Prince. Titular de Prince Consulting.
Mercado Libre redobla su apuesta y desafía a los bancos con una tarjeta prepaga
La lanzó con Mastercard, pensando en los clientes de la plataforma comercial que no operan con cuentas bancarias.
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Mercado Libre cantó «retruco» en la particular partida que libra contra los bancos en el mercado local al sellar un acuerdo con la administradora de tarjetas Mastercard para lanzar una tarjeta prepaga, precisamente destinada a los clientes que usan esa plataforma de negocios pero no están bancarizados.
Con esta asociación intenta acelerar su crecimiento en el mercado financiero, evitando cerrar acuerdos o tener que asociarse con los bancos, que ya plantearon ante el Banco Central (BCRA) sus reclamos contra los avances de Mercado Libre por las ventajas competitivas con que esta empresa contaría.
El plástico, según se informó, será gratis y permitirá que compradores y vendedores de Mercado Libre «paguen y extraigan los fondos que generan con sus productos y servicios desde cajeros automáticos». «Apuntamos a una mayor inclusión financiera, que es tan importante como la digital», afirmó Paula Arregui, gerenta de producto Mercado Pago, el sistema de pagos que es uno de los brazos de más crecimiento dentro de Mercado Libre, ya que registró transacciones por US$12.000 millones en el último año, por sus operaciones en 8 países, donde ya cuenta con 180 millones de usuarios.
La tarjeta prepaga, lanzada en asociación con MasterCard Argentina, permite espejar el saldo de la cuenta de cada cliente en Mercado Pago y usar ese dinero -producto de ventas en plataforma o de precargas- en los más de 34 millones de comercios y sitios adheridos a Mercado Libre. Los aportes a esa cuenta podrán hacerse por cajeros o por las cadenas de pago (Rapipago, Pago Fácil, etc.).
También permitirá sacar dinero de los cajeros de la Red Link, siempre que el cliente tenga saldo disponible, aunque con un costo que rondaría los $ 10 por extracción, según se informó.
Este tal vez sea el mayor beneficio, ya que, hasta ahora, los usuarios de Mercado libre no podían convertir en efectivo sus saldos si no era con una transferencia bancaria de por medio y que se acreditaba varios días después.
El plástico, que constituye una novedad en el mercado local, ya funciona en Brasil y en México, donde cuenta con 200.000 y con 80.000 usuarios, respectivamente.
Al presentar el producto, Arregui aclaró que la empresa debió adaptar procedimientos a normativas dispuestas para evitar el lavado de dinero, aunque no tuvo que hacer «adecuaciones regulatorias especiales».
Insistió en que eso se debe a que Mercado Pago no intermedia dinero. «El dinero que prestamos con Mercado Crédito, que fueron unos 250 millones de dólares considerando toda la región, es con capital propio. No captamos depósitos de los usuarios, como hacen los bancos, para después prestarlos».
En los bancos sostienen que ese argumento no contempla la realidad, ya que «entre que Mercado Libre cobra y le paga al vendedor pasan ocho días», por lo que en la mayoría de los casos no estaría utilizando capital propio.
El resto de las críticas está referida a los beneficios impositivos con que cuenta Mercado Libre, dado que las retenciones por ventas con tarjetas bancarias son mayores que las que se aplican a ventas realizadas con la plataforma, e incluso por los beneficios impositivos y laborales derivados del Régimen de Promoción de la Industria del Software del que goza y del convenio laboral desde el que desarrolla actividad financiera.
La tarjeta se suma al acuerdo que Mercado Libre ya había sellado con el banco Patagonia para lanzar una tarjeta de crédito Mastercard para los usuarios del sitio, de la que ya lleva emitidos 180.000 plásticos, según se recordó ayer.
Dos referencias
El antecedente
En octubre el plástico ya fue lanzado en Brasil y en México, donde ya emitieron unas 200.000 y 80.000 tarjetas, respectivamente.
La prueba local
En la Argentina se emitieron ya unas 25.000 tarjetas a modo de prueba desde diciembre. Permiten hacer retiros de cajeros, si se tiene saldo.
Los comienzos de año nunca son plácidos para Macri. Ya ocurrió en 2016 y en 2017 y vuelve a producirse ahora. Marchas, contramarchas, errores no forzados, conflictos políticos y gremiales, subas de precios y caída en las encuestas marcan el inicio de 2018.
Si bien nada de eso mella el optimismo del Presidente ni el de varios de sus ministros, sí admiten que tienen meses complejos por sortear.
A continuación, diez amenazas, riesgos o debilidades del Gobierno que explican la preocupación oficial. Y cómo piensa enfrentarlas:
1. La inflación
Que no cede: a las tarifas y los aumentos de los impuestos inmobiliarios acaba de sumarse la suba de la nafta.
El Gobierno sostiene que la inflación núcleo sigue en baja, que es un riesgo calculado para facilitar el crecimiento y que cederá en el segundo trimestre.
2. Las negociaciones paritarias
Están vinculadas a la inflación, que para este mes se calcula en el 2,3%. Por lo tanto, la meta de un techo del 15% sin cláusula gatillo que pretende el Gobierno se ve cada vez más utópica. Y abre las puertas a probables conflictos o paros.
Por eso, el oficialismo analiza herramientas como bonos no remunerativos, compensaciones y alguna variante del gatillo.
3. El sindicalismo
Con una CGT dividida y en proceso de reestructuración, Moyano, los dirigentes kirchneristas o filokirchneristas y el barrionuevismo se unen para mostrar los dientes y amenazan con alterar la pax macrista. A ellos se suman la izquierda con representación gremial y los movimientos sociales, que adherirán a la marcha impulsada por los Moyano para el 21 de este mes.
En este ámbito se registra una combinación de factores que alimentan la confrontación:
a. Causas judiciales.
b. Enrolamientos políticos e ideológicos.
c. Proyectos del macrismo que avanzan sobre beneficios y privilegios gremiales.
d. Sectores laborales en problemas o amenazados por políticas del Gobierno.
La estrategia oficial es aislar a los gremialistas más confrontativos para que no sean el vértice donde se una la oposición atomizada. Para eso se alientan informes de organismos oficiales que complican la situación judicial de algunos y se refuerzan lazos con los dirigentes más dialoguistas, facilitando sus negociaciones y evitándoles el paso por el tomógrafo ético.
4. La condición de minoría parlamentaria
Que lo obliga a costosas negociaciones y concesiones.
Frente a esa debilidad, el Gobierno recurre a la cuestionable táctica de eludir el Congreso, como con el megadecreto que modificó decenas de leyes. También replantea y troza proyectos de ley, como ocurre con la reforma laboral. Además, decidió presentar menos iniciativas del Poder Ejecutivo y empoderar a sus legisladores para que presenten y hagan propios algunos proyectos.
Un dato favorable para el oficialismo es la fragmentación opositora, que mejora su situación coyuntural. Por eso, el Gobierno escucha y trata de saciar necesidades de legisladores y gobernadores opositores dispuestos a colaborar.
5. La volatilidad financiera externa
Como la que se registró el lunes por la perspectiva de suba de tasas en EE.UU., que complica la posibilidad de tomar deuda, mientras la economía local sigue sin crecer lo suficiente como para que el déficit fiscal tenga menos impacto.
La opción del Gobierno para limitar su exposición a estas contingencias es endeudarse en el mercado local, como acaba de hacer (con éxito) con las colocaciones de letras del tesoro y bonos en pesos.
6. La reticencia a invertir de las empresas extranjeras:
Ni siquiera el triunfo oficialista en las elecciones legislativas logró torcer esa realidad, aunque todo el Gobierno procura mostrar un escenario positivo y cita la llegada de capitales en el sector energético y en líneas aéreas low cost. Por eso, intenta aprovechar la presidencia del G-20 y la presencia en el país de los líderes de las principales potencias en esa cumbre. Aspira a poder exhibir entonces indicadores positivos en lo económico y lo político.
7. Los empresarios locales
Que piden más protección de lo que están dispuestos a arriesgar.
El Gobierno apunta a convencerlos o forzarlos a que cambien y adecuen sus negocios ahora, porque después puede ser tarde. Como con los sindicatos, solo ha logrado resultado favorable en casos aislados.
8. La caída en la imagen y el aumento de la demanda social
La consolidación de Cambiemos como principal fuerza política después del triunfo sobre Cristina Kirchner redujo el temor al pasado como motor de apoyo al Gobierno y pone en la mira el presente que viven los ciudadanos. La falta de resultados positivos en el bolsillo de la mayoría (léase inflación y desempleo), algunos traspiés en materia ética y la inseguridad aparecen como los principales reclamos que motorizan la abrupta y consistente caída de la imagen del oficialismo.
La promesa de un futuro económico mejor todavía cuenta para el Gobierno como un activo, pero las expectativas se van degradando.
En materia ética sigue contraponiendo el pasado, con los casos más escandalosos que golpean al kirchnerismo y a algunos sindicalistas. La Justicia sensible a la orientación del viento político hace un aporte relevante para el oficialismo. El Gobierno a eso sumó algunas medidas efectistas (tomadas por reacción), como la flamante prohibición de que familiares de ministros sean funcionarios.
En seguridad, el camino elegido parece ser la mano dura y el empoderamiento de las fuerzas de seguridad, en una apuesta no carente de riesgos y de críticas, que refuerza lo ubicación en el cuadrante ideológico de derecha, encasillamiento al que el Gobierno trata de rehuirle. Pero confía a ciegas en la polémica y audaz Patricia Bullrich y en las encuestas que analiza Durán Barba.
9. Errores no forzados de sus funcionarios
El caso Triaca es el mejor ejemplo de uno de los talones de Aquiles para una administración que prometió un shock de eficacia y transparencia en la gestión.
El Gobierno responde que no niega los hechos, que hace autocrítica y que muestra disposición a rectificarse. Al mismo tiempo sigue subiendo la vara en lo discursivo. Hasta ahora le ha dado resultados positivos, pero ese capital también se va consumiendo.
10. La dificultad para imponer su agenda
Desde diciembre el Gobierno ha corrido detrás de los hechos y tuvo problemas para instalar temas que sean evaluados positivamente, mientras la oposición consiguió reforzar o instalar aspectos negativos.
En este terreno mostró una actitud más defensiva que proactiva y encontró límites en su estrategia de apuntar a la centralidad de las redes sociales como herramienta comunicacional. Por eso, ya está preparando cambios también en este terreno.
Así empieza el año el Gobierno. En los próximos dos meses comenzará a despejarse el horizonte. Entonces, podrá saberse a quién le asiste la razón: si a los agoreros de la oposición o a los entusiastas del oficialismo.
El conflicto con camioneros podría generar pérdidas millonarias para el país
La medida de fuerza tomada por los camioneros autoconvocados está impactando en la producción, abastecimiento y exportación.
8 de febrero de 2018
Si bien se registraron algunos hechos violentos, no en todo el país fue igual, en zonas como el sur de Córdoba la movilización fue pacífica.
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Ya van ocho días de movilizaciones en la ruta y la situación se torna preocupante. Por un lado, los camioneros autoconvocados reclaman que la tarifa de referencia se haga ley para todo el país; ruralistas y agroexportadores señalan que la medida impide la comercialización del cereal por lo cual genera pérdidas y a su vez, solicitan al Gobierno que haya justicia y control, y por último, desde el Ministerio de Transporte, consideraron que la medida fuerza de los transportistas es irracional y violenta.
Todas las voces
Edgardo Godoy, es un camionero de La Carlota, una ciudad localizada al sur de la provincia de Córdoba, quién integra el grupo de Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA). En diálogo con Infobae, comentó: «Lo que reclamamos es la tarifa de referencia, no estamos pidiendo un aumento sino que se cumpla lo que figura en carta de porte«. Para Godoy cada día que pasa el transporte se está complicando más, está decayendo y generando un gran problema económico.
Al ser consultado sobre la medida de fuerza y los hechos violentos difundidos, respondió: «En esta zona planteamos una manifestación pacífica para hacernos escuchar. No hemos tenido problema, aunque algunos colegas me han informado que hubo gente infiltrada que generó conflictos«. Si bien en algunas zonas parece ser pacífico, en otras partes del país como Santa Fe y Chaco, ayer se registraron cortes de rutas.
“Este problema no surgió de un día al otro, lo venimos acarreando año a año, los aumentos de los costos son muy altos y percibimos mucho menos”, indicó Godoy con respecto a los reclamos y pedidos realizados.
Según relató, desde un primer momento quisieron dialogar. «Se informó antes y durante la manifestación y por diferentes medios al Ministerio de Transporte, estuvimos hablando con algunos diputados que también le comunicaron al Gobierno nuestra intención».
Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos #MesaDeDiálogo
En relación a la intervención de los legisladores, este miércoles Luis Contigiani, Diputado Nacional por la provincia de Santa Fe (Frente Progresista Cívico y Social), publicó en su cuenta de Twitter: «Acabo de presentar en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto de los transportistas autoconvocados. El Estado tiene que intervenir en el marco de la oferta y demanda, de lo contrario van a desaparecer muchos transportistas, pequeños y medianos«.
De acuerdo a lo informado, la tarifa de referencia se discutirá este jueves. Hasta tanto no haya soluciones, el paro continúa por tiempo indeterminado.
El diputado Luis Contigiani presentó en el Congreso una propuesta para solucionar el conflicto
Rechazo
En respuesta a los reclamos realizados por parte de los camioneros autoconvocados, fuentes del Ministerio de Transporte, aclararon: «Hay una ley que regula el transporte de cargas, que lo que establece es que el Estado, a través de mesas de diálogo donde intervienen las partes (dador de carga, cámaras representantes de transportistas, gobierno) ponga una tarifa de referencia que es orientativa para lo que después se decida por oferta y demanda. En la práctica esta tarifa actúa casi como un techo y los valores suelen estar por debajo«.
En este contexto, cabe señalar que en la «mesa de negociación participativa» de la tarifa de referencia, participan funcionarios de la Subsecretaría de Transporte Automotor y del Ministerio de Agroindustria, además de dirigentes de la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), FAA, SRA, Coninagro, CRA y Federación de Centros de Acopiadores de Cereales.
Además, desde Transporte recordaron que para controlar esa tarifa de referencia existen mecanismos regulados de defensa y en contra de abusos. Al respecto, indicaron que «esta gente no paso por ninguno de estos pasos», y resaltaron que «establecer una tarifa fija implicaría cambiar esa ley, por ende, ir al congreso».
En cuanto a la medida de fuerza adoptada por los camioneros autoconvocados la calificaron de irracional y violenta. Para la cartera que conduce Guillermo Dietrich, esta gente no buscó ningún canal de diálogo. En relación a ello, argumentaron: «No tienen representatividad y creemos que no tienen tampoco dimensión del impacto y daño que están generando».
“Hay repudio de las cámaras de transportistas, de las cámaras de comercio, incluso la cámara argentina de empresas de nutrición animal, que no están pudiendo abastecer. Hay animales muriéndose”, subrayaron y como algunas de las consecuencias de la medida, precisaron que está paralizando el comercio exterior, la productividad y el abastecimiento
Hasta el martes a la tarde había 65 buques y están demorados porque no pueden terminar de completarse
Platos rotos
En sintonía con las pérdidas materiales, Infobae consultó a Andrés Alcaraz, Gerente de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y del Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Con gran preocupación se refirió a la situación en los puertos y señaló: «Hasta el martes en la tarde había 65 buques y están demorados porque no pueden terminar de completarse para poder salir y porque ya no hay más existencias de granos, ni en las plantas de oleaginosas ni en los puertos».
Según lo comentado, esos 65 barcos a un costo de alquiler diario de entre USD 15.000 y USD 25.000 si la medida continúa por diez días, el alquiler alcanzaría los USD 13 millones.
“De continuar la medida por diez días dejarían de liquidarse divisas por exportaciones en torno a los USD 1.000 millones y por otra parte, habrá que pagar costos por incumplimiento de contratos de exportaciones que ya estaban celebrados”, advirtió Alcaraz.
Al ser consultado sobre la solución que esperan, manifestó: «Nosotros no somos parte del conflicto sino que pagamos los platos rotos al estar en el medio. Entendemos que el Ministerio de Transporte y de Seguridad han tomado cartas en el asunto y además están implicados los gobiernos de las distintas provincias».
En este contexto, cabe señalar que según datos difundidos por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el total de camiones cargados con granos ingresados a las terminales del Gran Rosario cayó 54% respecto a la semana pasada y 60% respecto al año pasado a la misma fecha.
Intervención, justicia y control
Cada uno exige lo suyo, tan es así que mediante un comunicado, los Centros de Corredores de Cereales de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca y Entre Ríos solicitaron al Gobierno nacional que garantice la libre circulación de camiones cargados con granos ante los bloqueos realizados desde la semana pasada por grupos de transportistas autoconvocados.
Por su parte, la Bolsa de Cereales de Córdoba, manifestó: «Repudiamos la situación de atropello inadmisible, cuyas pérdidas materiales ya son incalculables. Solicitamos a las autoridades nacionales y provinciales su inmediata intervención en resguardo de la cadena agroalimentaria, protegiendo el trabajo y la seguridad de los bienes y las personas».
Ante este contexto de conflicto en derrame, cabe recordar que hace tres años hubo un paro similar por cuestiones sindicales, duró 25 días y finalmente arribaron a una solución. Esperemos que la resolución para todos, tarde menos.
La batalla de las multinacionales por vender agua embotellada
Danone, Nestlés y Coca-Cola lanzan presentaciones. Negocio de $ 8.000 millones por el que pelean 200 empresas.
Por Carlos Lamiral.
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Los argentinos consumen 22 litros de agua mineral al año por habitante y gastan en ello al menos unos $ 8000 millones, según estimaciones del sector. Son unos 800 millones de litros al año. Y al igual que en el resto del mundo, tres compañías concentran casi el 85% del mercado: Danone, Nestlé Aguas y Coca-Cola, que conviven con otras 200 embotelladoras pequeñas, cuya influencia es de tipo regional. Luego de un 2017 flojo en consumo, los tres grandes jugadores se aprestan para dar batalla en 2018. La competencia se da en todos los segmentos en formatos de botellas de 500 cm3, uno y dos litros y hasta bidones de 6,3 litros.
El gerente de marketing de Nestlé Aguas, Matías Aspiazu, espera que este año sus ventas crezcan 4%. “Es un mercado muy estacional. La verdad es que las puntas del año son muy importantes en términos de lo que representan en el total”, afirma Aspiazu. Recuerda que si bien el verano de 2017 “fue algo fresco” y que eso no ayuda al consumo, la caída de las ventas “es más efecto macroeconómico” por las medidas de ajuste que tomó el Gobierno que restaron dinero en el bolsillo del público. “Es una categoría que tiene perspectiva de crecimiento sostenido”, aclara. Nestlé tiene la marca Eco de los Andes, que se embotella en Mendoza; Nestlé Fuerza Vital, que apunta al consumo familiar, y Glaciar, baja en sodio y enfocada al mercado de la salud.
Aspiazu anticipa que este año la empresa procurará ampliar las ventas en la versión bidón de Glaciar, en una propuesta orientada a la familia en general, más allá del posicionamiento del producto en el mercado que, por ser bajo en sodio, se lo asocia para personas hipertensas. Después de lo que consideró un buen año, el gerente de Nestlé Aguas dice que la empresa suiza detenta un 30% del market share en el mercado nacional. “La idea es seguir creciendo”, aclara y destaca: “Este año apostamos a lanzamientos de Nestlé Pureza Vital, que es una botella de 2,25 litros, para consumidor que busca una propuesta más orientada a precio”. En el verano, la empresa siguió con Eco One, que es la presentación de botella de un litro con pico especial, pensado para practicantes del running y la actividad física.
Agustín Mostagny, director de marketing de Aguas Danone, afirma que “este año se espera un crecimiento del mercado del 2%, que es el mismo que se viene dando los últimos tres años y es similar a lo que pasa en el mundo”. Mostgany revela que la estrategia de la empresa francesa propone “construir hábitos de hidratación saludable” entre las personas y que para ello busca “hacer del agua una bebida más atractiva”. El plan procura “educar al consumidor respecto de las diferencias entre aguas, sabor, origen y minerales que aportan”, dice el directivo. Las marcas emblemas de la compañía son las históricas Villa del Sur y Villavicencio. La primera se extrae en la provincia de Buenos Aires y la segunda, en Mendoza.
Mostagny opina que “en materia económica hubo varios anuncios y reformas en los últimos meses que son un paso importante para el sector productivo”. Sin embargo, advierte: “Consideramos que para impulsar una hidratación saludable, se debería eliminar el impuesto interno que afecta al agua mineral, tal como lo propuso el Gobierno inicialmente con la reforma impositiva. Pero vemos con buenos ojos el reordenamiento tributario que se quiere implementar, especialmente en lo referente a Ingresos Brutos”.
El gerente de marketing de Danone Aguas agrega que la innovación forma parte de su ADN. Y para ponerse a tono en la batalla por la preferencia del público, señala que este año invertirá un 4% de la facturación en innovación y desarrollo.
El tercero en discordia es Coca-Cola, a través de Bonaqua y Kin. La primera se extrae en Córdoba y la segunda es mineralizada. Su gerente de portfolio, Federico Rolando, destaca que “2018 es un año de grandes objetivos para las opciones de aguas” de su empresa. Considera que Coca-Cola cuenta “con el precedente de éxito de Kin en 2017, que se posicionó en el tercer lugar dentro de la categoría y que sigue creciendo a nivel nacional, ofreciendo una opción mineralizada y baja en sodio”. El directivo anticipa que el grupo norteamericano está “explorando un nuevo camino creativo con Bonaqua con el objetivo de seguir creciendo en la categoría” y cuenta: “Traeremos innovaciones de otros países del mundo que se podrán ver dentro de los próximos meses”. Rolando manifiesta que “el segmento de aguas en la Argentina está en constante crecimiento, y por ello se puede proyectar un incremento en el consumo para este año”. En tal sentido, precisa que ese avance se ve en todos los segmentos del negocio, tanto en minerales naturales, como en mineralizadas y en agua potable embotellada.
Rivales
Alejandro Correa es director de la consultora Toctumi y autor de la única guía de ‘Aguas minerales argentinas’, que se editó hace unos años. Destaca que en el mercado nacional “conviven 200 empresas de distintos tipos y procedencias”. Entre ellas menciona a Sierra de los Padres, de la firma mendocina Nutreco; Alun-Co, de Bariloche; Gota, de Entre Ríos; Palmares, de San Juan; Villa Giardino, de Córdoba, y Palau, de Salta. Esta última dejó de operar el año pasado y el gobierno provincial prevé concesionar el manantial de donde se extrae. “Conseguir una licencia para embotellar agua mineral lleva años, y por eso las grandes firmas, cuando llegaron a la Argentina, compraron empresas que ya tenían hecho el trámite”, explica Correa.
El especialista destaca que “hace unos diez años hubo una explosión de consumo de aguas minerales en el mundo” y recuerda que salieron productos del denominado “segmento premium, que se llegaron a vender a 100 dólares la botella”. Haciendo historia, señala que “el agua mineral comenzó a venderse por propiedades medicinales hace como un siglo”. Es el caso de Palau, considerada la primera en ser embotellada en la Argentina. Debe su nombre a un español, Atonio Palau, quien a fines del siglo XIX comenzó con un complejo turístico termal en Rosario de la Frontera y al poco tiempo entendió que el agua se podía consumir perfectamente. Aún hoy se le adjudican propiedades medicinales.
Las cinco razones por las que la inflación no cede
Dólar, tarifas, emisión, falta de inversiones y expectativas en alza forman el cóctel inflacionario argentino.
Por Annabella Quiroga.
La evolución de la inflación, según el IPC Congreso de diciembre 2017. .
El ministro Hacienda, Nicolás Dujovne, acaba de reconocer que la inflación no baja al ritmo que el Gobierno quiere. Tras la «recalibración» de las metas para este año que la plana mayor del equipo económico anunció el 28 de diciembre pasado -cuando llevó el techo de 2018 al 15% anual-, los precios retomaron la escalada y para algunos economistas existe riesgo de que la inflación de este año iguale o incluso supere la de 2017.
En enero, los analistas estiman que el índice llegó a 2,4% y para febrero prevén una suba de 2%. Así, el primer trimestre acumularía un alza de al menos 6%, lo que consumiría el 40% de la nueva meta inflacionaria prevista para todo el año. Detrás de la escalada anidan las expectativas de los agentes económicos, los aumentos de los servicios regulados, la suba del dólar, la emisión monetaria a gusto del fisco y la falta de inversión para ampliar la matriz productiva.
Expectativas: el viernes pasado, el Banco Central difundió el primer Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, con una inflación anual de 19,4%, casi cinco puntos arriba de la meta oficial y dos puntos por encima de lo que se estimaba hace 40 días atrás. El incumplimiento de la meta del año pasado -era de 17% y la inflación fue del 24,8%- y la recalibración, golpearon la credibilidad del Banco Central y empujaron hacia arriba las previsiones futuras. Para la consultora Economía & Regiones, «el Banco Central tiene menos credibilidad y reputación que a comienzos de 2017, con lo cual su capacidad para influenciar (a la baja) sobre las expectativas de inflación es menor. Si la política monetaria no cambia, lo más probable es que la inflación de este año sea similar a la del año pasado; o incluso puede subir un poco».
Servicios regulados: el Gobierno decidió arrancar el año con una escalada tarifaria, que no por anunciada tuvo menos impacto en los bolsillos y en las expectativas. Las subas de transporte, luz, gas y prepagas generaron malhumor y quejas y a la vez, le fijaron un piso alto a la inflación del primer trimestre. Según la consultora LCG, a partir de estos aumentos el piso de enero quedó en 1,5%, el de febrero en 1,8%, el de marzo en 1,7% y el de abril en 1,9%.
Repunte del dólar: la divisa estadounidense subió 15% entre diciembre y enero. Sólo en el primer mes del año aumentó 5%. Si bien venía de varias meses planchada y en 2017 perdió por varios cuerpos contra la inflación, el repunte de enero hizo que muchas empresas remarcaran los precios, con el argumento de que dependen de insumos o de los precios internacionales de loscommodities. C&T Consultores detectó una suba del 3,1% en los alimentos en el primer mes del año, con una inflación general de 2,4%. Así, el pass throught meterá la cuchara en la inflación 2018. Pero para todo el año, el REM prevé que la devaluación será del 17%, por lo que la divisa volvería a perder la carrera contra la inflación.
Emisión monetaria: con un déficit fiscal del 4%, la emisión de pesos está condicionada por las necesidades del fisco. Un informe del economista Ramiro Castiñeira puntualiza que en 2016 y 2017 el Banco Central «emitió para financiar al fisco $300.000 millones, y para duplicar las reservas -de US$25.000 a 55.000 millones- emitió otros $475.000 millones». Para «esterilizar» estos pesos, en dos años emitió Lebac por $400.000 millones y expandió la base monetaria por $377.000 millones. Así, la mayor cantidad de pesos en la calle presiona sobre los precios. «Desde 1944 ,salvo contados períodos, tenemos inflación de dos dígitos. Todos los programas antiinflacionarios fracasaron porque ninguno reconoce el origen del problema: el déficit fiscal,» dice Castiñeira. [Nota de EconomiaPersonal: Esta es la verdadera causa de la inflación, la emisión sin respaldo para pagar el déficit fiscal]
Falta de inversión: “Afuera nos dicen que cuanto más rápido baje la inflación, más van a invertir”, dijo el presidente Mauricio Macri durante su última gira por Europa. Mientras para unos la inflación es un freno sobre las inversiones, para otros es una causa directa: la falta de inversiones impide aumentar la matriz productiva y esto limita la oferta. Cuando el consuma repunta y la demanda aumenta, la oferta escasa juega a favor de la suba de precios.
Tras la quita de aranceles, la venta de notebooks creció 55% y bajaron los precios
Por Pablo Fernández Blanco.
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Las cadenas de electrodomésticos y tecnología corroboraron con sus ventas del año pasado una de las verdades más indiscutibles de la economía: cuando un producto baja de precio, su demanda aumenta. Así lo muestran las estadísticas oficiales, según las cuales una estampida de consumidores entusiastas se volcaron a la compra de computadoras portátiles (notebooks), y muchos de ellos para llevarse los productos más costosos, algo que hasta ese momento no hacían.
El movimiento entre los consumidores de tecnología se originó en una decisión política. En abril del año pasado, la Secretaría de Comercio, que dirige Miguel Braun, eliminó los aranceles de importación de las computadoras para reducir el precio de los equipos en el mercado local. La medida tuvo tres efectos concretos: bajaron los valores, se dispararon las ventas y se desmoronó la fabricación local de esos productos.
Según los números que maneja el Ministerio de Producción, entre enero y diciembre de 2017 se vendieron más de 557.000 unidades, 198.000 más que el año anterior. Eso representa un aumento del 55%.
«La quita del arancel benefició de manera transversal a toda la economía al bajar el costo de un insumo básico y favorecer la creación de un mercado de más y mejores computadoras, beneficiando a los consumidores. Todas las pymes y los emprendedores del país las necesitan para trabajar y son quienes generan el 70% del empleo en la Argentina. Las computadoras son un insumo básico para las tareas productivas y también para la educación, la investigación y las familias», explicó Braun ante la consulta de LA NACION.
Hacia el final del año, además, la tendencia se profundizó. Por ejemplo, en diciembre pasado el incremento en las ventas fue del 72% con respecto al mismo mes de 2016.
La mayor explicación para el aumento de las ventas es la caída en los precios, que en dólares bajaron 18% en comparación con 2016, con un promedio por equipo de US$581.
El año pasado, además, las ventas de notebooks con procesadores más potentes (iCore) representaron el 47% del total, mientras que en 2016 ese nivel de tecnología se había llevado el 38%. En diciembre, una vez más, esa tendencia se profundizó y alcanzó al 61% de las unidades vendidas. También allí hay una coincidencia con los precios: las computadoras más caras bajaron 23% en promedio, por encima del total del mercado.
La quita de aranceles fue una de las jugadas arriesgadas del Gobierno el año pasado, dado que el mismo movimiento que logró una baja de precios sepultó las aspiraciones de consolidar una industria nacional de computadoras, que había comenzado a asomar con la ayuda del kirchnerismo.
Los números también confirman la afirmación anterior. Según las cifras de Afarte, la asociación que reúne a los productores de Tierra del Fuego, en 2015 se fabricaron en la isla 374.254 notebooks, mientras que se importaron 241.230.
En 2016, en tanto, las cifras se equipararon, pero el año pasado, con la eliminación del arancel, la producción local bajó hasta 705 unidades (apenas un 0,18% del número del último año de Cristina Kirchner en la Casa Rosada), mientras que las importadas llegaron hasta 1,46 millones. En otros términos: crecieron más del 500 por ciento.
«No se producen más computadoras en Tierra del Fuego desde la quita de aranceles a la importación», explicaron en Afarte.
Los productores fueguinos temieron el año pasado que el Gobierno tomara una medida similar con los teléfonos celulares, algo que no ocurrió. Mientras tanto, se pusieron a hacer algunos cambios en el negocio para subsistir, como bajar los costos, mejorar la competitividad y bajar los precios.
Según un trabajo de Afarte, un teléfono Samsung Galaxy J7 liberado costaba en enero del año pasado $7859, pero terminó en septiembre a $ 7013,29, según los datos que recolectó la cámara a través de las ofertas que hacen distintas cadenas de retail en la Web. Eso arroja una caída de un 11% en pesos, pese a la devaluación de la moneda local y, por lo tanto, el encarecimiento de los componentes importados (medidos en moneda local).
Pese a los esfuerzos, los comercios domésticos siguen teniendo el precio más caro, pero la brecha con sus competidores, al menos en esos productos, parece haberse achicado. Un Galaxy S8 costaba el 1º de septiembre pasado 1133 dólares (con un tipo de cambio de $17,5), US$38 más que en Chile y US$166 más que en Brasil. El valor más bajo, por mucho, lo sigue teniendo Estados Unidos, donde ese modelo costaba 657 dólares.
Para bajar los precios, los productores fueguinos redujeron plantillas de trabajadores, prestaron más atención a los gastos y se olvidaron de sus planes para incorporar componentes nacionales a la fabricación de productos para abrirles paso a los importados.
La salud y sus costos: el debate por las cuotas y los servicios de las prepagas
Los amparos y las nuevas tecnologías y medicamentos, entre otros factores, llevan a costos crecientes en una actividad en la que se advierte que, con las subas recurrentes de precios que afectan a los afiliados, no habrá solución; las medidas en danza.
Por Silvia Stang.
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Las cuotas de la medicina prepaga llegan este mes con una suba de 4%. Si ese incremento se suma a los que se acumularon desde 2012 -es decir, desde que se puso en vigencia el mecanismo de autorizaciones dadas por el Gobierno dispuesto por ley-, resulta que los planes se encarecieron un 382%.
Aun con el esfuerzo que eso significa para los bolsillos de los afiliados, los directivos del sector insisten -en encuentros que mantienen desde el mes pasado con funcionarios del Gobierno- con advertencias que son ya de largo plazo, respecto del impacto en el gasto que provocan factores como las nuevas tecnologías y medicamentos de alto costo, los amparos que ordenan dar coberturas muchas veces sin previsión, y la incorporación de obligaciones por la vía de leyes que no consideraron el financiamiento.
Existe, en rigor, una tendencia global a una inflación mayor en los servicios de salud que en la economía en general. «Hay varias transiciones que determinan la inflación en la salud; la primera es el propio éxito del sistema en hacer que la gente viva más y deje de enfermarse por causas fácilmente evitables -afirma Federico Tobar, sanitarista argentino, asesor regional del Fondo de Población de Naciones Unidas-. La segunda transición es poblacional, porque por factores demográficos y migratorios se incrementan las demandas de salud; la tercera es la tecnológica y se da porque cada vez hay más respuestas a síntomas y enfermedades con innovaciones que son caras, y la cuarta transición es cultural: se vincula a una reducción del umbral del dolor tolerable y a la mercantilización de los cuidados y a entenderlos como un bien de consumo».
En la Argentina, a esos aspectos se suman la elevada inflación general y el impacto de las devaluaciones (por insumos con costos dolarizados).
Según la crítica de no pocos referentes del sector, algo que agrava la situación local es que el tema no fue considerado en los últimos años como estratégico para la política. Los efectos de una medicina que se encarece no solo impactan en el sector privado, sino también en las obras sociales y en el sistema público. De hecho, se advierte que la respuesta a cómo se lograrán y se administrarán los recursos en un entorno de costos siempre crecientes debe darse desde una estrategia integrada, que abarque a toda la población y que tenga al Estado asumiéndose a sí mismo como garante principal de la atención.
El registro de amparos que abrió la Superintendencia de Servicios de Salud, revela que solo las obras sociales tuvieron 3200 reclamos en 2017 (no hay datos de las prepagas). Y la mayoría, según las autoridades, fue por prestaciones de alto costo no cubiertas (en las que pacientes y familiares ponen esperanzas). Un reciente caso en Córdoba es mirado con interés por las empresas: un fallo dispuso que se cubra una medicación muy costosa ($19 millones), pero ordenó al Estado pagar el 90% y a la prepaga, el 10%.
El debate de fondo sobre cómo hacer frente de manera inclusiva y equitativa a los costos de la salud, parece siempre postergado. Hay algunas cuestiones ahora volcadas sobre la mesa, como la revisión del Plan Médico Obligatorio (PMO), la habilitación de planes de cobertura parcial y la implementación de coseguros (pagos de bolsillo por consulta).
A eso se suma la creación de una agencia evaluadora de tecnologías, que se exprese respecto de si corresponden o no ciertas coberturas (como voz no vinculante). El Gobierno ya propuso crear esta agencia, pero incluyó el punto en la reforma laboral, y ahora está a las espera de una nueva definición política.Y hay quienes recomiendan políticas como la de un seguro para cubrir de manera universal las enfermedades de alto costo, mirando experiencias como la de Uruguay.
Según fuentes de la superintendencia del área, hay un grupo de trabajo integrado por ese organismo, el Ministerio de Salud y las prepagas, que hoy revisa aspectos de la ley 26.682, aprobada en 2011 bajo el rechazo de las entidades. De los encuentros podrían surgir medidas que apunten a las reglamentaciones de esa normativa, o bien algún cambio más de fondo, con impacto sobre un sector que tiene unos 6 millones de afiliados (se estima que 1,5 millones están por contratos directos y el resto, por triangulación de los aportes a las obras sociales).
Cuestión de precios
En cuanto a las cuotas de los planes de salud, las normas regulatorias establecieron un mecanismo por el cual las entidades deben pedir autorización y justificar la necesidad de aumentos, a autorizar por el Gobierno. «Se está hablando ahora de simplificar el proceso administrativo y burocrático, porque el decreto reglamentario de la ley lo complejizó», señala Hugo Magonza, presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), que nuclea a entidades sin fines de lucro.
En el Gobierno hay quienes barajan la idea de dar libertad para fijar precios, algo que no tendría mucha aceptación entre los actores del sistema y que, además, requeriría una reforma legal difícil de conseguir.
Por lo pronto, y en lo que se refiere a la suba de este mes, la resolución que la habilitó se refiere al alza de los costos generales. En el sector admiten que el pedido de autorización respondió a que, por la alta inflación de 2017, se activó la cláusula gatillo del convenio salarial firmado con el sindicato de la sanidad. Así, a partir de enero, el salario básico de una enfermera de piso, por ejemplo, pasa de $18.311 a $19.031 (el sector está entre los de remuneraciones bajas).
La situación de los costos despertó conflictos internos en la actividad, referidos a cómo se distribuye el dinero conseguido con las subas de cuotas: los prestadores (clínicas y centros de atención) que no son propiedad de las prepagas, se quejan porque las subas de aranceles que reciben de los financiadores (prepagas) son hoy inferiores a lo que dicen necesitar y al nivel de alza de cuotas de los planes de salud. Según Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra), mientras que entre marzo de 2017 y el mes pasado los costos crecieron 26,4%, los ingresos subieron 17,8%. En Mendoza hubo en los últimos días una campaña de comunicación a los pacientes respecto de esta situación.
Las clínicas están desde hace más de una década y media al amparo de la emergencia sanitaria, prorrogada hasta 2019, que les permite no pagar impuestos sin generar reclamos de la AFIP. El problema, claro, vendrá una vez que termine esa protección y se calcule toda la deuda acumulada.
«Se ha compartido con los prestadores más de lo que se podía ofrecer; estamos todos navegando con poca agua», señala Claudio Belocopitt, presidente de Swiss Medical, una de las firmas líderes del sector con doble rol: es financiadora y prestadora.
Lo más realista es esperar que se sigan pidiendo y autorizando alzas de cuotas que hagan que, este año, vuelvan a superar la inflación general, como en 2017. «Esto no se arregla con cuotas, porque hay un límite de mercado», admite Magonza.
El PMO y los amparos
Bajo la gestión de Luis Scervino al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (el antecesor de Sandro Taricco, actual funcionario), se llamó a una licitación, por la cual hoy dos empresas trabajan en una revisión de la canasta prestacional obligatoria de las obras sociales y las prepagas. «Tenemos un PMO desactualizado y la consigna para el nuevo es que sea financiable y que los jueces vean bien qué se cubre», apuntan desde el área de Salud del Gobierno. La propuesta estaría lista, agregan, hacia mediados de este año.
La preocupación por la judicialidad referida a la cobertura surge tanto entre funcionarios como entre actores del sistema. Para Jorge Piva, presidente de Medifé, la situación refleja el desentendimiento de larga data del Estado respecto de su rol de garantizar el cuidado de salud y de ocuparse, con alguna política concreta, de casos que pueden considerarse epidemias sociales.
Piva destaca la novedad que trajo días atrás un fallo en Córdoba, en la causa «Hermoza Vega, David y otro c/ Parque Salud» en la cual, por un costo de $19,8 millones, el juez federal Miguel Vaca Narvaja resolvió hacer cargo del pago del medicamento a la prepaga, pero solo en un 10%, mientras que el 90% del monto debe ser afrontado por el Estado nacional. «Es interesante que tanto en el fallo de primera como en el de segunda instancia se indique que el garante del sistema es el Estado», afirma el directivo, que señala como otro factor de preocupación a la suba de las tasas de uso de los servicios.
En el sector hay expectativas por los efectos que podría tener la proyectada Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, que tendría por función (según la iniciativa oficial) analizar medicamentos y prácticas médicas para definir su incorporación o su exclusión del PMO, y determinar cuál sería el impacto económico y social (entre los temas sensibles del debate están la definición sobre lo que es costo efectivo, y la repercusión en lo colectivo de las decisiones sobre casos individuales). Frente a casos conflictivos «la agencia sería no vinculante; actuaría como un auxiliar de la Justicia», dice Piva.
Para Rubén Torres, exsuperintendente y actual rector de la Universidad Isalud, hay al menos tres condiciones para que una agencia de ese tipo sea útil: debe ser transparente, estar integrada por «5 Favaloros», que sean personas totalmente desprovistas de todo conflicto de interés, y que gane credibilidad con el tiempo.
Más allá de la discusión judicial sobre las coberturas, hay quienes recomiendan que se permita una oferta más amplia de contratos con los asociados. «Para moderar estructuralmente el gasto hay que ir a planes parciales», dice Jorge Colina, economista de Idesa especializado en temas de economía y salud. Hoy se exige la venta del PMO completo, «pero no todo el mundo lo necesita». La ley 26.682 autoriza contratos no integrales, pero de manera muy limitada.
Torres se muestra a favor de esa opción. Pero advierte que los planes parciales implicarían que, por las enfermedades no cubiertas en el contrato adquirido, habrá que ir al sistema público. Aquí se llega a un punto por el cual, se dice, debería comenzar una reformulación del sistema de salud: el de considerar una solución integral, en la que el Estado tome su rol y defina qué cobertura habrá para toda la población, más allá de la situación social y laboral de cada quien.
«Querer arreglar como algo aislado el tema de la medicina prepaga no sirve. El Estado tiene el rol de definir el plan nacional de salud y el modelo de atención; es el primer responsable, pero durante muchos años miró para otro lado», evalúa Magonza.
Las regulaciones
En la discusión por la ley de prepagas, uno de los puntos más controvertidos fue el del artículo 10, que obliga a no rechazar afiliados con enfermedades preexistentes, algo cuestionado por la imprevisibilidad que provoca en el gasto de un sistema alimentado solo con las cuotas de quienes se asocian. La normativa dispuso que el Gobierno debe aprobar, con cada pedido de afiliación, qué cuota pueden cobrar las prepagas.
Según Magonza, sobre ese punto hoy se analiza la posibilidad de establecer una tabla de valores según condiciones y edad del paciente, que haga que no sea necesario el pedido de autorización para cobrarle un extra a quien se afilia al momento de necesitar un tratamiento. Según el directivo, lo que ocurrió en los últimos años fue que, al tramitarse pedidos y al no haber respuesta de las autoridades, se ordenó afiliar con cuota plana hasta nuevo aviso. «El nuevo aviso nunca llega y los costos los pagan los demás afiliados», sostiene.
Otro factor regulatorio, agrega Belocopitt, es que debería determinarse cómo se pagan las nuevas prácticas, sobre todo luego de que se sumaron obligaciones con leyes que no previeron financiamiento. «Hay drogas que tienen valores exorbitantes, y así el sistema no es sostenible», señala.
Una medida aplicada en otros países para financiar tratamientos costosos es la constitución de fondos especiales que, a manera de seguros, se usan para enfermedades predeterminadas. Ocurre algo así en el sistema nacional de obras sociales, con un fondo al que se deriva una parte del aporte y la contribución del empleado y su empleador. En el segmento de las prepagas eso nunca se implementó. Pero pagar las nuevas tecnologías y medicamentos por la vía de cuotas, «se vuelve algo inalcanzable», sentencia Piva, que ve con buenos ojos el Fondo Nacional de Recursos que tiene Uruguay.
«Un seguro nacional de enfermedades catastróficas, que contemple la protección frente a las enfermedades más caras, debería definir cómo tratarlas, con protocolos únicos para todos», evalúa Tobar. Y agrega que debería ser función de este seguro contratar a los prestadores y comprar en forma centralizada los medicamentos y las tecnologías de alto costo.