El demoledor informe de la London School of Economics sobre el auge madrileño y el declive catalán
El demoledor informe pone el dedo en la llaga y confirma por qué Madrid avanza y Cataluña retrocede.
Isabel Díaz Ayuso
El contraste entre Madrid y Cataluña está a la orden del día. Desde que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso logró el «sorpasso» y superó los niveles de producción observados en la autonomía gestionada por Pere Aragonés, cada vez se habla más del auge madrileño y del declive catalán.
La pasada semana, sin ir más lejos, el empresario y futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, reconoció «sentir envidia sana de Madrid, de todo lo que está haciendo, puesto que es un ejemplo para Europa y todo el mundo». Piqué fue más allá y declaró que le gustaría «que Barcelona estuviese a ese nivel». La alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, se dio por aludida pero negó la mayor.
En este sentido, un artículo académico publicado por Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy explora los niveles de confianza interpersonal y colectiva existentes en ambos territorios. Tomando ese criterio como referencia, estos dos profesores de la London School of Economics plantean que el auge de Madrid y el declive de Cataluña tiene mucho que ver con la fractura social y la desconfianza que experimenta el segundo territorio, en marcado contraste con el satisfactorio modelo de cohesión que ha propiciado el sistema abierto y plural de la primera autonomía.
La confianza, factor clave
El estudio de ambos autores «analiza las trayectorias económicas divergentes de Barcelona y Madrid desde la transición de España a la democracia». Su propósito es estudiar «cómo es posible que Barcelona, la ciudad que hace cuatro décadas estaba mejor posicionada para emerger como el principal centro económico del país, haya perdido frente a Madrid».
De acuerdo con ambos autores, «las trayectorias divergentes de las dos capitales tienen menos que ver con el tirón de Madrid como capital de España, con el desarrollo de nuevas infraestructuras en una u otra región o con economías de aglomeración, y se explican más bien a partir de factores institucionales«. Así, Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy detectan «una creciente fractura social en Cataluña, a lo largo de líneas económicas, sociales y de identidad, lo que ha llevado a una mayor ruptura de la confianza y al desarrollo de grupos fuertes que tienen una capacidad limitada para tender puentes entre sí».
Dicho de otro modo, la politización asociada al proceso independentista estaría contribuyendo a debilitar los niveles de confianza interpersonal y supone «la aparición de externalidades negativas que han limitado el potencial económico de crecimiento de Barcelona». En cambio, Madrid se ha erigido en la locomotora de la producción nacional precisamente porque presenta las condiciones opuestas y su sistema social se ve influenciado de forma mucho menos intensa y divisiva por parte de la política, que además está ajena a las diferencias de corte separatista o al discurso identitario propio del nacionalismo.
Los dos autores subrayan las diferencias entre las sociedades madrileña y catalana del siguiente modo:
– Madrid presenta niveles más altos de participación comunitaria en asociaciones, proyectos cívicos, etc. La identidad madrileña se ha revalorizado y demuestra que, en su esencia, es abierta y pluralista. Además, el foco político está claramente en la consolidación de un modelo liberal, volcado en el desarrollo, en la integración con Europa y la consolidación de Madrid como una gran capital global.
– Cataluña presenta una comunidad fragmentada. Sus grupos presentan costes de entrada/asimilación más altos. El modelo socioeconómico está marcado por la «captura de rentas» y la distribución sectaria de los bienes públicos. Las instituciones están capturadas por las élites políticas regionales y los lazos sociales se empiezan a desarrollar entre grupos cada vez más separados entre sí. Hay cada vez menos participación en asociaciones, proyectos cívicos, etc.
Resulta especialmente interesante comprobar los niveles divergentes de confianza interpersonal existentes en Madrid y Cataluña. Por ejemplo, el 31,5% de los madrileños cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, frente al 13,8% que tiene esta opinión en Cataluña. De igual modo, la confianza de los madrileños en personas de otra nacionalidad es cuatro veces mayor que la de los catalanes.
Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy citan la opinión de un directivo empresarial para resumir la situación actual: «a la hora de decidir dónde invertir en España, Barcelona ha sido tradicionalmente el punto de entrada natural, por su imagen como ciudad luminosa, abierta y llena de talento. Sin embargo, cada vez es más evidente que las cosas allí no son tan fáciles como habíamos imaginado». En cambio, ese mismo directivo recalca que «Madrid es hoy mucho más abierta, aquí nos dejan en paz y no interfieren en nuestra actividad».
Las conclusiones de los autores
Las conclusiones a las que llegan ambos autores son esclarecedoras y merecen ser leídas al completo:
«Madrid y Barcelona han sido durante mucho tiempo las dos grandes potencias económicas de España. Sin embargo, durante las últimas tres décadas, Madrid ha adelantado a Barcelona en prácticamente todos los indicadores económicos, convirtiéndose en una ciudad mucho más grande y en el centro de la actividad económica de España»
«La principal explicación de la divergencia económica entre ambas ciudades se encuentra en los diferentes marcos institucionales que prevalecen en las sociedades de una y otra capital. Madrid ha estado dominada durante mucho tiempo por una constelación de grupos sociales, económicos y culturales pequeños, que son relativamente débiles, en la medida en que son incapaces de moldear por sí mismos el rumbo del colectivo, lo que, por tanto, los obliga a interactuar entre sí. Esto ha dado pie a un ecosistema en el que la vinculación entre pequeños grupos es la norma, lo que conduce a la formación de una sociedad abierta e inclusiva, facilitando la transformación de ideas y talento en actividad económica«
«Barcelona, por el contrario, presenta grupos mucho más cerrados de partida, grupos a menudo divididos por líneas identitarias, económicas y políticas que, si bien fueron capaces de transformar la ciudad durante la transición a la democracia, luego han dado pie a importantes problemas internos/externos y han generado problemas de exclusión. La consolidación de grupos muy cerrados en campos como la identidad o la economía ha osificado las instituciones de Barcelona y ha tenido consecuencias económicas negativas«
«Como en el caso de Montreal, la existencia un entorno comunitario divisivo ha generado bajos niveles de confianza en las relaciones interpersonales y comunitarias. Esto ha llevado a una falta de participación constructiva en las actividades económicas, lo que ayuda a explicar la vacilación de individuos y grupos a la hora de desarrollar y colaborar en nuevas iniciativas»
«Vemos una sociedad cada vez más dividida en Barcelona, devastada por divisiones profundas y crecientes, y donde la falta de confianza ha impedido la construcción de puentes entre los distintos grupos, lo que ha proporcionado la semilla para una trayectoria económica general mucho peor que la que habríamos podido predecir hace décadas, dadas las características de partida de la Ciudad Condal»
«Madrid, aunque no está exenta de problemas, ha logrado construir una sociedad más flexible, lo que ha facilitado un logro nada despreciable, como es la creación de una ciudad más abierta, interconectada, internacional y económicamente dinámica. De ahí que las diferencias en los arreglos institucionales hayan provocado un revés económico mediante el cual el Madrid caricaturizado como «lento» ha acabado siendo mucho más pujante que la Barcelona a la que se presuponía más «activa».
«Según Andrew Dowling, «Barcelona y Cataluña no han aceptado este estatus cada vez más secundario y tampoco han aceptado el papel cambiante que juegan en la dinámica comparada entre las dos ciudades más importantes de España». En su opinión, esto «ha alimentado el giro a la secesión dentro de Cataluña», casi como una válvula de escape».
«Nuestros entrevistados en Barcelona insisten en que Cataluña ha acabado tan fragmentada que se está paralizando todo y se están provocando conflictos, cuando lo necesario sería tender puentes y «coser» una sociedad que ahora mismo está desgarrada. La capacidad para generar consenso y prestar atención a la dimensión institucional es, por tanto, tan importante desde una perspectiva económica como la mayoría de los demás factores que han dominado, hasta ahora, la conversación sobre estos temas.»
La riqueza de Madrid sube un 63% más que la de Cataluña desde el inicio del desafío independentista
Madrid crece más económicamente que Cataluña
Por Carlos Ribagorda.
La riqueza económica de Cataluña en la última década, desde el inicio del desafío independentista por parte del Gobierno autonómico liderado entonces por Artur Mas, ha crecido un 63% menos que la de la Comunidad de Madrid en el mismo periodo de tiempo, según un informe del Colegio de Economistas y la Cámara de Comercio de España hecho público este martes. De acuerdo a las cifras de este estudio, el Producto Interior Bruto (PIB) de Cataluña ha crecido de 2010 a 2019 en 19.797,3 millones de euros, mientras que el de Madrid ha subido en la misma década en 32.421,1 millones.
En el mismo periodo, con las mismas crisis económicas y los mismos rebrotes, la región gobernada ahora por Isabel Díaz Ayuso ha crecido en 12.624 millones más que su competidora por ser la locomotora de España, lo que supone un 63% más que Cataluña, regida en todo momento por los partidos independentistas, CiU y ERC. Esto ha permitido a Madrid sobrepasar en PIB a Cataluña en 2019, convirtiéndose en la región con más peso económico del país: 19,88%, Madrid; 19,42%, Cataluña.
La diferencia en el crecimiento económico de las dos regiones más ricas del país se ha ido intensificando a favor de Madrid desde el inicio del desafío independentista, que ha llevado a los diferentes gobiernos de Cataluña a centrarse en el proceso de ruptura con el resto del país y ‘vaciar’ la región de empresas: unas 7.000 compañías se han marchado de Cataluña ante la deriva independentista de sus gobernantes.
Según un informe del Colegio de Economistas y la Cámara de Comercio de España, el PIB de Cataluña ha crecido de 2010 a 2019 en 19.797,3 millones, mientras que el de Madrid ha subido en 32.421,1 millones
Así, Madrid ha incrementado su PIB desde 1975 -inicio del estudio de la Cámara de Comercio y el Colegio de Economistas- en 162.572 millones de euros, frente a los 147.087 millones de Cataluña. La diferencia en casi 40 años de democracia es de 15.500 millones a favor de Madrid: 12.600 millones, dos terceras partes del total, se corresponden con la última década, la del proceso independentista.
Esto ha tenido su traducción lógica en el PIB por habitante de las dos regiones. En 1975, la diferencia a favor de Madrid era de poco más de 2.000 euros. En 2010, previo al desafío independentista, se elevó a 3.600 euros a favor de los madrileños. Al cierre de 2019, la diferencia ha ascendido a casi 5.000 euros.
El presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, ha lamentado que el «procés» independentista haya convertido a Cataluña en una comunidad «del montón». «El ‘procés’ ha determinado que Cataluña haya dejado de ser líder de la economía española, como es su vocación, a ser una comunidad del montón y esto no se lo merece Cataluña», ha señalado durante la presentación del informe.
Madrid crece más que la media, Cataluña lo mismo
De acuerdo con el informe realizado por los economistas y la Cámara de Comercio de España, la Comunidad de Madrid ha crecido en los 45 años de democracia a un ritmo anual del 2,74%, situándose como la quinta región del país que más ha crecido en el periodo democrático. La media del conjunto de España ha quedado registrada en el 2,39%. Por lo tanto, Cataluña, con un 2,4% de media anual, ha crecido en línea con el resto del país pero ha perdido comba con Madrid.
El peso de la economía de Cataluña en el conjunto del país en 1975 era el 19,2%, frente al 19,4% de 2019. En el caso de Madrid ha pasado del 17% de 1975 al 19,8% de 2019
Algunos economistas aseguran que el sorpasso de Madrid a Cataluña se ha producido porque la capital ha fagocitado la economía de sus comunidades limítrofes, Castilla y León y Castilla-La Mancha, no porque Cataluña haya perdido peso sobre el PIB de España. Según el informe, Castilla y León ha crecido un 2% -quedando en el puesto 15 del total de 17 autonomías- y Castilla-La Mancha, un 2,38%, en la media nacional.
El peso de Cataluña en el conjunto del país en 1975 era el 19,2%, frente al 19,4% de 2019. En el caso de Madrid ha pasado del 17% de 1975 al 19,8% de 2019. Castilla-La Mancha se mantiene exactamente igual, en el 3,47% del total del conjunto del país, mientras Castilla y León ha bajado del 5,7% de 1975 al 4,9% de 2019.
País Vasco y Asturias, las regiones que menos crece en democracia
La segunda región española que menos ha crecido en democracia es el País Vasco, otra región gobernada siempre -salvo una legislatura- por los nacionalistas del PNV. Según el citado informe, la región vasca ha crecido un 1,8% anualmente desde 1975, porcentaje sólo superior al de Asturias -gobernada tradicionalmente por el PSOE- que ha crecido un 1,34% al año desde hace 45 años.
El peso de la economía vasca ahora en el conjunto del país es del 6,1%, frente al 7,8% que representaba en 1975. La traducción de este dato al PIB por habitante es que cada madrileño ha pasado de ser 800 euros más rico que un vasco en 1975 a ser ahora 2.000 euros más rico.
Estos datos han llevado al actual Gobierno del PSOE en Moncloa y a algunos gobiernos autonómicos ha criticar a Madrid por su política de impuestos bajos y por beneficiarse económicamente del efecto capitalidad. Para el PP, en cambio, se trata precisamente de la estrategia de bajos impuestos y la libertad política que existe en la región.
Antonio Mas: “Nadie en 12 años se ha dignado a llamar a Coca-Cola o a Repsol. En el momento que uno solo hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo”
Por Carlota Guindal.
Antonio Mas estafó cerca de 300 millones de euros a miles de inversionistas durante una década. Sus principales perjudicados fueron miembros de la burguesía catalana, empresarios, dueños de sicavs, altos cargos de inmobiliarias, deportistas o ricos de cuna. También de otros lugares de España. Vieron el negocio de Publiolimpia, una empresa que ofrecía una alta rentabilidad, que a veces superaba el 12% de beneficio, por espacios publicitarios. El negocio era sencillo y rentable. El único problema es que era un fraude. Cuando la gran mentira se hizo insostenible, el propio Mas acudió a los Mossos d’Esquadra a autodenunciarse. Se había tirado a una “piscina sin agua”, como él mismo reconoce, y finalmente se había estrellado.
La farsa no se sostuvo. Era una estafa piramidal de libro. Decía tener espacios con empresas de comunicación, como Mediaset o Atresmedia, que a su vez ofrecía a grandes clientes. Repsol, Coca-Cola, Samsung, Hawuei, Nintendo, o Movistar, entre otros. Lo que se le ocurriera. Daba igual e nombre de los clientes porque eran falsos.
A los inversores se les iba pagando sus beneficios con la entrada de más dinero de nuevos inversores. El negocio iba bien mientras seguía habiendo flujo de dinero. Una vez que se frena o algún inversor reclama recuperar toda su cantidad, el castillo de naipes se hunde. Y eso fue lo que ocurrió.
“Me amenazaron”
Él mismo se lo ha relatado detalladamente al juez de la Audiencia Nacional Alejando Abascal, que le tiene investigado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, en una declaración a la que ha tenido acceso La Vanguardia. El fiscal inició su interrogatorio con una pregunta sencilla. ¿Por qué lo hizo? El dueño de Publiolimpia, más conocido como el ‘madoff’ catalán por la gran estafa cometida, se justificó: “No paraban de atosigarme, de amenazarme, no paraban de presionarme muchísimo, y al final me vi obligado a cometer toda una serie de irregularidades que conllevaron a toda esta situación que nos encontramos ahora”.
Segunda pregunta obligada. ¿Quién le amenazó? “Luis Pascual Franquesa y Carlos Campdelacreu”. El primero es el hijo del famoso juez condenado por corrupción Luis Pascual Estevill. Antonio Mas, inició su vida profesional como técnico de RTVE. Decidió montar una empresa, Ata Producciones, y fue en ésta donde se asoció con los dos anteriores. De golpe y porrazo empezaron con inversiones muy grandes de dinero.
Sete Gibernau como inversor
Uno de sus inversores era Sete Gibernau, el corredor de motos. Estaba en un proceso de separación con su esposa, y lo que intentó de alguna manera es esconder su dinero. Mi sorpresa fue cuando un día apareció Luis Pascual y me dijo que tenía 11 millones de euros para invertir”, relató Mas al juez el pasado 3 de diciembre.
Sete Gibernau en el Circuito de Catalunya, en junio de 2015 (GTY)
A raiz de esa inversión, sus dos socios le reclamaron 18 millones de euros. “Recibo la visita de dos sicarios en mi despacho. Venían de una oficina de reclamaciones de impagados desde Colombia”, explica. “Me pusieron un cuchillo aquí y apretaron de lo lindo. Afortunadamente el cuchillo no traspasó nada más, aparte de pegarme cuatro mamporrazos, tirarme al suelo y ya está. Me dijeron, ‘te vamos a matar si no pagas, los 18 millones, mañana venimos a buscarlos’”.
El origen: 18 millones de deuda
Fue entonces cuando creó Publiolimpia. Su único fin era captar inversores para, con su dinero, pagar la deuda con sus dos socios. Necesitaba 18 millones de euros.
En un escrito de la Fiscalía, que consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso este diario, se detalla cómo Mas “para saldar la deuda con los primeros inversores y poder pagarles los intereses pactados, el investigado fue recurriendo a nuevo capital, lo que le supuso cada vez un mayor endeudamiento hasta que para poder continuar con su actividad empresarial simuló de la forma relatada que su empresa gestionaba espacios publicitarios”.
“De esta forma, el investigado sería autor de una estafa piramidal y falsedad documental que habría afectado a numerosos grupos de inversores, tras los que encontramos miles de perjudicados en todo el territorio nacional y algunos en el extranjero, ascendiendo el perjuicio causado a centenares de millones de euros, -sin perjuicio de que siendo muchos de dichos inversores extranjeros que operarían desde paraísos fiscales, dicha operativa también implicaría la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de Capitales”, recoge.
“No he ganado nada”
El negocio se le fue de las manos. Él reconoce que ingresó 200 millones de euros, aunque la Fiscalía cifra la estafa en cerca de 300 millones. Sin embargo, sostiene que devolvió 198 millones a los inversores. “El único capital que había está bloqueado en las cuentas. 860.000 y 750.000 euros. Yo no he ganado nada”, espetó en su interrogatorio. Aseguró que no tiene yates y que vive de alquiler. Según él, no tiene nada.
Mas reconoce que falsificó contratos con grandes compañías. Se lo inventó. El dinero se quedaba en la cuenta y no se movía. Nunca fueron a ninguna campaña de publicidad porque no existían. Ha tenido conocimiento a posteriori, que detrás de esos grupos de inversión “son gente de muy altísimo nivel”. Pero, a su juicio, de ellos también es la culpa: “Nadie en 12 años de todos los que están aquí representados se ha dignado a llamar a Coca-Cola, nadie, o a Repsol, nadie. Nadie. En el momento que uno, uno solo, hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo, nadie. Y hay gente…”, advirtió a todos los abogados presentes en su interrogatorio.
Tres años de investigación
(LVE)
La Audiencia Nacional acaba de reactivar esta investigación, después de que se iniciara en 2017, tras la denuncia puesta por el propio Antonio Mas contra él mismo. El asunto arrancó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona pero debido a las grandes cantidades presuntamente estafadas se trasladó a la Audiencia Nacional. En la firma de uno de sus negocios, mientras esperaba en la notaría, esperó sentado “porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que estaba pasando”. Él mismo reconoce al juez que la estafa era clamorosa. Falsificó la firma de sus clientes, como por ejemplo de Repsol, para seguir con aquella mentira.
El llamado ‘madoff’ catalán relató cómo su negocio era, de cara al exterior, un gran éxito. De ahí, que una empresa dedicada a la gestión de facturas, Finalter, se puso en contacto con él para ofrecerle una línea de crédito de 50 millones de euros. “Ese tema es realmente esperpéntico”, recordó a preguntas del fiscal, a quien quiso detallarle milimétricamente lo que ocurrió con esa empresa.
Un negocio “inviable”
Era 2015, dos años antes de que saltara el escándalo, y un responsable de aquella empresa le ofreció hacer negocios juntos. “Me dijeron, nosotros te podemos ofrecer financiación para el descuento de facturas. Evidentemente cuando me hablan de descontar facturas como no son reales no le puedo llevar una factura a descontar”, explicó.
Según apuntó, inicialmente rechazó el negocio porque parte del contrato era el deber de enseñar al cliente la factura que después sería gestionada por esa empresa. Esas facturas, como él mismo reconoce, no existían porque no había negocio, así que era “inviable”.
Sin embargo, todo cambia cuando se ve en la tesitura de tener que devolver a un inversionista de Publiolimpia 300.000 euros. “Me veo agobiado porque tengo unos vencimientos de unos inversionistas que no puedo atender, no tengo capital. Ante esta situación me lanzo a la piscina sin agua, por así decirlo”.
“Falsifiqué las firmas”
Lo primer que hace es falsificar una factura de Repsol y enviársela a Finalter. “Yo evidentemente sólo pensaba que en cualquier momento iban a llamar diciendo ‘oye de que va estar historia’. Y no, no. No solo no llaman, sino que me convocan en una prestigiosa notaria de Madrid a firmar el primer contrato. Me mandan la primera adenda famosa donde el cliente tiene que firmar reconociendo que ha recibido la factura. Evidentemente falsifico esa firma. Y se la vuelvo a remitir a ellos”, recuerda.
“Les prometo a todos los que esta aquí que no entendía nada de nada. Me voy para Madrid. Tengo en mi mano la factura y la adenda modificada, falsificada, bueno firmada por mi. Me siento en la puerta de la notaria porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que esta pasando”.
Esta estafa dejó un listado de afectados, que se agrupan en diversos grupos de inversores, como el grupo San Martí, el grupo Boceta Villagrá, grupo Danta, grupo Hortalá, grupo Gonzalbo, grupo Vitaly, grupo Capdevila o grupo Calber, ente otros.
Ocultación de fondos
La suma actual de afectados de forma directa e indirecta sería, según la Fiscalía, de aproximadamente unos 1.120 afectados, repartidos entre Catalunya, Valencia, Madrid, Asturias, Aragón, Navarra, Islas Baleares, Andalucía y Galicia. Así mismo, el Ministerio Público cuenta con información de que podría haber víctimas de otros Estados como Andorra, Reino Unido, Suiza, Francia o Luxemburgo.
A pesar que fue el propio Antonio Mas quien decidió dar el primero paso y denunciar la estafa que había montado, diversos oficios de los Mossos detallan que a pesar de su confesión, “lejos de colaborar con la Justicia y tratar de reparar el daño causado, ha seguido disponiendo de los fondos obtenidos fraudulentamente en su propio beneficio valiéndose, para ello, de diferentes sociedades en las que no constaba él personalmente como administrador de las mismas”.
La conexión entre en independentismo catalán y el narcotrafico venezolano
Por Ricardo Fernández. @RFernan11
Para nadie es en secreto que desde hace años atrás el dinero del narcotráfico oficial venezolano en buena medida es lavado y legitimado en bancos andorranos. Las últimas medidas en relación a, secreto bancario han complicado un poco el panorama del Cartel liderado por Diosdado Cabello.
Nuestros informantes aseguran que inicialmente las operaciones de lavado se llevaron a cabo en complicidad con los hermanos Cierco, quienes incluso antes de vender el BPA «limpiaron» las identidades de las figuras venezolanas como propietarios de las cuentas cifradas. A cambio habrían recibido varios cientos de millones de dólares . Uno de los intermediarios y operadores de estas actividades es el conocido estafador y prófugo de la justicia española José Manuel Carlos Llorca , quien permanece escondido en la más exclusiva urbanización de Caracas .
Maria Reig cabeza y líder de una acaudalada familia andorrana , divorciada y de 64 de edad , quien preside un conocido banco de Andorra es una de las principales cómplices y colocadoras de dinero sucio , que es legitimado en el pequeño principado , proveniente del gobierno de Venezuela y de poderosos funcionarios y ex funcionarios de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La flor y nata de Andorra participa en esta actividad. Una gran operación internacional llevaría al albañal a ambos gobiernos: andorrano y venezolano. De esta manera iniciamos la reconstrucción del complicado rompecabezas, que nos testo Luisa Ortega Díaz. ”La familia Reig ha estado desde siempre vinculada al negocio financiero y tabaquero andorrano. Los Reig mantienen una participación en Crèdit Andorrà, una de las primeras firmas financieras del país. María Reig es consejera del banco. En 2015 la entidad alcanzó una cifra de negocio de 16.576 millones de euros y un beneficio de 72 millones. El origen de la fortuna familiar está en el tabaco. En 1909 Juliá Reig abrió la primera fábrica de Tabacos Reig en Sant Julià de Lòria, que cerró sus puertas en 2007. Puritos Reig, Churchill, o Don Julián son algunas de sus marcas más conocidas.” Desde hace meses la Hacienda española investiga a la poderosa e influyente familia Reig por diversas razones. ” Hacienda inició el pasado mes de septiembre una investigación sobre la sociedad Venusaur, propiedad de la familia andorrana Reig, una de las grandes fortunas del Principado. A través del grupo Reig Capital la familia andorrana maneja un grupo empresarial con intereses en el sector financiero, tabaquero, hotelero, y del lujo. María Reig (Barcelona, 1951), está al frente de los negocios familiares aunque es su hijo Carles Enseñat Reig quien administra varias de las sociedades. La presidenta del grupo Reig Capital es una de las personas más influyentes de Andorra, con fuerte predicamento en Cataluña.” Pero esta trama cada vez se pone mejor . Otra familia andorrana aparece seriamente comprometida con el lavado de capitales venezolanos . En esta ocasión se trata de los hermanos Higini y Ramón Cierco, quienes cuando eran propietarios la Banca Privada de Andorra (BPA) , antes de vender el banco recibieron una gran cantidad de dinero por “desaparecer” de la data de la entidad financiera las cuentas de ciudadanos venezolanos, PDVSA y CADIVI entre otras . Estamos tratando afanosamente de obtener un duplicado que pondrá a temblar a andorranos y venezolanos. La Trama involucra a altos jerarcas del CICPC. También involucra en el selecto grupo que tiene dinero en Andorra a la llamada Mafia del SENIAT y sus presuntos operadores .
La crisis catalana llega a los bares y pierden 71 millones en octubre
Por Raquel Villaécija.
El impacto de las tensiones políticas en Cataluña ha llegado ya a los bares. Sólo en el mes de octubre el sector de la restauración ha perdido más de 70 millones de euros en ventas y las cadenas han registrado un descenso en el número de visitantes por primera vez desde la salida de la crisis, según datos de la consultora NPD Group.
La inestabilidad nos disuade a la hora decidir si nos quedamos en casa o salimos a cenar o a comer fuera. Si «se toma como referencia el comportamiento objetivo del sector en el mes de octubre y se compara con el crecimiento del trimestre anterior, lo que se aprecia es una caída en las ventas valorada en 71 millones», señala Vicente Montesinos, de NPD. «A nivel nacional veníamos de una tendencia buena, con una recuperación en 2015 tras siete años de caídas», explica el especialista.
La consultora ha analizado los datos aportados por las diferentes cadenas de implantación nacional con las que trabaja y constata que en un mes se ha dado la vuelta al calcetín: si el trimestre anterior el sector crecía a un ritmo del 2,6% (en septiembre lo hizo un 2,3%), en octubre, cuando el conflicto catalán vivió su punto álgido, el avance fue nulo (0,1%).
Hay dos puntos y medio porcentuales de diferencia y es el primer trimestre con ventas planas desde 2015, a pesar de que el calor nos ha estado acompañando hasta hace bien poco, un factor que siempre incentiva a salir. Además, «octubre es el primer mes desde la salida de la crisis en el que cayó el número de visitas en los establecimientos», es decir, que la gente pisa menos los bares que antes de que estallara la tensión.
Este impacto, explica Montesinos, se concentra sobre todo en el noreste del país y sólo incluye el gasto nacional (que supone el 83% del total), no el del turismo. Si se contara éste último, «podría sumar más pérdidas aún», señala.
Aumenta la distancia con Madrid
En concreto, NPD Group ha medido las ventas de las cadenas en las diferentes regiones y ha apreciado «una mancha más centralizada en Cataluña». Montesinos explica que la velocidad a la que crece el sector en Madrid y Barcelona (tomando como referencia la misma superficie de establecimientos con respecto al año pasado, sin incluir nuevas aperturas) no suele ser muy grande. Antes había una distancia de un punto entre ambas ciudades a favor de la capital; ahora hay seis.
«Si incluyes las nuevas aperturas el efecto es aún mayor, pues en Cataluña ha habido menos que en Madrid por las trabas administrativas a los empresarios que querían abrir algún local», explica Montesinos, para quien esto «es la culminación de toda una serie de problemas y medidas proteccionistas» que ya disuadían al sector a la hora de instalarse en Cataluña.
La inestabilidad agranda cada vez más la bola de nieve: primero fue el turismo (con una caída de los visitantes foráneos del 5% en Cataluña mientras que sí crecieron las llegadas en el conjunto de España) y después, el comercio. Las ventas minoristas en la región cedieron casi un 4% en el mes de octubre comparado con el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
El sector había sido muy cauteloso a la hora de valorar el impacto del problema catalán en el consumo, pues advertían de que, como las altas temperaturas también han afectado negativamente a las ventas, es difícil valorar qué parte del daño viene de la inestabilidad política.
Sin embargo, es evidente que ésta afecta a la confianza del consumidor, como de hecho refleja el índice del CIS que mide la predisposición que tenemos a gastar. En octubre cedió 3,6 puntos y alcanzó la cifra más baja desde el pasado mes de enero.
También la incertidumbre ha hizo mella en los depósitos de hogares y empresas residentes en España, que cayeron un 1,25% en octubre respecto al mes anterior, coincidiendo con el periodo de mayor tensión, en un contexto en el que los bajos tipos de interés llevaron a las entidades a ofrecer bajas rentabilidades a cambio de estos productos.
El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador
Por José Luis Latorre.
Ante todo, debo indicar que este artículo de opinión no es ningún manifiesto político en ningún sentido y sí una reflexión sobre la situación que el sector asegurador se podría encontrar ante un determinado escenario político.
Hasta la fecha se ha hablado de repercusiones para la Banca de un posible ‘Catexit’. Mi objetivo con este artículo es establecer el escenario que debería afrontar el sector asegurador ante una situación de independencia de Catalunya y la creación de una “nueva república catalana” con el fin de abrir el debate, ya que lo que en estas líneas avanzo puede ser más amplio y complejo.
El presidente de la Generalitat de Catalunya ha declarado la independencia, ¿y ahora qué puede pasar en el sector asegurador?
Para el sector asegurador se nos plantea el siguiente escenario:
En primer lugar, tenemos la automática salida de la Unión Europea (UE), por lo que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con la UE, las leyes comunitarias dejarían de aplicarse y el Gobierno de la “nueva república catalana” debería replicar legislación europea y propia (Ley de contrato de seguro, Ley de ordenación de Seguro Privado o como las quieran denominar). Esto haría que existiese un vacío legal o inseguridad jurídica, ya que la tramitación legislativa requiere su tiempo.
Los “pasaportes comunitarios” dejarían de estar disponibles automáticamente, por lo que las entidades radicadas en Catalunya no podrían trabajar en el espacio de la UE, incluyendo España, lo que probablemente haría que las aseguradoras movieran el domicilio social y, consecuentemente, en una situación de nuevo estado, la fiscal. Es probable que ello llevaría aparejado que, de una forma proporcional, también se mudarían sus servicios centrales, provocando deslocalizaciones y movimientos de empleados. Del mismo modo, los órganos de UE, como la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) dejarían de tener competencia sobre asuntos catalanes y se deberían establecer acuerdos de cooperación entre EIOPA y los reguladores de la “nueva república catalana”.
¿Puede haber opciones para mantener las relaciones tras el ‘Catexit’?
Una vez que se haya hecho efectiva la salida de la UE, la autoridad aseguradora de la “nueva república catalana” deberá plantearse las diferentes posibilidades que tiene enfrente en el ámbito regulatorio:
PAÍS NO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
Aislarse del mundo, apoyada por los sectores más radicales del independentismo catalán.
El primer objetivo sensato, que no se prevé nada fácil, ni rápido, sería conseguir el reconocimiento internacional de naturaleza jurídica propia y, una vez superado, después de meses o años, esta situación tendría varias opciones posibles:
PAÍS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE
Firma de nuevos acuerdos bilaterales, manteniendo el libre comercio y/o establecimiento sin pertenecer al bloque europeo, similar a lo que el Gobierno canadiense está negociando.
Unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), podría acceder a través de acuerdos bilaterales tipo Suiza.
La reintegración al Espacio Económico Europeo y la adhesión a la AELC, como el caso de Noruega, Liechtenstein e Islandia, como nuevo estado adherido.
Integración en la UE. Se trata de la más remota e improbable, al menos durante mucho tiempo, ya que, además del reconocimiento internacional, debe tener la unanimidad de los estados miembros, existiendo el derecho de veto por cualquiera de ellos.
Pero junto a estas cuestiones futuribles, la independencia sí tendrá consecuencias inmediatas que afecta a:
EMPRESAS:
Para las Reaseguradoras el efecto será pequeño, por el carácter transfronterizo del Reaseguro. En todo caso, la autoridad supervisora de la “nueva república catalana” debería establecer los criterios de solvencia y que fueran equivalentes a los de la UE y que esta los homologase, etc.
Las Aseguradoras en territorio catalán que quieran seguir operando en la UE, deberían trasladar domicilio social, fiscal y posiblemente operativo dentro del territorio comunitario. Este último punto es importante porque difícilmente sería aceptable que entidades que trabajen en esa “España sin Catalunya” puedan hacerlo desde un territorio foráneo. También parece razonable pensar que deberán crear filiales participadas para trabajar en la “nueva república catalana” y dotarlas de solvencia para cubrir los riesgos, eso significara nuevos desembolsos de capital para dotarlas de solvencia.
Para los Agentes y Corredores/Corredurías y Agencias de Suscripción: en el caso de los primeros, el problema, salvo casos muy aislados, es menor, por el carácter territorial limitado que estos profesionales acostumbran a tener, pero en algún caso deberían de crear empresas filiales o participadas, ya sean personas físicas o jurídicas.
Para los corredores supervisados por la Dirección General de Política Financiera y Seguros del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, ya que el ámbito de actuación se le supone mayoritariamente territorial en el ámbito catalán, deberían renunciar al negocio de fuera de Catalunya o ver si les resulta económicamente favorable crear filiales o participadas en el territorio español, ya que, recuerdo, el pasaporte comunitario esta desactivado.
En el caso de los Corredores con ámbito estatal, al igual que las Aseguradoras, deberían trasladar domicilio social, fiscal y operativo y estimar la creación de filiales en uno u otro “país”.
La Agencias de Suscripción se encontrarían en la misma situación que las Corredurías o corredores.
POSIBLES VACÍOS:
Esa “nueva república catalana” debería decidir si crear, por ejemplo, su Consorcio de Compensación de Seguros, su Pool Medioambiental o su Pool Atómico , si lo asumen las aseguradoras locales o simplemente se deja sin coberturas al asegurado y consumidor final de terrorismo, inundaciones… También cabe otra pregunta: ¿la “nueva república catalana” también optará por crear su propio Agroseguro?
Para el Consumidor:
Estos vacíos que acabo de comentar supondrá un impacto para el consumidor, para el ciudadano. Así, la desaparición de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros supondrá que las grandes catástrofes, inundaciones, terrorismo debería de ser asumida por las aseguradoras directamente o bien el Gobierno del nuevo país debería constituir algún organismo similar tan típicamente español. De igual forma se puede decir de la desaparición de Agroseguro –con el impacto que supone en la cobertura de los riesgos del sector agropecuario–, del Pool de Riesgos Medioambientales y del Atómico. Finalmente, también dejará de ser efectivo Ofesauto y el propio baremo de daños personales en accidentes de circulación.
En estos momentos recuerdo una serie de televisión que los guionistas no sabían cómo acabarla por lo complicado del guión que se había ido creando a lo largo de los capítulos y que la acabaron despertando los protagonistas como si hubiese sido todo un sueño o una pesadilla, que cada uno escoja su opción, la mía la tengo clara.
La firma alude a la situación de incertidumbre política y jurídica en Catalunya para mudar la sede de su hólding.
Por Agustí Sala.
Imagen del recinto de Codorniu. .
Nuevo mazazo empresarial al ‘procés‘. Codorníu también trasladará su sede social de Catalunya a otra zona de España, en concreto a La Rioja. El paso dado por la empresa de la familia Raventós tiene un profundo simbolismo ya que es la más antigua de España, con orígenes en 1551 y con forma de sociedad mercantil desde el siglo XIX.
La firma no ha esperado al final del cruce de cartas entre el ‘president’ Carles Puigdemont y el del Gobierno, Mariano Rajoy, para optar por la mudanza de su hólding, Unideco, de la que penden sociedades como Codorniu,Raimat, Bodegas Bilbaínas, cuya sede está en Haro (La Rioja) o Legaris, con sede en la denominación de origen (DO) Ribera de Duero.
«Ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Catalunya y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes», las embelmáticas bodegas, cuya sede más emblemática se encuentra en la mansión didseñada por Josep Puig i Cadafalch en Sant Sadurní d’Anoia ha decidido sumarse a las compañías que ven en una posible declaración unilateral de independencia (DUI) una amenaza para sus intereses.
Sin consecuencias económicas
El consejo de administración de Unideco, S.A., empresa hólding del grupo Codorníu Raventós, ha aclarado que mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados en sus actuales centros de trabajo. La compañía más antigua del sector, con sede actualmente en Sant Sadurní de Noia, el corazón dela comarca vitivinícola del Penedès, asegura que la medida de trasladar la sede no tendrá consecuencias económicas en Catalunya.
A este cambio de domicilio social de la compañía presidida por María del Mar Raventós puede sumarse en breve la de su principal competidora, Freixenet. Sobre si esta continuará en Catalunya, su presidente (y de la Cámara de Comercio de España), Josep Lluís Bonet, ha indicado que ha convocado un consejo de administración para final de mes en el que «este tema está encima de la mesa». Una de las hipótesis que se baraja es Cantabria, si bien la empresa cuenta con bodegas en varias denominaciones de origen (DO) españolas.
La industria farmacéutica se prepara para una posible salida de Cataluña
Genera el 7% del PIB catalán y da empleo a 42.000 trabajadores.
Por Alberto Vigario.
.
Las multinacionales farmacéuticas asentadas en España tienen la mayoría de sus fábricas en Cataluña. Hasta ahora, ninguna de estas compañías había tomado una postura oficial sobre qué harían si se daba una declaración de independencia por parte de la Generalitat. Pero en los últimos días, algunos laboratorios ya han empezado a reconocer que cuentan con un plan de salida si se produce una secesión de España.
Así, las multinacionales Boehringer Ingelheim y Bayer, ambas alemanas, admitieron recientemente que tomarán las medidas necesarias para proteger sus negocios si cambian las reglas y leyes actuales en Cataluña.
«Bayer, como cualquier otra compañía, precisa de un marco político, económico y jurídico estable que asegure el normal desarrollo de su actividad. Ante la situación en Cataluña, la compañía confía en que se alcance una solución que permita mantener estas condiciones», aseguró la compañía.
La dueña de la aspirina había aparecido hace días en las quinielas de empresas que tendían previsto salir con una declaración de independencia, aunque no se había manifestado aún de manera oficial. Bayer tiene su sede central en España en Sant Joan Despí (Barcelona), donde cuenta con 850 empleados. Su mayor planta de producción la tiene en Asturias, donde fabrica el ácido acetilsalicílico para todo el mundo.
Por su parte, la farmacéutica Boehringer Ingelheim también aseguró que tomarán «las necesarias iniciativas para asegurar la continuidad del negocio». De todas formas, la filial española con sede y dos fábricas en Sant Cugat del Vallés aclaró que «no van a especular sobre posibles cambios» y que «la posición de BI España sobre la situación actual en Cataluña se basa en el respeto a la legislación actual».
Oryzon, la primera
Aparte de las multinacionales, de momento han sido Oryzon -que fue la primera- y el grupo Indukern (dueño del mayor laboratorio de genéricos en Cataluña, Kern Pharma) las únicas compañías del sector que se han mudado de Barcelona. Mientras, entre los otros grandes laboratorios catalanes, Almirall, Esteve y Ferrer guardan silencio y Grifols ha comunicado que, de momento, se queda.
No se trata de un sector cualquiera. En Cataluña, el 7% del PIB ya corresponde a la actividad que generan las empresas de las ciencias de la vida y la salud, que a su vez dan empleo a un total de 42.133 trabajadores (cifras de 2014). Además, según el último informe de la patronal biotecnológica Asebio, la región lidera este sector en España. El negocio de las ciencias de la vida y la salud cuenta en Cataluña con 734 empresas, de las cuales 221 son biotecnológicas, 46 farmacéuticas, 94 de tecnologías médicas innovadoras, 208 proveedoras e ingenierías, 139 de servicios profesionales y consultoría y 26 entidades de inversión activas.
Cambio de las inversiones
Sin embargo, hace años que la región catalana ha dejado de ser el foco principal de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica presente en nuestro país, algo que había sucedido siempre en España. Desde 2015, la Comunidad de Madrid supera a Cataluña como el destino principal en España del gasto en I+D que las farmacéuticas realizan cada año tanto dentro de sus instalaciones, como en sus colaboraciones con hospitales y otros centros de investigación.
Apenas tres años antes, en 2012, Cataluña superaba ampliamente a Madrid en este reparto, al ser destinataria del 52% de las inversiones internas de los laboratorios, seguida de Madrid, con apenas el 35%. Desde entonces, año a año, la región catalana ha ido perdiendo peso en el porcentaje hasta ser superada por la comunidad madrileña.
Distribución geográfica
Otro aspecto destacado en los últimos años ha sido el cambio de tendencia en la distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos a lo largo y ancho de nuestro país. Si históricamente, Cataluña era la región que concentraba la mayor parte de este sector, el número ha pasado a igualarse en la actualidad.
Así, de las 183 compañías farmacéuticas presentes en España -asociadas a la patronal Farmaindustria- en 2015, un total de 86 tenían su sede en Cataluña y 85 estaban en Madrid. Hace apenas seis años, en 2010, la diferencia era aún muy notable: 99 laboratorios estaban radicados en Cataluña por 76 en la Comunidad de Madrid.
Las notarías no dan abasto: las pymes también huyen en masa de Cataluña
El desafío independentista dispara el éxodo empresarial | EFE .
Desde el referéndum ilegal del 1-O, el fuerte repunte del riesgo político en Cataluña ha empujado a decenas de grandes empresas a plantear el posible traslado de su sede social a otras comunidades autónomas. Gas Natural, CaixaBank, Sabadell… son algunas de las compañías que han movido ficha, siguiendo los pasos de Grifols o NH Hoteles.
Pero la deslocalización no es, en absoluto, un asunto limitado a las empresas de mayor tamaño. No en vano, las estadísticas de movimientos empresariales que recopila la consultora Informa nos recuerdan que, desde el auge del «proceso independentista», la región ha vivido la salida neta de casi 1.100 sociedades, muchas de ellas pequeñas o medianas.
El proceso de deslocalización es más sencillo en el caso de las pymes, por su menor tamaño y estructura. Al tener un accionariado más concentrado, apenas deben completar tres trámites. El primero de ellos es presencial y requiere acudir a una notaría para comunicar el cambio de domicilio social. El segundo y el tercero son procedimientos digitales, que apenas requieren una conexión a internet. Se trata de la inscripción del cambio en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria.
Por lo general, el coste que acarrean estas decisiones oscila entre 400 y 500 euros. La notaría acarrea un desembolso estimado en 200 euros, mientras que los trámites digitales se pueden realizar por menos de 100 euros cada uno. Eso sí: para activar el proceso, toca celebrar antes una Junta General Universal en la que se decida proceder a trasladar la sede a otra región.
«Horas extra» en las notarías
Fuentes consultadas por Libre Mercado apuntan que las notarías de Barcelona y otras ciudades catalanas han decidido ampliar sus horarios de trabajo y abrir en fin de semana. Y es que el 1-O se ha traducido en un fuerte repunte de la incertidumbre política y económica, lo que a su vez ha empujado a muchos empresarios catalanes a trasladar su sede social a otras comunidades autónomas.
Pero el fenómeno se repite también en las comunidades autónomas que reciben a aquellas empresas que optan por abandonar Cataluña. De modo que las «horas extra» también han aumentado en comunidades como Madrid, la región que está saliendo más beneficiada de estos movimientos.
«Ante un problema de seguridad jurídica, las empresas tienen claro que deben acelerar los trámites para aprobar el cambio de sede. El reguero empezó a crecer el martes 3 de octubre y se ha agudizado mucho. Este fin de semana ha sido de fuerte trabajo en las notarías, por el miedo a que se proclame la independencia«, explicó José María Gay de Liébana en Antena 3.
Las empresas mueven también su sede fiscal por temor a la Hacienda catalana
Compañías y bancos han decidido dar un paso más tras cambiar el domicilio social y blindarse de todas las incertidumbres.
Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona. .
La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal. CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.
Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.
Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social. Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades. En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.
Ese mismo argumento expuso Banco Sabadell. Fuentes de la entidad añadieron que la decisión también obedeció a evitar una eventual doble imposición en caso de que se aplicara la ley de ruptura aprobada por el Parlament y la Generalitat exigiera a las empresas que abonaran impuestos estatales como el de Sociedades a la Hacienda catalana. Gas Natural Fenosa, otra de las primeras empresas en aprobar su traslado, todavía no ha movido su domicilio fiscal.
Poco impacto económico
Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos. Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.
Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros. El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.
El reguero de empresas que cambiaron su sede social siguió ayer. Otras dos empresas cotizadas decidieron en consejo de administración extraordinario cambiar su sede a Madrid. En concreto, lo hicieron la aseguradora Catalana Occidente y las filiales españolas del grupo de viajes online Edreams Odigeo, con sede en Luxemburgo, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También la multinacional química Indukern, la gestora de fondos EDM y la firma Sanantur anunciaron su marcha.
¿Por qué se marchan las grandes empresas de Cataluña?
.
Fuga empresarial en Cataluña. El desafío secesionista y la probabilidad de que la Generalitat, el Gobierno de la región, declarara la independencia unilateral de España forzó a las grandes empresas, sobre todo a la banca y a las entidades cotizadas, a poner en marcha planes de contingencia para garantizar la viabilidad de su negocio, que básicamente radica en el cambio de sede social fuera de territorio catalán.
El 5 de octubre, Banco Sabadell (cuarta entidad financiera española por valor de activos) fue la primera gran cotizada en anunciar que trasladaba su domicilio social a Alicante, ciudad situada al sur de Cataluña, tras varias jornadas sufriendo importantes castigos en Bolsa. Pero su anuncio no fue el único. CaixaBank (tercer banco de España por activos) hizo lo propio unos días más tarde, eligiendo como destino Valencia, también al sur de la región. Los siguientes días otras empresas de diversos sectores también hicieron efectivo el traslado de su sede social: Gas Natural, Mediolanum, Arquia Banca, Dogi, Service Point, Oryzon, Eurona y Colonial, entre otras. El día 10 de octubre, otros grandes grupos, como el de infraestructuras Abertis, de telecomunicaciones Cellnex o el editorial y audiovisual Planeta también anunciaron que estaban estudiando su salida de Cataluña, aunque todavía no habían tomado una decisión en firme. Su traslado dependía de la declaración que hiciera el presidente catalán Carles Puigdemont sobre la independencia en su anunciada comparecencia de ese día. En una intervención parlamentaria un tanto desconcertante, Puigdemont finalmente declaró la independencia para, menos de un minuto después, ponerla en suspenso durante unas semanas. Esto no paró el goteo de salidas de empresas, el día 11, al cierre de este artículo, el grupo Planeta confirmó su marcha definitiva a Madrid. Pero, ¿por qué se produce esta fuga ahora?
Según los expertos, en una primera fase, las compañías han preferido no significarse políticamente, sobre todo en lo que refiere a los grandes grupos, ya que independientemente de dónde tengan su sede, su negocio no es local y dependen del resto del territorio nacional o internacional. Y no es la primera vez que desde el resto de España se plantea algún tipo de boicot a sus productos o servicios. Por tanto, han preferido mostrar su opinión a través de diferentes patronales. Por ejemplo, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, ha calificado de “disparate” la evolución del desafío soberanista. Ha insistido en que “los empresarios españoles y también los catalanes están horrorizados con la deriva de los gobernantes de Cataluña”. Según el Círculo de Empresarios, el coste de la independencia para Cataluña se fijaría entre el 20% y el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde esta institución, se ha exigido “una respuesta firme de los poderes públicos”, así como han hecho “un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución de los hechos, que a todos perjudica”.
Pero a medida que avanzaba el proceso, con la celebración del referéndum ilegal fijado para el 1 de octubre, la preocupación empresarial crecía. Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, fue uno de los primeros empresarios en romper el silencio. Reconoció que, “como español y como persona, estoy muy preocupado y asustado. Ésa es la palabra. Hay un gravísimo problema en España y hay que reconocerlo”. En este clima de crispación y tensión empresarial, el detonante de la fuga fue el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proclamar la independencia unilateral. A partir de ese momento, las empresas empezaron a poner en marcha sus planes de contingencia por si llegaba esta situación. Y más allá de lo que muchos puedan pensar, no se trata de un gesto a favor o en contra del proceso, sino de una cuestión legal que podría poner en jaque la continuidad del negocio.
Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que si Cataluña fuese un Estado independiente, los bancos con sede social en territorio catalán “perderían el acceso a los recursos del Banco Central Europeo (BCE)”. Sin embargo, los usuarios son los que se llevarían la peor parte: “Pasarían a ser clientes de entidades fuera de la Unión Europea”. En opinión de este experto, eso supone, automáticamente, perder, por ejemplo, la garantía de depósitos y “estar fuera de la red de seguridad creada en la UE para proteger a los clientes”. El riesgo desaparece en el mismo momento en el que se produce un cambio de sede hacia un territorio fuera de Cataluña. Éste es, en opinión del experto, el motivo por el que tanto Banco Sabadell como CaixaBank se han visto obligados a cambiar su domicilio social.
“No se trata de un hecho esporádico ni aislado”, según apunta el exministro de Justicia y abogado Alberto Ruiz-Gallardón en declaraciones al diario económico Expansión. Es más, asegura que estos movimientos son “una posibilidad que ya estaba analizada; las decisiones que se han tomado en los últimos días no son objeto de improvisación” por parte de las empresas. En su opinión, “detrás de todo esto, lo que hay es un debilitamiento muy fuerte de Cataluña como tiempo y espacio de localización de inversiones”. Si bien considera que la vuelta de la confianza llevará tiempo, también se muestra convencido de que el proceso es reversible. “A mí nada me gustaría más que los secesionistas renunciasen a su proyecto de ruptura y que, como consecuencia de eso, esas grandes empresas catalanas, que nos dan servicio a todos los españoles, pudiesen volver tranquilamente a Cataluña”. Sin embargo, si se compara con lo que ha ocurrido en otros países, no está tan claro que eso vaya a ocurrir. En Canadá, cuando se puso en marcha el plan nacionalista de Quebec, que concluyó con dos referéndums en 1980 y 1995, ante una posible ruptura, Royal Bank of Canada y Bank of Montreal abandonaron el territorio, pero nunca regresaron, pese a la vuelta a la calma de las aspiraciones independentistas.
Impacto legal y económico
Pero más allá de los bancos, fuentes jurídicas apuntan a que el desafío catalán tiene otro tipo de impacto legal en todo tipo de compañías. Por un lado, las cotizadas, que se rigen por las normas europeas, no sólo españolas, por lo que una posible declaración de independencia unilateral pondría en situación de riesgo a los inversores. Por otro, cualquier compañía con sede en Cataluña se enfrenta a la pérdida de los acuerdos para evitar la doble imposición de impuestos cuando hacen negocios dentro del mercado comunitario. Por tanto, la factura para las compañías podría ser demasiado alta, eso, sin contar con las leyes que ha aprobado la Generalitat y que chocan con la normativa española (y de la UE), con lo que podrían enfrentarse a sanciones en el futuro. Otra incógnita regulatoria que ha pesado en la decisión de las empresas de abandonar Cataluña es el llamamiento de la Generalitat para que las sociedades paguen impuestos ante la Hacienda autonómica, en lugar de ante la española.
Ante tanta incertidumbre legal, la única solución de muchas empresas es el cambio de domicilio social, antes de que se produzca una hipotética declaración de independencia, ya que, una vez formulada, independientemente de si es efectiva o no, se perdería la protección de las entidades europeas y españolas. En un comunicado de prensa, CaixaBank explicaba el motivo de su traslado de sede: “La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad, garantizando la permanencia de la entidad en la zona euro bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE)”. Según la entidad, “la continuidad en la zona euro garantiza a CaixaBank seguir contando con óptimas condiciones de financiación para, a su vez, mantener el flujo de crédito a familias y empresas en Cataluña y en el resto de España así como preservar la integridad de los depósitos de sus clientes. El traslado del domicilio social no comporta movimiento de empleados, por cuanto la entidad cuenta con sedes corporativas y operativas en diversas ciudades de España”.
Para que se haya producido esta fuga de empresas en tiempo récord, ha sido necesaria la aprobación, por parte del Gobierno español, de un Real Decreto para facilitar el cambio de sede. Aunque en 2015 ya se hizo una reforma que permitía a las empresas trasladar su sede social sin la necesidad de convocar junta, siempre que sus estatutos no dijeran expresamente lo contrario. El 6 de octubre de 2017, el Estado aprobó una norma para facilitar aún más esta decisión, permitiendo que el consejo de administración pueda adoptar un acuerdo de mudanza del domicilio social y hacerlo efectivo en 24 horas. Desde el bufete Dentons explican que “El efecto práctico de esta disposición transitoria única es que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, los órganos de administración de todas las sociedades españolas pasarán a tener la facultad de cambiar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, sin necesidad de convocar junta general y con independencia de lo que en ese momento establezcan sus estatutos sociales”. No obstante, añaden que “esta medida no impediría en un futuro que la junta general revocara dicha decisión mediante la adopción de una modificación estatutaria que devolviera a la junta general la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.
Más incertidumbre
Y por último, está la incertidumbre de si, llegado el caso, el Gobierno español decide o no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, algo que se está estudiando en estos momentos: “Si una Comunidad Autónoma [región con un alto grado de autonomía] no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.
Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que recurrirá a esta fórmula si se declara la independencia unilateral, el problema es que, hasta ahora, en España nunca se ha utilizado este artículo. En opinión de José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, su aplicación “no es automática: exige un procedimiento de relativa complejidad en el que la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado debe pedir documentación a la Comunidad”. Por tanto, para una empresa sería muy difícil calcular el tiempo que tendría que estar radicada en un territorio que ha declarado la independencia ilegalmente hasta que se recupere la situación de legalidad. Tampoco está claro el alcance de su aplicación y, por tanto, las consecuencias para un negocio. Según Vera Santos, la Carta Magna permite adoptar “las medidas necesarias”, pero en esa definición cabe un amplio abanico de actuaciones: “Desde cerrar TV3 [la televisión pública catalana] a asumir el control de la comunidad manteniendo las competencias autonómicas a suspender la autonomía de forma completa”. Y, como bien es conocido entre las comunidades inversoras, el dinero huye de todo tipo de riesgo, sobre todo, del político.
La lista de empresas cotizadas que podrían abandonar Cataluña
La amenaza independentista está provocado un éxodo empresarial en la región de Puigdemont. La última fuga histórica ha sido la de Banco Sabadell.
.
El éxodo de las compañías con sede en Cataluña ya ha comenzado. Ayer jueves se produjo un hito en la historia empresarial catalana, cuandoBanco Sabadell anunció que su consejo de administración acordaba en sesión extraordinaria trasladar su sede social a Alicante ante la posibilidad de que en los próximos días la Generalidad declare la independencia.
Caixabank va en la misma línea de precaución. El consejo de administración del banco se reunirá este viernes para estudiar el posible traslado de su sede social. Baleares es la ubicación que más suena entre los candidatos.
Y hoy otro peso pesado ha decidido marcharse de Cataluña: Gas Natural. El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado el cambio de sede de Barcelona a Madrid, en una sesión extraordinaria. Gas Natural Fenosa nació en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), y fue la compañía encargada de llevar la luz a las calles y espacios públicos de Barcelona.
El movimiento de ficha de las dos entidades fue aplaudido ayer por los mercados, provocando que las acciones de ambos bancos se dispararán en bolsa después de varias jornadas de caídas. Una situación muy similar a la que vivió Oryzon hace unos días, cuando anunció el cambio de sede de Cornellá de Llobregat (Barcelona) a Madrid. Los títulos de la principal empresa biotecnológica de Cataluña llegaron a revalorizarse más de un 20%. En la noche de ayer, el grupo textil Dogi le comunicaba a la CNMV su traslado desde El Masnou (Barcelona) a Madrid. En la media sesión de este viernes, sus títulos se revalorizaban otro 20%.
Siguiendo los pasos de Oryzon y Dogi, otras importantes compañías ha optado por marcharse. Una es la operadora de telecomunicaciones Eurona, que también ha elegido Madrid, y otra, el líder español en distribución de productos odontológicos Proclínic, que ha preferido Zaragoza.
Quien ya ha informado a todos sus empleados y agentes de que está pensando hacer las maletas es Catalana Occidente. Según una comunicación, la aseguradora ha explicado que «tomará todas las decisiones que fueran necesarias» para seguir desarrollando su actividad con normalidad. El grupo, que actualmente tiene su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), «velará siempre para que sus productos y servicios no se vean en ningún caso afectados por la coyuntura política y social, garantizando el cumplimiento de sus condiciones contractuales», asegura el texto firmado por su presidente, José María Serra Farré.
Y ante la escalada del desafío separatista, la lista podría seguir creciendo. Son muchos gigantes catalanes los que están registrando importantes pérdidas en el Ibex 35, y si la tensión aumenta, podrían poner pies en polvorosa. Estas son las más importantes del selectivo madrileño que tienen sede en la región que preside Puigdemont:
Abertis: compañía de gestión de infraestructuras y autopistas de peaje.
Cellnex: opera infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas.
Colonial: socimi.
Grifols: farmacéutica.
En el Mercado Contínuo cotiza Catalana Occidente, y unas cuantas compañías más:
Applus: compañía de inspección, ensayos y certificación.
Ercros: grupo industrial diversificado en tres áreas de actividad: División de Derivados del Cloro, División de Química Intermedia y División de Farmacia.
FCC: compañía especializada en medioambiente, agua e infraestructuras.
Fersa: dedicada a la generación de energía renovable eléctrica y limpia.
Fluidra: empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones para el uso del agua: piscinas, riego, tratamiento del agua, etc.
Para nadie es en secreto que desde hace años atrás el dinero del narcotráfico oficial venezolano en buena medida es lavado y legitimado en bancos andorranos. Las últimas medidas en relación a, secreto bancario han complicado un poco el panorama del Cartel liderado por Diosdado Cabello.
Maria Reig cabeza y líder de una acaudalada familia andorrana , divorciada y de 64 de edad , quien preside un conocido banco de Andorra es una de las principales cómplices y colocadoras de dinero sucio , que es legitimado en el pequeño principado , proveniente del gobierno de Venezuela y de poderosos funcionarios y ex funcionarios de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La flor y nata de Andorra participa en esta actividad. Una gran operación internacional llevaría al albañal a ambos gobiernos: andorrano y venezolano. De esta manera iniciamos la reconstrucción del complicado rompecabezas, que nos testo Luisa Ortega Díaz. ”La familia Reig ha estado desde siempre vinculada al negocio financiero y tabaquero andorrano. Los Reig mantienen una participación en Crèdit Andorrà, una de las primeras firmas financieras del país. María Reig es consejera del banco. En 2015 la entidad alcanzó una cifra de negocio de 16.576 millones de euros y un beneficio de 72 millones. El origen de la fortuna familiar está en el tabaco. En 1909 Juliá Reig abrió la primera fábrica de Tabacos Reig en Sant Julià de Lòria, que cerró sus puertas en 2007. Puritos Reig, Churchill, o Don Julián son algunas de sus marcas más conocidas.” Desde hace meses la Hacienda española investiga a la poderosa e influyente familia Reig por diversas razones. ” Hacienda inició el pasado mes de septiembre una investigación sobre la sociedad Venusaur, propiedad de la familia andorrana Reig, una de las grandes fortunas del Principado. A través del grupo Reig Capital la familia andorrana maneja un grupo empresarial con intereses en el sector financiero, tabaquero, hotelero, y del lujo. María Reig (Barcelona, 1951), está al frente de los negocios familiares aunque es su hijo Carles Enseñat Reig quien administra varias de las sociedades. La presidenta del grupo Reig Capital es una de las personas más influyentes de Andorra, con fuerte predicamento en Cataluña.” Pero esta trama cada vez se pone mejor . Otra familia andorrana aparece seriamente comprometida con el lavado de capitales venezolanos . En esta ocasión se trata de los hermanos Higini y Ramón Cierco, quienes cuando eran propietarios la Banca Privada de Andorra (BPA) , antes de vender el banco recibieron una gran cantidad de dinero por “desaparecer” de la data de la entidad financiera las cuentas de ciudadanos venezolanos, PDVSA y CADIVI entre otras . Estamos tratando afanosamente de obtener un duplicado que pondrá a temblar a andorranos y venezolanos. La Trama involucra a altos jerarcas del CICPC. También involucra en el selecto grupo que tiene dinero en Andorra a la llamada Mafia del SENIAT y sus presuntos operadores .
