Esquema Ponzi catalán

enero 15, 2020

El madoff catalán, estafador por “obligación”

Antonio Mas: “Nadie en 12 años se ha dignado a llamar a Coca-Cola o a Repsol. En el momento que uno solo hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo”


Por Carlota Guindal.

Antonio Mas estafó cerca de 300 millones de euros a miles de inversionistas durante una década. Sus principales perjudicados fueron miembros de la burguesía catalana, empresarios, dueños de sicavs, altos cargos de inmobiliarias, deportistas o ricos de cuna. También de otros lugares de España. Vieron el negocio de Publiolimpia, una empresa que ofrecía una alta rentabilidad, que a veces superaba el 12% de beneficio, por espacios publicitarios. El negocio era sencillo y rentable. El único problema es que era un fraude. Cuando la gran mentira se hizo insostenible, el propio Mas acudió a los Mossos d’Esquadra a autodenunciarse. Se había tirado a una “piscina sin agua”, como él mismo reconoce, y finalmente se había estrellado.

La farsa no se sostuvo. Era una estafa piramidal de libro. Decía tener espacios con empresas de comunicación, como Mediaset o Atresmedia, que a su vez ofrecía a grandes clientes. Repsol, Coca-Cola, Samsung, Hawuei, Nintendo, o Movistar, entre otros. Lo que se le ocurriera. Daba igual e nombre de los clientes porque eran falsos.

A los inversores se les iba pagando sus beneficios con la entrada de más dinero de nuevos inversores. El negocio iba bien mientras seguía habiendo flujo de dinero. Una vez que se frena o algún inversor reclama recuperar toda su cantidad, el castillo de naipes se hunde. Y eso fue lo que ocurrió.

“Me amenazaron”

Él mismo se lo ha relatado detalladamente al juez de la Audiencia Nacional Alejando Abascal, que le tiene investigado por los delitos de estafa y blanqueo de capitales, en una declaración a la que ha tenido acceso La Vanguardia. El fiscal inició su interrogatorio con una pregunta sencilla. ¿Por qué lo hizo? El dueño de Publiolimpia, más conocido como el ‘madoff’ catalán por la gran estafa cometida, se justificó: “No paraban de atosigarme, de amenazarme, no paraban de presionarme muchísimo, y al final me vi obligado a cometer toda una serie de irregularidades que conllevaron a toda esta situación que nos encontramos ahora”.

Segunda pregunta obligada. ¿Quién le amenazó? “Luis Pascual Franquesa y Carlos Campdelacreu”. El primero es el hijo del famoso juez condenado por corrupción Luis Pascual Estevill. Antonio Mas, inició su vida profesional como técnico de RTVE. Decidió montar una empresa, Ata Producciones, y fue en ésta donde se asoció con los dos anteriores. De golpe y porrazo empezaron con inversiones muy grandes de dinero.

Sete Gibernau como inversor

Uno de sus inversores era Sete Gibernau, el corredor de motos. Estaba en un proceso de separación con su esposa, y lo que intentó de alguna manera es esconder su dinero. Mi sorpresa fue cuando un día apareció Luis Pascual y me dijo que tenía 11 millones de euros para invertir”, relató Mas al juez el pasado 3 de diciembre.

Sete Gibernau en el Circuito de Catalunya, en junio de 2015
Sete Gibernau en el Circuito de Catalunya, en junio de 2015 (GTY)

A raiz de esa inversión, sus dos socios le reclamaron 18 millones de euros. “Recibo la visita de dos sicarios en mi despacho. Venían de una oficina de reclamaciones de impagados desde Colombia”, explica. “Me pusieron un cuchillo aquí y apretaron de lo lindo. Afortunadamente el cuchillo no traspasó nada más, aparte de pegarme cuatro mamporrazos, tirarme al suelo y ya está. Me dijeron, ‘te vamos a matar si no pagas, los 18 millones, mañana venimos a buscarlos’”.

El origen: 18 millones de deuda

Fue entonces cuando creó Publiolimpia. Su único fin era captar inversores para, con su dinero, pagar la deuda con sus dos socios. Necesitaba 18 millones de euros.

En un escrito de la Fiscalía, que consta en el sumario judicial al que ha tenido acceso este diario, se detalla cómo Mas “para saldar la deuda con los primeros inversores y poder pagarles los intereses pactados, el investigado fue recurriendo a nuevo capital, lo que le supuso cada vez un mayor endeudamiento hasta que para poder continuar con su actividad empresarial simuló de la forma relatada que su empresa gestionaba espacios publicitarios”.

“De esta forma, el investigado sería autor de una estafa piramidal y falsedad documental que habría afectado a numerosos grupos de inversores, tras los que encontramos miles de perjudicados en todo el territorio nacional y algunos en el extranjero, ascendiendo el perjuicio causado a centenares de millones de euros, -sin perjuicio de que siendo muchos de dichos inversores extranjeros que operarían desde paraísos fiscales, dicha operativa también implicaría la comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de Capitales”, recoge.

“No he ganado nada”

El negocio se le fue de las manos. Él reconoce que ingresó 200 millones de euros, aunque la Fiscalía cifra la estafa en cerca de 300 millones. Sin embargo, sostiene que devolvió 198 millones a los inversores. “El único capital que había está bloqueado en las cuentas. 860.000 y 750.000 euros. Yo no he ganado nada”, espetó en su interrogatorio. Aseguró que no tiene yates y que vive de alquiler. Según él, no tiene nada.

Mas reconoce que falsificó contratos con grandes compañías. Se lo inventó. El dinero se quedaba en la cuenta y no se movía. Nunca fueron a ninguna campaña de publicidad porque no existían. Ha tenido conocimiento a posteriori, que detrás de esos grupos de inversión “son gente de muy altísimo nivel”. Pero, a su juicio, de ellos también es la culpa: “Nadie en 12 años de todos los que están aquí representados se ha dignado a llamar a Coca-Cola, nadie, o a Repsol, nadie. Nadie. En el momento que uno, uno solo, hubiese llamado a uno de esos clientes, hubiese saltado todo, nadie. Y hay gente…”, advirtió a todos los abogados presentes en su interrogatorio.

Tres años de investigación

(LVE)

La Audiencia Nacional acaba de reactivar esta investigación, después de que se iniciara en 2017, tras la denuncia puesta por el propio Antonio Mas contra él mismo. El asunto arrancó en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona pero debido a las grandes cantidades presuntamente estafadas se trasladó a la Audiencia Nacional. En la firma de uno de sus negocios, mientras esperaba en la notaría, esperó sentado “porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que estaba pasando”. Él mismo reconoce al juez que la estafa era clamorosa. Falsificó la firma de sus clientes, como por ejemplo de Repsol, para seguir con aquella mentira.

El llamado ‘madoff’ catalán relató cómo su negocio era, de cara al exterior, un gran éxito. De ahí, que una empresa dedicada a la gestión de facturas, Finalter, se puso en contacto con él para ofrecerle una línea de crédito de 50 millones de euros. “Ese tema es realmente esperpéntico”, recordó a preguntas del fiscal, a quien quiso detallarle milimétricamente lo que ocurrió con esa empresa.

Un negocio “inviable”

Era 2015, dos años antes de que saltara el escándalo, y un responsable de aquella empresa le ofreció hacer negocios juntos. “Me dijeron, nosotros te podemos ofrecer financiación para el descuento de facturas. Evidentemente cuando me hablan de descontar facturas como no son reales no le puedo llevar una factura a descontar”, explicó.

Según apuntó, inicialmente rechazó el negocio porque parte del contrato era el deber de enseñar al cliente la factura que después sería gestionada por esa empresa. Esas facturas, como él mismo reconoce, no existían porque no había negocio, así que era “inviable”.

Sin embargo, todo cambia cuando se ve en la tesitura de tener que devolver a un inversionista de Publiolimpia 300.000 euros. “Me veo agobiado porque tengo unos vencimientos de unos inversionistas que no puedo atender, no tengo capital. Ante esta situación me lanzo a la piscina sin agua, por así decirlo”.

“Falsifiqué las firmas”

Lo primer que hace es falsificar una factura de Repsol y enviársela a Finalter. “Yo evidentemente sólo pensaba que en cualquier momento iban a llamar diciendo ‘oye de que va estar historia’. Y no, no. No solo no llaman, sino que me convocan en una prestigiosa notaria de Madrid a firmar el primer contrato. Me mandan la primera adenda famosa donde el cliente tiene que firmar reconociendo que ha recibido la factura. Evidentemente falsifico esa firma. Y se la vuelvo a remitir a ellos”, recuerda.

Les prometo a todos los que esta aquí que no entendía nada de nada. Me voy para Madrid. Tengo en mi mano la factura y la adenda modificada, falsificada, bueno firmada por mi. Me siento en la puerta de la notaria porque en cualquier momento yo estaba seguro que o iba a aparecer la policía o algo. Era inaudito lo que esta pasando”.

Esta estafa dejó un listado de afectados, que se agrupan en diversos grupos de inversores, como el grupo San Martí, el grupo Boceta Villagrá, grupo Danta, grupo Hortalá, grupo Gonzalbo, grupo Vitaly, grupo Capdevila o grupo Calber, ente otros.

Ocultación de fondos

La suma actual de afectados de forma directa e indirecta sería, según la Fiscalía, de aproximadamente unos 1.120 afectados, repartidos entre Catalunya, Valencia, Madrid, Asturias, Aragón, Navarra, Islas Baleares, Andalucía y Galicia. Así mismo, el Ministerio Público cuenta con información de que podría haber víctimas de otros Estados como Andorra, Reino Unido, Suiza, Francia o Luxemburgo.

A pesar que fue el propio Antonio Mas quien decidió dar el primero paso y denunciar la estafa que había montado, diversos oficios de los Mossos detallan que a pesar de su confesión, “lejos de colaborar con la Justicia y tratar de reparar el daño causado, ha seguido disponiendo de los fondos obtenidos fraudulentamente en su propio beneficio valiéndose, para ello, de diferentes sociedades en las que no constaba él personalmente como administrador de las mismas”.

Fuente: lavanguardia.com, 15/01/20.

Más información:

Ponzi, Madoff, Blaksley: Variaciones de la estafa piramidal

Eugenio Curatola: El Madoff argentino

R. Allen Stanford es condenado a 110 años de prisión

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Independentismo catalán y narcotrafico venezolano

febrero 17, 2018

La conexión entre en independentismo catalán y el narcotrafico venezolano

Por Ricardo Fernández.  @RFernan11

Para nadie es en secreto que desde hace años atrás el dinero del narcotráfico oficial venezolano en buena medida es lavado y legitimado en bancos andorranos. Las últimas medidas en relación a, secreto bancario han complicado un poco el panorama del Cartel liderado por Diosdado Cabello.

Nuestros informantes aseguran que inicialmente las operaciones de lavado se llevaron a cabo en complicidad con los hermanos Cierco, quienes incluso antes de vender el BPA «limpiaron» las identidades de las figuras venezolanas como propietarios de las cuentas cifradas. A cambio habrían recibido varios cientos de millones de dólares . Uno de los intermediarios y operadores de estas actividades es el conocido estafador y prófugo de la justicia española José Manuel Carlos Llorca , quien permanece escondido en la más exclusiva urbanización de Caracas .

Maria  Reig cabeza y líder de una acaudalada familia andorrana , divorciada y de 64 de edad , quien preside un conocido banco de Andorra es una de las principales cómplices y colocadoras de dinero sucio , que es legitimado en el pequeño principado , proveniente del gobierno de Venezuela  y de poderosos funcionarios y ex funcionarios de las gestiones de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La flor y nata de Andorra participa en esta actividad. Una gran operación internacional llevaría al albañal a ambos gobiernos: andorrano y venezolano. De esta manera iniciamos la reconstrucción del complicado rompecabezas, que nos testo Luisa Ortega Díaz.  ”La familia Reig ha estado desde siempre vinculada al negocio financiero y tabaquero andorrano. Los Reig mantienen una participación en Crèdit Andorrà, una de las primeras firmas financieras del país. María Reig es consejera del banco. En 2015 la entidad alcanzó una cifra de negocio de 16.576 millones de euros y un beneficio de 72 millones. El origen de la fortuna familiar está en el tabaco. En 1909 Juliá Reig abrió la primera fábrica de Tabacos Reig en Sant Julià de Lòria, que cerró sus puertas en 2007. Puritos Reig, Churchill, o Don Julián son algunas de sus marcas más conocidas.” Desde hace meses la Hacienda española investiga a la poderosa e influyente familia Reig por diversas razones. ” Hacienda inició el pasado mes de septiembre una investigación sobre la sociedad Venusaur, propiedad de la familia andorrana Reig, una de las grandes fortunas del Principado. A través del grupo Reig Capital la familia andorrana maneja un grupo empresarial con intereses en el sector financiero, tabaquero, hotelero, y del lujo. María Reig (Barcelona, 1951), está al frente de los negocios familiares aunque es su hijo Carles Enseñat Reig quien  administra varias de las sociedades. La presidenta del grupo Reig Capital es una de las personas más influyentes de Andorra, con fuerte predicamento en Cataluña.” Pero esta trama cada vez se pone mejor . Otra familia andorrana aparece seriamente comprometida con el lavado de capitales venezolanos . En esta ocasión se trata de los hermanos Higini y Ramón Cierco, quienes cuando eran propietarios  la Banca Privada de Andorra (BPA) , antes de vender el banco recibieron una gran  cantidad de dinero por “desaparecer” de la data de la entidad financiera las cuentas de ciudadanos venezolanos, PDVSA y CADIVI entre otras . Estamos tratando afanosamente de obtener un duplicado que pondrá a temblar a andorranos y venezolanos. La Trama involucra a altos jerarcas del CICPC. También involucra en el selecto grupo que tiene dinero en Andorra a la llamada Mafia del SENIAT  y sus presuntos operadores .

Fuente: awriterwithfreedom.wordpress.com, 16/02/18.

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Cataluña: La crisis llega a los bares que perdieron 71 millones de euros en octubre

diciembre 4, 2017

La crisis catalana llega a los bares y pierden 71 millones en octubre

Por Raquel Villaécija.

El impacto de las tensiones políticas en Cataluña ha llegado ya a los bares. Sólo en el mes de octubre el sector de la restauración ha perdido más de 70 millones de euros en ventas y las cadenas han registrado un descenso en el número de visitantes por primera vez desde la salida de la crisis, según datos de la consultora NPD Group.

La inestabilidad nos disuade a la hora decidir si nos quedamos en casa o salimos a cenar o a comer fuera. Si «se toma como referencia el comportamiento objetivo del sector en el mes de octubre y se compara con el crecimiento del trimestre anterior, lo que se aprecia es una caída en las ventas valorada en 71 millones», señala Vicente Montesinos, de NPD. «A nivel nacional veníamos de una tendencia buena, con una recuperación en 2015 tras siete años de caídas», explica el especialista.

La consultora ha analizado los datos aportados por las diferentes cadenas de implantación nacional con las que trabaja y constata que en un mes se ha dado la vuelta al calcetín: si el trimestre anterior el sector crecía a un ritmo del 2,6% (en septiembre lo hizo un 2,3%), en octubre, cuando el conflicto catalán vivió su punto álgido, el avance fue nulo (0,1%).

Hay dos puntos y medio porcentuales de diferencia y es el primer trimestre con ventas planas desde 2015, a pesar de que el calor nos ha estado acompañando hasta hace bien poco, un factor que siempre incentiva a salir. Además, «octubre es el primer mes desde la salida de la crisis en el que cayó el número de visitas en los establecimientos», es decir, que la gente pisa menos los bares que antes de que estallara la tensión.

Este impacto, explica Montesinos, se concentra sobre todo en el noreste del país y sólo incluye el gasto nacional (que supone el 83% del total), no el del turismo. Si se contara éste último, «podría sumar más pérdidas aún», señala.

Aumenta la distancia con Madrid

En concreto, NPD Group ha medido las ventas de las cadenas en las diferentes regiones y ha apreciado «una mancha más centralizada en Cataluña». Montesinos explica que la velocidad a la que crece el sector en Madrid y Barcelona (tomando como referencia la misma superficie de establecimientos con respecto al año pasado, sin incluir nuevas aperturas) no suele ser muy grande. Antes había una distancia de un punto entre ambas ciudades a favor de la capital; ahora hay seis.

«Si incluyes las nuevas aperturas el efecto es aún mayor, pues en Cataluña ha habido menos que en Madrid por las trabas administrativas a los empresarios que querían abrir algún local», explica Montesinos, para quien esto «es la culminación de toda una serie de problemas y medidas proteccionistas» que ya disuadían al sector a la hora de instalarse en Cataluña.

La inestabilidad agranda cada vez más la bola de nieve: primero fue el turismo (con una caída de los visitantes foráneos del 5% en Cataluña mientras que sí crecieron las llegadas en el conjunto de España) y después, el comercio. Las ventas minoristas en la región cedieron casi un 4% en el mes de octubre comparado con el mismo periodo del año anterior, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

El sector había sido muy cauteloso a la hora de valorar el impacto del problema catalán en el consumo, pues advertían de que, como las altas temperaturas también han afectado negativamente a las ventas, es difícil valorar qué parte del daño viene de la inestabilidad política.

Sin embargo, es evidente que ésta afecta a la confianza del consumidor, como de hecho refleja el índice del CIS que mide la predisposición que tenemos a gastar. En octubre cedió 3,6 puntos y alcanzó la cifra más baja desde el pasado mes de enero.

También la incertidumbre ha hizo mella en los depósitos de hogares y empresas residentes en España, que cayeron un 1,25% en octubre respecto al mes anterior, coincidiendo con el periodo de mayor tensión, en un contexto en el que los bajos tipos de interés llevaron a las entidades a ofrecer bajas rentabilidades a cambio de estos productos.

Fuente: elmundo.es, 04/12/17.


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El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador

octubre 27, 2017

El ‘Catexit’ y sus efectos en el sector asegurador

Ante todo, debo indicar que este artículo de opinión no es ningún manifiesto político en ningún sentido y sí una reflexión sobre la situación que el sector asegurador se podría encontrar ante un determinado escenario político.

Hasta la fecha se ha hablado de repercusiones para la Banca de un posible ‘Catexit’. Mi objetivo con este artículo es establecer el escenario que debería afrontar el sector asegurador ante una situación de independencia de Catalunya y la creación de una “nueva república catalana” con el fin de abrir el debate, ya que lo que en estas líneas avanzo puede ser más amplio y complejo.

El presidente de la Generalitat de Catalunya ha declarado la independencia,  ¿y ahora qué puede pasar en el sector asegurador?

Para el sector asegurador se nos plantea el siguiente escenario:

En primer lugar, tenemos la automática salida de la Unión Europea (UE), por lo que, en caso de no poder llegar a un acuerdo con la UE, las leyes comunitarias dejarían de aplicarse y el Gobierno de la “nueva república catalana” debería replicar legislación europea y propia (Ley de contrato de seguro, Ley de ordenación de Seguro Privado o como las quieran denominar). Esto haría que existiese un vacío legal o inseguridad jurídica, ya que la tramitación legislativa requiere su tiempo.

Los “pasaportes comunitarios” dejarían de estar disponibles automáticamente, por lo que las entidades radicadas en Catalunya no podrían trabajar en el espacio de la UE, incluyendo España, lo que probablemente haría que las aseguradoras movieran el domicilio social y, consecuentemente, en una situación de nuevo estado, la fiscal. Es probable que ello llevaría aparejado que, de una forma proporcional, también se mudarían sus servicios centrales, provocando deslocalizaciones y movimientos de empleados. Del mismo modo, los órganos de UE, como la Comisión Europea y la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA) dejarían de tener competencia sobre asuntos catalanes y se deberían establecer acuerdos de cooperación entre EIOPA y los reguladores de la “nueva república catalana”.

¿Puede haber opciones para mantener las relaciones tras el ‘Catexit’?

Una vez que se haya hecho efectiva la salida de la UE, la autoridad aseguradora de la “nueva república catalana” deberá plantearse las diferentes posibilidades que tiene enfrente en el ámbito regulatorio:

PAÍS NO RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

  • Aislarse del mundo, apoyada por los sectores más radicales del independentismo catalán.

El primer objetivo sensato, que no se prevé nada fácil, ni rápido, sería conseguir el reconocimiento internacional de naturaleza jurídica propia y, una vez superado, después de meses o años, esta situación tendría varias opciones posibles:

PAÍS RECONOCIDO INTERNACIONALMENTE

  • Firma de nuevos acuerdos bilaterales, manteniendo el libre comercio y/o establecimiento sin pertenecer al bloque europeo, similar a lo que el Gobierno canadiense está negociando.
  • Unirse a la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), podría acceder a través de acuerdos bilaterales tipo Suiza.
  • La reintegración al Espacio Económico Europeo y la adhesión a la AELC, como el caso de Noruega, Liechtenstein e Islandia, como nuevo estado adherido.
  • Integración en la UE. Se trata de la más remota e improbable, al menos durante mucho tiempo, ya que, además del reconocimiento internacional, debe tener la unanimidad de los estados miembros, existiendo el derecho de veto por cualquiera de ellos.

Pero junto a estas cuestiones futuribles, la independencia sí tendrá consecuencias inmediatas que afecta a:

EMPRESAS:

Para las Reaseguradoras el efecto será pequeño, por el carácter transfronterizo del Reaseguro. En todo caso, la autoridad supervisora de la “nueva república catalana” debería establecer los criterios de solvencia y que fueran equivalentes a los de la UE y que esta los homologase, etc.

Las Aseguradoras en territorio catalán que quieran seguir operando en la UE, deberían trasladar domicilio social, fiscal y posiblemente operativo dentro del territorio comunitario. Este último punto es importante porque difícilmente sería aceptable que entidades que trabajen en esa “España sin Catalunya” puedan hacerlo desde un territorio foráneo. También parece razonable pensar que deberán crear filiales participadas para trabajar en la “nueva república catalana” y dotarlas de solvencia para cubrir los riesgos, eso significara nuevos desembolsos de capital para dotarlas de solvencia.

Para los Agentes y Corredores/Corredurías y Agencias de Suscripción: en el caso de los primeros, el problema, salvo casos muy aislados, es menor, por el carácter territorial limitado que estos profesionales acostumbran a tener, pero en algún caso deberían de crear empresas filiales o participadas, ya sean personas físicas o jurídicas.

Para los corredores supervisados por la Dirección General de Política Financiera y Seguros del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, ya que el ámbito de actuación se le supone mayoritariamente territorial en el ámbito catalán, deberían renunciar al negocio de fuera de Catalunya o ver si les resulta económicamente favorable crear filiales o participadas en el territorio español, ya que, recuerdo, el pasaporte comunitario esta desactivado.

En el caso de los Corredores con ámbito estatal, al igual que las Aseguradoras, deberían trasladar domicilio social, fiscal y operativo y estimar la creación de filiales en uno u otro “país”.

La Agencias de Suscripción se encontrarían en la misma situación que las Corredurías o corredores.

POSIBLES VACÍOS:

Esa “nueva república catalana” debería decidir si crear, por ejemplo, su Consorcio de Compensación de Seguros, su Pool Medioambiental o su Pool Atómico , si lo asumen las aseguradoras locales o simplemente se deja sin coberturas al asegurado y consumidor final de terrorismo, inundaciones… También cabe otra pregunta: ¿la “nueva república catalana” también optará por crear su propio Agroseguro?

Para el Consumidor:

Estos vacíos que acabo de comentar supondrá un impacto para el consumidor, para el ciudadano. Así, la desaparición de la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros supondrá que las grandes catástrofes, inundaciones, terrorismo debería de ser asumida por las aseguradoras directamente o bien el Gobierno del nuevo país debería constituir algún organismo similar tan típicamente español. De igual forma se puede decir de la desaparición de Agroseguro –con el impacto que supone en la cobertura de los riesgos del sector agropecuario–, del Pool de Riesgos Medioambientales y del Atómico. Finalmente, también dejará de ser efectivo Ofesauto y el propio baremo de daños personales en accidentes de circulación.

En estos momentos recuerdo una serie de televisión que los guionistas no sabían cómo acabarla por lo complicado del guión que se había ido creando a lo largo de los capítulos y que la acabaron despertando los protagonistas como si hubiese sido todo un sueño o una pesadilla, que cada uno escoja su opción, la mía la tengo clara.

Fuente: communityofinsurance.es, 16/10/17.


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Codorníu se va de Cataluña

octubre 16, 2017

Codorníu decide trasladar su sede a La Rioja

La firma alude a la situación de incertidumbre política y jurídica en Catalunya para mudar la sede de su hólding.

Por Agustí Sala.

Codorniu sede en Cataluña

Imagen del recinto de Codorniu.
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Nuevo mazazo empresarial al ‘procés‘. Codorníu también trasladará su sede social de Catalunya a otra zona de España, en concreto a La Rioja. El paso dado por la empresa de la familia Raventós tiene un profundo simbolismo ya que es la más antigua de España, con orígenes en 1551 y con forma de sociedad mercantil desde el siglo XIX.

La firma no ha esperado al final del cruce de cartas entre el ‘president’ Carles Puigdemont y el del Gobierno, Mariano Rajoy, para optar por la mudanza de su hólding, Unideco, de la que penden sociedades como Codorniu, RaimatBodegas Bilbaínas, cuya sede está en Haro (La Rioja) o Legaris, con sede en la denominación de origen (DO) Ribera de Duero.

«Ante la situación de incertidumbre política y jurídica en la que se encuentra sumida Catalunya y con el objetivo de garantizar los intereses de sus trabajadores y clientes», las embelmáticas bodegas, cuya sede más emblemática se encuentra en la mansión didseñada por Josep Puig i Cadafalch en Sant Sadurní d’Anoia ha decidido sumarse a las compañías que ven en una posible declaración unilateral de independencia (DUI) una amenaza para sus intereses.

Sin consecuencias económicas

El consejo de administración de Unideco, S.A., empresa hólding del grupo Codorníu Raventós, ha aclarado que mantiene la estructura operativa de producción de todas sus bodegas, así como el total de sus empleados en sus actuales centros de trabajo. La compañía más antigua del sector, con sede actualmente en Sant Sadurní de Noia, el corazón dela comarca vitivinícola del Penedès, asegura que la medida de trasladar la sede no tendrá consecuencias económicas en Catalunya.

A este cambio de domicilio social de la compañía presidida por María del Mar Raventós puede sumarse en breve la de su principal competidora, Freixenet. Sobre si esta continuará en Catalunya, su presidente (y de la Cámara de Comercio de España), Josep Lluís Bonet, ha indicado que ha convocado un consejo de administración para final de mes en el que «este tema está encima de la mesa». Una de las hipótesis que se baraja es Cantabria, si bien la empresa cuenta con bodegas en varias denominaciones de origen (DO) españolas.

Fuente: elperiodico.com, 16/10/17.


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La industria farmacéutica abandonaría Cataluña

octubre 16, 2017

La industria farmacéutica se prepara para una posible salida de Cataluña

Genera el 7% del PIB catalán y da empleo a 42.000 trabajadores.

Por Alberto Vigario.
cataluña bandera independentista
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Las multinacionales farmacéuticas asentadas en España tienen la mayoría de sus fábricas en Cataluña. Hasta ahora, ninguna de estas compañías había tomado una postura oficial sobre qué harían si se daba una declaración de independencia por parte de la Generalitat. Pero en los últimos días, algunos laboratorios ya han empezado a reconocer que cuentan con un plan de salida si se produce una secesión de España.

Así, las multinacionales Boehringer Ingelheim y Bayer, ambas alemanas, admitieron recientemente que tomarán las medidas necesarias para proteger sus negocios si cambian las reglas y leyes actuales en Cataluña.

[ Ver: Fuga de empresas de Cataluña. ]

«Bayer, como cualquier otra compañía, precisa de un marco político, económico y jurídico estable que asegure el normal desarrollo de su actividad. Ante la situación en Cataluña, la compañía confía en que se alcance una solución que permita mantener estas condiciones», aseguró la compañía.

La dueña de la aspirina había aparecido hace días en las quinielas de empresas que tendían previsto salir con una declaración de independencia, aunque no se había manifestado aún de manera oficial. Bayer tiene su sede central en España en Sant Joan Despí (Barcelona), donde cuenta con 850 empleados. Su mayor planta de producción la tiene en Asturias, donde fabrica el ácido acetilsalicílico para todo el mundo.

Por su parte, la farmacéutica Boehringer Ingelheim también aseguró que tomarán «las necesarias iniciativas para asegurar la continuidad del negocio». De todas formas, la filial española con sede y dos fábricas en Sant Cugat del Vallés aclaró que «no van a especular sobre posibles cambios» y que «la posición de BI España sobre la situación actual en Cataluña se basa en el respeto a la legislación actual».

Oryzon, la primera

Aparte de las multinacionales, de momento han sido Oryzon -que fue la primera- y el grupo Indukern (dueño del mayor laboratorio de genéricos en Cataluña, Kern Pharma) las únicas compañías del sector que se han mudado de Barcelona. Mientras, entre los otros grandes laboratorios catalanes, Almirall, Esteve y Ferrer guardan silencio y Grifols ha comunicado que, de momento, se queda.

No se trata de un sector cualquiera. En Cataluña, el 7% del PIB ya corresponde a la actividad que generan las empresas de las ciencias de la vida y la salud, que a su vez dan empleo a un total de 42.133 trabajadores (cifras de 2014). Además, según el último informe de la patronal biotecnológica Asebio, la región lidera este sector en España. El negocio de las ciencias de la vida y la salud cuenta en Cataluña con 734 empresas, de las cuales 221 son biotecnológicas, 46 farmacéuticas, 94 de tecnologías médicas innovadoras, 208 proveedoras e ingenierías, 139 de servicios profesionales y consultoría y 26 entidades de inversión activas.

Cambio de las inversiones

Sin embargo, hace años que la región catalana ha dejado de ser el foco principal de las inversiones en investigación de la industria farmacéutica presente en nuestro país, algo que había sucedido siempre en España. Desde 2015, la Comunidad de Madrid supera a Cataluña como el destino principal en España del gasto en I+D que las farmacéuticas realizan cada año tanto dentro de sus instalaciones, como en sus colaboraciones con hospitales y otros centros de investigación.

Apenas tres años antes, en 2012, Cataluña superaba ampliamente a Madrid en este reparto, al ser destinataria del 52% de las inversiones internas de los laboratorios, seguida de Madrid, con apenas el 35%. Desde entonces, año a año, la región catalana ha ido perdiendo peso en el porcentaje hasta ser superada por la comunidad madrileña.

Distribución geográfica

Otro aspecto destacado en los últimos años ha sido el cambio de tendencia en la distribución geográfica de los laboratorios farmacéuticos a lo largo y ancho de nuestro país. Si históricamente, Cataluña era la región que concentraba la mayor parte de este sector, el número ha pasado a igualarse en la actualidad.

Así, de las 183 compañías farmacéuticas presentes en España -asociadas a la patronal Farmaindustria- en 2015, un total de 86 tenían su sede en Cataluña y 85 estaban en Madrid. Hace apenas seis años, en 2010, la diferencia era aún muy notable: 99 laboratorios estaban radicados en Cataluña por 76 en la Comunidad de Madrid.

Fuente: eleconomista.es, 16/10/17.


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También las PyMEs abandonan Cataluña

octubre 11, 2017

Las notarías no dan abasto: las pymes también huyen en masa de Cataluña

El desafío independentista dispara el éxodo empresarial | EFE
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Desde el referéndum ilegal del 1-O, el fuerte repunte del riesgo político en Cataluña ha empujado a decenas de grandes empresas a plantear el posible traslado de su sede social a otras comunidades autónomas. Gas Natural, CaixaBank, Sabadell… son algunas de las compañías que han movido ficha, siguiendo los pasos de Grifols o NH Hoteles.

Pero la deslocalización no es, en absoluto, un asunto limitado a las empresas de mayor tamaño. No en vano, las estadísticas de movimientos empresariales que recopila la consultora Informa nos recuerdan que, desde el auge del «proceso independentista», la región ha vivido la salida neta de casi 1.100 sociedades, muchas de ellas pequeñas o medianas.

Cataluña independentistasEl proceso de deslocalización es más sencillo en el caso de las pymes, por su menor tamaño y estructura. Al tener un accionariado más concentrado, apenas deben completar tres trámites. El primero de ellos es presencial y requiere acudir a una notaría para comunicar el cambio de domicilio social. El segundo y el tercero son procedimientos digitales, que apenas requieren una conexión a internet. Se trata de la inscripción del cambio en el Registro Mercantil y en la Agencia Tributaria.

Por lo general, el coste que acarrean estas decisiones oscila entre 400 y 500 euros. La notaría acarrea un desembolso estimado en 200 euros, mientras que los trámites digitales se pueden realizar por menos de 100 euros cada uno. Eso sí: para activar el proceso, toca celebrar antes una Junta General Universal en la que se decida proceder a trasladar la sede a otra región.

«Horas extra» en las notarías

Fuentes consultadas por Libre Mercado apuntan que las notarías de Barcelona y otras ciudades catalanas han decidido ampliar sus horarios de trabajo y abrir en fin de semana. Y es que el 1-O se ha traducido en un fuerte repunte de la incertidumbre política y económica, lo que a su vez ha empujado a muchos empresarios catalanes a trasladar su sede social a otras comunidades autónomas.

Pero el fenómeno se repite también en las comunidades autónomas que reciben a aquellas empresas que optan por abandonar Cataluña. De modo que las «horas extra» también han aumentado en comunidades como Madrid, la región que está saliendo más beneficiada de estos movimientos.

«Ante un problema de seguridad jurídica, las empresas tienen claro que deben acelerar los trámites para aprobar el cambio de sede. El reguero empezó a crecer el martes 3 de octubre y se ha agudizado mucho. Este fin de semana ha sido de fuerte trabajo en las notarías, por el miedo a que se proclame la independencia«, explicó José María Gay de Liébana en Antena 3.

Fuente: libremercado.com, 11/10/17.

Más información:

¿Por se van las grandes empresas de Cataluña?


Las empresas mueven también su sede fiscal por temor a la Hacienda catalana

Compañías y bancos han decidido dar un paso más tras cambiar el domicilio social y blindarse de todas las incertidumbres.

Sucursal del banco de Sabadell en Barcelona. 
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La fuga de empresas que trasladan su sede social fuera de Cataluña sigue ante el desafío independentista. Sin embargo, muchas compañías han decidido dar un paso más y blindarse de todas las incertidumbres, entre ellas, la posibilidad de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) pueda reclamarles impuestos que abonan a la Hacienda estatal. Para hacer frente a esa posibilidad, han decidido cambiar su domicilio fiscal. CaixaBank y Banco Sabadell ya lo han hecho.

Decenas de compañías catalanas han aprobado ya en sus consejos el traslado de la sede social a otra comunidad autónoma ante el contexto de inestabilidad política que atraviesa Cataluña. Sin embargo, algunas han decidido llevarse también el domicilio fiscal ante la posibilidad de que, si finalmente se producía una declaración de independencia —que finalmente quedó en suspenso—, la Hacienda catalana les pudiera reclamar tributos estatales como el de Sociedades. Eso les dejaría en una delicada situación: tendrían que abonarlo dos veces o elegir entre una Administración u otra.

Ese cambio de domicilio, no obstante, no es tan sencillo como el del traslado de sede social. Fuentes consultadas explican que requiere que en ese domicilio haya al menos “una dirección efectiva del negocio”. De momento, tanto CaixaBank como Banco Sabadell ya han trasladado tanto su domicilio social como el fiscal, según confirmaron ayer ambas entidades. En el caso de CaixaBank, fuentes del banco que ahora tiene sede en Valencia explicaron que se optó por ese doble cambio para buscar una “protección global” de los clientes, depositantes y accionistas.

Ese mismo argumento expuso Banco Sabadell. Fuentes de la entidad añadieron que la decisión también obedeció a evitar una eventual doble imposición en caso de que se aplicara la ley de ruptura aprobada por el Parlament y la Generalitat exigiera a las empresas que abonaran impuestos estatales como el de Sociedades a la Hacienda catalana. Gas Natural Fenosa, otra de las primeras empresas en aprobar su traslado, todavía no ha movido su domicilio fiscal.

Poco impacto económico

Varios despachos de abogados explicaron que otras empresas están siguiendo el camino de los dos grandes bancos. Sin embargo, ese paso no se reflejará en el Registro Mercantil, puesto que debe comunicarse a la autoridad fiscal autonómica. Ahora, explican estas fuentes, están tratando de ver qué departamentos o directivos desplazan a esas sedes para que el cambio de domicilio fiscal pueda ser efectivo. De entrada, es probable que los consejos de administración y las juntas de accionistas se realicen en las nuevas ubicaciones.

Con las reglas de juego actuales, el impacto para las arcas autonómicas es mínimo (siempre que no haya traslado de empleados), puesto que el cambio solo afecta a algunos impuestos autonómicos como el de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Otra cosa es que el Gobierno de la Generalitat declarara la independencia efectiva y reclamara impuestos estatales como el de Sociedades a empresas con sede en Barcelona. Según las últimas balanzas fiscales de la Generalitat, de Cataluña procede el 19,1% de la recaudación de Sociedades del conjunto de España. En total, 4.547 millones de euros. El traslado del domicilio fiscal busca, precisamente, blindarse ante este escenario hipotético.

El reguero de empresas que cambiaron su sede social siguió ayer. Otras dos empresas cotizadas decidieron en consejo de administración extraordinario cambiar su sede a Madrid. En concreto, lo hicieron la aseguradora Catalana Occidente y las filiales españolas del grupo de viajes online Edreams Odigeo, con sede en Luxemburgo, según comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). También la multinacional química Indukern, la gestora de fondos EDM y la firma Sanantur anunciaron su marcha.

Fuente: elpais.com, 11/10/17.


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¿Por se van las grandes empresas de Cataluña?

octubre 11, 2017

¿Por qué se marchan las grandes empresas de Cataluña?

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Fuga empresarial en Cataluña. El desafío secesionista y la probabilidad de que la Generalitat, el Gobierno de la región, declarara la independencia unilateral de España forzó a las grandes empresas, sobre todo a la banca y a las entidades cotizadas, a poner en marcha planes de contingencia para garantizar la viabilidad de su negocio, que básicamente radica en el cambio de sede social fuera de territorio catalán.

El 5 de octubre, Banco Sabadell (cuarta entidad financiera española por valor de activos) fue la primera gran cotizada en anunciar que trasladaba su domicilio social a Alicante, ciudad situada al sur de Cataluña, tras varias jornadas sufriendo importantes castigos en Bolsa. Pero su anuncio no fue el único. CaixaBank (tercer banco de España por activos) hizo lo propio unos días más tarde, eligiendo como destino Valencia, también al sur de la región. Los siguientes días otras empresas  de diversos sectores también hicieron efectivo el traslado de su sede social: Gas Natural, Mediolanum, Arquia Banca, Dogi, Service Point, Oryzon, Eurona y Colonial, entre otras. El día 10 de octubre, otros grandes grupos, como el de infraestructuras Abertis, de telecomunicaciones Cellnex o el editorial y audiovisual Planeta también anunciaron que estaban estudiando su salida de Cataluña, aunque todavía no habían tomado una decisión en firme. Su traslado dependía de la declaración que hiciera el presidente catalán Carles Puigdemont sobre la independencia en su anunciada comparecencia de ese día. En una intervención parlamentaria un tanto desconcertante, Puigdemont finalmente declaró la independencia para, menos de un minuto después, ponerla en suspenso durante unas semanas. Esto no paró el goteo de salidas de empresas, el día 11, al cierre de este artículo, el grupo Planeta confirmó su marcha definitiva a Madrid. Pero, ¿por qué se produce esta fuga ahora?

Cataluña bandera independentistaSegún los expertos, en una primera fase, las compañías han preferido no significarse políticamente, sobre todo en lo que refiere a los grandes grupos, ya que independientemente de dónde tengan su sede, su negocio no es local y dependen del resto del territorio nacional o internacional. Y no es la primera vez que desde el resto de España se plantea algún tipo de boicot a sus productos o servicios. Por tanto, han preferido mostrar su opinión a través de diferentes patronales. Por ejemplo, Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, ha calificado de “disparate” la evolución del desafío soberanista. Ha insistido en que “los empresarios españoles y también los catalanes están horrorizados con la deriva de los gobernantes de Cataluña”. Según el Círculo de Empresarios, el coste de la independencia para Cataluña se fijaría entre el 20% y el 30% de su Producto Interior Bruto (PIB). Desde esta institución, se ha exigido “una respuesta firme de los poderes públicos”, así como han hecho “un llamamiento a todos los ciudadanos de Cataluña para frenar cuanto antes esta evolución de los hechos, que a todos perjudica”.

Pero a medida que avanzaba el proceso, con la celebración del referéndum ilegal fijado para el 1 de octubre, la preocupación empresarial crecía. Juan Roig, presidente de la cadena de supermercados Mercadona, fue uno de los primeros empresarios en romper el silencio. Reconoció que, “como español y como persona, estoy muy preocupado y asustado. Ésa es la palabra. Hay un gravísimo problema en España y hay que reconocerlo”. En este clima de crispación y tensión empresarial, el detonante de la fuga fue el anuncio del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de proclamar la independencia unilateral. A partir de ese momento, las empresas empezaron a poner en marcha sus planes de contingencia por si llegaba esta situación. Y más allá de lo que muchos puedan pensar, no se trata de un gesto a favor o en contra del proceso, sino de una cuestión legal que podría poner en jaque la continuidad del negocio.

Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho del Mercado Financiero de la Universidad Carlos III de Madrid, explica que si Cataluña fuese un Estado independiente, los bancos con sede social en territorio catalán “perderían el acceso a los recursos del Banco Central Europeo (BCE)”. Sin embargo, los usuarios son los que se llevarían la peor parte: “Pasarían a ser clientes de entidades fuera de la Unión Europea”. En opinión de este experto, eso supone, automáticamente, perder, por ejemplo, la garantía de depósitos y “estar fuera de la red de seguridad creada en la UE para proteger a los clientes”. El riesgo desaparece en el mismo momento en el que se produce un cambio de sede hacia un territorio fuera de Cataluña. Éste es, en opinión del experto, el motivo por el que tanto Banco Sabadell como CaixaBank se han visto obligados a cambiar su domicilio social.

“No se trata de un hecho esporádico ni aislado”, según apunta el exministro de Justicia y abogado Alberto Ruiz-Gallardón en declaraciones al diario económico Expansión. Es más, asegura que estos movimientos son “una posibilidad que ya estaba analizada; las decisiones que se han tomado en los últimos días no son objeto de improvisación” por parte de las empresas. En su opinión, “detrás de todo esto, lo que hay es un debilitamiento muy fuerte de Cataluña como tiempo y espacio de localización de inversiones”. Si bien considera que la vuelta de la confianza llevará tiempo, también se muestra convencido de que el proceso es reversible. “A mí nada me gustaría más que los secesionistas renunciasen a su proyecto de ruptura y que, como consecuencia de eso, esas grandes empresas catalanas, que nos dan servicio a todos los españoles, pudiesen volver tranquilamente a Cataluña”. Sin embargo, si se compara con lo que ha ocurrido en otros países, no está tan claro que eso vaya a ocurrir. En Canadá, cuando se puso en marcha el plan nacionalista de Quebec, que concluyó con dos referéndums en 1980 y 1995, ante una posible ruptura, Royal Bank of Canada y Bank of Montreal abandonaron el territorio, pero nunca regresaron, pese a la vuelta a la calma de las aspiraciones independentistas.

Impacto legal y económico

Pero más allá de los bancos, fuentes jurídicas apuntan a que el desafío catalán tiene otro tipo de impacto legal en todo tipo de compañías. Por un lado, las cotizadas, que se rigen por las normas europeas, no sólo españolas, por lo que una posible declaración de independencia unilateral pondría en situación de riesgo a los inversores. Por otro, cualquier compañía con sede en Cataluña se enfrenta a la pérdida de los acuerdos para evitar la doble imposición de impuestos cuando hacen negocios dentro del mercado comunitario. Por tanto, la factura para las compañías podría ser demasiado alta, eso, sin contar con las leyes que ha aprobado la Generalitat y que chocan con la normativa española (y de la UE), con lo que podrían enfrentarse a sanciones en el futuro. Otra incógnita regulatoria que ha pesado en la decisión de las empresas de abandonar Cataluña es el llamamiento de la Generalitat para que las sociedades paguen impuestos ante la Hacienda autonómica, en lugar de ante la española.

Ante tanta incertidumbre legal, la única solución de muchas empresas es el cambio de domicilio social, antes de que se produzca una hipotética declaración de independencia, ya que, una vez formulada, independientemente de si es efectiva o no, se perdería la protección de las entidades europeas y españolas. En un comunicado de prensa, CaixaBank explicaba el motivo de su traslado de sede: “La decisión tiene como objetivo proteger los intereses de los clientes, accionistas y empleados de la entidad, garantizando la permanencia de la entidad en la zona euro bajo la supervisión del Banco Central Europeo (BCE)”. Según la entidad, “la continuidad en la zona euro garantiza a CaixaBank seguir contando con óptimas condiciones de financiación para, a su vez, mantener el flujo de crédito a familias y empresas en Cataluña y en el resto de España así como preservar la integridad de los depósitos de sus clientes. El traslado del domicilio social no comporta movimiento de empleados, por cuanto la entidad cuenta con sedes corporativas y operativas en diversas ciudades de España”.

Para que se haya producido esta fuga de empresas en tiempo récord, ha sido necesaria la aprobación, por parte del Gobierno español, de un Real Decreto para facilitar el cambio de sede. Aunque en 2015 ya se hizo una reforma que permitía a las empresas trasladar su sede social sin la necesidad de convocar junta, siempre que sus estatutos no dijeran expresamente lo contrario. El 6 de octubre de 2017, el Estado aprobó una norma para facilitar aún más esta decisión, permitiendo que el consejo de administración pueda adoptar un acuerdo de mudanza del domicilio social y hacerlo efectivo en 24 horas. Desde el bufete Dentons explican que “El efecto práctico de esta disposición transitoria única es que, a partir de la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley, los órganos de administración de todas las sociedades españolas pasarán a tener la facultad de cambiar el domicilio de la sociedad dentro del territorio nacional, sin necesidad de convocar junta general y con independencia de lo que en ese momento establezcan sus estatutos sociales”. No obstante, añaden que “esta medida no impediría en un futuro que la junta general revocara dicha decisión mediante la adopción de una modificación estatutaria que devolviera a la junta general la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional”.

Más incertidumbre

Y por último, está la incertidumbre de si, llegado el caso, el Gobierno español decide o no aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, algo que se está estudiando en estos momentos: “Si una Comunidad Autónoma [región con un alto grado de autonomía] no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Aunque el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en repetidas ocasiones que recurrirá a esta fórmula si se declara la independencia unilateral, el problema es que, hasta ahora, en España nunca se ha utilizado este artículo. En opinión de José Manuel Vera Santos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, su aplicación “no es automática: exige un procedimiento de relativa complejidad en el que la Comisión de las Comunidades Autónomas del Senado debe pedir documentación a la Comunidad”. Por tanto, para una empresa sería muy difícil calcular el tiempo que tendría que estar radicada en un territorio que ha declarado la independencia ilegalmente hasta que se recupere la situación de legalidad. Tampoco está claro el alcance de su aplicación y, por tanto, las consecuencias para un negocio. Según Vera Santos, la Carta Magna permite adoptar “las medidas necesarias”, pero en esa definición cabe un amplio abanico de actuaciones: “Desde cerrar TV3 [la televisión pública catalana] a asumir el control de la comunidad manteniendo las competencias autonómicas a suspender la autonomía de forma completa”. Y, como bien es conocido entre las comunidades inversoras, el dinero huye de todo tipo de riesgo, sobre todo, del político.

Fuente: knowledgeatwharton.com.es, 11/10/17.

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También las PyMEs abandonan Cataluña


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Muchas empresas abandonan Cataluña

octubre 6, 2017

La lista de empresas cotizadas que podrían abandonar Cataluña

La amenaza independentista está provocado un éxodo empresarial en la región de Puigdemont. La última fuga histórica ha sido la de Banco Sabadell. 

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El éxodo de las compañías con sede en Cataluña ya ha comenzado. Ayer jueves se produjo un hito en la historia empresarial catalana, cuando Banco Sabadell anunció que su consejo de administración acordaba en sesión extraordinaria trasladar su sede social a Alicante ante la posibilidad de que en los próximos días la Generalidad declare la independencia.

Caixabank va en la misma línea de precaución. El consejo de administración del banco se reunirá este viernes para estudiar el posible traslado de su sede social. Baleares es la ubicación que más suena entre los candidatos.

Y hoy otro peso pesado ha decidido marcharse de Cataluña: Gas Natural. El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado el cambio de sede de Barcelona a Madrid, en una sesión extraordinaria. Gas Natural Fenosa nació en 1843, bajo el nombre de Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas (SCAG), y fue la compañía encargada de llevar la luz a las calles y espacios públicos de Barcelona.

Cataluña bandera independentistaEl movimiento de ficha de las dos entidades fue aplaudido ayer por los mercados, provocando que las acciones de ambos bancos se dispararán en bolsa después de varias jornadas de caídas. Una situación muy similar a la que vivió Oryzon hace unos días, cuando anunció el cambio de sede de Cornellá de Llobregat (Barcelona) a Madrid. Los títulos de la principal empresa biotecnológica de Cataluña llegaron a revalorizarse más de un 20%. En la noche de ayer, el grupo textil Dogi le comunicaba a la CNMV su traslado desde El Masnou (Barcelona) a Madrid. En la media sesión de este viernes, sus títulos se revalorizaban otro 20%.

Siguiendo los pasos de Oryzon y Dogi, otras importantes compañías ha optado por marcharse. Una es la operadora de telecomunicaciones Eurona, que también ha elegido Madrid, y otra, el líder español en distribución de productos odontológicos Proclínic, que ha preferido Zaragoza.

Quien ya ha informado a todos sus empleados y agentes de que está pensando hacer las maletas es Catalana OccidenteSegún una comunicación, la aseguradora ha explicado que «tomará todas las decisiones que fueran necesarias» para seguir desarrollando su actividad con normalidad. El grupo, que actualmente tiene su sede en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), «velará siempre para que sus productos y servicios no se vean en ningún caso afectados por la coyuntura política y social, garantizando el cumplimiento de sus condiciones contractuales», asegura el texto firmado por su presidente, José María Serra Farré.

Y ante la escalada del desafío separatista, la lista podría seguir creciendo. Son muchos gigantes catalanes los que están registrando importantes pérdidas en el Ibex 35, y si la tensión aumenta, podrían poner pies en polvorosa. Estas son las más importantes del selectivo madrileño que tienen sede en la región que preside Puigdemont:

  • Abertiscompañía de gestión de infraestructuras y autopistas de peaje.
  • Cellnex: opera infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas.
  • Colonial: socimi.
  • Grifols: farmacéutica.

En el Mercado Contínuo cotiza Catalana Occidente, y unas cuantas compañías más:

  • Applus: compañía de inspección, ensayos y certificación.
  • Ercros: grupo industrial diversificado en tres áreas de actividad: División de Derivados del Cloro, División de Química Intermedia y División de Farmacia.
  • FCC: compañía especializada en medioambiente, agua e infraestructuras.
  • Fersa: dedicada a la generación de energía renovable eléctrica y limpia.
  • Fluidra: empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones para el uso del agua: piscinas, riego, tratamiento del agua, etc.
  • Almirall: farmacéutica.
  • Miquel i Costas: grupo papelero.
  • Laboratorios Reig Jofre: farmacéutica.
  • Renta Corporación: grupo inmobiliario.

Fuente: libremercado.com, 06/10/17.


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Banco Sabadell quiere retirar su sede de Cataluña

octubre 5, 2017

Quinto banco español reúne a su consejo directivo para aprobar su salida de Cataluña

Se trata del Banco Sabadell. La entidad busca con el cambio de sede garantizar que la entidad siga estando bajo el paraguas del Banco Central Europeo.

Quinto banco español reúne a su consejo directivo para aprobar su salida de Cataluña

El Banco Sabadell, el quinto de España por activos, anunció hoy que decidirá a lo largo de la jornada si traslada su sede social a Madrid o Alicante (este), ante el clima creado por las pretensiones independentistas de las autoridades de la región de Cataluña.

Cataluña bandera independentistaEl pasado domingo tuvo lugar un referéndum soberanista en Cataluña que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional, pero las autoridades regionales están decididas a aplicar los resultados, con la hipótesis de una declaración unilateral de independencia en los próximos días.

Varias empresas con sede en Cataluña empezaron a cambiar de sede social ante la hipótesis de una secesión de esa región y con la intención de proteger a sus clientes y accionistas.

Fuentes del Banco Sabadell aseguraron que el cambio de domicilio social garantizará que la entidad siga estando bajo el paraguas de supervisión del Banco Central Europeo, además de que el pago de impuestos de la sociedad se llevará a cabo en la ciudad que albergue la nueva sede del banco.

El pasado martes, dos días después de la consulta ilegal, el tercer banco español, CaixaBank, también con sede en Cataluña, remitió una nota interna a sus empleados en la que les comunicaba que la defensa de los intereses de clientes y empleados «guiará las decisiones futuras que, en caso de ser necesario, hayan de tomarse».

En estos días otras empresas optadron por cambiar la sede social y, así, la operadora de telecomunicaciones Eurona Wireless ha acordado trasladar su sede de Barcelona a Madrid, lo mismo que la biotecnológica Oryzon Genomics.

Para los bancos, permanecer en la zona euro haría posible seguir operando con normalidad y garantizar los intereses de sus accionistas, clientes y empleados dentro de cualquier escenario.

El Gobierno español y la Comisión Europea han reiterado públicamente que si una región se separa de un país miembro inmediatamente quedará fuera de la Unión Europea.

Fuente: cronista.com, 05/10/17.


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