Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.
La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.
Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.
Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.
En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.
Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.
Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.
Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.
La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.
La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.
Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.
Los hoteles de Cristina: cerrados, deteriorados o semivacíos
Clarín recorrió Los Sauces, Las Dunas y Alto Calafate, bajo la lupa judicial por lavado y coimas.
Por Lucía Salinas.
El hotel Alto Calafate investigado por lavado de dinero, propiedad de la familia Kirchner.
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Cerrado con cadena y candado, con basura acumulada en sus jardines,el hotel exclusivo de Cristina Kirchner, Los Sauces, no está incluido en la oferta hotelera de esta temorada. Las Dunas que alguna vez perteneció a Lázaro Báez, esperaba el fin de semana 30 turistas extranjeros y el poco movimiento en sus instalaciones es notorio. El más polémico de los hoteles K, el Alto Calafate refleja un marcado deterioro en sus instalaciones y hasta hace poco, reconoció el personal del lugar, no superaban el30 % de ocupación. Alquileres millonarios que con la ex Presidenta fuera del poder y con causas judiciales por delante, parecen no ser prioridad en los negocios privados con los que la familia Kirchner cuenta.
El Calafate tiene su ritmo propio y el turismo es el motor, con una nueva temporada en puerta los hoteles de Cristina Kirchner son parte de la oferta de alojamiento, con una particularidad:no conocen la ocupación plena.Fueron denunciados por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sospechados de ser usados «para el cobro de retornos» de empresarios amigos. La ex Presidenta aclaró que no se dedica al rubro hotelero, sino al inmobiliario.
Esta temporada sólodos de los cuatro hoteles de la ex Presidenta abrieron sus puertas.El más llamativo de todos por su exclusividad y concepto es Los Sauces. La Casa patagónica cuenta con 42 suites cuya decoración tuvieron la constante supervisión de la ex Presidenta. La ampliación del lugar se hizo sobre un terreno de Austral Construcciones, de Lázaro Báez.
El hotel boutique desde su inauguración -hasta hace dos meses- fue administrado por Panatel de Silvana Relats (por U$S 50 mil mensuales) y cuya constructora familiar JCR, fue la segunda firma más beneficiada con contratos viales durante el kirchnerismo con U$S 1.600 millones.
Sin una empresa que lo administre el hotel tiene su acceso principal, una tranquera de madera cerrada con cadena y candado.En el interior del vistoso predio con un césped prolijamente cortado, las casas de madera como una muestra clara de su cierre, tienen las cortinas blancas de tela bajas. El viento no contribuye y en sus jardines la basura continúa acumulándose. Por primera vez permanece cerrado y alojarse allí costaba U$S 400 por noche.
Por la costanera «Presidente Néstor Kirchner» se llega a Las Dunas, una hostería que perteneció a Báez -preso hace siete meses- y que después vendió a Kirchner. Dejó atrás las sencillas instalaciones de doce habitaciones, para convertirse en un hotel cuatro estrellas con 40 habitaciones cuyo principal atractivo, es la vista: el Lago Argentino. «Es en dimensiones similar a otros hoteles que tienen unas 100 habitaciones, no está bien distribuido y no se aprovechó la superficie«, reconoció un trabajador de la obra.
Un gran edificio de color marrón claro y sin el estilo patagónico en su exterior que siempre le gustó a la ex Presidenta, no ofrece calidez en sus instalaciones ni ambientes. Cuenta con un gran comedor en la planta baja que prácticamente no se usa. A la tarde se preparan las mesas para la cena en el segundo piso, «comen poco acá los turistas, hoy (por el sábado) estamos esperando que lleguen al menos 30 turistas«, reconoció una de las responsables del lugar.
La base de hormigón de la ampliación del lugar la hizo Austral pero la obra la finalizó la firma de Pablo Grippo, arquitecto de Los Sauces. El empresario K pagó $3,2 millones en concepto de “alquiler” entre 2010 y 2011 a la ex Mandataria.
Alojarse en Las Dunas -administrado por Idea SA de Osvaldo Sanfelice (ex socio de Máximo Kirchner) cuesta de $ 2.300 a $ 4.313.
El más imponente de los hoteles K se encuentra al ingresar a la villa turística. A mano izquierda sobre el cerro e iluminado en tonos azules de noche se erige el Alto Calafate, investigado por lavado de dinero.Famoso por sus contratos con Aerolíneas Argentinas (U$S 5 millones desde 2007 a 2015) y por las habitaciones que alquiló Báez por $ 14 millones.
La expectativa que despierta el edificio de madera a la vista y grandes ventanales que permiten disfrutar del lago, choca con la realidad. Con un marcado deterioro se observa en el exterior paredes despintadas, madera corroída. Al ingresar, por una puerta lateral ya que la principal -una doble de vidrio con madera- está cerrada, se encuentra el lobby. Allí hay sólo un local que expone algunos souvenirs y lleva el registro de las ventas con una computadora de «Conectar Igualdad»,las que repartía la ANSES durante el gobierno K.
El hotel de cuatro estrellas refleja su desmejoramiento en las habitaciones: paredes conempapelado roto en algunos sectores, sumado a alfombras manchadas. Los servicios son deficientes, la señal de televisión se corta y la imagen se ve lluviosa, «es por el viento, siempre se ve así», explicaron desde el área de mantenimiento. Internet es un servicio con interrupciones constantes.
Sin mayor revestimiento acústico, todo es perceptible: los ruidos de los pasillos como las conversaciones de las habitaciones lindantes. Allí el promedio de noches que se alojan los turistas no supera las dos noches, contó el personal del hotel. «Hasta hace poco la ocupación no superaba el 30 %, ahora esperamos dos contingentes de italianos», contó una de las empleadas con más de ocho años allí.
La consulta es inevitable y muchos llegan preguntando si es el hotel de Cristina Kirchner, «curiosos hay siempre,a nosotros nos paga el sueldo Idea SA que son los que manejan el hotel», dijo una de las mozas del restaurante del lugar «Barlovento». El trato es amable pese a las dificultades que produce un edificio con bajo mantenimiento, que ofrece dos piletas con poca circulación de aire.
La habitación más económica en el Alto Calafate cuesta $ 3.911 y la más costosa $ 6.652. El Alto Calafate marcó una época en los negocios de la familia Kirchner y sus administradores se esperanzan con llenar el hotel los próximos meses.
En esta foto importa lo que no se ve. Detrás del escudo del Servicio Penitenciario Nacional y de los policías se esconde Lázaro Báez, que a su vez oculta a una ex presidenta en apuros que, de igual modo, mantiene bajo siete llaves secretos inconfesables. De ver la luz, sumirían al país en la vergüenza tanto como habilitarían la posibilidad de un destino. Al registrar la escena así, el reportero gráfico capturó mucho más que una nueva visita del detenido empresario kirchnerista a los tribunales de Comodoro Py. Perdió al hombre, pero graficó de algún modo la cadena de ocultamientos que hasta aquí se ha mantenido gracias a una impunidad que empieza a resquebrajarse. Una vez más, Báez se negó a declarar. ¿Qué falta hace, a estas alturas? Gracias al periodismo, y a algunos jueces y fiscales, se ha visto suficiente. Sólo hace falta pelar la cebolla judicial. Tirando del hilo del expediente se llega al verdadero negocio de Báez. Y a la ex presidenta y sus secretos inconfesables.
AUDIO – Alfredo Leuco: “Cristina miente, pobre ‘arquitecta egipcia’ no tiene ni un ranchito propio”
AUDIO 31/10/16 – Alfredo Leuco: “Cristina miente, pobre ‘arquitecta egipcia’ no tiene ni un ranchito propio”
Un nuevo editorial del periodista habla sobre la expresidente y dice: “Cristina miente cuando dice que el gobierno la quiere proscribir, Cristina miente cuando dice que es una perseguida política. Administración infiel que tiene una pena que va de 2 a 6 años. Es por la causa de dólar futuro que lleva el doctor Claudio Bonadío quien ya la procesó, asociación ilícita que tiene una pena de 5 a 10 años, Malversación de fondos ( 2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años); lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita nuevamente ( de 5 a 10 años)”… y siguió.
No es materia opinable que al gobierno macrista le conviene la participación de Cristina Fernández y de Daniel Scioli en los comicios legislativos bonaerenses, que habrán de substanciarse en octubre del año próximo. Desde cualquier ángulo que se analice el tema, la presencia de la ex–presidente y del ex–gobernador en las boletas del FPV representaría una ventaja inestimable para los candidatos de Cambiemos en el principal distrito electoral del país. Ahora bien, de lo dicho no se sigue —al menos no necesariamente— que la Casa Rosada haya puesto en marcha una estrategia con el propósito de retrasar las causas judiciales que involucran a la viuda de Kirchner y así dejarla a cubierto de cualquier inclemencia que terminará con ella en la cárcel.
En las últimas semanas, no han sido pocos ni de menor calado los políticos, intelectuales influyentes, periodistas de nota e inclusive empresarios de primer nivel que han voceado su preocupación al respecto. Están los que sostienen, a quien quiera escucharlos, que la maniobra existe y que hubo operadores encargados de sondear el ánimo de dos jueces federales: Claudio Bonadío y Julián Ercolini. Hay otros, en cambio, que no se animan a tanto a la hora de involucrar al oficialismo y sólo apuntan al hecho de la demora, sin hacer referencia a los posibles responsables de la misma.
En realidad, el asunto es parte de la campaña ya lanzada, en correspondencia con las elecciones de octubre de 2017. Se mezclan, a veces de manera intencionada y a veces por ignorancia, cosas diferentes. A un mismo tiempo, se establecen relaciones de causa y efecto como si fuesen verdades reveladas. Por cierto, lo que primero aparece en escena es un espejismo que muchos toman como dogma de fe y convierten en premisa mayor de todo un razonamiento conspirativo: la presunta demora en las causas en donde Cristina Fernández se halla imputada. Pero lo que se da por sentado, debe antes probarse. Y nadie ha demostrado, más allá de duda, que exista una voluntad de la Justicia federal de darle largas a las mencionadas imputaciones. Si estuviésemos en los Estados Unidos el tiempo transcurrido sería sospechoso. En estas playas es lo más normal del mundo.
El segundo dato que pone en tela de juicio la especie echada a correr y ante la cual el macrismo —siempre temeroso del qué dirán— se apuró a salirle al cruce, es el perfil de los dos magistrados arriba nombrados. Es difícil, por no decir impensable que, a esta altura de las investigaciones en las que se hallan comprometidos —con una sociedad sensibilizada como pocas veces en nuestra historia, y con la atención de los principales factores de poder puestos sobre Comodoro Py—, Bonadio y Ercolini se prestasen a ser parte de una jugada espuria por donde se la mire. No tienen nada que ver con algunos de sus pares, como Eduardo Freiler y Sebastián Casanello.
Además, hay un tercer elemento de juicio susceptible de ser tenido muy en cuenta y ponderado en su debida dimensión: la falta de voluntad y de organización por parte del presidente de la Nación para operar en un terreno que desconoce y al que, por momentos, detesta: el judicial. Mauricio Macri se siente inseguro cuando debe lidiar con estos temas y, en buena medida, ésa es la razón en virtud de la cual ha cometido tantos errores. Imaginar que un oficialismo que carece de interlocutor válido ante la Corte Suprema y Comodoro Py vaya a arriesgarse a dar un paso así de osado, es no entender sus limitaciones. Menem o Kirchner no hubiesen dudado un instante en avanzar por ese camino en caso de estar convencidos acerca de la utilidad de la maniobra. Macri se encuentra en sus antípodas.
Hay en todo esto dos hechos incontrovertibles: la demora judicial y la conveniencia del gobierno. La primera —como quedo dicho antes— es algo natural en atención a que muchos juzgados se hallan colapsados. En cuanto respecta a la ventaja que le reportaría al oficialismo la decisión de la Fernández de figurar como candidata a senadora o a diputada el año que viene, es tan obvia que no requiere demostración. La dispersión de las tribus peronistas lleva agua a los molinos de Cambiemos. Sin embargo, de los dos hechos resulta ilegítimo tejer una conspiración de fantasía.
No deja de ser curioso el panorama que se nos presenta. Mientras el kirchnerismo puro y duro se empeña en alertar a la ciudadanía sobre una suerte de complot del gobierno y algunos jueces federales, cuyo propósito sería procesar y mandar a detener a la mujer que siguen reverenciando, en la vereda antikirchnerista se sospecha lo contrario: que en Balcarce 50 anida la intención de salvar a Cristina de las rejas. Unos como otros dan por sabido, como si fuera una suma de 2 + 2, la capacidad omnímoda del macrismo de presionar y torcerle la mano a los magistrados. Estos vendrían a ser una especie de marionetas que los hábiles operadores gubernamentales manejarían a voluntad.
Las cosas no son tan sencillas de resolver ni se desenvuelven en forma lineal. Nada quita que una operación por el estilo pudiese desarrollarse. Todo es posible en un país donde las instituciones son continentes sin contenido. Pero al margen de los beneficios que el oficialismo podría cosechar si todo saliese a pedir de boca, no hubiese filtraciones que dejasen al gobierno y a los jueces en una posición incómoda, y los actores involucrados cumpliesen el papel asignado a la perfección, lo cierto es que hoy nadie está dispuesto a ensayar un plan siquiera parecido al que comentamos.
La pregunta que es inevitable responder no es otra que esta: ¿tan trascendentes resultan los comicios venideros como para justificar una movida de tamaño calado? No se halla en disputa la presidencia; sólo dos gobernaciones de importancia menor se renuevan —Santiago del Estero y Corrientes—; aún triunfando, la coalición oficialista sumaría, apenas, cuatro o cinco senadores más de los que forman hoy su bloque y, por fin, podría aspirar a acrecentar su caudal en la cámara baja en un número cercano a los quince o veinte diputados. No parece, cuanto está en disputa, nada del otro mundo. Por de pronto, ganar o perder en 2017 no supone ganar o perder en los cruciales comicios de 2019. Los Kirchner fueron derrotados en su bastión bonaerense por Francisco De Narváez en 2009. Dos años más tarde Cristina Fernández era reelecta, cosechando más de 50 % de los votos nacionales.
Una última observación: el plan para salvar a la viuda de Kirchner parte de la base de que sería una pieza fundamental en la provincia de Buenos Aires. Pero Cristina Fernández también podría presentarse en Santa Cruz. Conviene no transformar las coincidencias en complots. Esta es la única conclusión válida.
Fuente: Informe de Coyuntura. Massot y Monteverde, 25/10/16.
El increíble ex técnico del Indec que todavía defiende sus números
“Por supuesto que los datos que dimos fueron reales”, asegura el jefe de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec con Moreno. Hablar de “ni-ni” estigmatiza, dice.
Por Patricia Valli.
Con memorabilia K y perfil en Twitter como “soldado del Pingüino”, hoy en LinkedIn se define como “consultor en investigación social”.
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Después de que la nueva dirección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara que el 32% de los argentinos está por debajo de la línea de la pobreza, la vieja gestión del organismo salió a defender los números que publicaron en su momento y que fueron discontinuados en 2013.
“Por supuesto que los números que dimos fueron los reales”, sostuvo el ex director de la encuesta permanente de Hogares (EPH) –hasta diciembre de 2015–, Claudio Comari.
Hoy devenido “consultor en investigación social”, autodefinido como “soldado del Pingüino” y vinculado al ex ‘supersecretario’ Guillermo Moreno a través de las mesas de economía del PJ Nacional, Comari estuvo a cargo de la encuesta que sirve de base para medir la pobreza e indigencia según el nivel de ingresos.
“Cristina no mintió. En 2013 teníamos de 5 a 6% de pobreza”, sostiene uno de los tuits que refrenda, vinculados con la explicación del ex secretario de Comercio Interior en su programa de radio La hora de Moreno.
Comari llegó para reemplazar a Cynthia Pok al frente de la EPH, quien había sido desplazada por la intervención a mediados de 2007. En 2009 hubo una orden no escrita de Moreno, trasladada a Recursos Humanos del Indec, para que Comari la reemplazara oficialmente.
Ni-ni tampoco. De origen cordobés, “especialista en diseño, gestión y análisis de encuestas a hogares”, según su propio “curriculum vitae”, Comari incluso basó su tesis doctoral en los llamados ni-ni, los jóvenes que no trabajan ni estudian y que, según el Banco Mundial, ascienden a unos 900 mil en la Argentina, el 20% de la población entre los 15 y los 20 años. Para él, sin embargo, no existe esa categoría.
“Nunca como hoy hubo tantos jóvenes estudiando ni en el mercado de trabajo. Las connotaciones negativas que acompañan las caracterizaciones de los jóvenes ni-ni, ¿no son una contribución de la academia a la estigmatización y los repudiables “linchamientos?”, escribió en una columna publicada en el diario Página/12 en 2014.
“La hipótesis de la generación ni-ni es infundada o, mejor dicho, se basa en que quienes no trabajan y no estudian (suficientemente) son los investigadores que instalan esta categoría de análisis”, ponderó.
La “estigmatización”, por entonces, ya había sido instalada por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, que ante las nuevas cifras de pobreza del Indec sostuvo que “se sobrestima la medición en unos 10 o 15 puntos más”.
El morenismo sostiene que “el piso no es 25”, en relación al porcentaje de pobreza que se había estimado como mínimo de la “herencia”. Los razonamientos, en tanto, no están atados a la medición de pobreza por ingresos.
“En 2006 tuvimos 27% de pobres, si hoy tenemos 32,2%, el piso no es 25%. Asignación Universal por Hijo (AUH), nuevos jubilados y crecimiento del PBI (24%) redujeron pobreza sólo en 2%?”, se preguntó desde el programa radial del ex secretario de Comercio Interior sobre el aporte de las políticas oficiales pero sin medir el impacto de la inflación real en una medición por ingresos.
Un índice que no fue
El gobierno de Cristina Fernández discontinuó la publicación del índice de pobreza e indigencia en 2013. Sin cifras en un año y medio, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, negó que hayan negado la pobreza.
En una entrevista al Tribuno, remarcó que la medición por ingresos no toma otras variables: “Cómo está tu casa, cuáles son tus perspectivas y cómo funciona tu economía real”, detalló.
En ese marco, aseguró que bajo su gestión se estaba trabajando “para hacer un índice por ingreso basado en nuestro IPC nacional junto a los organismos más prestigiosos del mundo, algo que luego discontinuó Macri”.
Durante su gestión, el ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había explicado sobre “problemas de empalme” para difundir nuevas estadísticas de pobreza, al tiempo que el propio Kicillof dejó para la historia la frase de que “es estigmatizante” hablar de un número de cantidad de pobres.
—Esta nota fue publicada en la Edición Impresa del Diaro Perfil.
La caída del imperio de Lázaro Báez: ahora cerró su diario y su FM
Corrupción K. Los medios del empresario K ya habían reducido al mínimo su personal. Pero tras deberles tres meses de sueldo, decidió darlos de baja. Reclamo de los ex empleados.
Por Lucía Salinas.
Después de casi una década el multimedio del empresario K cerró. En la calle quedaron 19 familias a quienes se les adeudaban tres meses de salario. La oferta final a un grupo de trabajadores la encabezó Roberto Saldivia, el abogado de Báez, que hace unos meses buscó minimizar la relación que los une. Según el relato de los ex empleados del diario Prensa Libre y Magna FM, «todo se hizo sin un mes de pre aviso y sin pagar lo que correspondía». Desde la empresa señalaron a Clarín que buscarán «cancelar la totalidad de la deuda».
Fue su primer y único multimedio. Muchos creyeron que buscó competir con Rudy Ulloa por la pauta oficial, pero lo cierto es que tenía dos objetivos: “limpiar” su imagen de cara a la sociedad, que ya comenzaba a notar su incremento patrimonial y que veía sus propiedades custodiadas celosamente; y, principalmente, supervisar todo lo que en la provincia se hablaba de Néstor Kirchner y de él.
Lázaro Báez embargado por la Justicia.
El lugar que eligió el empresario K para defenderse de las denuncias por lavado de dinero, ya no saldrá a la calle. La empresa Alucom y Diagonal Sur, manejadas por los hijos de Báez, eran las responsables el último tiempo de hacer frente a los salarios. Bajo la dirección de Diego Navarro, mano derecha de Lázaro y uno de los pocos que semanalmente lo visitaba en el Penal de Ezeiza, el multimedio llegó a su fin.
Valuado por la Justicia en $ 10 millones después de ser allanado en la causa de la Ruta del Dinero K, el grupo Magna mantenía un pequeño staff que fue achicándose los últimos años. De unos 50 trabajadores incluyendo administrativos y maestranza, sólo quedaron 19 personas. La dirección del diario a cargo no logró obtener todos los fondos necesarios para cancelar el 100% de las deudas contraídas y al igual que otras firmas del holding, no pudo continuar con su actividad.
El ingreso al multimedio Magna en Río Gallegos.
Preso hace cinco meses por lavado de dinero y con un embargo de $ 800 millones, el imperio que Báez construyó en 12 años, no deja de derrumbarse. La Justicia ordenó embargar preventivamente 1.500 propiedades, vehículos, empresas. En este escenario, desde el Penal de Ezeiza dio la orden de que su diario y la radio se cierren. Hoy ninguno de los trabajadores pudo ingresar al edificio. Hace un mes, se enviaron telegramas para que los empleados se dieran por despedidos después de tres meses de no cobrar sus salarios, vacaciones y aguinaldos, Otro grupo que esperó la comunicación oficial del Grupo.
El viernes pasado fue la última reunión y allí se explicó que no había «más fondos», pese a recibir $ 33.800 millones del Estado nacional sólo para obras viales. Se cancelaron algunas deudas vinculadas a los haberes, pero no se cubrió la correspondientes indemnización. «Esto viene hace tiempo como también la falta de insumos en el diario, nos dijeron que era la única oferta posible o que iniciemos acciones legales y que nos íbamos sin un peso», explicó aClarín uno de los trabajadores con más antigüedad en Prensa Libre.
El diario de Báez, cuando dio la noticia de su detención.
Hace una semana que el diario ya no sale a la calle. Había disminuido sustancialmente su tirada: la última vez que se comercializó no superó los 80 ejemplares y varios de ellos se regalaban en las estaciones de servicios del Grupo Austral. La principal caja del diario era la constructora que recibió durante el kirchnerismoUS$ 2.200 millones, tal como reveló Clarín.
Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.
En las pocas páginas de Prensa Libre se podía ver mayoritariamente la publicidad de diferentes empresas del Grupo Báez: desde las estaciones de servicio, las firmas dedicadas al catering industrial, hasta una gomería.
Sin un Kirchner en la Casa Rosada que garantice los fondos correspondientes a los certificados de obra, los despidos fueron masivos. De Austral Construcciones se pasó de 5.000 a 30 empleados y el multimedio se redujo los últimos años de manera constante.
Caso Nisman: la Corte declaró la competencia de la justicia federal
La muerte del fiscal de la AMIA: Por unanimidad, el máximo tribunal ordenó que la causa vuelva a manos del juez federal Ercolini.
Por Daniel Santoro.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la competencia de la Justicia federal en la investigación del caso Nisman, dándale la razón al reclamo de la familia del fiscal de la AMIA. De esta forma, la causa deberá volver a pasar a manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. Así rechazó la decisión de la Cámara de Casación porteña de que la causa volviera a manos de la jueza del fuero penal ordinario Fabiana Palmaghini, criterio que también había sostenido la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
«La cuestión planteada en la presente resulta sustancialmente análoga a la resuelta en la fecha en el expediente» en el 2015 dice el fallo donde se hablaba de la jurisdicción de la justicia federeal.
La resolución señala que se escuchó a «la señora Procuradora General de la Nación, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso ex- traordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada y se declara la competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que entienda en la presente causa».
A principios de año, luego de escuchar el testimomio del ex jefe de la SIDE Antonio Stiuso, la jueza Palmaghini había pasado la causa al juez federal Ercolini. Pero la defensa del técnico Diego Lagomarsino apeló y la Cámara de Casación porteña -integrada por jueces de Justicia Legítima- ordenó que volvier a manos de Palmaghini.
Caso Nisman: en una solicitada piden la destitución del juez Rafecas
Familiares de víctimas del atentado de la AMIA cuestionan su decisión de no haber hecho lugar a la denuncia por encubrimiento del fallecido fiscal contra la ex presidenta y otros funcionarios.
El juez federal Daniel Rafecas ingresa a los Tribunales de Comodoro Py.
BUENOS AIRES — Los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, dirigentes y referentes de la comunidad judía publicaron una solicitada para pedir la remoción del juez Daniel Rafecas.
“El juez Rafecas debe ser removido”, se titula el texto que apunta a la negativa del magistrado para hacer lugar la denuncia de Alberto Nisman, contra Cristina Kirchner, el ex canciller, Héctor Timerman, entre otros, por presunto encubrimiento de los imputados, tras el cuestioando Memorándum de Entendimiento con la República Islámica.
Entre los firmantes se encuentran los diputados Elisa Carrió y Waldo Wolff, los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez, la ex vicejefa de gobierno porteña, Cecilia Felgueras y el ex representante ante las Naciones Unidas Emilio Cárdenas, entre otros.
EL TEXTO COMPLETO
“Los abajo firmantes consideramos un deber cívico reclamar la destitución, acorde con los procedimientos vigentes, del Juez Daniel Rafecas por manifiesta inconducta en el ejercicio de la magistratura. Subrayamos su actuación en relación con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman, fechada el 14 de enero de 2015, contra la entonces Presidente de la Nación, Sra. Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y los intervinientes en negociaciones paralelas dirigidas a sancionar el Memorándum de entendimiento con Irán, ratificado por ley 26.843 del 27 de febrero de 2013.
Dicha denuncia, sostenida por el representante del Ministerio Público ante el Juzgado de Rafecas, fue desestimada en tiempo record. El extenso escrito de denuncia propuesto por el Fiscal Nisman perfila un amplísimo marco probatorio y sostiene que las personas denunciadas han cometido el delito de encubrimiento de los responsables del mayor ataque terrorista sufrido en el país: el perpetrado contra la sede de la AMIA el 18 de julio de 1994, que cobró 85 vidas.
La decisión de Rafecas fue apelada por el Fiscal Gerardo Pollicita y mantenida por el Dr. Germán Moldes ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, con la lamentable intervención de la Sala I que, con igual o mayor ligereza que el Juez Rafecas, confirmó la decisión de éste último merced al indignante voto de los Jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler y la destacable disidencia del Dr. Eduardo Farah. El Fiscal Dr. Javier De Luca por su parte desistió también del recurso ante la Cámara de Casación. Hace tiempo que ha quedado comprobada la solidez del encuadramiento jurídico formulado por el Dr. Nisman. En cambio, nunca se han investigado los hechos materia de la denuncia.
Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el Juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del Dr. Nisman. Se plantea un imperativo ineludible para los jueces pues el encubrimiento de un delito de lesa humanidad, como la voladura de la Amia, constituye también otro delito de lesa humanidad.
Recientemente, ante el pedido de apertura de la causa formulado por la AMIA [NdR: en rigor, fue la DAIA], el Juez Rafecas persistió una vez más en su negativa a estudiar el caso y rehusó reconsiderar el expediente iniciado con la denuncia del Fiscal Alberto Nisman. Sospechado de un claro ‘temor de parcialidad’, Rafecas había sido ya apartado de la causa que involucraba al ex vicepresidente Amado Boudou en negociaciones incompatibles con el cargo y lavado de dinero. El procedimiento abierto entonces en el Consejo de la Magistratura fue cerrado después de su ‘meritoria’ desestimación del pedido del Fiscal Nisman.
Ante reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del Juez Rafecas, exigimos su inmediata remoción para despejar el camino que conduce a la investigación de los gravísimos hechos denunciados que costaran la vida del fiscal Alberto Nisman. No habrá mejor homenaje a su memoria”.