El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho semanas atrás el fiscal Gerardo Pollicita.

El fiscal había entendido que la presentación de su colega fallecido para investigar si el pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia federal. Sin embargo, Rafecas no hizo lugar al dictamen de Pollicita, quien ahora podrá apelar esa decisión.

En una extensa resolución, a la que accedió LA NACION, el juez entendió que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman.

«Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente», explicó Rafecas.

El magistrado consideró que el análisis de los elementos «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto «plan criminal» denunciado».

Y agregó: «Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas».

Nisman había presentado la denuncia contra la jefa del Estado, el canciller Héctor Timerman , el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, el activista Fernando Esteche, entre otros, el 14 de enero pasado, en el juzgado de Ariel Lijo. Cuatro días después, el fiscal de la causa AMIA apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc.

Desde que Gerardo Pollicita decidió avanzar con la imputación en consonancia con lo que había denunciado el fiscal Alberto Nisman, su vida personal cambió de manera abrupta. Sigue viviendo en el mismo departamento de Barracas, pero ahora tiene 10 custodios del grupo Albatros de la Prefectura durante las 24 horas, y cada vez que se sube al auto oficial debe colocarse un incómodo chaleco antibalas. Todavía no tuvieron que repeler ningún ataque, pero evitaron que militantes de La Cámpora pintaran las paredes del domicilio de Pollicita. Sospechan que querían escracharlo. La leyenda iba a decir algo así: «Aquí vive Pollicita, un fiscal vendepatria, golpista y destituyente».

Dos fiscales y dos jueces que leyeron el requerimiento de Pollicita sostienen que su presentación fue impecable. Que le quitó toda la adjetivación y «carga emotiva» que tenía el pedido de indagatoria de Nisman, se concentró en las 80 horas de escuchas a las que tuvo acceso, las comparó con los cambios de posición del Gobierno en su relación con Irán y pidió por lo menos 30 medidas de pruebas que a Rafecas le va a ser muy difícil no impulsar.

En medio de los pedidos de Pollicita, un documento oficial de enorme peso es el fallo de dos jueces de la sala dos de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes no sólo declararon inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, sino que también dejaron entrever que Timerman le mintió al Congreso en su defensa del proyecto de ley del memorándum y que Cristina Fernández no podía estar ajena. Pollicita no es un héroe, pero siempre se jactó de tomar sus decisiones sin atender los pedidos especiales del poder de turno. Jefe de Nisman en los tribunales de San Martín, a él tampoco le cierra demasiado la teoría del suicidio. Antes de presentar su escrito, tuvo oportunidad de hablar con varios colegas y varios jueces federales. Casi todos lo alentaron para que tome la decisión que le pareciera correcta, si su convicción íntima y los indicios le permitían hacerlo.

Los jueces y los fiscales que esperan con preocupación la aprobación del paquete de leyes y la reglamentación que le permitiría a la procuradora Alejandra Gils Carbó poner en la cancha a sus militantes explican: «Los talibanes de Justicia Legítima van a empezar por cortarles la cabeza a los que juegan en el medio, como Canicoba Corral». Se trata de los mismos magistrados a los que la Presidenta les declaró la guerra y les puso la etiqueta de «Partido Judicial». Esos jueces y fiscales no funcionan todos de manera unívoca, pero coinciden en una decisión fundamental: no van a cajonear ni a negarse a investigar expedientes donde haya indicios y pruebas de delitos. Tampoco terminan de entender por qué la jefa del Estado pareció entrar en pánico. «En el mejor de los casos, la sentencia definitiva sobre la acusación de encubrimiento puede tardar, como poco, dos años, y va a depender más de la situación geopolítica internacional que de los fiscales y los jueces de Comodoro Py», me dijo otro fiscal federal. Ni siquiera él, que tiene mucha experiencia, comprende por qué los que están cerca de la Presidenta le quieren hacer creer que el juez Claudio Bonadio iría tras la firma de Máximo Kirchner para acusarlo o tomarle declaración indagatoria en la causa Hotesur. «Eso es no conocer cómo interpreta el Código Bonadio. Si lo conocieran más, se darían cuenta de que él piensa que para probar la responsabilidad individual en el delito de lavado de dinero no hace falta firmar ningún papel, sólo recibir la plata. Y ya está claro que la Presidenta es una de las accionistas de Hotesur, más allá de que no haya firmado ningún balance», explicó.

La lógica de atenerse a los hechos para impulsar o desestimar una investigación es también la que seguiría Rafecas en el caso de convalidar las imputaciones que decidió Pollicita, sin que el antecedente de su recusación en la causa Ciccone por haber intercambiado mensajes de texto con el abogado del vicepresidente Amado Boudou influya de alguna manera. Hay momentos en que las circunstancias ponen a los hombres entre la espada y la pared, más allá de sus deseos. Rafecas hubiera preferido no tomar la causa que había impulsado el fiscal que apareció muerto el pasado 17 de enero. Pero ahora no tiene más remedio que hacerse cargo. Y sabe que su decisión lo marcará para toda la vida.

Fuente: La Nación, 26/02/15.

Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.

Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.

Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.

Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.

Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.

En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».

Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.

Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.

La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».

Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.

El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.

Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.

La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.

En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.

Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.

Fuente: La Nación, 26/02/15.

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Hace pocos días, un viejo peronista salió asombrado de una reunión con Carlos Zannini, el funcionario más cercano a la Presidenta. «Decidieron dinamitar todo antes de irse«, contó, consternado. Cristina Kirchner confirmó ayer esa versión de su alucinada estrategia. Demostró también que perdió la capacidad para interpretar los hechos de la política que ella no maneja. La marcha del 18-F fue una inmensa conspiración destituyente, dijo, que tuvo como conjurados, sobre todo, al Poder Judicial y a los medios periodísticos independientes.

Aunque también deslizó alguna línea sobre el poder económico. Nisman merecía el homenaje sólo de su familia (ni siquiera el de ella), insinuó, y, por lo tanto, lo que sucedió en las calles el miércoles último fue una sublevación contra su gobierno.

La reacción presidencial no sólo advierte sobre el decurso febril y furioso de los próximos diez meses, sino también sobre la magnitud de la herencia que recibirá el próximo presidente. Cristina no se detiene en las consecuencias de lo que hace y dice: dinamitó, en efecto, su relación con el Poder Judicial y con un enorme sector social, que pertenece a los decisivos estratos medios de la sociedad. Lo que sigue de aquí en adelante no puede ser otra cosa que una nueva escalada de su radicalización extrema. La Presidenta ha decidido, al mismo tiempo, inscribir el peor recuerdo de su gestión para los tiempos en los que ya no estará en el poder, dramáticamente próximos.

El poder supuestamente conspirativo vive una atmósfera menos delirante. Vale la pena consignar un ejemplo. El fiscal Germán Moldes y Julio Piumato, el máximo dirigente sindical de los empleados judiciales, no se hablaban desde hacía décadas. Los dos militaron en corrientes distintas del peronismo en los años 70 y ambos sufrieron la cárcel y la tortura durante la dictadura. Dos días antes de la marcha del 18-F debieron participar de una reunión con el resto de los fiscales para organizar la manifestación. Cuando se encontraron después de tantos años de distancia, Moldes dudó durante un segundo fugaz y luego corrió para abrazar a Piumato. Así, abrazados, estuvieron durante varios minutos, mientras los dos lloraban desconsoladamente. «Otra vez tenemos un muerto», se repetían uno al otro.

Los otros fiscales, que pertenecen a una generación más joven, observaban entre sorprendidos y conmovidos. «Yo tenía la piel hecha un gallinero», contó uno de los asistentes. El pasado parecía resolverse entre esos dos hombres. Quedaba el presente, pero Moldes y Piumato podrían explicar con ese gesto el espíritu lacerado que se posó en la Justicia y en sus funcionarios. Hay heridas, no golpismo. Lo que sucedió el miércoles último fue algo más que una marcha política y un homenaje póstumo al fiscal Alberto Nisman. Fue la aparición descarnada de un Estado capturado por una facción política, la exposición pública del temor que subyace en las personas que tienen que interpretar y aplicar la ley.

En última instancia, los fiscales, que deben denunciar e investigar en nombre del Estado (incluido el Gobierno), recurrieron a la sociedad en busca de protección. Increíble, aunque forme parte de la realidad. ¿Nisman fue el principio de una lista o la lista se agotó con él? ¿No hubo acaso antes una orden confusa (o no tan confusa) contra el juez Claudio Bonadio? Si la muerte de Nisman fue obra de sicarios iraníes, como suponen servicios de inteligencia extranjeros, la lista sólo lo incluía a él, por ahora al menos. Pero si fuese una dramática conclusión de su denuncia contra el gobierno argentino, esa eventual lista podría ser más extensa aún y no agotarse ni siquiera en funcionarios judiciales. Éstas son las inferencias que se escuchan entre jueces y fiscales. El miedo no está ausente entre ellos, como no lo estuvo entre los que manifestaron el miércoles. Cristina Kirchner aportó ayer más miedo al miedo preexistente.

Ese pedido de ayuda de los fiscales llegó al inconsciente colectivo. No es casual que el fiscal más ovacionado durante la marcha haya sido José María Campagnoli, a quien estuvieron a punto de echar cuando intentó hurgar en la fortuna de Lázaro Báez. La popularidad de Campagnoli tiene su explicación en que fue, junto con Nisman, el fiscal más perseguido en los últimos tiempos por el poder cristinista. Campagnoli debió recurrir a los medios periodísticos, sobre todo a la televisión, para defender su estabilidad como fiscal. Una gran derrotada del miércoles fue también Alejandra Gils Carbó, quien persiguió a Campagnoli, se mostró indiferente frente a la muerte de Nisman y capitaneó la dolorosa fractura que existe en la Justicia. Son las órdenes de Cristina y sus consecuencias.

Casi todos los fiscales que encabezaron la marcha son perseguidos por Gils Carbó, con métodos directos o indirectos, a través de sanciones o del nombramiento de comisarios políticos en sus fiscalías. En la cabeza de la marcha estuvo, por ejemplo, Carlos Rívolo, el fiscal que investigó el primer y fundamental tramo de la causa contra el vicepresidente Amado Boudou por la compraventa de Ciccone. O Carlos Stornelli, que lleva junto con Bonadio la investigación por lavado de dinero en hoteles de la Patagonia por parte de Báez y la familia Kirchner. Bonadio y Stornelli son ahora las bestias negras para la furia presidencial. En la mira de esos dos funcionarios están ella y su hijo.

La ex esposa de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado, liberó a los fiscales, con sus últimas declaraciones, de la obligación de explicar por qué marcharon. Nisman no se suicidó. Fiscales y jueces lo dicen ahora abiertamente. Jamás Nisman se hubiera suicidado con un disparo en la cabeza, en el baño y en calzoncillos. Tenía un sentido demasiado obsesivo de la estética como para hacer las cosas de ese modo. Nadie encuentra, además, una sola razón personal o política para que haya llegado a esa determinación. «O lo mataron los servicios iraníes o algún sector de los servicios argentinos», resumió un fiscal que conoce el episodio de la muerte desde el primer minuto.

Julio Bárbaro suele decir que la Corte Suprema de Justicia salvó a la democracia argentina de los estragos del kirchnerismo. «¿Ustedes se imaginan qué habría sido de la democracia si en la Corte hubiera habido tres jueces más como Zaffaroni?«, argumenta. Es cierto. Aun con decisiones polémicas, la Corte siempre dejó abierta la posibilidad de frenar las arbitrariedades en la aplicación de sus propias resoluciones. La pregunta tiene un sentido más amplio. Con un Poder Ejecutivo claramente autoritario y con un Parlamento disciplinado y sumiso, ¿qué hubiera sido de la democracia argentina con una Corte Suprema fanáticamente kirchnerista?

Ahora son los jueces y fiscales los que están dolidos y sublevados. Están haciendo lo que antes no hacían. Su deber es hacer, no demorar las decisiones. La confirmación del procesamiento de Boudou por la causa Ciccone explica lo que sucede en la Justicia. Esa resolución estaba prevista para fin de mes, pero se produjo un día después de la multitudinaria marcha del miércoles. Los jueces saben que nadie pide lo que tiene. Y la sociedad que salió a la calle reclamó justicia y criticó la impunidad. ¿Ese apoyo popular no conllevó también, acaso, un reclamo al trabajo de los jueces y fiscales?

Claro que sí. Y así lo entendieron ellos en las reuniones posteriores a la manifestación. Bonadio, el juez amenazado y el más detestado por el kirchnerismo, fue confirmado al frente de la causa por lavado de dinero. El juez Ariel Lijo, que llevó la investigación de Ciccone contra Boudou, fue elogiado por sus propios pares luego de la ratificación del procesamiento del vicepresidente. Boudou está a las puertas del segundo juicio oral y público por hechos de corrupción. Los diez meses que le quedan podrían resultar un infierno para él. A veces, la deshonestidad y la mentira se pagan en este mundo.

Es probable que todo el Gobierno atraviese diez meses convertidos en un infierno. La Justicia podría sorprenderlo cada quince días o un mes con otra decisión adversa y dura. Es la vieja estrategia de los jueces cuando rompen relaciones. Mucho más cuando saben, desde ayer, que están en medio de una guerra sin medida, sin límites y sin códigos.

Fuente: La Nación, 22/02/15.

¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.

La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.

La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.

En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.

Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.

Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.

La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.

En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.

Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.

Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.

La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.

Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.

Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.

Claudio Bonadio. Juez Federal

La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.

Fuente: La Nación, 20/02/15.

Los que le dieron más volumen y transcendencia a esta marcha no fueron los fiscales que la convocaron, sino quienes pisotearon la memoria del fiscal Natalio Alberto Nisman, empezando por la propia jefa del Estado.

Detengámonos por un instante y analicemos la trascendencia de semejantes especulaciones. Un presidente da a entender a sus representados que al fiscal más importante de la Argentina lo mandó a matar el jefe de Inteligencia de su propia administración. Porque Stiuso fue, hasta hace muy poco, el jefe de Inteligencia más importante del gobierno de Cristina Fernández. Y no sólo de la Presidenta. También de su inmediato antecesor, el ex presidente Néstor Kirchner. El mismo ex presidente que lo sostuvo frente a la denuncia del hasta entonces ministro Gustavo Béliz, quien acusó a Stiuso de ser el jefe de un sistema ilegal de pinchaduras telefónicas, aprietes y extorsiones a cientos de dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, fiscales y jueces.

¿Piensan, de verdad, la Presidenta y su incondicional secretario Carlos Zannini que de este laberinto se sale sólo con un proyecto de ley desprolijo y apurado para cambiar la Secretaría de Inteligencia? Los oficiales y suboficiales que firman los comunicados de Carta Abierta y los presuntos intelectuales que elucubran las mil y una teorías de complot, ¿creen en realidad que se quiere dar un golpe de Estado? ¿Y quiénes serían los golpistas? ¿A quién beneficiaría un golpe? A Sergio Massa, a Mauricio Macri y a Daniel Scioli, los precandidatos a presidentes más expectantes, seguro que no. Tampoco a Ernesto Sanz, a Julio Cobos, a José Manuel de la Sota a Hermes Binner o a Elisa Carrió.

Pregunté eso mismo a uno de los pensadores más tolerantes de Carta Abierta, Eduardo Jozami, y sólo alcanzó a decirme que la marcha del silencio podría ser considerada un instrumento de la oposición para disolver al cristinismo como fuerza política. Le dije que no lo compartía. Y después le pregunté cuál sería el problema si fuera así. Eso, en todo caso, sería parte de una estrategia política. Discutible, en todo caso, pero nada que se parezca a un golpe de Estado o a un intento de desestabilización. Cuando terminé de conversar con Jozami, me preocupé más todavía. Sus argumentos, y los de Mempo Giardinelli, para nombrar a otro intelectual, ¿son sinceros o son parte de una dinámica perversa que los lleva a autoconvencerse del delirio que argumentan? Es decir: ¿cuando Giardinelli habla de un golpe en marcha y suscribe un documento que repudia el «terrorismo periodístico» es porque cree que los periodistas que no pensamos como ellos podemos estar cometiendo un delito al que se podría encuadrar dentro de la ley antiterrorista? Y siguiendo el dramatismo de sus argumentaciones, si creen que habrá un golpe contra la Presidenta, ¿qué harían para evitarlo?

Por momentos, la «patrulla perdida» del Gobierno y sus incondicionales se parece al grupo de militantes que atacaron el cuartel de La Tablada en 1989. Antes de hacerlo, llamaron a un grupo de periodistas y dirigentes y denunciaron un golpe en ciernes. Todos sabemos cómo terminó aquella aventura. Algo mucho menos trágico sucedió cuando la mayoría oficialista perdió la votación por las retenciones al campo. La Presidenta y el ex presidente amenazaron con abandonar el gobierno. El ex jefe de gabinete Alberto Fernández nunca lo dirá en público, pero él se fue a dormir ese día con la idea de que Luis Inácio Lula da Silva, por vía telefónica, había sido el único capaz de convencer al matrimonio Kirchner de que estaban a punto de cometer una locura.

Hay quienes suponen que la decisión de ignorar la marcha del silencio el mismo día en que inauguró por tercera vez Atucha es otra de las jugadas magistrales de Cristina Fernández para «neutralizar la agenda de los medios». Son tan pequeños y miopes como los integrantes del Gabinete que sostienen, off the record, que Cristina está cometiendo una equivocación tras otra, pero no son capaces de decírselo en la cara. Alguno de ellos debería decirle que los miles de argentinos que se manifestaron en silencio no tienen un problema personal contra ella. No quieren que se vaya antes ni corrida por ningún golpe clásico o no convencional.Que el silencio no hubiera sido atronador si el Gobierno hubiera asumido la muerte de Nisman como un problema de Estado, y no con la autorreferencial visión de que le tiraron un muerto «a ella». La invitación al fiscal Gerardo Pollicita a concurrir a la Cámara de Diputados para que explique por qué imputó a la Presidenta, en una suerte de mala repetición de lo que le propusieron a Nisman, tiene el mismo sentido mezquino. Los legisladores del Frente para la Victoria colocan a la jefa del Estado por encima de las instituciones. Como si ella no pudiera ser jamás investigada o denunciada por la Justicia. Como si estuviera por encima de la ley. Alguien debería avisarle que no es eterna, y tampoco infalible.

Fuente: La Nación, 19/02/15.