Stolbizer reclama por el caso Hotesur
octubre 21, 2015
Stolbizer mostró pruebas sobre el caso Hotesur y pidió un compromiso de los candidatos
Por Claudio Savoia.
Sospechas de corrupción. La candidata presidencial de Progresistas presentó un informe con el detalle de las maniobras que están en el expediente que según ella el juez Rafecas quiere cerrar en estos días.
Preocupada por lo que espera pueda ser un inminente archivo del expediente Hotesur, la candidata presidencial del frente Progresistas Margarita Stolbizer presentó esta mañana un detallado informe con las maniobras de la empresa de la familia Kirchner y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, enumeró y explicó los mecanismos a través de los cuales podría probarse el lavado y los delitos precedentes que lo provocaron. Toda la información presentada, advirtió Stolbizer, está en el expediente que tramitaba el juez Claudio Bonadio y quedó en manos de su colega Daniel Rafecas. «El quiere planchar la investigación», advirtió la diputada.
«Les pido a los candidatos de todas las fuerzas políticas que se comprometan contra la corrupción y contra el inminente cierre y desguace de la causa Hotesur, en la que se investiga a la Presidenta y su familia por posible lavado de dinero», dijo Stolbizer, para quien Rafecas y los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero ya dieron los primeros pasos para cerrar el expediente al cuestionar en sus últimos escritos cuál es «el objeto de la investigación.»
El informe muestra los vidriosos vínculos de negocios entre los Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, contratistas del Estado por montos millonarios (el ministerio de Planificación admitió haber adjudicado obras a Báez por 8.000 millones de pesos) que a su vez contrataron servicios con la empresa de la Presidenta, Hotesur, cerrando un círculo perfecto: «Se contrataban los hoteles de la Presidenta por parte de emrpesarios beneficiados por obras que adudica el Gobierno y organismos públicos o empresas estatales que dependen de la Presidenta, es decir que de algún modo ella se contrata a sí misma», graficó la diputada.
«El ejemplo más escandaloso es el de Aerolíneas Argentinas, que entre fines de 2008 y julio de este año contrató más de 35.000 habitaciones en el hotel Alto Calafate de esa localidad santacruceña, por un monto de 2,5 millones de dólares», explicó Stolbizer, y mostró cómo la cantidad de cuartos alquilados excede a la cantidad de personas que tienen las tripulaciones que podrían pasar una noche en ese hotel. Con cuatro vuelos diarios y una dotación promedio de seis personas -que en muchos casos sólo pasan en Calafate unas horas, pues siguen su viaje hacia Ushuaia o Buenos Aires- los números no cierran.
«La causa está a punto de consagrar la impunidad, pese a que está llena de pruebas. En Bahía Blanca se investiga cómo Austral Construcciones de Lázaro Báez usaba facturas truchas para justificar movimientos de dinero, hay contrataciones directas con sobreprecios en los hoteles, y relaciones ilegales entre concesor y concedente de obras públicas y negocios personales», se enojó Stolbizer. «Yo estoy preocupada y soy escéptica sobre cómo va a terminar la causa, más allá de quién gane la elección. Ninguno de los candidatos o referentes de otros partidos me llamó o hizo nada por esta causa. Eso es lo que más me preocupa.»
Fuente: Clarín, 21/10/15.
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La estafa del Plan Qunita
octubre 13, 2015
Bonadio quiere indagar a Aníbal F. porque cree que la licitación de Qunita estaba amañada
El juez federal citó al jefe de Gabinete, al ministro y viceministro de Salud, porque sospecha que la compulsa estuvo diseñada para favorecer a las empresas ganadoras.
El juez federal Claudio Bonadio llamó a prestar declaración indagatoria al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, por presunto delito en la licitación del plan Qunita porque de acuerdo con las pruebas que dijo haber colectado sospecha que estaba dirigida a las empresas que resultaron adjudicadas.
Así surge del auto a través del cual dispuso la citación a indagatoria de Aníbal Fernández, candidato a gobernador bonaerense, y otros 22 imputados, entre ellos el electo gobernador tucumano y ex ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, y su sucesor, Daniel Gollan, actual titular de esa cartera. El escrito con la decisión tomada por el juez el el viernes pasado fue publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ).
«Se han agregado probanzas que permiten sospechar que la licitación investigada estuvo desde un inicio encaminada a favorecer a las seis empresas ganadoras, las que fueron agraciadas con negocios millonarios de montos que aparecen injustificados», dijo el magistrado en el auto a través del cual citó a los imputados a indagatoria. Las audiencias comenzarán esta semana y concluirán el 19 de noviembre con la presencia de Fernández.
Bonadio tuvo en cuenta además que la «reciente creación» de las empresas ganadoras de la licitación 4/15 del Ministerio de Salud, destacó que sus «actividades y objetos sociales poco o nada tenían que ver con los productos licitados» y señaló que tenían «movimientos económicos exiguos en comparación con las cifras por las que fueron adjudicadas».
El plan Qunita está destinado a mujeres beneficiarias de la asignación por embarazo y significó una inversión estatal de más de 1.100 millones de pesos.
Fuente: Clarín, 12/10/15.
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Un hijo de Lula implicado en el petrolão
octubre 12, 2015
Un delator del petrolão afirma haber pagado cuentas de un hijo de Lula
El empresario Fernando Baiano reveló ante juez que desembolsó unos US$ 530.000 para sus gastos personales; la oposición pide acelerar la investigación en la red de corrupción
RÍO DE JANEIRO – Uno de los arrestados por su implicación en el caso de corrupción de la petrolera estatal brasileña Petrobras afirmó que pagó cuentas personales de uno de los hijos del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, informó ayer el diario O Globo.
El autor de los supuestos pagos es el empresario Fernando Bahiano, que se acogió a un acuerdo de colaboración con la justicia brasileña y está acusado de ser intermediario en el pago de sobornos entre las empresas que prestaban servicios a Petrobras y los dirigentes políticos que amparaban la trama de corrupción.
Según informó O Globo, Fernando Bahiano contó al juez que pagó gastos personales de Fabio Luis Lula da Silva ( alias “Lulinha”), hijo mayor del ex presidente, por casi dos millones de reales ( unos 530.000 dólares) con dinero procedente de la red de corrupción.
Los lazos entre Fernando Baiano y Fabio Luis Lula da Silva, según O Globo, pasaban por el empresario José Carlos Bumlai, amigo íntimo del ex presidente. Bumlai, que tenía libre acceso al Palacio Presidencial durante el gobierno de Lula, fue citado este año en el caso del petrolão.
A diferencia de otros informantes que fueron puestos en libertad después de la aprobación de sus declaraciones, Baiano seguirá detenido hasta el 18 de noviemdatario bre próximo, cuando complete un año de prisión.
Sectores de la oposición destacaron que la revelación de Baiano sería una prueba que puede conducir a “Lulinha” y su padre al centro de las investigaciones por la corrupción en Petrobras, y pidieron acelerar las pesquisas.
A principio de este mes, el Supremo Tribunal Federal ( STF) autorizó a la policía federal a convocar a Lula para un interrogatorio en calidad de testigo y no como investigado en relación con este caso que sacude a la clase política brasileña.
La autorización para interrogar a Lula fue solicitada en septiembre pasado por un comisario de la policía federal que cree que el ex man“pudo haberse beneficiado” de la red de sobornos que, según Petrobras, desvió cerca de 2000 millones de dólares.
En su petición a la corte, el comisario responsable opinó que Lula pudo haber “obtenido beneficios para sí mismo, para su partido, el PT [ Partido de los Trabajadores] o para su gobierno, con la manutención de una base de apoyo partidaria sustentada a costa de negocios ilícitos” en Petrobras.
El caso del petrolão se investiga desde hace un año y la justicia ya ha condenado a varios empresarios, ejecutivos de la petrolera y políticos implicados en supuesta corrupción.
Entre los condenados se encuentra João Vaccari, ex tesorero del PT, partido de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y de Lula, y que tendrá que cumplir 15 años y cuatro meses de cárcel.
Contratos
Las investigaciones se han extendido a una veintena de grandes empresas privadas que, según las autoridades, obtenían contratos amañados con la petrolera, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con ex directores de la petrolera y los políticos que permitían el fraude.
Las autoridades brasileñas sospechan que parte del dinero obtenido por la red que operó en Petrobras pudo haber llegado a la campaña que el año pasado llevó a la reelección de Dilma, un aspecto del caso que está bajo investigación judicial.
Las corruptelas en la petrolera estatal, consideradas como las más vastas que se han descubierto en Brasil, llevaron a la oposición a exigir el inicio de un juicio con miras a la destitución de Dilma.
Fuente: La Nación, 12/10/15.
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El fraude de Cristina Kirchner y Lázaro Báez
octubre 3, 2015
Según Báez, sus empleados viabajan 1.200 kilómetros diarios hasta el Alto Calafate
De este modo justificó ante la AFIP el alquiler del hotel de los Kirchner; dijo que no había otros alojamientos a menor distancia de las obras donde trabajaban.
El empresario patagónico Lázaro Báez afirmó que contrató cientos de habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para hospedar al personal jerárquico de sus empresas a cargo de la ejecución de varias obras públicas. Pero con un detalle: esas obras se encontraban a entre 300 y 600 kilómetros del hotel presidencial, según surge de los datos aportados por el propio Báez ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que obtuvo LA NACION.
Báez argumentó que optó por alojar en El Calafate a los responsables de dirigir y controlar esas obras por «la calidad de los servicios, infraestructura y conectividad» de esa ciudad turística, al mismo tiempo que afirmó que sus constructoras Kank y Costilla SA y Loscalzo y del Curto SA no contaban «con alojamiento y/o obradores para tal fin ni en los parajes próximos» a las obras, en las localidades de Luis Piedrabuena, Puerto San Julián, Río Turbio y 28 de Noviembre.
Ese argumento choca, sin embargo, con la realidad. Primero, porque Báez pudo alojar a sus colaboradores en hoteles más cercanos en cada una de esas localidades. O pudo mantenerlos en Río Gallegos -sede central de sus empresas- en vez de alojarlos en El Calafate, que se encuentra a similar o incluso mayor distancia de las obras que la capital santacruceña.
En efecto, Piedrabuena se encuentra a 280 kilómetros de El Calafate por ruta de ripio -intransitable la mayor parte del año- o 470 kilómetros por asfalto -el más utilizado por los locales-, pero a 231 kilómetros de Río Gallegos. Y lo mismo se repite con Puerto San Julián, que queda a 404 kilómetros de Calafate por ripio o a 592 por asfalto, pero a 360 kilómetros de Gallegos.
Por su parte, Río Turbio queda a 252 kilómetros de El Calafate y a 261 kilómetros de la capital provincial, y, por último, 28 de Noviembre queda a 249 kilómetros de la ciudad turística y a 250 kilómetros de Gallegos, según los datos oficiales de Vialidad Provincial que difunde a través del área de Turismo.
Del análisis elaborado por los técnicos de la AFIP, identificado como «actuación 10780-1041-2014», que obtuvo LA NACION, surge por qué Báez se inclinó por alojar a su personal jerárquico en el Alto Calafate en vez de optar por otros hoteles más baratos en El Calafate. De hecho, en esa ciudad pudo optar por otros 13 establecimientos de 4 o 5 estrellas con características similares al hotel de los Kirchner, bajo investigación de la Justicia por sospechas de lavado.
Sin embargo, entre 2010 y 2011, cuando Báez optó por contratar al Alto Calafate, eso les permitió a los Kirchner mantener abierto el hotel durante julio, agosto y septiembre, a diferencia de lo que ocurre con otros establecimientos que cierran sus puertas durante el invierno. A tal punto que el empresario le garantizó así a los Kirchner la ocupación de habitaciones en temporadas que no fueron buenas en esa ciudad. Por ejemplo, en 2011 el porcentaje de ocupación anual fue del 40,2%, según la encuesta de la actividad hotelera del Indec.
Para insistir con El Calafate, Báez también podría haber dado un golpe de efecto y alojar a sus jerárquicos en el hotel y shopping que desde hace cinco años espera ser inaugurado. Ese hotel «fantasma» no tiene nombre, aunque en un momento circuló que se llamaría Bahía y se lo conoce como «el hotel de Lázaro» ya que es suyo el terreno de casi 10.000 metros cuadrados donde se erige, frente al lago Argentino.
El edificio, con forma piramidal, color arena y techos negros, domina la vista en el Barrio Manantiales y el propio Báez se encargó de asfaltar la cuadra que lo separa de la avenida para garantizar el acceso. Desde afuera, el edificio parece terminado, aunque su interior es una incógnita.
Según los abogados de Báez, además, quedarse en El Calafate fue casi una necesidad. «Vale señalar que ninguna de las empresas [constructoras] en cuestión cuentan ni contaban con alojamiento y/o obradores aptos para tal fin ni en los parajes próximos a la localidad de comandante Luis Piedrabuena (caso de KyC) [por Kank y Costilla] ni en aquellos cercanos a la localidad de El Turbio o 28 de Noviembre (caso de Loscalzo)», indicaron sus letrados.
Sin embargo, mientras la firma Kank encaraba la obra de repavimentación de un tramo de la ruta 3 comprendido entre Piedrabuena y San Julián, en la zona del Gran Bajo de San Julián, Báez pudo alojar a su personal jerárquico en hoteles de Puerto San Julián.
Según la información oficial que difunde su municipalidad, Puerto San Julián cuenta con el hotel Bahía y la hostería Posada de Drake, ambos de 3 estrellas, en tanto que el hotel Costanera es de 2 estrellas, sólo por mencionar los de esa categoría.
Así, aunque la hotelería de esa localidad es menos desarrollada que en El Calafate, Báez pudo ahorrarles cientos de kilómetros de ruta a sus ejecutivos cada vez que debieron supervisar los avances de la obra, y cientos de kilómetros más al regresar al final de cada jornada laboral.
Así, de haber optado por alojarlos en el hotel Bahía de Puerto San Julián, por ejemplo, sus ejecutivos se habrían hospedado en suites y departamentos para ejecutivos con Internet, más una confitería, galería comercial y estacionamiento propio.
En Piedrabuena, en cambio, la única opción es más austera. Los colaboradores de Báez sólo habrían contado con la hostería El Álamo, céntrica y sencilla, categorizada en 2 estrellas. Pero de haberse inclinado por esa opción, en vez del Alto Calafate de los Kirchner, se habrían ahorrado 940 kilómetros, entre ida y vuelta, cada vez que debieron ir hasta allí.
Alquileres bajo sospecha
El argumento de Báez
El empresario dijo que contrató habitaciones en el hotel Alto Calafate de la familia Kirchner para darle hospedaje al personal de su empresa abocado a obras públicas en la provincia.
Kilómetros
Báez omitió mencionar que esas obras santacruceñas estaban situadas a 300 y 600 kilómetros de distancia del hotel de los Kirchner, una distancia muy difícil de recorrer a diario.
Más cerca
Báez pudo alojar a sus empleados en hoteles más cercanos o mantenerlos en Río Gallegos, donde funciona la sede central de sus empresas, a una distancia similar que el Alto Calafate.
Más barato
Báez eligió alquilar el Alto Calafate, pero podría haber elegido otros 13 establecimientos más baratos de 4 o 5 estrellas en El Calafate con características similares al hotel de los Kirchner.
Fuente: La Nación, 03/10/15.
Más información:
Gonella intentó explicar por qué no imputó a Lázaro Báez
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Criminalidad latinoamericana
septiembre 30, 2015
Hartazgo latinoamericano
El debilitamiento económico de la región saca a la superficie sus males endémicos: criminalidad y corrupción.
América Latina es una región notoriamente cíclica y el final del boom de los commodities le ha afectado seriamente. Aunque una economía debilitada no hace que los funcionarios sean más corruptos ni los criminales más violentos, sí elimina la distracción que la mejora de los estándares de vida genera sobre estos problemas endémicos.
El descontento crece, desde Tijuana hasta Tierra del Fuego. Los mexicanos no dejan de protestar por la desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes, las calles venezolanas son testigos de violentas protestas contra el autoritario e incompetente Gobierno de Nicolás Maduro y los brasileños exigen la destitución de su presidenta, Dilma Rousseff, ante el escándalo Lava Jato y la rebaja de la calificación crediticia del país.
La encuesta anual Latinobarómetro, que desde 1995 sondea la opinión pública en la región y que The Economist publica en exclusiva, refleja ese deterioro del estado de ánimo. Los latinoamericanos están hartos de sus líderes: la aprobación de los gobiernos en los 17 países del estudio ha caído de 60% (en el 2009) a 47%. Y están abandonando la moderación política a favor de ideologías polarizadas: quienes se consideran “centristas” son ahora el 33% cuando en el 2008 representaban el 42%.
También están perdiendo la fe en las instituciones ciudadanas: 34% dice que confía en el Estado, ocho puntos porcentuales menos que en el 2013. Lo más inquietante es que están confiando menos en la propia gente, pues solo el 16% está de acuerdo con que “la mayoría de las personas es confiable”, que iguala el porcentaje más bajo reportado por el sondeo en el pasado.
A pesar del enfriamiento económico, solo en tres países el desempleo es considerado el principal problema —Colombia, Costa Rica y Nicaragua—, mientras que en otros doce, la mayor preocupación es el crimen. En general, los latinoamericanos señalan que están más preocupados por el crimen y las pandillas que por la economía, el desempleo y la pobreza.
En muchos casos, el público tiene motivos para temer: la violencia de las pandillas ha convertido gran parte de Centroamérica en la región más mortífera del mundo. Por ejemplo, el fracaso de una tregua impulsada por el Gobierno entre mafias en El Salvador ha desencadenado tiroteos y asesinatos. Hasta en países seguros como Chile, cuya tasa de homicidios es más baja que en Estados Unidos, el crimen encabeza la lista de inquietudes.
El único país donde la corrupción es vista como el principal problema es Brasil. Aunque el gigante sudamericano no es ajeno a los arreglos bajo la mesa, el descubrimiento de que Petrobras pagó en exceso a sus contratistas dentro de un esquema de licitaciones amañadas y sobornos por alrededor de US$ 3,000 millones, constituyó un enorme escándalo incluso para los estándares del país.
Los brasileños han tomado nota y algunos manifestantes han plantado escobas en las playas, reclamando un saneamiento de la política. Hace tan solo cinco años, solo el 3% decía que la corrupción era el mayor desafío del país, pero este año esa cifra se ha disparado hasta 22%, incluso por encima del máximo de 20% registrado en el 2005, cuando la indignación popular por la compra de votos parlamentarios alcanzó su clímax.
El porcentaje de brasileños que señalan que ellos o sus parientes se han encontrado con algún acto de corrupción durante los últimos doce meses duplica la tasa del país que ocupa el segundo lugar. Estas preocupantes tendencias podrían ser poco más que un daño colateral efímero causado por el fin del boom de los commodities.
La data histórica de Latinobarómetro revela que tanto el apoyo a la democracia y la satisfacción con ella tienden a ir de la mano con la economía: los números más bajos de los últimos 20 años se registraron en el 2001, en medio de la última recesión que afectó a América Latina. De manera similar, los más altos ocurrieron en el 2010, el año de mayor crecimiento del PBI regional.
Pero según la jefa de Latinobarómetro, Marta Lagos, oculta detrás de estas fluctuaciones cíclicas se encuentra una permanente debilidad de largo plazo. Desde la primera encuesta, las personas han ubicado las ramas del Estado —como el Poder Judicial, el Congreso y los partidos políticos— al fondo de la lista de instituciones en las que confían. En contraste, los únicos tres grupos que al menos la mitad de encuestados dice confiar son sus familias, sus vecinos y la iglesia.
Comparando la data con estudios de otras regiones, Latinobarómetro haya que la confianza interpersonal en América Latina —lazos que van más allá de familia y amigos— está muy rezagada con respecto a Europa, e incluso con el sudeste asiático y el mundo árabe.
El excongresista estadounidense Barney Frank solía decir que “el Gobierno es simplemente el nombre que les damos a las cosas que elegimos hacer todos juntos”. Es probable que la volátil fe que los latinoamericanos tienen en la democracia es, esencialmente, un síntoma de su profunda falta de confianza.
Fuente: The Economist, 29/09/15.
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Hotesur: Latrocinio K
septiembre 12, 2015
Caso Hotesur: el Ministerio de Industria contrató al hotel de Cristina
Sospechas de corrupción. Lo denunció la diputada Stolbizer. Es el primer negocio del Alto Calafate con un organismo público que se conoce. Lo investigó el juez Bonadio, que luego fue separado de la causa.
Por Lucia Salinas.
El Hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta Cristina Kirchner y su familia, fue contratado por el Ministerio de Industria de la Nación para un congreso en la ciudad santacruceña. Es la primera vez que se conoce que un organismo del Estado pagó servicios a uno de los hoteles de la Presidenta. Esta situación –según denunció la diputada y candidata a presidente de Progresistas, Margarita Stolbizer- ocurrió en noviembre de 2012, cuando el hotel era administrado formalmente por una empresa del empresario K Lázaro Báez, y la facturación fue por más de $30.000, incluyendo un almuerzo, según consta en una factura que el hotel le hizo a la cartera que dirige Débora Giorgi.
Habitaciones con muy pocos ocupantes, alquileres de camas a empresas del propio Báez y millonarias contrataciones de Aerolíneas Argentinas son parte del historial de alojamiento del Alto Calafate, un hotel de cuatro estrellas ubicado en El Calafate y único inmueble de Hotesur, la firma de la familia presidencial investigada por lavado de dinero.
El contrato con el ministerio de Giorgi, cuya jefa política es la Presidenta, transcurrió en 2012, cuando se hizo el III Congreso Federal de la Industria en el salón de eventos del hotel presidencial. En ese entonces Valle Mitre –propiedad de Báez- era la firma responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner: el Alto Calafate, Las Dunas (en esa misma ciudad) y La Aldea de El Chaltén.
Según pudo saber Clarín, en el marco de la causa Hotesur, el juez Claudio Bonadío requirió a la Oficina Anticorrupción (OA) que se le envíen todas las actuaciones que se hayan iniciado en relación a la firma propiedad de Cristina Kirchner y sus familiares, Valle Mitre e Idea S.A., de Osvaldo Sanfelice, la actual gerenciadora de los hoteles K. Sanfelice es socio de Máximo Kirchner.
En respuesta al pedido del magistrado, la OA remitió el expediente 6389/2014, en el que se pidió que el Ministerio de Industria informe si efectivamente se contrató al hotel Alto Calafate con el objeto de utilizar sus instalaciones para la realización del III Congreso Federal de la Industria, que tuvo lugar en El Calafate en noviembre de 2012.
El 11 de marzo de 2014, la cartera que conduce Giorgi respondió que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) propuso la realización de ese evento y agrega que con fecha 24/10/2012 “el Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, Licenciado Horacio Roura, pide un anticipo de gasto a rendir de $30.000 porque el Consejo Federal de la Industria se convocará el 2/11/12 bajo la órbita de la Secretaría a su cargo”.
Ese texto fue acompañado con la “Rendición de Anticipo para Gastos” por la suma de $26.661,30. Según se había explicado en esa ocasión, todos los gastos corrieron por cuenta de la OMPI. Pero después se observa en la documentación, un gasto de $25.200 detallado en la Factura B N° 454 del 16 de noviembre, emitida por Valle Mitre, responsable de administrar el Hotel aquel año, dirigida al Ministerio De Industria, por “venta al contado y reservación”. Además, surge una factura del Hotel Alto Calafate a Ministerio de Industria por $748,50 justificando dicha suma en un almuerzo de la ministra Giorgi con funcionarios provinciales.
Hasta el momento, se sabía el Alto Calafate había sido alquilado por Aerolíneas Argentinas y por empresas de contratistas del Estado, una operatoria que está bajo investigación judicial. Según publicó Clarín el domingo, en el expediente de Hotesur hay datos de los vuelos de la aerolínea estatal a El Calafate entre 2012 y 2014, y un informe oficial sobre “antecedentes de contratos de hospedaje de la tripulación en posta entre 2007 y 2011”.
Stolbizer le dijo a Clarín: “Otra vez los negocios privados mezclados con el dinero público: la Presidenta, que debería dar el ejemplo usa el poder para sus negocios personales y familiares.” Por eso, la diputada presentó un pedido de acceso a la información en función del Decreto 1172/2003, donde requiere que se le brinde una copia del contrato con Industria.
Fuente: Clarín, 12/09/15.
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Urribarri contrató al hijo de De Vido por 31 millones de pesos
septiembre 9, 2015
Urribarri contrató al hijo de De Vido por 31 millones de pesos
El aparato de propaganda kirchnerista en Entre Ríos. El gobernador también contrató a un ex periodista de «Duro de Domar» por 1,1 millones de pesos.
Por Verónica Toller (Gualeguaychú).
Sergio Urribarri se bajó de la carrera presidencial.
El gobernador entrerriano Sergio Urribarri aprobó en forma directa un contrato millonario con una empresa publicitaria de Facundo De Vido, hijo del ministro de Planificación Federal Julio De Vido. La empresa se llama Nelly Entertainment SA y no figura en el registro de proveedores del Estado entrerriano. También contrató de la misma manera al ex panelista K del programa “Duro de Domar” Carlos Javier Romero.
Ambas contrataciones, realizadas en diciembre de 2014, recién fueron dadas a conocer el viernes pasado a través del Boletín Oficial de la provincia de Entre Ríos.
Facundo es uno de los cinco socios de Nelly Entertainment. El Boletín Oficial entrerriano lo muestra como beneficiario junto a su productora de contenidos comunicacionales de un contrato directo por 31 millones de pesos, según el decreto N° 4.800 del 9 de diciembre de 2014, publicado el viernes pasado.
Dicho decreto aprueba “lo actuado por la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur en referencia a contratación directa en concepto de publicidad para la difusión de cuatro piezas audiovisuales con contenidos de la ejecución de políticas públicas en el ámbito del gobierno provincial en el marco de la próxima reunión de Presidentes del Mercosur”.
Por su parte, el contrato para Romero fue de 1.1 millones de pesos. La noticia se da a conocer 9 meses después de producida la resolución. Tanto Nelly Entertainment S.A. como La Aldea Comunicación S.A. de Romero debían difundir cuatro piezas audiovisuales (tres de 60 segundos y una de 45); la primera, en televisión por aire y cable a nivel nacional, y la segunda, por las redes sociales (el decreto de contratación menciona Facebook, Twitter y Google). Las cuatro eran piezas mostraban obras públicas hechas por el gobernador Urribarri, en tiempos en los que todavía soñaba con llegar a ser Presidente de la Nación.
En rigor, el Boletín Oficial publica dos decretos referidos al mismo tema. El primero, N° 4800, aprueba y autoriza ambas contrataciones. El segundo lleva el N° 5003, está fechado el día 12 de diciembre de 2014 y corrige al anterior. Habla de un “anexo” del decreto 4800, que no se publica, y amplía las “cantidades parciales y totales de avisos por canales y programación”. Ejemplo: en el Canal 8 de Córdoba, la sumatoria total de avisos dice “19” inicialmente y se corrige por “34”. La lista es larga, y todos los avisos corresponden a la contratación de la empresa de Facundo De Vido.
En cuanto a Carlos Javier Romero, el “Profe” de Duro de Domar, reconoció haber hecho “una propuesta” para la difusión de los avisos en redes sociales, pero aclaró en una carta enviada al sitio “Entre Ríos Ahora” que no ha cobrado aún el millón cien mil pesos. También negó ser asesor de prensa de Urribarri, como se lo señaló.
NOTA RELACIONADA:
Fuente: Clarín, 09/09/15.
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Dudosa declaración de bienes de la hija del ministro de Defensa
septiembre 1, 2015
Piden investigar la declaración de bienes de la hija del ministro de Defensa
Otra polémica por la funcionaria nombrada sin concurso en el Banco Nación. El diputado Garrido afirmó que contiene «mentiras e inconsistencias» a pesar de tener títulos universitarios en economía.
Por Daniel Santoro.
Un bochornoso caso de nepotismo: Directora del Banco Nación. Delfina Rossi, hija del ministro de Denfesa.BUENOS AIRES – El diputado nacional Manuel Garrido pidió a la Oficina Anticorrupción que revise la declaración jurada de bienes de la flamante directora del Banco de la Nación e hija del Ministro de Defensa, Delfina Rossi porque encontró «mentiras en incorrecciones» en ese documento.
En una carta dirigida al titular de ese organismo Julio Vitobello, a la que accedió Clarín el legislador advierte sobre «las inconsistencias detectadas» en la declaración. «Sorprende el descuido o el desdén por los controles que exhibe la licenciada Rossi. La acaban de nombrar directora de un Banco pero parece que no sabe sumar ni restar cuando se trata de sus bienes», dijo el legislador y ex titular de la fiscalía nacional de investigaciones administrativas.
Rossi (de 26 años) ya había generado una polémica por haber sido nombrada en ese cargo sin un concurso de antecedentes y por dudas que generan su currículum académico. Por ejemplo, dijo tener una maestría en el Instituto Europeo de Florencia pero página web de ex estudiantes web del IEU no aparece el nombre de Delfina Rossi entre los investigadores admitidos a cursar la maestría en Economía en el año lectivo iniciado en septiembre de 2010. El pedido lo presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Leé también – Delfina Rossi, ya instalada en el Banco Nación: «El cargo es por confianza política»
En primer lugar, Garrido señala que «conforme surge de la declaración jurada presentada, Rossi en los rubros Bienes y Deudas declara, al inicio, un valor cero para cada concepto, por lo cual al 31/12/2013 Delfina Rossi no tenía ningún bien ni ninguna deuda que exteriorizar. Si esto es así, entonces todos los bienes y el consumo particular declarados al cierre del año 2014 debieron ser solventados con los ingresos (netos de gastos) que se declaran para ese año».
En este sentido, «se advierte que tiene bienes declarados al cierre del año 2014 por $ 401.931, 93; los ingresos declarados son de $ 205.392 y gastos por $ 120.000; no tiene ni deudas ni gastos declaradas al cierre del año 2014», indicó.
Como resultado de esto, Garrido entiende que si durante el año 2014 tuvo ingresos por $ 205.392,00 y gastos por un total de $ 120.000,00, esto indica que «el dinero líquido de que dispuso para solventar la adquisición de bienes y/o inversiones existentes al cierre de ese año fue de $ 85.932,00».
Leé también – Delfina Rossi informó un patrimonio de $ 400.000
«Además», agrega Garrido, «al no declarar ningún importe como «Gastos personales (Consumido)» durante el año 2014, revela una situación equivocada o mendaz, ya que todo sujeto realiza gastos durante el año susceptibles de ser incorporados en este rubro».
El legislador puso como ejemplo «alimentos, adquisición de indumentaria o calzado, gastos de esparcimiento (cine, vacaciones, asistencia a clubes deportivos/gimnasios o similares), pago de alquileres y expensas de inmuebles donde habitó –téngase en cuenta que no declara ningún bien inmueble a su nombre- y otro tipo de gastos atribuibles a su vida particular.»
Si bien Delfina Rossi declara no tener ningún bien al inicio del año 2014 y tener bienes por $ 401.931,43 al cierre de ese año, indefectiblemente este último importe debió ser solventado con los ingresos declarados (deducidos los gastos). «Si tenemos en cuenta que aún resta saber cuál fue el importe real erogado en como ‘Gastos personales-Consumido’, existe un faltante de al menos $ 316.539,43 en ingresos sin declarar; ineludiblemente necesarios para justificar esas adquisiciones e inversiones», advirtió el legislador.
«Otro de los problemas que presenta la DDJJ de Rossi que revela incorrección o mendacidad, se refleja en que por un lado no declara la tenencia de bienes ni inversiones anteriores al 1/1/2014, mientras que por otro informa en el rubro «Bienes Muebles y Semovientes en el Exterior» bienes con fecha de ingreso al patrimonio el mes de Junio del año 2012. Por lo tanto, si esos bienes existían desde junio de 2012 debieron ser declarados dentro de los bienes correspondientes al inicio del año 2014, detalló Garrido:
Garrido concluyó que «del análisis de la declaración jurada patrimonial integral de Delfina Rossi surgen inconsistencias que la Oficina Anticorrupción deberá investigar y, además, sugiero que se le solicite a la flamante Directora del Banco de la Nación Argentina brinde las explicaciones pertinentes, a efectos de determinar la veracidad o falsedad de los extremos declarados.»
Fuente: Clarín, 01/09/15.
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El presidente de Guatemala, acusado de corrupción
agosto 30, 2015
El presidente de Guatemala, acorralado por corrupción
CIUDAD DE GUATEMALA (DPA) – Un escándalo de corrupción y multitudinarias protestas han puesto al gobierno de Otto Pérez contra las cuerdas en Guatemala, pocas semanas antes de las elecciones generales en el país centroamericano. Para Pérez, en el cargo desde 2012, la situación se volvió crítica en los últimos días. Al grito de «Renuncia ya», decenas de miles de manifestantes con banderas inundaron el jueves el parque central de la capital en una gran manifestación de protesta. «Guatemala está pasando por un momento sumamente difícil, muy agitado», dijo Michael Shifter, presidente del think tank Diálogo Interamericano.
El país está sacudido desde hace meses por el escándalo de corrupción. Pero la situación escaló en los últimos días. La ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que renunció en mayo por las acusaciones de corrupción, fue arrestada la semana pasada. Los investigadores apuntan ahora hacia el propio Pérez. Los fiscales consideran que hay suficientes evidencias de que Pérez encabezó con Baldetti una trama de corrupción responsable de un fraude millonario de evasión de impuestos aduaneros.
- El general retirado Otto Pérez llegó a la presidencia de Guatemala en enero de 2012 con la promesa de aplicar mano dura contra la criminalidad. Casi cuatro años después, la promesa quedó incumplida y ahora miles de manifestantes le exigen renunciar ante graves acusaciones de corrupción.
Fuente: La Nación, 30/08/15.
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El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión
agosto 30, 2015
Un juez clave en la causa Hotesur compró una millonaria mansión
La casa de Eduardo Freiler, el camarista que desplazó a Bonadio, cuesta U$ 1 ,4 millones y está en Olivos.
El caserón blanco de dos plantas se levanta justo frente a la quinta presidencial de Olivos. Nadie vive allí porque desde hace poco menos de un año se encuentra en remodelación. Es una coqueta zona residencial, pero esa propiedad de 1.234 m2 no pasa inadvertida por sus dimensiones y por el muro de tres metros que la protege. ¿Su nuevo dueño? El camarista federal Eduardo Freiler, según consta en la escritura por esa compraventa cuya copia obtuvo LA NACION.
Protagonista de algunas de las decisiones más polémicas de los últimos tiempos, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la pesquisa por presunto lavado de activos en los hoteles de la familia Kirchner, Freiler consignó que pagó $ 2,8 millones por ese inmueble. Sin embargo, cuesta mucho más. A cinco cuadras de allí, otro caserón de dimensiones similares, pero incluso con menos metros cuadrados construidos se cotiza en US$ 1,4 millones. Más aún, ese también es el valor aproximado de la nueva propiedad que adquirió el juez, según los cálculos de las inmobiliarias de la zona. El número no incluye lo invertido hasta ahora en las refacciones.
«Hipotequé unos campos y, como dice en la escritura, una parte de la compra estuvo financiada [en cuotas]. No recuerdo exactamente cuánto pagué por la casa, pero lo que me comentaron en ese momento era que estaba cotizada en menos de 700.000 dólares», explicó Freiler ante la consulta de LA NACION.
El juez adquirió el inmueble en junio de 2014. La casa es imponente: se expande sobre un lote irregular de unos 30 metros de frente por 40 metros de fondo, en la esquina de Catamarca y Villate. Desde la segunda planta, incluso, se puede disfrutar de una vista privilegiada de la quinta presidencial.
Aunque todavía no está habitada, la casa muestra un intenso movimiento. Por lo menos cuatro albañiles trabajaban la semana pasada en arreglos de la fachada. Quizás ese muro se haya levantado por seguridad. Freiler sufrió en enero de este año un robo en su residencia de la calle Wineberg, a 600 metros de la nueva residencia, donde era inquilino, según él mismo admitió.
Nacido y criado en Necochea, Freiler no proviene de una familia rica. Su padre trabajó como empleado en el Ministerio de Obras Públicas bonaerense, mientras que su madre siempre se ocupó de las tareas de la casa. No sólo eso. También se divorció de su primera mujer, con la que debió repartirse los bienes, entre ellos, otra casa en la misma zona. Pero con un sueldo que hoy supera los $ 100.000 por mes -y más de dos décadas como fiscal y camarista- acumuló un patrimonio importante.
En la declaración jurada de 2012, su situación era más austera: dos años antes de comprar su nueva casa, el juez declaró un patrimonio de poco más de $ 820.000. Informó la mitad de una propiedad de Olivos -no precisó la dirección-, la mitad de un inmueble en Necochea, una camioneta, un yate, 12 caballos y diez lotes por un total de 15 hectáreas en Villa Garibaldi, en las afueras de La Plata. Son los campos que asegura haber hipotecado para comprar su nueva casa.
Diferencia de precio
Esa propiedad no figura en la presentación porque la compró dos años después, pero algunos detalles del lote constan en la escritura pública, rubricada por la notaria Celeste Gerarduzzi, que obtuvo LA NACION.
El primer dato relevante es que en esa escritura se afirma que Freiler compró el inmueble por apenas $ 2,8 millones, casi la mitad de su precio según la valuación fiscal, que en el propio documento se consigna que era de $ 5,3 millones, y muy por debajo de US$ 1,4 millones que estiman los expertos inmobiliarios.
«No me acuerdo cuánto pagué, pero no fueron $ 2,8 millones. Seguro fueron más de $ 3 millones. No sé por qué aparece ese número en la escritura», afirmó Freiler el viernes en un diálogo telefónico. El sábado, sin embargo, cambió de opinión: «Si en la escritura aparece que son $ 2,8 millones, entonces pagué eso».
El juez ni siquiera debió desembolsar esos $ 2,8 millones al momento de la operación. Pagó $ 1,6 millones al contado y acordó que la suma restante la pagaría al cabo de un año, con una tasa de interés fijada sobre la base de la evolución del dólar oficial (que rondaba entonces los $ 8,10) más otro 5% de interés anual. Es decir, una tasa que ahora ronda entre el 18 y 19% anual.
No sólo eso. El magistrado tampoco necesitó firmar la escritura para quedarse con las llaves. La escritura detalla que Freiler ya se encontraba «en posesión material» de la casa, aunque no se precisó desde cuándo se movía como su dueño.
La operación evoca en Comodoro Py otra operación inmobiliaria que, a mediados de 2000, protagonizó el entonces juez Carlos Liporaci. Adquirió una casa en Vicente López que al trascender provocó la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de destitución que terminaron por costarle su renuncia.
En el caso de Freiler, la escritura aclara que «los fondos utilizados para la operación provienen de actividades lícitas» y consigna que el magistrado integra la lista de «personas políticamente expuestas» que emitió la unidad antilavado.
La operación fue a tres puntas: además de Freiler, incluyó a la sociedad Fideicomisos Argentinos SA -en la que aparecen Ricardo, Oscar y Cristian Fiorito, y José Emperador-, y a la firma Gini SA, en cuyo directorio figuran Cristina Puca y Gimena Otero. Esta última sociedad logró, un mes antes de la firma, levantar una inhibición de bienes que cargó durante dos años.
«La pagué más barata porque estaba metida en el fondo fiduciario y porque tenía una deuda», explicó Freiler. Y, antes de terminar el diálogo telefónico, Freiler cuestionó a LA NACION: «¿Con todos los jueces hacen este tipo de investigaciones? Ya estoy acostumbrado a los ataques de este grupo contra mí. Digo este grupo porque ustedes y Clarín no están muy diferenciados, ¿no?».
Freiler arrastra una causa penal por su participación en la sociedad Minning Pride, creada en 2012 con 500.000 pesos. En esa financiera aparece junto con Marcelo Sutton y Carla Lago, esposa de Alfredo Lijo, «Freddi», hermano del juez Ariel Lijo y asiduo interlocutor de José María Olazagasti, un colaborador de Julio De Vido, hoy en la ex SIDE.
Freiler aclaró que Minning Pride «nunca funcionó» y que su actividad como juez no le impide tener acciones en sociedades comerciales. La denuncia apunta a la prohibición que rige para los jueces de ejercer cualquier «actividad lucrativa».
Fuente: La Nación, 30/08/15.
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