Una por una, las irregularidades que desataron la crisis política
Tucumán: Hoy Cano denunciará al gobierno provincial por “asociación ilícita”. Hay cientos de actas falsificadas, traspaso de votos entre los candidatos y maniobras con las urnas en el correo.
En el primer piso del Instituto de Políticas Públicas, en estos días una suerte de búnker montado para fiscalizar y detectar las irregularidades en las elecciones de esta provincia, los dirigentes radicales se pisan entre sí para mostrar los casos que vienen encontrando. La mesa 2200, de Monteagudo: en la planilla de control de los fiscales figura con 42 votos, en el telegrama con cero. La 143, en pleno centro de la Capital, también cero: para los fiscales 162 y en la categoría de intendente el acta marca 140. La mesa 1614, en Villa Quinteros, para los radicales José Cano tiene 99 votos y Juan Manzur 181, para el escrutinio provisorio 63 para el Acuerdo por el Bicentenario y 219 para Frente para la Victoria. En la 2896 de San Pedro de Colalao registran 85 votos, en el acta aparece con cero, con esa misma cantidad para el Partido Laborista de la Independencia. En este caso y en otros atribuyen la maniobra al presidente de mesa: “Hizo el cambio y falsificó la firma de los fiscales”. Aseguran que por el momento reúnen 280 irregularidades con esas tres modalidades: actas sin ningún voto para Cano, el traspaso directo para otros candidatos o la resta para el radical y la suma para Manzur.
“Hemos asistido a un sistema pergeñado para adulterar la voluntad de los electores. Nace en la metodología casi imposible de controlar, continúa con la designación de presidentes de mesa adictos al oficialismo y con el despliegue y repliegue de urnas del Correo Argentino, con contratados de La Cámpora”, aseguró a este diario José Azcárate, dirigente de Cano e impulsor de la denuncia.
El candidato a gobernador radical pidió la nulidad de la elección y una nueva votación para la categoría de gobernador y presentará en las próximas horas una denuncia penal por presunta asociación ilícita por la adulteración de documentación electoral. “Vamos a aportar la documentación. Hubo un modelo sistemático para bajar los votos de nuestra fórmula, que podemos comprobar”, insistió Jorge Mendía, apoderado y coordinador de la recopilación de inconsistencias entre las 3.601 mesas del comicio.
Cano viajó a Buenos Aires y admitió la dificultad de descontar la diferencia de casi 14 puntos en el escrutinio provisorio. Más optimistas, sus dirigentes creen que con las 641 mesas que quedaron directamente para el definitivo, las 280 en las que detectaron irregularidades –con la percepción de que serán más– y las 42 urnas incendiadas “la distancia será mínima”.
Las urnas con las fajas violentadas o sin firmas podrán ser impugnadas en el escrutinio definitivo. Pero otras maniobras no podrán revertirse ni siquiera con la apertura de las urnas, como ocurrió con las personas que llegaron a votar y encontraron que ya había sido emitido su sufragio. En ese contexto, el voto cadena y el robo de boletas, casi quedaron como picardías.
Encuentran pruebas clave del nexo comercial entre los Kirchner y Báez
Entre la documentación recogida en la oficina de Máximo durante el allanamiento dispuesto por el juez Bonadio hay facturas, poderes, cheques y contratos de alquiler entre la familia presidencial y el empresario.
Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.
Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.
El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.
Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.
«Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas», ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.
Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.
La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.
Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí «no había ningún tipo de información referente» a lo que buscaban.
Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.
El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.
Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.
Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.
«Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo», indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.
La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. «Se procede al secuestro» de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:
Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento «D», del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle «Roca 952, 5to, ‘D'» de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) «emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones»;
Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;
Una carpeta blanca que en su tapa dice «Carlos Kirchner y Austral Construcciones», que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.
Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:
Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 «y el último no registra numeración»);
Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, «titular de la cuenta: Austral construcciones»;
Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.
A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que «permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado». Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.
Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública.
Detectan más problemas con los domicilios de Hotesur
Por Hugo Alconada Mon.
Pasan los años, pero la Justicia sigue sin lograr verificar dónde se encuentra la sede social de Hotesur, la sociedad con que la familia presidencial controla el hotel Alto Calafate.
Intenta ubicarla para llevarse toda la documentación societaria y contable, pero la última vez que lo intentó se topó con otra sorpresa más, según consta en las actas de los operativos que obtuvo LA NACION.
El último intento de ubicar a Hotesur se registró el 13 de julio pasado, aunque hasta ahora no había logrado trascender. El juez federal Claudio Bonadio firmó una serie de allanamientos y órdenes de presentación que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires y en Río Gallegos, apenas unos días antes de que la Cámara Federal porteña decidiera apartarlo definitivamente de ese expediente sensible.
Con la causa ya en sus manos, el juez Daniel Rafecas tuvo la posibilidad de acceder a esos libros societarios y contables. Pero aquello fue sólo cuando la titular del directorio de Hotesur y sobrina de la Presidenta Cristina Kirchner, Romina Mercado, había decidido entregarlos.
Ahora hay que verificar, entre otros puntos, si esos documentos son auténticos.
Antes, uno de los operativos de Bonadio que había pasado hasta ahora por debajo de los radares de la prensa, fue en el tercero y último domicilio en Buenos Aires que Hotesur había declarado ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Es decir, la avenida Leandro N. Alem 530, piso 3.
Al llegar a esa supuesta sede, sin embargo, los agentes de la Policía Metropolitana que estaban a cargo del operativo se toparon con una respuesta negativa. Uno de los abogados que trabajan en la oficina declarada, Martín Tassero, les informó «que allí no funciona ni posee su dirección la empresa Hotesur SA», según consta en el acta del operativo cuya copia obtuvo LA NACION.
Los policías llevaban en sus manos la orden de Bonadio de llevarse todos los libros contables y societarios de Hotesur. Entre otros, los libros «diario», «inventario y balances» y «de registro de accionistas». Pero ante esa negativa, los oficiales nunca lograron acceder a esos libros.
Consultada ayer la titular del estudio jurídico, María Cruz Ceballos, reafirmó, sin embargo, que la firma Hotesur sí radicó su «sede legal» en su estudio jurídico «el 13 de diciembre de 2014», lo que afirmó que comunicaría hoy a la Justicia mediante un escrito.
«Hotesur no «funciona» en nuestro estudio, pero sí actuamos como su corresponsalía. Es decir, que a pedido de Romina [Mercado] recibimos las notificaciones que envía la IGJ para esa sociedad y las remitimos a Santa Cruz», precisó Ceballos a LA NACION.
En su estudio, sin embargo, tampoco se encuentran los libros societarios y contables de Hotesur, los que según la magistrada se encuentran en la «sede fiscal» de la sociedad. «Acá no «funciona» nada de Hotesur, sólo recibimos unas notificaciones, por una tasa y un cambio de domicilio, nada más», insistió.
N del E: Una característica típica de los Estafadores es ocultar mediante engaños su domicilio para evitar ser notificados o encontrados por la Justicia.
Para la Justicia, en tanto, el operativo fallido resultó un nuevo escollo para acceder a la documentación societaria de la empresa que pertenece a la familia de la Presidenta. Éste no es el único caso, pues hubo otros intentos previos que durante los últimos dos años tampoco arrojaron resultados.
¿Por qué? Porque Hotesur acumula varios domicilios, ya sean informados de manera formal a la IGJ o de manera pública mediante comunicados de prensa o en sus publicidades.
De esta manera, Hotesur primero operó en la ciudad de Buenos Aires, en el piso 3 del edificio de la avenida Belgrano 265. Pero en 2013 consignó mediante un comunicado que desde 2010 había trasladado su «domicilio legal» a la provincia de Santa Cruz.
Esa afirmación pública contradecía, a su vez, lo que en 2012 reportó a la IGJ, donde detalló que su sede continuaba en Buenos Aires, pero en el piso 4 de la calle Lavalle 975.
Sin embargo, cuando el juez Bonadio ordenó un operativo para obtener toda la documentación que había en ese piso del microcentro porteño, verificó que allí no había rastros de la sociedad de la familia presidencial. Al mismo tiempo, ordenó un allanamiento en la IGJ.
Por canales oficiales
Ante el revuelo público que provocaron esos operativos, Hotesur difundió otro comunicado, pero esta vez fue a través de la agencia estatal de noticias Télam y la cuenta oficial de la Casa Rosada en la red social Twitter, en la que sostuvo que desde noviembre su domicilio porteño se encontraba «en trámite de cancelación», con el fin de concretar su traslado, ahora sí, a Santa Cruz.
Eso, sin embargo, no ocurrió. Días antes del feriado de Navidad, se publicó en el Boletín Oficial un cambio de directorio de esa sociedad, así como se fijó otro domicilio, pero no en Santa Cruz, sino en Alem 530.
Las dudas alrededor de dónde se encuentra la verdadera sede social de Hotesur no es menor. ¿Por qué? Porque es allí donde funciona su administración y dirección de sus negocios, según surge de más de una docena de artículos de la ley 19.550 de sociedades comerciales, así como de una larga lista de resoluciones de la propia IGJ como, entre otras, la 7/2015.
A diferencia de la «sede fiscal», que rige para sus obligaciones ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y otros organismos tributarios, la sede social es el domicilio englobador de la sociedad.
Allí deben guardarse sus actas y celebrarse sus reuniones y asambleas. Y es allí, en suma, donde deben guardarse los secretos societarios.
La oficina allanada
Hotesur en la Capital
La dirección declarada por la empresa Hotesur ante la IGJ (Av. Leandro N. Alem 530, piso 3) no funciona como sede de la empresa. Así salió a la luz en un operativo ordenado por el juez Claudio Bonadio cuando tenía a su cargo la causa. Se indicó que la oficina recibe correspondencia, pero no funciona como sede de la empresa..
Brasil: denunciaba corrupción y lo acribillaron mientras estaba al aire en su programa de radio
El locutor y periodista Gleydson Carvalho fue asesinado por dos hombres que irrumpieron en el estudio de la emisora, en Camocim.
Un locutor radiofónico que había denunciado hechos de corrupción en Camocim, un pequeño municipio en el estado brasileño de Ceará, fue asesinado a tiros por dos desconocidos que invadieron la radio cuando emitía su programa, informaron fuentes oficiales.
El crimen registrado en los estudios de la Radio Liberdade FM, en Camocim, provocó conmoción en la población debido a que el locutor Gleydson Carvalho transmitía en directo en el momento en que fue tiroteado.
De acuerdo con fuentes policiales citadas por medios locales, los dos sospechosos, que se hicieron pasar por posibles anunciantes para entrar en la emisora, irrumpieron ayer en el estudio donde Carvalho se encontraba, le dispararon tres veces y se dieron a la fuga.
Aún con vida, el periodista fue trasladado al Hospital Deputado Murilo Aguiar, pero no pudo superar las heridas sufridas y falleció durante el trayecto.
Sus denuncias contra la corrupción
«Hoy silenciaron una de las voces más importantes de nuestra región, de una manera trágica e innecesaria», señaló el ayuntamiento de Camocim en un comunicado publicado en su web.
Carvalho era conocido en la zona por hacer un programa en el que denunciaba prácticas corruptas de diversos políticos, motivo por el que había recibido numerosas amenazas en su perfil de Facebook.
En mayo, tras el asesinato de dos periodistas en menos de una semana, la Asociación Nacional de Diarios denunció el «clima de impunidad» que se da en relación al homicidio de profesionales de la información en Brasil, lo que según la patronal, contribuye a «que se repitan las violaciones a la libertad de expresión».
En América Latina este acto de corrupción representa un 7 % del Producto Interno Bruto para la región.
Por Víktor Rodríguez.
Los controles de cambios de monedas, los sobornos y el crimen organizado son solo algunos de los factores que propician el lavado de dinero, particularmente, en la región de América Latina.
De acuerdo con un informe de la compañía LexisNexis Risk Solutions, empresa dedicada a soluciones para la gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de lavado de dinero, este mal representa un 7 % del Producto Interno Bruto de la zona (400 mil millones de dólares al año).
En específico, la empresa detalla cinco causas principales que redundan en este mal que ataca tanto a empresas públicas como privadas.
♦ Carlos García-Pavia, director de soluciones, prevención de Lavado de Dinero de la empresa, precisó que, en primer lugar, el problema del lavado de dinero responde a la “crisis financiera a nivel mundial”.
“La recesión a partir del 2008 es parte del problema. Los fondos son más restringidos, los trabajos son más escasos y a causa de esto, algunas personas recurren a otros medios (economía informal, actividades ilegales, lavado de dinero) para poder llevar recursos a sus casas”, precisó García-Pavia.
♦ En segundo lugar, señaló los “controles de divisas y la demanda del dólar”, como otro elemento clave en el lavado de dinero. En ese apartado, García-Pavia apuntó que los “controles en el cambio de divisas impuestos por algunos gobiernos de la región, resultan en un mayor uso de efectivo en transacciones financieras, por lo tanto favoreciendo los esquemas de lavado de dinero basado en el intercambio de efectivo en la economía informal”.
♦ El crimen organizado, por su parte, fue el tercer elemento identificado por el experto, pues, según dijo,
“Latinoamérica ha sufrido un incremento en los altos índices de violencia y actividades criminales relacionadas con la delincuencia organizada”.
♦ Finalmente, García-Pavia señaló como el quinto elemento, pero no menos importante, la corrupción.
“El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas de conocimiento del cliente, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros necesarios para esos individuos”, precisó.
Señaló, por ejemplo, que en México la corrupción gubernamental costó al país más de $20 mil millones en el 2014, el equivalente a 15 % de la inversión en el sector público ese año, derivando en un avance de 10 % en el índice de percepción de la corrupción en México que resultó en una pérdida del 2 % del PIB.
“Esto representó en 2014 una pérdida de $22 mil millones de dólares del PIB de México; dinero que bien pudo haber propulsado el crecimiento económico del país de haber sido integrado a la economía”, dijo.
Ante estos vectores del lavado de dinero, la Asociación de Especialistas Certificados en la Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS, por sus siglas en Ingles) reaccionó aduciendo que con motivo de propiciar un descenso de estas prácticas, la entidad procura fomentar la educación, el intercambio de información y el conocimiento de las mejores prácticas para la prevención de este delito financiero.
“Profesionales en las áreas de Riesgo, Ética y Cumplimiento normativo en todos los segmentos de la industria encuentran en ACAMS (www.acams.org) un sólido apoyo para el adecuado manejo de sus programas de prevención de riesgo y cumplimiento”, declaró la ACAMS.
Las modificaciones de las normas convierten en una farsa las declaraciones juradas que presentan los funcionarios públicos
CFK
La difusión de las declaraciones juradas de bienes de altos funcionarios nacionales se ha convertido en motivo de escándalo creciente cada año, debido fundamentalmente a los fuertes incrementos patrimoniales que revelan, en casos que van desde la presidenta de la Nación hasta sus secretarios privados.
En su momento, las declaraciones dieron lugar a una bochornosa investigación judicial a Néstor y Cristina Kirchner por presunto enriquecimiento ilícito que terminó abruptamente cuando el escandaloso juez federal Norberto Oyarbide los sobreseyó empleando los fundamentos del propio contador del matrimonio presidencial -que obviamente era parte, y muy interesada-, argumentos que volcó en una sentencia a todas luces írrita.
A simple vista, con la difusión anual de las declaraciones juradas queda en claro que la función pública para muchos es garantía de prosperidad y de enriquecimiento rápido y seguro. Pero con una visión un poco más profunda puede advertirse también un segundo motivo de escándalo. Desde que, hace dos años, se modificó la ley que rige estas declaraciones, se extendió sobre ellas una densa oscuridad que impide bucear en el verdadero valor de los bienes declarados y, más grave aún, también impide comparar con precisión los últimos valores con los anteriores y hacer así un seguimiento de la evolución patrimonial.
Esta oscuridad es producto deliberado de una ingeniería del ocultamiento que se remonta a la entrada en vigor, en 2013, de la Ley 26.857. Por ejemplo, la nueva normativa que rige las declaraciones sólo obliga a informar las ganancias y bienes del funcionario, no los de su cónyuge, que por estar declarados en un formulario reservado sólo pueden conocerse mediante una orden judicial. De esta manera, permanecen invisibles al escrutinio público. También se ha dificultado la evaluación de las propiedades, cuyo valor se determina ahora a partir de una complicada relación entre el valor de su adquisición y el valor fiscal. En consecuencia, resultará mucho más arduo determinar si se ha incurrido en enriquecimiento ilícito.
Esa es una de las imputaciones que afronta el hasta hace poco jefe del Ejército, general César Milani, debido a la compra de una casa en San Isidro. Por un delito similar está procesado desde el año pasado el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que también arrastra otros procesamientos que parecen no hacerle mella.
Quien fue su jefe en el Ministerio de Planificación Federal, Julio De Vido, titular de la cartera, siempre estuvo bajo sospecha, aunque en 12 años de gestión logró sortear las denuncias. Pero ahora, poco antes de abandonar el cargo, la Cámara de Casación revocó su sobreseimiento por enriquecimiento ilícito, junto con su esposa, Alessandra Minnicelli, por lo cual volverán a ser investigados por ese delito luego de reabrirse una causa de 2008. Sobreseer al ministro «es incompatible con el estado de duda que presenta esta investigación incompleta», sostuvieron los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani. En el mismo ministerio de De Vido, otro de los investigados por la misma acusación es el secretario de Obras Públicas, José López.
Como señaló la nacion, las declaraciones juradas correspondientes al año pasado muestran inversiones en el exterior, ahorros en dólares y exitosos emprendimientos agropecuarios como parte del nutrido patrimonio de altos funcionarios kirchneristas, con la excepción del canciller, Héctor Timerman, quien en el pasado fue el ministro más rico, pero ahora, debido a un «error del sistema» que el ministro no pudo solucionar, exhibe una pérdida del 77% de su patrimonio.
Un reciente libro señala a Juan Luis Manzur como «el ministro más rico de la era kirchnerista». Manzur renunció como titular de la cartera de Salud para asumir como vicegobernador de Tucumán en febrero del corriente año, y en ese momento declaró poseer bienes y depósitos por 23.061.852 pesos, diez millones más que en su declaración del año anterior, en tanto llaman la atención sus declaraciones rectificatorias.
La Presidenta declaró bienes por 64 millones de pesos y su patrimonio creció en un 16% al ganar 9.325.097 pesos por la valoración de sus propiedades y por los intereses generados por sus plazos fijos. Cuando Néstor Kirchner arribó a la Casa Rosada, el matrimonio había declarado bienes por siete millones de pesos. El año pasado, ella declaró 26 propiedades que incluyen departamentos, casas y terrenos.
Cabe recordar que los ingresos de sus hoteles están bajo la lupa judicial debido a los sospechosos alquileres de habitaciones que efectuaban allí empresas del pseudoempresario Lázaro Báez y que nunca se ocupaban. Como hemos señalado reiteradamente, el código de ética pública prohíbe a un funcionario formalizar contratos con quienes son proveedores del Estado, algo que también alcanza a los beneficios que la propia familia presidencial recibe de compañías del «zar» del juego Cristóbal López, que alquilan propiedades de quien ocupa el Poder Ejecutivo Nacional.
Los secretarios privados de la Presidenta constituyen un capítulo aparte dentro de los enriquecimientos, y además llaman la atención por sus renuncias, dado que ya han dimitido siete secretarios.
El último, hace pocas semanas, fue Pablo Barreiro, quien reemplazó en 2010 al anterior secretario, Fabián Gutiérrez, acusado en una causa de enriquecimiento ilícito. Barreiro tampoco escapó a la varita mágica y en 2014 incrementó sus bienes en un 43%, y en los dos años anteriores en un 115%. Un año atrás renunció Martín Aguirres, quien partió con un incremento patrimonial del 260%. Otro secretario, Mariano Cabral, mejoró su patrimonio en un 111% el año pasado.
En el enorme batallón de funcionarios investigados por saltos patrimoniales figura también Carlos Liuzzi, subsecretario legal y técnico y mano derecha del secretario, Carlos Zannini, candidato oficialista a la vicepresidencia. Liuzzi ingresó en el Gobierno con 189.339 pesos en 2003 y en 2013 poseía 9.039.240. Además, su pareja fue intimada a rendir cuentas de su evolución patrimonial.
Últimamente, a la nómina de funcionarios investigados por incrementos del patrimonio se agregaron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y la presidenta de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quien presuntamente no había presentado su declaración jurada y lo hizo solamente cuando se supo que el juez federal Ariel Lijo investigaba su compra de una casa en Pilar por unos 300.000 dólares. Daura no podría justificar ni remotamente su tren de vida.
Si la difusión de las declaraciones juradas constituyó en su momento un avance en materia de transparencia, las notas periodísticas y las denuncias judiciales obligaron al Gobierno a instrumentar una suerte de oscurecimiento. A las dificultades técnicas al consultar el portal de la Oficina Anticorrupción se suma el retroceso en la cantidad de información disponible para el control ciudadano en las reglamentaciones de la ley de 2013 y el hecho de que, de las 23 provincias, seis restringen el acceso público a los patrimonios de sus funcionarios y 12 no permiten ninguna consulta, según informó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Las informaciones patrimoniales de los funcionarios públicos no pueden ser objeto de retaceo u ocultamiento, y sus cifras deben ser de fácil comprensión. Tras haber logrado un pequeño avance en la materia, el retroceso ha sido enorme y no es casualidad que éste se haya producido durante la gestión de un gobierno caracterizado por múltiples casos de corrupción y enriquecimiento indebido. Se trata de un Gobierno que, además, ha hecho un culto del secreto y la mentira en materia de datos oficiales, por lo cual no debería extrañar que haga lo mismo con los datos patrimoniales.
La información sobre los bienes de los funcionarios debe ser pública y su presentación, transparente. Las modificaciones que han enturbiado esa información contribuyen aún más a alimentar las sospechas de que hay riquezas que no resisten el examen público.
Viaje polémico: de campaña en un helicóptero de la policía
Constituye una malversación de fondos públicos.
Foto: LA NACION
La llegada de Daniel Scioli a Corrientes a bordo de un helicóptero de la policía de Entre Ríos generó polémica. Junto con Carlos Zannini, el candidato presidencial del FPV realizó un acto en la sede del sindicato Luz y Fuerza, en Corrientes. El gobernador de esa provincia, Ricardo Colombi, cuestionó el uso de la aeronave para una visita proselitista. «Que el helicóptero venga para evitar el contrabando y no para trasladar a un candidato», criticó Colombi, que se equivocó al advertir que el helicóptero pertenecía a la Policía Federal. La nave en cuestión habría sido cedida por Sergio Urribarri.
Fuente: La Nación, 30/07/15.
Código Penal Argentino
Art. 261. – Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
Bonadio, sobre Hotesur: «Esta investigación no está cerrada»
El juez desplazado de la causa de los hoteles de los Kirchner dijo que “es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo».
«Es muy difícil investigar a un presidente en cualquier lugar del mundo», señaló Claudio Bonadio, el desplazado juez de la causa en la que está involucrada Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y el empresario Lázaro Báez.
CFK y bolsa de dinero
El apartado juez federal de la causa Hotesur aseguró en el programa “Código Político” que la investigación por la causa «no está cerrada». En este caso, se investiga a la presidenta Cristina Kirchner y su familia por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros en el sur del país.
El magistrado recordó además que «hay más involucrados» en la causa.
Bonadio, que fue desplazado por decisión de la Sala I de la Cámara Federal porteña, explicó que «los indicios (de la causa Hotesur) indican poco separados, pero sí en conjunto», y remarcó que por eso ordenó una pericia contable, para «comprobar los extremos de la denuncia».
Los negocios hoteleros de la familia presidencial con el empresario Lázaro Báez provocaron la apertura de por lo menos tres procesos penales en los últimos dos años. El más conocido es el que instruía el juez federal Claudio Bonadio hasta este jueves. Sin embargo, es en otra de esas causas en la que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó, sin levantar ruido, tramos sustanciales de la operatoria hoy bajo sospecha.
Bonadio investigaba los supuestos delitos cometidos por los Kirchner como accionistas de la sociedad Hotesur -controlante del hotel Alto Calafate-, así como las eventuales responsabilidades penales de las autoridades de la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que debía controlar que esa firma cumpliera con los requisitos legales. Pero el requerimiento de instrucción del fiscal de la causa, Carlos Stornelli, consideró que la pesquisa debía abarcar también las presuntas maniobras de lavado.
Estas maniobras, por montos millonarios, podrían haberse desarrollado en el Alto Calafate y otros dos hoteles de los Kirchner: Los Sauces y Las Dunas.
¿Cómo era esa operatoria? Según reveló LA NACION entre diciembre de 2013 y principios de 2014, ocho empresas de Báez y otra más del financista Ernesto Clarens alquilaron cientos de habitaciones por mes en los hoteles de los Kirchner sin utilizar esas reservas, por millones de pesos.
Técnicos de la AFIP confirmaron el grueso de esa operatoria -aunque no todo- en tres informes que debieron presentar en otra causa que también se concentró en Hotesur, pero en el Juzgado en lo Penal Tributario de Javier López Biscayart.
En ese expediente, que se inició un año antes que la causa de Bonadio, los expertos de la AFIP presentaron tres informes -uno de avance, otro complementario y el final-, basados en la contabilidad de las empresas de Báez. Es decir, analizaron la verdad «formal» -si lo declarado estaba en regla con los tributos-, pero no «material» de la operatoria.
Pese a eso, desde la AFIP confirmaron varios puntos. El primero, que entre los Kirchner y Báez intermedió la firma gerenciadora Valle Mitre, que en los papeles se vincula al empresario. El segundo, que siete de sus empresas firmaron convenios: La Estación SA, Don Francisco SA, Kank y Costilla, Loscalzo y del Curto Construcciones, Alucom Austral, Badial y Austral Construcciones.
Sin embargo, algunas de esas empresas, según la AFIP, no alquilaron habitaciones de hotel, sino que sellaron otro tipo de acuerdos, como Alucom, para la prestación de supuestos «servicios de asesoramiento» para «promoción y marketing» o la constructora Badial, para desarrollar un presunto «emprendimiento hotelero», que no especificó. O Austral Construcciones, que firmó un contrato para «el desarrollo de un complejo turístico» sin precisar cuál.
Otros convenios sí dijo que se ciñeron a las habitaciones del hotel. Como los firmados por las constructoras Loscalzo y del Curto, y Kank y Costilla, con 16 y 20 habitaciones por mes. O las estaciones de servicio La Estación y Don Francisco, ambas de Río Gallegos -a 300 kilómetros de El Calafate-, para usar un salón del hotel durante seis días al mes durante un período de cinco meses, «espacios comunes» y cuatro habitaciones por mes.
Por último, destacó López Biscayart al derivar copias de su expediente al fuero federal, «hay un contrato suscripto con Austral Construcciones el 27 de agosto de 2009 que se relaciona con la prestación de servicios de consultoría integral en materia hotelera y gastronómica, pero que, además, prevé la posibilidad de que se solicite al consultor -Valle Mitre SA- «la utilización de un máximo de 500 noches de hotel por parte de los empleados y/o sujetos designados por el cliente, en los establecimientos hoteleros gerenciados y/o de propiedad de la consultora»».
El propio López Biscayart aclaró, no obstante, que «en ese convenio no se deja constancia de que Valle Mitre SA detenta la titularidad de la explotación del hotel Alto Calafate y si bien incluye la provisión de habitaciones en hoteles gerenciados por la firma, no se menciona expresamente la utilización del hotel Alto Calafate». Es decir, que esas reservas podrían darse en los otros establecimientos de los Kirchner que operaba la gerenciadora, ya fuera Las Dunas o Los Sauces.
Según los técnicos de la AFIP, las siete empresas de Báez «que contrataron los servicios de Valle Mitre SA estarían adeudando intereses resarcitorios y además deberán aplicarse las multas correspondientes por no practicar las retenciones» por los impuestos.
Desde la AFIP determinaron entonces ajustes en el impuesto a las ganancias por más de $ 190.000 entre 2010 y 2011, y le impugnaron créditos fiscales por $ 570.000 durante ese mismo período, que el grupo Báez protestó, pero al final optó por pagar.
Sin embargo, sin opción de avanzar por la vía tributaria porque ninguna empresa superaba el umbral legal de los $ 400.000, López Biscayart cerró ese expediente. Pero el 27 de mayo pasado derivó las copias al fuero federal, donde por sorteo se giró al juez Sergio Torres y al fiscal Carlos Rívolo, que ahora evalúan los pasos por seguir. Por ejemplo, sobre otra operatoria cuestionada: el ingreso de $ 254 millones en las cuentas de Austral Construcciones provenientes de dos sociedades que en Curazao figuran como disueltas.
Tanto en esta tercera e incipiente pesquisa como en la que instruyó Bonadio y ahora quedó en las manos de su colega Daniel Rafecas el desafío es cruzar el análisis técnico formal con lo que pasó en realidad, según indicó a LA NACION un experto con décadas de investigaciones judiciales sobre sus espaldas.
«En definitiva, si no se investiga más allá de la formalidad de los papeles es como que [desde la AFIP] sólo vieron desde que estaba facturado y declarado. De ese modo, podría avalarse una factura que diga que se vendió el Obelisco: la factura está bien [cumple con los requisitos formales, se hicieron las retenciones, etcétera] y se constata que se pagó… pero es una estupidez lo que dice [que se vendió el Obelisco]. Ahí está el tema.»
Los controles de cambios de monedas, los sobornos y el crimen organizado son solo algunos de los factores que propician el lavado de dinero, particularmente, en la región de América Latina.
