Cristina Kirchner y Lázaro Báez son socios
agosto 23, 2015 · Imprimir este artículo
Encuentran pruebas clave del nexo comercial entre los Kirchner y Báez
Entre la documentación recogida en la oficina de Máximo durante el allanamiento dispuesto por el juez Bonadio hay facturas, poderes, cheques y contratos de alquiler entre la familia presidencial y el empresario.
Por Hugo Alconada Mon y Mariela Arias.
Cristina Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario patagónico Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.
Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.
Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.
El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.
Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.
«Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas», ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.
Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.
La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.
Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí «no había ningún tipo de información referente» a lo que buscaban.
Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.
El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.
Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.
Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.
«Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo», indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.
La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. «Se procede al secuestro» de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:
- Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento «D», del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
- Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle «Roca 952, 5to, ‘D'» de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) «emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones»;
- Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
- Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;
- Una carpeta blanca que en su tapa dice «Carlos Kirchner y Austral Construcciones», que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
- Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
- Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
- Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
- Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.
Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:
- Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 «y el último no registra numeración»);
- Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, «titular de la cuenta: Austral construcciones»;
- Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
- Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.
A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que «permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado». Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.
Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública.
Fuente: La Nación, 23/08/15.
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