Nisman: “Yo puedo salir muerto de ésto”
enero 19, 2015
Nisman: “Yo puedo salir muerto de ésto”
Por Natasha Niebieskikwiat.
Se lo dijo hace unos días el fiscal especial del caso AMIA a Clarín.
Datos. Nisman, el miércoles, tras dar a conocer su denuncia. / FERNÁNDEZ
Fue una frase tan trágica como premonitoria. El fiscal especial del caso AMIA, Alberto Nisman, que apareció muerto hoy en su departamento de Puerto Madero, le dijo a Clarín días atrás una oración que marcó su destino. «Yo puedo salir muerto de ésto», afirmó.
El sábado, en otro contacto con esta cronista, repitió la terrible frase.
A pesar de la presión que había sobre él y de la feroz embestida del kirchnerismo en su contra, Nisman estaba confiado en la solidez de su denuncia por encubrimiento contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés «Cuervo» Larroque, Luis D’Elía y Fernando Esteche.
Clarín chateó por última vez el sábado. Nisman dio un ok final a lo conversado a las 21:17 por Whatsapp. No quería hacer ya declaraciones y comentó que siempre leía las notas de esta periodista. Ayer domingo no contesto ninguno de los mensajes de Whatsapp, pero sí aparecían como recibidos. Por lo general, el recibía mensajes de textos y Whatsapp y llamaba de la fiscalía o de otros teléfonos. Fue en esas últimas conversaciones orales con este diario, como la del miércoles pasado, cuando sostuvo: «Yo puedo salir muerto de esto».
En algunos medios salió diciendo que había preparado a su hija para que hoy o el lunes se escucharan en el Congreso cosas desagradables de él. «Desde hoy mi vida cambió. Es mi función como fiscal y le tuve que decir a mi hija que iba a escuchar cosas tremendas de mi persona», dijo a TN el miércoles, horas después de sacudir al país con su denuncia.
La diputada ultrakirchnerista, Diana Conti, tomó esa frase, luego de la confirmación de que Nisman iba a concurrir al Congreso para brindar detalles de su investigación en un encuentro reservado. «Le decimos a la hija de Nisman que se quede tranquila, que no vamos a agredir a su papá», manifestó Conti.
En las últimas charlas con Clarín, donde subrayaba que no podía revelar ni el nombre de los agentes ni otras cuestiones si no se levantaba el secreto, pidió que necesitaba concestrarse y encerrarse este fin de semana para estudiar su presentación de hoy ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Dipuados que preside Patricia Bulrich. En ningún momento daba la sensación de tener un ánimo suicida.
Hoy, tras la confirmación de la muerte del fiscal que denunció hace menos de días a la Presidenta, todas las palabras cobran otro cariz. «Esto va a llevar tiempo, pero va a llegar a buen puerto. Me gustaría equivocarme por la institucionalización del país pero creo que no», expresó Nisman, tras su denuncia.
Horas atrás, apareció sin vida en el baño de su departamento.
Fuente: Clarín, 19/01/15.
Argentina de Luto por la impunidad
enero 19, 2015
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Argentina: Oil and trouble
enero 16, 2015
Oil and trouble
A prosecutor accuses the president of obstructing justice in the country’s biggest terror case
THE enemies of Argentina’s president, Cristina Fernández de Kirchner, have accused her of all sorts of transgressions during her seven years in power, from cronyism to pushing through unconstitutional laws. On January 14th a federal prosecutor leveled what may be the gravest accusation yet: that she obstructed justice in the investigation of the country’s deadliest terror attack.
In 1994, a van packed with explosives drove into AMIA, a Jewish community centre in Buenos Aires, and blew up, killing 86 people (including the terrorist) and injuring 300. No one has been tried for the massacre, but Argentine prosecutors, Jewish advocacy groups, the state of Israel and Interpol have all accused Iran of orchestrating the attack and Hizbullah, a Lebanon-based Islamist group, of executing it.
In 2013, Argentina announced that it would collaborate with Iran in a joint commission “to advance knowledge of the truth about the attack,” as Ms Fernández wrote on Twitter at the time. The country’s Jewish population, the world’s seventh largest, was puzzled and angry about the accord. Now the prosecutor, Alberto Nisman, alleges that the controversial deal was reached in back-channel negotiations that Ms Fernández initiated with Iran. He claims that she offered to cover up the involvement of any Iranian officials in exchange for increased trade. Argentina would export grain to Iran, while Iran would sell oil to Argentina to ease its severe energy deficit.
In the end, for reasons that are still unclear, the negotiations failed and the deal fell apart. But Mr Nisman has marshalled evidence of the talks in a 300-page document that he filed in a Buenos Aires court. “They decided, negotiated, and assured the impunity of the fugitive Iranians in the AMIA case with the aim of faking Iran’s innocence to serve geopolitical and commercial interests,” Mr Nisman declared. The allegations against Ms Fernández, her foreign minister, Héctor Timerman, and others are based on “irrefutable proof” from two years of investigations and myriad wiretaps, Mr Nisman claims.
This is the second time he has gone after a head of state for interfering with the investigation of the bombing. In 2009, his sleuthing led to the indictment of Carlos Menem, who was president at the time of the attack. He was accused of tampering with evidence that implicated a Syrian businessman. The case is still in progress. Mr Menem, if guilty, may have been protecting a friend. Ms Fernández’s motives—if she acted as the prosecutor alleges—appear to be more political and economic.
One of Ms Fernández’s top aides dismissed the allegations as “ridiculous”. Just what effect they will have on her and on the country’s politics more generally is hard to guess. Much depends on how effectively she refutes them. She cannot run in this year’s presidential elections, which take place in October.
Other prospective candidates are already seeking to exploit the controversy. Sergio Massa, a former ally, has called for the resignation of Mr Timerman (the son of a prominent—Jewish—opponent of Argentina’s military dictatorship), who has also denied the charges. But the main effect of the allegations may be to shake the confidence of an already cynical electorate in the integrity of the country’s governing institutions.
Source: The Economist, 16/01/15.
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Cristina Kirchner es socia de Cristóbal López
enero 11, 2015
Una hostería de Cristóbal López deriva fondos a un hotel de Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Los negocios de la Presidenta: Cuando los huéspedes de “El Retorno” de Bariloche pagan con tarjeta, en la cuenta se detalla que el que cobra es “Alto Calafate”.
El líder del Grupo Indalo, el empresario K Cristóbal López, es dueño de un hotel en Bariloche que se llama “El Retorno”: cuando los huéspedes pagan sus gastos con tarjetas, en los resúmenes de cuenta se especifica después que esos fondos son cobrados por “Hotel Alto Calafate”, el principal emprendimiento turístico de Cristina Kirchner.
El hotel de López y el de la familia K son administrados por la misma firma: la sociedad Idea S.A, controlada por Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo, el hijo mayor de la Presidenta de la Nación.
La compañía Idea S.A está domiciliada en Néstor Kirchner 496, Río Gallegos, Santa Cruz. Son las oficinas de la inmobiliaria de Máximo y Sanfelice, y también la dirección fiscal del “Alto Calafate”.
Clarín confirmó que las ganancias del “El Retorno” terminan en un principio en las cuentas bancarias del hotel presidencial porque así lo muestra documentación fiscal y comercial emitida por el negocio de López, y sobre todo por las tarjetas de crédito con las que se pagaron esos servicios.
Como muestra los fascímiles publicados en este artículo, las boletas de gastos de alquiler de habitaciones o del bar de “El Retorno” son facturadas por Idea S.A, pero los que pagan con crédito o débito reciben después un detalle contable desconcertante para quienes que no están informados sobre las redes comerciales del poder K: aunque se alojaron en el hotel ubicado en Villa Arelauquen, a 12 kilómetros de Bariloche, en sus bancos figura que pagarán por alojamientos en el “Alto Calafate”, ubicado a 1423 kilómetros al sur por la ruta 40. Son 16 horas 33 minutos en auto, según Google Maps.
Además de ser el dueño de “El Retorno”, Cristóbal López es titular de licencias de juego, de medios audiovisuales, de concesiones viales, y es contratista de obra pública.
Son negocios otorgados en su mayoría por la gestión gubernamental de la accionista mayoritaria del “Alto Calafate”, Cristina Kirchner. El resto de las acciones de ese hotel se reparte entre sus hijos, Máximo y Florencia; mientras que un 2 por ciento restante tiene un dueño desconocido para la opinión pública.
La empresa con la que los Kirchner manejan el “Alto Calafate” se llama Hotesur S.A. Desde mediados de noviembre pasado, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli investigan a esa compañía para saber si fue utilizada para lavar dinero de la corrupción.
Según los registros de la Dirección de Marcas, el nombre “Alto Calafate” solo puede ser utilizado por Hotesur, y no por Idea S.A.
¿Esas dos empresas tienen cuentas bancarias conjuntas? Los investigadores judiciales podrían indagar sobre esas complejidades contables.
Clarín informó en su edición del 5 de enero que Cristóbal López había comprado “El Retorno”, y se describió también la sensación de ex empleados del lugar: “Todos supimos que es de la Presidenta”.
Los voceros de López explicaron que compró ese hotel en Bariloche a través de su inversora M&S. La operación se realizó en septiembre de 2013, y justo un año después el lugar se cerró por reformas.
Una coincidencia que no parece producto del azar. La presidenta de Hotesur-Alto Calafate es Romina Mercado, sobrina de la Presidenta: es al mismo tiempo empleada de López en la sociedad con la que compró “El Retorno”, M&S.
A esto se suma que Sanfelice, el controlante de Idea SA, la administradora de ese hotel y del “Alto Calafate”, también fue socio y es empleado de López en la empresa Alcalis de la Patagonia.
El 29 de noviembre pasado, Clarín difundió estos lazos entre López y el “Alto Calafate”. Voceros del empresario admitieron después que Cristóbal era empleador de Mercado y Sanfelice, pero dijeron que estaban vinculados “por fuera de la situación de Hotesur”.
La documentación comercial emitida por “El Retorno” muestra otra cosa.
Los anteriores dueños de ese negocio fueron los que lo bautizaron con ese nombre, que en la jerga callejera es sinónimo de “coima”.
Fuente: Clarín, 11/01/15.
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Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones
enero 11, 2015
Báez recibió de una firma inexistente de Curazao $ 254 millones
Por Hugo Alconada Mon.
Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.
El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, «inhallable».
«Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial», indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.
Consultados por teléfono y por correo electrónico, desde el Registro Comercial confirmaron que esa sociedad no registra novedades «desde enero de 1989», pero pidieron 24 horas para revisar su legajo. Transcurrido ese plazo, una funcionaria del Registro llamó a LA NACION para aportar otros datos en la misma línea.
Según consta en el legajo de «J+J Holding», esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada («Naamloze Vennootschap» o «NV», en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.
Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.
Consultados por LA NACION, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding «y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años».
Y precisaron que para «reactivar» esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1.027 por los «fees impagos desde 1990», además de que «un director local o representante debe ser designado».
Voceros de Báez indicaron anoche ante una consulta de LA NACION que no harían comentarios, por lo menos hasta ver publicada la información.
Austral declara millones
Pese a esas lagunas, faltantes e inconsistencias en Curazao, Austral Construcciones declaró en la nota 17, la última de su balance que cerró el 31 de diciembre de 2011, «J+J Holding NV» le pagó una fortuna durante ese año como indemnización por un supuesto «proyecto de inversión» fallido en Belice.
«Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años» en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia (de lo que se informa por separado).
Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que «J+J Holding» no informa a la Cámara de Comercio «ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989». LA NACION consultó entonces cómo podía contactar a esa firma. «No lo sabemos. Para nosotros, es inhallable», fue la respuesta.
Estas nuevas sombras que se ciñen sobre «J+J Holding» se suman a las que LA NACION ya reveló en mayo de 2013. Entre otras, que el fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local, según confirmaron entonces las autoridades de ese organismo oficial a este diario.
A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.
Nombres que se repiten
La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.
Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el «empresario» Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.
Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de los Kirchner, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.
Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha.
Y también supervisó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el juez federal Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Javier López Biscayart.
Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).
Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): «Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra».
En mayo de 2013, cuando este diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era «privada y confidencial», aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.
Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso «fue hecho para inversiones en áreas petroleras», aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz..
Del editor: qué significa. La contabilidad creativa llegó con Báez a su paroxismo. No se pueden entender sus negocios si no es bajo la lógica del lavado de dinero.
Fuente: La Nación, 11/01/15.
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Un ingreso demorado al balance contable
Los $ 254 millones no fueron consignados en 2009, sino recién dos años después
El controvertido aporte de $ 254.399.692, que en teoría llegó del Caribe para Austral Construcciones, figura en el balance de esa empresa del período que terminó el 31 de diciembre de 2011 y que debió presentarse ante la Inspección General de Justicia (IGJ), donde impera un «cepo» informativo.
En la copia de ese balance, que de todos modos obtuvo LA NACION, esa inyección de fondos se anotó en el rubro «otros ingresos extraordinarios», y se le asignó una nota explicativa que lleva el número 17.
En esa nota, los contadores indicaron que «se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años en la ciudad de Montevideo», Uruguay.
«Dicha indemnización -continúa la nota- corresponde al incumplimiento por parte del citado fideicomiso de los compromisos asumidos respecto del Proyecto de Inversión en Chapel Island, Belice, cuya participación por parte de la empresa fuera decidida y comunicada al citado fideicomiso por nota de fecha 19 de octubre de 2009 y aprobada por acta de directorio del 11 de septiembre de 2009».
Ese supuesto proyecto de inversión, no obstante, no se consignó en el balance de la propia Austral Construcciones que cerró el 31 de diciembre de 2009, según verificó LA NACION. Por el contrario, en ese balance, sólo se aludió a otro fideicomiso, Northville, al que se giró $ 22,7 millones entre 2008 y 2009, pero no mencionó dato alguno sobre Chapel Island, FITA I o J+J Holding.
Según se indica sobre el cierre de la nota 17 del balance de 2011, sin embargo, algo salió mal: «Luego del acuerdo de mediación de fecha 7 de enero de 2011 que fuera incumplido por el fideicomiso, se sometió el diferendo al Laudo Arbitral por ante el Instituto Argentino de Mediación, Conciliación y Arbitraje [Ianca], laudo que con fecha 25 de febrero de 2011 resultó favorable a nuestra empresa en contra del citado fideicomiso».
«De resultas del cual -concluye la nota- se fijó una indemnización por la suma de US$ 56.350.000. Asimismo existe pendiente de concreción la obligación asumida por la empresa con el citado fideicomiso respecto a la no participación futura en el citado proyecto, por ninguna vía, ni asociada o vinculada a empresas del país ni del exterior, tema que se debería ver concretado en el ejercicio 2012″.
Fuente: La Nación, 11/01/15.
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La política del ocultamiento
diciembre 17, 2014
La Presidenta y la política del ocultamiento
Editorial del diario La Nación, 17/12/14.
Pese a que Cristina Kirchner afirmó que no tenía «nada que ocultar», hay innumerables ejemplos de que su gobierno hace todo lo contrario
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el sábado pasado el acto por el aniversario de la recuperación de la democracia con un discurso plagado de expresiones desafortunadas. Su ataque contra quienes denominó «los sicarios mediáticos y sus secuaces judiciales» constituyó una demostración más del desprecio que tiene la primera mandataria por la libertad de prensa y por los jueces que actúen con independencia del poder político.
Sin embargo, hubo una frase presidencial que no provocó menos sorpresa. Se produjo cuando la jefa del Estado indicó que no iba a dejarse extorsionar por nadie, ya que no tenía «nada que ocultar». Pidió también a sus seguidores y a los dirigentes de su grupo político que no se la postulara a nada, como para que nadie pensara que pudiera estar buscando fueros especiales para gozar de inmunidad cuando concluya su período presidencial, en diciembre de 2015.
No puede menos que llamar poderosamente la atención que Cristina Kirchner afirme que no tiene nada que ocultar, cuando pocas semanas atrás la Secretaría General de la Presidencia, a cargo por entonces de Oscar Parrilli -quien acaba de ser nombrado como titular de la Secretaría de Inteligencia-, le negó al sitio de Internet no partidario chequeado.com una copia del diploma de abogada de la presidenta de la Nación. Esta solicitud, formulada sobre la base de la figura de acceso a la información pública, surgió ante versiones según las cuales la titular del Poder Ejecutivo nunca se habría recibido de abogada.
Equivocadamente, la Secretaría General justificó la no entrega de la documentación pedida por considerarla «información referida a datos personales», cuando en un anterior pronunciamiento de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que sólo se puede exceptuar la entrega de información pública si ésta se refiere a «datos personales de carácter sensible», es decir, que revelen «origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual». De ninguna manera un diploma universitario se encuadra en estos parámetros considerados sensibles.
La Presidenta dice que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, dos años atrás, al contestar una pregunta de estudiantes de la prestigiosa Universidad de Georgetown acerca de su abultado crecimiento patrimonial, esgrimió que tal enriquecimiento obedecía a que siempre fue una «exitosa abogada». Sin duda, mintió y ocultó las verdaderas razones del aumento de su fortuna familiar y personal, ya que el mayor incremento de ésta, según se desprende de sus declaraciones juradas anuales, se produjo mientras el matrimonio Kirchner ocupaba la función pública y, fundamentalmente, de la mano de tan pingües como oscuros negocios vinculados con hoteles y con la adquisición de terrenos fiscales de Santa Cruz a precios irrisorios.
Si la primera mandataria no tiene nada que ocultar, cabría preguntarse por qué, hasta hoy, no se conocen la ruta y el destino precisos de los aproximadamente 500 millones de dólares que, durante la gestión de su esposo como gobernador de Santa Cruz, fueron enviados al exterior.
También, por qué ha buscado tender un manto de impunidad sobre las maniobras del vicepresidente Amado Boudou para entregar la imprenta Ciccone a un grupo empresarial formado por amigos sospechados de ser sus testaferros, al extremo de impulsar una ley para nacionalizar esa compañía y así borrar cualquier rastro de corrupción pública.
Si estuviéramos ante un gobierno que no tiene efectivamente nada que ocultar, sobran preguntas acerca de las razones por las cuales la empresa YPF, con participación estatal mayoritaria, firmó un convenio con Chevron para la explotación de yacimientos en Vaca Muerta cuyas cláusulas permanecen en secreto.
Del mismo modo, la Presidenta debería explicar por qué el Gobierno mantiene en secreto documentos anexos del acuerdo por el cual el Estado argentino le concedió a China unas 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, por cincuenta años, para el desarrollo de una estación espacial de exploración lunar.
Finalmente, hay que preguntarse por qué, si no hay nada que ocultar, el gobierno nacional se ha pasado los últimos ocho años encubriendo, mediante arteras manipulaciones estadísticas, la inflación real y los verdaderos porcentajes de pobreza e indigencia. O por qué, como ocurrió el mismo sábado cuando se celebró el aniversario de la reapertura democrática, se disfrazó de «éxito» el descomunal fracaso de la reciente emisión de deuda del Estado nacional.
Son demasiadas dudas y preguntas para una Presidenta que se niega sistemáticamente a conceder conferencias de prensa, seguramente porque tenga muchas cosas que ocultar.
Fuente: La Nación, 17/12/14.
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Los fiscales Gonella y Orsi, procesados por no haber imputado a Lázaro Báez
diciembre 15, 2014
Los fiscales Gonella y Orsi, procesados por perjudicar de modo «deliberado» la investigación sobre Lázaro Báez
El titular de la Procelac y su segundo son investigados por no haber imputado al empresario kirchnerista en la causa por lavado de activos, tras la denuncia de Fariña y Elaskar
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva y embargó por 75 mil pesos a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi en la causa abierta en su contra por no incluir a Lázaro Baez en una imputación por lavado de activos.
«La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.
Gonella está a cargo de la procuraduría de delitos económicos (Procelac). Colaboró en el caso Báez y participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez.
Es por eso que el titular de la Procelac comenzó a ser investigado, al no haber imputado a Baez en una pesquisa por lavado de dinero, pese a contar con información previa en base a la cual correspondía incluirlo en el dictamen.
Lo mismo ocurrió con el fiscal Omar Orsi, coordinador del área de Lavado de Activos de la Procelac.
Ambos estában imputados por «prevaricato» y finalmente hoy fueron procesados y embargados.
Fuente: LaNacion.com – 15/12/14 – 13:34 hs
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La pista austríaca del dinero K
diciembre 14, 2014
La pista austríaca del dinero de los K
Por Eduardo van der Kooy.
Se afirma la idea de que no habrá una negociación con los buitres en enero. Esos acreedores presionan buscando dinero clandestino K por el mundo. El ojo se detuvo en bancos de Austria.
No parece haber respiro para Cristina Fernández. El sosiego que le prometió Axel Kicillof con el control policial del dólar blue, la emisión de deuda –con pobre resultado– y otra mano de China para resguardar reservas del Banco Central, fue desbaratado por novedades impactantes. Una conocida: el juicio oral para Amado Boudou solicitado por el juez Claudio Bonadio, a raíz de la falsificación de documentación pública. Otra, al parecer, en curso: el pedido que Suiza hizo a Austria para verificar si en ese país existen ramificaciones de la ruta del dinero clandestino K, que tiene al empresario patagónico Lázaro Báez en el ojo de la tormenta.
Desde hace casi dos años Suiza está detrás de las huellas de Báez. No ha recibido, hasta ahora, ninguna colaboración del juez Sebastián Casanello, que también investiga aquí al empresario K por presunto lavado de dinero. ¿Por qué motivo el gobierno helvético recurriría ahora a Austria? Por información que habrían arrimado los fondos buitre. Esos acreedores empezarían a consolidar una impresión: que el Gobierno kirchnerista no se apresurará a reiniciar con ellos negociaciones en enero próximo, cuando vence la cláusula compensatoria de los bonistas que ingresaron en los canjes de la deuda. Está en el medio el controvertido fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, que ordenó a la Argentina abonar a aquellos usureros US$ 1.330 millones. Los hombre-ave tendrían olfato fino: Cristina habría ordenado a Kicillof no hacer nada con ese conflicto por lo menos hasta marzo.
A caballo de esa impresión, los buitres estarían multiplicando el rastreo de fondos secretos kirchneristas por el mundo. Hasta ahora contaron para la pesquisa con la colaboración de una consultora británica. Se sumaron otras dos, de diferente nacionalidad. La brújula de los cazadores de dinero habría conducido hasta el corazón financiero de Viena.
En bancos de esa ciudad imperial podrían permanecer ocultos, según los reportes, alrededor de US$ 400 millones. O su equivalente en euros. Una cifra muy superior a la que detectó Suiza y que pertenecería a Báez y sus hijos. ¿También serían esos fondos aún desconocidos propiedad del empresario K? ¿O habría, quizás, nuevos y diversos titulares? Ninguno de los interrogantes podría tener una respuesta, por una razón sencilla: Austria no levantó todavía su secreto bancario pese a que adhirió a la determinación que, sobre el tema, adoptaron las naciones líderes de la Unión Europea. Por ahora, el gobierno austríaco liberó el intercambio de información fiscal. Pero durante el 2015 comenzará a correr el velo sobre cuentas bancarias de extranjeros no residentes. El proceso concluiría recién en el 2017.
La presión de los fondos buitre y el blanqueo, más tarde o más temprano, irremediable de las cuentas secretas habría activado algunas alarmas del kirchnerismo. Curioso: nunca figuró Austria, como tantos otros países de ese continente, en la atención de Néstor Kirchner y Cristina. El ex presidente estuvo de visita en mayo del 2006 para la Cumbre de la UE, América Latina y el Caribe. La actual mandataria pasó como senadora y candidata en septiembre del 2007, durante una gira que incluyó también a Alemania. Aunque, tal vez, mucho dinero K de la década ganada pudo sentirse atraído por las garantías y la discreción del sistema financiero vienés.
Los kirchneristas no serían los únicos alarmados del mundo. El final del secreto bancario en países con añeja tradición estaría provocando un flujo millonario de fondos hacia paraísos no convencionales, en general distantes de Occidente. Uno de los destinos dilectos sería el Territorio Federal de Labuán. Forma parte de Malasia, aunque no integra ninguno de los Estados que componen el país. Su condición de territorio común a toda la federación malaya, en pleno sudeste asiático, hizo de esas islas un sitio ideal para el funcionamiento de un centro offshore. Desde 1990 rige un estatuto jurídico-fiscal absolutamente protectivo. En Labuán estarían registradas en la actualidad más de 5 mil sociedades offshore de baja tributación, más de 200 bancos, aseguradoras y fondos de inversión. ¿Podrían derivarse también hacia esa zona los fondos K detectados en Austria? ¿Cómo lo harían sin ser sorprendidos por la voracidad de los buitres?
Ese problema en apariencia acuciante, pero geográficamente lejano, no figuraría en este momento entre las angustias de la Presidenta. Por mucho menos que aquellos millones escondidos en Austria, se está exponiendo a un jaque político a raíz del avance judicial sobre los desaguisados de Boudou. El vicepresidente está a tiro de un juicio oral por haber intentado en su divorcio retacear la división de bienes. Adulteró papeles sobre la fecha de compra de un automóvil en la década del 90. El juez Ariel Lijo, por su lado, recabó documentación en Economía por supuestas irregularidades administrativas de Boudou cuando ocupó ese ministerio. El mayor escándalo en el que aparece involucrado, el de la compra de la imprenta Ciccone, donde se fabricaron billetes moneda nacional, progresa paradójicamente a ritmo más cansino.
Las irregularidades administrativas suenan casi a anécdota comparadas con la cantidad de acusaciones que carga en su espalda el vicepresidente. Aunque añadidas al entuerto del auto, servirían para desnudar la calidad ética del hombre que Cristina ungió para compartir la cima del poder. La lupa de Lijo se detuvo en esa cuestión porque Boudou admitió haber incorporado viáticos de viajes al exterior a su propio patrimonio. Intentó de esa manera justificar bienes que serían, de verdad, injustificables. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito.
Algunas corroboraciones, del montón de pruebas que Gendamería se llevó de Economía, podrían causar asombro. La cuestión no sería sólo la presunta apropiación de viáticos. También la adulteración de muchas facturas sobre rendición de gastos. Habría al menos tres ejemplos: los alojamientos hoteleros en diferentes viajes efectuados a París, Londres y Nueva York. Aquellas facturas presentadas no serían originales. Habrían sido duplicadas. Falsificadas. Impresas quizás en algún taller clandestino. ¿Un sistema montado dentro del mismo ministerio? Es una hipótesis que barajaría la Justicia. Por un motivo: esa práctica se habría extendido –un tiempo prolongado– también durante la gestión de Hernán Lorenzino. El economista está ahora como embajador ante la Unión Europea y Luxemburgo, después de ser raleado por Kicillof de las negociaciones por la deuda externa.
El kirchnerismo que pretende algún horizonte político desespera por Boudou. El agravamiento de su situación judicial y la persistencia en el cargo conspirarían contra la posibilidad de los herederos de desarrollar una campaña en el 2015 con cierta normalidad. La lógica de Cristina transcurriría, sin embargo, por otro andarivel. Si nunca cedió desde el 2012 por Boudou, cuando se destapó lo de Ciccone, no lo haría ahora –anoche lo sentó a su lado en el acto por los 31 años de la democracia– cuando las aguas de la corrupción humedecen su propio poder y el de su núcleo familiar. Por el contrario, podría acentuar el atrincheramiento.
Las desventuras del presente, a su entender, provendrían sólo de la áspera disputa con el Poder Judicial. Como se preveía, en la investigación por Hotesur, la empresa que administra la cadena hotelera de su propiedad en El Calafate, mandó a recusar a Bonadio. También indaga de qué manera podría aletargar las causas de Boudou. Apuesta a que el juicio oral se demore. Y aguarda que la Sala I de la Cámara Federal desdiga a Lijo en el procesamiento al vicepresidente por “cohecho” y “negociaciones incompatibles” con su cargo en el caso Ciccone. Pero las brisas de un tiempo político nuevo estarían abrazando a casi toda la Justicia.
Los jueces Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero tienen en sus manos aquella decisión sobre Boudou. Existiría entre ellos un “estado deliberativo” porque dos de los magistrados no estarían dispuestos a favorecer al vicepresidente. Tampoco querrían un fallo dividido. “No sería momento de ir en contra de la corriente judicial”, apuntó uno de los magistrados. Detrás de esa confesión, a lo mejor, podría inferirse la suerte de Boudou.
Cristina se ocupa de no dejar huecos en el entramado judicial. Luego de cinco años de vacancia –desde la renuncia del diputado Manuel Garrido– designó por decreto al titular de la Fiscalia de Investigaciones Administrativas. Es Sergio Rodríguez, un kirchnerista que pasó por la ANSeS. De idéntica forma destinó una partida extra de $ 650 millones para la procuradora Alejandra Gils Carbó. Serían, básicamente, para la designación de los 17 nuevos fiscales que autorizó la sanción del Código Procesal Penal. Le duele mucho el grano que significa la Auditoría General de la Nación. De ese organismo salieron informes muy críticos contra la gestión kirchnerista. Uno de ellos, sobre el pésimo estado de los ferrocarriles, antecedió a la tragedia en Once, que dejó 51 muertos. El malestar presidencial se hizo patente con el destrato que dispensó en un acto público a Leandro Despouy. Pero ese sillón, por mandato constitucional, corresponde siempre a un miembro de la oposición.
Cristina se asoma al último año en el poder con una economía en franco declive. También con denuncias e investigaciones por corrupción que se reproducen en su Gobierno como metástasis. Se trata de la peor combinación para cualquier despedida.
Fuente: Clarín, 14/12/14.
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Territorio Federal de Labuán
| Wilayah Persekutuan Labuan ولايه ڤرسکوتوان لابوان Labuan |
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Labuan
Localización de Labuan en Malasia |
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| País |  Malasia |
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| • Wilayah Persekutuan | Territorio Federal | |||
| Ubicación | 5°18′57″N 115°13′09″ECoordenadas: 5°18′57″N 115°13′09″E (mapa) | |||
| Superficie | 98 km² | |||
| Fundación | 16 de abril de 1984 | |||
| Población | 78.000 (estimación) hab. (2000) | |||
| • Densidad | 847,83 hab./km² | |||
| Huso horario | +8 | |||
| Alcalde | Datuk Suhaili Abdul Rahman | |||
| Sitio web | http://www.pl.gov.my/ | |||
Labuan (Jawi: لابوان) es la isla principal del Territorio Federal de Labuan, Malasia, cuya capital es Victoria. Está localizada a 9,7 kilómetros de la costa noreste de la gran isla de Borneo, no lejos del litoral de Brunéi. Posee un área de 92 km². En 2001 su población aproximada era de 54.300 habitantes.
Historia
Poblada desde la antigüedad por malayos, a partir del siglo XVI Labuan fue reclamada por España junto a Sabah como parte del sultanato de Joló que se incorporó a las Filipinas.
En 1846 el sultán de Brunéi que, rivalizando con el de Jolo, aducía derechos sobre estos territorios entregó la isla a Inglaterra con el argumento de que la Marina Real Británica establecería allí una base para luchas contra la piratería, esto facilitó que en 1848 Labuan fuera transformada en colonia de Inglaterra y base para la penetración en Sabah.
Desde 1890 a 1906 Labuan fue administrada por la colonia británica de Borneo Septentrional e incorporda a los Establecimientos de los Estrechos con capital en Singapur también entonces colonia del Reino Unido. En plena Segunda Guerra Mundial, entre 1942-1945 Labuan estuvo, como toda la región, ocupada por tropas japonesas.
Ubicación de Labuan en Malasia Oriental.
En 1946 Labuan volvió a depender de la colonia británica de Borneo Septentrional unido con el nombre de Sabah luego a Malasia en 1963, desde ese año y hasta 1966 Labuan pasó a ser el cuartel general de la Commonwealth ante el litigio planteado por Indonesia en torno a los límites en Borneo.
En 1984 la estratégica isla de Labuan fue cedida por el estado de Sabah al gobierno federal de Malasia que le dio el status de territorio federal.
Existe en Labuan una importante base militar y un importante centro financiero-comercial.
Enlaces externos
- Labuantourism.com. Información turística general. (En inglés).
- Talkmalaysia.com. Información general. (En inglés).
Fuente: Wikipedia, 2014.
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Las explicaciones que la Presidenta le adeuda a la sociedad
diciembre 6, 2014
Las explicaciones que la Presidenta todavía le adeuda a la sociedad
Por Claudio Jacquelin.
El Gobierno y sus representantes en el Consejo de la Magistratura, y los legisladores oficialistas, han emprendido una auténtica cacería contra el juez Claudio Bonadio luego de que el magistrado decidió hurgar en la relación comercial entre la familia presidencial y el magnate patagónico de la obra pública Lázaro Báez. Lo curioso es que el vínculo ya había sido reconocido por el propio titular de la AFIP, que nos aclaró, casi oscureciéndolo todo mucho más, que Báez y la familia Kirchner no son «técnicamente socios».
En tanto, la misma Presidenta que profesa el dogma de la comunicación directa con el pueblo, contra la intervención de los medios de comunicación, prefiere ampararse en la descalificación o la persecución de los que la critican o investigan antes que darle explicaciones a la ciudadanía sobre los hechos que se le cuestionan.
El caso del crecimiento del patrimonio familiar desde la llegada al poder de ella y de su fallecido esposo es elocuente: saltó de 7 a 89 millones de pesos entre 2003 y 2012. Aun así, la única argumentación pública que se le recuerda al respecto es su célebre exposición en la Universidad de Harvard hace ya dos años, cuando le respondió a un estudiante que su fortuna personal se debía a que había sido una «abogada exitosa».
Cristina Fernández de Kirchner no explicó entonces ni después cómo es que los réditos de su ejercicio profesional los obtuvo y se incorporaron a su patrimonio cuando ya hacía más de una década que había dejado la abogacía para dedicarse a tiempo completo a la política.
La falta de explicaciones públicas sobresale, entonces, cuando se observa que Bonadio no es precisamente un allanador precoz. Su investigación llega después de numerosas investigaciones periodísticas que han mostrado y demostrado irregularidades administrativas inexplicables, negocios inverosímiles, inconsistencias contables y relaciones comerciales opacas, en muchos casos incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Más allá de lo que avance o resuelva definitivamente la Justicia, sobresale que la Presidenta no diga por qué comparte negocios con el hombre que se ha quedado con la casi totalidad de la obra pública de la provincial natal del kirchnerismo. Negocios en muchos casos difíciles de entender hasta por los más crédulos, tales como pagar alquileres millonarios por habitaciones en sus hoteles que jamás se usarían.
Podría apelarse a la paciencia social y dejar que la Presidenta encuentre el momento apropiado para dar explicaciones, si no fuera porque estos hechos no son los primeros, sino uno más de una larga saga de la que nunca se han dado respuestas a lo largo de casi una década. Al respecto, vale mencionar tres casos sólo a título de ejemplo:
1) Nunca Néstor ni Cristina Kirchner explicaron públicamente por qué un banco cuyos propietarios tenían estrechos vínculos con el ex presidente les pagó intereses que excedían largamente la tasa de mercado y nunca demostró haberles pagado lo mismo a otros clientes habituales. Con estos ingresos, hay que agregar, se justificó parte del primer salto sideral del patrimonio de los Kirchner. Y el banquero fue impuesto por el Gobierno como socio de YPF.
2) Nunca el matrimonio presidencial explicó públicamente por qué el contratista del Estado Juan Carlos Relats, que entonces además era acreedor de la Nación, alquiló para su explotación el primer hotel de la familia Kirchner en El Calafate y pagó por ello cifras que ningún operador hotelero habría pagado si ése fuera su negocio principal, ya que el monto excedía las perspectivas razonables de rentabilidad del negocio. De hecho, el propio Relats terminó por admitir que ese alquiler le causó pérdidas millonarias. Debe añadirse que poco después de que el empresario se convirtió en inquilino de los Kirchner logró cobrar deudas millonarias que el Estado tenía con su empresa.
3) Nunca Cristina ni Néstor Kirchner explicaron públicamente cómo hicieron para que una cadena de hipermercados chilena le comprara un terreno por un valor 50 veces superior al que había pagado sólo dos años antes el matrimonio presidencial. Para aumentar las curiosidades, el terreno sigue hoy estando tan desierto como hace 6 años. Del hipermercado prometido para justificar la sospechada compra no hay aún ni un ladrillo. Al matrimonio presidencial, en cambio, le quedaron más de dos millones de dólares de ganancia.
Se sabe que los tiempos judiciales no son ni tienen por qué ser los de la opinión pública, aunque también es cierto que justicia lenta no es justicia. De cualquier manera, nada impide que, más allá de la defensa que ejerza en Tribunales, la Presidenta le aclare al pueblo tantas aparentes oscuridades. Oportunidades y medios no le faltan. Y sería coherente con su declamado modelo de comunicación directa con el pueblo.
Fuente: La Nación, 06/12/14.
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Cristina Kirchner pretende impunidad
diciembre 2, 2014
La Presidenta busca impunidad
Por Gerardo Milman.
Se cierra el cerco sobre la Presidenta. Hasta hace poco todo giraba en torno a Lázaro Báez como si éste hubiera nacido de un repollo. Ahora las conexiones se van transformando en pruebas judiciales cada vez más rotundas que seguramente pondrán en serios problemas a la Presidenta. Por eso, no sería de extrañar que busque pactar su impunidad condicionando, en todo lo posible, al futuro gobierno o que intente recurrir al viejo truco de obtener una banca que le garantice inmunidad parlamentaria. Es más: la semana próxima, el Congreso de la Nación comenzará a tratar el dictamen que, ¡oh casualidad!, le permitiría a la Presidenta encabezar la boleta del Frente para la Victoria por encima de su candidato a presidente, como representante de la Argentina ante el Mercosur.
Como respuesta política a las investigaciones que pesan sobre la Presidenta, se han sumado a las denuncias realizadas contra el juez Bonadio las inaceptables presiones del secretario de Justicia, Julián Álvarez, para apartar al magistrado. La acción de este funcionario, designado por la titular del Poder Ejecutivo, viola el Art. 109 de la Constitución Nacional que manifiesta que «en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer fenecidas». Álvarez, además de secretario de Justicia es representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura, lo que lo convierte en juez y parte en la causa que salpica a su jefa. Debería ser separado de su cargo y afrontar un juicio por ejercer presiones a todas luces destituyentes.
En 2015, los argentinos tenemos el deber cívico y ético de terminar con esta política de la impunidad y el reciclaje, con esta forma de valerse del poder para burlarse de todos.
Ahora que jueces y fiscales parecen estar decididos a investigar, frente a hechos ya indisimulables, el Gobierno no ha tenido mejor idea que recurrir a la cadena de medios oficial para defender lo indefendible. No dudan en echar mano al aparato mediático que han construido para atacar a la Justicia y a la oposición. ¿Por qué? Simplemente por hacer el trabajo que les corresponde. ¿O pretende la señora Presidenta que legisladores y jueces se hagan los distraídos cuando una empresa estatal como Aerolíneas Argentinas hace negocios llenando ficticiamente hoteles que son propiedad privada de la señora Kirchner?
El nivel de corrupción y de manejo discrecional de las agencias de noticias propias o «paraoficialistas» es escandaloso. Tan escandaloso como el nivel de corrupción que ha desbordado todas las estructuras del corazón del poder. Si la corruptela menemista consistía en una suerte de comisionismo sistemático por gestionar o favorecer privatizaciones a grupos extranjeros, la versión kirchnerista la ha superado. Ya no estamos frente a comisionistas, sino frente a apropiadores; gobernantes que toman lo público como bien propio, funden al país por la vía inflacionaria y, además, amplían monopolios extranjeros.
El caso Hotesur SA, potenciado por los contratos con nuestra pésimamente gestionada y deficitaria línea de bandera, vuelve absolutamente imposible de disimular este círculo vicioso de malversación, lavado e incumplimiento de los deberes de los funcionarios más encumbrados. Una mano lava a la otra y las dos juntas se lavan la cara mientras nos llenan los ojos de jabón.
Es de esperar que la Justicia siga investigando, descubra todas las ligazones, desarme la trama mafiosa de la que se alimenta el poder y que la ciudadanía pueda dar libremente su veredicto en las urnas el año próximo. Separar la función pública de los negocios privados de los gobernantes es una deuda pendiente que en 2015 saldaremos todos los argentinos sancionando una ley de fideicomiso ciego y juzgando a los corruptos. No me extrañaría que la Presidenta termine siendo procesada o busque un exilio de inmunidad en el Mercosur.
El autor es presidente del partido GEN de la provincia de Buenos Aires y director de la AFSCA por la oposición.
Fuente: La Nación, 02/12/14.
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