Las explicaciones que la Presidenta le adeuda a la sociedad
diciembre 6, 2014 · Imprimir este artículo
Las explicaciones que la Presidenta todavía le adeuda a la sociedad
Por Claudio Jacquelin.
El Gobierno y sus representantes en el Consejo de la Magistratura, y los legisladores oficialistas, han emprendido una auténtica cacería contra el juez Claudio Bonadio luego de que el magistrado decidió hurgar en la relación comercial entre la familia presidencial y el magnate patagónico de la obra pública Lázaro Báez. Lo curioso es que el vínculo ya había sido reconocido por el propio titular de la AFIP, que nos aclaró, casi oscureciéndolo todo mucho más, que Báez y la familia Kirchner no son «técnicamente socios».
En tanto, la misma Presidenta que profesa el dogma de la comunicación directa con el pueblo, contra la intervención de los medios de comunicación, prefiere ampararse en la descalificación o la persecución de los que la critican o investigan antes que darle explicaciones a la ciudadanía sobre los hechos que se le cuestionan.
El caso del crecimiento del patrimonio familiar desde la llegada al poder de ella y de su fallecido esposo es elocuente: saltó de 7 a 89 millones de pesos entre 2003 y 2012. Aun así, la única argumentación pública que se le recuerda al respecto es su célebre exposición en la Universidad de Harvard hace ya dos años, cuando le respondió a un estudiante que su fortuna personal se debía a que había sido una «abogada exitosa».
Cristina Fernández de Kirchner no explicó entonces ni después cómo es que los réditos de su ejercicio profesional los obtuvo y se incorporaron a su patrimonio cuando ya hacía más de una década que había dejado la abogacía para dedicarse a tiempo completo a la política.
La falta de explicaciones públicas sobresale, entonces, cuando se observa que Bonadio no es precisamente un allanador precoz. Su investigación llega después de numerosas investigaciones periodísticas que han mostrado y demostrado irregularidades administrativas inexplicables, negocios inverosímiles, inconsistencias contables y relaciones comerciales opacas, en muchos casos incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Más allá de lo que avance o resuelva definitivamente la Justicia, sobresale que la Presidenta no diga por qué comparte negocios con el hombre que se ha quedado con la casi totalidad de la obra pública de la provincial natal del kirchnerismo. Negocios en muchos casos difíciles de entender hasta por los más crédulos, tales como pagar alquileres millonarios por habitaciones en sus hoteles que jamás se usarían.
Podría apelarse a la paciencia social y dejar que la Presidenta encuentre el momento apropiado para dar explicaciones, si no fuera porque estos hechos no son los primeros, sino uno más de una larga saga de la que nunca se han dado respuestas a lo largo de casi una década. Al respecto, vale mencionar tres casos sólo a título de ejemplo:
1) Nunca Néstor ni Cristina Kirchner explicaron públicamente por qué un banco cuyos propietarios tenían estrechos vínculos con el ex presidente les pagó intereses que excedían largamente la tasa de mercado y nunca demostró haberles pagado lo mismo a otros clientes habituales. Con estos ingresos, hay que agregar, se justificó parte del primer salto sideral del patrimonio de los Kirchner. Y el banquero fue impuesto por el Gobierno como socio de YPF.
2) Nunca el matrimonio presidencial explicó públicamente por qué el contratista del Estado Juan Carlos Relats, que entonces además era acreedor de la Nación, alquiló para su explotación el primer hotel de la familia Kirchner en El Calafate y pagó por ello cifras que ningún operador hotelero habría pagado si ése fuera su negocio principal, ya que el monto excedía las perspectivas razonables de rentabilidad del negocio. De hecho, el propio Relats terminó por admitir que ese alquiler le causó pérdidas millonarias. Debe añadirse que poco después de que el empresario se convirtió en inquilino de los Kirchner logró cobrar deudas millonarias que el Estado tenía con su empresa.
3) Nunca Cristina ni Néstor Kirchner explicaron públicamente cómo hicieron para que una cadena de hipermercados chilena le comprara un terreno por un valor 50 veces superior al que había pagado sólo dos años antes el matrimonio presidencial. Para aumentar las curiosidades, el terreno sigue hoy estando tan desierto como hace 6 años. Del hipermercado prometido para justificar la sospechada compra no hay aún ni un ladrillo. Al matrimonio presidencial, en cambio, le quedaron más de dos millones de dólares de ganancia.
Se sabe que los tiempos judiciales no son ni tienen por qué ser los de la opinión pública, aunque también es cierto que justicia lenta no es justicia. De cualquier manera, nada impide que, más allá de la defensa que ejerza en Tribunales, la Presidenta le aclare al pueblo tantas aparentes oscuridades. Oportunidades y medios no le faltan. Y sería coherente con su declamado modelo de comunicación directa con el pueblo.
Fuente: La Nación, 06/12/14.
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