Hasta hace no muchos años atrás, un mensaje del presidente de la Nación por cadena oficial lograba detener virtualmente al país. Sólo podía motivarlo una emergencia, un hecho de conmoción social o bien un anuncio de trascendencia pública. Por eso eran tan esporádicos. Pero todo cambió con Cristina Kirchner: desde 2009 la Presidenta utilizó la cadena nacional en 118 oportunidades. A un promedio de 38 minutos por discurso, la cuenta arroja 76 horas seguidas de monólogo presidencial.

A manera de comparación, vale recordar que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner utilizó la cadena nacional en sólo dos oportunidades en sus cuatro años de mandato. Ninguno de ellos superó los diez minutos. Su esposa, en cambio, no escatima en verborragia: sus 76 horas de cadena nacional equivalen en tiempo a los 89 capítulos transmitidos hasta ahora de la novela televisiva del momento, Las mil y una noches.

Este detalle minucioso del uso (y abuso) de la cadena nacional por parte de Cristina Kirchner consta en una presentación que realizó el presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, ante la Defensoría del Público el viernes pasado. En la denuncia, el legislador no sólo enumeró la cantidad de veces en las que la Presidenta utilizó esta herramienta; advirtió, además, que la cadena nacional ha dejado de ser una herramienta de excepción, como se la concibió por ley, para convertirse en un instrumento de uso político del kirchnerismo.

Esto se refleja en la mayoría de los mensajes de la Presidenta, sobre todo los más recientes, teñidos ya de un indisimulable tono electoral, acusó Negri.

El legislador acusó a la Presidenta de violar el artículo 75 de la ley de servicios de comunicación audiovisual que ella promovió en 2009, en pleno enfrentamiento con los medios de comunicación críticos del Gobierno. Ese artículo reserva el uso de la cadena nacional para «situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional».

Para Negri, no caben las dudas. «Cristina Kirchner utilizó la cadena nacional la mayoría de las veces para situaciones que no fueron ni graves ni excepcionales, como tampoco para cuestiones de trascendencia institucional -enfatizó el diputado radical-. Ella transformó la cadena nacional en un medio de publicidad oficial que desnaturaliza por completo el instituto, los principios de la ley de medios, los derechos fundamentales en juego y los principios democráticos y republicanos.»

Atento a ello, Negri decidió presentar su denuncia ante la Defensoría del Público, organismo creado por la misma ley de comunicación audiovisual para recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias de la gente sobre el funcionamiento de los medios. Habrá que ver qué recepción le hará la Defensoría a la presentación de Negri; es sabido que ésta es presidida por una funcionaria kirchnerista, Cynthia Ottaviano, periodista y figura central del diario Tiempo Argentino, afín al Gobierno.

Un instrumento electoral

Para la oposición, el uso político y electoral de la cadena nacional por parte del kirchnerismo es ya elocuente. Basta remontarse al último discurso, el jueves pasado, en Chaco: allí no anunció nada ni se refirió a ningún asunto de trascendencia nacional. Por cadena nacional, apoyó a Jorge «Coqui» Capitanich como intendente de Resistencia. Por ese medio reclamó también a los dirigentes de su partido «un baño de humildad» para acotar la oferta electoral del oficialismo. Y, de paso, advirtió que su hijo, Máximo, «corre solo» con sus aspiraciones electorales.

La cadena oficial también fue utilizada este año para inaugurar un centro cultural y obras cloacales en La Matanza (el 31 de marzo); para poner en funcionamiento la planta de Atucha II (el 18 de febrero); para inaugurar un edificio municipal en Berazategui (el 23 de febrero) y un hospital pediátrico en Chaco (el 7 del actual). El año pasado interrumpió las transmisiones radiales y audiovisuales de todo el país para, entre otras cosas, anunciar el programa Progresar (el 22 de enero); presentar nuevos trenes de la línea San Martín (el 23 de abril); anunciar obras de saneamiento urbano y entregar premios de los juegos nacionales Evita, lanzar el programa Recuperar Inclusión, entre otros actos oficiales.

Cristina Kirchner refutó varias veces las críticas opositoras sobre el uso que le da a la cadena nacional. «Estamos dispuestos a bancar cadenas de estupideces, calumnias, refritos permanentes. Siempre dicen lo mismo [los opositores], están los 365 días del año en cadena», dijo también por cadena nacional, en un acto en el que presentó el boceto de un nuevo billete conmemorativo a la «Memoria, verdad y justicia», en homenaje a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En otro discurso presidencial, menos virulento, dijo: «La cadena nacional de una Presidenta son legales [sic]. Es, en definitiva, la obligación que tiene todo gobernante de dar cuenta de los actos. Yo no utilizo la cadena nacional para contar ni mi vida, ni para pedir que me voten, ni para pedir que me quieran más. Cada vez que utilizo la cadena nacional es para contarles a los argentinos las cosas que les quieren ocultar para seguir desinformando y para seguir entristeciendo el espíritu de los argentinos».

«La cadena nacional se ha tornado en una herramienta de publicidad oficial -retrucó Negri-. Obligar a la ciudadanía a escuchar a su Presidenta hablar sobre cuestiones que nada tienen que ver con actos de gobierno es propio de gobiernos de corte autoritario y populista.»

Algunas frases encadenadas

«La verdad, me siento un poco Napoleón» (1° de marzo de 2012)

«Debo ser la reencarnación de un arquitecto egipcio» (29 de agosto de 2012)

«En 2015 quiero ser jueza. No de la Corte. Apenas de primera instancia. Para que pueda tener una lapicera, un papel, una cautelar y firmar» (20 de junio de 2013)

«[La Argentina] es el país que más consume gaseosas en todo el mundo, duplicamos un poquito más las que consumíamos en 2003» (23 de febrero de 2015)

«Esta empresa multinacional acaba de invertir $ 60 millones para una nueva línea de producción para salchichas y jamón. Porque hay más argentinos que comen salchichas y jamón, señores» (28 de abril de 2015).

El caso Fayt develó uno de los proyectos más ambiciosos del cristinismo, pero también reveló hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr sus propósitos. Hasta la tortura psicológica de un hombre anciano. Perseguido, acosado y humillado, Fayt, que tiene 97 años, es sometido a niveles excesivos de un estrés inútil. Su vida podría correr peligro. Ayer, el juez Fayt habló por radio, obligado por el Gobierno a demostrar que está vivo, que piensa y puede expresarse. ¿Qué es eso si no un degradante tormento? Con los rasgos habituales de cierto progresismo (la humanidad es bella, pero el ser humano más cercano merece ser maltratado), el cristinismo está dispuesto a remover a Fayt como quien elimina un obstáculo despreciable. Fayt es la llave que mantiene activa la Corte Suprema de Justicia.

Cristina Kirchner ordenó esa operación y ella la monitorea personalmente. ¿Alguna duda? Ninguna después de que Hebe de Bonafini montara su habitual show estalinista de juicios populares, esta vez contra Fayt. Bonafini suele ayudar de esa manera a las soluciones que necesita el kirchnerismo.

También el protagonismo permanente en el caso de Aníbal Fernández o de Carlos Kunkel le pone el sello de autenticidad presidencial a la operación. O la designación de una diputada de La Cámpora, el reservorio del cristinismo más puro, al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. No hay dudas: el operativo de acoso y derribo de Fayt está dirigido por la Presidenta.

Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, se equivocó cuando deslizó que estaba dispuesto a renunciar por cansancio moral. Esa debilidad anímica duró pocas horas, hasta que lo hicieron comprender que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales. Lorenzetti modificó su decisión luego de una larga conversación con otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. La eventual renuncia de Lorenzetti habría dejado más solo a Fayt, que tiene una especial confianza en el presidente de la Corte. Lorenzetti es el enemigo actual más detestado por el cristinismo, pero el objetivo final es la renuncia de Fayt, no la de Lorenzetti. El presidente de la Corte habría seguido siendo juez del tribunal, aún si hubiera renunciado como titular del cuerpo. Es el integrante más joven de la Corte.

El cristinismo dispara a veces contra el espejo. La mayor objeción que hicieron a Fayt es que habría firmado en su casa el acta del acuerdo que reeligió a Lorenzetti como presidente por tres años más. Es una práctica habitual entre los jueces de la Corte. No obstante, si se aplicara el rígido criterio cristinista al Estado en general, todos los decretos de necesidad y urgencia de Néstor y Cristina Kirchner serían nulos. El artículo 99, inciso «c», de la Constitución, que regula las atribuciones del Poder Ejecutivo, señala que ese poder «no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo».

Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.

Ninguno de los dos Kirchner reunió jamás al gabinete de ministros, los dos firmaron muchos decretos de necesidad y urgencia, y ningún jefe de Gabinete llevó personalmente esos decretos al Congreso. Los ministros de los Kirchner firmaron, y firman, esos decretos en sus despachos o en sus casas y no saben, la mayoría de las veces, qué están firmando. Es Cristina Kirchner, y no Fayt, la que viola explícitamente la Constitución con la firma de los documentos más importante del Gobierno.

¿Por qué Fayt? Porque es un hombre viejo al que pueden golpear con saña, pero hay otra razón. La renuncia de Fayt dejaría a la Corte con tres miembros de los cinco que la componen: Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Todas las decisiones de la Corte deberían ser, en ese caso, por unanimidad. Tres son la mayoría de cinco. No se podría armar una mayoría de dos a uno, por ejemplo, porque el número de la Corte es más amplio que el de tres. Si se fuera Fayt, la Corte quedaría paralizada en los temas en que no hubiera unanimidad o debería convocar como conjueces a presidentes de las Cámaras Federales. Mientras esté Fayt, en cambio, la Corte puede decidir por tres votos a uno. En los pocos casos que se han dado hasta ahora, la mayoría de tres la integra Fayt junto con Lorenzetti y Maqueda. La minoría es el voto de Highton de Nolasco. Esa jueza se ofendió cuando propusieron a Roberto Carlés como miembro del tribunal; no puede concebir que el Gobierno haya pretendido colocar a ese jurista sin antecedentes ni experiencia en el máximo tribunal de justicia del país, que ella integra.

Sin embargo, Highton es una mujer emocionalmente cercana a los intereses del Gobierno. Suele sentir también una identificación de género con la Presidenta, a la que considera una mujer luchadora y sola. Reconquistarla es el propósito siguiente del cristinismo si pudiera derrocar antes a Fayt. En muchos temas altamente sensibles para el Gobierno no pueden descartarse finales de dos a uno en las votaciones de la Corte.

¿Hay temas sensibles por venir? Los hay. La cautelar que protege al Grupo Clarín de las tropelías de Martín Sabbatella, decidida por un juez de primera instancia y ratificada por una Cámara, acaba de ingresar a la Corte. La competencia por la investigación de lavado de dinero en empresas de la familia presidencial podría llegar también a la Corte. Sucedería si la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de la Capital emitieran decisiones contradictorias sobre dónde debe hacerse la investigación, que hoy lleva el juez Claudio Bonadío en la Capital. El caso iría primero a la Cámara de Casación y terminaría irremediablemente en la Corte Suprema, que es la que fija la competencia definitiva de los jueces.

También está en la Corte la decisión de un juez que frenó la designación masiva y arbitraria de fiscales por parte de Alejandra Gils Carbó. El dictamen de ese juez fue respaldado por una Cámara Federal. Casación podría resolver en los próximos días sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Según la información que trasciende, Casación suscribiría la definición de inconstitucional de ese tratado que decidieron un juez de primera instancia y una Cámara Federal. Después de que se expida Casación, el caso caerá en manos de la Corte Suprema. Sería improbable que la Corte modificara tres fallos anteriores que habrían declarado inconstitucional el tratado con Irán. Es improbable, vale aclarar, en una Corte con Fayt como juez.

En varios de esos expedientes, en efecto, puede adelantarse el voto a favor del Gobierno de Highton de Nolasco y el voto contrario de Fayt. Muchos de esos casos podrían resolverse en los próximos meses, antes o después de las elecciones presidenciales.

Sólo observando el papel actual de Fayt en la Corte y los temas que deberá tratar ese tribunal explican la ofensiva contra un magistrado anciano, frágil y lúcido. Un juez vale o no vale por sus sentencias. ¿Qué dictamen de Fayt podría catalogarse de disparatado, desubicado o erróneo? Ninguno. Sucede que la sola presencia de Fayt amenaza con desmontar parte de la panoplia kirchnerista. Pasa sólo eso. Es disparatado, en cambio, que Cristina Kirchner haya hecho redactar un proyecto para ampliar la Corte de cinco a nueve miembros, cuando fue ella la que bajó el número a cinco por respeto a la cantidad histórica de miembros del tribunal. El nuevo proyecto ya está escrito. Es el regreso audaz al menemismo y sus peores prácticas, la hipocresía de criticar lo que se remeda, el descenso de la gloria en alpargatas.

La expansión del amigo e inquilino de Cristina Kirchner hacia un nuevo mercado coincide con la anexión de más medios de comunicación. El anillo incluirá dentro de poco un canal de TV abierta. [ Ver: Cristóbal López paga millonarios alquileres a la Presidenta y sus hijos ]

Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.

López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.

Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.

La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.

Un hecho providencial despejó esa renuencia a desobedecer el consejo del GAFI. El miércoles de la semana pasada, Axel Kicillof promovió como directores del Central a tres de sus discípulos: Mariano Beltrami, Alejandro Formento y Bárbara Domatto Conti. Así, el ministro logró dominar la mayoría del directorio. Esos tres jóvenes, que todavía no obtuvieron el acuerdo del Senado, estrenarían el cargo entregando el banco a López. Un homenaje ideológico a su gurú: ahora que tiene su propia fuente de crédito, Cristóbal podrá dejar de financiarse con la AFIP, como ha venido haciendo. Con Kicillof el Estado siempre gana.

No debería sorprender que en el Central sean distraídos con las recomendaciones regulatorias. El encargado de esos detalles es Hugo Carlos Álvarez, a quien Martín Redrado nombró síndico. Álvarez es el contador de Osvaldo Sanfelice, quien fue socio de Cristóbal López en Talares de Posadas, y también su empleado en Álcalis de la Patagonia. Sanfelice es un nudo central en el entramado de negocios de la familia Kirchner. Socio de Máximo en la célebre inmobiliaria de Río Gallegos, fue también director de Hotesur y ocupó durante años una oficina en la petrolera de Cristóbal, Oil M&S. Allí lo había destacado Néstor Kirchner para asegurarse de que López y su mano derecha, Fabián De Souza, no le retacearan información.

Es comprensible que, para el escalafón kirchnerista, quien lleva la contabilidad de un jerarca como Sanfelice merezca la sindicatura del Central. Por si le faltaban antecedentes, Álvarez es socio de Víctor Manzanares, el contador de Néstor y Cristina Kirchner, en cuyo peritaje se basó el juez Norberto Oyarbide para sobreseer al matrimonio del delito de enriquecimiento ilícito. Hay que entender estas designaciones: son una nueva forma de declarar que la pretendida independencia del Central respecto del Poder Ejecutivo -o, en este caso, de la familia de su titular- es una rémora del neoliberalismo.

La demora en la aprobación del cambio de manos de Finansur no se debe sólo a la tímida resistencia de algunos directores. Fue el propio López quien pidió que se pusiera en pausa el trámite cuando su incursión empresarial en los Estados Unidos presentó algunos percances. El rey de las tragamonedas, Federico Achával y Ricardo Benedicto se asociaron en Florida a Dania Entertainment Center (DEC) para administrar la sala de juegos Dania Casino & Jai Alai. Al frente de DEC figuraban Harris Friedman, Louis Birdman, Bart Seidler y Eval Levy, quienes pertenecen a una red de testaferros profesionales investigados por la justicia y el periodismo.

Apenas comenzó a explotar ese casino norteamericano, López debió cerrarlo, acusado de evasión impositiva. Y, al descubrirse la red de testaferros, tuvo que comprar su parte a Friedman y sus amigos y transferirla a otra empresa de juegos de Miami. Si estos avatares hubieran encontrado a López como accionista de un banco, se hubiera configurado un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Por eso él solicitó al Gobierno que detuviera la asignación de Finansur. Aun así, todavía queda por aclarar la denuncia de los holdouts: ¿a quién pertenece la sociedad Val de Loire, radicada en Delaware, que Achával reconoció como socia del hipódromo de Palermo?

Con la intención de evitar este tipo de preguntas, López rodeó a sus empresas de un anillo defensivo integrado por C5N, Radio 10, Ámbito Financiero y Minuto Uno, entre otros medios. Ahora se prepara para adquirir, a través de la firma Telepiú, la licencia de uno de los canales de Televisión Codificada Aérea que concursa la Administración Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

También en este rubro López compite con prerrogativas inusuales: a instancias de su titular, Martín Sabbatella, pero con la negativa de los directores de la oposición, Marcelo Stubrin y Gerardo Milman, la Afsca asignó a López o a quien le compre esa frecuencia -por si debe deshacerse de ella para adecuarse a la ley de medios- 35 puntos de ventaja en el concurso.

López ha delegado el manejo de sus empresas periodísticas en De Souza, el mismo ejecutivo que administraba Oil M&S, bajo la mirada de «Bochi» Sanfelice. Es habitual que, cuando le plantean dificultades por esa área de negocios, Cristóbal se excuse: «No traigan problemas, porque todo esto se maneja desde Olivos.. Yo sólo atajo penales». El pretexto coincide con un dato: De Souza debe realizar visitas periódicas a la residencia presidencial para rendir cuentas de la marcha de su «monopolio».

Es muy entendible que un equipo político que armó esta arquitectura de negocios esté desvelado por el comportamiento de la Justicia cuando la Presidenta se haya alejado del poder. En los tribunales se realizan gestiones vertiginosas para cerrar expedientes inquietantes. La última demostración la ofreció el juez Luis Rodríguez, quien cerró la investigación de Carlos Liuzzi, el segundo de Carlos Zannini, sospechoso de encubrimiento por haber pedido a Oyarbide que no allanara la financiera Propyme. Ayer en los tribunales federales se informaba que el fiscal Ramiro González era sometido a un durísimo acoso oficial para que no apele esta medida.

La expresión más elocuente de este avance kirchnerista sobre el Poder Judicial es el intento de ocupar la Corte antes de dejar la Casa Rosada. La diputada María del Carmen Bianchi formuló una solicitud insólita: que se pongan en consideración de la Comisión de Juicio Político «los rumores» sobre que el ministro Carlos Fayt no podría ejercer su cargo por razones de salud.

Para perfeccionar el método, Aníbal Fernández exigió ayer que Fayt demuestre su idoneidad hablando con el periodismo a primera hora. Es curioso: mientras proponía esa extravagancia, Fernández reprochó a su colega Sergio Massa no saber nada de leyes. El jefe de Gabinete sigue disimulando que ha cursado la carrera de Derecho. A pesar de que todas las mañanas hace lo que le pidió a Fayt.

Fernández reconoció, además, que el Gobierno pretende agrandar la Corte para negociar con la oposición una nueva integración. Hace 24 días, él mismo había dicho que «prima facie hay que descartar la ampliación» del tribunal. Pero ayer aconsejó que en poco tiempo debe estar compuesto por nueve jueces. Fue una irreverencia: quien decidió que sólo debía tener cinco miembros es Cristina Kirchner. Para ratificar sus condiciones de jurista, Fernández dijo «sentir» cuál debía ser el nuevo formato. Se ve que por la vía de ese sentimiento entró a su «secunda facie».

Fuente: La Nación, 07/05/15.