NUEVA YORK – En otro revés para la Argentina, el juez Thomas Griesa dio luz verde al grupo de acreedores conocidos como «me too» para que puedan exigir los mismos derechos que obtuvieron en los tribunales de Estados Unidos los demandantes liderados por el fondo buitre NML.

La decisión aumentó el poder de negociación de los holdouts, al poner, en los hechos, a todos los acreedores que no llegaron a un acuerdo con el país en el mismo nivel que NML, Aurelius Capital, Blue Angel y los 13 ahorristas argentinos que obtuvieron el fallo a favor en la llamada «saga pari passu» que llevó a la Argentina a un nuevo default.

La orden judicial, de 26 páginas, firmada por Griesa ayer, alcanza a 36 reclamos judiciales de bonistas que, en conjunto, poseen bonos por 5300 millones de dólares. Dentro de ese grupo están los demandantes originales de la causa pari passu, los fondos NML, Aurelius Capital y Blue Angel; otros fondos de inversión, como Trinity o EM, de Kenneth Dart, y varios ahorristas. Estos acreedores deberán avanzar con otro pedido para definir el monto final de su reclamo.

El Gobierno dijo que apelará el fallo, al que calificó de «insólito» y «aberrante». En un comunicado, denunció una «extorsión» al país por parte del fondo de Paul Singer y mantuvo su argumento de que los «me too» no son nuevos litigantes.

También cargó contra el juez: «Griesa dictó otra lamentable sentencia en favor de los acreedores holdout, que se sumaron al reclamo original de los fondos buitre. La mayoría de estos me too son los mismos fondos buitre que ya obtuvieron una orden similar en el pasado, pero que ahora se disfrazan en nuevas causas con el objetivo de generar más presión y la pretensión de multiplicar la estratosférica ganancia que les ofrece el juez Griesa».

Uno por uno, el magistrado rechazó todos los argumentos presentados por los abogados que representan a la Argentina, del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para limitar los reclamos contra el país, y le concedió a un grupo de bonistas un pedido para reconocer que, en su caso, la Argentina también había violado el pari passu.

De quedar firme, la orden de Griesa pondrá a todos bonistas que litigaron contra la Argentina «en el mismo cuarto con derechos equivalentes», tal como dijo en la última audiencia el principal abogado de NML, Robert Cohen. «Tarde o temprano tenía que pasar. Se le acortan las piernas a Cristina», era la lectura que hacía ayer ante LA NACION un operador de Wall Street. Un analista de un banco de inversión, en cambio, le restaba dramatismo: «La Argentina tenía que arreglar con los «me too» para recomponer su relación con el mercado antes del fallo, que nada más formaliza ese hecho».

Los «me too» poseen, en total, bonos por 5400 millones de dólares, según documentos presentados por los abogados del país a la Justicia. Si se suman los intereses adeudados, el valor de sus tenencias asciende a 6500 millones de dólares. En total, la deuda en manos de los holdouts llega a US$ 15.000 millones.

La Argentina dijo en reiteradas ocasiones que si se les permite a todos los holdouts reclamar lo mismo que los fondos buitre, no podrá pagar. Carmine Boccuzzi, que lideró la ofensiva del país contra los «me too», había pedido a Griesa que limitara el reclamo de los holdouts. El juez optó por poner a todos los demandantes en el mismo nivel.

En la audiencia realizada a fines del mes pasado, Griesa reconoció las dificultades para llegar a un acuerdo si aumentaba tanto el monto por negociar como el número de acreedores en la mesa. Pero también dejó en claro que eso no era un impedimento para concretar un acuerdo. «Es muy importante que todas las partes, incluida la República, participen en las negociaciones por un acuerdo», había dicho el juez, en una señal de su intención de poner a todos los holdouts en igualdad.

La Argentina había intentado limitar la ofensiva de los «me too» con tres argumentos. El central era que estos bonistas no podían reclamar por la violación de la cláusula pari passu porque ya contaban con una sentencia a favor por sus bonos en default desde 2001. Era, por lo tanto, «una cosa juzgada».

Griesa disintió de esta interpretación. «El reclamo por falta de pago de capital e intereses es fundamentalmente diferente al reclamo pari passu«, escribió el juez en la opinión que acompañó su orden. «El reclamo por incumplimiento de la cláusula pari passu implica un conjunto completamente diferente de agravios», agregó luego.

Boccuzzi le había dicho al juez que poner a todos los «me too» bajo el paraguas pari passu tendría un efecto «destructivo» puesto que habría más acreedores con poder de veto para complicar las negociaciones, congeladas por el Gobierno. Parece que el juez Griesa tampoco se inmutó por esa advertencia.

El plan de congelamiento tarifario en el sector eléctrico que ordenó el Gobierno para el último año de su gestión comenzó a cobrarse víctimas en el sector privado.

Inversora Eléctrica de Buenos Aires, controlante de Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que dejó de pagar el vencimiento de la cuota de interés que debía abonar ayer por dos tipos de Obligaciones Negociables que suman 135 millones de dólares. La empresa aclaró, sin embargo, que no se puede hablar aún de un default porque para eso «se requiere que la falta de pago de intereses subsista por un plazo de 45 días calendario o más», por lo que la cesación de pagos es inminente.

EDEA es la mayor concesionaria eléctrica del interior de la provincia de Buenos Aires. Presta servicio en 17 localidades y tiene como clientes a otras 35 cooperativas.

En su comunicación al regulador bursátil, la empresa le echó por completo la culpa de su situación a la política oficial. «La problemática relativa a los ingresos de EDEA se agravó durante 2014 debido al impacto del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas suscripto entre el Gobierno y la provincia de Buenos Aires, autoridad concedente de EDEA, por medio del cual se congelaron las tarifas de EDEA al 31 de diciembre de 2013 por un plazo de 365 días.» Y aclaró: «Si bien los efectos de dicho congelamiento tarifario fueron paliados en forma parcial», por el reconocimiento de ciertas compensaciones, fueron destinadas a obras. Por todo eso, la empresa no tiene fondos para cancelar sus bonos.

El programa de Convergencia Tarifaria, una idea del ministro de Planificación, Julio De Vido, para evitar aumentos de luz, continuará este año, algo sobre lo que también avisó la controlante de EDEA. Advirtió que no está «en condiciones de asegurar que contará con los fondos necesarios para hacer frente a éste y a los futuros vencimientos de intereses bajo las Obligaciones Negociables».

Después de la experiencia del año pasado, las provincias no tenían intención de renovar el acuerdo en 2015. Lo hicieron, sin embargo, por la presión de Planificación.

Tanto las provincias como las distribuidoras critican que el Gobierno no cumplió con las transferencias que había prometido para hacer obras. Eso, sumado a una situación de escasa liquidez que ya traían las empresas, debido a que los costos crecieron más que sus ingresos, las colocó en una situación delicada.

En general, todas las distribuidoras pasan por una situación similar a EDEA. Por eso, hace poco menos de dos semanas el Gobierno les dio un subsidio que le permita comenzar a organizar sus cuentas.

Fuente: La Nación, 27/03/15.

WASHINGTON – La Argentina se encuentra desde ayer formalmente en desacato ante la justicia norteamericana por ignorar el fallo que emitió el juez Thomas Griesa para el pago de más de 1300 millones de dólares a los llamados «fondos buitre».

La inédita situación, cuyo alcance y significado no están claros y anoche abrían todo tipo de conjeturas, se produjo luego de que el gobierno de Cristina Kirchner optó por no presentar en tiempo y forma la apelación que originalmente había pedido. Según afirmó ayer la Corte de Apelaciones de Nueva York en un comunicado, el plazo se extinguió sin que los abogados del país hicieran acto de presencia. De todos modos, en el Ministerio de Economía lo niegan: afirman que el plazo para apelar vence pasado mañana.

La amenaza estaba latente desde septiembre pasado, en que Griesa dispuso por primera vez la figura. En su momento, el Gobierno sostuvo que no tiene «ningún sentido operativo», pero la usó para cargar contra el gobierno de Barack Obama. «Lo hago responsable por lo que pueda pasarle a la Argentina», afirmó entonces el canciller Héctor Timerman. «Como Estado, el país es responsable de las acciones de cualquiera de sus órganos. En este caso, de su Poder Judicial», abundó.

Juristas que en esta ciudad vienen siguiendo el caso no pudieron precisar efectos concretos. «Puede haber problemas de visado para funcionarios involucrados con la negociación de la deuda», arriesgó uno de ellos. Sí hubo coincidencia en que no se trata de un paso recomendable.

«La figura del desacato es grave en la jurisprudencia norteamericana. Para un individuo puede significar presiones y castigos importantes. Es más difícil determinar cómo puede aplicarse eso a un Estado soberano», se explicó a LA NACION. Para otros, como el abogado argentino Eugenio Bruno, «una de las cuestiones por considerar será saber hasta dónde quiere llegar el gobierno norteamericano» en el caso de que se le pidan sanciones contra la Argentina.

«Tal como se la conoce, la figura del desacato podía ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez la comunique al gobierno y pida intervención», añadió. La decisión quedó firme con un comunicado de apenas un párrafo que produjo la Corte de Apelaciones de Nueva York, a la que había recurrido nuestro país para intentar revertir la decisión de Griesa.

«Si los abogados de la Argentina no se presentan antes de la fecha máxima del 17 de febrero, la orden del juez quedará ratificada», sostuvo el texto, firmado por la responsable de su mesa de entradas, Catherine O’Hagan Wolfe.

El plazo caducó sin que los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representan al país, presentaran documento alguno. «Si no comparecieron fue por decisión de su cliente», dijeron fuentes judiciales. En el Ministerio de Economía, que en el pasado calificaron al desacato de Griesa como «una medida desesperada de un juez que no sabe qué hacer», no coinciden: afirman que tienen hasta pasado mañana para apelar.

Con la ratificación del tribunal revisor, la medida quedaría firme y sin más instancias jurídicas. Sí queda la salida política, que es la que viene proponiendo Griesa con una negociación fuera del tribunal. Por pura casualidad, el nuevo giro se produce al cumplirse dos años de otra situación inédita para la Argentina. En febrero de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la sancionó con una declaración de censura por la mala calidad de sus estadísticas.

La cuerda, cada vez más tensa

• Según informó ayer la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el país acaba de entrar en desacato por ignorar el fallo de Griesa y porque venció el plazo para apelar
• El Ministerio de Economía, en cambio, afirma que todavía queda plazo hasta pasado mañana para presentar la apelación
• Una situación de desacato podría desencadenar sanciones del gobierno de EE.UU.

Fuente: La Nación, 24/02/15.
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El Gobierno no está cumpliendo con los pagos de la deuda a los tenedores de bonos que aceptaron cobrar localmente, después del bloqueo impuesto por el juez neoyorquino Thomas Griesa el pago de títulos reestructurados en ese país.

Así lo denunció ayer la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd), una entidad que agrupa a bonistas locales afectados por estas determinaciones, al sostener que Nación Fideicomisos no había hecho todavía ningún desembolso a los inversores en deuda argentina que aceptaron cobrar en el país.

«Tenemos bonistas asociados que entraron en las reestructuraciones y que no han podido cobrar sus rentas, y nadie explica por qué», señaló a la agencia a Reuters Horacio Vázquez, directivo de Adapd.

Nación Fideicomisos es el agente de pago que el gobierno argentino designó tras relevar al Bank of New York (BoNY) de esa tarea, cuando impulsó el pago local a través de una ley. Reuters aclaró que esa entidad no había respondido las reiteradas llamadas y correos electrónicos que le fueron enviados para solicitar información al respecto. Y que tampoco había conseguido obtener comentarios de funcionarios del Ministerio de Economía, que conduce Axel Kicillof.

«El Banco Nación tiene actividad en Estados Unidos, entonces ¿qué sucede si paga y elude la orden del juez? Podría ser pasible de alguna sanción?», se preguntó Vázquez, refiriéndose a la entidad bancaria de la que depende Nación Fideicomisos a la hora de ensayar respuestas al incumplimiento.

La Argentina cayó técnicamente en un nuevo default a fines de julio, después de que se negó a acatar la orden de Griesa para pagar 1330 millones de dólares más intereses a los fondos que no se habían adherido a la reestructuración posterior al default de 2002 -conocidos como holdouts-, pero le ganaron un largo juicio.

Para tratar de obligar al país a cumplir ese fallo, el magistrado de Nueva York impidió algunos pagos de deuda reestructurada, lo que llevó al Gobierno a aprobar en septiembre una ley para canjear bonos externos por otros con domicilio local para tratar de reanudar los pagos. Pero, según la denuncia, estos pagos no fueron cubiertos aún.

Fuente: La Nación, 11/02/15.

El Gobierno afirma que no se apurará a negociar con los fondos buitre una vez que, mañana, venza la cláusula RUFO y que la oferta que les hará no diferirá demasiado de la que les hizo a los bonistas que ingresaron en el canje de deuda de 2010.

Así lo expresaron a LA NACION fuentes del Palacio de Hacienda, que indicaron que «el Gobierno tiene la voluntad de negociar, pero los fondos buitre no», pese a que el fondo NML declaró lo contrario. Desde el punto de vista económico, una de las razones que tiene el Gobierno para no acelerar demasiado la negociación, cuando caiga la cláusula que lo obliga a ofrecerles a todos los bonistas las eventuales mejoras que pudiera otorgarles a los buitres, es el temor a que «detrás de los fondos que ganaron el juicio por US$ 1600 millones vengan los llamados me too (con juicio, pero sin sentencia firme) y hasta los bonistas que ingresaron en los canjes», según la fuente de Economía.

Además, afirmaron, «no hay que descartar que algún fondo inversor que entró en los canjes consiga un juez tanto o más agresivo que Thomas Griesa y también nos demande por compensar a los buitres». Fuera del ministerio, una fuente del kirchnerismo admitió que no tiene sentido apurar la negociación porque la situación internacional no ofrece garantías de que la Argentina pueda emitir nueva deuda en los mercados.

Sobre la necesidad de reabrir el canje, en Economía dijeron que «está abierto desde hace dos años». Con estas precauciones, y con la tranquilidad de tener las reservas por encima de los US$ 31.000 millones, el equipo económico no transpirará para sellar el problema del default, que comenzó a fines de 2001.

En este sentido, insisten en que, «por ahora», la oferta que tienen pensado formularles a los holdouts es la misma que les ofrecieron a los bonistas que entraron en la reestructuración de 2010. Admiten que podrían moverse levemente si del otro lado observaran voluntad real de diálogo. Mientras tanto, apuestan a que mejore el contexto internacional y puedan reflotar el fallido canje del Boden 2015 y la emisión del Bonar 2024, de modo de aliviar el principal vencimiento de la deuda del año entrante.

En diálogo con LA NACION, abogados y economistas prevén que la negociación no será ni rápida ni exitosa. Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, dijo que un eventual arreglo le permitiría a la Argentina emitir bonos a una tasa de interés muy baja. «Si la Argentina arregla en enero sus problemas judiciales y si las tasas no aumentan en Estados Unidos, es muy posible que en julio los bonos argentinos a 10 años rindan alrededor de 6%. Ello permitiría que las empresas emitan deuda y acciones a costos mucho más razonables también. En cambio, si no hay arreglo en 2015, es posible que la declaración de desacato comience a tener efectos colaterales sobre el Banco Nación y el Central, que habrían auxiliado a la Argentina a violar una orden judicial al procesar los pagos sobre Nación Fideicomisos», explicó.

Marco Schnabl, socio del estudio Skadden de Nueva York, sostuvo que «después del 1º de enero seguirá todo más o menos como ahora, sólo que la excusa del RUFO desaparecerá y nos daremos cuenta de que sólo era una excusa para no negociar».

Eugenio Bruno, del estudio Garrido, dijo que «sería muy positivo para el país poder resolver la situación de toda la deuda en default con un plan integral, que le permitiría a la Argentina emitir a una tasa de un dígito». Además, afirmó que «es recomendable arreglar con los me too, dado que, de no hacerlo, no se podrá reacceder al mercado de capitales».

Por su parte, el abogado especialista en deuda Lucas Piaggio indicó que «en algún momento de 2015, previsiblemente antes de las elecciones primarias, el Gobierno llegará a un acuerdo con los acreedores porque para favorecer a su candidato va a querer demostrar que le puso fin a este problema». Y pronosticó que los buitres no aceptarían una quita superior al 30%.

Horacio Liendo, del estudio homónimo, dijo que «si bien la cláusula RUFO no regirá más, subsistirá la ley 26.886, continuadora de la ley cerrojo, que impide al Gobierno ofrecer mejores condiciones que las de los canjes anteriores, por lo que ahora no habrá efecto práctico alguno». Sí habrá consecuencias: «Si no hay acuerdo, el país se mantendrá fuera del mercado internacional de capitales en un año con fuertes restricciones cambiarias, vencimientos de la deuda y un déficit fiscal creciente», expresó.

Entre los economistas, Ramiro Castiñeiras, de Econométrica, y Eduardo Levy Yeyati, de Elypsis, indicaron que el Gobierno negociará, pero sin cerrar un acuerdo. «El swap con China le da aire para estirar todo 2015 sin un arreglo», dijo Castiñeiras. Para los buitres, según Levy Yeyati, el incentivo para acordar ahora «dependerá de lo que piensen sobre el próximo gobierno: si piensan que será una continuidad del kirchnerismo, arreglarán ya, si no, esperarán al próximo presidente», que asumirá en un año.

En términos similares, Eduardo Curia expresó que «el Gobierno no está urgido, aunque si lograra un acuerdo, podría emitir deuda a una tasa baja».

Las caras visibles del reclamo «buitre»

 

 

El portfolio manager del fondo Elliot Management, Jay Newman, y el abogado Robert Cohen, de la firma Dechert, que representa a NML Capital, en agosto pasado, al salir de una audiencia en los tribunales de Nueva York con el juez Thomas Griesa y los abogados de la Argentina. En aquel entonces hubo diálogo, pero no acuerdo. A partir de enero las partes podrían volver a estar cara a cara.

Fuente: La Nación, 31/12/14.

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Eso significa que los llamados «mee too» (yo también) que se presentaron ante el juzgado de Thomas Griesa ya superan en el conjunto de su demanda a los promotores originales del fallo, que -entre capital e intereses- demandan cerca de 1600 millones de dólares.

Sumadas ambas demandas -la original del fondo de Paul Singer y la de los «me too» en conjunto- la cifra totaliza cerca de 4.000 millones de dólares.

Ese es el monto que podría estar sobre la mesa del negociador especial Dan Pollack, a quien el juez Griesa acaba de dotar con «poderes especiales» para que negocie un acuerdo de pago con el conjunto de los acreedores que se presentaron ante su juzgado y que tienen condiciones «similares» a las del fallo de Singer.

La cifra de los llamados «Me too» llegó hoy a los 2300 millones de dólares con una nueva presentación que acaba de concretar el fondo Bracebridge Capital, que asegura poseer papeles por 1.100 millones de dólares.

En similar condición a la de Bracebridge se encuentra el fondo de Kennneth Dart, que días atrás hizo un reclamo por 835 millones de dólares, así como una decena de presentaciones por montos menores.

En conjunto, todas ellas llegan a los 2.300 millones de dólares, que deben sumarse a los cerca de 1600 del reclamo original.

Tal como adelantó días atrás LA NACION, el juez Griesa dio «poderes especiales» al negociador Pollack para que incorpore todas las demandas llegadas a su juzgado en un eventual acuerdo de pago con la Argentina.

La cifra de 4.000 millones de dólares podría seguir creciendo con otros demandantes.

Entre ellos, el propio Singer, que estaría interesado en convertirse en un «me too» con las causas que tienen sentencia firme en contra de nuestro país, pero que no fueron beneficiadas con la fórmula de pago del «pari passu«, confirmada por la Corte Suprema de este país en junio último.

Fuente: La Nación, 07/11/14.