Bonos en el subsuelo, CDS por las nubes.
Por Javier Blanco.
El mercado no discutió sobre el default: vendió todo papel argentino
Los inversores mostraron no tener dudas sobre cómo deberían catalogar el evento de la tarde de anteayer: a juzgar por las decisiones que tomaron en sus apuestas de negocios de ayer, la Argentina ingresó otra vez en un default.
El encarecimiento del 87% que mostró el costo de los seguros contra un default (CDS) argentino ayer, al pasar de 1481 a 2773 puntos básicos, así permite inferirlo. Tanto como el aumento del 13,3% que registró la tasa de riesgo país; los derrumbes del 9% que mostraron las acciones argentinas en Nueva York; el derrape del 8,4% que sufrió la bolsa local o las fuertes y generalizadas desvalorizaciones con que cerraron la jornada los bonos de la deuda, aun aquellos «protegidos» por la ley argentina y emitidos en pesos.
Semejante panorama, si bien estuvo alimentado en buena medida por las fuertes alzas registradas en la jornada previa (cuando el mercado hizo su última apuesta por un arreglo), no deja lugar a dudas sobre el dictamen del mercado.
Los analistas incluso advierten que, en la medida en que la situación no se modifique en breve, las pérdidas vistas ayer pueden llegar a ser consideradas nimias.
«Es obvio que cuantos más días pasen sin que se solucione el problema, más se verán afectados los precios de los diferentes activos argentinos», advirtió Gabriel Holand, director ejecutivo de HR Global, una compañía especializada en asesoramiento de proyectos de inversión.
En esta línea, por caso, si la apuesta oficial fuera recurrir a la Corte Internacional de La Haya sin otro plan B, la tendencia bajista podría espiralizarse. «Sería una pérdida de tiempo. Hay que buscar otra manera de solucionar el conflicto porque ahora tenemos un universo potencial de litigantes mucho mayor», advirtió el ex secretario de Finanzas Daniel Marx.
Con todo, el mayor riesgo que percibe de aquí en más el mercado radica en la posibilidad de que los bonistas reúnan la masa crítica necesaria para pedir la aceleración de los pagos, tal y como se teme en el caso del bono Par.
Ola de derrumbes
No por nada ese bono lideró ayer la ola de derrumbes al hundirse hasta 9,5% en el mercado extrabursátil (MAE). Pero el dato más significativo del impacto que esta situación tiene en el mercado fue que la ola de pérdidas abarcó a la totalidad de los bonos de la deuda argentina, sin discriminar monedas, plazos ni jurisdicciones.
Así, mientras derraparon del 6 al 8% el resto de los bonos en dólares, cayeron del 2 al 6% los nominados en pesos que supuestamente no corren riesgo de sufrir ningún tipo de impagos. Ocurre que el mercado espera, de aquí en más, una mayor presión sobre el dólar que hasta podría derivar en otro salto del tipo de cambio en los próximos meses. Esa expectativa está detrás de la suba del 2,6% que mostró el precio libre del dólar en el mercado paralelo, al trepar de $ 12,38 a 12,70.
La situación de los CDS puede quedar definida hoy, luego de que el banco UBS le pidiera ayer a la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) que se expida sobre si el país está técnicamente o no en cesación de pagos.
Fuente: La Nación, 01/08/14.
Negación: (psicología)
La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto.
Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo negándose a reconocer algunos aspectos dolorosos de la realidad externa o de las experiencias subjetivas que son manifiestos para los demás. El término negación psicótica se emplea cuando hay una total afectación de la capacidad para captar la realidad. Ejemplo: Fumar provoca cáncer, pero la persona lo niega e incluso estima que es favorable para su salud porque le resulta placentero.
Fuente: Wikipedia, 2014.
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Cristina le dio un cierre definitivo a la negociación y negó que haya un default.
Por Mariana Verón.
Con un llamado a la unidad nacional, la presidenta Cristina Kirchner le dio ayer un cierre definitivo a la negociación con los fondos buitre. Descartó un acuerdo entre privados con duras críticas a los banqueros que lo propiciaban, dijo que no firmará cualquier pacto y anticipó que usará los mecanismos a su alcance para cumplir con el pago a los bonistas que aceptaron la reestructuración de la deuda.
En un extenso discurso por cadena nacional, desafió a la justicia norteamericana y a las calificadoras de riesgo que anunciaron que el país había ingresado nuevamente en un default selectivo y reiteró su pedido para encontrarle un nuevo nombre a la imposibilidad del Estado de concretar los pagos de vencimientos con quienes ingresaron a los canjes de 2005 y 2010.
Rodeada de la militancia que copó la Casa Rosada, Cristina le dio un fuerte respaldo al ministro de Economía, Axel Kicillof, cuestionado por los banqueros que lo habían acusado de haber provocado con su conferencia de prensa de anteayer la caída de un supuesto acuerdo para comprarles la deuda a los fondos buitre. El funcionario fue el más aplaudido de la tarde en la que la militancia de Unidos y Organizados le dispensó todos los elogios.
«Ya sé que están todos esperando que hable de otra cosa y no los voy a defraudar», arrancó, con una frase de Carlos Menem, cuando terminó de anunciar una batería de medidas para recuperar la iniciativa. Entre los anuncios, anticipó un aumento para los jubilados del 17,21 por ciento, y la creación de un fuero especial en la Justicia para la defensa de los consumidores que implicará, además, una profunda reforma para darle más poder al Estado en el control de precios. Estaban en primera fila del Salón de las Mujeres el presidente del Consejo de la Magistratura, Alejando Sánchez Freytes, y el titular de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, ambos jueces críticos del Gobierno. Además, hubo trece gobernadores que firmaron ayer nuevas prórrogas en sus vencimientos de deuda con la Nación, entre ellos el gobernador Daniel Scioli, y escasos representantes gremiales, con la notoria ausencia de Antonio Caló.
La Presidenta retomó sus críticas a la justicia norteamericana y al sistema financiero internacional recordando un viejo discurso de Néstor Kirchner de febrero de 2004 que leyó completo. Tenía palabras casi calcadas del mensaje que transmitió el Gobierno en las últimas semanas para negarse a aceptar pagarles a los fondos buitre lo que llamó la sentencia «usuraria» del juez Thomas Griesa. «Para los que prenunciaban que habíamos cambiado», desafió, y dijo que como había dicho el ex presidente aquel verano antes de la renegociación de la deuda, su posición no era ni «capricho» ni «intransigencia».
Enseguida, la Presidenta se quejó del comunicado que emitió el mediador dispuesto por el magistrado en la negociación, Daniel Pollack, a quien acusó de haber sido parcial. «Sentimos pena. Impedir que alguien cobre no es default», se defendió. Sin dar precisiones, anticipó que usará «todos los instrumentos legales que contienen los contratos» de deuda para cumplir con el 92 por ciento de los bonistas reestructurados, pero se guardó el detalle sobre los pasos que tomará. Después hizo una comparación con los bombardeos en la franja de Gaza, cuando dijo que la Argentina sufre la «violencia de los misiles financieros».
Cristina cerró ayer cualquier posibilidad de concretar un acuerdo y recordó que Kicillof les había propuesto a los fondos litigantes que aceptaran ingresar a un tercer canje. También dio por tierra con las supuestas gestiones entre privados para comprar la deuda de los holdouts y apuntó directo a la cabeza de esa jugada, el presidente de Adeba y titular del Macro, Jorge Brito. «Algunos aparecían como generosos. Para ser San Martín tenés que tener el coraje y la honestidad para decir las cosas como son», lo espetó. Se refería a lo que más temprano había explicado Kicillof sobre la posibilidad de pagar con ganancias de los ahorristas. «Así también yo soy generosa y pago», le retrucó.
Cristina volvió a referirse al fin de su mandato y le envió un dardo a Sergio Massa cuando sostuvo que no firmar un acuerdo implicaba beneficiar al próximo gobierno. «Para uno que me anda contando los días», disparó sobre la nueva campaña del líder del Frente Renovador. «Para mí sería muy fácil firmar y quedar como una reina, pero no podría dormir. Me siento con una responsabilidad ante la historia», remató hacia el final, para llevarse la ovación de la militancia, que cubrió tres patios de la Casa Rosada..
Fuente: La Nación, 01/08/14.
La Presidenta y Kicillof en el acto en la Casa Rosada, anoche: sonrisas y complicidad. Foto: LA NACION / Santiago Filipuzzi
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Tomado de una consulta en Internet (previa y no vinculada a eta noticia)
¿Cómo se le llama a una persona que niega la realidad?
Hola amigos. Necesito un adjetivo que indique a una persona que niega la realidad. No en el sentido patológico, que sería un psicótico o esquizofrénico, sino en el sentido cotidiando o coloquial.
Mejor respuesta: (Elección de la persona que preguntó)
–Fantasioso. Terco, ¡por no aceptar las cosas tal como son!
Otras respuestas:
–Mentiroso, por eso es que niega la realidad y prefiere inventarse un mundo.
–Imbécil.
–Idiota.
–Terco.
–Testarudo.
–Ignorante.
Fuente: https://ar.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120709201307AAxDdFF
El Merval finalizó la rueda bursátil con un derrumbe de 8,38%, hasta situarse en las 8.187,99 unidades, por la preocupación que genera entre los inversores el fracaso de la negociación de la Argentina con los fondos buitre.
Los ajustes más significativos los sufrieron: Pampa Energía (10,77%), Edenor (10%) e YPF (9,95%).
Fuente: ElCronista.com, 31/07/04. – 17:25 hs
Las dos caras: relato y realidad.
Por Joaquín Morales Solá.
Joaquín Morales Solá
La Argentina está desde ayer en default. La segunda cesación de pagos en 12 años y siete meses. ¿Será esta vez un default de días, de meses o de años? La respuesta está en el «acuerdo entre privados», de cuya posibilidad habló ayer el ministro de Economía, Axel Kicillof. Fue un relámpago dentro de su catarata verbal, durante la cual repitió muchas cosas y no anunció casi ninguna. Sin embargo, ese acuerdo entre privados, fundamentalmente bancos locales y holdouts, seguía siendo anoche la única y más seria perspectiva, aunque las palabras del propio ministro habían frenado en seco esas negociaciones.
El conflicto tiene claramente dos caras. Una es la que muestra el Gobierno. Intransigencia, dureza, pertinacia.
Su vocero fue Kicillof. En su conferencia de prensa en Nueva York, hizo un largo recorrido de las posiciones del gobierno argentino y de las pretensiones de los fondos buitre. Pero omitió introducir en su análisis un aspecto fundamental del conflicto: esos fondos tienen a su favor una sentencia del juez Thomas Griesa, confirmada por una Cámara de Apelaciones y respaldada indirectamente por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sólo mencionó esos fallos para criticarlos políticamente, pero les negó la importante participación jurídica que tienen en la conformación de la crisis.
En otras palabras, Kicillof recurrió al manual básico del kirchnerismo: ignoró lo que no le conviene. Hasta ese momento sucedía la habitual y previsible construcción de un relato épico. Cristina se quedaba con la patria y despreciaba a los buitres. En otro lugar de Nueva York, los bancos locales negociaban, empujados por el Gobierno, con los buitres. La negociación estaba muy avanzada. Ya no se trataba sólo de una garantía de 250 millones de dólares que los bancos argentinos depositarían en el juzgado de Griesa; también se negociaba la compra del total del juicio ganado en los tribunales neoyorquinos. Se estipuló, incluso, una primera entrega de 600 millones de dólares. El juicio ganado es por 1330 millones de dólares, aunque con los intereses acumulados llegará a fin de año a 1660 millones. Es una cifra importante para cualquier gobierno, empresario o grupo de empresarios.
En medio de su torrente verbal, cuando mostraba una intransigencia sin fin, Kicillof hizo mención de la ley 26.886 (aunque no la nombró específicamente), que les prohíbe a los funcionarios públicos argentinos pagar más que lo que el Gobierno concedió a los bonistas que refinanciaron sus deudas. Las conversaciones entre banqueros y holdouts se pararon de inmediato, quedaron congeladas en ese momento crucial. ¿Cómo? ¿Bancos y empresarios argentinos comprarían bonos al 100 por ciento de su valor para recibir luego sólo el 35 por ciento? Griesa ordenó que se les pagara a los holdouts el total del valor de los bonos en default más los intereses acumulados. Los fondos podían hacerles a los bancos una quita en los intereses a cambio de un pago en efectivo en plazos rápidos, pero no renunciarían al beneficio de una sentencia favorable.
Para peor, un borrador del acuerdo preveía que los bancos se harían cargo de los primeros pagos (600 millones de dólares) hasta diciembre y que luego el Gobierno saldaría el resto de la deuda. En caso de incumplirse los pagos posteriores, las entregas anteriores quedarían en manos de los fondos y el acuerdo se reduciría a nada. Kicillof los previno a los bancos, tal vez involuntariamente, que podrían quedar con 600 millones de dólares en el aire.
Aquella ley, la 26.886, es de octubre del año pasado. Plena era cristinista. Fue la ley que levantó la ley cerrojo, que prohibía al Gobierno hacer nuevas ofertas de canje de deuda. Levantó un cerrojo y puso otro. Esa ley puede cambiarse, como toda ley.
Su modificación requeriría, no obstante, un trámite parlamentario y su consiguiente costo político. Los banqueros podrían reclamar en el futuro el pago de esa deuda y pedir el cambio de la ley. ¿Qué diría el kirchnerismo en ese caso? ¿Aceptaría la deuda? ¿O se encerraría en que sólo hubo un «acuerdo entre privados»? Los representantes de las entidades financieras ya se imaginaban con el anatema de «vendepatrias», «cipayos» o «traidores a la patria». Los típicos insultos del cristinismo cuando carece de argumentos. Los banqueros prefirieron levantarse de la mesa, saludar y dar por concluidas las negociaciones.
Dar por concluidas las negociaciones tiene un sentido diferente para el mundo de las finanzas. Para cualquier otro mortal significa cerrar definitivamente una página, clausurar una etapa, olvidarse de que existió una contraparte en un conflicto específico. Para los banqueros, todas las cosas son más relativas. Significa que la negociación se cayó ayer, y tal vez hoy. Pero nadie descarta que pueda retomarse en los próximos días, sobre todo después de que han estado tan cerca de un acuerdo.
La actitud del Gobierno es inexplicable. Los banqueros estaban en Nueva York porque el Gobierno los espoleó. Una versión asegura, incluso, que el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, estuvo reunido en Puerto Madero con algunos dueños de bancos hasta la madrugada de ayer. Es imposible la versión de que existió sólo la posibilidad de «un acuerdo entre privados». ¿Acaso puede imaginarse a un grupo de banqueros ofreciendo cientos de millones de dólares sin la garantía de que les serían devueltos? Al revés, los banqueros retrocedieron cuando advirtieron que las promesas verbales podrían no cumplirse. «El dinero de los bancos no es nuestro, sino de los depositantes. No podemos ir hacia un quebranto garantizado», dijo ayer uno de ellos, después de escuchar a Kicillof.
El problema es que el Gobierno no es uno solo. Una línea une a Capitanich con el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. Fábrega fue el que negoció con los bancos. Otra línea fusiona a la Presidenta con Kicillof. También es inverosímil que Fábrega y Capitanich hayan llegado tan lejos sin el consentimiento de Cristina Kirchner. ¿Influyó más Kicillof, al final, que Fábrega y Capitanich? ¿O, quizás, a Kicillof se le escaparon palabras de más en la construcción de un discurso heroico? ¿Fue, en cambio, la propia Presidenta la que modificó su opinión sobre la marcha del proceso que ella misma instigó?
Todo puede ser, pero el primero que vio la condición inevitable del default fue Daniel Pollack, el facilitador nombrado por el juez Griesa. Lo dijo en párrafos claros y precisos. Era la única persona que contaba con toda la información, la que provenía del gobierno argentino, la que le suministraban los banqueros y la que recibía de los fondos buitre. El aparente fracaso no puede dejar las cosas como estaban. Fábrega tambaleaba anoche. Dicen que se quiere ir. Capitanich quedaba otra vez desautorizado. ¿Qué dirán los bancos desde una situación política ciertamente incómoda, a la que los condenó el Gobierno? Silencio. Nadie habla, por ahora.
El país ingresó en un territorio imposible de predecir. Un default es un default, aunque sólo durara pocos días. Será mucho peor mientras más dure. El argumento de Kicillof sobre que no habrá default porque la Argentina les paga a sus acreedores vuelve a ignorar la sentencia de Griesa. Ese fallo anticipó que embargaría los pagos a los bonistas que entraron a los canjes para saldar la deuda del juicio perdido por el gobierno argentino.
En los próximos días podría caer, además, toda la deuda reestructurada ante la falta de pago. Una cláusula de los canjes dice que un incumplimiento puede derrumbar toda la reestructuración. La Argentina volvería a las condiciones que vivió en 2002. La muy mala situación actual de la economía (recesión, inflación, déficit fiscal, creciente desempleo) podría empeorar. El recorrido del kirchnerismo se parecería, en tal caso, a un círculo perfecto: terminaría en el mismo lugar donde todo empezó..
Fuente: La Nación, 31/07/14.
Daniel Pollack: «No se logró un acuerdo y Argentina caerá en forma inminente en default»
El mediador designado por el juez Griesa fue claro sobre la falta de acuerdo ente el Gobierno y los fondos buitre
Daniel Pollack (ver foto), el abogado nombrado por el juez Thomas Griesa para mediar en la disputa entre Argentina y acreedores de deuda incumplida dijo hoy que no se alcanzó un acuerdo entre las partes y que «la República de Argentina inminentemente estará en default».
En un comunicado, Daniel Pollack aseguró que la cesación de pagos «no es una mera condición ‘técnica’, sino que es un evento real y doloroso que perjudicará a la gente», incluyendo a los ciudadanos argentinos, a los tenedores de bonos canjeados y a los inversores denominados «holdout».
«El ciudadano común argentino será la víctima real y última», afirmó Pollack en el comunicado. «Las consecuencias totales del default no son predecibles, pero ciertamente no son positivas», agregó.
Fuente: La Nación, 30/07/14 – 19:56 hs.
Por Mike Cherney
July 30, 2014 2:44 p.m. ET
Argentina enfrenta hoy miércoles 30/07/14 la fecha límite para realizar un pago de deuda de más de US$500 millones, pero parece poco probable que los bonistas reciban el dinero a tiempo. En el centro del caso está un fallo de una corte de distrito de Estados Unidos de 2012 que prohíbe a Argentina pagar a los bonistas que aceptaron canjes de deuda hasta que les pague también a los holdouts.
Pregunta: ¿Entrará Argentina en cesación de pagos?
Respuesta: Si un pago de deuda no es transmitido antes de la medianoche del miércoles, Argentina entrará en default de acuerdo con los documentos de los bonos, dicen expertos en leyes. El gobierno, sin embargo, podría continuar sosteniendo que no está en cesación de pagos. De ser necesario, una corte podría tener que decidir, aunque expertos legales dicen que el reclamo de Argentina sería débil.
P: ¿Cómo puede Argentina defender su postura de que no está en default?
R: Los funcionarios argentinos aseguran que han cumplido con sus obligaciones al transferir el dinero al fideicomisario. Argentina depositó el efectivo en Bank of New York Mellon Corp. para un pago de intereses que se vencía el 30 de junio sobre algunos de los bonos que emitió en las reestructuraciones.
No obstante, debido al fallo de 2012, el banco no puede distribuir el dinero a los inversionistas sin arriesgarse a desacatar la orden del tribunal. Expertos legales señalan que los documentos de los bonos indican que para que se realice el pago, el dinero debe ser entregado por el fideicomisario. Enviar el dinero al banco de fideicomiso «no es suficiente para su obligación de pago», dice Jonathan Zonis, abogado de Clifford Chance.
P: ¿Qué derechos tienen los bonistas?
R: Si no reciben el dinero, los inversionistas que poseen los bonos afectados podrían presentar una demanda para «acelerar» los pagos, con el fin de que Argentina pague de inmediato no sólo los intereses, sino también todo el principal de la deuda. Un inversionista, o un grupo de inversionistas, que posea 25% de una serie de bonos en circulación cumpliría con los requisitos para presentar la demanda de aceleración.
P: ¿Qué pasaría si los bonistas presentan una demanda para acelerar los pagos?
R: Una demanda de aceleración aumentaría la presión sobre Argentina y les daría más razones a los inversionistas para que demanden al gobierno, ya que su reclamo monetario sería mayor. Tal demanda también podría activar una estipulación de «cross default», lo que significa que los inversionistas que poseen otros bonos nuevos también podrían presentar una demanda de aceleración incluso si sus bonos no debían recibir un pago el 30 de junio.
P: ¿Por qué Argentina no les paga a los holdouts?
R: Los nuevos bonos tienen una cláusula de trato igualitario, llamada Rights Upon Future Offers, o RUFO (algo así como Derechos sobre ofertas futuras), que estipula que si los holdouts reciben una mejor oferta, la misma propuesta deber realizarse a los tenedores de bonos reestructurados. La cláusula expira al final de este año.
Analistas dicen que Argentina podría argumentar que cualquier oferta no sería «voluntaria» debido al litigio con los holdouts y que por lo tanto no debería activar la cláusula. Los nuevos bonistas podrían sostener lo contrario.
P: ¿Qué pasará con los precios de los bonos argentinos?
R: Los analistas dicen que la reacción inmediata el día del default podría derrumbar el precio de los bonos a 50 o 60 centavos por dólar frente a los más de 90 centavos en los que se cotiza hoy, ya que algunos inversionistas podrían verse forzados a vender si no se les permite tener bonos en default. No obstante, pocos creen que los precios caerán a niveles vistos durante la cesación de pagos de 2001. En aquel entonces, los bonos argentinos cayeron a cerca de 30 centavos por dólar.
P: ¿Qué sucederá con los seguros contra la cesación de pagos de los bonos argentinos?
R: Un comité de un grupo de cotización de derivados tendrá que decidir si Argentina se ha declarado en default para efectos del seguro.
P : ¿La calificación de deuda de Argentina se vería afectada?
R: Standard & Poor’s actualmente le da a Argentina una calificación a largo plazo de menos triple, lo cual ya se considera «chatarra». Si el país no hace su pago de intereses, S&P dijo que reduciría la calificación a «default selectivo«, lo que significa que el país cumple con sus obligaciones en algunos bonos y en otros no.
Fuente: The Wall Street Journal, 30/07/14. (Antes de la Noticia del No acuerdo con los Holdouts.)
La necesidad de preservar la magia del relato.
Por Joaquín Morales Solá.
Ayer, cuando caía la noche, el gobierno de Cristina Kirchner parecía haber encontrado una puerta para apartarse del abismo del default. La salida estaba, era visible y sencilla, pero la construcción de un discurso épico la evitó durante demasiado tiempo. El telón se abrió y sobre el escenario cayó también la impostura de un discurso engañoso. Cristina es, al final del día, una Kirchner: gira centímetros antes de estrellarse contra una pared.
La solución consistiría en entregarle al juez Thomas Griesa una garantía de 250 millones de dólares. Los fondos que ganaron el juicio deberían pedirle luego al magistrado que reinstale el stay (cautelar) y el país pueda pagar hoy el vencimiento de los bonos canjeados en 2005 y 2010.
Hoy es el último plazo antes del default. Si la solución se concreta, el país habrá eludido la cesación de pagos por lo menos hasta el 30 de septiembre, cuando habrá otro vencimiento de bonos argentinos.
La eventual solución llegó ayer de parte de ungrupo de bancos locales que se comprometieron a aportar el dinero para la caución. El Gobierno prefería hablar de un gesto voluntario de los bancos, que era su manera de seguir edificando una leyenda de intransigencias.
Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la iniciativa es comandada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega , que presionó sobre las instituciones financieras. Algunas de ellas habrían señalado que su aporte está condicionado al contenido del acuerdo.
Todos habían encontrado un precedente en la gestión del presidente Carlos Pellegrini (1890-1892), que les reclamó a banqueros, estancieros y comerciantes de su tiempo un préstamo urgente para poder enfrentar la crisis de la deuda pública.
El país atravesaba un grave conflicto político y económico. Pellegrini consiguió el préstamo y logró luego una moratoria para el pago de los compromisos nacionales en los mercados financieros internacionales.
Anoche, el equipo económico (con Axel Kicillof a la cabeza) negociaba en Nueva York la letra chica del acuerdo con los holdouts. Los denostados fondos buitre pedían varias garantías adicionales a la caución que colocaban los bancos. No se conformaban sólo con el dinero. El propio juez Griesa habría deslizado que estaba dispuesto a firmar la reinstalación del stay, aunque, aclaró, lo haría por última vez. Desde ya, el juez firmaría la nueva cautelar sólo si se la pedían formalmente los fondos especulativos. El caso no estaba definitivamente cerrado, aunque en el mercado financiero local se estimaba que «existe un 80 por ciento de posibilidades de que las cosas terminen bien».
Terminar bien significa que el país no entraría hoy en default y que tendría un plazo de 60 días para negociar cómo pagará el juicio que ya perdió. El Gobierno buscaba despegarse de la solución: la plata la pondrán los bancos y el stay lo pedirán los holdouts. La apariencia (que es lo que realmente le importa al cristinismo) indicaría que el Gobierno ganó con sólo decir que no. La trama oculta de la verdad es muy distinta. La administración presionó a los bancos locales y los fondos buitre no pidieron la cautelar mientras no tuvieron una garantía en dinero contante y sonante.
Entregar una caución al juez, mientras se negocian las formas del pago definitivo, es la solución más habitual que existe en esta clase de juicios. Es lo que llevó hace varias semanas a Elisa Carrió a decir que «entraremos a un default por una cartera Louis Vuitton». Sin embargo, la administración de Cristina Kirchner pasó el último mes desafiando al juez, increpando a los fondos buitre y eludiendo el análisis de la solución más fácil. El único argumento que mostró señalaba que entregar una caución podía disparar la cláusula RUFO, que obliga al Gobierno a generalizar a todos los bonistas cualquier mejora parcial que hiciera voluntariamente a un grupo de acreedores.
Una caución no significa una mejora para nadie. Expresa sólo que el Gobierno decidió resolver el problema y que necesita tiempo para encontrar una solución. Una caución es dinero que queda en manos del juzgado de Griesa como una garantía. Es nada más que eso. Desde ya, el Gobierno, al revés de lo que le pasaba a Carlos Pellegrini, no necesita que le presten 250 millones de dólares. Están en las reservas del Banco Central. Sólo necesitaba conservar la estructura de un discurso que hasta había subestimado las consecuencias del segundo default en poco más de 12 años.
Ahí empiezan las contradicciones. Si a la administración no le importaba una cesación de pagos, ¿para qué presionó a los bancos para que juntaran esa cifra? ¿Es, acaso, una decisión voluntaria de los bancos? ¿No podía el Gobierno, en tal caso, negarse a recibir ese aporte, que tendrá que devolver más pronto que tarde? ¿Para qué viajó a Nueva York el ministro Kicillof si sólo se hubiera tratado de un acuerdo entre bancos locales y los fondos buitre?
El montaje del relato sucedió hasta última hora. La propia Presidenta usó ayer el ámbito del Mercosur para descalificar duramente a los holdouts y, lo que es peor, para maltratar al juez Griesa. O existió un acuerdo con el juez, para que éste recibiera semejante trato horas antes de firmar una resolución que podría salvar a Cristina Kirchner, o la Presidenta es más osada de lo que se supone. Nadie se enoja con el verdugo cuando éste está a punto de frenar la aplicación de la condena.
¿Qué les dirá Cristina, además, a los presidentes sudamericanos, a los que ayer mismo les pidió solidaridad sin condiciones frente a su guerra supuestamente firme y ciega, si hoy se firmara un acuerdo con los holdouts? No es sólo el Mercosur. El Gobierno recorrió el mundo anunciando esa guerra, declarando que no pagaría nunca y anticipando que estaba dispuesto a incinerarse en el fuego del default. A última hora, cuando ya todos creían que el abismo estaba en la próxima estación, el Gobierno tomó una galera y sacó un conejo con las formas de bancos generosos y de fondos buitre comprensivos. Era magia más que relato, aunque ni la magia ni el relato son los que gobiernan las finanzas internacionales y a la justicia norteamericana.
El precio que pagará la construcción del discurso no será menor. ¿Qué opinará el mundo, los inversionistas y los empresarios locales de un gobierno que caminó alegremente hacia un default? ¿Qué deducción harán los agentes económicos de una administración que priorizó la leyenda épica en medio de una economía en recesión, con altas tasas de inflación y con un creciente problema de empleo? ¿Confiarán en él?
Las opiniones sobre el juez Griesa y sobre su sentencia son libres. El hecho concreto es que el Gobierno no pudo ignorar que existió una sentencia firme en su contra, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y que la jurisdicción norteamericana fue elegida por los gobiernos argentinos para pedir créditos en el exterior o para refinanciar sus deudas. Griesa no es una imposición del «imperio», sino una elección de los dirigentes argentinos, incluidos los Kirchner.
Otra vez, la suerte de la Presidenta se desliza entre las manos de Griesa, que tiene como último plazo el día de hoy para firmar la cautelar y permitir el pago de bonos ya refinanciados. Eso no ha sucedido todavía, pero puede suceder durante la jornada, si se cumplieran todos los requisitos previos. La Presidenta ha llevado al país, también otra vez, a un estrés innecesario, sólo para escribir una historia que nunca existió.
Fuente: La Nación, 30/07/14.
Joaquín Morales Solá
Un camino sensato para evitar un default de Argentina.
Por Richard Deitz*
Un liderazgo verdadero requiere un pensamiento claro y la evaluación desapasionada de riesgos y beneficios. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, tiene hasta el 30 de julio para decidir si llevará a su país a otra cesación de pagos o default o llegará a un acuerdo con los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda, o holdouts. Hay un posible camino sensato, pero esto requiere dejar de lado una retórica acalorada y adoptar la sabiduría y el liderazgo mesurado.
Argentina cayó en cesación de pagos en diciembre de 2001, en medio de una prolongada recesión económica. En 2005, el país hizo a los acreedores una propuesta de reestructuración de deuda de «tómelo o déjelo». El gobierno solicitó a los bonistas que aceptaran nuevos bonos con una reducción significativa en su valor nominal. Para reforzar la propuesta, el Parlamento de Argentina aprobó la llamada «ley cerrojo» que prohíbe al país ofrecerles cualquier cosa en el futuro a los acreedores que no participaron en el canje.
Alrededor de 75% de los acreedores de Argentina participaron en el canje de deuda en 2005. Cuando el Congreso votó en 2010 a favor de reabrir temporalmente la reestructuración, la mayoría de los bonistas que no habían participado ofrecieron sus bonos, presuntamente desalentados ante la postura intransigente de Argentina. Sin embargo, un pequeño grupo de acreedores que no participaron continuaron con un litigio el tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York.
Quizás por mediocres consejos legales o mal juicio político, Argentina nunca intentó llegar a un acuerdo y en vez de eso apostó todo en su postura. En 2011, Thomas Griesa, el juez de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, dictó un fallo en el caso de NML Capital Ltd. v. Republic of Argentina según el cual las cláusulas de igualdad de condiciones de la deuda incumplida de Argentina implicaba que el país no podía seguir pagando deuda emitida bajo el canje a menos que al mismo tiempo realizara pagos completos a los tenedores de bonos que peleaban en los tribunales. La última final fue pronunciada el 16 de junio cuando la Corte Suprema de EE.UU. se negó a considerar el caso, agotando así los recursos de apelación de Argentina. La única decisión que queda por tomar es si resolverá el litigio o llevará al país a otro default.
¿Qué hay de por medio? Según Argentina, pagarle a todos los holdouts costaría US$15.000 millones. A mediados de julio, Kirchner dijo en Brasil que Argentina estaba lista para darle a los acreedores que no aceptaron el canje las mismas condiciones de aquellos que participaron en la reestructuración de 2005. Un cálculo aproximado indica que esto costaría US$6.000 millones. Por tanto, la cantidad en disputa es de unos US$9.000 millones. No se trata de una cantidad pequeña; sin embargo, US$9.000 millones es sólo 2% del PIB de Argentina.
Una líder inteligente consideraría las consecuencias de llevar a su país a una cesación de pagos. Las entradas de capital a Argentina se verían severamente reducidas, los costos de endeudamiento aumentarían, el crecimiento económico se desaceleraría y las finanzas públicas se verían restringidas. Para la población, esto implicaría menos empleos, mayor inflación y menos servicios públicos. Es casi seguro que un default le costaría al país más de 2% del PIB y sus efectos durarían más de un año.
Pero acatar el fallo del tribunal de Nueva York presenta dos problemas. Primero, US$15.000 millones equivale a más de la mitad de las reservas de moneda extranjera de Argentina. Segundo, la cláusula de derechos sobre ofertas futuras (RUFO, por sus siglas en inglés) en los canjes de deuda de 2005 y 2010 esencialmente confirió a los participantes en la reestructuración una promesa de que Argentina no realizará una oferta superior a los holdouts antes del 31 de diciembre de 2014. No obstante, ninguno de los dos problemas es insuperable.
Los holdouts han expresado la disposición de aceptar bonos en lugar de efectivo como pago en un acuerdo. La cantidad de bonos que se necesita no colocaría una carga especial sobre la sustentabilidad de deuda, ya que los niveles de deuda de Argentina son moderados. La cláusula RUFO se podría resolver al solicitar a los tenedores de la deuda reestructurada de Argentina que renuncien a ese derecho. Dado que la cláusula expira el 31 de diciembre y que su existencia en esencia intensifica el riesgo de un default, debería ser sencillo obtener la aprobación requerida de más de 50% de los bonistas para dispensar la cláusula.
Y así se esclarecería el camino hacia un acuerdo. Los holdouts de Argentina podrían aceptar una prórroga de tres meses en la suspensión de la implementación de su fallo. Esto le permitiría a Argentina continuar con el pago de su deuda activa y evitar otro default. A cambio, Argentina aceptaría llegar a un acuerdo con los holdouts al pagarles con bonos nuevos. Este acuerdo estaría exclusivamente sujeto a que Argentina consiga una exención de la cláusula RUFO y un compromiso de lanzar de inmediato una petición de consentimiento para este fin. Si la petición fracasa, la cláusula caducaría al final del año y las partes entonces tendrían la capacidad sin trabas de completar el acuerdo en enero de 2015.
Cuando surgió la esperanza de una solución a principios de este mes, los rendimientos de los bonos argentinos descendieron a mínimos de varios años y sus mercados de acciones subieron. Esta es una señal de que los mercados recompensarían un acuerdo con nuevas inversiones que generarían crecimiento y empleos. Hay poca sensatez en canjear este resultado por otra cesación de pagos. Captar esta sabiduría sencilla es el desafío de los líderes argentinos.
* Richard Deitz es el fundador y presidente de VR Capital Group Ltd., una gestora alternativa de activos que se especializa en deuda soberana y corporativa en problemas en mercados emergentes y desarrollados.
Fuente: The Wall Street Journal, 29/07/14.
Argentina tiene hasta el miércoles para hacer un pago de intereses de sus bonos o caerá oficialmente en cesación de pagos por segunda vez en 13 años. Argentina sostiene que está dispuesta a pagarles a los bonistas que aceptaron recibir menos de 30 centavos de dólar por cada dólar de deuda en una reestructuración posterior a su default en 2001. No obstante, el juez federal Thomas Griesa ha dicho que Argentina no puede pagarles a esos bonistas sin pagarles también a los llamados holdouts, que no aceptaron los 30 centavos de dólar y ganaron una serie de casos en los tribunales de EE.UU. contra Argentina. Buenos Aires rechaza pagarles a los holdouts.
En cambio, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha pasado un mes en una extraordinaria campaña pública vilipendiando a los holdouts, así como al juez Griesa y a las cortes estadounidenses. La conclusión difícil de evitar es que Argentina prepara el terreno político para un default por el cual planea culpar a los malvados gringos del norte.
«Muchos funcionarios en Estados Unidos dicen que el Poder Judicial es independiente», declaró hace poco el jefe de gabinete argentino, Jorge Capitanich. «Pero la verdad es que no es independiente de la acción de los fondos buitre, porque muestra clara parcialidad». El gobierno ha publicado avisos a página entera en diarios estadounidenses, incluido The Wall Street Journal, atacando a los acreedores y el juez Griesa por su nombre.
Los funcionarios argentinos Axel Kicillof y Héctor Timerman usaron una reunión en la Organización de Estados Americanos el 3 de julio para denunciar a EE.UU. y pedir que quitaran la reestructuración de deuda de las cortes estadounidenses para dársela a algún cuerpo internacional que imaginan sería más favorable a los holgazanes del gobierno. «El problema del default y reestructuración, no es un problema de la Argentina, sino del capitalismo mundial, del sistema en el que vivimos», declaró Kicillof.
Es temeraria la acusación de que las cortes estadounidenses son corruptas, viniendo de un país que pisotea los derechos de propiedad a su antojo. Recuerde la confiscación argentina de los activos locales de Repsol, la petrolera española.
Argentina agotó todas las instancias de apelación legal en EE.UU. hasta la Corte Suprema. E incluso tuvo el apoyo del gobierno de Obama, créase o no, contra los acreedores estadounidenses. El gobierno temía por el precedente para los intereses estadounidenses en otros países que sentaría que un gobierno extranjero fuera obligado por cortes de EE.UU. a pagarles a los holdouts.
Los argumentos de Argentina para no negociar son débiles. Afirma que no puede pagar los US$15.000 millones en potenciales nuevos pagos de deuda, pero en reuniones privadas con el mediador nombrado por el juez Griesa a veces admitió que la cifra real es más cercana a los US$10.000 millones.
Argentina sostiene que incluso esa cantidad es demasiada carga porque reduciría sus reservas en moneda extranjera. Pero el país acordó hace poco pagar US$16.000 millones en reclamos de Repsol y de acreedores del Club de País con poco impacto en sus reservas, al emitir nuevos bonos o prolongar los vencimientos.
Los holdouts dicen que consideran esos acuerdos como un modelo y están más que dispuestos a aceptar una combinación de efectivo y bonos nuevos. Argentina responde diciendo que incluso eso sería una terrible carga de deuda, pero tiene capacidad suficiente para emitir más deuda ya que su relación de deuda frente al PIB bajó a alrededor de 40% gracias al auge de los commodities de la última década.
Otra excusa de Argentina es que según la llamada cláusula RUFO (siglas en inglés de «derechos sobre ofertas futuras») tendría que pagarles a todos los bonistas lo mismo que les pague a los holdouts, lo que multiplicaría los costos. Pero la cláusula RUFO tiene varias válvulas de escape legal si Argentina realmente las busca, comenzando con el hecho de que prohíbe concretar acuerdos de deuda secundarios de forma voluntaria. Argentina recibió la orden de la corte de realizar pagos (involuntarios) a los acreedores, que no quiere hacer.
Cualquiera que sea el costo de pagarles a los holdouts, sería menor frente al daño que causaría otro default argentino. El país perdería la oportunidad de aprovechar sus acuerdos con Repsol y el Club de París para solucionar todas sus disputas con acreedores. Sus costos de endeudamiento público y privado aumentarían, quizás por muchos años.
El default es un sinsentido tan grande que plantea el interrogante de si Kicillof está invitándolo como una forma de persuadir al Fondo Monetario Internacional y a los liberales estadounidenses para que aceleren su campaña para poner las negociaciones de deuda en manos de una nueva burocracia global. Esto les daría más influencia a los deudores y políticos a expensas de los mercados financieros y las cortes estadounidenses, lo cual podría agradarle a un ex profesor de Economía izquierdista como Kicillof, quien parece creer que el default lo podría convertir en un héroe político sin costo alguno.
El mejor desenlace para todas las partes, y especialmente para Argentina, sigue siendo que Buenos Aires negocie de buena fe y evite la cesación de pagos. Pero si se rehúsa, el juez Griesa merece el apoyo de todos los que se preocupan por la integridad de los mercados financieros de EE.UU. por defender la ley y el derecho estadounidense sobre la propiedad.
RUFO.
Por Enrique Szewach.
El Ministro de economía y su gente insisten en que la única alternativa que les ha dejado el fallo del juez Griesa es caer en default, o negociar con los fondos buitres el cumplimiento de su sentencia y que se dispare la cláusula que le otorga a los tenedores de bonos del canje el derecho de exigir el mismo tratamiento de pago que “voluntariamente” la Argentina le ofrezca a otros acreedores, en la medida que dicho ofrecimiento sea mejor a lo que ya han recibido por el canje (cláusula RUFO).
Sin embargo, este es, a mi modesto juicio, un falso dilema, o al menos, un dilema al que no se debió haber llegado.
La cláusula RUFO está escrita en los bonos argentinos desde su emisión y la sentencia del juez Griesa tiene más de dos años de antigüedad.
En ese lapso, el gobierno argentino, más de una vez, le expresó al juez su compromiso de cumplir su sentencia, sin hacer mención alguna al problema que significaba cumplirla, antes del 31 de diciembre de este año, cuando dicha cláusula vence.
En ese contexto, y dado que la Argentina tiene compromisos de deuda por décadas, todavía estamos a tiempo de presentarnos frente al juez y solicitarle seis meses más de plazo para ejecutar su sentencia, ofreciendo algún compromiso para garantizarle que la Argentina no utilizará ese lapso para intentar alguna maniobra que le permita, eventualmente, eludir el cumplimiento de su sentencia. (La Real Academia Española define al engaño, o estafa en un negocio o en el pago de una deuda como “pufo”).
La alternativa del default, aunque sea “controlado” o “limitado” o “sólo por seis meses” implica riesgos equivalentes al tema de la RUFO.
Que los acreedores que entraron al canje no reciban el pago pleno de la cuota que vence a fin de mes, puede disparar, dentro del plazo de los próximos seis meses, acciones que conviertan en obligatorio el pago inmediato de todos los bonos del canje, bajo ley extranjera o, inclusive, bajo algunas hipótesis, también los de ley argentina.
Es decir, el default también puede tirar abajo toda la reestructuración de la deuda.
Dicho sea de paso, la comunidad financiera internacional no se ha dado por aludida, frente al “problema” que el fallo Griesa pudiera ocasionar a futuras reestructuraciones de deuda. Las colocaciones que hicieron países como Ecuador, Brasil o Grecia, posteriores al fallo, no registraron ni aumentos en las tasas de interés pagadas, ni acortamiento de los plazos.
Retomando, el gobierno argentino, al menos hasta el momento de escribir estas líneas, parece haber preferido ingresar al dudoso experimento del default “acotado”, en lugar de solicitarle al juez las condiciones en que éste estaría dispuesto a conceder los seis meses de plazo requeridos, para alejar toda duda sobre el efecto del cumplimiento de su sentencia.
En lugar de “apretar” al juez, en el buen sentido, obligándolo a pedir “algo” o aparecer como intransigente inútilmente, se ha preferido, al menos hasta ahora, innovar también en materia de default, no pagando, aún pudiendo hacerlo.
Cabe preguntarse, entonces, si estamos frente a una impericia negociadora, cosa que, sinceramente, no creo.
Ante una genialidad negociadora, cosa que tampoco creo porque, dado los antecedentes de los pagos a Repsol o al Club de París, dentro de seis meses estaremos pagando más caro el arreglo con éstos y el resto de los holdout.
O si estamos frente a una nueva maniobra de marketing político que permita mostrar que se hizo “todo” para defender el interés nacional. Mientras lo que se hace es mala política económica.
La destrucción de la oferta agropecuaria fue “la defensa de la mesa de los argentinos”.
El esquema de precios que convirtió al sector energético en deficitario por mucho tiempo, es el “fomento a la producción industrial y el consumo”.
Pasar del 2% mensual de inflación a una inflación del 4% mensual , por la explosión monetaria de fin de año que obligó a un salto devaluatorio y a la suba de la tasa de interés, fue “un golpe de mercado”. Y volver al de por sí desastroso 2% mensual es “el éxito de los precios cuidados, frente a la perversidad empresaria”.
Ahora, este paupérrimo fin de fiesta del estatismo populista, será “el costo que nos hace pagar la comunidad financiera internacional, por nuestro el éxito de nuestro modelo”.
Insisto, todavía estamos a tiempo de evitar otro experimento con elevados costos para la gente.
Fuente: Perfil, 27/07/14.
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Pufo: (Del fr. pouf). 1. m. Deuda cuyo pago se elude de forma fraudulenta. – 2. m. coloq. Estafa, engaño, petardo.
Default: Default o suspensión de pagos es un término habitualmente utilizado en finanzas para hacer referencia a una situación en la que el prestatario no hace frente a las obligaciones legales que tiene con sus acreedores en la forma establecida en el contrato de reconocimiento de la deuda. El default puede producirse con distintos tipos de deuda, ya sean bonos, hipotecas o préstamos. Desde el punto de vista de la economía internacional, el término «default» es habitualmente utilizado para hacer referencia al impago de la deuda soberana (sovereign default), es decir, cuando un gobierno adopta la decisión de no pagar su deuda externa.
Último Momento: Ciccone Boudougráfica prepara una emisión de los nuevos Dólares CFK para pagar a los fondos buitre.
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