Los argentinos conocemos, quizás como pocos, el vínculo causal que existe entre el desmanejo de las cuentas públicas y las crisis económicas. Reducir el déficit fiscal es clave para una economía sana. Así lo cree la sociedad. Así lo cree el presidente Mauricio Macri , tal como lo ha expresado en varias oportunidades. Así lo cree el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne , y quienes tenemos la responsabilidad de gestionar la política fiscal de esta administración.

Gran parte de los analistas que exponen sus opiniones regularmente en los medios y en las redes comparten este diagnóstico. Sin embargo, algunos fallan a la hora de explicar razonablemente el método adecuado que usarían para reducir el déficit y el ritmo de endeudamiento. ¿Qué es «explicar razonablemente»? Una explicación que incluya rigor intelectual, datos concretos y confiables, y la comprensión de las restricciones sociales y políticas existentes.

Justamente, José Luis Espert publicó la semana pasada un artículo titulado «Macri en el País de las Maravillas», en el cual explora superficialmente algunas ideas para eliminar el déficit fiscal: bajar el gasto público en 15 puntos del PBI, eliminar la Coparticipación Federal de Impuestos (para que las provincias financien su gasto con impuestos propios), sacarles a los sindicatos las obras sociales y reprivatizar todo lo que el kirchnerismo estatizó.

Analicemos la primera propuesta de bajar en 15 puntos del PBI el gasto público (el gasto primario nacional equivale a 23 puntos del PBI y el consolidado de Nación, Provincias y Municipios al 42).

El «Plan Espert» empezaría por suprimir los planes sociales. Eliminar la Asignación Universal por Hijo (4 millones de beneficiarios), las Asignaciones Familiares (6 millones de beneficiarios), las Pensiones por Invalidez (1 millón de beneficiarios) y el resto de los programas sociales de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social (300.000 beneficiarios) generaría un ahorro para el Estado de 2,4 puntos del PBI. Es decir, quitándole el beneficio social a más de 11 millones de personas, aún estaríamos muy lejos de los 15 que sugiere.

Seguramente, el «Plan Espert» continuaría por reducir a su mínima expresión el gasto político. El presupuesto de la totalidad de los cargos políticos del Poder Ejecutivo representa el 0,01% del PBI, una mínima parte de los 15 puntos en cuestión. Eliminar todo el gasto del Congreso Nacional generaría 0,2 puntos del PBI. Si agregáramos una reducción a la mitad del empleo público nacional (que goza mayormente de estabilidad laboral), prescindiendo de 400.000 trabajadores, significaría un ahorro adicional de 1,6 puntos del PBI. Seguimos lejísimos de los 15 puntos. Si cortáramos también la mitad de la obra pública (básicamente rutas, vivienda, agua potable y cloacas), tendríamos un ahorro adicional de 0,8% del PBI.

Es decir, la suma de todas estas medidas -extremas, irrealizables y con un impacto negativo fenomenal en la pobreza y la actividad económica- apenas alcanzaría para bajar 5 de los 15 puntos del PBI que el autor propone.

En materia de reformas estructurales, el «Plan Espert» propone eliminar la coparticipación de impuestos. La misma está establecida en la Constitución Nacional y es la piedra angular de todo régimen federal que procure la igualdad de oportunidades independientemente del lugar del país en que se nazca. ¿Sugiere ignorar la Constitución Nacional? ¿O modificar su primer artículo que establece que somos un país federal? Todo ello sin mencionar el hecho de que la coparticipación es la distribución de los impuestos que las Provincias decidieron delegar en la Nación. Eliminarla significaría que cada provincia se quede con esa recaudación y no achicaría el déficit de la Nación, sino todo lo contrario.

El aporte de los trabajadores a las obras sociales representa 2,4% del PBI, pero si lo elimináramos y todos concurriésemos a los hospitales públicos, ¿no habría que considerar, además de los mayores ingresos fiscales, el mayor gasto público en salud?

Por último, el déficit operativo del total de las empresas públicas (que no dependen de las políticas tarifarias) ya lo redujimos a la mitad y actualmente representa apenas el 0,1% del PBI, ¿encontraríamos la solución a nuestro problema fiscal privatizándolas?

Los datos fiscales son más transparentes que nunca, con la información en línea de la ejecución presupuestaria, facilitando así el análisis de las finanzas públicas a quien tenga un interés genuino.

También dimos enormes pasos en términos de previsibilidad. Establecimos metas trianuales y trimestrales que determinan el sendero de la política fiscal y cuyo cumplimiento garantiza la sostenibilidad de la deuda pública y la convergencia de nuestros indicadores fiscales a niveles incluso más favorables que los que muestra el resto de la región.

Las metas se definieron sobre el resultado primario, y no sobre el resultado financiero, por la inconveniencia de condicionar con metas fiscales el timing de la política de financiamiento. ¿Acaso preferimos perder una ventana de oportunidad en los mercados financieros por la rigidez de una meta? Roza el absurdo pensar que quiénes manejamos la política fiscal desestimamos la evolución de la cuenta de intereses o del resultado financiero.

El déficit financiero de la Nación en 2017 fue de $ 629.050 millones, que equivale al 6,1% de un PBI estimado de $ 10.282.182 millones. Ni 7% como dijo ahora. Ni 8% como dijo hace unos meses. En 2018 será ligeramente superior al 5% y en 2019 al 4%, y así lo iremos bajando de a un punto por año. Las provincias redujeron a la mitad su déficit financiero en 2017, estarán en equilibrio en 2018 y tendrán superávit en 2019, gracias al acuerdo plasmado en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

No avanzamos más rápido porque también decidimos bajar impuestos que ayuden a dinamizar la actividad económica. Bajamos impuestos entre 2015 y 2017 por 2 puntos del PBI (derechos de exportación, impuesto a los débitos y créditos para pymes, mínimos y escalas de ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta, pusimos al día devoluciones y reintegros). Y acabamos de conseguir la aprobación del Congreso por una reforma que baja la presión tributaria otros 2 puntos en los próximos 5 años. También las provincias, en el marco del Consenso Fiscal, se comprometieron a reducir la carga tributaria del Impuesto a los Ingresos Brutos y a los Sellos por 1,5 puntos del PBI. Es decir, hemos trazado un sendero de reducción de impuestos por nada menos que 5,5 puntos del PBI para los próximos años.

La baja simultánea del déficit y la presión tributaria solo puede realizarse porque redujimos el gasto en términos reales. La combinación de baja del gasto y crecimiento económico del año 2017 (año que Espert minimiza en su nota) no sucedía desde hace 20 años. Y sucederá también en 2018.

En los estadios de fútbol nunca faltan las personas que desde la comodidad de su asiento insultan a los jugadores y al técnico, y les explican lo que deben hacer para salir campeones. Por lo general se ubican en la platea. En economía también hay plateístas que se especializan en soluciones mágicas. Pero cuidado: las soluciones mágicas también fueron parte de los últimos 70 años de fracasos económicos.

Una cosa es criticar livianamente desde la platea. Otra, muy distinta, es tener la responsabilidad de administrar un país con millones de argentinos. Un país representativo, republicano y federal. Aunque a algunos les pese.

—Rodrigo Pena es secretario de Hacienda de la Nación.

Fuente: La Nación, 04/03/18.

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El país es el segundo proveedor y el tercer productor mundial, pero vende a granel; los productores piden políticas que alienten al sector y terminen con la alta informalidad.

Con una producción de entre 55.000 y 60.000 toneladas por año, la Argentina es el tercer productor de miel del mundo y el segundo exportador, según datos de la FAO (Organización Agrícola y de Alimentos de las Naciones Unidas). Alrededor del 95% de la producción se exporta, y el 80% de las exportaciones tienen por destino Estados Unidos, Alemania y Japón. Representan solo US$168 millones anuales, pero para las economías regionales del centro del país, que producen el 65%, el impacto de la actividad es significativo.

El consumo de miel a nivel global creció 20% en los últimos 10 años por el cambio de hábitos nutritivos y por el aumento de la población mundial. Sin embargo, el sector nacional atraviesa una profunda crisis, y afronta tormentas en todos los frentes.

Hay dos factores globales que han sufrido todos los productores de miel del mundo. El primero es el crecimiento de los monocultivos, como los granos o las oleaginosas. «La apicultura va de la mano de la ganadería. Las abejas se alimentan del néctar de las flores de trébol, alfalfa, lotus o melilotus que producen las pasturas. Cuando los campos se destinan a la agricultura, se utilizan insecticidas y herbicidas que son incompatibles con la apicultura. La soja en particular, además, florece solo quince días en todo su ciclo; en ese tiempo, las abejas no pueden recolectar suficiente néctar», explica Alexis Rodríguez, gerente de Fecoapi, una cooperativa que agrupa a 19 productores de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

El segundo problema global es la miel adulterada con jarabe de arroz proveniente de China. «Mientras nosotros vendíamos la miel a entre 2500 y 3000 dólares la tonelada, la de China entraba a 1500», dice Rodríguez. Los más afectados eran los productores estadounidenses, porque ellos, que producen solo el 25% de lo que consumen, obtenían 4500 dólares por tonelada.

Curiosamente, el golpe más duro que recibieron los productores chinos no fueron las barreras arancelarias de Estados Unidos, el mayor importador de miel del mundo, ni el laboratorio francés que mediante un método de resonancia magnética logró identificar el jarabe de arroz, sino Netflix, la plataforma online de películas y series. Una producción titulada Rotten (Podrido) ilustra con impactantes tomas el proceso productivo de miel americano, los campos de almendros en flor donde se realiza la polinización y, con el suspenso de un thriller, cómo los productores chinos lograban colocar la miel adulterada burlando los controles mediante exportaciones trianguladas. En un inglés a la Antonio Banderas, el documental comienza con esta frase: «Hay algo de romanticismo en las abejas.». Es la voz del argentino Norberto García, presidente de la Organización Mundial de Exportadores de Miel.

La actividad apícola en la Argentina ha crecido en un contexto de gran informalidad. La naturaleza artesanal del proceso tiene esa tendencia, pero es la falta de una estrategia nacional que coordine, controle y fomente la actividad la principal causa de la decadencia de la industria. «Somos un barco sin vela y sin timón», así describe Martín Braunstein, productor y exportador de abejas reinas, la situación interna del sector. Según este productor, se ha perdido un millón de colmenas en los últimos diez años, se han ido principalmente los productores medianos, que manejaban entre 500 y 800, y quedaron solo los más chicos, para los que con 150 colmenas la apicultura solo les es viable como actividad complementaria. «La apicultura no tiene que ser sustentable, tiene que ser rentable. Nos quieren dar el papel de paladines de la biodiversidad y del medio ambiente, pero ese no es nuestro objetivo», advierte Braunstein.

«No hay un plan nacional de apicultura. El plan estratégico a diez años que se armó en 2007 nunca se puso en funcionamiento porque el gobierno anterior no lo quiso implementar», dice Rubén Montero, miembro de CoopSapas, una cooperativa de Tandil con 19 socios y 24.000 colmenas.

La falta de estadísticas es una prueba tanto de la inexistencia de un plan estratégico como de la informalidad del sector. Los datos de la FAO indican por ejemplo que la Argentina en 2004 produjo 110.000 toneladas de miel, pero Montero explica que hasta 2012 no había datos oficiales, por lo que la producción se estimaba sobre la base de las exportaciones. «En 2003 un embarque a Gran Bretaña dio positivo en nitrofurano, una sustancia prohibida, y se cerraron varios mercados, por lo que al año siguiente se exportaron las dos cosechas; no fue un pico de producción», dice.

Esta informalidad impide saber con exactitud datos básicos como el consumo local per cápita, que algunos calculan en 400 gramos por año, o la cantidad de colmenas (que en el sector estiman en 2,3 millones contra los 4 que según fuentes oficiales había en 2007 o los 3,6 que dicen que hay hoy).

Si hubiera trascendido las fronteras, probablemente se habría conocido como el Tamborgate, pero aquí se lo denominó simplemente «el quilombito de los tambores». «Abajo decían UN. Eran tambores que no se sabe de dónde salieron y tenían restos de químicos que después quedaban en la miel. Aunque se prohibieron, hubo gente que por un menor precio compraba la miel, la mezclaba con otra, le cambiaba el tambor y la exportaba», cuenta Cristian Roble, un pequeño productor de Salta que maneja un apiario de 300 colmenas en una cooperativa de 1000.

«Si tomás el volumen que se exportó el año pasado y hacés el cálculo, te das cuenta de que de ninguna manera la capacidad de todas las salas de extracción habilitadas por el Senasa alcanza para procesar todo eso», dice Rodríguez. En el sector saben que durante años parte de la miel se procesaba en salas ilegales, para luego recibir un número de RNE (Registro Nacional de Establecimiento) correspondiente a otra habilitada y ser exportada.

La falta de control hace que los productores se sientan también indefensos ante el avance del pequeño escarabajo de la colmena, que apareció en Brasil hace dos años. El insecto se transmite a través de la fruta y tiene un efecto devastador en las colmenas. «Hasta ahora el Senasa no mandó ningún técnico para hacer una investigación de campo en Brasil», denunció Braunstein en el programa radial Campo y abejas de la semana pasada.

La informalidad hace que la industria penda de un hilo; una plaga puede destruir la industria en semanas, y competidores de todo el mundo están al acecho para reclamar el cierre de los mercados ante la más mínima partícula, como ocurrió con el nitrofurano. Flavia Vázquez, coordinadora de Apicultura de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas, dice que ya están tomando medidas para regularizar el sector. Las más importantes son la trazabilidad de tambores, que a partir de ahora saldrán de fábrica con un código de barras, y la informatización del Renapa (Registro Nacional de Productores Apícolas). «Los mercados externos son cada vez más exigentes y con estas medidas además se acelerarán los trámites de exportación», dice.

Otras medidas que beneficiaron al sector fueron la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que eran del 10,5% para granel y 5% para el fraccionado, y la negociación que abrió nuevamente el mercado clave de Brasil, que estuvo cerrado por 12 años, aunque para los productores estas medidas no son suficientes.

Uno de los pedidos unánimes son políticas para fomentar la polinización. En Estados Unidos, los productores, además de recibir el doble de precio por la miel, llevan las colmenas a polinizar los almendros californianos. «En EE.UU. la apicultura vive de la polinización, que requiere una cría más sofisticada porque necesitás tener una cantidad de abejas para la primavera. Allá hay apicultores que superan las 5000 colmenas. Reciben US$200 por cada una y con ese ingreso ya sostienen la empresa, mientras que los almendros tienen un aumento de producción entre 30 y 40%. En la Argentina, en algún momento, en los manzanares del valle de Río Negro se llegó a pagar, pero no está muy concientizada. Los únicos que pagan son los semilleros, como Nidera o Cargill, o el kiwi, pero solo 100 o 200 pesos por colmena. Yo he llevado mis colmenas a polinizar campos de arándanos en San Pedro y no te quieren pagar más de 150 pesos; no resulta rentable», dice Rodríguez.

Si la matriz productiva es cada día más inviable, no será el sistema comercial actual quien la salve. «Somos un monopsonio«, dice Braunstein, quien además de productor es economista. Se refiere a la concentración de la demanda contra la polarización de la oferta. «Los pequeños productores aportan el 80% del volumen, mientras que el 50% de las exportaciones se canalizan en no más de cinco empresas», dice. «Toda la exportación la manejan no más de diez», confirma Rodríguez.

Productores, exportadores y fuentes oficiales coinciden en la cifra de volumen fraccionado que se exporta: «Muy poquito». Los pequeños intentos de exportación directa a mercados marginales como Bolivia suelen fracasar porque los acopiadores mejoran el precio de la miel al productor con tal de reservársela. Los exportadores, a su vez, se ven imposibilitados de colocar miel fraccionada que compita con sus propios clientes fraccionadores. También ocurre que los productores viven desfinanciados y son rehenes de los adelantos que reciben de los exportadores.

«La utopía es vender fraccionado en envases de 500 gramos de vidrio -dice Rodríguez-. En Europa el consumidor final paga 9 euros el kilo, nosotros estamos cotizando en ese mercado a granel a 3 euros. Hay margen, pero como no tenemos sala de extracción propia, llevamos los tambores y los insumos a un tercero y pagamos a fasón el servicio, y encima tenemos que ser 17,5% más competitivos que un chileno, porque ese es el arancel que impone la UE a la miel argentina».

«Yo tengo 80 colmenas», dice el salteño Abelardo del Cerro. «Esa miel, si no la fracciono y me doy maña para venderla, tengo que caer en los exportadores, que son acopiadores tucumanos o santiagueños que si está a 40 pesos ellos te la pagan a 20». Cristian Roble cuenta que en esa zona, que hace unos años tenía una productividad de 35 kilos por colmena y que hoy es de 22, al productor le pagan entre 30 y 35 pesos a granel, mientras que por el fraccionado reciben 90 pesos por el frasco de 1 kilo. «Los frascos de plástico vienen de Córdoba, cuestan 10 pesos más 2 de la etiqueta, te quedan 78 por kilo», calcula.

La informalidad del sector sumada al cierre del mercado brasileño ha hecho imposible desarrollar el mercado doméstico. «Para mí, la única salida que tenemos los productores es tratar de agregar valor, diferenciarnos del resto y apuntar al mercado interno como trampolín para poder exportar», resume Rodríguez.

Los campeones de la diferenciación son los productores neozelandeses, que han colocado en Estados Unidos una miel de manuka marca Steens, que se comercializa a US$419,99 el frasco de medio kilo. Además de pureza y trazabilidad, la etiqueta se atribuye la capacidad de curar la úlcera. «Hicieron una gran inversión y lograron demostrar que tiene propiedades médicas -explica Norberto García-. Es claramente un leading case, pero ese mercado es muy pequeño y competitivo, posicionarse allí requiere un plan integral que involucre a toda la cadena de valor, y de mucho trabajo».

Los argentinos consumimos menos de un tercio de la miel que consumen los alemanes. Nuestra miel es como la neozelandesa, pero sin marketing.

Frascos: un segundo fabricante comienza a operar y trae alivio a los productores apícolas

Brasil abrió su mercado a la miel argentina hace dos meses después de más de diez años y el crecimiento del sector se hubiera visto comprometido si no fuera por la aparición de un nuevo fabricante de envases. Hasta hace poco, el único proveedor de frascos de vidrio era Rigolleau, que trabaja para grandes clientes, como Qulmes o Coca-Cola. La compra mínima era de siete pallets o 15.000 unidades, y algunas cooperativas dicen haber sufrido 6 meses de espera para la entrega. Fuentes del sector indicaron que el nuevo fabricante, Cristalux, una cooperativa que opera en Avellaneda, tiene un pedido mínimo de 1 pallet.

Agroquímicos: el avance de los monocultivos compromete a la apicultura

El efecto de las generaciones anteriores de pesticidas utilizados en la agricultura podía matar a las abejas o ser inocuo. Sin embargo, se ha descubierto que la razón de la disminución en la población de abejas es producto de la utilización de neonicotinoides, ya que afectan el sistema nervioso de las abejas haciendo que estas no vuelvan a la colmena luego de salir a pecorar, o cambien su comportamiento social rompiendo el esquema colaborativo de producción de la miel.

Los herbicidas, por su parte, afectan también la salud de las abejas y la calidad de la miel, ya que reducen la variedad de la flora de la cual se alimentan.

Fuente: La Nación, 15/02/18.

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Sumaron $136.000 millones, según la Cicomra; los dispositivos móviles (35,2 millones) ganan protagonismo en el país.

El comercio electrónico en la Argentina registró un incremento del 41,7% el año pasado respecto de 2016 y el monto de las operaciones por esta vía llegó hasta los $136.000 millones, según un estudio realizado por la Cámara de Informática y Comunicaciones de la República Argentina (Cicomra).

«El comercio electrónico sigue creciendo por sobre la inflación dado que aún sigue en aumento la proporción de compradores online y de los usuarios de Internet», explicó el titular de la consultora Prince Consulting, coautora del estudio.

En diálogo con la agencia Télam, Alejandro Prince -titular de esa consultora- precisó que al mismo tiempo «se agregan cada año nuevos rubros y empresas revendendoras».

Según el informe, tomando los valores en dólares en el año se vendieron productos y servicios por US$7771 millones, con un ticket promedio anual por comprador de $5484. Sobre un universo de 36 millones de usuarios de Internet, el 68,9% de ellos hicieron compras electrónicas por la Web.

«La venta online todavía representa menos del 2% de las ventas minoristas totales, mientras que en los países industrializados de mayor desarrollo del comercio electrónico este porcentaje es del 5% o más», señaló Prince.

El directivo agregó que «el comercio electrónico en la Argentina puede y debe seguir creciendo, aunque a menor tasa anual, hasta más que duplicar su porcentaje actual».

La expansión de los dispositivos móviles, que en la Argentina llegaron el año pasado a 35,2 millones de usuarios únicos (3,2% más que durante 2016), y especialmente el crecimiento de las conexiones móviles a Internet, que alcanzaron los 28,9 millones (3,2% más que en el año anterior), llevaron a las empresas vendedoras a adaptar sus estrategias a la era de la movilidad.

En ese sentido, la plataforma de comercio electrónico Tienda Nube indicó que en su caso «no existen más tiendas que solo realicen ventas a través de computadoras».

Remarcó que el 14% de sus operaciones «fueron creadas a partir de negocios que vendían principalmente a través de dispositivos móviles, y hoy en día concretan más del 80% de sus ventas desde esos dispositivos».

 

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Las visitas a sitios de comercio electrónico desde dispositivos móviles pasaron de tener el 58% de participación en el año 2015 al 61% en 2016 y saltaron al 73% el año pasado.

En las ventas la proporción también refleja un crecimiento, y el año pasado superaron por primera vez la cantidad de ventas concretadas desde computadoras fijas con un 50,09% de transacciones cerradas desde móviles.

Además, según la plataforma, el ticket promedio en 2017 aumentó un 20% respecto del año anterior.

Mientras crece la actividad de las plataformas digitales dedicadas al comercio electrónico, por las que operan empresas y particulares (en este segmento reina Mercado Libre, del empresario Marcos Galperin, con fuerte expansión en la región), muchas empresas comenzaron hace tiempo a explorar un canal propio de comercio electrónico. Ya son varias las compañías que, más allá de mantener su presencia en las cadenas de retail, lanzaron sus propios sitios de e-commerce.

En esta tendencia entraron tanto marcas de electrónicos como de alimentos y bebidas. Así, Unilever, Danone, Whirlpool, Coca-Cola, Peabody, Cartoon Network, Nivea, Mascota Vineyards, Microsoft y Philips, entre otras, son algunas de las que se animaron a dar el paso en la Argentina, siguiendo una estrategia que ya es mundial.

En esta actividad, las llamadas «fechas especiales» como el Hot Sale y el CyberMonday representan una oportunidad que esperan tanto los compradores en busca de descuentos como los vendedores, que suman visibilidad y por ende nuevos clientes a su tienda en línea.

«Cada año se agregan nuevos rubros y empresas revendedoras; el comercio electrónico debe seguir creciendo en el país». Alejandro Prince. Titular de Prince Consulting.

Fuente: La Nación, 13/02/18.

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Se incrementa el tráfico fluvial de cargas en contenedores con la puesta en forma de importantes puertos argentinos; expectativas por una productividad en ascenso y su impacto en la demanda de embarcaciones.

Desde Formosa hasta Buenos Aires, diversas terminales encaran mejoras en su infraestructura y funcionamiento, en sintonía con otros puertos de los países vecinos con los que comparten el canal fluvial: Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. A la par, se insiste en la necesidad de profundizar el calado, en planificar de forma integrada este transporte con el de trenes y camiones, y examinar los costos para evitar asimetrías.

«Por la hidrovía (que recorre 3442 kilómetros entre el Puerto Cáceres, de Brasil, y el de Nueva Palmira, en Uruguay) hay una centena de terminales de distinto porte y las cargas más comunes son las de soja, cereales y combustibles. El crecimiento que se viene detectando en cuanto al volumen transportado y una demanda que se proyecta aún mayor se relaciona con las obras que se están encarando en los puertos y en sus accesos», destacó el especialista en el tema José Luis González Climent.

Agregó que ante los pronósticos de un incremento notorio de la producción granaria argentina «será obviamente mayor la demanda de buques y de contenedores, y habrá que optimizar no solo las infraestructuras portuarias de todos los países involucrados en la hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), sino también promover la profundización del calado navegable. El transporte por la hidrovía puede alcanzar en los próximos tres años los 20 millones de toneladas de producción agroindustrial y minera de Bolivia, Brasil y Paraguay, lo cual, a valores actuales, significa ingresos por US$100 millones», señaló.

En movimiento

El hecho de que actualmente «estén funcionando puertos de importantes provincias» en la ruta fluvial de la HPP es atribuido por González Climent a «una voluntad política de los gobernadores involucrados en mejorar la logística y toda la infraestructura necesaria para incrementar el tráfico de cargas», y citó entre otros el de Formosa, primer puerto argentino en el norte de la hidrovía, que ha «comenzado a moverse eficazmente».

En el caso de Formosa, apuntó que «las autoridades locales, junto a representantes del sector privado, han realizado gestiones tanto a nivel regional como internacional para promover la capacidad que tiene el puerto de la capital provincial y los beneficios que puede reportar al sector productivo».

El puerto formoseño, que es público, cuenta con un muelle frontal de cargas de 363 metros de longitud para embarcaciones de 10 pies de calado máximo (alrededor de tres metros) y otros 60 metros hacia el sur del muelle, para embarcaciones menores. Tiene silos de almacenamiento, elevadores con capacidad para 1000 toneladas, playa de contenedores y galería de embarque, entre otras instalaciones.

González Climent resaltó también el movimiento que protagoniza por estos días el puerto Barranqueras, en el Chaco, «captando el desvío de cargas provenientes de Bolivia». Con una extensión total de 14 km, cinco galpones originales y unos 20.000 metros cuadrados de plazoletas destinados al almacenaje a cielo abierto, también es apto para que operen barcazas de hasta 10 pies de calado. «La Compañía Logística del Norte SA (Colono), que lo administra, registra en los dos últimos años un incremento en sus cargas de soja, maíz y trigo que superan las 250.000 toneladas anuales», destacó.

Inversiones

Chaco tiene previsto inaugurar este año el nuevo puerto Las Palmas, sobre el río Paraguay, una obra que avanza con el objetivo de que la provincia pueda abarcar un volumen de carga que estiman en más de 280.000 toneladas.

En tanto, Misiones se apresta a poner en funcionamiento un nuevo puerto en la ciudad de Posadas, que se conecta con Brasil, Paraguay y Bolivia. Su estructura básica está casi finalizada y en estos días está por lanzarse la licitación para ser concesionado por treinta años, con la perspectiva de captar unas 400.000 toneladas de carga, entre pasta de papel, yerba, té y madera.

González Climent se refirió también al puerto Paz, en Entre Ríos, que «en los últimos años estuvo parado y ahora ha comenzado a captar cargas en barcaza». Está compuesto por tres terminales: una cerealera, otra para hidrocarburos (ambas concesionadas) y una tercera para cargas generales que no está privatizada. Puerto Paz consta de cuatro muelles para distintos tipos de embarcaciones y opera comercialmente con arena y cereales a granel.

Corrientes es otra de las provincias argentinas que han puesto en marcha la ampliación de su infraestructura portuaria sumando nuevos puertos al que ya está en funcionamiento, emplazado sobre la margen izquierda del río Paraná, con una superficie total de casi 30.000 metros cuadrados. Iniciaron la construcción del puerto de Itá Ibaté y proyectan un nuevo puerto de Corrientes, además del de Ituzaingó y el de Lavalle.

En el curso de la HPP se destaca «el puerto de Santa Fe, con 24 pies de calado, que le permiten cargar buques de menor porte con fletes competitivos, ofrecer viajes regulares de barcazas y dotar de previsibilidad y alternativas logísticas a los dadores de carga de la región», indicó González Climent.

A los avances en las obras portuarias consignados en el último Anuario Hidrovías del Mercosur (publicado por el Anuario Portuario y Marítimo en conjunto con el Instituto de Desarrollo Regional de Rosario), vale citar que este mes autoridades provinciales de Corrientes, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos se reunieron en la sede del Ministerio de Transporte de la Nación con autoridades de la Aduana, la Afip y Migraciones con el propósito de unificar criterios y visiones para avanzar en la implementación de nuevas terminales portuarias.

Gestiones

Dentro de los puertos y las terminales más importantes que tiene la Argentina en el curso de la hidrovía sobresalen los que están ubicados en la zona del Gran Rosario, con 70 km de costa sobre el río Paraná, desde Timbúes, en el norte, hasta Arroyo Seco, en el sur de la ciudad de Rosario. Desde allí se promueve fortalecer el canal fluvial y en ese marco se concretó recientemente una reunión con autoridades portuarias de Bolivia que proponen potenciar la zona franca en Rosario (bajo su administración) para lograr una logística más expeditiva y económica del comercio exterior.

Bolivia muestra un notorio despegue en la infraestructura de su sistema portuario y tiene previstas más inversiones para incrementar la capacidad de los puertos de la Central Aguirre Portuaria, Busch, Gravetal y Jennefer, donde registraron récords en volúmenes transportados el último año, y una mayor diversidad de cargas, entre soja, combustibles, aceites y harinas.

También se ha reactivado el puerto Murtinho, de Brasil, que es otro de los nodos estratégicos para la operatividad de la hidrovía, ubicado en un municipio del estado de Mato Grosso do Sul sobre la margen izquierda del río Paraguay, con embarques de azúcar y soja.

La más notable, por su desarrollo y modernización, es la infraestructura portuaria que exhibe Paraguay, que hoy tiene cerca de 49 terminales sobre los ríos Paraná y Paraguay, a lo largo de la hidrovía. «Paraguay se ha convertido en el mayor constructor de barcazas de América del Sur; el 90 por ciento de la flota que circula por la hidrovía es de ese país», remarcó González Climent.

Para dar un ejemplo, comentó que «el astillero paraguayo La Barca del Pescador ya tiene listo el buque transportador de contenedores más grande que va a operar en la hidrovía, que posee 120 metros de eslora, 30 de manga y 2700 toneladas de peso, con una capacidad de transporte de 720 contenedores de 20 pies o 360 de 40 pies, con dos motores Caterpillar de 1500 hp cada uno».

Competitividad

Desde el Comité Intergubernamental de la Hidrovía (CIH), el secretario ejecutivo, Luis Pablo Niscovolos, detectó un renovado impulso por parte de los gobiernos de los cinco países miembros que atraviesan esta vía navegable natural, los cuales «han colocado su desarrollo en un lugar prioritario de sus agendas» por las conveniencias comerciales que ofrece.

«Es notoria la ventaja competitiva que el transporte fluvial ofrece en términos de volumen de carga, de ahorro de combustible y de menos contaminación. Un convoy estándar (que transporta entre 25.000 y 40.000 toneladas en formaciones de barcazas, en general de 4 por 5 de largo) puede transportar la carga equivalente de 1200 camiones», describió en un informe para el Anuario Hidrovías del Mercosur.

Si bien consideró que hasta aquí «el crecimiento del volumen transportado a través de la HPP ha sido muy significativo», también puso de relieve que falta mucho por hacer para aprovechar su enorme potencial: «Si la hidrovía no cuenta con infraestructura complementaria en todo su recorrido, sea en canales de acceso a puertos, accesos viales y ferroviarios a los puertos y rutas más anchas y más seguras, seguirá siendo un enorme activo regional subutilizado», observó.

Niscovolos aportó datos de la Aduana de la Argentina, según la cual «el flujo comercial estimado por año es de 20 millones de toneladas: 51 por ciento del total desde y hacia Paraguay; 37 por ciento desde y hacia Brasil, y un 12 desde y hacia Bolivia».

El funcionario hizo hincapié en la necesidad de «reducir tiempos, costos, trámites excesivos y ganar en seguridad» para que los cargadores se sientan atraídos por la hidrovía. Reconoció que «el camino no está exento de dificultades», pero que «hay avances» a la vista, porque el tema «está en el foco de los gobiernos». «Cuidemos a la gallina de los huevos de oro», sentenció Niscovolos.

Desafíos

En el caso de la Argentina, que representa el 80 por ciento del área de influencia de la HPP, el crecimiento que permitió la operatividad de esta vía «posibilitó extender la frontera productiva del Nea y el Noa argentinos, junto a Bolivia, Paraguay y parte de Brasil, permitiendo la especialización y el desarrollo del principal complejo de transformación y exportación de soja del mundo en la interfaz fluviomarítima del Gran Rosario, núcleo de la región centro» del país, distinguió el director del programa santafesino de desarrollo de la hidrovía, Juan Carlos Venesia.

Consignó que en la actualidad de los «más de 320 millones de toneladas anuales de carga que se mueven a nivel nacional» casi un 90 por ciento es captado por el transporte carretero, ya que «el ferroviario ha reducido su participación a un tercio de lo que movilizaba hace treinta años, y el fluvial no ha desarrollado más del 20 por ciento de su potencial».

Para Venesia, al cumplirse 25 años del diseño original de la HPP, se impone «superar puntos críticos para su consolidación y expansión», ante el desafío que presentan las proyecciones «de crecimiento de la demanda, que obliga a adaptar la actual infraestructura de una manera acorde con el tráfico y volúmenes de carga, que se espera lleguen a triplicar los actuales».

Pendientes

Entre los temas pendientes y prioritarios, González Climent mencionó el «nuevo tarifario que propone la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con ecuaciones para practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la Argentina, tendientes a optimizar la competitividad y los costos logísticos en los puertos».

También mencionó la expectativa que despierta la nueva ley de desarrollo de la Marina Mercante y de la integración fluvial regional, para promover el «desarrollo y crecimiento sustentable de la flota mercante de bandera nacional mediante el mejoramiento de su competitividad y el aumento de la demanda de fletes más económicos».

Al respecto, el especialista dijo que entre los actores involucrados «se espera que se facilite el desarrollo de nuestra flota mercante, con una demanda mayor en los talleres y astilleros, y que finalmente puedan apreciarse buques de bandera argentina en la hidrovía, donde hoy solo se exhibe un 3 por ciento, mientras que Paraguay ostenta un 87% y Bolivia, un 6 por ciento».

A la vez, subrayó la importancia de «continuar con la profundización de la HPP», a cargo de la concesionaria Hidrovía SA, que viene realizando obras de infraestructura fluvial en el río Paraná desde Confluencia hasta la desembocadura del Río de la Plata, y subrayó el beneficio para «la flota de buques de alcanzar los 36 pies».

«Los beneficios directos del aumento del calado son innegables», aseguraron desde la concesionaria, donde evalúan que «el 10 por ciento de los buques graneleros que transitan poseen calado de diseño de entre 34 y 36 pies, mientras que el 58 por ciento del total de esos buques posee calados máximos de entre 36 y 52 pies. Es decir que un gran número de buques opera en el sistema con parte de su bodega ociosa».

«En el caso de los buques portacontenedores, las cifras de ocupación de bodega son aún más significativas. Actualmente, solo el 13 por ciento de estos buques tienen calados de menos de 34 pies, en tanto el 87 por ciento tiene calados de entre 34 y 48 pies», ejemplos que permiten apreciar las ventajas de «una profundización a 36 pies», apuntaron en Hidrovía SA.

Turismo fluvial

El Ministerio de Turismo de la Nación, junto a los gobiernos de Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsa un plan de turismo fluvial para el cual suscribieron el año pasado un acta compromiso en la ciudad de Paraná, con el fin de poner en marcha la construcción de cinco puertos. Este año comenzaron las reuniones para activar la iniciativa.

Las terminales fluviales previstas son las de Rosario y Santa Fe, la de La Paz (Entre Ríos), la de Corrientes y la de Posadas (Misiones).

El recorrido total previsto abarca tres terminales fluviales más y se están abriendo otras líneas de financiamiento para inversión pública y privada.

El plan de turismo fluvial está planteado para la hidrovía Paraná-Paraguay y se añadirá el río Bermejo; abarca seis tramos, 2365 kilómetros de extensión e involucra a siete provincias.

El proyecto apunta a la reactivación portuaria para el movimiento de catamaranes que viajarán a lo largo de todo el Paraná.

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Sustentabilidad: buques «verdes» 

Con un proyecto calculado en 100 millones de euros, respaldado por un subsidio de 7 millones de la Unión Europea (UE), la firma Port-Liner anunció que inaugurará a fines de año en Holanda una flota de buques de carga totalmente eléctricos, capaces de transportar hasta 280 contenedores.

Port-Liner está construyendo dos barcazas gigantes totalmente eléctricas, conocidas como los barcos de Tesla, para que arranquen navegando en el canal Wilhelmina de Holanda, con la expectativa de que tendrán un impacto significativo en el transporte que circula entre los puertos de Ámsterdam, Amberes y Rotterdam.

Ton Van Meegen, presidente Ejecutivo de Port-Liner, aseguró que la misión de electrificar los barcos en Europa «recién comienza» y puntualizó que en el Viejo Continente «hay alrededor de 7300 embarcaciones, de las cuales más de 5000 son propiedad de empresarios en Bélgica y en Holanda».

Acerca de la iniciativa de Port-Liner de actualizar sus barcazas, Meegen destacó que si bien podrían «construir más de 500 barcazas por año, es mejor reacondicionar las que ya están en funcionamiento y aportar a que la industria opere con energía verde».

El directivo de Port-Liner precisó que ellos desarrollan el diseño de sus propios buques, los cuales «tienen el paquete de baterías dentro de un contenedor. Las baterías, alojadas en contenedores, se cargarán en tierra por el proveedor Eneco, que suministra energía solar, molinos de viento y energías renovables», comentó el directivo.

El sector generó 8000 puestos de trabajo el año pasado y las exportaciones continúan en alza; los casos de emprendedores que conquistan mercados con soluciones made in Argentina.

El 2017 fue un gran año para la industria del software y servicios informáticos (SSI) en la Argentina: el sector, que emplea a más de 100.000 trabajadores, generó 8000 puestos de trabajo, y las exportaciones en dólares acumuladas del último trimestre de 2016 y los tres primeros de 2017 ya sumaban US$1711 millones, que representan un incremento interanual móvil de 36%. Esos son los números que maneja Adrián Anacleto, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de la República Argentina (Cessi). «Probablemente seamos la industria que más empleo generó el año pasado, y pretendemos generar 400.000 empleos más para 2030», dice.

Aunque este sector fue uno de los que sortearon con mayor éxito la crisis económica de los últimos años, no todo fue color de rosas para los exportadores. En 2016 los últimos cinco años habían sido para el olvido, con una caída en dólares de 22% con respecto al récord de 2011.

La mayoría de los exportadores de SSI coinciden en que los obstáculos para exportar no están afuera, sino adentro, y señalan la falta de previsibilidad por la inflación, la fluctuación del tipo de cambio y costos laborales altos como los principales palos en la rueda. Sin embargo, Anacleto señala que aun así la balanza comercial argentina en software no solo es positiva, sino que también es una de las más positivas de América Latina.

Los factores de éxito de las soluciones made in Argentina

Para Diego Casali, presidente de Córdoba Technology Cluster, que con 17 años de historia es el más antiguo del país después del Cessi y referente de los 12.000 trabajadores de la industria del software radicados en la provincia de Córdoba, un rasgo característico de los casos de éxito es que venden servicios o productos de mayor valor agregado.

Casali explica que históricamente la exportación estuvo ligada a la venta de horas hombre de desarrollo, que para la industria son como una commodity que compite por precio con proveedores hipercompetitivos como la India. «Los costos de esas empresas son lineales: a mayor volumen, mayor estructura; son muy sensibles a los cambios coyunturales y las primeras que desaparecen ante una pérdida de competitividad por atraso cambiario», sostiene. Las empresas más resistentes y exitosas no son necesariamente las más grandes.

La innovación y la creatividad son dos virtudes de los productos tecnológicos argentinos. «No atacamos el mercado de desarrollo de software comoditizado, sino de la creatividad y lo complejo, donde resolver problemas tiene un premio», sostiene Anacleto.

«Las vacas más felices dan más leche», dice Eddie Rodríguez, que desde la localidad cordobesa de Morteros desarrolló un chatbot para hablar con las vacas. La expresión podría considerarse risueña si no fuera por la contundencia de los números que la avalan. «Terminamos 2017 con unos 160.000 campos registrados en más de 200 países», cuenta Rodríguez, que dirige un equipo de ocho personas. Gracias a su app gratuita, los 800 millones de campesinos que viven con animales que dan leche y no tienen acceso a Internet tienen la posibilidad de acceder mediante sus teléfonos celulares a las más sofisticadas técnicas de producción agropecuaria. Tras adoptar esta solución, algunos productores lograron un año después incrementar la producción por vaca de 4 a 11 litros de leche por día. «Cerramos el año lanzando una nueva versión premium que incluye funciones adicionales pensadas para mejorar la producción de establecimientos medianos», dice. Este pequeño emprendimiento cordobés fue distinguido como uno de los más innovadores de América latina en 2015 por FastCompany.

«El valor agregado del conocimiento es clave», dice Facundo Favelukes, director y fundador de BVS Technology Solutions, que se especializa en integración de soluciones de broadcast, redes y data centers, y soluciones de IT. Armado con certificaciones Cisco y Dell, y de otras 30 primeras marcas para las soluciones end-to-end de broadcasting, Favelukes explica que su diferencial está en el know-how de la integración. La capacidad para diseñar e implementar la solución óptima se traduce en confiabilidad de procesos, alta performance y ahorro en costos para el cliente. La empresa, que hoy cuenta con más de 150 empleados y tiene oficinas en Montevideo y Chile, acaba de abrir una oficina en Estados Unidos para atender Centroamérica y el Caribe. «No vemos grandes obstáculos para exportar. Tal vez el tipo de cambio que no nos ayuda mucho o el alto costo laboral asociado a las cargas sociales, impuestos y burocracia, pero tenemos un cúmulo de conocimiento extraordinario dentro de nuestros equipos y estamos invirtiendo fuertemente para poder en 2019 exportar servicios y conocimientos argentinos, que son muy valorados en la región y en el mundo», dice Favelukes.

Al igual que otros emprendedores argentinos exitosos, su motivación primera no fue fruto de una inspiración visionaria, sino de la crisis. «La empresa para la que trabajaba quedó golpeada y decidí independizarme. En octubre de 2003, con un hijo de 10 años en el colegio, alquilando y con un capital de US$2000, hablé con mi esposa y le dije: ‘Si logro vender una cámara por mes, con ese dinero vivimos’. El primer año facturamos casi un millón de dólares, de ahí no paramos de crecer», cuenta.

Si para esta industria las distancias ya no significan nada, el tiempo sigue siendo tirano. Argentina tiene la suerte de estar en el mismo huso horario de Estados Unidos, lo cual implica no solo una ventaja para atender ese mercado clave, sino que también potencia la capacidad de expansión de las empresas locales mediante alianzas estratégicas con empresas europeas o asiáticas. Es el caso de FDV Solutions, una empresa fundada en 2006 que se fusionó en 2017 con la multinacional de origen finlandés intive. «La fusión con intive surge de la necesidad que tenía FDV Solutions de profundizar su proceso de exportación de servicios para lograr llegar a más y mejores clientes en los Estados Unidos, y en el caso de intive, con la necesidad de buscar un partner con experiencia comprobada en el mercado americano que pudiese atender a todos los clientes que ya tenía desde un huso horario más favorable que el europeo y con el know-how necesario para dar servicios a un mercado tan exigente como es el americano», explica Andrés Vior, cofundador y CEO de FDV-intive, cuyo core business es el desarrollo de software a medida y arquitectura de código abierto. Tras la fusión pasaron de 100 a 140 empleados y atienden clientes como Intelligize y LexisNexis. A nivel local han facturado US$5.000.000 en 2017, de los cuales 75% fueron exportaciones. Su socia intive facturó a nivel global ?60.000.000 y tiene oficinas en Polonia, Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos.

En la Cessi trabajan intensamente para explotar esta ventaja. Su presidente, Aníbal Carmona, acaba de viajar a la India para reunirse con Raman Roy, presidente de la Nasscom, entidad homóloga a la Cessi. «El objetivo es lograr un acuerdo para potenciar la capacidad exportadora argentina. Las empresas indias tienen un pool de talento enorme y gran capacidad de mano de obra, mientras que nosotros tenemos un complemento muy importante con nuestra capacidad de innovación y la cercanía tanto horaria como cultural», dice Anacleto.

En el sector coinciden en que el aspecto cultural es otro de los factores distintivos de los emprendimientos argentinos que triunfan en el exterior. «Los siete fundadores fuimos compañeros de facultad de la UBA y luego de 12 años seguimos siendo socios y amigos», cuenta Vior.

Según este ingeniero de 38 años, el aspecto cultural ha sido clave, no solo generando un clima de trabajo «excelente», sino también a la hora de interactuar con profesionales y clientes de todas partes.

«Una multinacional nos pidió el diseño y la cotización de un desarrollo específico para el área de RR.HH. a nivel global. El prototipo gustó, y cuando estábamos presentando el proyecto a los ejecutivos, que contemplaba interfaces en inglés, francés y portugués, a mí se me paró el corazón cuando el director se da vuelta y pregunta: ‘Chino mandarín, ¿no?'», cuenta Alfredo Villafañe, que con $10.000 y dos amigos lanzó SoulIT Solutions en 2012, que se especializa en desarrollo, consultoría y procesos de sistemas y facturó $16.000.000 en 2017. «En un mercado tan globalizado, la versatilidad cultural de los argentinos es muy demandada», dice.

Consultado sobre los rubros con mayor potencial, Casali menciona inteligencia artificial, big data, analytics, machine learning, Internet de las Cosas y blockchain, aunque aclara que si bien se está invirtiendo fuerte en estas áreas, todavía son proyectos.

7Puentes es una de las empresas argentinas que ya desarrollaron exitosamente estas áreas. Sus exportaciones aportaron el 67% del millón de dólares que facturó en 2017. Luciano Ordóñez, uno de los cinco socios que fundaron la empresa, en 2007, cuenta que comenzaron desarrollando data science, con proyectos como la investigación y desarrollo de modelos de uso y comportamiento de conductores de automóviles a partir de datos reportados por una app móvil. También han desarrollado complejos proyectos de inteligencia artificial, como una investigación y desarrollo de modelos de personalización, que incluyó la construcción de un sistema de recomendación sobre un conjunto de más de 100 millones de usuarios y 1 millón de ítems, procesando más de 1 billón de eventos en 14 países, con un entorno de experimentación y evaluación permanente. Incursionaron en la industria de blockchain con clientes como Xapo, para el que diseñaron los procesos de análisis del ciclo de vida y comportamiento de cliente. El amor por la complejidad y los números está en el ADN de la empresa. «Nuestro nombre nace de la mezcla de la zona sur del Gran Buenos Aires y un legendario problema matemático», dice Ordóñez, refiriéndose al problema de Königsberg y al Puente Agüero de Avellaneda.

Pero la realidad es que la innovación, la creatividad, el conocimiento y la versatilidad cultural no han sido los únicos motores del sector. «La industria no sería lo que es hoy si no hubieran existido las leyes de promoción», dice Casali. Se refiere a la ley de software, que otorgó créditos fiscales y otros beneficios impositivos; a programas como Fontar, Fonsoft, Pac, o el plan de capacitación 111mil. Además del «régimen Exporta Fácil y la ley de emprendedores», agrega Anacleto.

Ambos coinciden en que no se trata de subsidios, sino de promoción, y que los resultados de los últimos años muestran que, lejos de ser un costo para el Estado, han generado grandes beneficios.

«La ley de software te da previsibilidad, permite firmar contratos a cinco años», dice Anacleto. La ley vence en 2019 y están trabajando para obtener una prórroga. Se lo merecen, dicen.

Fuente: La Nación, 08/02/18.

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