Bolivia: elecciones en medio de la creciente violencia y el colapso institucional
junio 12, 2025
Por Adalberto Agozino.
En Bolivia la pugna entre Arce y Morales no es sólo un conflicto de liderazgos, sino que se ha convertido en una disputa por el control de los pocos recursos que aún conserva el Estado.
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Bolivia se aproxima a las elecciones generales del 17 de agosto bajo un clima político cada vez más inflamable. La campaña electoral ha sido eclipsada por una escalada de violencia, choques armados entre manifestantes y fuerzas del orden, bloqueos de rutas y una crisis institucional que ha dejado al país sin garantías claras sobre la transparencia del proceso. En este contexto, las disputas internas dentro del oficialismo y el descrédito del sistema judicial debilitan la posibilidad de unas elecciones legítimas y pacíficas.
La fractura entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, ambos referentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ha arrastrado al partido oficialista a una división sin retorno. Morales, inhabilitado constitucionalmente para presentarse por cuarta vez, ha sido proclamado “único candidato” por sus bases más radicales, que lo respaldan incluso frente a una orden de captura por un caso de trata de personas. Desde su bastión en el trópico de Cochabamba, Morales impulsa bloqueos que paralizan parte del país y generan un clima de rebelión creciente.
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Las consecuencias de esta movilización son graves: en menos de una semana murieron cuatro policías en enfrentamientos con seguidores del exmandatario. En Llallagua y Oruro, las patrullas policiales fueron blanco de disparos, sus vehículos incendiados y sus agentes tomados como rehenes. En paralelo, el desabastecimiento de combustible y alimentos, producto de los cortes de rutas, agudiza la crisis económica y genera un ambiente de desesperanza entre los ciudadanos.
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Por su parte, el gobierno de Arce respondió con una ofensiva conjunta de policías y militares, autorizando operativos para liberar las rutas bloqueadas. Pero la violencia no cede, y las declaraciones de ambos bandos no hacen más que echar leña al fuego. Mientras el presidente, que se niega a renunciar, promete “mano dura” para defender el orden constitucional, Morales asegura que el pueblo se subleva ante la “judicialización de la política” y denuncia persecución.
Este enfrentamiento va mucho más allá de la competencia por el liderazgo del MAS. Se trata de una disputa por el control del aparato estatal en un país con reservas internacionales en caída, inflación en alza y un sistema judicial sumido en el descrédito. La suspensión indefinida de las elecciones judiciales, la prórroga de magistrados por decreto y la supresión de las primarias presidenciales han vaciado de contenido al proceso democrático.
En las regiones rurales, donde la autoridad del Estado es débil, los sindicatos cocaleros afines a Morales imponen su ley. En las ciudades, la clase media observa con creciente hartazgo cómo se disuelve el orden institucional. La violencia en La Paz, donde manifestantes intentaron tomar por la fuerza la plaza Murillo, sede del gobierno, o los disturbios en Cochabamba, donde se enfrentaron con gases y petardos, son apenas síntomas de una polarización que amenaza con salirse de control.
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La oposición, agrupada en un “bloque unido” de centroderecha, intenta capitalizar el caos sin lograr aún un liderazgo claro. Mientras tanto, sectores civiles, empresariales y académicos reclaman una salida institucional que garantice elecciones limpias y pacíficas. Pero el reloj avanza, y con él la posibilidad de que la violencia termine por impedir un proceso electoral normal.
La violencia preelectoral no es un fenómeno nuevo en Bolivia, pero adquiere una dimensión inquietante cuando se combina con un panorama económico cada vez más precario. La inflación, aunque oficialmente contenida en cifras moderadas —un 2,1 % interanual, según el INE—, convive con una escasez creciente de productos importados, un mercado negro del dólar en expansión y un déficit fiscal estructural que el Gobierno apenas logra disimular con discursos de soberanía económica.
Bolivia, marcada por las heridas aún abiertas de 2019, cuando la salida forzada de Evo Morales derivó en una transición turbulenta, corre el riesgo de repetir una historia de colapsos. Si no se restablecen las condiciones mínimas de legalidad y convivencia democrática, el país podría enfrentarse a un nuevo ciclo de ingobernabilidad.
Las elecciones de agosto ya no solo decidirán quién ocupará la presidencia: podrían definir si Bolivia mantiene en pie su frágil democracia o se precipita en una crisis irreversible.
Fuente: alternativepressagency.com, 12/06/25
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Las víctimas de Evo Morales responden a su autoritarismo
mayo 7, 2012
Las víctimas de Evo Morales responden a su autoritarismo
Por Mary Anastasia O’Grady
La estrategia populista de la izquierda de demonizar a la clase inversionista tiene una gran desventaja: la ley de los rendimientos decrecientes. A medida que disminuyen los blancos, también lo hacen los dividendos.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tal vez lo entienda con el tiempo. El presidente de Bolivia, Evo Morales, está viviendo esa lección ahora mismo.
En mayo de 2006, Morales nacionalizó la industria del gas aduciendo que es un tipo de patrimonio colectivo. La noticia infló el orgullo nacional y la gratificación para el presidente fue inmediata. Pero no fue duradera; el mandatario necesitaría otras medidas para replicar ese efecto.
La última llegó hace seis días, el 1 de mayo —el Día de los Trabajadores para los socialistas—, cuando anunció la nacionalización de Red Eléctrica, una empresa de transmisión de electricidad. Imágenes provenientes de Cochabamba, donde soldados con botas de combate y equipo antidisturbios rodearon las oficinas de la compañía, exhibían el chovinismo de Morales. En el Palacio Quemado en La Paz, el presidente fue fotografiado levantando el puño de forma triunfal.
Fue bastante dramático, pero no representa lo que sucede realmente en Bolivia.
Morales tiene serios problemas políticos. Ganó la reelección en diciembre de 2009 con un 64% de los votos. No obstante, ahora su tasa de aprobación ronda 35% y, pese a que tiene el control de las cortes, el Congreso y el Órgano Electoral Plurinacional, tiene problemas para gobernar.
Como presidente, Morales ha seguido dependiendo de los métodos primitivos que utilizó para acceder al poder —es decir, bloqueos de carreteras, protestas callejeras y violencia de turbas— para dirigir su gobierno. No obstante, los bolivianos están hartos. Visto desde el prisma de su menguante popularidad, la expropiación de Red Eléctrica parece más un acto de desesperación que de desafío.
La izquierda internacional ha explicado la popularidad inicial de Morales en términos raciales, pintando a él y a su vicepresidente marxista de clase alta, Álvaro García Linera, como nobles libertadores de una nación indígena. Esto ignora el hecho de que la mayoría de los bolivianos son culturalmente mestizos, lo que significa que, más allá de su linaje, ya no viven como lo hacían sus ancestros hace 500 años. Lo que los socialistas también pasan por alto es que los indígenas bolivianos no prefieren ser tiranizados por alguien que se parece a ellos más de lo que les gustaría estar bajo el yugo de alguien que no.
Las cosas debieran estar saliéndole bien a Morales. Bolivia es un proveedor de recursos y los precios de las materias primas en general están en auge. No obstante, la economía ha tenido un desempeño mediocre. El Producto Interno Bruto ha promediado un anémico crecimiento anual de 2,9% desde 2005 a 2010. El año pasado, se estima que se expandió 5%, pero no alcanzó la meta de 6% que, según los economistas, los países en desarrollo deben mantener durante un decenio para lograr un impacto real en las tasas de pobreza.
Una razón es la escasez de inversión privada. La inversión total es de alrededor de 16% del PIB, cuando se necesita una cifra cercana a 25% para generar un crecimiento fuerte a largo plazo. Peor aún, la mayor parte de la inversión proviene del sector público y es financiada cada vez más por el banco central. La inversión privada ha sido apenas de entre 6% y 7% del PIB, lo que sugiere que a los inversionistas les preocupa el riesgo país.
Su proyecto gasífero tampoco está funcionando bien. Después de la nacionalización de 2006, dio marcha atrás a un contrato de largo plazo para abastecer a Brasil a través de un gasoducto de Petrobras e intentó elevar el precio. Petrobras respondió incrementando su capacidad para manejar gas natural licuado importado y comenzó a invertir en grande en la explotación de yacimientos brasileños. Ya no depende del gas boliviano.
Mientras tanto, el problema real de Morales, el odio de los bolivianos a su autoritarismo, está saliéndose de su control. El problema empezó con un intento en diciembre de 2010 de aumentar los precios de la gasolina en 70%. El levantamiento —conocido como el gazolinazo— fue tan violento que se vio obligado a retractarse. El incidente dañó mucho su imagen.
Luego, anunció planes para construir una carretera financiada por Brasil a través de una reserva indígena en la amazonia boliviana conocida como Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, o TIPNIS. Los habitantes pidieron un desvío para salvar sus territorios ancestrales. Cuando Morales se negó, cientos de indígenas emprendieron una marcha de protesta de 500 kilómetros a La Paz. En el camino, se encontraron con un piquete pro-Morales y la policía les lanzó gas lacrimógeno. Cuando el gobierno arrestó a unos 300 manifestantes y trató de sacarlos del área en avión, residentes locales prendieron hogueras en la pista del aeropuerto en solidaridad con los detenidos.
Morales ha suspendido la construcción de la carretera, pero todavía insiste en que la ruta se llevará a cabo porque los cocaleros —su electorado más importante— la necesita para expandir su negocio.
El TIPNIS se ha convertido en el símbolo de la resistencia nacional contra la mano dura de Morales. El diario español La Gaceta informó que sólo en marzo hubo 123 protestas en todo el país. Incluso Naciones Unidas ha dicho que está preocupada por el creciente nivel de conflicto y la persecución de oponentes políticos. Morales también está preocupado, lo que probablemente explica por qué fue tras Red Eléctrica en el Día de los Trabajadores.
Fuente: The Wall Street Journal, 06/05/12.