En las últimas décadas la tecnología cambió la geometría del poder. Lo que antes exigía enormes recursos humanos y logísticos —seguir a una persona, intervenir correspondencia, mantener una red de informantes— hoy puede realizarse a escala industrial con unas pocas líneas de código y acceso a los canales globales de las telecomunicaciones. Esa transformación ha elevado la eficacia potencial de los servicios de inteligencia, pero también ha multiplicado los riesgos: la posibilidad de que el Estado —o actores privados aliados a él— transforme la vigilancia en un hábito sistémico que invade derechos, erosiona la confianza pública y corroe el tejido democrático.
La historia reciente ofrece advertencias concretas. Ya a fines del siglo XX surgieron denuncias sobre sistemas de interceptación que operaban más allá de controles nacionales y sin una supervisión democrática adecuada; el caso conocido como Echelon puso en evidencia, ante el Parlamento Europeo y la opinión pública, una red de cooperación entre los «Five Eyes» (servicios de inteligencia de Estados Unidos, Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva Zelanda) que interceptaba comunicaciones comerciales y privadas a escala global. La investigación parlamentaria subrayó no sólo la existencia de capacidades técnicas, sino la dificultad institucional para auditar prácticas transnacionales de SIGINT (intelligence of signals).
Enemigo público (Enemy of the state, 1998), una vieja película que nos advierte sobre los riesgos de la hipervigilancia.
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Diez años después, en 2013, las filtraciones de Edward Snowden mostraron el alcance actual de esa capacidad: programas como PRISM o XKeyscore ilustraron que la recolección masiva de metadatos y contenidos no es una ficción de película, sino una práctica sistemática, con implicaciones políticas directas —incluidas intervenciones sobre líderes y aliados internacionales— y con instrumentos que, cuando quedan sin control, afectan derechos fundamentales. Esas revelaciones provocaron debates internacionales sobre legalidad, proporcionalidad y supervisión.
Frente a esa realidad técnica y política, la comunidad internacional empezó a afirmar límites normativos: informes y resoluciones de la ONU y de relatores especiales han marcado con nitidez que la vigilancia masiva, indiscriminada o sin recursos de supervisión judicial vulnera estándares de derechos humanos y debe limitarse por ley y por controles independientes. Como subrayó un Relator de la ONU, “la vigilancia masiva y generalizada no puede justificarse en un Estado de derecho.” Ese pronunciamiento inauguró un corpus de recomendaciones sobre transparencia, rendición de cuentas y derecho a reparación para víctimas de espionaje indebido.
Las respuestas normativas no son mera retórica: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea y directivas conexas impusieron un marco robusto sobre el tratamiento de datos personales, incluso ante autoridades del Estado, y exigieron principios —minimización, propósito, responsabilidad— que limitan la acumulación indiscriminada de información. Aunque estas normas nacieron en el ámbito civil y comercial, imprimen un estándar conceptual útil para discutir las prácticas de inteligencia en sociedades democráticas.
El lado oscuro: tecnología en manos del poder y sus efectos sociales
No todos los abusos vienen de estados con regímenes autocráticos; en numerosos casos, democracias consolidadas han incurrido en prácticas problemáticas al invocar seguridad. Pero además existe un fenómeno contemporáneo que complica la trazabilidad del poder: la proliferación de empresas privadas que venden herramientas de intrusión —desde sistemas de interceptación hasta spyware que transforma teléfonos en micrófonos remotos— y que operan en mercados opacos. El escándalo de Pegasus puso a la vista cómo estas tecnologías, originalmente justificadas para combatir el crimen organizado o el terrorismo, terminaron siendo utilizadas para vigilar periodistas, defensores de derechos humanos y adversarios políticos en varios países. La evidencia forense y periodística sobre el uso indebido de estas herramientas provocó condenas y pedidos de regulación internacional.
El efecto social es doble: por un lado, la intrusión directa en la privacidad de sujetos y colectivos; por otro, el impacto indirecto sobre la libertad de expresión y la autonomía de la prensa. Cuando periodistas y fuentes temen que sus comunicaciones sean interceptadas, renuncian a investigar, censuran conversaciones y se reduce la transparencia sobre el ejercicio del poder. No es mera metáfora: organizaciones internacionales han documentado la paralización de investigaciones sensibles y la desmovilización de denuncias ciudadanas ante la sospecha de pinchazos o intrusiones.
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América Latina: entre la digitalización del control y la fragilidad institucional
En la región latinoamericana las tensiones son palpables. Países con instituciones robustas conviven con Estados frágiles donde la supervisión parlamentaria y judicial sobre actividades de inteligencia es limitada o está politizada. El caso mexicano, con investigaciones que vinculan el uso del spyware Pegasus a aparatos estatales para espiar políticos y periodistas, funcionó como detonante regional: mostró que el problema no era tecnológico sino institucional. El gravamen específico en Latinoamérica es la acumulación de herramientas de vigilancia en contextos donde los mecanismos de rendición de cuentas son débiles, y donde la cultura política puede tolerar el uso discrecional de la inteligencia para objetivos partidarios o empresariales.
América Latina enfrenta además un déficit de marcos legales actualizados: leyes aprobadas en décadas anteriores no contemplan la interoperabilidad digital global ni el papel de proveedores y empresas tecnológicas transnacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos han insistido en la necesidad de marcos regionales que protejan a periodistas, activistas y a la sociedad civil frente al abuso de tecnologías de intrusión. La recomendación común es clara: actualizar la normativa, crear instancias independientes de control y garantizar recursos técnicos para auditorías.
Argentina: controles formales y desafíos prácticos
En Argentina el andamiaje legal de inteligencia remonta a la Ley de Inteligencia Nacional [Ley 25.520 (2001)], que establece principios y mecanismos de actuación del sistema de inteligencia. Sin embargo, la persistencia de denuncias y episodios de opacidad han mostrado la tensión entre la letra de la norma y la práctica institucional. Informes de organizaciones de la sociedad civil han criticado la eficacia real de los órganos de control —como la Comisión Bicameral— por limitaciones en acceso a información, recursos técnicos y garantías de independencia. Es decir: existe un marco formal, pero su aplicación y capacidad de fiscalización siguen siendo puntos débiles que requieren reforma profunda.
Un país que aspire a un equilibrio entre seguridad y derechos debe atender tres vertientes simultáneas: 1) legislación actualizada que defina límites claros y sanciones proporcionales; 2) organismos de control con autonomía, acceso técnico y transparencia operativa; y 3) mecanismos de reparación para víctimas de vigilancia ilícita. Sin estas piezas, la supervisión se vuelve ritual y la impunidad permanece.
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¿Cómo vigilar a quienes vigilan? Instrumentos para un control efectivo
A partir de la experiencia comparada y las recomendaciones internacionales, pueden proponerse medidas concretas:
1. Transparencia institucional y divulgación pública de algoritmos y criterios de selección: explicar qué datos se recaban, con qué criterios se priorizan objetivos y qué algoritmos automatizados son empleados. Transparencia no significa revelar operaciones sensibles, sino dar trazabilidad técnica y legal a los procesos decisionales.
2. Control judicial previo y auditoría independiente: cualquier interceptación debe requerir autorización judicial fundada y sujeta a revisiones posteriores por auditores con acceso a registros y metadatos. Las auditorías técnicas independientes (por ejemplo, por universidades o laboratorios forenses acreditados) son esenciales para comprobar el uso legítimo de herramientas.
3. Prohibición y control de transferencia de tecnologías ofensivas: limitar la compra y el uso de spyware sin mecanismos de supervisión; exigir cláusulas contractuales de responsabilidad y auditoría en los contratos con proveedores privados.
4. Capacitación técnica del poder legislativo y judicial: sin conocimiento técnico, los controles se vuelven simbólicos. Equipar a comisiones y tribunales con peritos y unidades técnicas estables es crucial.
5. Registro público de solicitudes de vigilancia y balances anuales: estadísticas desagregadas que permitan evaluar la proporcionalidad y el sesgo en la selección de objetivos.
6. Protecciones específicas para periodistas, defensores y opositores: umbrales más exigentes para autorizar intervenciones sobre actores políticamente sensibles.
Estas medidas no son una utopía; forman parte de los estándares propuestos por organismos internacionales y ya han sido esbozadas en jurisprudencia y recomendaciones de relatores de la ONU. Implementarlas exige voluntad política y litigiosidad pública —pero también cultura institucional.
Recordar para no repetir
Como advirtió Benjamin Franklin —en una frase que hoy resuena con inquietante actualidad—, quien sacrifica la libertad por seguridad no merece ni libertad ni seguridad. Más contemporáneamente, los relatores de derechos humanos han insistido: la vigilancia indiscriminada erosiona la democracia misma. Estas máximas no constituyen dogma; son recordatorios prácticos de que la tecnología, por sí sola, no nos salva: somos nosotros, con instituciones fuertes y normas claras, quienes debemos decidir los límites.
Vigilancia responsable
Vigilar a los que vigilan no es una postura antipatriótica; es la condición mínima de una República que respete a sus ciudadanos. La defensa de la seguridad y la protección de los derechos no son objetivos opuestos sino complementarios: sólo una inteligencia legítima —limitada, transparente y auditada— puede preservar la seguridad sin devorar las libertades que dice proteger.
Es hora de un compromiso colectivo: parlamentos que actualicen leyes, magistrados que exijan pruebas fundadas, comisiones que cuenten con pericia técnica, periodistas que investiguen y ciudadanía informada que exija cuentas. Si algo enseñan Echelon, Snowden, Pegasus y los informes internacionales, es que el riesgo no es un futuro posible: ya está aquí. La pregunta es si permitiremos que la tecnología decida por nosotros o recuperaremos, con herramientas democráticas, el control sobre quienes nos vigilan.
Actuemos. Reformemos marcos legales, blindemos institutos de control, prohíbanse ventas opacas de tecnologías de intrusión y construyamos auditorías técnicas independientes. No hay seguridad durable sin legitimidad; no hay legitimidad sin vigilancia popular sobre la vigilancia estatal.
Es un enorme peligro eliminar el dinero en efectivo; ya que podríamos vernos inmersos en un mundo orwelliano donde los gobiernos controlen toda compra, transacción y movimiento económico de cada persona.
Conozca más sobre el tema, visite:
CashEssentials (CE) es un grupo de reflexión global e independiente, cuya misión es observar desarrollos en curso y llevar a cabo investigaciones y análisis sobre el efectivo y su futuro, al tiempo que proporciona una plataforma para la investigación y el debate equilibrados sobre el efectivo, los pagos y los sistemas monetarios, en beneficio, viabilidad y bienestar de todos.
El uso de efectivo
Por Ana Moreno Hueyo.
Para Dominic Frisby, el fin del efectivo sería desastroso para todos. En un mundo sin efectivo cada pago que se realizara sería rastreable. ¿Es bueno que los gobiernos (que no siempre son benevolentes), los bancos y los procesadores de pagos tengan acceso potencial a esa información? Esto le daría aún más poder al sector financiero, dado que los bancos y las compañías financieras relacionadas supervisarían todas las transacciones.
Como sucede con la mayoría de las cosas que el Gobierno no quiere que haga se está demonizando el efectivo. El efectivo es en gran medida anónimo y el mero hecho de que los criminales lo usen no significa que todo el efectivo sea dudoso. Cumpliendo con las obligaciones impositivas (dinero en blanco), es legal; el efectivo da independencia a sus usuarios. les permite comprar y vender y atesorar su dinero, sin depender de nadie más. Si lo desean pueden quedarse fuera del sistema financiero. Todo lo que se necesita para atesorar cualquier cantidad de efectivo es un lugar seguro donde guardarlo, mientras que el efectivo electrónico o los pagos con tarjetas de crédito necesitan de los servicios de grandes organizaciones, que ganan fortunas a costa de sus clientes.
Está claro que el efectivo es algo más que un modo de lavar dinero. Es un sistema igualitario en el que cualquiera puede participar y creo que, sin duda, vale la pena luchar por este derecho.
Ana Moreno Hueyo. DNI 3.274.978.
Cartas de los Lectores. Na Nación, 23/04/07.
Dominic Frisby: «Acabar con el dinero en efectivo le dará demasiado poder a los bancos»
Por Redacción BBC Mundo.
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Todos parecen querer acabar con el dinero en efectivo.
No pasa día en que no aparezca un nuevo ejemplo de avance tecnológico que nos permita deshacernos del cash.
El uso de transferencias electrónicas en vez de billetes y monedas es visto como un símbolo de modernidad, un rechazo a formas de intercambio que existen desde épocas medievales.
Pero desde la otra orilla, surgen voces que alertan sobre los riesgos de abandonar uno de los inventos más útiles y longevos de la humanidad: el efectivo.
Precisamente el hecho que subsista hasta nuestros días un invento de la época antigua es la prueba de su versatilidad y conveniencia.
El escritor financiero británico Dominic Frisby es una de esas voces en favor del efectivo.
Columnista y autor de exitosos libros y documentales sobre el sistema financiero mundial, le advierte a BBC Mundo que acabar con el efectivo para darle paso a mecanismos de intermediación electrónica le dará demasiado poder a los bancos, es una amenaza a la intimidad de la gente y excluirá todavía más a los pobres de la actividad económica.
Los riesgos
Frisby es vehemente en denunciar lo que él ve como peligros de esta tendencia, en particular, colocar aún más poder en el sector financiero para procesar todas las transacciones que ya no se harían por medio de monedas y billetes.
«El sector financiero es excluyente, mientras que con el dinero en efectivo, cualquier persona puede participar en ello. El sector financiero tiene reglas, que pueden excluir a ciertas personas».
Frisby ve un paralelo en el desarrollo de la telefonía fija frente al de la telefonía celular.
«En 2008 había 1.300 millones de líneas de telefonía fija en todo el mundo, para una población total de 7.000 millones. A todo el mundo le gusta comunicarse. Por lo que uno pensaría que debería haber más de una línea telefónica por cada seis personas. Pero en cambio llegaron los teléfonos móviles y ahora hay 6.000 millones de líneas de teléfono celular».
¿Por qué triunfó el teléfono móvil sobre las líneas fijas?, se pregunta Frisby.
«Una de las razones es por la tecnología. Pero otra razón es que para obtener una línea de teléfono fijo se requería una cuenta bancaria y acceso al crédito. Y más de la mitad de la población mundial no tiene acceso a bancos. Por lo que la exclusión financiera impidió a muchos de ellos obtener una línea teléfonica», asegura.
Dominic Frisby advierte que hay muchos riesgos en la desaparición del efectivo. .
«En el caso del teléfono móvil, se puede comprar el aparato y los minutos con efectivo, no se necesita tener cuenta bancaria, y no excluye a la gente de la misma manera. La consecuencia es que ahora hay 6.000 millones de personas con teléfono móvil».
«Una forma de intercambio es incluyente, la otra excluyente. Y un riesgo de la sociedad sin efectivo es la exclusión de los muy pobres.
«Si eres un refugiado que acabas de llegar a Europa, ¿como vas a conseguir una cuenta bancaria? Y si no tienes cuenta bancaria, ¿qué vas a hacer?»
Tampoco funcionan muy bien en casos de emergencias naturales. «Si no funcionan las transferencias electrónicas luego de una inundación u otro desastre, ¿como compras comida?».
Contra la intimidad
Frisby también ve un riesgo al derecho a las personas a su privacidad.
«En mi opinión, las finanzas ocupan un lugar demasiado grande en nuestras economías. ¿Queremos que ahora controlen como intermediarios todos y cada uno de los pagos que hagamos? Creo que es un error», advierte.
«Más aún, la manera en que gastas tu dinero dice más sobre ti que cualquier otra cosa. Ahora, estas organizaciones, y probablemente también los gobiernos, tendrían acceso a toda la información acerca de cómo gastas tu dinero».
Los avances tecnológicos en el uso de formas alternativas de dinero pueden afectar la privacidad. .
Frisby cree, no obstante, que actualmente hay otros avances tecnológicos que pueden mitigar estos riesgos.
«Ahora tenemos efectivo digital, como bitcoin y otras 300 a 400 modalidades de dinero digital, sin intermediarios».
Pero los que piensan distinto sostienen que esa falta de intermediarios y de regulación podría prestarse en algunos casos para actividades criminales.
La misma razón por la que algunos estados quieren eliminar billetes en efectivo de alta denominación que se usan también para lavado de dinero y otras irregularidades.
A lo que Frisby responde que es cierto que en algunos casos el efectivo se emplea para actos ilegales, «al impedir que se use el efectivo, desde el punto de vista filosófico, se está quitando una libertad, una opción».
Inevitable
Frisby reconoce que, en buena parte, el movimiento hacia el dinero electrónico es inevitable por el avance tecnológico.
«Hace mucho usabamos conchas y dientes de ballena como medio de intercambio. Las monedas acuñadas eran más efectivas, después el papel moneda y eventualmente banca electrónica. Es la manera en que el mundo evoluciona», dice el comentarista.
«En algunos países veremos, en nuestras vidas, la desaparición total del efectivo».
«Yo mismo, uso cada vez menos el efectivo. Pero eso no quiere decir que debamos erradicar del todo la opción», sentencia Frisby.
Dinero electrónico: un instrumento del Estado Policial
Una de las razones por las cuales sabemos que el actual sistema monetario y financiero está condenado a seguir fracasando –hasta su colapso definitivo– es que la institución moneda no nació como una herramienta de control social. De hecho, la violencia la torna inefectiva, si no perjudicial. Por eso Jon Matonis no se cansa de repetir que si el dinero electrónico puede ser utilizado como un medio para identificarnos, escudriñarnos, vigilarnos y censurarnos, pues estamos mejor sin dinero electrónico.
El caso del señor Salah, que Mike Hearn recuerda en el foro de Bitcoin, ilustra muy bien los peligros de un sistema financiero cuyos canales han sido secuestrados por un Estado Policial.
Una de las críticas más comunes que se le hacen a Bitcoin es que, al ser como el dinero en efectivo, no admite el control gubernamental de las transacciones – algo que, según se afirma, es necesario para luchar contra el terrorismo. Si vas a involucrarte en un debate sobre este tema, el siguiente caso puede interesarte.
Sinopsis
Salah et al. V Ministerio de Hacienda es una demanda federal presentada en nombre de Muhammad Salah, ciudadano de los EE.UU. que reside en este país, contra la decisión del Ministerio de Hacienda de designar al Sr. Salah como “Terrorista Especialmente Designado” sin debido proceso ni razones que lo vinculen en modo alguno a un delito penal, y bajo restricciones tan severas que le impiden llevar a cabo las actividades más básicas de la vida.
Estado actual
En respuesta a la demanda, y sin intentar defender su previa posición, el Ministerio de Hacienda eliminó unilateralmente al Sr. Salah de la lista de “Terroristas Especialmente Designados”. Después de 17 años de opresivas restricciones sobre su capacidad para realizar las actividades más básicas de la vida, el Sr. Salah y su familia fueron liberados de la carga que el Gobierno de los EE.UU. les había impuesto.
Vale la pena preguntarse: ¿cómo es posible que un supuesto terrorista digno de las sanciones más severas por más de 17 años sea de pronto designado como no terrorista, simplemente en respuesta a una demanda? La calidad (y por tanto la utilidad) del proceso en cuestión es, como mínimo, discutible, sobre todo teniendo en cuenta que el del Sr. Salah está lejos de ser un caso aislado.
¿Y cómo es vivir en los EE.UU. mientras uno está incluido en la lista de “Terroristas Especialmente Designados”?
Como resultado de la designación, Salah ha tenido que vivir bajo restricciones extremadamente severas, privándose de prácticamente todas las transacciones económicas – incluso las necesarias para la supervivencia: Al Sr. Salah no se le permitía conseguir un trabajo, pagar el alquiler, obtener atención médica, o incluso comprar una hogaza de pan.
Al estar obligado a informarles a sus posibles empleadores que él era un “Terrorista Especialmente Designado”, le era prácticamente imposible conseguir trabajo.
Sus familiares y amigos tenían prohibido ayudarlo económicamente.
Tenía prohibida la compra de artículos tan simples como un libro o un periódico, una entrada para un concierto o un evento deportivo, o flores para su esposa.
También tenía prohibido cumplir con su obligación religiosa de hacer donaciones regulares a instituciones caritativas.
Ser expulsado de la economía de manera tan radical es un castigo terrible, incluso una amenaza para la vida. Y cualquier persona que intente ayudarte puede ser acusada de “lavar dinero”, violar las sanciones o ambas cosas.
El monopolio sobre el dinero es la base de los feroces ataques a la privacidad que padecemos, y el principal instrumento de vigilancia del Estado norteamericano. Como dijo Mark Hubbard: “La civilización es un movimiento que tiende hacia la privacidad – esto es, hacia lo opuesto al Estado policial. La legislación fiscal se ha convertido en la legislación del Gran Hermano“.
El rastreo de fondos es, en gran medida, un medio para facilitar el robo a la población productiva, pero también sirve para identificar y castigar el comportamiento “inaceptable”, como por ejemplo el comercio de ciertas drogas o la disidencia política. De hecho, es criminalmente ingenuo suponer que el gobierno no va a utilizar esa enorme cantidad de información para apuntar contra sus críticos.
Asimismo, el monopolio sobre el dinero le permite al gobierno imponer medidas que castigan y controlan a determinados grupos humanos. Por ejemplo, mientras los bancos funcionen como un brazo del gobierno, seguirán negándose a abrir cuentas a nombre de personas que carecen de identificación emitida por el Estado. De este modo, se les impide a los “sin papeles” llevar a cabo transacciones monetarias que forman parte de la vida cotidiana. Por el contrario, las instituciones financieras contraculturales a menudo sólo requieren un nombre de usuario y una contraseña para depositar fondos.
El monopolio sobre el dinero es una de las condiciones necesarias para el establecimiento de un Estado policial. Al abogar por un mercado libre de monedas, es importante afirmar y reafirmar algo que debería ser obvio: las libertades civiles exigen la existencia de una buena moneda.
Y nada garantiza mejor la calidad de la moneda –o de cualquier otro producto– que la libre competencia.
Un Estado policial es un Estado donde el gobierno mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a través de la supresión de las libertades civiles y a menudo mediante una fuerza de policía secreta y un gran despliegue e inversión en mecanismos de Vigilancia. Esto implica que el control por el gobierno contradice la voluntad de los individuos que están siendo controlados. Así, un Estado policial es inherentemente antidemocrático y es similar a la ley marcial.
La ley marcial es un estatuto de excepción de aplicación de las normas legales ordinarias, por medio del cual se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas armadas o la policía en cuanto a la administración de jurisdicción y resguardo del orden público. Casos usuales de aplicación son la guerra o para sofocar rebeliones.
La ley marcial implica una limitación y suspensión de algunos de los derechos civiles que el ordenamiento garantiza al individuo, además de aplicar procesos sumarios en los juicios y castigos severos más allá de los que se imponen en situaciones normales. En muchos casos de ley marcial, la pena de muerte es impuesta para crímenes que normalmente no serían crímenes capitales, como el saqueo o robos en caso de catástrofes. Los llamados normalmente a ejercer la ley marcial son los tribunales militares.
Los Bancos, los Hermanos Mayores del sistema.
Por Dardo Gasparré.
Hubo una larga época en la que la gente era cliente de los bancos. Les interesaban nuestras cuentas, nos cuidaban, tenían cajeros con rostro humano que recibían nuestros depósitos, nos daban cambio, sabían lo que necesitábamos y lo que preferíamos.
Un día algo pasó. O varias cosas pasaron. La primera fue tal vez la tecnología. Primero los cajeros automáticos, o teller machines. Muchos recordarán cuando en el comienzo, las transacciones no tenían costo si se hacían mediante ese procedimiento, y sí lo tenían si se hacían en las cajas. Una manera de compartir el ahorro de personal que implicaba la mecanización tecnologizada.
¿En qué momento eso cambió? Un día empezaron a cobrar por el servicio y hacer cada vez más dificultoso el uso de las cajas con personal vivo. Hoy, muchos bancos en el mundo reportan por separado las ganancias de sus teller machines. Bank of América se desprendió de toda la operación internacional de su controlada Merrill Lynch porque sostuvo que toda la compleja operación de banca privada de esa subsidiaria dejaba menos ganancias que los cajeros automáticos de Nueva York. Han recorrido un largo camino, muchachos.
La electrónica, combinada con la ley, ha tenido otros efectos. Las leyes de lavado de activos han cargado sobre las entidades financieras un peso enorme. Las reglamentaciones son tantas y de tantas fuentes, que prácticamente no es posible operar sin infringir alguna. La creación del cargo de Oficial de Cumplimiento (Compliance), con responsabilidades personales para el funcionario es un costo para el banco y un grave inconveniente para el usuario de a pie, no exactamente un lavador.
Esas reglamentaciones, impuestas por la única organización internacional con jurisdicción universal, el GAFI, transformaron de un plumazo a los clientes en presidiarios disciplinados y a los bancos en carceleros. Hace pocos días, mi banco, donde tengo una cuenta desde la que pago mis gastos, me llamó para decirme «nos tenés que probar que tenés algún ingreso en el país o tendremos que cerrar la cuenta» Comprensible, hace solo 22 años que soy cliente.
Originalmente, se perseguían los depósitos en efectivo. En una nueva vuelta de tuerca, ahora también hay que justificar el depósito de cheques, que en teoría provienen de otros bancos del sistema que ya han realizado el control legal de los fondos. Un depósito de 30,000 pesos o de más de 240,000 pesos anuales, basta para que tu banco te EXIJA le pruebes de dónde provienen esos fondos. El banco es ahora auditor y contralor de sus clientes.
Lo grave, es que no es la ley quien lo determina. El banco no puede aceptar un depósito si no se le prueba que no es fruto de un delito. Kafka a full. El cliente tiene que probar que NO cometió un delito que NO sabe cuál es, y del que NO se lo acusa, pero del que es culpable salvo que le demuestre a un pendejo de su banco, no a un juez, que no ha cometido delito. Sorprende leer todos los días la cantidad de lavados multimillonarios que se cometen en bancos de plazas serias, cuando un depósito ridículamente bajo es escudriñado como si lo hubiera hecho Vito Corleone.
Ni hablemos de cuando alguien quiere hacer una transferencia a un banco del exterior. Originalmente, de acuerdo a la Santa Patriot Act del Tío Sam, no era posible hacer giros electrónicos a cuentas identificadas como de cambistas negros. Ahora es mucho más complejo. Cualquier transferencia, aún por montos de mil dólares, debe tener un justificativo fehaciente que satisfaga al banco. Otra vez, ninguna ley. El banco es juez y policía.
El concepto inicial de que lo que se vigilaba era el depósito en efectivo, como decíamos, ahora se ha extendido a pesquisar todas las operaciones. Los bancos piden declaraciones juradas impositivas, copias de escrituras, boletos bursátiles. Impresiona pensar en el tamaño de sus archivos físicos. Seguramente el lavado ha desaparecido en el mundo, y con él, el narcotráfico. Cuando usted hace una transferencia de una cuenta del exterior declarada a su nombre, a otra cuenta local declarada a su nombre, debe presentar el resumen de cuenta que demuestre que tiene los fondos hace tiempo, con más la declaración jurada de AFIP. Eso explica la evasión cero, ¿verdad?
¿No habrá alguien que siente algún placer especial en todo este espionaje? ¿O alguien que cree que la información es poder absoluto?
Pero volvamos a lo cotidiano. La otra característica es la obsesión por el fraude. Algunos bancos requieren usar cinco veces el e-Token [El e-Token es un pequeño generador digital de códigos, que protege las operaciones bancarias online. Estos códigos se modifican en forma constante y nunca se repiten, ofreciéndole mayor seguridad a la hora de operar a través de Internet.] para un pago de 100 pesos. Ni hablar de los passwords y sus cambios obligatorios, ni de los «gotcha» cada vez más jeroglíficos que ya no son anti robots, sino antihumanos. Y obviamente las claves de canales, que te obligan cada tanto al engorroso sistema de pasar por los cajeros a conseguir el numerito que después te sirve para generar tu password en la página, en el supuesto caso de que la página que los genera se digne darte bola.
Los resúmenes no son tan complicados, pero son una fuente adicional de ingresos. Bancos y tarjetas te cobran por enviártelos, y ganan una fortuna en el proceso. Hasta los bancos han conseguido en la Argentina que el Central los «obligue» a mandar el extracto mensualmente, en vez del antiguo envío trimestral. Los obligan a ganar el triple. Por supuesto que uno puede optar por pedir envío electrónico. ¡Pero como si fuera un libro de Amazon, muchos te cobran lo mismo!
Para no recargar de costos al lector, dejo las tarjetas para otro día, sin dejar de mencionar que la AFIP te encarece todos tus impuestos el 1,2% [impuesto al cheque] al obligarte a pagar por banco todas sus exacciones.
Con la obligatoriedad de la ley de lavado y las leyes impositivas, que no consideran cancelatorio el pago en efectivo, los consumidores son obligados rehenes de los bancos y muchas veces sus presas. Todos los bancos suizos y varios americanos de banca privada cobran ya un fee por mantenimiento, proporcional a los depósitos.
¡Y pensar que creíamos que el cliente siempre tenía razón, y que 1984describía a la URSS!
Descanse, su banco lo cuida. No olvide poner su usuario y password y escribir aquí lo que ve en el siguiente recuadro, si lo entiende: [ * ♀ ▄ ╕ ≈ ⅓ † Ự ỗ Ộ ự ‡ ⅔ ≠ ]
Fuente: http://www.dardogas.blogspot.com.ar/ – 2014.
