Está enojada y, quizá, también desesperada. Durante más de 90 minutos, Cristina Kirchner intentó ayer, seguramente en vano, distraer a los argentinos con anuncios insignificantes, con inauguraciones que ya fueron inauguradas (¿cuántas veces inaugurarán los trenes del ferrocarril Mitre?) y con balances manipulados de su presunta gestión histórica. Encontró enemigos para pelearse (Techint, los Estados Unidos, los holdouts, los europeos, los empresarios de la UIA), pero no hizo ninguna mención al problema que en verdad la enoja: la denuncia y la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Sólo al final, cuando ya le hablaba sólo a la militancia, hizo una alusión crítica y despectiva al «silencio», que fue una referencia inconfundible a la marcha convocada por los fiscales, que es precisamente de silencio. Esa marcha es su problema inminente, pero no tiene solución. En medio del enfado, no hace más que convocar a concurrir a esa cita. Cristina Kirchner ha perdido el futuro; sus únicas esperanzas están, aunque parezca paradójico, en el pasado, y su único trabajo consiste en descerrajar la próxima guerra.

En su interminable discurso de ayer, bosquejó también, tal vez sin quererlo, un cambio importante en las relaciones internacionales del país. Elogió a China y criticó a los Estados Unidos y a Europa, porque no invierten en el país. En el mismo día, quedaron expuestos los problemas que irritan la relación entre la Argentina y Brasil, que están muy lejos de resolverse, sobre todo después de la significativa devaluación de ayer de la moneda brasileña. Los cancilleres de los dos países, Héctor Timerman y Mauro Vieira, no llegaron a ningún acuerdo ayer en Buenos Aires.

En rigor, los amigos actuales de Cristina Kirchner son China, Rusia e Irán. No son amigos para presentar en ninguna sociedad democrática del mundo (se trata de países gobernados por regímenes autoritarios que violan derechos humanos esenciales), pero son los únicos que soportan amablemente las extravagancias del cristinismo argentino. Son también los únicos que podrían ayudarla a llegar a diciembre con cierta liquidez de dólares en el Banco Central. Ésa será otra herencia que le dejará al próximo gobierno: reordenar la dirección de la política exterior de acuerdo con los alineamientos históricos del país.

Con una mano trata de conseguir dólares de esos países y con la otra conforma a su militancia, que cree que está haciendo una revolución. Para gran parte de esa militancia, conformada por viejos ideólogos de un mundo que ya no existe, sólo se necesita estar en la vereda de enfrente de los Estados Unidos para tener razón.

También se metió en la interna de su propio partido cuando se volcó por Florencio Randazzo y le recordó a Daniel Scioli, sin nombrarlo, que no hizo pública su declaración jurada de bienes. Carlos Zannini ya les había dicho en los últimos días a algunos intendentes del conurbano que dejaran de andar cerca de Scioli y se fijaran más en Randazzo. El ministro del Interior ratificó ayer esa alianza cuando le tocó hablar desde la estación de trenes Mitre. Había sido hasta entonces un candidato con ciertos rasgos de independencia personal, y hasta se dio el lujo en algún momento de tomar distancia del cristinismo más acérrimo, pero ayer cambió. Era la voz de Cristina en la boca de un hombre. Medios periodísticos, fondos buitre, economistas privados y hasta los fiscales cayeron en sus admoniciones, que sólo precedieron a las amonestaciones presidenciales. Randazzo debería renunciar cuanto antes como ministro del Interior si está dispuesto a seguir como candidato presidencial. El Ministerio del Interior es el encargado de administrar la transparencia y la imparcialidad de las elecciones nacionales.

En la defensa de su viaje a China, que describió como el más importante de la historia (¿se podía esperar otra cosa?), aprovechó para meterse en la interna empresarial. La Unión Industrial dio un crítico documento sobre esos acuerdos y sobre el riesgo potencial para la industria nacional que significa el desembarco de los productos chinos. La Presidenta tiene información privilegiada sobre los debates internos en la central empresaria, pero resaltó la amenaza directa que le disparó a la multinacional argentina Techint. Dijo que esa empresa había conseguido un crédito chino para hacer una obra pública en la Argentina y se escandalizó porque sus directivos estuvieron entre los críticos a los acuerdos. ¿No estaba claro, acaso, que los empresarios que reciben obras y créditos deben callarse la boca? ¿No es ése el código explícito del kirchnerismo, que enmudeció durante una década a los empresarios? «Veremos qué hace China ahora y qué hacemos nosotros», advirtió, desafiante.

Los productos chinos son un problema en todo el mundo, incluidos los países desarrollados. Nadie ha hecho tanto como China, un país gobernado por un Partido Comunista, para depreciar el valor del trabajo. Nadie le ha hecho tanto daño al medio ambiente como el sistema que gobierna esa potencia. Los países occidentales están viviendo sólo el comienzo de un nuevo orden mundial impulsado por China y gobernado por el desprecio a las viejas conquistas sociales. O compiten en igualdad de condiciones con China o sus economías estarán condenadas a languidecer.

Cristina prefirió hablar, como al pasar, de Braden, que es siempre un buen recurso para despertar a los nacionalistas argentinos. No importa que Barack Obama sea criticado en Washington por dejar hacer a los regímenes populistas latinoamericanos y no se meta con ellos, ni para bien ni para mal. Tampoco importa que el presidente norteamericano haya enviado como embajador a la Argentina a un amigo personal suyo, Noah Mamet. Sólo importa pasar el mal momento y olvidarse, y que se olviden, de Nisman.

Fuente: La Nación, 12/02/15.

Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.

Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.

Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? «La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse», asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.

La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.

De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.

¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.

Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por «los chicos» que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.

Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.

El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.

El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.

Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.

El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. «Carancho judicial» le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.

Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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Ayer, cuando caía la noche, el gobierno de Cristina Kirchner parecía haber encontrado una puerta para apartarse del abismo del default. La salida estaba, era visible y sencilla, pero la construcción de un discurso épico la evitó durante demasiado tiempo. El telón se abrió y sobre el escenario cayó también la impostura de un discurso engañoso. Cristina es, al final del día, una Kirchner: gira centímetros antes de estrellarse contra una pared.

La solución consistiría en entregarle al juez Thomas Griesa una garantía de 250 millones de dólares. Los fondos que ganaron el juicio deberían pedirle luego al magistrado que reinstale el stay (cautelar) y el país pueda pagar hoy el vencimiento de los bonos canjeados en 2005 y 2010.

Hoy es el último plazo antes del default. Si la solución se concreta, el país habrá eludido la cesación de pagos por lo menos hasta el 30 de septiembre, cuando habrá otro vencimiento de bonos argentinos.

La eventual solución llegó ayer de parte de ungrupo de bancos locales que se comprometieron a aportar el dinero para la caución. El Gobierno prefería hablar de un gesto voluntario de los bancos, que era su manera de seguir edificando una leyenda de intransigencias.

Sin embargo, fuentes oficiales señalaron que la iniciativa es comandada por el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega , que presionó sobre las instituciones financieras. Algunas de ellas habrían señalado que su aporte está condicionado al contenido del acuerdo.

Todos habían encontrado un precedente en la gestión del presidente Carlos Pellegrini (1890-1892), que les reclamó a banqueros, estancieros y comerciantes de su tiempo un préstamo urgente para poder enfrentar la crisis de la deuda pública.

El país atravesaba un grave conflicto político y económico. Pellegrini consiguió el préstamo y logró luego una moratoria para el pago de los compromisos nacionales en los mercados financieros internacionales.

Anoche, el equipo económico (con Axel Kicillof a la cabeza) negociaba en Nueva York la letra chica del acuerdo con los holdouts. Los denostados fondos buitre pedían varias garantías adicionales a la caución que colocaban los bancos. No se conformaban sólo con el dinero. El propio juez Griesa habría deslizado que estaba dispuesto a firmar la reinstalación del stay, aunque, aclaró, lo haría por última vez. Desde ya, el juez firmaría la nueva cautelar sólo si se la pedían formalmente los fondos especulativos. El caso no estaba definitivamente cerrado, aunque en el mercado financiero local se estimaba que «existe un 80 por ciento de posibilidades de que las cosas terminen bien».

Terminar bien significa que el país no entraría hoy en default y que tendría un plazo de 60 días para negociar cómo pagará el juicio que ya perdió. El Gobierno buscaba despegarse de la solución: la plata la pondrán los bancos y el stay lo pedirán los holdouts. La apariencia (que es lo que realmente le importa al cristinismo) indicaría que el Gobierno ganó con sólo decir que no. La trama oculta de la verdad es muy distinta. La administración presionó a los bancos locales y los fondos buitre no pidieron la cautelar mientras no tuvieron una garantía en dinero contante y sonante.

Entregar una caución al juez, mientras se negocian las formas del pago definitivo, es la solución más habitual que existe en esta clase de juicios. Es lo que llevó hace varias semanas a Elisa Carrió a decir que «entraremos a un default por una cartera Louis Vuitton». Sin embargo, la administración de Cristina Kirchner pasó el último mes desafiando al juez, increpando a los fondos buitre y eludiendo el análisis de la solución más fácil. El único argumento que mostró señalaba que entregar una caución podía disparar la cláusula RUFO, que obliga al Gobierno a generalizar a todos los bonistas cualquier mejora parcial que hiciera voluntariamente a un grupo de acreedores.

Una caución no significa una mejora para nadie. Expresa sólo que el Gobierno decidió resolver el problema y que necesita tiempo para encontrar una solución. Una caución es dinero que queda en manos del juzgado de Griesa como una garantía. Es nada más que eso. Desde ya, el Gobierno, al revés de lo que le pasaba a Carlos Pellegrini, no necesita que le presten 250 millones de dólares. Están en las reservas del Banco Central. Sólo necesitaba conservar la estructura de un discurso que hasta había subestimado las consecuencias del segundo default en poco más de 12 años.

Ahí empiezan las contradicciones. Si a la administración no le importaba una cesación de pagos, ¿para qué presionó a los bancos para que juntaran esa cifra? ¿Es, acaso, una decisión voluntaria de los bancos? ¿No podía el Gobierno, en tal caso, negarse a recibir ese aporte, que tendrá que devolver más pronto que tarde? ¿Para qué viajó a Nueva York el ministro Kicillof si sólo se hubiera tratado de un acuerdo entre bancos locales y los fondos buitre?

El montaje del relato sucedió hasta última hora. La propia Presidenta usó ayer el ámbito del Mercosur para descalificar duramente a los holdouts y, lo que es peor, para maltratar al juez Griesa. O existió un acuerdo con el juez, para que éste recibiera semejante trato horas antes de firmar una resolución que podría salvar a Cristina Kirchner, o la Presidenta es más osada de lo que se supone. Nadie se enoja con el verdugo cuando éste está a punto de frenar la aplicación de la condena.

¿Qué les dirá Cristina, además, a los presidentes sudamericanos, a los que ayer mismo les pidió solidaridad sin condiciones frente a su guerra supuestamente firme y ciega, si hoy se firmara un acuerdo con los holdouts? No es sólo el Mercosur. El Gobierno recorrió el mundo anunciando esa guerra, declarando que no pagaría nunca y anticipando que estaba dispuesto a incinerarse en el fuego del default. A última hora, cuando ya todos creían que el abismo estaba en la próxima estación, el Gobierno tomó una galera y sacó un conejo con las formas de bancos generosos y de fondos buitre comprensivos. Era magia más que relato, aunque ni la magia ni el relato son los que gobiernan las finanzas internacionales y a la justicia norteamericana.

El precio que pagará la construcción del discurso no será menor. ¿Qué opinará el mundo, los inversionistas y los empresarios locales de un gobierno que caminó alegremente hacia un default? ¿Qué deducción harán los agentes económicos de una administración que priorizó la leyenda épica en medio de una economía en recesión, con altas tasas de inflación y con un creciente problema de empleo? ¿Confiarán en él?

Las opiniones sobre el juez Griesa y sobre su sentencia son libres. El hecho concreto es que el Gobierno no pudo ignorar que existió una sentencia firme en su contra, que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Y que la jurisdicción norteamericana fue elegida por los gobiernos argentinos para pedir créditos en el exterior o para refinanciar sus deudas. Griesa no es una imposición del «imperio», sino una elección de los dirigentes argentinos, incluidos los Kirchner.

Otra vez, la suerte de la Presidenta se desliza entre las manos de Griesa, que tiene como último plazo el día de hoy para firmar la cautelar y permitir el pago de bonos ya refinanciados. Eso no ha sucedido todavía, pero puede suceder durante la jornada, si se cumplieran todos los requisitos previos. La Presidenta ha llevado al país, también otra vez, a un estrés innecesario, sólo para escribir una historia que nunca existió.

Fuente: La Nación, 30/07/14.

Joaquín Morales Solá