Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.
La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.
Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.
Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.
En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.
Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.
Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.
Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.
La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.
La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.
Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.
En la cárcel de Ezeiza ya están presos el que pagaba y el que cobraba. José López y Lázaro Báez . Son las puntas visibles de la amplia y multimillonaria red de corrupción de la obra pública en tiempos del kirchnerismo .
Sin embargo, sería ingenuo suponer que todo terminaba en Báez (o que era el único empresario) y que José López era la última instancia de la decisión oficial en aquella época. La prueba de que ellos eran sólo las cabezas visibles de una pandilla mucho más grande es el profundo cambio de la política.
Doce años de hegemonía política del kirchnerismo no terminaron tras una larga y extenuante batalla, sino por un fulminante golpe de knock out. El peronismo ya no es lo que era; el kirchnerismo se convirtió en una secta minoritaria; la Justicia está asumiendo, en algunas instancias al menos, que el tiempo de la arbitrariedad se terminó, y la alianza gobernante encontró el oxígeno que le estaba faltando.
La carta de Cristina Kirchner es fundamentalmente mentirosa. Juró que ella no le dio el dinero a José López.
Nadie le está preguntando si dio dinero, sino cuánto dinero recibió. Respondió una pregunta que nadie le hizo y no contestó la pregunta que realmente le están haciendo. Dijo también que habría que preguntarles sobre ese dinero a empresarios, jueces y periodistas.
No hay sólo santos en ningún rubro de la vida pública, pero José López fue durante un cuarto de siglo el hombre de confianza de la familia Kirchner en la obra pública, que fue desde Santa Cruz la gran caja de recaudación familiar. Hay ex funcionarios que recuerdan todavía los gustos de José López en las tardes de fulbito en Olivos durante los tiempos de Néstor Kirchner: tomaba cantidades importantes de champagne Dom Pérignon (uno de los más caros) con hielo. Se sentaba siempre en el mismo lugar: frente al entonces jefe de los espías kirchneristas, Francisco «Paco» Larcher. «Siempre estaba muy excitado, como pasado de rosca», describen.
Un día después de las contorsiones nocturnas de José López, el miércoles, el Senado les daba el acuerdo a los jueces de la Corte designados por Macri , Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, con un número de votos que ni los más optimistas esperaban. El bloque cristinista, que supo tener más de 40 senadores, quedó reducido a 8. En la mañana del día anterior, cuando comenzaban a filtrarse las primeras noticias del escándalo de José López, dirigentes del Senado deducían que contaban con el número necesario de votos, pero no estaban seguros. Gabriela Michetti , Miguel Pichetto y Federico Pinedo habían quedado exhaustos contando voto por voto, hasta que José López volcó el tablero hacia las necesidades de Macri con más votos que los que éste necesitaba. Nadie quería quedar encerrado en la misma celda de José López. De paso, en el Senado se dirimía una batalla sorda e insistente: la que habían librado Pichetto y Cristina Kirchner por el control del bloque, la herramienta institucional más importante del peronismo. Venía ganando Pichetto, pero José López le dio el golpe de gracia a su jefa. Cristina perdió.
En la madrugada del día siguiente, el jueves, la Cámara de Diputados aprobó el megaproyecto de blanqueo, moratoria y reparación a los jubilados con una mayoría impresionante. Gran parte del peronismo, nucleado en torno de Sergio Massa y Diego Bossio, votó con el Gobierno, aunque impuso también decenas de modificaciones que el macrismo aceptó. Algunos diputados del kirchnerismo se fueron con los disidentes. El proceso sólo ha comenzado. La conducción del Partido Justicialista tratará en la semana que se inicia la creación de un bloque del PJ. Cualquier cosa antes que ser llamados kirchneristas o del Frente para la Victoria. El propio presidente del PJ, José Luis Gioja , argumentó su voto junto al kirchnerismo con una frase de despedida: «No me quiero pelear con ellos antes de irme». ¿Qué es Cristina Kirchner sin el control de los bloques parlamentarios del peronismo, sin poder en el peronismo y con la Justicia hurgando cerca de ella? Casi nada.
Las sorpresas no terminan: los diputados de La Cámpora quieren crear su propio bloque para no confundirse con los kirchneristas sospechados de corruptos. Máximo Kirchner disimula la desolación. «Tenemos que hacer alguna reflexión después de este quilombo», le sugirió un dirigente camporista. «¿Qué quilombo? No pasa nada», sentenció el heredero de la diarquía que gobernó durante más de una década. Para todos los Kirchner la realidad es una construcción personal, alejada de cualquier noción de la realidad. Así les va.
El largo liderazgo de Cristina se ha terminado. El peronismo no tiene un líder alternativo, como sí lo tuvo en todas sus crisis desde 1983. Menem después de Cafiero. Duhalde después de Menem. Los Kirchner después de Duhalde. Ahora hay referencias, pero no liderazgos. Una mesa virtual e informal se creó para tratar de sustituir a un jefe personalista. La integran Massa, Pichetto, Bossio, Florencio Randazzo , Martín Insaurralde , entre otros. «Estamos en permanente contacto», cuenta uno de ellos. La «bomba neutrónica», como llamó el ex canciller Jorge Taiana al escándalo de José López, dejó al peronismo devastado. «Esto no fue un temblor; fue un terremoto seguido de un tsunami», acepta un peronista destacado. Todos ellos miran a la nueva generación de gobernadores, diputados y senadores peronistas; buscan al salvador del peronismo. Es una esperanza, no una certeza. Pichetto es el referente más reconocido por una mayoría de dirigentes peronistas, mucho más que el propio Gioja. Mucho más después de haberle ganado la última batalla a Cristina. Es lo más parecido a un jefe para los peronistas.
La pregunta que aún no tiene respuesta es si la Justicia seguirá tomándose ocho años para la instrucción de un proceso penal. Es el promedio de tiempo que lleva una investigación de hechos de corrupción. ¿Puede seguir Julio De Vido sin grandes contratiempos judiciales? ¿Puede, cuando varios de sus secretarios de Estado están o estarán presos? Entre rejas ya está Ricardo Jaime, por malversación de fondos públicos en la compra de trenes. Su sucesor, Juan Pablo Schiavi, está condenado a ocho años de prisión por la tragedia de Once, condena que apeló. Se acaba de agregar José López por enriquecimiento ilícito después de revolear nueve millones de dólares. Otra mano derecha de De Vido, Roberto Baratta, tiene más causas judiciales que años en la administración pública. Todos esos secretarios de Estado, pero sobre todo José López y Jaime, respondían directamente a los dos presidentes Kirchner. Eso no convierte en inocente a De Vido; éste firmó, con ganas o sin ellas, todas las decisiones que sus secretarios tomaban en diálogos secretos con el matrimonio presidencial.
Cierta crítica contra el fuero federal es fácilmente perceptible en las instancias cimeras de la Justicia. José López tenía causas abiertas por hechos de corrupción en cuatro juzgados federales mucho antes de que intentara esconder millones de dólares detrás de los hábitos de monjas de clausura. Los jueces avanzaron a los codazos entre ellos sólo cuando la gente común vio los fajos de dólares como sólo sucede en las películas sobre narcotraficantes. Tarde. La propia Corte Suprema celebró el acuerdo de los dos nuevos miembros del tribunal, que dejará a éste totalmente integrado, porque podría apurar decisiones para diferenciar a la Corte del fuero federal. La Corte, vale recordarlo, ya no puede resolver nada hasta que juren sus cargos Rosatti y Rosenkrantz.
En instancias judiciales cruciales se rescató la gestión del juez Claudio Bonadio . En un año instruyó el proceso por la tragedia de Once. En cuatro meses investigó la causa del dólar a futuro, citó a Cristina Kirchner y la procesó. Otras instancias confirmarán sus decisiones o las revocarán, pero él hizo su trabajo en tiempos expeditivos. «Es el único juez que ya había empezado a cambiar el ritmo de la Justicia», dijo un encumbrado magistrado. Cristina lo odia. Y la inentendible sala de la Cámara Federal integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler le sigue el tren; aceptó a Cristina como querellante en una causa contra Bonadio que ella misma promovió. Esos jueces deberían dar un definitivo paso al costado. Avergüenzan a la Justicia.
La política, el Congreso, el peronismo y la Justicia cambiaron. Macri celebra. Significa la creación de tiempo, ese capital político que estaba necesitando. El kirchnerismo podría darle aún más tiempo si fuera cierto lo que asegura un intendente peronista bonaerense: «Los nueve millones de José López son sólo su caja chica». La política es otra, se la mire por donde se la mire. Nada volverá a ser como era, luego de que el kirchnerismo escalara de la supuesta obscenidad a la explícita pornografía política.
Un solo dato podría explicar mejor que nada el monumental vuelco que dio la política argentina en los últimos días. Un liderazgo político distinto está muy cerca de hacerse cargo al mismo tiempo, y por primera vez en la historia, del gobierno nacional, de la Capital y de la provincia de Buenos Aires. Ningún otro presidente tuvo semejante influencia desde que el jefe de gobierno porteño es elegido popularmente, salvo un alianza forzada (obligada por la falta de alternativas) entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra.
Ese acontecimiento eventual exhibe también el formidable tamaño de la derrota del kirchnerismo gobernante. Lo que sucedió ya, más allá de lo que ocurra el 22 de este mes, deja atrás a la fracción política que gobernó el país en los últimos 12 años. No hay partido político (y el peronismo menos que ningún otro) que aspire a resucitar lo que la sociedad sepultó, con honores o sin ellos.
Esa posibilidad se concretaría, desde ya si Mauricio Macri fuera elegido presidente dentro de tres semanas. La alianza política que lidera Macri ya ganó la Capital y Buenos Aires; debe conquistar todavía el gobierno nacional. Tres encuestas distintas, hechas sobre el fin de semana, le dan a Macri una ventaja sobre Daniel Scioli de 10 puntos porcentuales (55 por ciento a 45 en cifras redondas). Sin proyectar indecisos, una de esas encuestas dio 50 contra 37. Puede ser que Macri esté aún sobre la espuma de su elección del domingo pasado, pero podría darse el lujo de perder hasta la mitad de la espuma. Un triunfo en un ballottage de cinco puntos significaría una victoria importante.
Las segundas vueltas presidenciales, cuando sólo hay dos candidatos, se resuelven por porcentaje muy cercanos. El aspecto más novedoso de esas mediciones es que la mayoría, un 52%, cree que Macri será el próximo presidente. Antes de las elecciones del domingo pasado, una mayoría social creía que ese lugar lo ocuparía Daniel Scioli. También ha sucedido, por lo tanto, un quiebre en la conciencia social sobre la inevitabilidad del peronismo.
El problema de Scioli no es sólo la celebridad de Macri, sino también los estrechos márgenes personales y políticos con que cuenta para darle un giro decisivo al tramo final de su campaña. Es llamativo que Scioli haya desechado todos los consejos que le dieron de que se alejara de Cristina Kirchner y, en cambio, la ratificó de hecho como jefa de su campaña. La campaña sucia de descalificaciones y temores contra Macri y sus aliados fue lanzada por la Presidenta, primero en las redes sociales y luego en su propio discurso en la Casa de Gobierno. Pocas horas después, Scioli obedeció esa estrategia y también pidió en una entrevista periodística que el debate presidencial se hiciera con archivos fílmicos sobre las posiciones en el pasado de los candidatos. ¿Una especie de 6,7,8 llevado a la última cima de la política? Puede ser. Cristina había señalado ese camino y Scioli lo acató. Raro en Scioli, que antes le había prohibido a su equipo cualquier campaña sucia contra Macri.
Cristina sintió siempre, como toda persona arbitraria, pasión por la edición de viejas informaciones periodísticas. Nunca tuvo en cuenta que ningún político se salvaría del descrédito si el archivo de antiguas declaraciones fuera usado sin la debida contextualización, o si, al revés, fuera manipulado y editado tendenciosamente. No se salvarían ni Cristina ni Scioli. No es extraño en Cristina; el periodismo que ella amamantó nació y creció a la sombra de esa práctica. Es extraño en Scioli, que nunca hizo eso. ¿El cambio de ahora es la aceptación implícita de que está en desventaja frente a su rival?
El principal conflicto de Scioli es que no puede tomar distancia de Cristina. No pudo antes. ¿Qué hubiera sido de la elección del domingo si su fórmula se hubiera integrado, por ejemplo, con el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey, como el propio Scioli quería, en lugar de Carlos Zannini? ¿Y si, encima, el candidato a gobernador de Buenos Aires hubiera sido Florencio Randazzo o Julián Domínguez en lugar de Aníbal Fernández, a quien el diario español El País comparó con Herminio Iglesias?
La situación del peronismo sería distinta, pero Cristina se obcecó en demostrar que ella era quien hacía y deshacía en territorio de Scioli. La culpa es de Cristina, por su certeza de que la política se movía a su antojo, pero es también de Scioli por no haberle dicho que no a tiempo.
En la conferencia de prensa del lunes pasado, Zannini tenía un lugar reservado entre el montón de funcionarios sciolistas. Un llamado de la Casa Rosada obligó a Scioli a colocarlo a su lado. Scioli aceptó. Así apareció, por primera vez desde la elección, ante la sociedad.
«No estaba al lado; estaba sentado unos centímetros atrás», aclararon los sciolistas. Ésa es la distancia que se permite Scioli. Cierta o no, el gobernador manifestó entre propios cierto temor por la versión de que Zannini se bajaría de la candidatura vicepresidencial si él cambiaba su discurso. «Dejalo que se baje. ¿Dónde va a ir?», le contestó uno de sus amigos. Scioli calló.
Otro amigo le dijo que su único camino para cambiar la dirección de la derrota era una clara diferenciación con Cristina. «Anunciá que Amado Boudou nunca será embajador en un gobierno tuyo o que derogarás en el acto el acuerdo con Irán», le propuso. Scioli tomó nota y calló. Poco después se dedicó a repetir los conceptos básicos de Cristina en su discurso. Si buscan un Scioli enfrentado con Cristina deberían, antes, buscar el método para que Scioli naciera de nuevo. No hay otra forma.
A Cristina, en cambio, no le importa Scioli. Se enfurece pidiendo el voto para su modelo, pero no para su candidato.
El domingo de la elección estaba preocupada sólo por la provincia de Buenos Aires y, más precisamente, por Lanús, donde competía como candidato a intendente el camporista Julián Álvarez. En el hotel Intercontinental esperaban Aníbal Fernández y La Cámpora. Scioli estaba con los suyos en el Luna Park. Es posible que Cristina haya imaginado un triunfo de Aníbal y de Álvarez para presentarse en el hotel y celebrar la victoria bonaerense, donde el cristinismo pensaba refugiarse. Scioli quedaría solo. Decepción. Aníbal perdió la gobernación y Álvarez perdió Lanús a manos del macrista Néstor Grindetti.
Ese domingo, los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín fueron llamados desde la Casa de Gobierno. La Presidenta los convocaba para el lunes siguiente. En una cordial reunión, les ofreció los cargos de jueces de la Corte Suprema. Nunca le importó a ella el resultado de las elecciones. Haría lo que quisiera bajo cualquier circunstancia. Sarrabayrouse y Sesín son profesionales respetados. «Quiero dejar la misma Corte prestigiosa que recibí», les comentó. Los jueces se fueron convencidos, por la seguridad con que les habló la Presidenta, de que ya existía un acuerdo con el radicalismo para el necesario acuerdo del Senado. No habló con nadie, ni siquiera con Scioli. Desgastó inútilmente a dos personas que merecían un trato mejor.
Una audacia de Scioli provocó en el acto la refutación de Cristina. Scioli prometió el 82% móvil a los jubilados, robándole una idea a Sergio Massa. Cristina le recordó públicamente que ella había vetado un proyecto de la oposición que disponía lo mismo. El problema de Scioli, en efecto, no es Macri, y la solución no vendrá con sólo sacarle el polvo a la historia para transformarla en cualquier cosa. Su problema es Cristina y la incapacidad de ésta para aceptar que la gloria que le tocó ya es más pasado que presente. Y que carece de destino.
Daniel Scioli tiene un problema electoral con Cristina Kirchner, y Mauricio Macri tiene un conflicto, también electoral, con la pertinacia política de Sergio Massa. Cristina le edificó un techo a Scioli que ya nadie sabe si está en el 40% de los votos. La desafiante, y a veces provocadora, campaña de Massa estorba el potencial crecimiento de Macri. Cuando faltan dos semanas para las elecciones presidenciales, éstas se han convertido ya en las más imprevisibles desde las de 2003. Lo único cierto es que se está comprobando la vieja afirmación de casi todos los encuestadores: un 60% de la sociedad exhibe una definitiva fatiga del kirchnerismo.
El límite de Scioli, hasta ahora inexpugnable, es el que le impide acceder a los votantes independientes de los sectores medios de la sociedad. Scioli viene buscando sin suerte a esos votantes desde la misma noche de las primarias de agosto. Sabe que nunca tendrá asegurado el triunfo en primera vuelta sin tres o cuatro puntos porcentuales provenientes de esos segmentos sociales.
El gobernador no encontró la forma de distanciarse de Cristina (o no la quiere buscar), y ésta no hizo nada para ayudar a su candidato a liberarse de su tutela. Al contrario, es evidente que la Presidenta saborea los actos ostensibles de dependencia política por parte de Scioli. Vale la pena tener en cuenta un dato esencial: el 60 por ciento de los que dicen que nunca votarían a Scioli aseguran que gobernaría Cristina si el candidato de su partido ganara la presidencia. Scioli tiene dos semanas para demostrar que no será así o, al menos, para señalar las diferencias que existen entre él y Cristina.
La mayoría de los encuestadores (incluida la medición de Poliarquía que hoy publica LA NACION) indican que Scioli corre el riesgo de no llegar al 40 por ciento de los votos.No llegó a esa cifra en las primarias de agosto, en las que obtuvo el 38,7 por ciento de los votos nacionales. El margen de ese riesgo puede ser pequeño, pero cualquier margen es grande para semejante riesgo. Si ningún candidato sacara el 40 por ciento de los votos, los dos más votados deberían ir a segunda vuelta sin importar la diferencia que hubiera entre ellos. Desde ya, no se trataría sólo del drama político y personal de uno o dos candidatos, sino de un problema sustancial para la política por venir. Terminarían compitiendo en el ballottage dos candidatos muy debilitados.
Macri no logra tampoco superar el caudal de votos que consiguió en las primarias. El jefe porteño modificó en los últimos días una campaña que estuvo signada más que nada por la rutina y la grisura. El contraste con la campaña de Massa resultaba perdidoso para él, sobre todo porque Massa se desprendió de las inhibiciones desde que salió tercero en las primarias. Promete meter presos a los corruptos (sin aclarar que los jueces son los únicos que pueden disponer de la libertad de las personas) o que llevará a las Fuerzas Armadas a los barrios pobres para combatir el narcotráfico (sin tener en cuenta que la Armada no puede a veces mantener los barcos flotando en el agua y que la Fuerza Aérea carece de aviones hasta para entrenamiento). Sólo interpreta la melodía que vastos sectores sociales quieren escuchar. Sea como fuere, Massa logró torcer una idea histórica según la cual las sociedades no votan a quienes salieron terceros en elecciones primarias o en las encuestas.
Es cierto, de todos modos, que en las últimas 72 horas las mediciones telefónicas comenzaron a registrar un crecimiento de Macri, que las encuestas presenciales no pudieron verificar por su propia y lenta dinámica. De hecho, la encuesta de Poliarquía se cerró el martes pasado y las novedades telefónicas comenzaron a producirse en la tarde del miércoles. Es habitual que un porcentaje de la sociedad decida su voto (o lo cambie) durante la última semana previa a las elecciones. Dramático proceso en situaciones como la actual, cuando uno o dos puntos pueden decidir muchas cosas. Es demasiado pronto para establecer si comenzó a funcionar el voto útil. ¿Qué es (o qué significa) el voto útil del que tanto se habla? Significa que un sector del electorado, que vacila entre Macri y Massa, se volcaría por el candidato con más posibilidades de acorralar al oficialismo, aunque no sea el que más le guste. Macri es, por razones obvias, el profeta más interesado en propagar la necesidad del voto útil.
Macri no ha perdido la seguridad de que será presidente; Scioli tampoco. Cualquiera de los dos se encontrará con el país de Cristina. Un país con una economía que sobrevive con respirador artificial, pero, al mismo tiempo, habitado por una sociedad que no percibe una crisis económica. La fórmula (una sociedad inconsciente de la crisis) es la peor para administrar la política, porque las necesarias decisiones que deberán tomar serán siempre incomprendidas. Aun los críticos del cristinismo se han acostumbrado a las ventajas efímeras del populismo.
Un debate que rodea ese futuro próximo sucedió en los últimos días cuando políticos y economistas discutieron sobre qué harán con los holdouts (o fondos buitre). Todos los economistas razonables saben ya que no habrá posibilidad de diseñar un futuro sin un acuerdo con esos fondos. Dos voces inconfundiblemente sciolistas (el gobernador Juan Manuel Urtubey y el economista Mario Blejer) señalaron que sin ese acuerdo será imposible acceder a los mercados financieros internacionales. Es decir, al crédito externo que, según Blejer, amortiguaría los efectos del impostergable ajuste de la economía.
El infaltable Aníbal Fernández comparó en el acto a Urtubey con Macri, lo que, según la teología del cristinismo, significa un flagrante acto de apostasía. Aníbal es un político que cuenta con buena información; sabe, por lo tanto, que Urtubey representa las ideas de Scioli y que el gobernador salteño estaba hablando en nombre del candidato presidencial de su partido. Tampoco es Aníbal un político con ganas de pelearse con Scioli; de hecho, Aníbal fue un sciolista furtivo, casi clandestino, cuando todavía la candidatura presidencial del oficialismo no se había resuelto. No demos más vueltas: Aníbal salió a descalificar los anuncios de acuerdos con los holdouts por orden de Cristina y no por vocación propia.
Scioli escapó de esa ratonera por un camino lleno de incomprensibles imprecisiones. «Mi prioridad no son los fondos buitre, sino el empleo de los argentinos», dijo. Nada. Ni desmintió a sus portavoces ni los respaldó. A su lado, se pavonearon luego asegurando que acordarán con los fondos buitre después de desplumarlos con una quita de entre el 30 y el 40 por ciento de la deuda. Pero ¿será posible hacer semejante poda? Esos fondos recibieron el viejo apelativo de buitre por lo que son y por lo que hacen, pero tienen en sus manos una sentencia firme de la justicia norteamericana. Se podrán negociar con ellos los plazos y las tasas de interés, pero no el capital de la deuda, resuelto ya por los tribunales norteamericanos. El discurso que no contempla esa realidad, tan antipática como inmodificable, expresa sólo el teatro y la distracción.
Tanto Blejer como el macrista Federico Sturzenegger tienen razón cuando anuncian que podría llegar mucho dinero del exterior en créditos. La razón se torna relativa cuando no cuentan toda la historia. No habrá lluvia de dólares sin un acuerdo con los holdouts, sin una política de reducción del monumental déficit fiscal, sin una modificación del tipo de cambio, sin una política seria para combatir la inflación y sin la reconstrucción de las destruidas estadísticas nacionales.
Cristina Kirchner y Daniel Scioli
La deducción es muy sencilla. ¿Quién le prestaría dólares a un gastador compulsivo? Cristina Kirchner heredó un Estado con un superávit del 4% sobre el PBI y entregará uno con un déficit que podría llegar al 8%, según los últimos cálculos. Con palabras más directas: Cristina aumentó el gasto fiscal en un 12% del PBI. Además, la Argentina registra un crecimiento cero desde 2012. Lord Keynes escribió la teoría de que el Estado debe intervenir en los momentos de crisis para ayudar a la economía a levantarse de sus parálisis, pero nunca dijo que debía tirar el dinero por la ventana, sin ton ni son.
La película sobre la política argentina no concluirá el 25 de octubre ni el 22 de noviembre, el domingo de una posible segunda vuelta. La parte más crucial y conflictiva (y, por eso, más fascinante) comenzará el día después.
Fuente: La Nación, 11/10/15.
Scioli mantiene una amplia ventaja pero no lograría evitar el ballottage
Obtendría el 37,1%, aunque con la proyección de indecisos orilla el 40% que necesita para ganar en primera vuelta; Macri queda a más de 10 puntos y Massa mejora levemente.
Un escenario con escasas modificaciones respecto de los resultados de las PASO del 9 de agosto es lo que permite concluir una encuesta de Poliarquía Consultores realizada para LA NACION, cuando faltan dos semanas para las elecciones generales del 25 de octubre. El triunfo de Daniel Scioli se repetiría, así como el segundo puesto de Cambiemos, y el tercero de UNA. Sin embargo, la victoria no le alcanzaría al gobernador bonaerense para ganar en primera vuelta. Los tres principales espacios políticos registran variaciones leves en sus números, que quedan relativizadas si se analizan los rangos de proyección del voto de los indecisos.
Según el sondeo, realizado entre el 2 y el 7 de octubre entre 1838 casos, la fórmula Scioli-Carlos Zannini (FPV) alcanza un 37,1% de intención de voto; Mauricio Macri-Gabriela Michetti (Cambiemos), un 26,2%, y Sergio Massa-Gustavo Sáenz (UNA), un 20,1%. El escenario no es muy distinto a lo que ocurrió en las primarias del 9 de agosto, en las que el FPV se alzó con el 38,6%, Cambiemos (que tenía tres precandidatos presidenciales), con el 30,1%, y UNA (que contaba con dos precandidatos), con el 20,5 por ciento. El rango de proyección de los votantes indecisos que incluye el trabajo de la consultora permite observar tendencias en los principales candidatos presidenciales. Para Scioli, este intervalo abarca del 38,5 al 41%; para Macri, del 27,5 al 30%, y para Massa, del 21 al 23,5 por ciento.
«Scioli está cerca del objetivo de 40 puntos, pero no se puede afirmar que vaya a lograrlo. La encuesta muestra variaciones menores respecto de las PASO, con una leve tendencia al crecimiento de Massay una leve declinación de Macri, pero en un marco de estabilidad en la tendencia del voto», evaluó Eduardo Fidanza, director de Poliarquía.
Alejandro Catterberg, otro de los directores de Poliarquía, especificó: «Mauricio Macri debe recuperar dos o tres puntos del voto de Sergio Massa y uno de Stolbizer de forma de poder forzar un ballottage sin tener que depender de si Scioli supera el 40%. Aunque hay un leve crecimiento de Massa, no pareciera ser suficiente para poner en riesgo el segundo lugar de Mauricio Macri».
La comparación con el resultado de las PASO muestra la escasa variación en el escenario electoral. Según el escrutinio definitivo, Scioli logró el 38,6% en las primarias, es decir, un 1,5% menos que lo que le otorga la encuesta, pero dentro del rango de proyección que prevé.
Macri tiene el descenso más pronunciado con respecto a los comicios de agosto, en los que Cambiemos, incluyendo los votos obtenidos por Ernesto Sanz y Elisa Carrió (3,3 y 2,2%, respectivamente), llegó al 30,1%. La encuesta establece que el jefe de gobierno porteño se ubica un 3,9% por debajo de ese porcentaje, aunque su máximo valor de proyección le permitiría repetir lo logrado en las PASO.
El caso de Massa muestra un 0,4% menos de intención de voto que lo obtenido por UNA en las PASO, en las que compitió también José Manuel de la Sota, quien obtuvo un 6,2%. En el primer turno electoral nacional, UNA llegó al 20,5%. La proyección que demarca la encuesta de Poliarquía para la candidatura del tigrense se ubica en un piso del 21% y un techo del 23,5%, un leve ascenso con respecto a las primarias.
Fidanza explicó cómo se está moviendo el voto no kirchnerista, según la encuesta. Señaló que «hay evidencias para pensar que el voto opositor está oscilando entre Macri y Massa, con una tendencia a perderlo por parte del candidato de Cambiemos, y a ganarlo por parte del postulante de UNA». El sondeo de Poliarquía Consultores tampoco trae diferencias significativas para Margarita Stolbizer (Progresistas), a la que ubica con 3,8%, ni para Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), a quien le adjudica un 3,3%, ni para Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal), quien llegaría al 1,9%. Un 2% de los encuestados respondió que votará en blanco, y un 5,6% se mostró indeciso, o no contestó.
Para Fidanza, el rol de los indecisos no aparece, en principio, como determinante a la hora de definir el resultado electoral.«No hay pruebas para plantear que los indecisos vayan a votar muy diferente de los que ya decidieron», dijo Fidanza a LA NACION.
El desempeño de los candidatos en el Gran Buenos Aires trae un dato importante. La encuesta marca que Massa, con un 23%, le arrebata el segundo lugar a Macri en esa región, en la que el líder de Pro llega al 19%. Scioli gana en el conurbano con el 38%. «Se observa un crecimiento de Massa en la provincia de Buenos Aires. En el GBA donde UNA salió tercero en las PASO, hoy aparece por encima de Pro», analizó Catterberg.
«La polarización que se esperaba todavía no ocurrió, pero no puede descartarse que se dé en estas dos semanas», advirtió Fidanza. El trabajo de la consultora permite analizar este punto, ya que evalúa la intensidad de la decisión de cada votante.
El 65% de los que eligen a Scioli afirma estar «muy decidido», y sólo un 9% cambiaría su voto. En el caso de Macri, el 55% asegura tener «muy decidido» su voto por el candidato de Cambiemos, y un 12% admite que podría cambiar. El votante de Massa aparece como el menos seguro entre los tres principales postulantes. Un 45% de los que eligen al candidato de UNA afirma estar «muy decidido», mientras que el 19% podría modificar el voto.
Del editor: qué significa. Las últimas dos semanas serán decisivas para saber si Scioli supera el 40% y si Macri revierte la caída para ponerse a menos de 10 puntos.
Fuente: La Nación, 11/10/15.
La opinión sobre el Gobierno incide directamente en el perfil del votante
Scioli suma adherentes en el núcleo kirchnerista, Massa en el medio y Macri con los opositores.
Una de las determinantes más importantes para definir el voto es la evaluación de la gestión del Gobierno y el nivel de identificación con el kirchnerismo. Esa variable es la que en general incide en la vocación de continuidad o cambio del electorado.
En la encuesta realizada por Poliarquía para LA NACION, sólo el 13 por ciento aseguró sentirse identificado con el kirchnerismo y a favor de que sus políticas sean mantenidas.
Es más alta la cifra de los consultados que avaló la idea de que «el kirchnerismo hizo en general una buena gestión, aunque cometió algunos errores», ya que sumó el 32 por ciento. Esto quiere decir que hay un 45 por ciento que tiene una valoración total o parcialmente positiva de la gestión kirchnerista.
Sobre ese núcleo duro se sustenta la mayor parte del electorado de Daniel Scioli, que justifica su mensaje habitualmente apegado al del Gobierno.
El otro segmento es más importante. Hay un 34 por ciento de consultados en el sondeo que dice no sentirse identificado con el kirchnerismo y que se deberían cambiar la mayoría de sus políticas. Es un votante que se mantiene fuertemente anti-K.
A ellos se suma un 19 por ciento que evalúa que el oficialismo «hizo en general una mala gestión, aunque consiguió algunos logros». En total integran un 53 por ciento con un visión negativa del Gobierno, la mayor parte de los cuales son decididamente reactivos al kirchnerismo (hay un 2 por ciento en el rubro «no sabe/no contesta).
El perfil del votante
Cuando se hace el cruzamiento del perfil de los consultados con la intención de voto, surge claramente el sesgo de cada grupo.
Entre los que se sienten muy identificados con el kirchnerismo el 94 por ciento dijo que votaría a Daniel Scioli, mientras que sólo el 2 por ciento lo haría por Macri y el 3 por ciento por Massa.
En el casillero de los que evalúan como buena la tarea del Gobierno, aunque marcan errores, los votos se dispersan más. El 64 por ciento va a Scioli, pero Massa araña el 19 por ciento de ese sector. Macri sólo toma el 8 por ciento.
Cuando se pasa al cuadrante siguiente, donde están los que piensan que Cristina Kirchner hizo una mala gestión, aunque con algunos logros, Macri se impone con el 38 por ciento de adhesiones, contra Massa, que tiene el 28 por ciento, y Scioli, con sólo el 16 por ciento.
Finalmente, entre los «nada identificados» con el kirchnerismo, Macri domina ampliamente, con el 46 por ciento, secundado de lejos por Massa, con el 24 por ciento. Scioli sólo recoge en ese segmento el 3 por ciento de sus votos.
La escala permite comprobar no sólo la fortaleza de Scioli entre los adherentes al kirchnerismo, sino cómo Macri sigue teniendo su núcleo más fiel entre quienes tienen una opinión más negativa del Gobierno.
Pese a ello, el líder de Pro ha dado gestos en las últimas semanas en el sentido de mantener algunas políticas oficiales para ampliar su terreno electoral.
Massa, por su parte, tiene un electorado acorde con lo que en su discurso -ahora algo dejado de lado- era resumido como la «ancha avenida del medio». Parece ser un votante entre parcial y totalmente crítico del Gobierno.
Algo similar, aunque con matices, pasa con los votantes de Margarita Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá.
El ambicioso plan del Gobierno detrás de la tortura a Fayt
Por Joaquín Morales Solá.
El caso Fayt develó uno de los proyectos más ambiciosos del cristinismo, pero también reveló hasta dónde está dispuesto a llegar para lograr sus propósitos. Hasta la tortura psicológica de un hombre anciano. Perseguido, acosado y humillado, Fayt, que tiene 97 años, es sometido a niveles excesivos de un estrés inútil. Su vida podría correr peligro. Ayer, el juez Fayt habló por radio, obligado por el Gobierno a demostrar que está vivo, que piensa y puede expresarse. ¿Qué es eso si no un degradante tormento? Con los rasgos habituales de cierto progresismo (la humanidad es bella, pero el ser humano más cercano merece ser maltratado), el cristinismo está dispuesto a remover a Fayt como quien elimina un obstáculo despreciable. Fayt es la llave que mantiene activa la Corte Suprema de Justicia.
Cristina Kirchner ordenó esa operación y ella la monitorea personalmente. ¿Alguna duda? Ninguna después de que Hebe de Bonafini montara su habitual show estalinista de juicios populares, esta vez contra Fayt. Bonafini suele ayudar de esa manera a las soluciones que necesita el kirchnerismo.
También el protagonismo permanente en el caso de Aníbal Fernández o de Carlos Kunkel le pone el sello de autenticidad presidencial a la operación. O la designación de una diputada de La Cámpora, el reservorio del cristinismo más puro, al frente de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. No hay dudas: el operativo de acoso y derribo de Fayt está dirigido por la Presidenta.
Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte, se equivocó cuando deslizó que estaba dispuesto a renunciar por cansancio moral. Esa debilidad anímica duró pocas horas, hasta que lo hicieron comprender que no podía rendirse ante algunos voceros oficiales. Lorenzetti modificó su decisión luego de una larga conversación con otro juez de la Corte, Juan Carlos Maqueda. La eventual renuncia de Lorenzetti habría dejado más solo a Fayt, que tiene una especial confianza en el presidente de la Corte. Lorenzetti es el enemigo actual más detestado por el cristinismo, pero el objetivo final es la renuncia de Fayt, no la de Lorenzetti. El presidente de la Corte habría seguido siendo juez del tribunal, aún si hubiera renunciado como titular del cuerpo. Es el integrante más joven de la Corte.
El cristinismo dispara a veces contra el espejo. La mayor objeción que hicieron a Fayt es que habría firmado en su casa el acta del acuerdo que reeligió a Lorenzetti como presidente por tres años más. Es una práctica habitual entre los jueces de la Corte. No obstante, si se aplicara el rígido criterio cristinista al Estado en general, todos los decretos de necesidad y urgencia de Néstor y Cristina Kirchner serían nulos. El artículo 99, inciso «c», de la Constitución, que regula las atribuciones del Poder Ejecutivo, señala que ese poder «no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo».
Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.
Ninguno de los dos Kirchner reunió jamás al gabinete de ministros, los dos firmaron muchos decretos de necesidad y urgencia, y ningún jefe de Gabinete llevó personalmente esos decretos al Congreso. Los ministros de los Kirchner firmaron, y firman, esos decretos en sus despachos o en sus casas y no saben, la mayoría de las veces, qué están firmando. Es Cristina Kirchner, y no Fayt, la que viola explícitamente la Constitución con la firma de los documentos más importante del Gobierno.
¿Por qué Fayt? Porque es un hombre viejo al que pueden golpear con saña, pero hay otra razón. La renuncia de Fayt dejaría a la Corte con tres miembros de los cinco que la componen: Lorenzetti, Maqueda y Elena Highton de Nolasco. Todas las decisiones de la Corte deberían ser, en ese caso, por unanimidad. Tres son la mayoría de cinco. No se podría armar una mayoría de dos a uno, por ejemplo, porque el número de la Corte es más amplio que el de tres. Si se fuera Fayt, la Corte quedaría paralizada en los temas en que no hubiera unanimidad o debería convocar como conjueces a presidentes de las Cámaras Federales. Mientras esté Fayt, en cambio, la Corte puede decidir por tres votos a uno. En los pocos casos que se han dado hasta ahora, la mayoría de tres la integra Fayt junto con Lorenzetti y Maqueda. La minoría es el voto de Highton de Nolasco. Esa jueza se ofendió cuando propusieron a Roberto Carlés como miembro del tribunal; no puede concebir que el Gobierno haya pretendido colocar a ese jurista sin antecedentes ni experiencia en el máximo tribunal de justicia del país, que ella integra.
Sin embargo, Highton es una mujer emocionalmente cercana a los intereses del Gobierno. Suele sentir también una identificación de género con la Presidenta, a la que considera una mujer luchadora y sola. Reconquistarla es el propósito siguiente del cristinismo si pudiera derrocar antes a Fayt. En muchos temas altamente sensibles para el Gobierno no pueden descartarse finales de dos a uno en las votaciones de la Corte.
¿Hay temas sensibles por venir? Los hay. La cautelar que protege al Grupo Clarín de las tropelías de Martín Sabbatella, decidida por un juez de primera instancia y ratificada por una Cámara, acaba de ingresar a la Corte. La competencia por la investigación de lavado de dinero en empresas de la familia presidencial podría llegar también a la Corte. Sucedería si la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y la Cámara Federal de la Capital emitieran decisiones contradictorias sobre dónde debe hacerse la investigación, que hoy lleva el juez Claudio Bonadío en la Capital. El caso iría primero a la Cámara de Casación y terminaría irremediablemente en la Corte Suprema, que es la que fija la competencia definitiva de los jueces.
También está en la Corte la decisión de un juez que frenó la designación masiva y arbitraria de fiscales por parte de Alejandra Gils Carbó. El dictamen de ese juez fue respaldado por una Cámara Federal. Casación podría resolver en los próximos días sobre la constitucionalidad del tratado con Irán. Según la información que trasciende, Casación suscribiría la definición de inconstitucional de ese tratado que decidieron un juez de primera instancia y una Cámara Federal. Después de que se expida Casación, el caso caerá en manos de la Corte Suprema. Sería improbable que la Corte modificara tres fallos anteriores que habrían declarado inconstitucional el tratado con Irán. Es improbable, vale aclarar, en una Corte con Fayt como juez.
En varios de esos expedientes, en efecto, puede adelantarse el voto a favor del Gobierno de Highton de Nolasco y el voto contrario de Fayt. Muchos de esos casos podrían resolverse en los próximos meses, antes o después de las elecciones presidenciales.
Sólo observando el papel actual de Fayt en la Corte y los temas que deberá tratar ese tribunal explican la ofensiva contra un magistrado anciano, frágil y lúcido. Un juez vale o no vale por sus sentencias. ¿Qué dictamen de Fayt podría catalogarse de disparatado, desubicado o erróneo? Ninguno. Sucede que la sola presencia de Fayt amenaza con desmontar parte de la panoplia kirchnerista. Pasa sólo eso. Es disparatado, en cambio, que Cristina Kirchner haya hecho redactar un proyecto para ampliar la Corte de cinco a nueve miembros, cuando fue ella la que bajó el número a cinco por respeto a la cantidad histórica de miembros del tribunal. El nuevo proyecto ya está escrito. Es el regreso audaz al menemismo y sus peores prácticas, la hipocresía de criticar lo que se remeda, el descenso de la gloria en alpargatas.
Alberto Nisman no le dieron ni siquiera la oportunidad de una investigación. Era previsible. La Cámara Federal que le tocó a su denuncia resolvió contra el Gobierno, en los últimos años, sólo en ocasiones muy escasas. La Cámara Federal se divide en dos salas. La Sala 1, que resolvió ayer, más identificada históricamente con los intereses del Gobierno, y la Sala 2, con fama de independiente. La decisión de la Cámara que confirmó la resolución del juez Daniel Rafecas, quien desestimó de plano la denuncia de Nisman, podría explicar hasta la reciente y feroz campaña del oficialismo para difamar al fiscal muerto.
Dicho con palabras más directas: esos jueces que firmaron la sentencia de ayer, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, no hubieran hecho lo mismo pocos días después de la masiva movilización del 18-F. Tuvieron margen para hacerlo, en cambio, después de que el Gobierno lo denunciara a Nisman como un mujeriego compulsivo, un gastador incansable de fondos estatales y un loco desquiciado en el manejo de los asuntos judiciales. Un «sinvergüenza» y un «turro», en fin, según la descripción del infaltable Aníbal Fernández. Ahora se explica por qué se necesitó matar al muerto.
Ayer sucedió de manera más consistente la segunda muerte de Nisman. El caso provocó la división del tribunal, aunque sólo uno de sus tres jueces, Eduardo Farah, promovió revocar la decisión de Rafecas e investigar la denuncia de Nisman. Quedó en minoría. La mayoría se dedicó, más bien, a destruir los testimonios de dos personas muertas, el propio Nisman y el periodista Pepe Eliaschev. A Nisman le reprochan haber denunciado un delito respaldado en meras conjeturas. Dijeron de Eliaschev que cambió en la declaración testimonial lo que había afirmado en una nota en el diario Perfil. Eliaschev fue el primer periodista que informó que existía una negociación secreta entre el gobierno de Cristina Kirchner y el régimen de los ayatollahs iraníes. Ninguno de los dos está, desde ya, en condiciones de replicarle al tribunal. Así, con semejantes tretas, no se necesita ser juez para archivar una denuncia.
Los jueces Ballestero y Freiler, que desestimaron la presentación de Nisman, dieron fundamentalmente dos argumentos. Uno consistió en describir una decisión política, susceptible de críticas y de impugnaciones, pero que en ningún caso configura un delito. El otro argumento señala que, aun si hubiera habido la intención de cometer un delito, no hubo principio de ejecución, requisito necesario para ser condenado por la Justicia. Ambos merecen su refutación.
Si fue una decisión política o un delito es la conclusión a la que debe llegar la Justicia después de un largo proceso. Nadie dijo nunca que el escrito de Nisman sirviera para condenar a alguien o a algunos. Fue la presentación de un fiscal que había trabajado diez años en el caso AMIA y que murió extrañamente cuatro días después de denunciar a la Presidenta y al canciller, entre otros. Una denuncia necesita ser corroborada con pruebas y testimonios. El propio Nisman pidió muchísimas medidas de prueba para sostener su denuncia. El problema es que ningún juez, ni Rafecas ni Ballestero ni Freiler, le dieron la oportunidad de comprobar que sus conclusiones eran ciertas.
Una denuncia sólo necesita ser «verosímil», como lo señaló el juez de la minoría, Farah, y la de Nisman lo es. Merecía, por lo tanto, la oportunidad de ser investigada, que es, en última instancia, lo que pidieron los fiscales Gerardo Pollicita y Germán Moldes. Las grabaciones de las conversaciones telefónicas entre Luis D’Elía, Jorge «Yussuff» Khalil y Fernando Esteche se prestan para cualquier interpretación. Les sirvieron a Freiler y a Ballestero para darle la razón al juez Rafecas, y le sirvieron a Farah para asegurar que Rafecas se equivocó. Son diálogos propios de barrabravas, con más sobreentendidos que claridad. Lo más notable de esas conversaciones es el grado de información con que cuentan esos personajes. Por eso, la denuncia de Nisman es, por ahora, más política que judicial. Desnudó el entramado que se teje en los sótanos oscuros del poder cristinista.
En rigor, la primera responsabilidad por la caída súbita de la denuncia de Nisman le corresponde a Rafecas. Fue ese juez quien abrió el camino para el archivo rápido de la denuncia y quien les dio argumentos a los jueces cercanos al oficialismo. Si Rafecas hubiera abierto una mínima investigación, esa Cámara Federal debería resolver ahora sobre pruebas concretas y no sobre una presunción. O sobre la opinión personal de Rafecas, tal como él lo subrayó varias veces en su resolución. La decisión de Rafecas cavó, incluso, una profunda grieta entre los dirigentes de la comunidad judía, con cuya simpatía el juez cuenta (¿o contaba?).
No es cierto tampoco que no hubo principio de ejecución del supuesto delito, si la intención hubiera existido. El gobierno de Cristina Kirchner agotó todos los recursos que tenía a su alcance para culminar con los requisitos del tratado con Irán. «La aprobación en trámite exprés del acuerdo por parte del Congreso fue el principio de ejecución», dijo ayer un juez federal que nada tiene que ver con este caso. Fue el gobierno de Irán el que demoró la aprobación del pacto por parte de su Parlamento.
Si el acuerdo se hubiera formalizado definitivamente en los dos países, tampoco Interpol habría necesitado de un juez argentino para levantar las circulares rojas para la captura internacional de cinco jerarcas iraníes. Una de las razones de ser de Interpol es la de buscar a las personas cuyo paradero se desconoce. ¿El paradero de quién desconocería la justicia argentina si los acusados hubieran estado en Teherán parloteando con jueces y funcionarios argentinos? El propio tratado dispone, en su artículo 7, que el acuerdo sería notificado a Interpol sin necesidad de que fuera aprobado por los parlamentos de ambos países. ¿Para qué tanta premura si las circulares rojas no eran la prioridad, según la defensa del gobierno argentino?
Los jueces que decidieron ayer no tuvieron en cuenta, ni siquiera, dos hechos destacables que sucedieron después de la denuncia de Nisman. El primero de ellos es la muerte del fiscal, cada vez más alejada del suicidio para su familia y para la mayoría de la opinión pública. Nisman murió por esa denuncia, sea cual haya sido el procedimiento que puso fin a su vida. El segundo hecho fue la denuncia de ex funcionarios venezolanos, según la cual, en el fondo, se negociaba la venta de uranio argentino a Irán. Nisman mencionó en su denuncia «otros acuerdos», pero no precisó mucho más. ¿Se refería, acaso, a supuestos regateos por el uranio? Imposible saberlo si se cierran todas las puertas de una investigación.
No todas las puertas están cerradas. El fiscal general Moldes no necesita anunciar si apelará a la Cámara de Casación. Ya en su presentación ante la Cámara Federal, en la que promovió investigar la denuncia de Nisman, anticipó que se reservaba el derecho de apelar ante la instancia superior. Apelará, sin dudas. Vendrá un sorteo que determinará a qué Sala de esa Cámara le tocará decidir y, de acuerdo con su resultado, se podrá saber si habrá un fallo independiente o no. Algo extraño sucede en la Justicia cuando sus sentencias pueden anticiparse según la simpatía de los jueces. Ésa es otra herencia perversa que dejará la era kirchnerista, que termina.
Voceros oficiales o cercanos al oficialismo habían tratado en las últimas horas al fiscal muerto de loco y de borracho. Sólo un loco, en efecto, podría firmar dos documentos totalmente contradictorios sobre el papel que cumplió el gobierno argentino frente a Irán, como lo dijo la propia Presidenta y como lo repitieron sus voceros oficiales u oficiosos. Una secretaria de Nisman debió aclarar que el contexto era distinto entre un documento y otro. Un sitio de Internet oficial del Ministerio de Justicia confundió (¿por error?) la cantidad de alcohol que tenía en sangre con la que tenía en el estómago. Son dos cosas absolutamente distintas.
Sandra Arroyo Salgado, jueza y ex esposa de Nisman, activó ayer un nuevo y dramático giro en la política y en la sociedad cuando afirmó que su ex marido no se suicidó. Su teoría (o su certeza) coincide con la opinión de una importante mayoría social, que siempre sostuvo que a Nisman lo mataron. Hasta ahora el «magnicidio» era una hipótesis de la política y de vastos sectores sociales que carecía de respaldo técnico. Arroyo Salgado proporcionó a esa teoría argumentos científicos.
Pase lo que pasare en adelante en la Justicia, es probable que tanto la política como esas franjas sociales hayan hecho suya definitivamente la hipótesis de la jueza. Esto es: a Nisman lo mataron cuatro días después de hacer la denuncia política más explosiva que recibió el kirchnerismo y un día antes de exponer las pruebas de esa denuncia ante el Congreso.
Los supuestos criminales de Nisman se encontraron con un complicado obstáculo: la madre de las hijas de Nisman es abogada y jueza.
Sabe, por lo tanto, cuáles son los caminos que pueden conducir a esclarecer una extraña muerte. Arroyo Salgado colocó a la Presidenta, además, en la peor de las situaciones: explicar qué pasó para que muriera violentamente el fiscal que acababa de acusarla.
Nadie está culpando directamente a Cristina Kirchner de esa muerte, pero su responsabilidad política sería innegable si realmente fuera un crimen. Nisman fue metódicamente calumniado y difamado durante los cuatro días que transcurrieron entre su denuncia y su muerte.
Nadie en el Estado se tomó el trabajo de reforzar su custodia después de que hizo graves imputaciones a los gobiernos argentino e iraní. Al revés, hubo una sospechosa ausencia de su custodia durante las posibles 24 horas en las que Nisman estuvo herido y muerto, según la aseveración de su ex esposa, hasta que lo encontraron su madre y un cerrajero de ocasión. ¿Diez custodios para semejante ausencia de custodia? El cuadro describe más que nada a una zona liberada por la policía.
Servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo el israelí, atribuyeron desde el primer momento a sicarios iraníes, con colaboración local, la muerte del fiscal (NdE: Y quizás por encargo local).Nisman fue hallado muerto, además, en medio de un escándalo de luchas internas entre los inescrutables servicios de inteligencia locales.
Podrían haber sido agentes extranjeros, pero también podrían haber intervenido sectores locales dispuestos a hacerle un supuesto favor al gobierno argentino. Todo es posible, o cualquier inferencia es posible, porque la investigación de la justicia local camina demasiado cansinamente.
El informe de los peritos nombrados por Arroyo Salgado parece disentir del de los peritos oficiales. La disidencia existe en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, la conclusión del departamento forense, que depende de la Corte Suprema de Justicia, difiere en el tono y en la repercusión pública, pero no en la esencia.
De hecho, el informe que recibieron los jueces de la Corte señaló siempre que el caso de Nisman sería un suicidio único en la historia, si es que fue un suicidio.
Esos forenses subrayaron, en sus informes verbales, que la muerte de Nisman no siguió ninguno de los protocolos establecidos por la historia de los suicidas. Dicen más o menos lo mismo, aunque los peritos oficiales nunca escribieron lo que dijeron.
La teoría del asesinato de Nisman es también la teoría de una porción mayoritaria de la Justicia.La marcha de los fiscales fue una prueba de esa sospecha o de esa certeza. ¿Se marcha por las calles y se convoca a la sociedad sólo para rendir homenaje a una persona que decidió poner punta final a su vida? No, seguramente. Arroyo Salgado es también una exponente cabal de ese cuerpo profesional que integran jueces y fiscales. La hipótesis del suicidio común se encierra en un círculo cada vez más pequeño.
El caso se inscribe, además, en un cuadro donde sobra desidia y falta eficacia. ¿O no es raro, acaso, que la Justicia no haya podido establecer ni siquiera si fue suicidio o crimen un mes y medio después de la muerte de Nisman? ¿No es escandaloso que la fiscal Viviana Fein haya dicho, hace muy pocos días, que no tiene una hipótesis cierta sobre esa muerte? ¿No es más escandaloso aún que la propia fiscal Fein haya admitido ayer que hubo un tiempo largo de tres horas entre cuando lo encontraron muerto a Nisman y cuando ella llegó, y que no sabe qué paso en esas horas interminables? No sabe ni siquiera si movieron el cuerpo inerte de Nisman; es decir, no sabe si cambiaron la escena de un supuesto crimen. Ese dato es clave en cualquier pesquisa.
La hipótesis de Arroyo Salgado podría tener otras consecuencias. La primera de ellas es que el caso de la muerte de Nisman debería pasar, si fueran ciertas todas las afirmaciones de la jueza, a la justicia federal y abandonar la justicia de instrucción.
De hecho, ya debió pasar a la justicia federal. Muerte dudosa (según la carátula de la causa) de un fiscal federal. Suficiente para ser un caso federal. Arroyo Salgado ya hizo una primera presentación ante la justicia federal, cuando denunció un mensaje implícito en un ejemplar de la revista Noticias que mostraba la cara de Nisman con una mancha en la cabeza. La denuncia está en manos del juez federal Luis Rodríguez, con fuertes lazos con la conducción desplazada de la ex SIDE.
No será ésa la única secuela. Aun cuando es cierto que los jueces deben resolver sobre lo que está en el expediente que analizan, también es verdadero que los condiciona el contexto en el que se mueven.
La denuncia de Nisman, que desestimó el juez Daniel Rafecas, cayó ahora en la Sala I de la Cámara Federal, que deberá resolver sobre la apelación del fiscal Gerardo Pollicita. Es la sala más cuestionada de la Cámara Federal por su antigua cercanía con el oficialismo, aunque últimamente resolvió casos contra los intereses del Gobierno.
Si la denuncia de Nisman fue la obra de un trastornado, como se deslizó en el oficialismo y en algunos, pocos, despachos judiciales, ¿por qué, entonces, alguien estuvo interesado en matarlo, como asegura su ex esposa? Ése es el peso simbólico que caerá sobre los jueces de la Cámara Federal.
La denuncia y la muerte de Nisman rompieron la placidez del verano. Y serán, tal vez, las únicas compañías seguras que tendrá Cristina Kirchner hasta el último día de su poder. Haga lo que haga, diga lo que diga.
Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
Cuando cae la noche sobre su poder, Cristina Kirchner, que siempre despreció a sus opositores, se enfrenta a una de las batallas más difíciles que le tocó. Tendrá que zigzaguear en lo que le queda de mandato con la abierta sublevación de jueces y fiscales. Éstos no están haciendo nada que no debieran hacer; por el contrario, están haciendo, en varios casos, lo que antes no hicieron. Hay certezas en la Justicia de que la Presidenta ofende y descalifica; hay viejas y nuevas operaciones para desplazar o desestabilizar a jueces y fiscales.
Y hay, por último, pruebas documentadas de supuestos delitos que ningún juez que aspira a permanecer puede ignorar.
La culpa directa de Irán en el atentado criminal a la AMIA no es sólo una hipótesis de Alberto Nisman y del juez Rodolfo Canicoba Corral, que ratificó en su momento las conclusiones del fiscal muerto. La responsabilidad de Irán es una hipótesis que suscribe toda la justicia argentina, desde la Corte Suprema hasta la mayoría de jueces y fiscales federales de primera instancia. Para todos ellos hubo un crimen masivo en la AMIA y, por eso, debe investigarse si el tratado con Irán no significa el encubrimiento de un delito enorme.
La propia Corte Suprema no podría pensar de otra manera. El máximo tribunal tiene a su cargo, por competencia propia, la investigación del atentado que voló la embajada de Israel en Buenos Aires. En esa investigación existen tres pedidos de capturas internacionales, la de un libanés y las de dos iraníes. El libanés, que murió, es el mismo libanés sospechoso de haber reducido a cenizas, dos años después, la mutual de la colectividad judía. Pertenecía a la organización político-terrorista Hezbollah. Los dos iraníes forman parte también del lote de cinco iraníes con pedido de captura internacional por la masacre de la AMIA. Las mismas personas para los dos atentados terroristas más importantes que sufrió el país. ¿Queda alguna duda? ¿Era necesario borrar todo ese trabajo y empezar de nuevo a buscar «la verdad» con Irán?
La fragilidad de la justicia argentina está en otro aspecto de la investigación: nunca encontró las complicidades internas indispensables para hacer ambos atentados. ¿Chocó con secuaces en la propia estructura del Estado? Nada se sabe.
Cristina Kirchner desafió esa certeza judicial cuando firmó el acuerdo con Irán sin consultar con nadie, ni con las victimas, ni con la dirigencia opositora, ni con la Justicia, que llevó las investigaciones. La denuncia más grave de los fiscales Nisman y Gerardo Pollicita es la que muestra un coqueteo permanente entre el gobierno argentino y el ex agregado cultural iraní en Buenos Aires en tiempos del atentado contra la AMIA, Moshe Rabbani. Rabbani es para los jueces argentinos «el asesino», a secas. Parece que ya no necesitan demostrar nada más. Si se probaran definitivamente diálogos directos de funcionarios argentinos con Rabbani, o mensajes enviados desde el Gobierno a él, la situación de la Presidenta y su canciller podría agravarse aún más de lo que ya está.
Daniel Rafecas, el juez de la denuncia de Nisman y Pollicita, anticipó el final de sus vacaciones y estará en su despacho el miércoles, el primer día hábil de la semana en los tribunales. Diferentes versiones circularon en los últimos días sobre la supuesta actitud de Rafecas. Sus colaboradores, que hablaron con él, descartaron todas. «El juez va a trabajar en esta causa más que nunca, según la ley y el derecho», dijeron. Esas mismas personas cercanas a Rafecas aseguran que los que perseguían al juez en el Consejo de la Magistratura ya no están, sobre todo la ex SIDE de Antonio Stiuso. «Nunca se sintió condicionado y nunca el oficialismo tuvo los votos necesarios para desplazarlo», dijeron. El propio Rafecas, con una excelente relación afectiva con la dirigencia de la comunidad judía, nunca disintió de la teoría de Nisman sobre la culpabilidad de Irán. Otra cosa es, desde ya, la investigación sobre el presunto encubrimiento.
Tal vez no esté lejano el día en que la propia muerte de Nisman pase de la justicia ordinaria, donde está ahora, a la justicia federal. Para algunos funcionarios judiciales ya es un caso federal. Muerte dudosa de un fiscal federal. ¿Qué más se necesita para que sea un caso federal? Algunos jueces y fiscales argumentan que fue correcto que la primera parte de la investigación estuviera en manos de la justicia ordinaria. «Ellos ven muertos todos los días. Nosotros vemos sólo muertos políticos», ironizó un juez federal.
La muerte de Nisman supone otra certeza de la Justicia. Ningún interlocutor serio, sea juez o fiscal, suscribe la hipótesis del suicidio simple. Nisman fue asesinado, dicen, sea cual fuere el método al que recurrieron los asesinos. Los médicos forenses que practicaron la autopsia a Nisman abonan la teoría de que no fue un suicidio. En el 70 por ciento de los casos, los suicidas con armas de fuego se disparan en la sien; casi el 30 por ciento restante lo hace en la boca. Una pequeña minoría se dispara en el corazón. Siempre, en el 100 por ciento de los casos, el arma se dispara apoyada sobre la piel del suicida. Nisman tenía el disparo a dos o tres centímetro de la oreja, no en la sien, y el tiro se había hecho también a dos o tres centímetros de la piel. Es lo que dicen los forenses. ¿Es cierto que vecinos de Nisman escucharon muchos ruidos y pasos en el departamento de Nisman y en la escalera de servicio el mediodía del domingo, no en la noche cuando dicen haberlo encontrado? ¿Es cierto que la Prefectura llevó a una testigo circunstancial que vio cosas extrañas en el departamento, que no suscribió un acta, como manda el protocolo, y que sólo dos días después le dieron un certificado de testimonio?
Esta certeza de la Justicia está acompañada por otra convicción: Nisman murió por la denuncia que hizo contra la Presidenta, contra su canciller y, por aproximación, contra Irán. Diplomáticos de países occidentales aseguran, a su vez, que sus servicios de inteligencia se acercan cada vez más a la teoría de que el fiscal fue muerto por sicarios iraníes con complicidades locales. Fue la primera teoría (y única, hasta ahora) del gobierno de Israel. Hubo después, para peor, otros casos de sospechosos seguimientos contra fiscales que precisamente tuvieron protagonismo en el caso de la muerte de Nisman. Las custodias de varios jueces federales están ahora bajo alerta roja, la máxima precaución para asegurar la vida de los magistrados.
No todo termina en Nisman, en su muerte, en su denuncia o en Irán. La Cámara Federal confirmará antes de fin de mes el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por todos los delitos por los que lo procesó el juez Ariel Lijo. La Cámara estaba remolona. Ya no lo está. Después vendrá el envío del caso a juicio oral y público y, por lo tanto, el consiguiente pedido de desafuero del vicepresidente. El escándalo tendrá la magnitud de un tsunami político.
Alejandra Gils Carbó le ordenó a uno de sus fiscales que pidiera la declaración indagatoria del juez Claudio Bonadio por enriquecimiento ilícito. Bonadio tiene el 20 por ciento de una estación de servicio, que es una empresa que comparte con un hermano y un cuñado. «Los que lo acusan son, según sus declaraciones juradas, mucho más ricos que Bonadio», dijo otro juez. Bonadio investiga el supuesto lavado de dinero de la familia Kirchner en complicidad con el empresario kirchnerista Lázaro Báez, aunque también está apareciendo Cristóbal López, tan amigo como Báez de la familia presidencial. El más comprometido de los Kirchner en esa causa es el hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, porque él firmó las actas del directorio de los hoteles, presuntamente lavadores, en nombre de la sucesión de su padre.
¿Lograrán amedrentar a Bonadio? No. Bonadio no es un juez fácil de presionar. La investigación ha llegado tan lejos, además, que ningún juez, ni Bonadio ni otro, podría esconderla ya. La revolución de jueces y fiscales es la obra perfecta de una estirpe política torpe y engreída.
El fiscal Gerardo Pollicita hizo ayer el más grande homenaje a la memoria de su colega muerto, Alberto Nisman. Desarticuló en poco más de 60 páginas la calificación de «débil» que el Gobierno y sus voceros habían hecho de la denuncia de Nisman sobre el presunto delito de encubrimiento de la Presidenta, de su canciller y de otros cristinistas de poca monta y peor calaña. Cristina Kirchner ingresó, así, en un escalón más elevado de la crisis política que provocaron aquella denuncia y, sobre todo, la posterior y extraña muerte del fiscal. El conflicto político y judicial es más intenso ahora y el futuro de la Presidenta es, al menos en los tribunales, mucho más comprometido.
Nadie en su sano juicio puede darle una explicación racional a la existencia de una diplomacia paralela. No porque las diplomacias paralelas no existan, sino por la poquedad intelectual y moral de los diplomáticos paralelos que eligió Cristina Kirchner. Luis D’Elía, con claros antecedentes antisemitas, y Fernando Esteche, jefe del violento Quebracho, eran los mensajeros ante Irán. El diputado y jefe camporista Andrés «Cuervo» Larroque era el correveidile del Gobierno ante tales diplomáticos inverosímiles. Con semejantes operadores, la Presidenta no necesita de opositores ni de destituyentes para terminar sentada ante un juez. Ellos la llevarán.
Hubo un diálogo telefónico, que Pollicita reproduce, entre D’Elía y su amigo Jorge «Yussuf» Khalil, quien era (¿es?) el enlace con la embajada iraní en Buenos Aires, que es tan inquietante como sugestivo. D’Elía le dice a Yussuf que están hablando por teléfono con manos libres (es decir, por altavoces), que está «en Presidencia» y que no le puede decir el nombre de la persona que lo está escuchando. ¿Quién los estaba escuchando en la cima del poder? ¿Acaso el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, viejo amigo de D’Elía? ¿O era la propia presidenta de la Nación? Las respuestas a esas preguntas son cruciales para conocer el grado de involucramiento de Cristina en la causa.
Pollicita suscribió una reflexión política de Nisman. Cristina Kirchner cambió radicalmente la política de su esposo, luego de que murió, porque éste promovía la persecución de los iraníes reclamados por la justicia argentina. El fiscal pone como pruebas las declaraciones públicas de ex ministros de Néstor Kirchner, como Alberto Fernández, Rafael Bielsa, Jorge Taiana y Roberto García Moritán, este último vicecanciller durante cuatro años. La estrategia de los fiscales es interesante: coloca al Gobierno contra la memoria del fundador del kirchnerismo y esposo de la actual presidenta. Dicho de otro modo: ¿podría haber un golpismo nestorista contra Cristina, si son las declaraciones de los ministros de Néstor las que acusan a Cristina? La hipótesis es desopilante, pero no se puede descartar en el paranoico universo del cristinismo.
Lo que Nisman hizo, y Pollicita ratificó, fue relacionar los hechos públicos con los secretos en las negociaciones con Irán. Es cierto que existen muchas referencias a publicaciones periodísticas, pero casi todas son para dejar constancia de declaraciones que hicieron funcionarios públicos argentinos e iraníes. O para anotar la existencia de una o de varias decisiones tomadas en Buenos Aires o en Teherán. No existe una sola referencia que aluda a opiniones periodísticas. Vale la pena hacer esta aclaración porque voceros oficiales habían dicho que la denuncia de Nisman se limitó a «reproducir artículos periodísticos».
Esas publicaciones fueron, a su vez, vinculadas con lo que concretamente pasaba en la realidad. Debe subrayarse que la política argentina, la que no tiene acceso al chato círculo que controlaba esas negociaciones, y el periodismo no encontraron nunca una explicación razonable al acuerdo con Irán. El tratado había convertido en nada la investigación de la justicia argentina sobre la devastadora masacre a la AMIA, que acusó al gobierno iraní, incluido el entonces presidente de ese país, de haber orquestado y financiado el atentado. El acto criminal lo habría ejecutado la organización Hezbollah.
El drástico giro geopolítico de Cristina Kirchner resultó en su momento sorprendente e inexplicable, aunque la única razón que se entrevió, sin pruebas importantes hasta ahora, fue la que imponía el creciente déficit energético del país. Siempre se dijo, además, que el nexo entre Cristina e Irán había sido el extinto presidente de Venezuela Hugo Chávez. D’Elía y Esteche han sido siempre, también, interlocutores privilegiados y defensores acérrimos del régimen chavista. ¿Es cierto que todo tiene que ver con todo, como dice Cristina?
Vinculadas las publicaciones periodísticas y la realidad, los fiscales respaldaron sus conclusiones con lo más sabroso de la causa: las grabaciones de conversaciones telefónicas. Ése el problema del Gobierno, porque esas grabaciones confirman las conclusiones que surgen de aquella vinculación. La denuncia tiene sustancia, dice Pollicita, para iniciar una investigación, aunque obviamente deben probarse todavía muchas cosas. El proceso sólo ha comenzado, pero Pollicita deslizó una posible acusación muy grave contra Cristina: encubrimiento de un crimen de lesa humanidad.
Dicen los que han escuchado las grabaciones de las conversaciones telefónicas que está probado en ellas que a los iraníes sólo les interesaba que cayeran las cédulas rojas de Interpol, que significan la máxima alerta para capturas internacionales, de cinco jerarcas del régimen de Teherán. Hay un dato que respalda esa certeza. El tratado se hizo sólo para que eventualmente declararan los cinco iraníes afectados por esas cédulas rojas de Interpol. Resulta que Nisman pidió la captura de tres más (ocho en total) y de un libanés. El libanés murió, pero los otros tres iraníes están vivos. Son el entonces presidente de Irán, el entonces canciller de ese país y el entonces embajador iraní en Buenos Aires. Interpol reconoció al ex presidente inmunidad de jefe de Estado e inmunidad diplomática a los otros dos. ¿Por qué el tratado habla sólo de cinco iraníes y no de ocho? ¿No es ésa la mejor prueba de que sólo se buscaba beneficiar a los que estaban perseguidos por Interpol?
El oficialismo argentino se enredó con la interpretación de la «pista iraní» o la «pista siria». Son la misma cosa. Irán y Siria tienen un acuerdo que viene de muy lejos y se mantiene hasta ahora. De hecho, fue Siria la que colocó el territorio y el escenario para la primera reunión secreta entre el canciller Héctor Timerman y su colega iraní, Ali Akbar Salehi. El déspota de Damasco, Al Asad, no hubiera sobrevivido a la última revuelta popular sin la ayuda de Irán y Rusia. Los nuevos mejores amigos de Cristina Kirchner. Aquella reunión de Timerman con Salehi, en la ciudad siria de Alepo, ahora destruida, fue una primicia del periodista Pepe Eliaschev, que Timerman desmintió y Salehi confirmó. A Timerman no sólo lo maltratan en Buenos Aires.
Tal vez la historia se habría escrito de otra manera si hubieran intervenido profesionales de la diplomacia. Quizás éstos hubieran hecho las cosas de manera que el tratado con Irán quedara registrado sólo como una decisión política, polémica y mala seguramente, pero decisión política al fin. D’Elía, Esteche y Larroque colocaron, en cambio, a la Presidenta y a su canciller al borde (o en el centro) del delito.
Por eso, fija también las estrictas condiciones que deben respetarse para los decretos de necesidad y urgencia, posibles sólo en «circunstancias excepcionales». Los decretos de necesidad y urgencia tienen tanto poder como las leyes que sanciona el Congreso. Esos decretos, dice textualmente la Constitución, «serán decididos en acuerdo general de ministros, que deberán refrendarlo conjuntamente con el jefe de Gabinete». «El jefe de Gabinete personalmente y dentro de los diez días someterá la medida, concluye, a consideración de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso». La Constitución estipula, incluso, los asuntos en los que no podrán usarse esos decretos, como las cuestiones electorales o de partidos políticos. Dice «en acuerdo general» y no «con» el acuerdo general de los ministros. Es decir, en reunión de todo el gabinete. El espíritu de los constituyentes de 1994 fue recrear en el Ejecutivo un debate sobre esos decretos parecido al que son sometidas las leyes en el Congreso. Es la única decisión del Poder Ejecutivo que la Constitución somete al acuerdo general de ministros.
