Los bóvedas con dinero de la corrupción de la obra pública nacional existían. El ex secretario del área durante los 12 años de la era K, José Francisco López, fue descubierto esta mañana intentando enterrar al menos 8 millones de dólares en efectivo en un monasterio de General Rodríguez. ¿Por qué quiso enterrar esa plata sucia en este momento? La Justicia acechaba a su jefe, el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. El juez Luis Rodríguez intentó allanar a éste último aunque sabía que el ahora diputado tiene fueros. El Gobierno tenía también potencial información al respecto. Uno de los hombres que más y mejor trataba tanto a López como a De Vido, el empresario Lázaro Báez, preso por lavado de dinero en el penal de Ezeiza, dejó trascender que “la plata de los funcionarios nacionales con los que yo trataba está en Buenos Aires”.

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Mientras esta nota estaba siendo escrita, las autoridades policiales y de la Justicia llevaban contados 3 millones de billetes de la más altanumeración que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos encontrados antes de ser enterrados en el monasterio elegido por el señor López para esconder sus “ahorros”, en un jardín, mientras aun era noche.

El dinero que se encontró en la Chevrolet Meriva patente FEI 444, en la que López llevó al lugar donde fue encontrado “in fraganti”. El electo diputado del Parlasur estaba solo.

En el lugar se encontraron además joyas, y relojes, dijeron fuentes oficiales al tanto de esta pesquisa. También se encontró un fusil calibre 22. López fue la mano derecha en los negocios de la construcción financiada por el presupuesto nacional de Néstor y Cristina Elisabet Fernández. Manejaba políticamente Vialidad Nacional, el organismo que le otorgó contratos millonarios a Báez.

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El actual titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, denunció a López y a De Vido por haber aceptado que el empresario K ganara conratos por obra pública con sobreprecios.

Por su cargo, López tenía potestad sobre otros entes públicos, como Aysa. Y era el encargado de armar las licitaciones de infraestructura. La ex Presidenta solía recordar que la primera licitación de obra pública que firmó su esposo fallecido fue la remodelación de la Basílica de Luján.

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El monsterio de General Rodríguez de la deseada bóveda de la naturaleza de López fue un lugar también refaccionada por el Estado K. El prelado que consiguió esa resolución gubernamental fue monseñor Rubén Di Monte. Ex obispo de Avellaneda. Ex obispo de Mercedes y Luján.

López es tucumano. Soñó con ser candidato a gobernador de su provincia. Tenía perfil bajo. El verbo es en pasado por razones obvias.

Fue la empresa insignia de la era K, destinataria del 78,4% de la obra pública nacional durante los últimos doce años. Con su principal dueño Lázaro Báez detenido, su familia decidió poner fin a la constructora y decidieron saldar la mayor cantidad de deudas posibles y cerrar, para siempre, Austral Construcciones.

Fin de un ciclo y de una etapa de millonarios negocios. La familia de Báez que espera en Río Gallegos que Lázaro logre salir del penal de Ezeiza, habló con el empresario K y decidieron que ya no hay futuro para Austral Construcciones. Doce años pasaron desde su constitución y por primera vez, está sin operar, acosada por las deudas e investigada por la Justicia por lavado de dinero y evasión fiscal.

«Esperamos que se habilite la realización de pagos a proveedores, muchos son de vialidad y se podría entregar maquinaria, pero no podemos mover nada de la empresa hasta que la Justicia lo indique», señalaron a Clarín allegados a la constructora.

Allanamiento en las oficinas de Austral Construcciones.

Con un complejo escenario judicial, las deudas fueron en constante aumento: 508 cheques emitidos sin fondos por $ 32 millones, un crédito en el Banco Nación de $ 160 millones que la entidad financiera ya calificó «con alto riesgo de insolvencia», no se pagaron las cargas patronales de los empleados. Solo una radiografía del presente de un imperio de la construcción que llegó a manejar $21.000 millones durante el kirchnerismo, por obras viales.

La decisión familiar ya se tomó y Lázaro no se opuso: Austral llegó a su fin, algo anunciado. Lo próximo será el pedido de quiebra. «Por más que saldemos deudas, a qué licitación nos podemos presentar, no vamos a ganar nada más», reconocieron en el entorno del empresario K. El cerco judicial es cada vez más grande.

Predio principal de ACSA en Río Gallegos.

El próximo paso es esperar la determinación de la Justicia que allanó las oficinas de la firma durante dos días; además Lázaro Báez tiene un embargo de $ 300 millones. «Cualquier movimiento que se haga puede ser dinero que se embargue si quisiéramos pagar deudas, pero ya está, no se puede seguir» reconocieron a Clarín desde el entorno del empresario K. Además, las oficinas del  contador del empresario K, César Andrés, quedaron clausuradas por la Justicia.

Sin presencia del personal y con su portón principal cerrado sobre la Ruta 3 en el principal acceso de Río Gallegos, se observa el predio de ACSA donde la Justicia inventarió entre camionetas y maquinaria pesada, unos 505 vehículos. En los obradores quedaron máquinas que no pudieron recuperarse, casi por la misma cantidad que forma parte del patrimonio de la empresa.

Lázaro Báez en Tribunales hace una semana.

Atrás quedaron los años en los que construyeron departamentos para la familia Kirchner, los alquileres de la firma a las habitaciones de los hoteles de la ex Presidenta, los alquileres que ACSA pagó por el departamento de Recoleta propiedad de Cristina Kirchner, y sobre todo la facilidad para ganar 51 licitaciones de las 80 que el gobierno kirchnerista destinó a Santa Cruz.

Se trata del final menos pensado para la constructora más grande de Santa Cruz desde 2003, aunque el año pasado cuando aún contaba con 3.000 empleados, Báez no descartaba la idea de ponerle fin a su empresa insignia, con la derrota electoral ya no contaría con los mismos beneficios: ganar obras millonarias, sin controles y con el cobro mensual de las certificaciones de obras pese a que muchas de ellas nunca avanzaban, algo que determinó la auditoría de Vialidad Nacional.

La hija mayor de Báez, quedó al frente de Austral.

Luciana Báez, la hija mayor del empresario, quedó al frente de la constructora que redujo en más del 50% su personal desde enero cuando la firma se declaró «sin liquidez». Austral está denunciada por los manejos discrecionales y por los sobreprecios aplicados a las obras que superan en muchos casos el 50% del valor original por el que fueron licitadas, que en números generales representan más de $ 4.000 millones.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Ayer el propio Julio Mendoza -presidente de Austral- se desligó de cualquier responsabilidad en la toma de decisiones de la firma. Ante el juez Sebastián Casanello, señaló que «el sector contable y financiero de Austral Construcciones respondía al accionista mayoritario», es decir Lázaro Báez, quien tenía el 95%del paquete accionario, mientras que su hijo Martín tenía el 5% restante. Pero aclaró que el dinero de ACSA «era todo en blanco», desmereciendo las declaraciones de Leonardo Fariña.

Báez cumplió su cuarta semana en prisión, ya no hay ningún tipo de comunicación con la familia Kirchner -principales socios comerciales hasta hace poco- y después de 50 allanamientos a sus propiedades el próximo paso lo darán sus hijos: cerrar para siempre Austral Construcciones.

¿Existió una relación entre Leonardo Fariña, la familia Báez y sus empresas? Sí. ¿Manejaba Lázaro Báez y sus empresas un caudal de dinero tal que podría haberse llevado al exterior mediante maniobras realizadas en la financiera SGI por Federico Elaskar y Fariña? Sí. ¿Existieron los vuelos con bolsos con dinero K que llegaban del sur a Buenos Aires, y viceversa? Sí. ¿La financiera SGI tenía la capacidad para armar sociedades anónimas en países del extranjero y abrir cuentas de banco para depositar fondos que salían de la Argentina por fuera del circuito legal? Sí. ¿Lázaro Báez se apropió de SGI después de que trabajaron allí su ex dueño Elaskar y Fariña? Sí. ¿Hay transferencias  de fondos en bancos del exterior realizadas por Báez, operatorias que serían habituales para él? Sí. ¿Hubo o hay dinero de Báez en bancos de Suiza? Si.

Esas preguntas y esas respuestas, palabras más, palabras menos, se hizo y respondió de ese modo el fiscal del caso de “La Ruta del Dinero K”, Guillermo Marijuán, en un dictamen sobre el tema que elevó al juez Sebastián Casanello pidiendo declaraciones indagatorias de Báez, sus hijos, y sus empleados jerárquicos de sus empresas, como el contador Daniel Pérez Gadín, ex administrador del Alto Calafate, de los Kirchner.

Casanello estudió el video difundido por Telenoche en el que se vio por primera vez al hijo de Báez, Martín; a Pérez Gadín; y a otros empleados de SGI, como Fabián Rossi, contando multimillones de dólares, euros y pesos.

Fue una imagen que coronó una investigación que ya tenía pruebas concretas y absolutamente comprometedoras sobre los Báez.

El constructor era en 2003 un gerente del Banco de Santa Cruz, uno de los mejores amigos de Néstor Kirchner.

Pocos días antes de que su viejo compañero de aventuras políticas y financieras asumiera la Presidencia de la Nación, Báez fundó su compañía constructora  Austral Construcciones.

Hoy, los Báez tienen una fortuna extraordinaria: Lázaro se transformó en uno de los empresarios más ricos del país; es el más grande terrateniente de la Patagonia; tiene dos aviones privados (uno se le prendió fuego); cientos de autos, buena parte de ellos de alta gama; firmas dedicas a la industria del agro y hasta concesionarias de automóviles.

Báez ganó miles de millones de pesos en contratos estatales del Estado K, y él mismo ayudó después a acrecentar la fortuna del matrimonio Kirchner: le alquiló sus hoteles por fondos inéditos para el mercado; le alquila aun hoy decenas de casas a los K; construyó un  condominio con los santacruceños que fueron Presidentes, y más.

El fiscal Marijuán recolectó una enorme cantidad de pruebas, de todo tipo, que indican cómo el flujo de dinero de los Báez se movió por la Argentina y salió al mundo sin control estatal.

El propio Banco Central de la República Argentina supo antes de que Báez operar en SGI que esa financiera era una “cueva”. Incluso fue inspeccionada en forma personal por expertos de la entidad.

La financiera después conocida como “La Rosadita” siguió funcionando.

Marijuán y Casanello dieron cómo válidas las pruebas que había encontrado el fiscal José María Campagnolli, cruciales para avanzar en la causa: junto a su equipo, descubrieron cómo la plata que Elaskar había contado que había salido desde SGI a cuentas de los Báez en Suiza había vuelto al país en forma de bonos de la deuda Argentina. Son sumas que alcanzan los 50 millones de euros.

El Gobierno de los Kirchner, probó Marijuán, desoyó reportes de operaciones sospechosas emitidos por diferentes bancos sobre movimientos de dinero posiblemente irregulares de Báez. A eso se sumó la comprobación de que una financiera históricamente vinculada a los Kirchner y a Báez, llamada Invernes, había intercambiado con constructoras de Báez facturas “truchas”, sin comprobante alguno, por $ 466.573.261,15.

El total del dinero que manejó Báez que entidades financieras alertaron a la Unidad de Información Financiera (UIF), que fue gestionada por José Sbatella, sobrepasa los 900 millones de pesos.

Un porcentaje aun no estipulado de las obras públicas que debían realizar los Báez quedaron en la nada, construidas a medias, y muchas de ellas recibieron además más dinero público que por el que habían ganada las licitaciones.

Báez está preso. Sus finanzas son simbióticas, y crecieron a la par de la de los Kirchner.

Ayer, cuando entraba a su lugar de detención, un grupo de gente lo insultó, hizo alusiones a su posible accionar delictivo. Algunos pidieron que devuelva el dinero que ganó gracias al Estado.

Casanello y Marijuán están convencidos de que Báez será el primer condenado por lavado de dinero de la Argentina que proviene del empresariado, de una burguesía que creció gracias al poder. Él, y los Kirchner, ya no lo tienen.

Además, varias de las operaciones las ordenaron empresas de Ernesto Clarens, el primer financista de Báez y de Néstor Kirchner.

Sernorte compró la financiera SGI “La Rosadita” a Federico Elaskar a mediados del 2011, luego de que Lázaro Báez detectara que había un faltante de dinero en la plata que manejaban ese financista y el valijero Leonardo Fariña. El video que reveló Telenoche de canal 13 de TV corresponde a fines del 2012, cuando “La Rosadita” ya era propiedad de Sernorte y la manejaba el contador de Báez, Daniel Pérez Gadín.

Los 99 movimientos financieros por estos nuevos 30 millones de dólares están en la causa que abrieron los fondos buitre contra Lázaro Báez en Las Vegas (Nevada) gracias al fallo llamado “discovery” que le permitía buscar bienes del estado argentino en los EE.UU. Muchos de estos son por cifras como 199.000 o 399.000 dólares cómo si no quisiera superar los techos de 200 mil o 400 mil dólares.

La diputada de Confianza Pública, Graciela Ocaña, mañana pedirá al juez federal Sebastián Casanello que incorpore este documento oficial de la Justicia de EE.UU. a su causa sobre la ruta del dinero K. En base a este informe, el fiscal federal Guillermo Marijuán, por ejemplo, podría pedir llevar la investigación contra Lázaro y Martín Báez, entre otros, a las financieras y bancos que permitieron la fuga de la plata al exterior. Ocaña también formulará una denuncia en Uruguay debido a que varios de los agentes de bolsa usados en la intermediación financiera tienen domicilio en Montevideo.

La primera operación de los apoderados de las 148 empresas de Las Vegas -creadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y administradas por la misteriosa Aldyne de las islas Seycheles– es un giro de 400 mil dólares que el financista histórico de Báez y conocido de Néstor Kirchner, Ernesto Clarens, hizo en noviembre del 2010, a través del corredor de bolsa de Uruguay PT BEX (Ver fácsimil página 4). PT BEX es el mismo corredor de bolsa uruguayo que hizo de intermediario, también en esa época, para que el testaferro del vicepresidente Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, recibiera 620.000 dólares para la compra de esa imprenta privada desde Southern Securities de Nueva York.

PT BEX ya era conocida por intervenir en polémicas compras bursátiles de la ANSES cuando la manejaba Boudou y en el escándalo del Partido Popular de España del llamado caso Bárcenas que movió 22 millones de dólares de plata proveniente de coimas. La principal financiera de Clarens llamada Invernest auxilió al crecimiento de Austral Construcciones desde su creación en el 2003 e incluso comparte la misma dirección que Austral en el pasaje Carabelas de la Capital.

La segunda operación registrada por la justicia de EE.UU. son 181 mil dólares transferidos enviados por Helvetic desde el LGT bank de Liechtenstein a una cuenta en el Citibank de Nueva York que tiene como beneficiario a la empresa Charbonier Corporation. Helvetic es dirigida por el misterioso cordobés llamado Néstor Ramos pero no se sabe quien es el accionista mayoritario de esa firma inscripta en Lugano, Suiza. Según la declaración del ex dueño de La Rosadita, Federico Elaskar, “Helvetic es propiedad de Lázaro Báez”.

La cuarta también la ordenó Helvetic para transferir 427 mil dólares también desde el LGT bank a una cuenta de Mellon Bank Securities Services en el Mellon bank de Nueva York. Más adelante Helvetic hace otra operación de 229 dólares desde el LGT al Northern Trust International bank de Nueva Jersey con beneficiario final a la empresa Nirsin Incorporated de la isla de Samoa.

En otro caso la orden de transferencia por 1.099.000 la dio la empresa uruguaya Cavial para sacar la plata del Standard Chartered Bank de Nueva York para depositarla en una cuenta de Helvetic.

El informe de la Justicia de EE.UU. también señala que a pedido de Helvetic se crearon en Las Vegas las empresas fantasma Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd. Y que ahora debería investigar Casanello para qué se usaron.

Desde ayer, el caso de “La Ruta del Dinero K” tiene un nuevo denunciante. La novedad es impactante porque quien relacionó a los Kirchner con la corrupción gubernamental es su socio histórico: el propio Lázaro Báez. En una entrevista con Infobae, el empresario vinculó con el enriquecimiento ilegal a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz. Ella había dicho días atrás que su familia “jamás, pero jamás” había sido socia comercial del principal beneficiario de contratos multimillonarios de obra pública nacional que le otorgaron desde la Presidencia y la Gobernación tanto su hermano, Néstor, como su cuñada, Cristina.

Clarín accedió a pruebas que constan en la causa Hotesur, que investiga a los Báez y a los Kirchner por posible lavado de dinero: esos documentos muestran que las finanzas de ambas familias son indisolubles.

Los Kirchner siguen ganando millones gracias a sus negocios con los Báez.  Al menos hasta ayer.

En julio del año pasado, el juez Claudio Bonadio allanó las oficinas de Máximo Kirchner en Río Gallegos, y también los hoteles de su familia.  Antes de que las pruebas que recolectó en el sur llegasen a su despacho le quitaron la instrucción del caso en el que indagaba sobre la economía de Báez, y también sobre la de los Kirchner.  Parte del caso Hotesur es ahora instruido por el juez Daniel Rafecas. El fiscal, que impulsa medidas de prueba, es Carlos Stornelli.

Entre el material que recolectó Bonadio en las oficinas de Máximo, se encontraron 29 facturas por alquileres de inmuebles propiedad de los Kirchner: quien pagó esas rentas fue Austral Construcciones, la compañía madre del holding de Lázaro Báez.

En los despachos de la inmobiliaria de los K, ubicada en la avenida presidente Néstor Carlos Kirchner 496, la Justicia también recolectó 93 recibos por operaciones de banco “celebrados”entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones.  Y varios contratos de alquileres de propiedades que el ex hijo presidencial le rentó a Báez.

Entre otros documentos, Bonadio también sumó a la causa Hotesur una “clausula accesoria” que vincula a Máximo Kirchner con Austral. Son papeles que queman. ¿Cuál es la verdadera relación entre el hijo del matrimonio que gobernó la Argentina durante doce años y su principal beneficiario de obra pública?

En otro allanamiento judicial, esta vez realizado en El Calafate, la Justicia descubrió que Báez alquiló habitaciones que posiblemente nadie haya utilizado en hoteles K que él había administrado, como el Alto Calafate: si se prueba que eso pasó, se comprobaría que las familias socias en varios negocios realizaron maniobras típicas entre quienes intentan lavar dinero de origen ilegal.

En un operativo que el juzgado de Bonadio hizo en el hotel preferido de la ex presidenta Cristina, Los Sauces, ubicado al lado de su casa en El Calafate, una de las empleadas interrogadas por la Justicia admitió que ese emprendimiento turístico también tenía firmados contratos por el alquiler de habitaciones con empresas de Báez.

La excepción al sistema que se investigaba en los tribunales al respecto es que los Kirchner nunca firmaron un acuerdo económico con Báez para administrar comercialmente el hotel Los Sauces, tal como hicieron los otros tres negocios turísticos que tienen en Santa Cruz.  Ese hotel fue manejado comercialmente por otra familia que también fue beneficiada por obra pública nacional, los Relats.

Aun así, Baéz también tiene firmados contratos de alquiler por habitaciones en ese hotel boutique. Sus empresas que invirtieron en ese negocio de los Kirchner fueron, tal como declaró una empleada del lugar, las constructoras Kank y Costilla, Localzo y Locurto.  En la primera de ellas, Lázaro es accionista junto a su hijo, Martín, el mismo que apareció en el video de la financiera “La Rosadita” contando millones de dólares en efectivo.

Esos contratos, dice el acta judicial del allanamiento en Los Sauces, se encontraban en otro hotel porteño de los Relats, el Panamericano. Bonadio no llegó a allanarlo porque le quitaron la instrucción de la causa Hotesur.  Además de estos negocios, los Kirchner son socios de los Báez en un hotel de El Chaltén, llamado La Aldea.  Y su sociedad Los Sauces SA le alquile inmuebles a compañías del empresario K.

En 2013, por ejemplo, la entonces presidenta Cristina retiró dividendos por esos acuerdos comerciales por más de un millones y medio de pesos. Su hijo, Máximo, por alrededor de 800 mil pesos.

La disputa de Báez con los Kirchner, encarnada en Alicia, parece haber roto el pacto de silencio que entre dos familias que, según la hipótesis de la Justicia, tienen finanzas indisolubles, acrecentadas por fondos multimillonarios. Y siempre públicos.

Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.

Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.

La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.

Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.

Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por Lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.

La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.

El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.

Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.