En el año 2013, el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en la Argentina y el exterior, se asoció con la Presidenta para explotar un emprendimiento económico en la Patagonia: un hotel, en el que ya estaban entrelazas sus finanzas, pero en el que esta vez quedaron definitivamente concretadas a nivel societario-comercial.

Báez y su hijo Martín compraron la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”, que maneja uno de los hoteles K, justamente La Aldea, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.

La sociedad había sido creada por Adrián Berni, un ex administrador de otro hotel presidencial, el Alto Calafate; y por el escribano de Báez, Leandro Albornoz. Según pudo saber Clarín, Báez padre compró el 50 % de la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”; mientras que su hijo Martín adquirió un 45 % restante. El 5 % de las acciones restantes tienen un dueño aun anónimo.

Para cerrar el negocio con su socio más polémico, la familia presidencial aportó el terreno en el que se levanta el hotel. Es propiedad de una de sus sociedades, Los Sauces.

La información sobre esta alianza comercial entre los Kirchner y los Báez consta en el expediente “Hotesur”, que investiga si los hoteles de la familia presidencial fueron utilizados para realizar maniobras financieras ilegales.

Tras las denuncias por el manejo sospechoso de las finanzas de Báez, caso que se dio a conocer como “La Ruta del Dinero K”, los Kirchner apartaron de Báez de la administración de sus hoteles, pero en el 2013 se asociaron con él en secreto para controlar “La Aldea”.

En los hechos, quien regentea ese hotel es Idea Sociedad Anónima S.A, dirigida por un socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, quien también ahora explota otros tres hoteles que tienen los Kirchner en Santa Cruz, El Alto Calafate-Hotesur, y Las Dunas.

Hoy, a las 10, la denunciante de la causa, Margarita Stolbizer, candidata presidencial del Frente Progresista, dará una conferencia de prensa en la que aportará nueva información sobre esta trama.

El hotel La Aldea es el más chico de la cadena K: tiene 25 habitaciones con vista al monte Fitz Roy y el cerro Chaltén, dentro del parque nacional Los Glaciares.

En algún momento, fue alquilado por una productora de la televisión pública que filmó una serie en la zona: hubo plata del Estado, entonces, que financió un hotel de la Jefa del Estado. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Alto Calafate: la tripulación de los aviones de Aerolíneas Argentinas que viajan a esa ciudad patagónica duermen en el hotel de la titular del Ejecutivo. Eso les garantiza una ocupación anual del 30 % de su negocio turístico.

Báez administró el Alto Caladate durante cuatro años: es un contratista estatal. O sea: pagó una renta extraordinaria para el mercado -5 millones anuales- a quienes lo contrataban para hacer obra pública. El caso Hotesur está bajo instrucción del juez Daniel Rafecas. El primer magistrado fue Claudio Bonadio. La sala 1 de la Cámara Federal lo apartó en tiempo récord. Pasó un día después de que allanara empresas de los Kirchner en Santa Cruz.

Antecedentes

El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en el caso Hotesur, rechazó la semana pasada la recusación planteada por la denunciante Margarita Stolbizer. Según la resolución, el pedido para que Rafecas se aparte de la causa fue “extemporáneo”. La diputada había pedido la recusación de Rafecas después de que el juez se negara a su reclamo para anular el permiso que le había dado a Lázaro Báez para hacer un backup de un servidor con información contable que estaba escondido en una de las firmas del empresario kirchnerista en Río Gallegos. Stolbizer consideró que la devolución de ese servidor pondría en peligro la cadena de custodia de la prueba. La sala I de la cámara federal confirmó el rechazo.

El juez Claudio Bonadio sabe que no puede respirar tranquilo. Cuando empezaba a recibir señales positivas desde la Cámara de Casación, donde todavía se libra una batalla por su recusación, se dio cuenta de que hay otra maniobra en danza para apartarlo del caso Hotesur, la investigación que tiene en vilo a la presidenta Cristina Kirchner por sus negocios hoteleros.

El primer indicio lo aportó el empresario kirchnerista Lázaro Báez. El miércoles, a través de sus abogados, se presentó ante Bonadio y le pidió que responda un oficio de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con competencia sobre el juzgado federal de Río Gallegos.

Ese tribunal había advertido, a mediados de marzo, que hay otra causa radicada en la capital santacruceña donde se investigan hechos similares. “Enviaron una certificación por una posible conexidad pero no dieron datos de la causa”, detalló anoche una fuente judicial, aunque rechazó cualquier especulación sobre el verdadero objetivo del pedido.

Casi al mismo tiempo que comenzaba a desmoronarse la recusación contra Bonadio en la Cámara de Casación, los abogados de Báez se presentaron en su juzgado y le pidieron que conteste, de manera “urgente”, aquel oficio de la Cámara de Comodoro Rivadavia, donde está pendiente un recurso presentado por esa misma defensa en el marco de una denuncia que había realizado el propio Báez.

“Esta parte tiene legítimo interés en que aquel pedido de informes recibido por V.S. sea contestado en forma urgente a fin de que este recurso de apelación quede en condiciones de ser resuelto”, dice el escrito al que accedió Clarín.

El tribunal de Comodoro Rivadavia le pidió a Bonadio que “explicite la razones por las cuales (el expediente Hotesur) se encuentra tramitando” en la ciudad de Buenos Aires. “Tal oficio aún no ha sido contestado por V.S.”, se quejó uno de los abogados de Báez, Gabriel Gandolfo. En Tribunales advirtieron que “la demora tiene que ver con el trámite de la recusación”.

Esta es la segunda presentación del empresario kirchnerista en la causa Hotesur. La primera había sido para designar a sus abogados luego de enterarse “por los medios” de las acusaciones en su contra.

Otro argumento para quitarle la causa a Bonadio sería que las personas investigadas en el caso Hotesur tienen domicilio fiscal en el Sur. De hecho, la empresa que administra el hotel Alto Calafate tiene su domicilio fiscal en avenida Néstor Carlos Kirchner 496, en Río Gallegos, donde también funciona otra de las empresas de Máximo Kirchner. Sin embargo, en Comodoro Py desestimaron ese planteo: “Lo que vale es el domicilio legal de la empresa. Además los contratos se hicieron en esta ciudad”.

Bonadio ya fue recusado por la sobrina de Cristina Kirchner, Romina Mercado, quien objetó su falta de parcialidad y argumentó que el juez tomó la causa como “un elemento de presión” por “su comprometida situación ante el Consejo de la Magistratura”. Pero esa maniobra está por caerse en la Sala I de Casación, donde dos de los jueces, Luis María Cabral y Gustavo Hornos, ya tendrían resuelto votar a favor del magistrado.

Si se confirma ese escenario, el nuevo plan sería trasladar la causa a Río Gallegos, donde la Justicia es más cercana al kirchnerismo.

Báez ya planteó cuestiones de competencia en otras causas. Cuando estalló el escándalo de la “ruta del dinero K”, logró que la jueza federal de Río Gallegos, Andrea Askenazi Vera, archivara una denuncia por la supuesta tenencia de armas. En cambio, fracasó al intentar llevar al Sur la investigación principal derivada del programa Periodismo Para Todos (PPT).

Fuente: Clarín, 24/04/15.

El juez Ferenback dijo que hay «sospechas razonables» indicando que Mossak y Fonseca le dio instrucciones a Carmen Amunategui de NM Nevada para que registre las 123 empresas en Nevada y que tiene mas información que ella sobre lo que sería un gran esquema de lavado de dinero argentina que incluye no solo Estados Unidos, sino que también Uruguay, Paraguay, las Islas Seychelles, Suiza, Liechtenstein y Luxemburgo.

CFK y bolsa de dinero

Varias de las empresas en cuestión están a nombre Aldyne, una empresa basada en las Islas Seychelles. Aldyne tiene relación con la firma Helvetic Services Group, que se quedó con la financiera SGI, conocida como La Rosadita y que pertenecía a Federico Elaskar. En el escrito pidiendo su intervención en el juicio, Mossak y Fonseca afirma que la corte no tiene jurisdicción para actuar en Panamá y que el fallo que impartió autorizando a los fondos buitres a que lo investigue es contraria a ley internacional. El Juez Ferenback ya dictamino que NM Nevada, el estudio de nevada dirigido por Carmen Amunategui que registro las empresas en cuestión en  el alter ego (es uno y lo mismo) de Mossak y Fonseca. Es decir, en su fallo Ferenbach ya habilitó a los fondos buitres a pedirle información a Mossak y Fonseca en Panamá a través de Amunategui. Ahora el juez Ferenbach deberá determinar si le da lugar o no a la petición de Mossak Fonseca.

Fuente: Clarín, 01/04/15.

Fuente: La Nación, 01/04/15.

Los fondos buitre presentaron ayer ante la corte de Nevada, Estados Unidos, una serie de documentos con los que esperan probar que empresas adjudicadas a Lázaro Báez, empresario de confianza de Cristina Kirchner, fueron utilizadas para lavar dinero con transferencias bancarias internacionales a través del financista Federico Elaskar.

Los documentos a los que Clarín tuvo acceso contienen información bancaria totalmente nueva. Hay pruebas de al menos 27 transferencias bancarias a favor de Elaskar y 99 de Helvetic Services Group en un esquema de triangulación que va desde Argentina y Uruguay a paraísos fiscales como Liechtenstein.

Los fondos buitre obtuvieron la información gracias a una orden de la Corte de Apelación del Segundo Circuito que les permitió demandar a una serie bancos estadounidenses datos “relacionados con transacciones que implican a Báez y personas y compañías relacionadas”.

De acuerdo al escrito presentado ayer por los fondos buitre, “de los 29 bancos” a los que les pidieron información, “15 ya respondieron” y “la información provista por esos bancos ha sido iluminadora en el trazado de los flujos de fondos que fueron hacia y desde las empresas de Báez y corroboran lo establecido por el fiscal (José María) Campagnoli”, dice el escrito, en referencia a la investigación que llevó adelante ese fiscal sobre la Ruta del Dinero K.

Uno de los documentos bancarios muestra que Federico Elaskar –el financista que confesó por TV haber lavado dinero de Báez– tenia una cuenta, la número 531820308 en el Ocean Bank de Miami, desde donde hizo transacciones al HSBC y otros de los bancos que estarían implicados en el esquema de lavado de dinero.

“Campagnoli descubrió que en 2010 y en 2011 Elaskar y su colega Leonardo Fariña –hoy detenido por una causa por evasión tributaria– realizaron una serie de transacciones mediante las cuales Fariña le traía a Elaskar ‘valijas y valijas’ llenas de euros para Báez, que esos fondos fueron sacados de Argentina por Elaskar utilizando terceras partes entidades y cuentas bancarias alrededor del mundo”, dice el escrito. “Entre todas las cuentas de Elaskar hay una en el Ocean Bank de Miami. El registro de las transferencias de fondos otorgados por Ocean Bank a NML confirman las acusaciones de Campagnoli y muestran que entre 2010 y 2011, Elaskar utilizó el Ocean Bank para conducir una serie de transacciones por un total de 3 millones de dólares”, postula el texto de NML.

Mas aun, de acuerdo a los fondos buitre, el registro de la transferencia de fondos del Ocean Bank también confirma que “el Swiss Entity Helvetic Services Group estuvo implicado en una serie de transacciones desde 2010 hasta 2013, cuando Campagnoli descubrió que Helvetic estaba trabajando para Báez”.

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que entre los 24 documentos presentados ayer, hay 7 que han sido declarados como confidenciales. Esta corresponsal pudo confirmar que en esos documentos hay muchas más cuentas bancarias que corroboran el esquema de lavado de dinero en el que, según los fondos buitre, podrían estar implicados Cristina y Máximo Kirchner. Como NML obtuvo la información bancaria contenida en esos 7 documentos a cambio de la confidencialidad, por el momento permanecerán sellados y el público no tendrá acceso a su contenido.

Según los fondos buitre, la información obtenida en los bancos va en contra de las declaraciones de Val de Loire (la empresa adjudicada a Cristóbal López) y MF Nevada (el estudio que estableció 123 empresas en Nevada) cuando dijeron que “las investigaciones criminales en curso en Argentina no tienen fundamento y son ataques políticamente motivados”.

El juez de la corte de Nevada Cam Ferenbach autorizó ayer a que toda la nueva información introducida por NML sea integrada oficialmente al legajo y les dio los abogados de las empresas adjudicadas a Lázaro Báez y a Cristóbal López hasta el 5 de marzo para responder. El 9 de marzo habrá una audiencia clave en que se analizara toda la información.

En el documento de ayer, los abogados de los fondos buitre afirman demás que han obtenido una orden del Corte Suprema de las Islas Seychelles que les ha permitido avanzar en la investigación en ese país. Los detalles de la orden y la información que han obtenido ha sido tachada del escrito, y permanece por el momento también sellada. Esto podría cambiar en la audiencia del 9 de marzo.