Caso Ciccone: el engaño de la IGJ
noviembre 2, 2014
Caso Ciccone: el expediente que rearmó la IGJ tiene datos falsos
Por Nicolás Wiñazki.
La investigación que compromete a Boudou.La Inspección General de Justicia extravió los datos de The Old Fund. En la reconstrucción hay contradicciones.
CFK y Amado Boudou
Los datos se desprenden de documentos oficiales. En abril de 2012, la Inspección General de Justicia (IGJ) avaló la reconstrucción de un expediente perdido de la sociedad The Old Fund, a pesar de que el contenido de esa documentación era irregular. Se trata de la empresa madre del caso Ciccone, vinculada a Amado Boudou, y cuyas ramificaciones comerciales son investigadas por lavado de dinero en nuestro país y en Uruguay.
Clarín accedió a los papeles restaurados de The Old Fund que fueron dados como válidos por el Estado aunque tienen datos anómalos.
Entre la información aceptada como reconstruida por la IGJ se incluyen, por ejemplo, actas de asambleas inscriptas cuatro meses antes de que se hayan realizado; la participación de una empresa extranjera que no se había radicado en el país y que cuando lo hizo se inscribió en un domicilio falso; y hasta la actuación de un gestor con nombre inexistente.
La IGJ es el organismo estatal que justamente tiene como objetivo controlar el registro y el funcionamiento de las sociedades comerciales. [N. del. E.: Hoy en la práctica funciona como un antro de Corrupción.]
El ente está dirigido en la actualidad por Martín Cormack y depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al mando de Julio Alak.
El funcionario está imputado en dos causas judiciales en las que se investigan si intentó encubrir a Boudou avalando primero la pérdida y luego la adulteración de los documentos de The Old Fund que estaban bajo resguardo de la IGJ.
El 20 de octubre pasado, Clarín difundió que la Justicia había recolectado pruebas que complicaban a Alak en esta trama.
El ministro aceptó al otro día que el expediente de The Old Fund se había perdido en la IGJ pero aseguró que tras su recuperación todo estaba en regla.
La IGJ, presidida por Martin Cormack, emitió un comunicado en el mismo sentido: afirmó que “la reconstrucción del expediente de The Old Fund cumple todos los requisitos legales”.
Pero de la lectura de esos documentos se deduce lo contrario.
Los papeles originales llenaban veintidós fojas. Los reconstruidos ocupan solo cuatro páginas.
El trámite “perdido” de The Old Fund que se recuperó corresponde, según la nueva versión, a la reforma del estatuto de la empresa y a un aumento de capital de esa firma, operaciones en las que ya estaba involucrada otra sociedad radicada en Uruguay que había entrado como socia en el negocio de Ciccone Calcográfica, llamada Dusbel.
Las primeras irregularidades tienen que ver con una regla básica de la física: los seres humanos no son capaces de viajar en el tiempo.
Ocurre que el acta de directorio del legajo reconstruido de The Old Fund asegura que ese hecho se llevó a cabo “a los 26 días del mes de octubre de 2010…”.
Pero en la misma documentación el abogado que se encargó de esos trámites, Albert Chamorro, declara “bajo juramento” que transcribió lo ocurrido en esa acta “a los 06 días del mes de julio del 2010”, es decir, tres meses y medio antes de cuando supuestamente ocurrieron.
En el mismo legajo “recuperado” de The Old Fund se afirma que la sociedad Dusbel, entre otras cosas, hizo un aporte de capital a The Old Fund de $2.435.370. Si las fechas reconstruidas en esos trámites son ciertas, entonces Dusbel no estaba aun inscripta en el país, por lo que la IGJ debería haber multado a The Old Fund por esta cuestión, cosa que no pasó. Dusbel recién inició los trámites de registración en la Argentina el 11 de abril de 2011.
En el expediente “perdido” y “reconstruido” por la IGJ también se declara que una de las accionistas de The Old Fund es otra sociedad, llamada Tierras International Investment CV.
Ésta última firma, junto con Dusbel, fueron radicadas en domicilios falsos en Longchamps. En donde debería funcionar Tierras International Investments, por ejemplo, vive en realidad un jubilado apodado “Piluso” y de apellido Schneider. Esa irregular fue revelada por el diario La Nación. No por la IGJ.
Fuente: Clarín, 02/11/14.
Los Seguros patrimoniales y el Lavado de dinero
octubre 31, 2014
El fraude a los seguros de daños como delito precedente del lavado de dinero
Lic. Edwin Granados Ríos.
Profesional Especializado Antifraude, Prevención ALD, analista de vulnerabilidades de fraude de lineas de seguros.
Costa Rica
Introducción
En la actualidad y entre otros hechos, como consecuencia de terribles actos terroristas experimentados por la humanidad, junto con la alteración a las economías y vida de las sociedades, producto de los delitos asociados al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo, la atención y control de éste tema ha pasado a ser un objetivo primordial en las legislaciones de la mayoría de las naciones.
Los actos, delitos y consecuencias que le son asociados se han constituido en hechos aborrecibles y perseguibles penalmente, por lo que es pertinente cada vez más, determinar con mayor pericia la fuente, forma y astucia en la que se ocupan quienes dedican sus vidas a delinquir, a fin mitigar sus efectos.
Conforme la sociedad se organiza y se especializa en los mecanismos de estudio, prevención e investigación de cualquier actividad delincuencial, de igual forma la forma quienes se dedican a limpiar dinero, criminales y organizaciones; se les constituye una obligación la de hacer de su actividad una labor cada vez más creativa y diversificada. El transcurso del tiempo nos ha evidenciado que es posible observar a grandes rasgos gran probabilidad de actuar en contextos mediante los cuales el lavado de dinero es posible y la gestión del crimen organizado se enfoca en localizar siempre mecanismos de lavado nuevos.
Las normativas han ido por encima del contexto bancario, alcanzando otras aéreas de las economías de las naciones, tales como las economías informales, profesionales independientes, pensiones, valores, seguros, etc. No obstante; esta problemática crece y muta con más velocidad que el tiempo con que los mecanismos de control logran percatarse; a veces algunos creyendo que las formas para detectarlo ya están identificadas, se cierran a explorar otros mecanismos que pueden facilitar el lavado de dinero, cuando se mezclan negocios lícitos y formales con negocios ilícitos e informales.
El esfuerzo es grande pero no suficiente, las distintas entidades sujetas a control deben realizar esfuerzos y análisis con mentalidad abierta respecto de las formas posibles que utilizaría una organización y/o delincuente para hacer negocios ilícitos, con los productos que ofrece el sujeto obligado.
Lo anterior obliga a evaluar e identificar con mayor precisión lo que en el contexto del Lavado de dinero se ha dado en llamar “tipologías”, o “señales de alerta” o dicho en palabras de éste servidor “indicadores de fraude” que es más apropiado para algunos ámbitos no bancarios, como por ejemplo seguros.
Es importante analizar esta temática con visión amplia en virtud de que los mayores esfuerzos se han enfocado en controlar los movimientos y transferencias bancarias; lo cual tiene mucho sentido, pues el objetivo final de los lavadores de dinero, es lograr ingresar el efectivo sucio a sus cuentas y movilizarlo con libertad.
No obstante lo anterior; es ya, en gran medida un tema superado por las organizaciones criminales y, ellos han ido diversificando sus actividades de tal forma que no genere dudas o sospechas el momento en que sus dineros cruzan los controles de banca y por eso, requieren disfrazar las formas de generar dinero limpio en negocios de pequeña escala e informal, invirtiendo dinero sucio que por el nivel de negociaciones no pasan por controles, esto sabemos que no es una novedad en la actualidad.
Es así que, si analizamos y observamos con un poco de detenimiento las normas internacionales y locales, prácticamente todas refieren sus controles al contexto de banca; lo cual reitero, tiene mucho sentido si los lavadores fuesen directo a los bancos a depositar su dinero sucio, pero la realidad hace necesario ver más allá y verificar que se utilizan muchos mecanismos alternos para ocultar y eliminar sospechas.
Ámbito Asegurador
El sector asegurador cada vez se utiliza más como mecanismo de canalización para la ocultación y extracción de dinero originado en el lavado de dinero.
Tradicionalmente se ha creído en los organismos internacionales casi exclusivamente que solo los seguros de vida son los que utilizan para el lavado de dinero en virtud de las similitudes que poseen con las cuentas bancarias en virtud de la posibilidad de ingreso y retiro de dinero del cual son objeto, estas características son muy particulares en el mundo de los seguros, pero la mayoría de los seguros tienen una naturaleza muy distinta.
No obstante, no se ha despreciado el hecho de que lo seguros no vida también son mecanismos utilizados para la legitimación de capitales, ahora la cuestión es cómo, evidentemente el tema no fluye de igual forma que en el seguro de vida como tradicionalmente se conoce y enfoca.
Es importante tomar en cuenta que para el delincuente el objetivo de su actividad es la de lograr la mayor ganancia y efectividad con el menor riesgo posible. A partir de este elemento de consideración, es necesario evaluar qué sentido tendría para un lavador de dinero procurar hacer esto con el seguro de daños utilizando el mismo mecanismo que se usa con el seguro de vida? ninguno, pues son seguros distintos.
Esto es así por cuanto los montos en el pago de las primas son generalmente muy bajos en virtud de la naturaleza de negocio que se está adquiriendo entre las partes, o sea, una “prima” que constituye una pequeña proporción del riesgo del bien objeto del seguro a cambio de una contraprestación de servicio a través de una eventual indemnización por el valor casi total del bien objeto del seguro, si se produce un siniestro o reclamación.
Para un delincuente que desee lavar dinero por este medio solo tendría sentido si logra una indemnización por el valor total, producto de un acto simulado o fraudulento, en cuyo caso obtendría una jugosa indemnización que podría ingresar libremente al sistema financiero sin ningún problema. Es claro que esto no necesariamente lo hace el lavador de dinero, pueden ser utilizadas otras personas que muchas veces no tienen ni siquiera posibilidad de pagar el monto de una prima, menos aún el pago por la adquisición de un bien, de ahí la importancia y necesidad de la aplicación de la política conozca a su cliente.
Adicionalmente para el lavador de dinero, una vez ejecutado el siniestro simulado o fraudulento puede entonces disponer del bien objeto del seguro y ordenar su venta o negociarlo en el mercado negro aumentando así sus ganancias o pagando a otros involucrados en la trama y sin ponerse en evidencia y digo puede ordenar porque lo lógico es que el lavador de dinero mediante éste mecanismo, normalmente no es el propietario titular del bien objeto del seguro.
Es por lo anterior que la aplicación o no de la Política Conozca a su Cliente, especialmente el ítems relacionado con la demostración de ingresos, orientada al monto de la prima en el caso de los seguros no vida, no tiene mayor sentido pues la experiencia demuestra que prácticamente ningún asegurado pide que le regresen el monto correspondiente al pago de una prima y aún cuando así lo hiciese, no es significativo para el “negocio” del delincuente y si muy complicado costoso desde el punto de vista administrativo, además de extraño, anormal y atípico en el sector seguros.
El anterior razonamiento no tendría sentido para una persona honesta por cuanto no asegura un bien y luego cancela su póliza solo porque si, esto supondría que el asegurado no podría ni siquiera pagar la prima y entonces cabría la pregunta de cómo adquirió el bien objeto del seguro.
Ahora en el caso del delincuente el seguro sería su llave para obtener un “buen dinero” a través de una indemnización que es lo más rentable para el delincuente, o sea justamente la simulación, estafa o fraude procurando como objetivo el monto completo del aseguramiento, es decir el (Valor Real Efectivo) lo que evidentemente sí le trae un beneficio económico con una mínima “inversión”. Por lo anterior la aplicación de los lineamientos de la política conozca a su cliente en el ámbito asegurador debe ir en función de los montos y cuantías de aseguramiento, no en los montos de las primas. Examinar el rubro de ingresos vrs valor del bien objeto del seguro, es un punto de referencia importante en el análisis de un eventual comportamiento delictivo, dado que debe existir equivalencia entre el valor de lo que se asegura y la capacidad adquisitiva del cliente.
Ahora la posibilidad de compra/venta de bienes de forma directa entre personas físicas y/o jurídicas, son negocios factibles, dado que generalmente no intervienen organismos contralores, dado que es una actividad que se circunscribe al ámbito de la vida privada de las personas y en virtud de ello la dirección formal e informal de estos negocios son amplias y de complejo control, este tipo de negocio (ventas de vehículos por ejemplo) no están controladas en cuanto al flujo de dinero en efectivo que se dé entre partes.
Así las cosas y una vez logrado el negocio (compra/venta) como tal, el siguiente paso para el lavador de dinero es el aseguramiento y posterior presentación de reclamo fraudulento en cualquiera de las tantas modalidades que podrían darse en esta línea de seguros, tema contra el cual luchan las entidades de seguros constantemente, pues ninguna novedad que existen bandas y organizaciones de robo de vehículos que mueven gran cantidad de millones de dólares de un territorio a otros a través de repuestos y vehículos.
Entonces, sería extraño que nos cuestiones si estas organizaciones trabajan juntas…? O separadas…?, al fin y al cabo es lo mismo, respecto del resultado y objetivo que buscan, la respuesta a estas interrogantes sería solo importante solo para efectos policiales.
Lo anterior, sin duda alguna es una compleja actividad tanto para los entes que lo sufren o sea las empresas de seguros que no comprenden del todo las distintas vías por las que de forma muy dinámica cambia la actividad del fraude y menos aún, la forma de control para evitar ser usados para el lavado de dinero.
En Latinoamérica este tipo de ilícito tienen más posibilidad de darse con los seguros de daños, específicamente en los seguros de carga y de automóviles de lujo que pueden ocultar casos de blanqueo de capitales y la línea de seguros de vida en nuestro contexto latinoamericano, al día de hoy no parece ser el que más este causando problemas con el lavado de dinero, asunto que si se ha evidenciado en otras latitudes.
Ahora podría usted preguntarse en que me baso para opinar de esta forma y yo con mucho gusto le puedo indicar que a excepción de Chile, en el resto de países Latinoamérica la penetración de los seguros vida es menor que la penetración de los seguros no vida, situación contraria ocurre en el G-7, por lo que es fácil deducir que en dichos territorios la experiencia ha estado más enfocada al control del problema que se genera con los seguros de vida que ha resultado su mayor experiencia, de ahí que eso es lo que nos aconsejan los supervisores en el ámbito internacional.
Ahora, las aseguradoras se enfrentan a un serio problema ante distintas legislaciones que son parte de su actividad cotidiana, en primera instancia ha de tenerse claro que la relación contractual entre cliente “asegurado” y ente asegurador, está regulado por el contrato póliza lo cual constituye ley entre las partes; además, el cliente está generalmente protegido por leyes de rango superior que regulan la actividad del seguro, con el objetivo de proteger a los asegurados de eventuales abusos de compañías de seguros y otros elementos que pueden perjudicar a los ciudadanos. Esto quiere decir que un proceso de reclamación no puede ser desestimado por un ente asegurador solo por tener “sospechas” de que algún individuo que le presente una reclamación está procurando lavar dinero.
Respecto de lo anterior en primer lugar el ente asegurador debe probar el posible ilícito de fraude, asociación ilícita, falsificación de documentos o simulación de delito del que sospeche, para lo que requiere un equipo especializado para la investigación de los hechos, forma y circunstancias y no es sino hasta que pruebe que se está ante un presunto fraude que le puede denegar el pago de la indemnización al asegurado y proceder con la denuncia judicial, caso contrario debe indemnizar so pena de pagar aún más por daños y perjuicios al cliente.
Como éste es un hecho “presuntamente” ajeno al lavado de dinero, el ente asegurador no puede ni por asomo relacionar estos hechos (Fraude de seguros/Lavado de dinero) en relación con el cliente investigado, dadas las implicaciones de responsabilidad jurídica que esto puede tener y más aún; las de violar otros cuerpos normativos, como lo es la CONFIDENCIALIDAD de las normas antilavado, se deriva de lo anterior que esto es un tema complicado y de ahí se deduce, entre otros elementos, que el fraude a los seguros es un delito precedente al lavado de dinero y que en el ámbito asegurador hasta el día de hoy no vemos como viable y rentable para el delincuente procurar el lavado de dinero en forma directa con los seguros no vida.
Así las cosas, ante la sospecha de estar frente a un lavador de dinero, al ente asegurador le queda en primer lugar examinar posibles elementos de carácter contractual y de comisión de delitos de fraude u otra naturaleza para invalidar el contrato de seguros y evitar que dinero limpio llegue a manos lavador. En este punto es muy probable que entre en juego el ente supervisor, contraloría de servicios o defensoría del cliente, recursos que el delincuente sabe utilizar en su favor para limitar la capacidad de investigación del ente asegurador haciéndose la víctima ante la “poderosa” compañía de seguros.
Esta compleja situación debe hacer reflexionar a los supervisores y a las mismas compañías que deben ser más ágiles en sus procesos de investigación e invertir más recursos en este sentido con el propósito de lograr un sano punto de equilibrio, deben lograr un modelo de prevención del fraude y del lavado de dinero, que no riña con la legislación, que permita la atención y necesidades del cliente, pero que no descuide la prevención del lavado de dinero con sus productos. Recordemos una vez más que todo fraude a los seguros no es lavado de dinero, pero en seguros de daños todo lavado de dinero necesariamente será un fraude a los seguros.
Finalmente hemos de considerar que inevitablemente existe una abierta rivalidad en los objetivos de Prevención del Lavado y Prevención del fraude, frente a los objetivos de comercialización y esto no es de extrañar pues comprender los ámbitos de prevención que nos ocupan requieren años de trabajo y lógicamente aplica lo mismo para quienes se enfocan en la comercialización, por lo que no es de esperar que hablemos el mismo lenguaje; no obstante, el reto principal es para quienes trabajamos en estos temas en el logro de los puntos de equilibrio que no causen daño al negocio del ente asegurador, que valga indicar cumple un rol solidario en la sociedad como su esencia del negocio que justificó el nacimiento de los seguros.
Fuente: http://www.criminalidadyseguros.com/, 02/05/14.
Cristina Kirchner y Lázaro Báez
octubre 30, 2014
La «sociedad» entre la Presidenta y Lázaro Báez
Editorial del diario La Nación, 30/10/14.
El tan sospechoso como abrupto enriquecimiento del empresario patagónico alimenta las sospechas de que podría tratarse de un testaferro.
El transcurso de sólo un día bastó para que el Gobierno tuviera que reacomodar su relato en defensa de los estrechos lazos comerciales entre la Presidenta y el pseudoempresario santacruceño Lázaro Báez. Nada garantiza que la versión actual sea la última, pero por lo menos ésta se aproxima más a lo ya revelado por una documentada investigación publicada por LA NACION en diciembre del año pasado.
El titular de la AFIP [Ricardo Echegaray] sostuvo que Cristina Kirchner no es socia del empresario, pero al día siguiente tuvo que aclarar que si bien no son socios «técnicamente», los dos mantienen «vínculos comerciales». «Técnicamente no hay sociedad constituida», agregó.
En efecto, son numerosísimos, serios, graves y concordantes los vínculos comerciales entre la Presidenta y este oscuro empresario de la construcción que se convirtió en magnate durante los gobiernos de los Kirchner, y que empezó a crecer en Santa Cruz durante la gobernación de Néstor Kirchner.
De ahí que existan sólidos y antiguos vínculos hoteleros, financieros, comerciales y personales entre la Presidenta, su hijo y Báez. La sociedad a la que nos referimos quizá no lo sea en lo técnico, pero puede denominársela así por lo habitual y lo estrecho de aquellos lazos económicos.
A ello se suma la activa y muchas veces ilegal protección que Báez y sus empresas reciben de los organismos de control estatales e incluso de parte de nuestra Justicia, siempre lenta cuando se trata de presuntos casos de corrupción que comprometen a los gobernantes de turno o a sus allegados.
Otro punto en común entre este grotesco personaje y los Kirchner es la dificultad para justificar su exponencial enriquecimiento. Basta recordar las dudas e inconsistencias que jalonaron las declaraciones juradas del matrimonio presidencial y el cierre abrupto e irregular por parte del juez federal Norberto Oyarbide de una causa en la que investigaba a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. La falta total de transparencia ha sido una constante en los negocios de los Kirchner y Báez. De ahí las fundadas sospechas acerca de si la reforma del Código Procesal Penal no esconde también mecanismos que en la práctica contribuirán al fracaso de las investigaciones de futuros casos de corrupción.
- Estos son solo algunos de los vínculos comerciales hasta hoy conocidos:
- Una firma de Báez, Valle Mitre SA, se hizo cargo de la administración de los hoteles de los Kirchner, y allí alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en el Alto Calafate, Santa Cruz. Curiosamente, esos cuartos no fueron ocupados, pese al costo millonario que representó para la empresa de Báez, traducido en ganancias para los Kirchner. En diciembre pasado, luego de que este diario lo publicó, el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, lo confirmó y tuvo el caradurismo de hablar de un «negocio entre privados».
- Desde hace años, la Presidenta y el citado pseudoempresario comparten como copropietarios en El Calafate un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados.
- Báez edificó un complejo de diez departamentos en la calle Mitre, de Río Gallegos, mediante un fideicomiso, junto con Néstor Kirchner. Así lo informó el ex presidente en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
- Hay dos grupos de departamentos de Báez en la capital santacruceña, uno de ellos en un terreno de los Kirchner. El empresario alquiló -a valores superiores a los del mercado- esos departamentos para que se alojaran varios gerentes de sus empresas, con cheques que emitió a nombre del ex presidente.
- Báez adquirió a los Kirchner por lo menos nueve departamentos, casas y terrenos en apenas un año, que terminaron en poder de la empresa de Báez, Austral Construcciones. La firma constructora Epelco se encargó de adquirir la casa de los Kirchner en el centro de Río Gallegos.
- Este diario publicó que Austral Construcciones, de Báez, utilizó facturas apócrifas por decenas de millones de pesos.
Como prácticamente no hay una semana sin que aparezcan otros datos que comprometen aún más a Báez, se supo también que Ernesto Clarens, financista de Báez, controlaría una cuenta en un banco suizo que se habría usado para recibir giros de «clientes no determinados».
Es fácil advertir en esta somera enunciación que si bien no ha aparecido aún una sociedad «técnica» entre Báez y la Presidenta, existe, sí, una suerte de sociedad de hecho que podría explicar otros misterios, como la firme, constante y descarada protección que el empresario recibió y recibe de organismos de control, como la Unidad de Información Financiera (UIF). Esta unidad, cuya función debería ser la lucha contra el lavado de dinero, durante dos años y medio omitió denunciar ante la Justicia a dos empresas de Báez reportadas por «actividades sospechosas», pese a que registraban serias anomalías societarias. Se trata de la ya mencionada Austral Construcciones SA y la petrolera Epsur. Para colmo, el titular de la UIF, José Sbattella, afirmó públicamente respecto de Báez, como si fuera su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Por su parte, los fiscales kirchneristas Carlos Gonella y Omar Orsi están acusados en una causa que lleva adelante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi del delito de prevaricato, por no haber acusado en su momento a Báez de lavado de dinero. A su vez, la diputada Margarita Stolbizer pidió a la Justicia que envíe la documentación requerida por el Ministerio Público Fiscal suizo relativa a la investigación sobre Báez en aquel país por presunto lavado de 22 millones de dólares. Durante el kirchnerismo, la Cancillería se ha caracterizado por trabar estos pedidos de colaboración.
Ante estos datos, no es de extrañar que la justicia uruguaya investigue al empresario con mucho más empeño que su par argentina y que los llamados fondos buitre iniciaran una investigación internacional para averiguar hasta dónde llegan, en realidad, los vínculos comerciales entre el empresario y la primera mandataria. La diputada Elisa Carrió, con argumentos muy atendibles, sostuvo que esos vínculos consistirían en que Báez es testaferro de los Kirchner. Los fondos buitre parecen compartir esas sospechas y procuran probarlas. En esa tarea ponen mucho más empeño que la justicia argentina.
Hay algo que está fuera de toda duda: las sospechas no se basan en que un hombre de origen humilde como Báez se haya enriquecido, pues sobran casos similares. Las sospechas se basan en que lo haya hecho tan rápido y a partir exclusivamente de negocios con el Estado desde que Néstor Kirchner alcanzó la gobernación de Santa Cruz en adelante. También resulta llamativa la variedad de rubros que eligió para sus inversiones: la actividad petrolera, los medios de difusión, la actividad inmobiliaria, el campo y la construcción, actividad ésta que ejerce casi en forma monopólica en Santa Cruz.
El tema Báez constituye un grave problema para un gobierno en retirada, mucho más que el de Amado Boudou. Es de esperar que la Justicia avance en sus investigaciones y que en el futuro no se vea obligada a pedirles información a los fondos buitre.
Fuente: La Nación, 30/10/14.
El narcolavado en Argentina
octubre 26, 2014
Investigan a toda la familia de un narco por lavar dinero
Por Virginia Messi.
Un caso testigo. La esposa, la amante, la suegra y dos cuñados de Miguel “Mameluco” Villalba deben explicar sus patrimonios. La Justicia sospecha que sus bienes fueron comprados con plata de la droga.
La barra que fue a apoyar a «Mameluco» cuando empezó el juicio en su contra.
Los narcotraficantes suelen ser familieros y, a la hora de buscar qué hacer con la enorme cantidad de dinero que ganan, su círculo íntimo cumple una función fundamental: la de lavar la plata. Hijos, nueras, suegras, esposas, amantes, pocas veces terminan presos por esto, aunque el líder del clan sea condenado. Pero a veces las balas les pican cerca y este es el caso de Miguel Angel “Mameluco” Villalba (51), cuya familia en pleno está siendo investigada por la Justicia Federal y por la Unidad de Información Financiera (UIF).
El 16 de septiembre, el Tribunal Oral Federal N° 3 de San Martín condenó a Villalba a 23 años de prisión por narcotráfico. El fallo –que también alcanzó a uno de sus tres hijos y a su hermano– terminó de sepultar las expectativas políticas de quien allá por 2010 pretendió ser intendente de San Martín. Pero también, aunque pasó desapercibido, el veredicto fue un paso más allá: en el anteúltimo punto los jueces ordenaron que se investigue a “Mameluco” y a su entorno por lavado de dinero.
Los camaristas Lidia Soto, Elbio Osores Soler y German Castelli accedieron a un pedido del fiscal general, que había apuntado al patrimonio del clan Villalba basándose en un reportaje televisivo concedido por el propio “Mameluco” en 2010, en plena campaña de limpieza de imagen. En la entrevista aseguraba que sus tiempos como narcotraficante habían terminado pero también hablaba del dinero que había hecho con las drogas.
La decisión del TOF 3 sobre el patrimonio de uno de los traficantes más fuertes del oeste del Conurbano no abrió una cuestión nueva, sino que reavivó una extensa investigación ya existente, iniciada en 2008 por el fiscal federal de San Martín Jorge Sica, el mismo que detuvo a Villalba en las dos causas por drogas en las que terminó condenado. (ver El sueño…)
Como casi todas las investigaciones ligadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico, ese expediente patrimonial –el número 5.417– tuvo y tiene un desarrollo trabado. Aun así logró sobrevivir y actualmente involucra a la esposa, a la suegra, a dos cuñados, a una amante, a la contadora y a cuatro presuntos testaferros de Villalba, además de dos sociedades.
Hace apenas unos meses, antes de la feria judicial de julio, el fiscal Sica ganó una pequeña-gran batalla en el expediente N° 5.417: logró que la Cámara Federal de San Martín revocara a una medida de la jueza Alicia Vence por la cual se había levantado la inhibición de bienes que pesaba sobre el núcleo más cercano de “Mameluco”.
En la lista de bienes bajo la lupa estaban, por ejemplo, la casa de la calle Sargento Cabral al 800 en la localidad de Spegazzini (Ezeiza), histórica base de la familia de “Mameluco” y donde él mismo vivió hasta que fue detenido en 2011. Allí tienen domicilio su esposa, María Sandra González, y sus hijos Alan Marcial y Leandro Nahuel. Un tercer hijo del matrimonio, Iván (23), también vivía allí pero fue detenido en la misma causa que su padre y condenado por narcotráfico el 16 de septiembre por el TOF 3 a seis años de prisión. Hoy padre e hijo comparten domicilio en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza.
“La casa de Spegazzini tiene una pileta que está mitad adentro y mitad afuera de la edificación y dos dúplex en el fondo para los hijos”, contó a Clarín uno de los investigadores. Justo a la vuelta, sobre la calle Larrea al 700, está la casa del hermano de “Mameluco”, Luis Alberto (53). La propiedad figura a nombre de su suegra, Grimenilda del Valle Gonzalez, quien no registra actividad laboral alguna.
En el expediente hay de todo, incluso misteriosos cobros hechos por la mujer de “Mameluco” de remesas de dinero giradas desde Israel, Estados Unidos, España y Holanda que fueron investigados por la DEA (la agencia antidrogas estadounidense) sin mayor éxito. Flotas de taxis y remises y donaciones millonarias completan el panorama.
La lupa también está puesta sobre la sociedad “Estilo S.R.L”, a través de la cual “Mameluco” regenteaba su ya legendario lavadero de autos, un rubro denunciado internacionalmente como uno de los más usados para lavar dinero.
Entre los personajes más interesantes de la investigación del fiscal Sica está Julio César Miguel, apoderado de “Mameluco” y de su hermano desde 2011, cuando ambos cayeron presos por la causa en la que terminaron condenados.
A partir de entonces, Miguel pasó a ser un potentado que hasta compró una flota de ocho taxis y una casa en un barrio cerrado. Cuando la Justicia lo interrogó sobre de dónde había sacado el dinero, dijo que su prima le había prestado un millón y medio de pesos a través de un “contrato mutuo”.
Cuando le tocó el turno de dar explicaciones a ella, fue aún peor: la mujer sostuvo que, si bien no tenía trabajo ni estaba inscripta en la AFIP, se dedicaba a la organización de eventos de paracaidismo. ¿De dónde había sacado tanto dinero? Respuesta: de una herencia de su abuelo y de sus padres, que no confiaban en depositar la plata en los bancos. Así de fácil. Tan fácil que la jueza le dictó falta de mérito a Miguel. Hoy todo está apelado por el fiscal. El final es incierto.
Fuente: Clarín, 26/10/14.
Más pruebas contra Lázaro Báez
octubre 26, 2014
Detectan en Suiza una nueva cuenta del financista de Báez
Por Daniel Santoro.
La ruta del dinero K: Es de Ernesto Clarens, quien le manejó el dinero al empresario K investigado por lavado.
Los pasos del flujo de dinero del financista de Báez.
El financista histórico de Lázaro Báez, Ernesto Clarens, controla una cuenta en el banco Pictet & Cie de Ginebra, Suiza, que se usó luego de la venta compulsiva de la financiera SGI “La Rosadita” para recibir giros de “clientes no determinados”, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
Clarens, con su financiera Invernest, tuvo contratos con la provincia de Santa Cruz cuando la gobernaba Néstor Kirchner y luego fue la columna vertebral de las finanzas de Gotti y Austral Construcciones para el cambio de los cheques oficiales por los certificados de obra, entre otros negocios (Ver perfil).
La cuenta en el Pictet & Cie está abierta a nombre de Kerry Consultants SA, una empresa que figura en el directorio de la compañía norteamericana Manfes de Miami, que integran la hija y el cuñado del financista, tal como reveló Clarín en mayo de 2013.
La primicia se conoció la misma semana en que el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, confirmó que se está investigando a Austral Construcciones por recibir facturas truchas de empresas de Bahía Blanca vinculadas con Juan Ignacio Suris –amigo del ex valijero Leonardo Fariña y novio de la modelo Mónica Farro– detenido y procesado por ser miembro de una supuesta asociación ilícita que se dedicaba a ver facturas apócrifas e investigado por supuestos vínculos con el lavado de dinero. El ex esposo de la modelo Karina Jelinek está procesado y con prisión preventiva por evasión impositiva agravada a raíz de la compra de un campo en Mendoza “para Báez” por 5 millones de dólares.
Luego de este nuevo capítulo del escándalo, Echegaray admitió que Báez tiene “vínculos comerciales” con la presidenta Cristina Kirchner, aunque dijo que desde el punto de vista impositivo “no son socios”. Además, el abogado norteamericano de 123 empresas fantasma creadas en Las Vegas; Nevada, apeló la orden de un juez de esa ciudad de EE.UU. de darle información sobre sus movimientos financieros y compras inmobiliarias a los fondos buitre liderados por NML que están rastreando fondos del estado argentino o sus funcionarios en ese país.
Paralelamente, el juez federal Sebastián Casanello, que procesó a Fariña y al ex dueño de SGI Federico Elaskar por Lavado de dinero e investiga a Báez, preguntó a la Cancillería qué había pasado con el exhorto que envió en julio a la justicia suiza para cooperar con una causa abierta en ese país por el bloqueo de 22 millones de dólares a Báez y su entorno.
Las fuentes precisaron que ya están detectados, por lo menos, cuatro giros de unos 200 mil dólares cada uno, que no fueron directos sino que pasaron por dos bancos antes de terminar en Suiza, método que es el mismo que se usa cuando se busca lavar dinero o esconder al verdadero dueño de la plata negra. Salieron desde tres fuentes distintas ubicadas en Uruguay entre marzo y diciembre del 2012, un año después de que se echara a Elaskar de SGI por la supuesta “pérdida” de dinero (ver infografía).
En dos casos, la orden para que salga la plata la dio el operador de bolsa uruguayo Víctor Paullier al Standart Chartered Bank de Londres y de allí fue al City Bank de Nueva York para finalmente depositarse en la cuenta “124274 Kerry Consultants S.A.”. Otra orden salió del Banque Heritage Uruguay S.A. a la sociedad de bolsa Hordenana y de allí al JP Morgan Chanse Bank de Nueva York para terminar en una cuenta de Manfes, que también estaría en el Pictet & Cie. El tercer origen fue el Banco Santander de Montevideo desde donde pasó a la sociedad de bolsa Glavinex de Uruguay y desde allí al JP Morgan de Nueva York para terminar en la cuenta de Manfes. El Santander intervino en la compra del campo “El Entrevero” que, luego de pasar por las manos de Fariña, terminó en la empresa fantasma Jumey, que integra Daniel Pérez Gadín, ex contador de Báez y ex administrador del hotel Alto Calafate de los Kirchner. Según las fuentes, también habría habido un giro de Elaskar a Suiza.
Fuente: Clarín, 26/10/14.
Más información:
Nuevas modalidades para Lavar dinero
octubre 24, 2014
Lavado de dinero: “nuevas” técnicas preocupan a jueces
Envío de remesas, inversión en proyectos inmobiliarios, propiedades a nombres de testaferros o de menores de edad, contratación de representantes de artistas y compra de bienes en el extranjero en países sin relación bilateral son solo algunas de las “nuevas” técnicas que utilizan las organizaciones criminales para lavar el dinero.
Así lo confirma el juez de Primera Instancia de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, quien considera que a pesar de que se ha tratado de reforzar las normativas legales, como la creación del juzgado a su cargo, han surgido nuevos métodos que también han sido identificados por la Fiscalía contra el Lavado de Dinero y otros activos, del Ministerio Público (MP).
“En el caso de las remesas, por ejemplo, llama la atención que Guatemala está teniendo una gran cantidad de personas deportadas, y si a eso se le suma la crisis de empleo en Estados Unidos, es difícil pensar que el envío de dinero pueda seguir incrementándose año con año, lo que nos lleva a pensar a que es producto de lavado de dinero o recursos de actividades ilícitas”, afirmó Villeda.
Explicó que el posible modo de operar es que personas trasladan varias cantidades de dinero al país norteamericano, de manera ilegal, y luego las envía a personas que radican en Guatemala. “No digo que todo sea así, pero llama la atención ese fenómeno, y con esto no quiero satanizar las remesas”, puntualizó el togado.
Caso insólito
Uno de los procesos que recientemente recibió dicha judicatura es el de una persona que a través de una encomienda recibió $12 mil; al momento de que debiera argumentar su procedencia, la sindicada lo único que dijo fue que era un regalo de un amigo. “La duda surge porque pudo hacerse por medio de una transacciones bancarias, que sería lo más lógico”, añade el juzgador.
Otra de las modalidades identificadas y que es compartida por la Fiscalía de Lavado de Dinero es la compra de bienes inmuebles para simular un negocio y tratar de desviar las investigaciones al poner las escrituras a nombre de hijos menores de edad o familiares cercanos.
“En el juzgado tenemos un caso de una adolescente que sin mayores ingresos, en menos de tres años, resultó con 26 propiedades a su nombre, la lógica nos indica que no es normal”, agregó.
Al caso de la compra de propiedades se le agrega la particularidad de negocios en el extranjero, especialmente en naciones con las que no se tienen relaciones bilaterales o se cuenta con muy poca colaboración de las autoridades. Sobre estos, Villeda expresó: “Aún se hacen investigaciones, pero este fenómeno podría ocurrir con Belice, por la poca relación que se tiene”.
El ente investigador detalla que otra forma también recientemente identificada es la compra de vehículos de último modelo a crédito, pero que al pasar tres o cuatro días, las personas lo pagan de contado a la institución que otorgó el financiamiento.
“También se tienen casos de personas que intentan pasar en el aeropuerto con cheques por grandes cantidades, pero no se percatan de que una vez sobrepasen los $10 mil, estos debe ser justificados antes de abandonar el país”, concluyó el fiscal, quien pidió
no ser identificado.
Fuente: Siglo21.com.gt,18/10/14.
Lázaro Báez contraataca
octubre 23, 2014
Las empresas atribuidas a Báez se niegan a dar datos en EE.UU.
Por Ana Barón.
La ruta del dinero K. Apelaron la orden de un juez de Nevada para no dar información sobre cuentas del empresario K o de su entorno.
Abogados de los buitre. Robert Cohen, uno de los letrados de NML, en Nueva York./ADRIANA GROISMAN
Pese a la orden de un juez del estado de Nevada, las 123 empresas adjudicadas al empresario Lázaro Báez se resisten a brindar la información que los fondos buitres les han pedido y exigen que NML sea sancionado.
En un escrito presentado el lunes por las 123 empresas, el abogado que las representa Jason Wiley, afirmó que sus clientes no tiene la documentación que está buscando NML sobre compra de propiedades o cuentas bancarias.
Cabe recordar que NML presentó el 1 de abril pasado una moción para que un tribunal de Nevada obligue a esta empresas a proveer dos tipos de documentos:
–Documentos relacionados con la transferencia de fondos y de propiedades desde el 1 de enero del 2010 desde o hacia Argentina de las 123 empresas
–Documentos producidos en conexión con la investigación sobre Báez. Entre otros documentos pedían todos aquellos que pudiera mostrar quienes son los dueños de las empresas y de las personas autorizadas a dar instrucciones. También documentos sobre cuentas bancarias y fondos.
El 11 de agosto la moción presentada por NML fue aceptada por el Juez Cam Farenbach. Pero el abogado de las 123 empresa Jason Willey no se quedó de brazos cruzados. El 19 de setiembre presentó una moción explicando porque la información que pedía NML “no es razonable” y piden al juez que sancione a NML.
De acuerdo a Wiley todo el pedido de información sobre las 123 empresas de NML se basó en el dictamen del fiscal José María Campagnoli. Pero según él, Campagnoli no logró demostrar que Baez y o la compañía suiza Helvetic Services giraron fondos de Argentina a las 123 empresas como tampoco si hay algún tipo de relación entre Baez o Helvetic Services y las 123 compañías. Helvetic fue la compradora de SGI (“La Rosadita”) que se usó en las operaciones financieras sospechosas por la que salieron 55 millones de euros del país en el 2011.
En el escrito presentado el lunes, Wiley afirmó que algunas de las 123 empresas “no tiene nada que ver con Argentina”. Menciona dos que “están relacionadas con dos ciudadanos turcos”. El capital de una de ellas Easter International fue provisto por “Necmi Alper Sumer”, una persona o una entidad turca. “Esta persona o entidad nunca ha sido mencionado de ninguna manera en conexión con Báez, los Kirchner, o la República Argentina, ni por Campagnoli ni por ningún medio de prensa”, afirmó Wiley.
Más aún, Willey acusó a NML de “haber obtenido los acuerdos de operaciones de 17 de las 123 empresas y de no haberlo revelado ante la Corte hasta último momento”.
De los 17 acuerdos de operaciones sólo uno, “el de Estrivela LLC está relacionado con el pedido de información de NML”. Lo que Wiley no menciona es que esa puede ser la pista que puede develar todo el entretejido de empresas.
Según las 123 empresas NML se merece sanciones porque el pedido de información supone “un peso y gastos que no están justificados”. NML, sin embargo, obtuvo autorización para pedir información, lo que inglés se llama un proceso de discovery de la Corte Suprema de Justicia local.
Fuente: Clarín, 23/10/14.
Embargan en Uruguay a un ex intendente argentino por Lavado de Dinero
octubre 22, 2014
Embargan bienes en Uruguay a un ex intendente preso
La justicia uruguaya embargó por lavado de dinero un departamento en Punta del Este y un Mercedes-Benz del ex intendente de Santiago del Estero Julio Alegre, que cumple una condena de ocho años de prisión por coimas. Según el diario El Observador de Montevideo, se secuestró el Mercedes-Benz adquirido en el verano de 2008 a través del entonces secretario de gobierno de la municipalidad de la capital, Rodolfo Mema. El auto estaba en la cochera del edificio Le Parc, de la parada 8 de La Brava, donde Alegre compró un departamento en 800.000 dólares. La medida fue dispuesta por el fiscal Juan Gómez y el juez Néstor Valetti, que actuaron con la colaboración de la justicia argentina.
Fuente: La Nación, 22/10/14.
Antecedentes:
http://www.lanacion.com.ar/1147810-detuvieron-al-intendente-de-los-gastos-faraonicos
http://www.lanacion.com.ar/1149888-la-vida-de-alegre-de-un-barrio-pobre-al-lujo-y-a-la-carcel
La corrupción del Gobierno de Cristina Kirchner
octubre 22, 2014
Lo que ocultó el silencio de Cristina
Algunas malas lenguas –las muy malas—vinculan la afonía y la desaparición de Cristina Fernández de la escena por varios días con la larga y complicada disputa con los fondos buitres. ¿Un reflejo, tal vez, de su fatiga laboral? Según aquellos mismos intérpretes, habría que indagar la explicación por otro lado: una somatización, en la jerga psicológica, de la inquietud que le causaría a la Presidenta el empeño de los buitres por escarbar en las rutas clandestinas del dinero K, que tiene a Lázaro Baéz como estandarte. Tampoco la suerte del empresario patagónico la alcanzaría desvelar. El verdadero problema serían los secretos financieros de la familia Kirchner que podrían salir a la luz si los detectives contratados por los holdouts sacudieran las alfombras de las sociedades fantasmas descubiertas en Nevada, Estados Unidos. Entre tanto rumoreo intenso, a propósito, comenzó a circular uno que estremece. Parte del dinero descubierto en el exterior –afirman– podría corresponder a aquellos U$S 535 millones pertenecientes a Santa Cruz, que Néstor Kirchner sacó de las arcas provinciales antes que estallara la crisis del 2001.
El Gobierno se encargó de atizar esas dudas con el manejo desprolijo que hizo del estado de salud presidencial. Esa es una cuestión que, con altibajos, el kirchnerismo no logró resolver en una década. También sucedió con las enfermedades del ex presidente. Cristina se recluyó desde el viernes pasado. Según el parte médico, debía guardar reposo durante 48 horas. Es decir, el fin de semana. Jorge Capitanich anunció el lunes que la mandataria estaba “extraordinariamente bien”. Ayer, sin embargo, comunicó a primera hora que había decidido aplazar su visita a Chaco. Horas después el portavoz, Alfredo Scoccimarro, dijo que ese viaje lo haría, al final, mañana. Pero que suspendía el acto previsto para hoy en La Plata, por el aniversario de las Madres de Plaza de Mayo. Scoccimarro subrayó que la Presidenta estaba desde ayer desarrollando tareas normales en la residencia de Olivos. Su agenda figuró todo el día en blanco en el sitio presidencial de internet. Al final apareció en un mensaje grabado por cadena nacional para hablar del Código Penal. Un galimatías.
Las voces del poder que sustituyeron su silencio quizás hayan ayudado poco a aplacar la faringitis presidencial. Las sombras de Amado Boudou y de Báez envolvieron casi todo el discurso oficial. Julio Alak anotició, por ejemplo, que en cualquier ministerio se suelen perder expedientes. Un descubrimiento en la era de la informatización. Esa excusa pueril tuvo una razón: la imposibilidad de negar que se esfumó de la Inspección General de Justicia, que depende de su ministerio, un informe de 22 páginas sobre el caso Ciccone. Se trata del escándalo que tiene en jaque desde febrero del 2012 al vicepresidente.
El micrófono fue ocupado mas tarde por Ricardo Echegaray. Nadie comprendió muy bien por qué el titular de la AFIP mechó el nombre de Cristina con el de Báez, afirmando que no son socios, durante una rueda de prensa convocada para hablar sobre una denuncia contra el empresario K por la compra de facturas truchas. Aclaró, en cambio, que la Presidenta y el constructor tendrían vínculos comerciales. A lo mejor, refirió al alquiler de cientos de habitaciones –nunca ocupadas—que Baéz hizo en tres de los hoteles de El Calafate, propiedad de Cristina. Coincidencia o no, los fondos buitres andan en Nevada detrás de esas posibles conexiones.
El trabajo de esos extorsionadores sería de un celo profesional que contrasta con la acostumbrada improvisación del kirchnerismo. Aquello de la presencia de detectives que siguen las rutas del dinero clandestino K no constituye una metáfora. Los holdouts contarían con la asistencia de una agencia británica privada dedicada al descubrimiento del dinero sucio. Habrían actuado, incluso, cuando los buitres presionaron al gobierno de la República del Congo, en Africa, también por una deuda en default impaga.
El mayor interrogante, con esa realidad a la vista, sería desentrañar los motivos de la intervención de Echegaray. ¿Un pedido expreso de la Presidenta? ¿Un error involuntario en medio de una aclaración embarazosa sobre Báez? ¿O un mensaje intimidatorio hacia el interior del Gobierno, donde el titular de la AFIP suma connotados enemigos?
No habría respuesta certera. Pero Echegaray no acostumbra, porque si, a arrojar cartas por el aire. Alcanza con un antecedente: cuando se creyó rozado por el escándalo Ciccone no vaciló en ventilar el tráfico de influencias de Boudou para que se permitiera, con un plan de pago especial, el levantamiento de la quiebra de la imprenta.
El principal enemigo interno de Echegaray es ahora Axel Kicillof. El ministro de Economía, en su trepada en el poder, pretende ocupar la AFIP con tropa propia. Cuestiona, además, manejos de la entidad recaudatoria con la operatoria del dólar ahorro. Por allí se siguen fugando, con la perseverancia de una hormiga, los dólares que Kicillof no consigue en el exterior y necesita para una economía que no logra abandonar su tobogán.
El Banco Central, la UIF (Unidad de Información Financiera) y la Comisión Nacional de Valores realizaron ayer un sobreactuado procedimiento en las cuevas del microcentro para incautar dólares del mercado ilegal. Al mismo tiempo, el sistema de la AFIP para la venta de dólares ahorro dejó de funcionar.
El dilema de Kicillof continúa siendo la escasez de dólares. El swap firmado con China nunca se termina de activar. El progreso de la relación con la Rusia de Vladimir Putin está por el momento circunscripta a la televisión. El ministro mendiga anticipos a los exportadores de cereales.
Así las cosas, Kicillof teme que en algún momento deba aflojar la tensión con los fondos buitre. Pero esa tarea se torna cada vez mas difícil e incierta en la medida que los holdouts continúen dispuestos a divulgar la corrupción kirchnerista en el exterior. También la misma realidad podría mirarse desde otra óptica. Las denuncias que van aportando los buitres quedarán en la nada si Cristina decide terminar el año que viene con el pleito.
La oposición hizo poco y nada con el entramado de esa historia misteriosa. Recién en las últimas horas se conoció una gestión de Margarita Stolbizer. La diputada bonaerense del GEN (dentro de la alianza del Frente Amplio y UNEN) presentó nuevas pruebas en Uruguay que demostrarían vínculos entre empresas de Baéz radicadas en esa nación y otras en nuestro país y en el extranjero. En Montevideo, la jueza en lo Penal, especializada en Crimen Organizado, Adriana de los Santos, sustancia dos causas por lavado de dinero que involucran al empresario patagónico. Esos trámites están paralizados porque desde hace un año y medio la justicia argentina no responde sus exhortos. La magistrada está dispuesta a insistir.
Stolbizer llevará la misma información a Suiza, donde los buitres habrían hallado un giro de Baéz de U$S 65 millones distribuidos en tres bancos.
Ninguna de aquellas novedades parece conmover a Sebastián Casanello. El juez conduce las investigaciones sobre el empresario K y el presunto lavado de dinero. Pero lo hace a su ritmo, perezoso, sin preocuparse por la ampliación de informaciones que requieren Suiza y Uruguay. No está en ese lugar de la Justicia por casualidad.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
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La trama va quedando al desnudo
Por Ricardo Kirschbaum.
Después de la sorpresiva aclaración del jefe de la AFIP negando una relación de socios entre Cristina Kirchner y Lázaro Báez, vino otra: la admisión del mismo funcionario sobre la existencia de una obvia relación comercial entre ambos.
Ricardo Echegaray afirmó que desde el punto de vista “técnico fiscal, la Presidenta y Báez no son socios”, dejando abierta la posibilidad que desde otra perspectiva sí lo podrían ser, añadiendo el funcionario que existe entre ellos una relación comercial.
La cuestión central es que la “relación” se establece entre la jefa del Estado y el principal beneficiario de la obra pública, que, entre otros negocios, le alquilaba a la familia Kirchner los hoteles de su propiedad y pagaba por cada habitación, estén o no ocupadas.
El titular de la ONG Contadores Forenses, Alfredo Popritkin, dice que las relaciones entre los Kirchner y Austral Construcciones, de Báez, permiten deducir “la existencia de un vínculo más próximo a una simple relación comercial”.
La doble aparición de Echegaray refleja una fuerte preocupación de la Casa Rosada por desligarse de la relación con Báez, justo cuando los abogados de los fondos buitre investigan la ruta del dinero que habría salido de Argentina, vía Uruguay, para distribuirse en muchas empresas en el exterior que dependerían de una empresa madre con sede en Seychelles.
Los buitres anunciaron hace unos días la aparición de tres cuentas nuevas adjudicadas a Báez y distribuyeron un esquema de cómo habría sido la ruta del dinero.
Eduardo van der Kooy, en su columna dominical, insiste hace quince días, que la principal preocupación de Cristina Kirchner es saber si los investigadores de los fondos buitre tienen más información sobre los titulares de esas cuentas y si son miembros de la familia presidencial.
El interés de los fondos buitre no es ético ni tiene nada que ver con una cruzada anticorrupción. Se asemeja demasiado a una extorsión para lograr el pago del fallo de Griesa. De la investigación que están haciendo se sabe poco. Pero lo que han difundido en dosis homeopáticas hace presumir que es más importante lo que ocultan que lo que ya han revelado.
Al igual que Echegaray, el ministro de Justicia quedó chapaleando en el lodazal.
Debió salir a desmentir una información de Clarín sobre la desaparición de un expediente de la firma que compró la imprenta Ciccone y su explicación se asemejó a un papelón. Porque la desaparición de una parte del expediente prueba que los amigos de Boudou que actuaron habrían sido protegidos desde el poder. No se habría tratado, en consecuencia, de un favor al vicepresidente sino que es una cobertura más vasta que involucra al Gobierno.
Por lo tanto, las aclaraciones y ambigüedades de Echegaray sobre Báez-Cristina y los balbuceos del ministro Alak forman parte de la misma trama que se está descubriendo.
Fuente: Clarín, 22/10/14.
Se incrementa el Lavado de Dinero en México
octubre 10, 2014
EEUU advierte a México sobre incremento de lavado de dinero
Puebla, México – El Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió de un incremento en operaciones vinculadas al Lavado de Dinero por parte de los cárteles del narcotráfico, por lo que solicitó a la Asociación de Bancos de México aumentar la vigilancia sobre transacciones sospechosas, en especial las vinculadas a cuentas embudo, tiendas de ropa y compañías de transportes de valores.
Las cuentas embudo son aquellas utilizadas por una organización criminal para depositar múltiples cantidades de dinero en un banco sin rebasar los límites permitidos ni atraer la atención de las autoridades. Su auge viene de 2010, cuando el gobierno de Felipe Calderón redujo la cantidad autorizada por depósito a 14 mil dólares mensuales, un control que recientemente fue desechado por la administración de Enrique Peña Nieto, al considerarse poco útil y descubrirse que cárteles de la droga habían dado la vuelta a las reglas. Hacían depósitos repetitivos que iban de mil a 13 mil 999 dólares.
El lavado de dinero mediante bienes comerciales —como el detectado en el distrito de modas en Los Ángeles hace unas semanas— también se ha vuelto tema de preocupación, pues ha permitido a cárteles mexicanos adquirir grandes cantidades de bienes en Estados Unidos e importarlos a México para su posterior reventa, lo que en efecto termina blanqueando sus ganancias.
El apunte
La directora de la Red de Vigilancia a Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro (Fincen), Jennifer Shasky, admitió funcionaria estadunidense admitió que los controles impuestos por el gobierno calderonista no fueron del todo efectivos en reducir el lavado de dinero.
Fuente: PeriodicoDigital.mx, 07/10/14.
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Fincen advierte sobre cuentas embudos para legitimar capitales del narcotráfico
CCD | La Red de investigación de Delitos Financieros (Fincen, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lanzó una advertencia a las instituciones financieras ante el incremento de cuentas embudos, utilizadas por las organizaciones del tráfico de drogas, para legitimar capitales ( lavado de dinero) ante la restricciones del uso de dólares en las operaciones realizadas en México.
De acuerdo a investigaciones de los organismos de seguridad, se han observado cambios en la forma como se mueven las ganancias del narcotráfico dentro de Estados Unidos, colocando el dinero de origen ilícito en instituciones financieras estadounidenses, evitando los reportes objetivos de transacciones.
Uno de los esquemas usados por los grupos de traficantes de drogas es conocido como el modelo de ‘cuentas embudo’, usadas por para depositar las ganancias de origen ilícito, a través de intermediarios, en instituciones financieras de Estados Unidos. El cuentahabiente que presta servicios a la organización delictiva podrá disponer de los fondos abiertos en distintas ciudades y posteriormente, envía cantidades por debajo de los montos de obligatorio reporte a las organizaciones de narcotraficantes.
La Fincen explicó que en las cuentas embudo que se abren en México se depositan dólares en múltiples operaciones y se retiran en otro lugar en un periodo corto. El propósito de este tipo de operaciones es lavar dinero a través de la adquisición de bienes que después se comercian, proceso que fue advertido por el gobierno mexicano desde el 2010.
“Estrategias tales como el uso de cuentas embudo y el lavado de dinero basado en el comercio son una preocupación para los gobiernos de Estados Unidos y México”, refirió Fincen a través de un comunicado.
Recomienda Fincen que para prevenir la legitimación de capitales ( lavado de dinero) en el sistema financiero, se deben conocer los pasos típicos de las actividades de las cuentas embudo asociadas con el comercio.
Cuando a partir de estas estrategias de lavado de dinero, las organizaciones de tráfico de drogas venden bienes en México, lo que consiguen, al final del proceso, es intercambiar dólares estadounidenses, generados por la venta de las drogas, por pesos mexicanos legítimos, explicó Fincen.
Cuentas de embudo y el Lavado de Dinero basado en el comercio
Los pasos típicos de actividad de la cuenta embudo junto con el lavado de dinero basado en el comercio incluyen:
- El propietario de un negocio en Estados Unidos u otro país en el extranjero, en connivencia con los intermediarios de una organización delictiva, abre una cuenta en los bancos o cooperativas de crédito, donde pueden recibir fácilmente los depósitos en efectivo en varios estados, a través de su propia sucursales o mediante cooperativas de créditos.
- En el caso de una cuenta de negocio, los depósitos se realizan en una región geográfica diferente, donde el operador esta fuera de la huella geográfica. Ejemplo, la cuenta de una empresa de productos que opera localmente en el sur de California recibe pequeños depósitos en efectivo, por debajo del monto establecido para los informes obligatorios, en las sucursales bancarias de Chicago, Indianapolis y Minneapolis.
- Los depósitos se mantienen por debajo de US$10.000 para evitar reportes obligatorios de transacciones. Un intermediario empezará a liberar cheques o transferencias electrónicas desde esa cuenta para la adquisición de bienes que serán comprados a países en el extranjero, como Estados Unidos, para después venderse. Finalmente, una vez vendidos, la retribución se transfiere de vuelta a la organización criminal.
Como resultado de las restricciones monetarias de Estados Unidos en México, los actores ilícitos pueden utilizar diferentes metodologías, incluyendo las cuentas de embudo, a través de otras jurisdicciones para repatriar las ganancias ilícitas. Además, las instituciones financieras deben considerar y gestionar el riesgo asociado con la recepción de los depósitos de los no- clientes, propone la Fincen
Asegura el órgano investigador financiero que continúa evaluando la información sobre las actividades de lavado de dinero que involucran a las organizaciones criminales transnacionales que operan en México y los Estados Unidos. Asimismo, manifiesta su voluntad de informar sobre los nuevos métodos y sistemas utilizados para legitimar capitales el producto del delito.
Fuente: Cuentas Claras Digital, 03/06/14.