EE.UU. interrumpió el intercambio de datos financieros por el caso Nisman
La divulgación de detalles de la cuenta que tenía el ex fiscal fue considerado como «un incidente serio» por la unidad antilavado estadounidense, que sancionó a la UIF.
Por Hugo Alconada Mon.
El corte ocurrió hace nueve meses. Y el gobierno de Estados Unidos detuvo el flujo de datos de inteligencia financiera hacia la Argentina. Lo frenó por la filtración interesada en Buenos Aires de datos confidenciales sobre el patrimonio del fiscal Alberto Nisman cuando el kirchnerismo buscaba, tras su muerte, destruir su imagen pública, confirmaron tres fuentes oficiales a LA NACION.
El corte, que se ejecutó en junio pasado, fue total. Desde entonces, las autoridades de la unidad antilavado estadounidense (FinCen, por sus siglas en inglés) no envían ningún dato a su contraparte local, la Unidad de Información Financiera (UIF), entonces liderada por José Sbattella.
Tras un esfuerzo diplomático que insumió tres años y medio, la FinCen restableció su cooperación entre fines de 2012 y principios de 2013. Pero en 2015 se repitió la filtración y otra vez en perjuicio de una figura que había enfrentado a la Casa Rosada. Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner y aparecido muerto el 18 de enero de ese año.
El cortocircuito comenzó a gestarse cuando la FinCen envió a Buenos Aires datos sobre una cuenta sin declarar en el banco Merrill Lynch a nombre del fiscal, su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra. Lo hizo a través de la red Egmont, un sistema de intercambio de datos entre los organismos antilavado de todo el mundo.
Con esa información ya en sus manos, Sbattella y el entonces número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), Juan Martín Mena, se presentaron ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. El 11 de ese mes le entregaron copias de toda la documentación. Y casi en simultáneo, la información clasificada desde Estados Unidos como «secreta» llegó a algunos medios de comunicación; entre otros, la agencia oficial Télam.
Abierta en Nueva York en 2002, Nisman acumuló en esa cuenta más de US$ 660.000 con aportes de varios depositantes; entre ellos, el financista Sebastián Stefanini, de-saparecido desde 2014, en tanto que el informático Diego Lagormarsino se sumó luego como cotitular.
La entrega de esos y otros datos al juez Canicoba Corral y su posterior filtración se produjo, además, pese a una orden explícita del Departamento de Justicia, que ante una consulta desde Buenos Aires había indicado que no autorizaba la judicialización del informe de FinCen, según confirmaría, varios meses después, en septiembre pasado, la Cancillería argentina.
Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Departamento de Justicia «contestó por correo electrónico que no se brindaba la autorización para aportar la información de FinCen» en Tribunales. Mucho menos, a la prensa. Pero ya era tarde. Los datos se habían hecho públicos, al igual que múltiples datos sobre su vida privada.
Canicoba lo incorporó al expediente, por lo que Sara Garfunkel y Sandra Nisman plantearon su nulidad, que rechazaron tanto Canicoba Corral como la Cámara Federal porteña. Ahora, el abogado de los familiares de Nisman, Pablo Lanusse, apelará ante la Casación, el máximo tribunal penal del país.
Ya con Sbattella fuera de la UIF -e investigado por la Justicia por la presunta manipulación política del organismo-, su reemplazante al frente de la unidad antilavado, Mariano Federici, intenta ahora restablecer el intercambio de información. Para eso viajará este lunes a Washington.
Federici buscará así avanzar las conversaciones para, una vez más, reactivar el Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). El primer contacto se produjo durante la última reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y, si todo marcha bien, podría restablecerse en tres meses, según indicaron fuentes oficiales a LA NACION. De ser así, la Argentina habrá pasado un año sin recibir datos de inteligencia financiera de Estados Unidos para sus investigaciones sobre lavado y crimen organizado.
En la capital estadounidense lo esperarán las autoridades de la FinCen, que encabeza Jennifer Shasky Calvery, quien dejó atrás 15 años en el Departamento de Justicia y pasó al del Tesoro en septiembre de 2012 para tomar las riendas del organismo.
Según el Reporte 2016 sobre la Estrategia de Control del Narcotráfico Internacional (Incsr, por sus siglas en inglés) que el Departamento de Estado difundió este miércoles, FinCen evalúa ahora sus «próximos pasos» ante la «seria ofensa» cometida por el gobierno argentino.
Las nuevas autoridades de la UIF, por su parte, intentan ahora determinar cómo fue la filtración. Y al final del proceso no descartan radicar una denuncia contra Sbattella -u otros ex funcionarios- por la presunta violación del secreto que impone la legislación.
Cuando faltan días para el arribo a Buenos Aires del presidente Barack Obama, sin embargo, la desconfianza excede a la UIF. Según ese informe del Departamento de Estado, se centra en la capacidad real que muestra el Estado argentino para aplicar las leyes, combatir el lavado y el financiamiento del terrorismo. Entre otras causas, por la «corrupción institucionalizada».
Información sensible
Alberto Nisman
Ex fiscal de la Causa AMIA
La FinCen hizo llegar a Buenos Aires información de una cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch a nombre del ex fiscal; su madre, Sara Garfunkel, y su hermana, Sandra.
José Sbatella
Ex titular de la UIF
Junto con Juan Martín Mena (ex número dos de la AFI) llevó los datos confidenciales de la FinCen al juez Rodolfo Canicoba Corral y, casi en simultáneo, los difundió la agencia Télam.
Oyarbide sobreseyó a Echegaray y hace peligrar el caso Báez
Lo hizo en una causa paralela donde el ex titular de la AFIP estaba acusado de favorecer al empresario K.
Por Nicolás Pizzi.
Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.
Lázaro Báez acumula deudas y despidos, pero la Justicia todavía no pudo ponerlo en aprietos. La investigación principal, en manos del juez Sebastián Casanello, conocida como la “ruta del dinero K” arrastra un talón de Aquiles jurídico: la falta de un delito precedente. Las investigaciones abiertas sobre evasión fiscal, a través de la compra de facturas truchas, mantenían una luz encendida. Pero el polémico juez Norberto Oyarbide decidió apagarla. El magistrado sobreseyó al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray en una causa en la que estaba acusado de encubrir a Báez. La decisión, según fuentes judiciales, no fue apelada por el fiscal Guillermo Marijuán.
La decisión de Oyarbide, en un expediente que habían iniciado las entonces diputadas Patricia Bullrich y Laura Alonso, podría tener un efecto devastador. Ocurre que Casanello tiene una denuncia abierta de la diputada Margarita Stolbizer con el mismo objeto, que ahora perdería vigencia por el efecto de cosa juzgada. Ahí están denunciados Echegaray, el propio Báez y las empresas involucradas en la maniobra de evasión.
Si eso ocurre, el juez de la ruta del dinero K quedaría impedido de investigar la estructura de encubrimiento estatal a favor de Báez. Además, la causa podría emigrar a Bahía Blanca, donde están radicadas las empresas que le habrían facilitado las facturas a Austral Construcciones. Se trata de Calvento, Grupo Penta, la empresa Constructora Patagónica Argentina, y la firma Iberoamericana de Servicios, tal como había revelado el diario La Nación.
Las causas donde se investigaba el encubrimiento de la maniobra de evasión, en este caso el delito precedente, eran la llave para imputar a Báez por Lavado de dinero. Casanello había resuelto ese laberinto de otra manera: cuando procesó a Leonardo Fariña y Federico Elaskar los vinculó con las denuncias de narcotráfico de Juan Suris.
La denuncia de Alonso y Bullrich había tenido un fuerte impulso del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes, quien llegó a decir que había “indicios del funcionamiento de una red tutelar dedicada a bajar las cortinas de la complicidad o el silencio para evitar que se destapen los chanchullos de Báez”. Y le apuntó al entonces titular de la AFIP, un hombre que tiene una fuerte protección en Comodoro Py. “Echegaray sería una pieza clave en la ocultación maliciosa de la panoplia delictiva de Lázaro Báez, sus asociados y sus cómplices punibles”, sostuvo por entonces el fiscal Moldes.
El actual presidente de la AGN también estaba acusado de haber desarmado la regional de la AFIP en Bahía Blanca, a la redujo a “agencia”, justo cuando se investigaba la venta de facturas truchas.
Las empresas proveedoras de facturas carecían de antecedentes en la construcción, y no tenían empleados, aunque eran subcontratadas por Austral Construcciones por montos millonarios. Esa maniobra le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años.
Para el juez Lijo, «la campaña presidencial de Cristina se financió con fondos ilícitos»
Cuáles fueron las principales frases del magistrado federal que investiga el origen de los fondos que financiaron la campaña del FpV de 2007.
Afiche de campaña de Cristina-Cobos
El juez federal Ariel Lijo citó a declaración indagatoria a ex funcionarios kirchneristas y empresarios por el presunto delito de Lavado de Dinero durante la campaña electoral de Cristina Fernández de Kirchner para las elecciones presidenciales de 2007.
El magistrado federal habló del caso por primera vez por Radio Nacional y dejó varias frases para repasar sobre esta causa:
“La investigación es muy complicada y va a recorrer los ministerios».
«No existió ningún registro contable de los aportes de campaña».
«Está claro que el origen del dinero es ilegal»
«Entregaban un aporte por el que recibían una factura y en el banco se cubría el depósito con dinero en efectivo, por caja. Así es imposible establecer los orígenes y las firmas no pueden establecer el origen de los depósitos».
«No existía similitud con los parámetros de dinero que manejaban las empresas aportantes a la campaña de Cristina y Cobos».
«Es probable que el origen de este dinero esté relacionado con la efedrina, pero no lo podemos establecer y va a ser muy difícil probarlo».
“Las personas involucradas tienen vinculación con otras investigaciones en trámite por causas ilícitas».
«Se descartaron muchas hipótesis hasta llegar a la conclusión de que la campaña se financió en parte con fondos ilícitos».
«Hubo dos peritajes de la Corte en esta investigación», fueron algunas de las principales frases que dio hoy Ariel Lijo, juez federal.
Mariano Federici: «Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande»
El flamante titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) evalúa enviar un proyecto de ley que permita la extinción de dominio para los activos provenientes del lavado y el narcotráfico.
Por Paz Rodríguez Niell.
El nuevo presidente de la unidad antilavado, Mariano Federici, dice que los narcotraficantes encontraron en la Argentina un lugar «seguro» para sus activos. En su primera semana al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), anuncia que prepara un proyecto de ley para favorecer el decomiso de los bienes vinculados al lavado. «Si no hay decomiso de bienes, el atractivo de utilizar el país con fines ilícitos es grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes», afirma el funcionario. Federici es abogado y trabajó diez años para el Fondo Monetario Internacional.
-Usted le dijo al Financial Times que «los narcotraficantes prefieren trasladarse a la Argentina, ya que se sienten seguros con sus activos aquí», ¿por qué?
-Preferían, porque estaban dadas ciertas condiciones como para no disuadir la llegada de capitales provenientes de actividades ilícitas. Si uno tuviese activos que lavar, ¿qué jurisdicción elegiría? Una con una economía diversificada, donde haya mucho movimiento, buenos abogados y contadores, pocos controles y altos niveles de corrupción. Lo dijo también un jefe de la policía de Colombia: los narcotraficantes colombianos se sentían cómodos viniendo a la Argentina.
-¿Encontraron en la UIF legajos «cajoneados»?
-No puedo hablar porque tengo una prohibición legal.
Ernesto Sanz, Martín Lousteau y Fernando Sánchez presentaron una denuncia acusando de eso a su antecesor, José Sbattella.
-Estoy muy al tanto. Hemos encarado un diagnóstico completo de todas las áreas.
-¿Qué va a pasar con los empleados nombrados por Sbattella?
–En la UIF trabajan 243 personas. El promedio en las unidades de la región ronda las 100. Cuando asumió Sbattella no había más de 70, aunque es cierto que las responsabilidades de la UIF aumentaron: hoy colabora con la Justicia, querella y es el regulador y supervisor de todo el sistema financiero y no financiero en materia de lavado.
-En la administración pública se multiplican los despidos, ¿qué va a pasar en la UIF?
-Estamos analizando caso por caso. De las 243 personas, sólo dos son de planta permanente. Nuestra intención es despolitizar y profesionalizar la unidad. Aquellos que ingresaron con una intencionalidad política y no cuentan con un perfil técnico o se reajustan a la nueva visión, si es que tienen las capacidades, o tendrán que irse.
-¿Qué opina de la gestión de Sbattella?
-Creo que se trabajó sin una planificación adecuada y que la herramienta ha sido utilizada para fines políticos que no correspondían. Nosotros queremos dar un mensaje, garantizar a quienes vienen a hacer negocios lícitos que no va a tener que competir con quienes violan la ley. La unidad es además una herramienta muy importante para reposicionar a la Argentina en el mundo: la lucha contra el lavado y el financiamiento del terrorismo está en la prioridad de la agenda de todos los países que se toman con seriedad estos temas. Por otro lado, como reguladores del sistema queremos cambiar la relación con los sujetos obligados; bancos, entidades financieras y otros sujetos. La supervisión ha tenido un enfoque más bien represivo. La UIF ha ido a buscar problemas para buscar oportunidades de sanción y nosotros creemos que debería ser más preventivo, buscando colaboración para mejorar el cumplimiento. En definitiva, debemos restablecer la integridad del sistema y tenemos que partir de la base de que ése es un objetivo compartido o que debe serlo con los agentes.
-Pero muchas veces no lo fue…
-En esos casos el peso de la ley va a recaer sobre ellos.
-¿Cómo evitarán posibles conflictos de interés dado que la vicepresidenta de la UIF [María Eugenia Talerico] fue abogada del oficial de cumplimiento antilavado del HSBC, al que había sumariado la UIF?
-Ella aclaró que no fue abogada del banco y existen herramientas legales para que se excuse en aquellos expedientes en los que haya tenido una tarea como abogada. Hubo además un dictamen de la Oficina Anticorrupción donde quedó claro que no había impedimento ni para mí ni para ella de acceder al cargo.
-Se cuestionó el paso de un lado al otro del mostrador, ¿para usted aquello no implica un conflicto?
-No. Ella como abogada defendía los intereses de sus clientes. Si queremos profesionalizar la gestión pública tenemos que traer a los mejores.
-¿Cómo se va a comportar la UIF en casos de eventuales sospechas sobre empresarios amigos del Presidente?
-Nosotros tenemos el mandato y además hemos recibido la conformidad de las autoridades políticas del Gobierno de aplicar la ley sin distinciones.
-¿Qué quiere decir con conformidad?
-Fue un diálogo muy franco. Queremos realmente despolitizar la unidad. Lo ha dicho también el ministro de Justicia [Germán Garavano]. Eso implica tener el coraje y la voluntad de llevar a cabo las tareas que sean necesarias, aun en los casos que involucren al gobierno de turno.
-¿Preparan algunas reformas legales?
-No hay una cultura del decomiso en la Argentina y si no hay decomiso de bienes, el atractivo a utilizar el país con fines ilícitos en grande. La Justicia condena, aplica penas de prisión, pero no actúa sobre los bienes. Sería interesante una ley de extinción del dominio sin necesidad de una condena previa, que revierta la carga de la prueba ante la posibilidad de que un bien haya sido utilizado en relación con un delito. Que el supuesto titular del bien deba probar su titularidad y el origen lícito de los fondos. Otra prioridad es la protección de la inteligencia financiera en sede judicial. Si yo recibo información de alguna UIF extranjera, que no es para ser incorporada a un expediente como prueba, tengo que poder tener la protección ante un juez. Si no, se comprometen las relaciones bilaterales.
Los números secretos de los patrimonios que CFK y Máximo Kirchner declararon ante el Estado
Entre 2007 y 2013, el patrimonio del hijo de los Kirchner creció más de 53.000%. La Justicia debe decidir si imputa a la ex presidenta.Galería de imágenes.
Por Emilia Delfino.
Dicen que despedirse del poder político es un saludo de bienvenida en los tribunales federales. Cristina Kirchner viene siendo denunciada desde hace años, pero jamás pisó los tribunales como imputada y logró que las cuatro causas más importantes en su contra se cerraran o cambiaran de juez, cuando avanzaban: tres por enriquecimiento ilícito y el caso Hotesur. En los próximos días, la Justicia debe decidir si la ex presidenta tendrá un nuevo frente judicial por presunto enriquecimiento ilícito y por supuestamente falsear datos de sus declaraciones juradas públicas. La denuncia fue presentada por la diputada Margarita Stolbizer.
PERFIL accedió a datos inéditos y reservados hasta hoy que demostrarían que el grueso de la fortuna de la familia Kirchner fue amasada por Néstor Kirchner durante la primera presidencia de su esposa y que ese crecimiento exponencial del patrimonio K comenzó en 2008 con la incursión en el negocio hotelero junto al contratista de la obra pública Lázaro Báez. Pero también demostrarían que antes de 2011, Cristina y Máximo, a diferencia de Néstor, declararon ante el Estado un patrimonio ínfimo.
PERFIL accedió por primera vez al patrimonio que Máximo y Cristina Kirchner declararon ante el Estado de manera reservada, es decir, que no son los números presentados en las declaraciones juradas públicas ante la Oficina Anticorrupción.
En 2007, Cristina declaró ante el Estado un patrimonio de sólo $ 39.277 y en 2008 ya pasaba los $ 400 mil. Tenía $ 39 mil en efectivo, una deuda por $ 33 mil y cuatro inmuebles: uno en Capital Federal y tres en Río Gallegos. Más acciones en Los Sauces SA. Los números ya no cerrarían, salvo que sólo declarara los valores fiscales de los inmuebles.
Su patrimonio reservado se mantuvo alrededor de los $ 400 mil hasta la muerte de Kirchner, cuando saltó a una fortuna declarada de más de $ 35 millones.
Gracias a la herencia de su padre, el patrimonio declarado de Máximo habría crecido un 53.000% entre 2007 y 2013. Pasó de poseer bienes por $ 46.343 a una fortuna de $ 24.838.629.
Hasta ahora, sólo se conocía el patrimonio declarado por Máximo durante la campaña de este año: $ 35,9 millones.
En 2008, las finanzas del ahora diputado nacional comenzaron a crecer: tenía un terreno en El Calafate y era accionista de Negocios Inmobiliarios, Los Sauces SA, y Comasa, según pudo reconstruir PERFIL de fuentes judiciales. Ya superaba el medio millón de pesos. Llegó a rozar el millón en 2010 y tras la muerte de su padre, heredó un cuarto de su fortuna, que incluye 28 inmuebles y acciones en empresas. Su madre, entonces presidenta, le donó en 2012 unos $ 180 mil y otros $ 400 mil en 2013.
Stolbizer pidió allanar la AFIP para secuestrar las declaraciones juradas de bienes personales de Máximo, Cristina y la sucesión de Néstor Kirchner desde 2010 a 2015. Estos números formarían parte de esas declaraciones, según adelantaron fuentes judiciales a este medio. La información ya había sido solicitada por el juez Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
Además, Stolbizer pidió al juez Sergio Torres solicitar a la Oficina Anticorrupción los legajos reservados a fin de que presente la declaración jurada patrimonial correspondiente al ejercicio 2011, 2012, 2013 y 2014 con sus anexos reservados.
El fiscal federal Carlos Rívolo analiza por estas horas si imputará o no a la ex mandataria. Se trata de la cuarta causa iniciada contra Cristina por el exponencial crecimiento de su patrimonio junto al de Néstor Kirchner.
Macri aseguró que no habrá impunidad para Cristina
Por Nicolás Wiñazki.
Como muestra la historia, el poder con potencial transformador que se transmite desde la Casa Rosada puede cambiar de sentido, por completo, tras vorágines que duren pocas horas. El 9 de diciembre, Cristina Kirchner usó parte de su último discurso como Presidenta para denunciar, desde esa sede del Gobierno, que era víctima de “persecuciones y hostigamientos” de un sector del Poder Judicial. Incluso afirmó que “todos los argentinos” vivían “un poco en libertad condicional”. A menos de 48 horas, desde el mismo despacho, el nuevo Presidente, Mauricio Macri, le aseguró a una de las principales denunciantes de los Kirchner que Cristina debe ser investigada en todas las causas por corrupción en las que está involucrada.
Macri se definió de modo clave sobre este tema, nada más ni nada menos que frente a Margarita Stolbizer, ex canditada presidencial, hoy diputada (GEN). Fue ella quien presentó ante la Justicia la primera denuncia contra la ex Presidenta sobre las irregularidades con las que “funcionaba” su hotel Alto Calafate. Eso pasó después de que esos desmanejos fueran difundidos por Canal 13 y Clarín.
El caso es conocido con el nombre legal del hotel K, “Hotesur”, y avanzó de tal modo que se transformó en una pesquisa más amplia sobre el resto de los negocios de los Kirchner: quedaron bajo sospecha de haber sido utilizados para vehiculizar dinero de origen ilegal.
La legisladora fue también quien presentó, hace pocos días, una nueva denuncia contra la ex Presidenta, esta vez pidiendo que se estudie el crecimiento de su fortuna bajo la hipótesis de que aumentó debido a un enriquecimiento ilícito.
“El Presidente me dijo que estaba comprometido en la pelea contra la corrupción. Y que no iba a amparar a nadie, ni para atrás, ni para adelante”, le contó Stolbizer a Clarín, y agregó: “Lo noté atento y receptivo”.
Clarín pudo saber que en la reunión del viernes Macri y Stolbizer intercambiaron opiniones sobre algunos detalles –que son públicos– tanto de la causa Hotesur, como también los de la nueva denuncia por el posible enriquecimiento. Este último caso es por ahora una denuncia y no un expediente formal: el escrito, redactado por la abogada de Stolbizer, Silvina Martínez, incluye datos concretos que mostrarían cómo ese aumento del patrimonio K no fue registrado ante el Estado como es debido. La denuncia está siendo estudiada por el juez Sergio Torres, según fuentes judiciales.
El fiscal que podría firmar el requerimiento para que la causa se inicie es Carlos Rívolo: durante la última década pidió varias declaraciones indagatorias, y dictó procesamientos, contra funcionarios y ex que tenían mucho poder.
Macri habló con Stolbizer sobre el caso Cristina, y también sobre otros temas de transparencia pública, durante más de una hora. Macri ratificó varias veces que no interferiría ante la Justicia que investigue posibles desmanejos de sus funcionarios, y los del Gobierno K.
“No voy a comprometerme con nadie que está involucrado en un caso de corrupción, ni para atrás, ni para adelante”, le insistió el Presidente a su interlocutora.
Stolbizer está convencida hace mucho tiempo que la Presidencia no solo no debe interferir ante la Justicia en los casos de corrupción –como dice la ley–, sino que también debería impulsar cambios en los organismos de control gubernamentales para que aporten información crucial para la Justicia. Hasta que Cristina dejó de ser Presidenta, esos entes se vaciaron, quedaron acéfalos, o fueron usados para defender los intereses privados de ex funcionarios investigados por la Justicia.
Frente a Macri, Stolbizer hizo hincapié en un proyecto de ley que tiene preparado para reformar la Inspección General de Justicia (IGJ), el organismo que controla las sociedades comerciales, que cree que es clave para mejorar la transparencia pública. El Presidente se mostró muy interesado.
Se dijo: Macri recibió a Stolbizer en el despacho presidencial. Tal vez en ese mismo lugar se tramaron varios de los delitos de corrupción que, sospechan jueces y fiscales, podrían haber sido coordinados por la ex Presidenta. Cristina Elisabet Fernández. Así se la nombra por ejemplo, en la carátula de la causa Hotesur.
Sbattella renunció a la unidad antilavado con críticas a Macri
Era uno de los funcionarios que el Gobierno quería apartar; dejó su cargo con una carta en la que critica la decisión oficial por «desconocer las leyes» que le garantizan estabilidad en el puesto.
Por Hugo Alconada Mon.
José Sbattella presentó ayer su renuncia indeclinable como titular de la unidad antilavado (UIF) y se convirtió así en el tercer funcionario kirchnerista cuyo mandato debía extenderse durante los próximos años que decidió dar un paso al costado.
Tras casi seis años al frente de la Unidad de Información Financiera, Sbattella se sumó así al presidente del Banco Central (BCRA), Alejandro Vanoli, y al responsable de Radio y Televisión Argentina (RTA), Tristán Bauer, cuyos puestos ambicionaba el gobierno de Mauricio Macri.
Entre los candidatos que ahora suenan para reemplazar a Sbattella al frente de la UIF aparecen Mariano Federici, un funcionario argentino del Fondo Monetario Internacional (FMI) con experiencia en el GAFI -el principal foro intergubernamental contra el lavado del mundo-, y Alicia López, quien fue la primera titular de esa unidad.
Sbattella comunicó ayer su decisión mediante un texto de nueve carillas en el que agradeció el apoyo de la presidenta Cristina Kirchner y criticó en duros términos al Gobierno entrante, al que acusó de «desconocer las leyes» que regulan el funcionamiento de la UIF y fijan su mandato por cuatro años, al que había llegado en 2010 y cuyo mandato renovó a principios de 2014.
«Advierto con asombro y preocupación que la fuerza política que asume la conducción de la Nación muestra claramente su decisión de desconocer las leyes que pregonado respetar y que constituyó una de las consignas de su campaña política, desvirtuando en este caso el sentido y la norma», indicó el funcionario saliente, que calificó lo ocurrido como una «situación de gravedad institucional».
Sbattella también explicó que decidió renunciar al cargo tras reunirse con Esteban Conte Grand, un estrecho colaborador del flamante ministro de Justicia, Germán Garavano, que le comunicó «la voluntad de las máximas autoridades nacionales de la necesidad de disponer del cargo».
Tras las renuncias de Sbattella, Vanoli y Bauer, la Casa Rosada buscará ahora concretar la salida de otros dos funcionarios cuyos mandatos deberían continuar durante la gestión macrista: la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, y el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, aunque ambos afirman que desean permanecer en sus cargos (ver aparte).
En el caso de Sbattella, en cambio, los indicios a su alrededor eran ambiguos. Por un lado, había comunicado a sus allegados que presentaría su renuncia si así se lo pedía el nuevo Gobierno. Pero anteayer había asumido como vicepresidente de Gafilat, el brazo del GAFI en América latina, cargo que ahora también deberá abandonar.
En su texto de renuncia, Sbattella aludió a esa designación de la Argentina en la vicepresidencia del Gafilat como uno de los logros de su gestión, y agradeció el «firme apoyo» de la ex Presidenta, «quien asumió el combate contra el lavado de activos como una política de Estado», afirmó.
Por el contrario, criticó al nuevo gobierno por vulnerar su mandato, establecido por ley. «Me refiero concretamente a la independencia de la conducción de la UIF respecto del resto de las agencias del Estado y del propio poder Ejecutivo», indicó Sbattella. «Ésa es precisamente la razón por la que el mandato de las autoridades de la UIF se cruce con el del presidente de la Nación», añadió.
El argumento de Sbattella, sin embargo, se contradice con su propia foja de servicios, ya que fue designado por la Presidenta y a lo largo de su gestión al frente de la UIF acumuló denuncias penales por su supuesta falta de independencia. En particular, por la presunta utilización de la UIF como herramienta de protección política -en beneficio de Lázaro Báez y Sergio Schoklender, entre otros-, o de persecución política -entre otros, del Grupo Clarín o Francisco de Narváez.
José Sbatella
Protección a Lázaro Báez: La UIF comandada por Sbatella evitó denunciar a Epsur y Austral, empresas de Lázaro Báez sobre las que recibió Reportes de Operaciones Sospechosas.
Apuntado por Macri: Sbatella es uno de los funcionarios que el nuevo gobierno quería remover, como Alejandro Vanoli, Martín Sabbatella y Alejandra Gils Carbó.
Cristina no declaró diez plazos fijo que heredó de Kirchner
La fortuna presidencial. Aparecen en la sucesión del ex Presidente, pero nunca fueron blanqueados ante la Oficina Anticorrupción.
Por Nicolás Wiñazki.
El día que murió, 27 de octubre del 2010, Néstor Kirchner tenía un patrimonio de más de 60 millones y medio de pesos. Era una fortuna constituida por varias empresas, inmuebles, y sobre todo por diecinueve plazos fijo depositados en el Banco de Santa Cruz. La suma del total de estos últimos fondos era de $33.791.077,67. La información surge de la documentación que, en el 2014, el propio contador del ex presidente presentó en el juzgado en el que se tramita su sucesión, el legado material que le dejó a su esposa e hijos.
En ese mismo año, el 2014, la Presidenta declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA), y ante la AFIP, solo nueve de los plazos fijo como “herencia”, sin especificar qué porcentaje había recibido de cada uno de ellos.
Matemáticas son matemáticas: hay al menos 10 plazos fijo “fantasmas” de Néstor, entonces, que la Presidenta no registró ante el Estado.
Por ley, la mitad de la fortuna de su marido fallecido debería ser heredado por ella, siempre que esos bienes hayan sido generados durante su matrimonio. La otra mitad del patrimonio se debería repartir, en partes iguales, entre sus hijos, el diputado nacional Máximo; y la cineasta Florencia.
La información sobre la poca transparencia de la herencia de Néstor Kirchner surge de una denuncia presentada ante la Justicia, el viernes a media tarde, por la diputada Margarita Stolbizer (GEN): en un escrito firmado por su abogada, Silvina Martínez, la legisladora solicita al Poder Judicial que se investigue a la Presidenta por posible enriquecimiento ilícito; y también omisión maliciosa en su declaración jurada de bienes.
Por sorteo, la denuncia es estudiada por el juez Sergio Torres, y por el fiscal Carlos Rívolo.
Clarín tuvo acceso al escrito judicial de Stolbizer, argumentado en base a los documentos públicos, y, sobre todo, de la familia Kirchner.
En su declaración patrimonial del 2014, la Presidenta admitió que los nueve plazos fijo que se incorporaban a su patrimonio tenían origen en la “herencia” de su esposo. Pero no detalló el porcentaje que recibió de cada uno de ellos.
La suma de todos los depósitos bancarios “invisibles” de Néstor que Cristina no declaró es millonaria. Pero llegar a un número consistente sobre este punto es complejo porque el enredo de las finanzas K es contradictorio.
Los montos de plazos fijo que la Presidenta dijo haber recibido como “herencia” ante la OA no se corresponden con ninguna de las cifras de los 19 plazos fijos que se inscribieron en la sucesión de su esposo en ese mismo año.
El plazo fijo con más dinero que, según Manzanares, tenía Kirchner, era un depósito en dólares -con cotización de $3,68- por 12.205.195,48 pesos. Kirchner también poseía, siempre de acuerdo al documento firmado por el contador Manzanarez, una cuenta corriente por $77.885, 57.
En la declaración jurada de la Presidenta de 2014, ella detalló que recibió como “herencia” una cuente corriente pero con $747.169,75.
La Presidenta, por ejemplo, también declaró ante la OA y la AFIP que recibió en 2014, como “herencia”, un plazo fijo en moneda local por $9.202.180,06. En el listado de bienes de su esposo fallecido ninguno de sus plazos fijo es por una cifra siquiera parecida a ésa.
Fuentes judiciales dijeron a Clarín que es muy probable que la denuncia de Stolbizer termine transformándose en nueva causa judicial que investigue si Cristina cometió el delito de enriquecimiento ilícito, el único del Código Penal Argentino en el que acusado debe demostrar su inocencia, y no al revés.
Por ahora, es solo una denuncia y no un expediente abierto: se presentó en tribunales el viernes por la tarde. El juez y fiscal aún no emitieron opinión al respecto.
En su escrito, Stolbizer y su abogada remarcan como una rareza que el trámite de la sucesión de Kirchner aún sigue activo: “Se abrió el proceso sucesorio, se dictó la declaratoria de herederos el 2 de junio de 2011, y se designó a Máximo Kirchner como administrador de la sucesión”, se aclara. Y después: “Sin embargo, nunca se inscribió la declaratoria de herederos en los registros pertinentes en relación a los bienes del causante”.
A todo esto se suma otra contradicción K más sobre el tema. Antes de que el contador de los Kirchner presentase en el juzgado de la sucesión del ex presidente el listado de sus bienes, la sobrina de la Presidenta, Romina Mercado, abogada, había presentado otro detalle sobre el patrimonio de su tío.
En ese listado, entre otras variables financieras, Mercado afirmó que los plazos fijos que tenía Kirchner antes de morir eran 22. Uno de ellos, afirma, era por 3.029.284, 68 millones de dólares.
Cristina deja el poder el 10 de diciembre. Vuelve al llano. Sin fueros. Es muy probable que en tribunales se tenga que defender en varias causas judiciales. Alguna vez se describió a sí misma como “exitosa abogada”. Fue gracias a esa profesión, dijo, que se había hecho millonaria.
Cómo fue el plan de Paraguay para lograr créditos a baja tasa
Repercusiones positivas del trabajo de los Dres. Antonio Hyman, Mariano Federici y Juan Félix Marteau en Paraguay, en el marco de las asistencias técnicas del FMI y del BID para realizar la Estrategia Nacional y la Evaluación de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
El país latinoamericano ejecutó en 2013 un extenso programa que incluyó puntos centrales para seducir a inversores extranjeros. La deuda a 30 años y su tasa, envidia de Venezuela y Argentina.
Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.
El proceso de Paraguay, sin embargo, no fue fácil ni automático. Requirió varios años hasta que sus finanzas estuvieran ordenadas y prolijas y el gobierno mostrara verdaderos signos de cambio hacia los estándares exigidos por los organismos multilaterales de crédito. Pero además, debía evidenciar transparencia en dos ejes que resultan fundamentales para quienes compran deuda: lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
El gobierno de Asunción tenía pésimos récords en estas materias. Desde que en 2008 ingresara en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI, FATF, por sus siglas en inglés) por un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que su situación se agravó. En ese informe, el organismo reprochaba a Paraguay las “importantes lagunas” respecto a “los riesgos en Lavado de Dinero (LD) y Financiamiento del Terrorismo (FT), tanto en el sector público como en el privado. El país está lejos de alcanzar la mayoría de las recomendaciones de GAFI”.
Pero la drástica evaluación no terminaba allí. También ponía el foco en el “cuantioso contrabando existente en las fronteras con la Argentina y Brasil (que) facilita el lavado de dinero en Paraguay”. Ese lugar, conocido como la Triple Frontera facilita el “tráfico de estupefacientes, el contrabando y la falsificación de mercaderías”. ¿Qué país podría querer invertir en Paraguay dadas la baja calificación y la situación que allí se experimentaba? Más aún cuando el gobierno no mostraba ningún avance en su lucha.
También el Fondo Monetario reprochaba a Paraguay su falta de tenacidad en la lucha contra el terrorismo. En ese sentido, el organismo de crédito hace referencia a las “cantidades de dinero que son enviadas periódicamente a Medio Oriente tanto a través de transferencias cablegráficas y otros medios informales”. En numerosas investigaciones periodísticas, Infobae explicó cómo funcionaba la ruta del dinero entre la Triple Frontera (y América Latina en general) y el grupo terrorista Hezbollah, cuyos miembros operan en la región.
Hacia 2008, incluso, Paraguay tampoco contaba con una legislación pertinente que le permitiera sancionar a aquellos que financiaran actividades terroristas. “No tiene disposiciones específicas que permitan congelar fondos de terroristas u otros activos de las personas y entidades jurídicas designadas”.
Estos puntos y la falta de esfuerzos dejaron a Paraguay al margen del mundo. Si bien era un país que nunca había experimentado una ingerencia internacional relevante, la apertura que pretendía el nuevo gobierno que continuó al depuesto sacerdote Fernando Lugo requerían un cambio financiero, pero sobre todo cultural en materia económica.
Al año de estar a cargo del gobierno, el ex presidente Federico Franco aprobó el “Plan Estratégico del Estado Paraguayo en su Lucha contra el Lavado de Dinero, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de destrucción Masiva”. Firmado el 11 de junio de 2013, el decreto del Poder Ejecutivo permitiría al país sanear su imagen en el exterior y conseguir que los mercados depositaran su atención en ese territorio desconocido para la mayoría del globo.
Para lograr el plan integral, Franco no sólo convocó a sus hombres de confianza, a todos los ministros y a los mejores técnicos que tenía disponibles la nación. También hizo partícipe del proyecto al sector privado. Fue así como la Asociación de Bancos del Paraguay, la Asociación de Casas de Cambios, la Asociación Paraguaya de Compañías de Seguros, la Asociación de Entidades Financieras, el Colegio de Contadores de Paraguay, la Cámara Paraguaya de Empresas Inmobiliarias y el Colegio de Escribanos del Paraguay fueron instituciones que contribuyeron desde su perspectivas a optimizar el plan trazado por el gobierno.
El ambicioso proyecto tenía el apoyo, además, del Banco Central de Paraguay, la Unidad de Información Financiera de Paraguay (UIF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional. Entre las misiones que se propuso el plan “interinstitucional”, Asunción buscaba “afianzar el prestigio e imagen del país ante la comunidad internacional” y “proteger la reputación del sistema financiero y de la economía”.
En el texto se enumeran además los “esfuerzos” que realizó Paraguay para salir de la “lista gris” impuesta por el GAFI que le impedía la llegada de inversiones genuinas. La reforma en el Código Penal, la llegada de comisiones internacionales de la OEA para fiscalizar los avances en la lucha contra la corrupción, también medidas tendientes a mejorar la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El trabajo conjunto con oficinas del GAFI y el Fondo fueron clave para acelerar los procesos y dejar atrás la temida “lista gris”. En diciembre de 2012, cuatro años después de haber ingresado, el “Pleno de GAFI removió a Paraguay de ese ranking “por haber cumplido las exigencias” de ese organismo.
Uno de los objetivos que tienen este tipo de regulaciones es atacar el corazón de las bandas delictivas internacionales. Paraguay entendió a la perfección que debía “privar a las organizaciones criminales y terroristas (de su) patrimonio -muchas veces cuantioso- para desarrollar sus actividades y afianzar su poder en territorio nacional, regional o global”.
En la oferta de la colocación de deuda de mil millones de dólares a treinta años, el memo descriptivo hizo referencia a las innumerables medidas que Paraguay había ejecutado en los últimos años “contra el lavado de dinero destinado a financiar el terrorismo al aprobar una importante legislación y el fortalecimiento de sus sistemas de controles y de supervisión”.
En tal sentido el memorando enumera que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) implementó “regulaciones relativas a las remesas que no fueran hechas a través de bancos u otras entidades financieras” y exigiendo “información en relación a lo transferido”. Por caso, ejemplifica con casos en que el gobierno sancionó a aquellas empresas que no cumplieron con los recientes requisitos impuestos por la administración. “Como resultado de ello Paraguay no es más sujeto de control por parte del GAFI”, señala el documento presentado por J.P. Morgan y el Bank of America Merrill Lynch.
Fue un trabajo de años. Y no fue fortuito, ni mágico. Paraguay dedicó mucho tiempo a intentar insertarse en el contexto financiero internacional contradiciendo la tendencia que vivía la región con la influencia del chavismo. Primero con la decisión del ex presidente Federico Franco y ahora con la política económica de Horacio Cartes, el país latinoamericano logró ser un caso atractivo para los mercados mundiales.