Lavado de Dinero: la ruta del dinero K
julio 27, 2014
Un estudio uruguayo tuvo un rol clave en la ruta del dinero K.
Por Daniel Santoro.
El Reporte de Operaciones financieras Sospechosas de las islas Seychelles, al que accedió Clarín en exclusiva, también revela que el pedido de creación de parte de las 148 empresas fantasma de Las Vegas, EE.UU., que administra Aldyne, partió del estudio uruguayo JP Damiani & Asociados.
En el “suspiciuous activity report form” (el nombre en inglés del reporte) la representante del estudio panameño Mossack Fonseca, Helen Ernesta, en Seychelles informa que su cliente es ese estudio uruguayo, propiedad del presidente del club Peñarol de Uruguay, Juan Pedro Damiani.
Luego afirma que los beneficiarios finales de Aldyne son el corredor de Bolsa argentino Jorge Antonio Galitis y un abogado que Clarín no puede nombrar por una medida cautelar de la Justicia (Ver aparte), tal como reveló este diario el miércoles.
El estudio Damiani pidió a Mossack la creación de Huston, Eyden, Ivy Lane Group LLC, Abble Holding LLC, Nat Enterprises Ltd, Trenton Properties Ltd, Neymar Investments LLC, Fintech Holdings LLC, Essex Holdings Group LLC, Coreley Properties Inc LLC y Balmont Holdings Ltd., entre otras. Todas estas firmas de pantalla fueron creadas a pedido de la empresa suiza Helvetic Services Group que dirige el italoargentino Marcelo Néstor Ramos. Helvetic es la actual dueña de la financiera “SGI” conocida como “La Rosadita” que según la primera versión de su ex dueño, Federico Elaskar, se usó para sacar del país 50 millones de euros que habrían pertenecido al empresario K Lázaro Báez. El fiscal José María Campagnoli, el primero que investigó a Báez, incluyó a la totalidad de esas 148 empresas en la ruta del dinero K.
Galitis negó ser el beneficiario final o dueño de Aldyne y fuentes allegadas al operador de Bolsa admitieron que sí es “dueño de Huston Management LTD”.
Las fuentes afirmaron que “ es un error o una maniobra que Galitis haya sido nombrado como dueño de Aldyne en ese reporte de Seychelles”.
El corredor de Bolsa “compró Huston para adquirir un departamento en Puerto Madero ”. Las acciones de Huston estaban embargadas por la jueza del fuero penal ordinario Gabriela Lanz a pedido de Campagnoli, pero luego esta causa se sumó a la que investiga el juez federal Sebastián Casanello. Eyden, también compró departamentos en el barrio más nuevo de Buenos Aires. Casanello deberá determinar si estas firmas se usaron en la ruta del dinero K o en maniobras de evasión impositiva.
Fuentes del estudio Damiani consultadas por Clarín afirmaron también que “es un error que Galitis” y el abogado que no se puede nombrar sean los dueños de Aldyne, pese a que todos sus datos personales estén en el reporte. Para estas fuentes Aldyne “es propiedad de la panameña Mossack Fonseca” para administrar las 148 firmas armadas en Las Vegas.
En el reporte de Seychells se nombra a 8 panameños, entre ellos Leticia Montoya, pero como directores y asistentes no como “beneficial owners”, cargo que atribuye a Galitis y el abogado. Entre los miembros de Aldyne se incluye a Apsley Foundation, otro misterio, de esta telaraña de empresas que tienen a Helvetic, como punto en común.
Fuente: Clarín, 27/07/14.
Latinoamérica: Lucha regional contra el Lavado de Dinero
julio 21, 2014
Gafisud pasa a llamarse Gafilat y se propone más efectividad en lucha regional contra LD/FT.
Por Fernando Martínez.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organismo técnico que bajo la actual presidencia pro-tempore de Colombia se ha alineado en busca de la efectividad del sistema regional de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, celebró su XXIX plenaria del 10 al 11 de julio en Cartagena de Indias, Colombia.
Como resultado del encuentro, se aprobó el cambio de nombre de Gafisud (Grupo de Acción Financiera de Sudamérica) a Gafilat, en reconocimiento a la integración de países de Centro América y el Caribe en el grupo. El Pleno aprobó la salida del proceso de seguimiento intensificado de cinco de sus países miembros (Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua), al reconocer un avance significativo en la implementación adecuada de estándares que han fortalecido sus sistemas nacionales ALA/CFT.
Colombia asumió la presidencia en enero de 2014 en cabeza del Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Edmundo Suárez Soto, cuya gestión se ha centrado en fortalecer la capacidad técnica y operativa del grupo para “proteger a los ciudadanos y a las instituciones públicas y privadas del lavado de activos y la financiación del terrorismo en beneficio del bienestar económico y social de la región”.
Entre otros temas, durante la plenaria se discutieron los avances del plan de acción de la presidencia, la cual, con apoyo de la secretaría ejecutiva del grupo, ha logrado impulsar la creación de una nueva página web, que incluirá información estratégica, una bolsa de capacidades y una biblioteca virtual, donde se centralizarán estudios estratégicos con enfoque regional, guías y otros documentos, que sirvan para aumentar la cultura regional sobre estos delitos y sobre buenas prácticas de prevención y contención.
Amenazas y sus impactos
“Es a partir del conocimiento de la amenaza y sus impactos, que podremos medir si estamos siendo efectivos”, declaró durante la instalación del evento, el presidente de Gafilat y Director de la UIAF, quien hizo énfasis en que a partir de este tipo de conocimiento se pueden generar políticas públicas regionales más acertadas y articuladas.
Por otra parte, se recalcó el fortalecimiento institucional que está en curso y el rumbo que está adquiriendo el organismo – 14 años después de su creación, también en Cartagena – dentro de un nuevo contexto de diversidad e integración y búsqueda de efectividad.
La presidencia de Colombia, también presentó el documento, La Dimensión Económica del Lavado de Activos, publicado por la UIAF, como aporte al conocimiento estratégico del grupo. “La sociedad debe saber que el lavado de activos no está aislado, sino directamente ligado, a los problemas socio-económicos de la región”, señaló Suárez.
Más sanciones
En la clausura del evento, a través de un emisario, el Ministro de Justicia y del Derecho de Colombia, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que “los lavadores de activos merecen una sanción social que puede llegar a ser incluso más efectiva que la penal”.
Durante la plenaria participaron delegaciones de los 16 países miembro, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. También asistieron representantes de países observadores, Francia, España, Estados Unidos y Portugal, y de organismos internacionales, Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, Grupo de Acción Financiera Internacional, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y, como nuevo miembro observador, el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Fuente: LavadoDinero.com, 21/07/14.
Lavado de Dinero con empresas fachada y banca on line
junio 15, 2014
Caso de Estudio: Empresa fachada y Banca en línea utilizadas para legitimar dinero en Hong Kong
La antigua colonia británica de Hong Kong enfrenta a poderosas mafias que se valen del comercio internacional, de una moderna estructura financiera y de la “banca online” para legitimar dinero sucio. Incluso muchas veces se aprovechan de la necesidad de las personas para armar esquemas criminales.
El pasado mes de febrero una corte de Hong Kong condenó al joven Luo Juncheng, un chino de 22 años, por haber movilizado € 13 millones de dinero ilícito a través de la banca en línea.
El joven chino creó una empresa y abrió una cuenta bancaria comercial en el Chiyu Banking Corporation, una subsidiaria del Bank of China. A pesar de que todos los documentos estaban a su nombre, el beneficiario final era realmente un sujeto conocido como “Tío Pang”, quien en el pasado había ayudado a Luo pagando las cuentas hospitalarias su fallecido padre.
El “Tío Pang” instruyó al joven a realizar numerosas transferencias de dinero y depósitos con dinero de procedencia ilícita. Durante un período de 8 meses entre 2009 y 2010, el joven realizó 4.800 depósitos y más de 3.500 transferencias utilizando su cuenta empresarial y la plataforma de banca electrónica del Chiyu Banking Corporation.
Es importante estar alerta para detectar este tipo de casos que pueden reflejar un patrón utilizado por los grupos criminales, quienes pueden estar ayudando a personas necesitadas en momentos de crisis, para luego exigirles como pago por los favores recibidos su participación en esquemas de lavado de dinero, fraude y otros delitos.
Aspectos claves de cumplimiento
En este caso hay varios aspectos claves que deben haber sido contemplado por el personal de cumplimiento del banco emisor (Chiyu Banking Corporation) y de los otros bancos que participaron en las miles de transacciones:
-Perfil del Cliente: un joven de solo 22 años que no proviene de familias adineradas, ni posee actividades comerciales conocidas que justifiquen movimientos millonarios en sus cuentas, debe ser manejado como un cliente de alto riesgo desde el mismo momento que se detecta el movimiento de dinero irregular en sus cuentas.
-Empresa Fachada: el personal bancario debe constatar que las nuevas empresas sean realmente firmas reales, que tienen operaciones legítimas.
-Transacciones Sospechosas: difícilmente una empresa nueva pueda realizar más de 10.000 operaciones mensuales por más de un millón de euros. Salvo que el banco encuentre una justificación muy razonable, el personal de cumplimiento debe presentar reportes de operaciones sospechosas asociados al nuevo cliente.
-El Beneficiario Final: uno de los grandes desafíos de cumplimiento es llegar a detectar cuando una persona está siendo utilizada como “testaferro”, “naranja”, “front”… es decir, cuando el titular de una cuenta y supuesto dueño de una empresa no es quien realmente controla las operaciones. En estos casos como el reseñado, los software antilavado que detectan patrones transaccionales son una pieza clave para revelar procesos de estructuración y movimientos de dinero que pueden conducir al verdadero beneficiario final.
-Sistema de Monitoreo: los sistemas automatizados de control y monitoreo de transacciones deben detectar patrones de movimientos excesivos en las cuentas individuales y comerciales, especialmente si el perfil del cliente y el tipo de negocio no justifican un flujo intenso de dinero y de operaciones.
Las debilidades de Hong Kong
Durante los últimos años se ha señalado a Hong Kong como uno de los centros financieros más riesgosos del mundo asiático. El pasado año las autoridades implementaron una ley antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, como respuesta a las críticas emitidas por el Grupo de Acción Financiera.
El aumento de las operaciones asociadas al lavado de dinero en Hong Kong y las condenas poco severas contempladas para los delitos financieros han blanco de críticas. Así lo señaló la misma jueza Esther Toh, mientras dictaba sentencia contra el joven Luo Juncheng: «El ejecutivo de Hong Kong podría considerar la institución de penas más severas», para que se mantenga la reputación como centro financiero íntegro”.
Otro de los grandes desafíos del centro financiero asiático es el gran movimiento de dinero producto de la corrupción de los funcionarios públicos de China, quienes movilizan gran cantidad de transacciones a través del sistema bancario de Hong Kong, valiéndose principalmente de su moderna banca electrónica.
Según indicaron las autoridades, durante el año pasado los sujetos obligados presentaron 20.287 reportes de operaciones sospechosas.
Fuente: LavadoDinero.com, 31/01/13.
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de Lavado de Dinero
junio 8, 2014
Reportaron operaciones de Boudou por sospechas de lavado de dinero.
Por Hugo Alconada Mon y Santiago Dapelo.
Varios bancos y la AFIP alertaron sobre movimientos millonarios del vicepresidente y de su amigo y socio Núñez Carmona; el monto de las siete operaciones investigadas supera los $ 38 millones.
El vicepresidente Amado Boudou figura en los registros de la Unidad de Información Financiera (UIF) , que debe investigar si una de las sociedades comerciales que controla junto a su amigo y socio José María Núñez Carmona lavó unos 7 millones de pesos.
Las sospechas se concentran en una de las dos únicas sociedades que Boudou reconoce como propias ante la Oficina Anticorrupción (OA), Inversiones Inmobiliarias Aspen. Pero en las actas de asamblea de esa sociedad consta que su grupo empresario es más amplio e incluye otras cinco firmas: dos agencias de publicidad (Action Media y WSM), una firma organizadora de eventos (Rock Argentina), otra dueña de un yate (Embarcaciones Argentinas) y, por último, Beaver Cheek.
El HSBC emitió el reporte de operación sospechosa (ROS) a fines de 2012, meses después de que estallara el caso Ciccone. En el informe que remitió a la UIF, detalló que Boudou y Núñez Carmona jamás aportaron la documentación que los oficiales de cumplimiento antilavado del banco les solicitaron para verificar la legalidad de los movimientos por unos $ 7 millones en sus cuentas.
En su reporte a la UIF, el HSBC completó los pasos de rigor. Detalló todos los movimientos bancarios de Aspen, así como remitió el análisis preliminar que desarrollaron sus oficiales sobre el vicepresidente, su socio y un amigo de ambos, Juan Carlos López, «el Sordo».
Sin embargo, el reporte del HSBC que incluyó a Boudou no es el único que apuntó a su entorno inmediato, y tampoco sobre la operatoria del caso Ciccone. Al menos otros seis ROS alertaron sobre posibles operaciones de lavado vinculadas a esta trama durante los últimos años por un monto global que supera los $ 38 millones. Y a eso se sumó un requerimiento de colaboración desde las autoridades antilavado de España.
Estos reportes llegaron a la UIF, que conduce José Sbattella, provenientes de los bancos Macro, Santander, Hipotecario y de la AFIP, según reconstruyó sobre la base de documentos oficiales, cuya copia obtuvo LA NACION, que los verificó con fuentes oficiales y de sectores antilavado, bancarios y financieros.
Núñez Carmona protagoniza tres de esos reportes; el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund, otros dos; y los restantes dos se concentraron en London Supply, la firma que depositó $ 1,8 millones ante la Justicia para levantar la quiebra de la imprenta, pero casi de inmediato retiró esos fondos por fuera del expediente.
El socio de Boudou quedó bajo la lupa antilavado cuando comenzó a mostrar un súbito crecimiento patrimonial en simultáneo con el arribo de Boudou a la función pública. Incluyó compra y venta de inmuebles y automóviles, dólares y títulos públicos, al tiempo que recurrió al primer blanqueo que lanzó el Gobierno en 2009 para blanquear 7.267.850 pesos, según verificó LA NACION sobre la base de documentos de la AFIP.
Con el blanqueo de esos $ 7,2 millones, Núñez Carmona se convirtió en el contribuyente que más dinero exteriorizó en la zona de Mar del Plata, lo que provocó además presiones cruzadas dentro del organismo.
A partir de allí, la AFIP inició su investigación sobre Núñez Carmona y su entorno, al tiempo que el Banco Hipotecario remitió a la UIF su ROS sobre el socio de Boudou. Alertó sobre que el 26 de agosto de 2009 depositó US$ 500.000, en efectivo, para luego completar varias operaciones de cambio y de títulos públicos.
En su informe a la UIF -del 5 de julio de 2010-, el Hipotecario también aportó la declaración jurada que firmó Núñez Carmona, en la que sostuvo que no era una «persona políticamente expuesta». Por entonces, su socio era ya ministro de Economía y cinco días antes había anunciado el lanzamiento de un canje de los bonos atados a la inflación.
Casi dos años después, los bancos Macro y Santander enviaron sus ROS, que resultan casi gemelos. Ambos apuntan contra el misterioso fondo controlante de la nueva Ciccone, The Old Fund; se remitieron seis semanas después de que estalló el escándalo. El primero se envió el 21 de marzo de 2012; el restante, el 22.
Ambos reportes, además, se enfocan en su único rostro visible, Alejandro Vandenbroele, y en sus movimientos millonarios. Según el Santander, el monto global bajo sospecha ascendió a los $ 9,3 millones de «origen desconocido»; en el Macro, un poco menos: $ 7,3 millones.
El amigo y socio de Vandenbroele que en teoría alquiló el departamento de Boudou, Fabián Carosso Donatiello, también protagonizó su alerta. Pero en su caso, proveniente de Madrid, donde reside desde hace años. La unidad antilavado española envió una «solicitud de información», conocida más por sus siglas: SIR.
El requerimiento español se registró con el número 700.135 y se centró en la firma en la que ambos, Vandenbroele y Carosso Donatiello, figuraban como miembros del directorio: Agroibérica de Inversiones SA.
Desde el HSBC también apuntaron al caso Ciccone desde otro ángulo. Reportaron a la empresa London Supply cuando salió a la luz que esa firma había depositado $ 1,8 millones en un expediente judicial para ayudar al fondo The Old Fund levantar la quiebra de la ex Ciccone.
El informe se concentró en London Supply y algunos de sus accionistas y ejecutivos, como Eduardo Taratuty y Víctor Hugo Bonnet. Pero excluyó a otro de sus dueños, Miguel Castellano, amigo de Mar del Plata de Boudou y Núñez Carmona. Al declarar ante la Justicia, afirmó que aportó esos fondos -que recuperó por fuera del expediente en cuestión de días- porque se lo pidió Vandenbroele, un amigo del «surf».
La serie de movimientos que alertaron sobre Boudou y sus allegados en los últimos años:
– A fines de 2012, el HSBC reportó al vice y a Inversiones Aspen por unos 7 millones de pesos. El 22/3/2012, el Santander liberó un ROS contra The Old Fund por $ 9,3 millones.
– El 21/3/2012, el Macro informó al misterioso fondo que controla Ciccone por $ 7,3 millones.
El 26/8/2009, el banco Hipotecario alertó que Núñez Carmona depositó US$ 500.000, en efectivo.
– El febrero de 2012, el HSBC hizo dos reportes sobre London Supply, que depositó $ 1,8 millón para ayudar a The Old Fund.
– En 2009, la AFIP inició su propia investigación sobre Núñez Carmona.
Fuente: La Nación, 08/06/14.
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La gravedad institucional del caso Boudou
La altísima investidura del principal imputado y los actos tendientesa protegerlo han agravado el escandaloso episodio de corrupción.
Desde hace diez días, Amado Boudou ostenta el vergonzoso galardón de ser el primer vicepresidente argentino en ejercicio acusado de corrupción . A raíz del affaire de la ex imprenta Ciccone, será indagado mañana por el juez federal Ariel Lijo.
La gravedad institucional que entraña este caso radica no sólo en el alto rango del principal imputado, sino en los distintos actos con que se buscó encubrirlo. Basta recordar la forma en que, tras infundadas denuncias lanzadas por el vicepresidente, se forzó la renuncia del entonces procurador general de la Nación Esteban Righi, al tiempo que se removió al fiscal Carlos Rívolo, quien investigó el caso, y al primer juez que tuvo la causa, Daniel Rafecas. No menos graves resultan las sospechas sobre un reciente intento para apartar del expediente al actual juez interviniente.
El colmo llegó con las últimas declaraciones de Boudou, quien, en una muestra de cinismo y desfachatez que deshonra su investidura y da cuenta de su sensación de impunidad, provocó al magistrado y acusó a los diarios Clarín y lLA NACION de estar detrás de las acciones del juez.
Lijo acusó al vicepresidente de la República de haber adquirido de modo irregular la ex Ciccone Calcográfica, por entonces quebrada, junto con su socio José María Núñez Carmona, utilizando con ese fin a la sociedad The Old Fund, presidida por Alejandro Vandenbroele. El objetivo, según el juez, consistía en obtener contratos del Estado para que la imprenta hiciera negocios como la impresión de papel moneda, de documentación oficial y de boletas electorales del Frente para la Victoria, que llevó al poder a Boudou, compañero de fórmula de Cristina Kirchner en 2011.
Para el magistrado, el afán de llevar adelante negocios ilegales en su beneficio y a costa del Estado perjudicó directamente los intereses nacionales. Funcionario de una ambición y una frivolidad desmedidas y sin escrúpulos, Boudou llegó al altísimo cargo que ocupa gracias al dedo presidencial.
Para fundar la afectación de los intereses nacionales por parte de Boudou, el juez Lijo sostuvo: «Con la finalidad de que Ciccone Calcográfica sea contratada por el Estado nacional, Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central».
Entre otras muchas disposiciones, la intervención de Boudou en el caso Ciccone ha violado por lo menos dos artículos del Código de Ética de la Función Pública, que data de 1999. Son los que prohíben al funcionario público «involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones», y que también le prohíben obtener o procurar con su cargo beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros.
Lo emblemático de este nuevo y gravísimo hecho de corrupción de la era kirchnerista surge también debido a que sus pormenores ponen de relieve una nueva modalidad. En una escalada sin límites, el típico pedido de coimas habría sido superado por la temeridad desvergonzada y la codicia de atreverse a la apropiación de negocios privados por medio de empresarios amigos o simples allegados capaces de actuar como testaferros utilizando el poder del Estado.
Tampoco parece casual la intervención del gobierno formoseño contratando a una empresa sin trayectoria alguna, como The Old Fund, abonándosele la friolera de 7,6 millones de pesos por un servicio de negociación de deuda que en el resto de las provincias se resuelve naturalmente mediante el diálogo entre funcionarios.
Otro punto de los muchos que la Justicia deberá esclarecer es un interrogante que este diario planteó varias veces: ¿quién aportó los más de 50 millones de pesos que le permitieron a Vandenbroele reflotar Ciccone?
Dos marcas de fábrica han identificado al kirchnerismo desde que accedió al poder en 2003: la mentira constante, disfrazada de relato, y la corrupción sistémica. Un caso como el que nos ocupa no pudo consumarse por la sola voluntad de Boudou y un puñado de aventurados amigos y allegados como su socio Núñez Carmona y Vandenbroele, conocido de ambos, según el juez Lijo. Si bien, por el cargo que ocupa, Boudou se perfila en las acusaciones como la figura estelar de ese escándalo, nadie que haya seguido con atención las actuaciones piensa que pueda haber actuado en soledad. Sin la connivencia de una extendida, influyente y compleja red de complicidades que se tendió desde los máximos niveles del Gobierno, poco podría haber logrado el vicepresidente.
Más de diez áreas y funcionarios de peso habrían brindado su activa colaboración al vicepresidente. Por ejemplo, Defensa de la Competencia dictaminó en contra de la empresa Boldt, que en determinado momento quiso comprar Ciccone. En el apartamiento de Boldt, también intervino el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Y la Inspección General de Justicia no registró las irregularidades de The Old Fund.
Numerosos indicios, todos graves y concordantes, señalan que en los orígenes de la maniobra urdida para quitarle la imprenta a la familia Ciccone habría participado el ex presidente Néstor Kirchner. La muerte de éste, en octubre de 2010, alteró los planes iniciales, pero no eliminó el sustento operativo por lo que se recrearon, tras su desaparición, las condiciones necesarias para concretar la corrupta estratagema.
Para algunos observadores, es ése el motivo por el cual la primera mandataria ha defendido y aún defiende a ultranza al funcionario, pese a las pruebas recolectadas por el juez. Por este motivo, la comprometida situación judicial de Boudou afecta a la Presidenta.
Así las cosas, el caso Boudou-Ciccone se proyecta como un fenómeno de patética e inusitada gravedad para la vida institucional del país que se opone también palmariamente con un relato oficial por el que se ha procurado edificar, para beneficio de los gobernantes, un régimen de supuesto progresismo. Si Néstor Kirchner no estuvo en los orígenes del caso Ciccone, no habría razones políticas que permitan entender por qué se prolonga todavía el manto de protección que el núcleo más duro del oficialismo ha echado sobre las espaldas del vicepresidente. Menos aún cuando al Gobierno le queda apenas un año y medio de gestión por delante y nadie sueña, con sano criterio, en acortarle el mandato.
Es de esperar que la investigación en marcha esclarezca lo ocurrido sin omitir las responsabilidades conexas de los numerosos funcionarios y allegados que se encuentran involucrados. Porque en esta delicada trama se juega la salud y la dignidad de la República.
Fuente: La Nación, 08/06/14. Editorial.
Lavado de Dinero y Corrupción política en Argentina
mayo 24, 2014
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
Fuente: La Nación, 24/05/14.
México tiene riesgo medio de Lavado de Dinero
mayo 24, 2014
Monterrey – México ocupa el lugar 86 en el Índice Antilavado de Dinero del Instituto de Basilea, el cual hace una clasificación por país de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
La clasificación, hecha por esta organización independiente y que se basa en información del Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y el Grupo Financiero de Acción Internacional (GAFI), asigna una puntuación del 0 al 10 a cada país, donde 0 implica que hay poco riesgo y 10 que el riesgo es alto.
“Las altas puntuaciones indican que un país es más vulnerable al lavado de dinero con base en su marco legal en materia de lavado de dinero y acciones contra financiamiento terrorista, así como otras categorías como estado de derecho, corrupción y transparencia”, indica el Instituto de Basilea en su sitio.
La puntuación de México, de acuerdo con este ranking del 2013 y que toma en cuenta a 149 países, es de 5.7, lo que lo coloca en un riesgo medio a este tipo de delitos.
El rango de riesgo en el que se encuentra el País, que incluye a las naciones con puntuaciones entre 5.0 y 6.0, es el que aglutina a más países, incluyendo a un total de 49, entre ellos a Estados Unidos, España y Canadá.
Las naciones con mayor riesgo, que están dentro del top 3, son Afganistán, Irán y Camboya, con puntuaciones de 8.5, 8.4 y 8.3, respectivamente.
En cambio, los países que presentan menor riesgo son Estonia, Eslovenia y Noruega, en los lugares 147, 148 y 149, con puntuaciones de 3.31, 3.30 y 3.17, respectivamente.
En México entró en vigor una nueva Ley Antilavado en septiembre del año pasado, la cual establece medidas y procedimientos que permiten prevenir actos con operaciones de recursos ilícitos.
De acuerdo con el último reporte de seguimiento de México hecho por el GAFI, principal organismo contra el blanqueo de capitales, México ha tenido un progreso significativo en cuanto acciones encaminadas a enfrentar esta problemática, entre ellas la promulgación de esta nueva ley
Lo anterior, explica el GAFI, pone al País cerca de ser retirado de su estudio continuo, lo que implicaría que México ha respondido a esta problemática de manera acertada en materia de derecho.
El reporte fue publicado en febrero pasado y se trata del séptimo de este tipo que le hace GAFI a México desde el 2008.
Fuente: http://ntrzacatecas.com/2014/05/18/tiene-mexico-riesgo-medio-de-lavado-de-dinero/
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Más información: El-Lavado-de-Dinero-_-v-Internacional
Conferencia ALD y Delitos Financieros
mayo 13, 2014
Folleto PDF: Conferencia_LatAm2014_brochure
Millonario esquema de Lavado en Argentina
mayo 12, 2014
Detectan esquema millonario de lavado en Argentina a través de sociedades offshore e inmuebles.
Por Verónica Moyano.
A través de un operativo en conjunto entre la policía, la justicia y la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina, desmantelaron una banda de narcotraficantes que operaba en el país sureño, integrada por argentinos y colombianos que, según se desprende de la investigación, habría lavado más de 900 millones de pesos, equivalentes a US$ 112 millones.
En dicha investigación se comprobó que los activos utilizados en el país por los involucrados, provenían de la exportación de cocaína a los Estados Unidos entre los años 2004 y 2011.
A raíz de una serie de informaciones que señalaban la existencia de una organización relacionada a actividades de narcotráfico, compuesta por personas de origen colombiano vinculadas al narcotraficante Ignacio Álvarez Meyendorff, en el año 2009 la justicia argentina inició la causa que lleva a doce personas al banquillo de los acusados, denominados “Los 12 apóstoles”.
“Los imputados relacionados con los delitos previstos en la Ley 23.737 (tenencia y tráfico de estupefacientes), comenzaron a diagramar operaciones de ingreso al país de sustancia estupefaciente desde Colombia, Perú, Bolivia y Venezuela, entre otros países, coordinando a su vez estas acciones, con otros sujetos que se encontraban en el exterior, principalmente en la República de Colombia, todo ello liderado por Ignacio Álvarez Meyendorff», apunta la Unidad de Información Financiera (UIF) en su rol de querellante en la causa. Luego, por mecanismos financieros, lavaban el dinero derivado del tráfico de drogas.
Modus operandi
Según la información aportada por la UIF, la conexión argentina de la banda se relaciona con contadores, abogados y corredores inmobiliarios que eran los encargados de crear sociedades pantallas, que incluían la apertura de sucursales en Argentina de sociedades offshore, para la colocación de los fondos en el sistema formal.
Inicialmente, en el directorio de dichas sociedades se encontraba un ciudadano argentino que, casualmente, al poco tiempo dejaba el cargo en manos de un ciudadano colombiano vinculado a los negocios del capo del Cartel del Norte del Valle (de Colombia), Álvarez Meyendorff.
La creación de dichas sociedades, era realizada por los implicados para comprar inmuebles en una de las zonas más exclusivas de la Argentina, como es el barrio privado de Nordelta en el Partido de Tigre, que actualmente registra una población de más de 30.000 personas y cuyo acceso restringido pudiera servir, según se está investigando, de barrera de contención para oscuras maniobras.
Según detalla la UIF en su comunicado, los imputados realizaban tareas operativas tanto en el funcionamiento cotidiano de las sociedades pantallas, entre las cuales se pueden enumerar Gracia Enterprises S.A., Fara S.A., Blaspark S.A., Cattle de Argentina S.A., Val Darly Sucursal Argentina, Ferdal Country S.A., Portal Marina S.A., Gracia Zapata S.A. y Consultora Ibérica S.R.L.
Relaciones peligrosas
Entre los nombres vinculados a las sociedades y que están siendo sometidos a investigación se encuentra el de Mauricio Sarría, hijo del propio Meyendorff, quien en 2009 se adhirió a la ley de Blanqueo de Capitales y legalizó $ 4.453.000 (US$ 553.000) y quien, al igual que su hermano Sebastián, se encuentra prófugo de la justicia argentina.
Según la UIF, Meyendorff y sus descendientes comandaban la banda y coordinaban los grupos de personas que trabajaban en el lavado de activos.
Otros de los nombres de los imputados son María Sol Barrera y Ruth Martínez Rodríguez: partícipe necesaria y coautora material, respectivamente. Ruth Martínez Rodríguez quizás sea la más mediatizada de la banda: es la exesposa de Daniel “el Loco” Barrera, uno de los narcos más peligrosos de Colombia.
Actualmente, la mujer que cumple prisión domiciliaria por embarazo en una casa del barrio La Alameda, en el complejo Nordelta, es pareja de Ariel Gustavo González, un corredor inmobiliario que es otro de los coautores materiales de delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y que será juzgados por integrar la mega banda.
Magnitud de la trama
«El proceso judicial por lavado de activos realizado contra Ignacio Álvarez Meyendorff en Colombia posee una dimensión tal que ha sido merituado como el juicio contra la operación más gigantesca de lavado de activos realizada en dicho país», informó la UIF a la justicia argentina.
Al mismo tiempo, se afirmó desde el organismo que «al investigar los bienes de los hermanos Álvarez Meyendorff y 18 de sus testaferros, se pudo establecer cómo las multimillonarias ganancias con origen en el narcotráfico se lavaron mediante la adquisición de abundantes inmuebles diseminados en toda Colombia, la operatoria de una veintena de sociedades comerciales y la compra de caballos de carrera, entre otras actividades».
En ese sentido, la justicia colombiana dispuso el embargo de activos por un monto superior a US$ 500 millones y el 5 de mayo de 2013 tomó acciones sobre 210 propiedades, 26 personas jurídicas y 20 establecimientos comerciales vinculados al imputado.
Según detallaron a la UIF argentina las autoridades colombianas, «a raíz del caso, la fiscalía colombiana ha señalado que se generó el proceso de extinción de dominio más grande que su Unidad de Lavado de Activos haya iniciado contra este tipo de organizaciones criminales en la historia del país».
De acuerdo a datos oficiales, en los registros de la UIF hubo en la causa Meyendorff decomisos e inhibiciones de bienes por $ 920 millones (US$ 115 millones). Si se tiene en cuenta que en todo el país, sin contar con esta causa, la UIF trabó bienes por un total de $ 700 millones (US$ 87 millones), de los cuales $ 250 (US$ 31 millones) correspondieron a lavado de dinero vinculado al narcotráfico, se puede observar que la causa Meyendorff triplica las cifras de todo el resto de causas.
Cabe destacar que Álvarez Meyendorff fue extraditado a Estados Unidos a pedido de la justicia de dicho país.
Igual zona, igual delito
En las últimas semanas, salió a la luz pública una investigación que está llevando la justicia contra el empresario Walter Jorge Mosca, por supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico. El investigado, quien realizó importantes inversiones en el municipio de Tigre, con la construcción del polideportivo público y el Hotel Intercontinental, presuntamente tendría vinculación con dos colombianos procesados por narcotráfico: Jesús Antonio Yepes Gaviria y su mujer, Claudia Natalia Arias Celis.
En la causa habría escuchas que comprometen al arquitecto Mosca, tanto es así que por pedido del juez fueron allanadas las oficinas del empresario ubicadas en el exclusivo barrio privado de Nordelta.
Respecto a las investigaciones y en declaraciones a la prensa, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguró que «la ruta del dinero» del narcotráfico está «en la zona de Tigre» y adelantó que «se está investigando el lavado de dinero» en ese municipio.
País de tránsito
Argentina ha sido considerada recientemente por el Departamento de Estado de Estados Unidos como un país de tránsito de estupefacientes, en los últimos años se registra un incremento en los casos que las autoridades de este país, desde sus distintos organismos e instituciones, ha logrado identificar como parte del accionar de organizaciones internacionales de narcotraficantes.
También especifica el informe que la mayor parte de la droga que pasa por Argentina es exportada a Europa, mientras que «lavado de dinero, relacionado con el narcotráfico, la corrupción, el contrabando y la evasión de impuestos ocurre a través del sistema financiero» –según el organismo estadounidense.
Fuente: LavadoDinero.com, 12/05/14.
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Más información: http://www.lacapital.com.ar/informacion-gral/Juzgan-a-los-12-apostoles-de-doble-nacionalidad-acusados-de-blanqueo-20140505-0019.html
Denuncian a José Sbatella, titular de la UIF, por encubrir el Lavado de Dinero
mayo 3, 2014
Denuncian que el titular de la UIF encubrió un presunto caso de Lavado.
Por Lucio Fernández Moore.
El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, fue denunciado ante la Justicia por dos diputados y un senador por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento de un presunto caso de lavado de dinero por parte de un hijo de un supuesto narcotraficante colombiano detenido en la Argentina y extraditado a los Estados Unidos.
La denuncia, ingresada el miércoles pasado en los tribunales federales de Comodoro Py, fue realizada por el senador y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Ernesto Sanz, junto con los diputados de UNEN Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
El sorteo determinó que intervenga el juzgado a cargo de Julián Ercolini, quien deberá darle curso del asunto a la Fiscalía.
Los legisladores denunciaron que Sbatella encubrió una operación de “blanqueo de capitales” realizada en 2009 por poco más de un millón de dólares por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo, según denunciaron, del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. Ambos –recordaron los legisladores– también son investigados en la Argentina por presunto narcotráfico por el juez federal Carlos Ferreiro Pella, de Lomas de Zamora.
De acuerdo con los denunciantes, Sbatella habría “cajoneado” la información sobre el “blanqueo” de divisas hecho por Alvarez Sarría durante dos años y recién se la envió a Ferreiro Pella por un pedido puntual del magistrado en 2012. Las primeras informaciones sobre las sospechosas operaciones de su padre se habían originado en 2006 a través de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por el ex Banco Río. Fue por unos depósitos realizados en menos de dos semanas por casi medio millón de pesos que llamaron la atención de la entidad.
La denuncia del senador Sanz y los diputados Lousteau y Sánchez también incluye la presunta “inactividad” de Sbatella sobre otro supuesto narcotraficante colombiano detenido, Henry de Jesús López Londoño, alias “Mi Sangre”. “La UIF sólo prestó colaboración en el caso casi un año después de la detención de ‘Mi Sangre’”, dijeron los legisladores en su denuncia. La causa contra “Mi Sangre” tramita en el juzgado federal penal 2 porteño, a cargo de Sebastián Ramos.
Además, los legisladores denunciaron supuestos beneficios en la cárcel de Ezeiza a favor de “Mi Sangre”, Alvarez Meyendorff y Roberto Segovia, detenido en la causa por tráfico de efedrina. Según los denunciantes, los presuntos narcotraficantes habrían solventado diversos gastos admitidos por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) como costosos “delivery” de comida o televisores instalados en el pabellón VIP.
Otro caso agregado a la denuncia es el del presunto narco Luis Medina, asesinado junto a su novia el 29 de diciembre del año pasado en la zona sur de Rosario. Medina era investigado por su presunta vinculación con el ataque a balazos contra la casa del gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, y los denunciantes le achacan a Sbatella no haberlo denunciado pese a sus antecedentes delictivos.
La denuncia también menciona los informes desfavorables hacia la UIF emitidos en por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) entre 2010 y 2014 y en los que se destacan sus “incompletos” informes, sus “severas deficiencias” en los “análisis de los Reportes de Operaciones Sospechosas” y en “la puesta en funcionamiento de una UIF despolitizada”, según consta en la presentación realizada en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Una de las críticas fundadas que caracterizan la gestión del licenciado Sbatella al frente de la UIF es que sus escasísimas denuncias penales contienen graves falencias técnicas, por lo que, en su gran mayoría, concluyen en una ‘declaración de incompetencia’ y/o en un irremediable ‘archivo’ de las actuaciones”, añadieron los legisladores en su denuncia.
Fuente: Clarín, 03/05/14.
José Sbatella, funcionario corrupto.
Expertos dividen opiniones sobre vincular Evasión a Lavado
mayo 3, 2014
Expertos dividen opiniones sobre vincular evasión a lavado
Una comisión estudia si el delito de evasión es precedente del lavado
MONTEVIDEO – El establecer a la evasión como un delito precedente del lavado de dinero divide las opiniones de los expertos, según consultas realizadas por El Observador. Están quienes afirman que se trata de delitos diferentes que deben enfrentarse con herramientas distintas; y por otro lado, se ubican los que sostienen que ante algo inevitable, y que es sugerido por los organismos internacionales, es mejor tomar definiciones estratégicas contando con el tiempo a favor.
Mientras la discusión se procesa, una comisión estatal integrada por la Secretaría Antilavado dependiente de Presidencia de la República; la Suprema Corte de Justicia; jueces; el fiscal de Corte, el Ministerio del Interior; el Banco Central y la comisión del Parlamento contra el lavado estudian aggiornar la normativa vigente para ajustar los controles. Paralelamente otro grupo formado por el Ministerio de Economía, la Dirección General Impositiva, Banco Central y la Secretaría Antilavado, definen crear el delito fiscal como precedente del de lavado de activos como hoy rige en Argentina, Brasil, Ecuador y Estados Unidos, aunque en este último caso es sólo para sus ciudadanos. Chile y Uruguay se mantienen sin vincular esos delitos.
La tendencia internacional la marca el GAFISUD que es el organismo intergubernamental que busca homogenizar los controles contra el lavado de activos. El GAFISUD “recomienda” pero “no obliga” a los Estados a vincular el delito fiscal con el de lavado.
Andrés Carriquiry, gerente ejecutivo del Banco República especializado en antilavado, comentó a El Observador que si bien es positivo colaborar con la transparencia y que el delito fiscal sea precedente del lavado, en su opinión “es un peligro aplicar a delitos fiscales herramientas que fueron pensadas contra crímenes horrendos, como el terrorismo o la trata de personas”. Para Carriquiry, la evasión se enfrenta con otros métodos. Dijo que en Uruguay “es muy difícil” que se pueda lavar dinero a través del sistema financiero pero los lavadores son “como el agua que busca la grieta para meterse”, comentó.
A nivel público como privados, los expertos coinciden que en el sector financiero es donde hay menos riesgo de lavado, no así en las demás actividades obligadas a hacer reportes sospechosos al Banco Central, como ser los escribanos, casinos, inmobiliarias, casas de venta de antigüedades y zonas francas.
El tributarista Carlos Loaiza entiende que una vez que se instala una corriente internacional, como es el caso, un país como Uruguay debe aceptar las presiones y manejarlas con inteligencia. Se trata de una presión fuerte, en la que convergen el G20, GAFI, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y resulta difícil resistir. Por eso es mi convicción es que debemos negociar estructuralmente, sin dejarnos contaminar por la coyuntura mediática de las últimas semanas, aprovechando el tiempo para ver cómo avanzan los otros países. No podemos olvidar que Chile, país miembro de OCDE y bien valorado por GAFI, ha sido hasta ahora renuente a introducir el cambio, aduciendo que es útil para países con problemas de alta evasión, que no es su caso. Uruguay no está lejos y su buena reputación internacional debe servir para manejarse con tiempos reflexivos”, opinó Loaiza.
En la vereda de enfrente se ubican tributaristas como Leonardo Costa, ex prosecretario de la Presidencia durante el gobierno de Jorge Batlle, quien es contrario a que el delito fiscal sea delito precedente del lavado. “Uruguay en legislación esta muy bien y así lo reconocen los organismos internacionales”, comentó. Para Costa la política fiscal “no debe meterse” con la política criminal antilavado.
Por su parte, Ricardo Sabella, coordinador del curso de certificación en prevención de lavado de dinero de la Universidad Católica, dijo que “no hay que confundir” porque se trata de delitos distintos. En su opinión, en Uruguay ni siquiera está bien definido lo que se entiende por evasión, elusión y defraudación. Explicó que las políticas antilavado persiguen el dinero generado en hechos graves –narcotráfico, trata de personas, adulteración de monedas, terrorismo– donde el delito no se borra”. Con la evasión, se dan casos, como ocurrió en Argentina hace unos años o en España en 2012, donde hubo una amnistía y los deudores pagaron menos y a partir de allí el delito de evasión queda sin efecto, explicó. Sabella es contrario a que el delito fiscal sea precedente del delito de lavado.
Fuente: El Observador, 04/05/13.