Recientemente un nuevo proyecto de ley fue presentado en el piso del Senado de los EE.UU. titulado, agradablemente,
«Lucha contra el Lavado de Dinero, la Financiación del Terrorismo y la Ley de Falsificación de 2017.»
Probablemente ya puede adivinar su contenido.
El dinero es malo.
Bitcoin es malo.
Ahora han ido tan lejos para incluir teléfonos móviles prepago, vales de regalo al por menor, o incluso electrónicos
Cupones: El mal, el mal y el mal.
Estas personas son certificadamente locas.
Entre las disposiciones amplias del proyecto de ley, el gobierno pretende extender ampliamente su autoridad para apoderarse de sus activos a través de la «confiscación de activos civiles».
Las reglas de Confiscación de Activos Civiles permiten al gobierno tomar lo que quieran de usted, sin un juicio o cualquier proceso debido.
Este nuevo proyecto de ley agrega una lista de lavandería de los delitos por los que pueden legalmente aprovechar sus activos … todos los cuales se refieren a lavado de dinero y otros delitos financieros.
Aquí está la cosa, sin embargo: también han ampliado ampliamente en la definición de tales «delitos financieros»,
Incluyendo el fracaso al llenar un formulario si usted está transportando más de $ 10,000 de «instrumentos monetarios».
¿Tienes mucho dinero? Será mejor que le digas al gobierno.
Si no, se autorizan a sí mismos en esta factura para aprovechar no sólo el dinero que no informó, sino TODOS sus activos y cuentas bancarias.
Incluso van tan lejos como para nombrar específicamente «cajas de seguridad» entre los diversos activos que pueden aprovechar si no llenar el formulario.
(Otra razón para considerar el almacenamiento de efectivo, oro y plata en una caja de seguridad en el extranjero.)
Esto es increíble en tantos niveles.
Es una locura comenzar con que estas personas están tan consumidas por el hecho de que alguien tiene $ 10.000 en efectivo.
Pero es incluso más loco que están amenazando con tomar todo lo que usted posee simplemente por no llenar un pedazo de papel, sin ningún tipo de debido proceso.
Ah, y además de penalidades de confiscación de activos civiles, también hay sanciones penales.
Ahora, de acuerdo con la ley actual, pueden encarcelarte por hasta CINCO AÑOS por no llenar el formulario. Cinco años.
Pero al parecer eso no va lo suficientemente lejos como para protegernos contra los hombres malvados en cuevas.
Así que este proyecto de ley pretende duplicar la pena penal a diez años de prisión.
Y si eso no fuera suficiente, este proyecto de ley también les da una nueva autoridad para participar en la vigilancia y las escuchas telefónicas (incluyendo teléfono, correo electrónico, etc.) si tienen incluso un indicio de sospecha de que podría estar transportando exceso de «instrumentos monetarios».
Por lo general, la autoridad de escuchas telefónicas está reservada para los principales delitos como el secuestro, la trata de personas, el delito grave, etc.
Ahora podemos agregar dinero en efectivo a esa lista.
No sólo las agencias de espionaje del gobierno deben preocuparse.
Los bancos en los Estados Unidos ya son espías no remunerados del gobierno, requeridos por la ley para llenar informes de actividad sospechosos sobre sus clientes.
Entonces el Congreso comenzó a ampliar esos requisitos para incluir otros negocios e industrias que podrían entrar en contacto con dinero en efectivo.
Corredores de valores. Casinos. Intercambios de moneda. Distribuidores de metales preciosos. Prestamistas. El correo.
De acuerdo con la ley (sección 5312 del Código de EE.UU. Título 31), las industrias también están obligados a espiar a sus clientes para el gobierno.
Pero bajo este nuevo proyecto de ley, quieren reclutar por la fuerza aún más espías no pagados, incluyendo cualquier negocio que emite o redime NADA que es prepago.
Tarjetas de crédito prepagadas. Teléfonos prepagados. Tarjetas prepagadas de regalo al por menor. Cupones de prepago.
Así, Amazon, que emite y canje tarjetas de regalo prepagadas, será requerido bajo esta factura para presentar informes al gobierno.
Para el caso, TGI Fridays y Chuckee Cheese también se convertirán en espías del gobierno no remunerados, ya que ambos emitir y canjear cupones prepagados.
Verdaderamente, estos senadores han descubierto cómo atacar el corazón de ISIS.
Además, su proyecto de ley quiere tirar de cualquier negocio que «emite» la criptografía bajo el paraguas regulador contra el lavado de dinero.
Aquí es donde estas personas demuestran que no tienen idea de lo que están hablando.
Nadie «emite» Bitcoin. No hay un banco central de Bitcoin. No hay un presidente de Bitcoin que decida por un capricho para aumentar la oferta.
Bitcoin se crea automáticamente cantidades que están predeterminadas por su código. Es un software.
Así que el Senado está esencialmente tratando de obligar al software básico de Bitcoin a cumplir con las regulaciones de lavado de dinero.
Cómo patéticamente desorientado.
El proyecto de ley también intenta lanzar una bomba importante en Bitcoin al incluirla en la lista de instrumentos monetarios que deben ser reportados al entrar o salir de los Estados Unidos.
Tan teóricamente si usted deja los EEUU con más de $ 10,000 en Bitcoin o Éter, usted tendría que confesar este hecho a las autoridades o de otra manera enfrentar las penas mencionadas, es decir, tiempo de prisión, confiscación de activos civiles, etc.
¡Libertad Hooray!
Como puede ver, este proyecto de ley criminaliza o deslegitima las actividades financieras más mundanas e inofensivas, todo bajo el disfraz de mantenernos a salvo.
Por supuesto, nada en este proyecto de ley es mantener a la gente segura.
A ISIS no le importan las formas y penalidades.
Este proyecto de ley no es nada más que otra arma en su actual Guerra contra el Efectivo … y ahora las criptomonedas también.
Recently a new bill was introduced on the floor of the US Senate entitled, pleasantly,
«Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2017.»
You can probably already guess its contents.
Cash is evil.
Bitcoin is evil.
Now they’ve gone so far to include prepaid mobile phones, retail gift vouchers, or even electronic
coupons. Evil, evil, and evil.
These people are certifiably insane.
Among the bill’s sweeping provisions, the government aims to greatly extend its authority to seize your assets through «Civil Asset Forfeiture».
Civil Asset Forfeiture rules allow the government to take whatever they want from you, without a trial or any due process.
This new bill adds a laundry list of offenses for which they can legally seize your assets… all of which pertain to money laundering and other financial crimes.
Here’s the thing, though: they’ve also vastly expanded on the definition of such ‘financial crimes’,
including failure to fill out a form if you happen to be transporting more than $10,000 worth of ‘monetary instruments’.
Have too much cash? You’d better tell the government.
If not, they’re authorizing themselves in this bill to seize not just the money you didn’t report, but ALL of your assets and bank accounts.
They even go so far as to specifically name «safety deposit boxes» among the various assets that they can seize if you don’t fill out the form.
(Yet another reason to consider storing cash, gold, and silver in an overseas safety deposit box.)
This is unbelievable on so many levels.
It’s crazy to begin with that these people are so consumed by the fact that someone has $10,000 in cash.
But it’s even crazier that they’re threatening to take EVERYTHING that you own merely for not filling out a piece of paper, without any due process whatsoever.
Oh, and on top of civil asset forfeiture penalties, there are also criminal penalties.
Right now according to current law they can imprison you for up to FIVE YEARS for not filling out the form. Five years.
But apparently that doesn’t go far enough to protect us against evil men in caves.
So this bill aims to double the criminal penalty to TEN years in prison.
And if that weren’t enough, this bill also gives them with new authority to engage in surveillance and wiretapping (including phone, email, etc.) if they have even a hint of suspicion that you might be transporting excess ‘monetary instruments’.
Usually wiretapping authority is reserved for major crimes like kidnapping, human trafficking, felony fraud, etc.
Now we can add cash to that list.
It’s not just government spy agencies to worry about, either.
Banks in the US are already unpaid government spies, required by law to fill out suspicious activity reports on their customers.
Then Congress started expanding those requirements to include other businesses and industries that might come into contact with cash.
Stock brokers. Casinos. Currency exchanges. Precious metals dealers. Pawnbrokers. The Post Office.
According to the law (section 5312 of US Code Title 31), those industries are also required to spy on their customers for the government.
But under this new bill, they want to forcibly recruit even more unpaid spies, including any business which issues or redeems ANYTHING that’s prepaid.
So, Amazon, which issues and redeems prepaid gift cards, will be required under this bill to file reports to the government.
For that matter, TGI Fridays and Chuckee Cheese will also become unpaid government spies since they both issue and redeem prepaid vouchers.
Truly these Senators have figured out how to strike at the heart of ISIS.
Further, their bill wants to pull any business which «issues» cryptocurrency under the anti-money laundering regulatory umbrella.
Here’s where these people demonstrate that they have no idea what they’re talking about.
No one «issues» Bitcoin. There’s no Bitcoin central bank. There’s no Chairman of Bitcoin who decides on a whim to increase the supply.
Bitcoin is created automatically amounts that are pre-determined by its code. It’s software.
So the Senate is essentially trying to force the Bitcoin core software to comply with money laundering regulations.
How pathetically clueless.
The bill also attempts to drop a major bomb on Bitcoin by including it in the list of monetary instruments that must be reported when entering or leaving the US.
So theoretically if you leave the US with more than $10,000 in Bitcoin or Ether, you’d have to confess this fact to the authorities or otherwise face the aforementioned penalties, i.e. prison time, civil asset forfeiture, etc.
Hooray Freedom!
As you can see, this bill criminalizes or delegitimizes the most mundane and harmless financial activities, all under the guise of keeping us safe.
Of course nothing in this bill is about keeping people safe.
ISIS couldn’t care less about forms and penalties.
This bill is nothing more than another weapon in their ongoing War on Cash… and now cryptocurrency too.
Macri ordenó que se investiguen cuentas de dirigentes chavistas
Instruyó a la UIF para que bancos y entidades financieras corroboren si hay operaciones ligadas a Maduro y otros 13 funcionarios en la Argentina.
Por Damián Nabot.
El gobierno argentino ordenó a unos 50.000 bancos, entidades financieras, concesionarias, inmobiliarias, casinos y otras empresas radicadas en la Argentina que informen si tienen registrados bienes o activos de Nicolás Maduro y otros 13 miembros del régimen chavista.
Se trata de un fuerte gesto de alineamiento del presidente Mauricio Macri con la decisión tomada por la administración de Donald Trump en los Estados Unidos, que dispuso congelar en territorio norteamericano los bienes del presidente de Venezuela y de sus principales colaboradores, con el objetivo de sancionar a su gobierno por convocar a una Asamblea Constituyente.
La medida es una nueva señal de Macri hacia el gobierno norteamericano y también hacia Maduro, tras el protagonismo que el presidente argentino tuvo en las negociaciones para suspender a Venezuela del Mercosur, en el marco de los movimientos para aislarlo en la región.
En un nuevo giro de la artillería diplomática contra el chavismo, Estados Unidos había dispuesto la semana pasada congelar los activos de Maduro bajo jurisdicción estadounidense y prohibió a los norteamericanos hacer negocios con el mandatario venezolano.
Washington también impuso sanciones económicas a otros 13 altos representantes del régimen chavista, como Franklin García Duque, jefe de la policía nacional bolivariana y ex comandante militar de las fuerzas armadas; Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del ejército; Rocco Albisinni Serrano, titular del Centro Nacional de Comercio Exterior de Venezuela, y Néstor Reverol Torres, ministro del Interior del gobierno de Maduro, entre otros.
La nómina incluye, también, a Terek William Saab Halabi, a quien Maduro nombró anteayer fiscal general de Venezuela horas después de que la Asamblea Constituyente destituyó a la hasta entonces titular del cargo, Luisa Ortega Díaz, por sus críticas al gobierno.
Circulares de la UIF
El último viernes, las circulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) comenzaron a llegar a los bancos, financieras y otras firmas de la Argentina, para que «corroboren la existencia de cualquier tipo de operatoria en la que puedan haber intervenido de forma directa o indirecta las personas individualizadas», en referencia a la lista de 14 venezolanos encabezados por Maduro que conformó Estados Unidos.
Así lo confirmaron a LA NACION ejecutivos de las entidades que recibieron las circulares de la UIF y que deben elaborar la lista de operaciones en la Argentina que involucren a las figuras del chavismo perseguidas económicamente por los Estados Unidos.
La UIF, organismo que preside Mariano Federici, había recibido una notificación de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), un organismo que depende del Departamento del Tesoro norteamericano, que comunicaba la decisión de sancionar y congelar las cuentas y bienes de los 14 venezolanos.
Existe un acuerdo de cooperación entre la UIF y la Fincen, que es el organismo análogo en los Estados Unidos, para «facilitar el intercambio de información con fines de inteligencia en asuntos relacionados con el lavado de activos, delitos conexos, incluidos aquellos vinculados con el crimen organizado o el financiamiento del terrorismo».
En ese marco, la UIF resolvió emitir una alerta a los «sujetos obligados» a remitirle información sobre Maduro y el resto de los miembros de la lista. Por supuesto, la medida supera una decisión puramente técnica y enfatiza la decisión política de Macri de profundizar la presión sobre el gobierno venezolano.
Atribuciones
La UIF, a partir del decreto 918 de 2012, sólo tiene facultades para congelar fondos y activos en casos de sospechas de financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, la medida apunta en principio a remitir la información detectada en Argentina a Estados Unidos.
De todas formas, si tras recibir y analizar los datos que remitan las 50 entidades existieran indicios de un delito financiero, la unidad podría presentar una denuncia penal. Los bancos y el resto de las firmas tienen tiempo hasta pasado mañana para responder.
El presidente Macri encontró en la disputa contra el chavismo una bandera que le permite asumir protagonismo en la región y, a la vez, sintonizar con Estados Unidos con una intensidad que hasta ahora la cooperación económica le había negado.
La doble vida del principal lavador de dinero del narcotráfico: “Ozark”
En el paisaje bucólico de una localidad rural, la familia de un consultor financiero vive la existencia más común y tranquila que se pueda imaginar. Pero él tiene un trabajo nada común ni tranquilo: blanquea los ingresos ilegales del segundo cártel de México.
Una nueva serie original de Netflix, protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney, nos presenta al matrimonio de los Byrde y sus hijos adolescentes, Charlotte y Jonah, quienes se han mudado a una pequeña comunidad rural en los montes Ozark de Missouri.
Ozark nos muestra a esta familia normal con vidas completamente comunes. Sin embargo, el trabajo de Marty, un consejero financiero de Chicago, queda fuera del radar comunitario: es el principal lavador de dinero para el segundo cártel de droga de México.
La serie se filma en Acworth, Georgia, y no en la verdadera meseta de los montes Ozark en Missouri.
La sociedad local los recibe con gusto, y entonces todo comienza a cambiar. Este drama oscuro explora temas como el capitalismo, las dinámicas familiares y la supervivencia a fuerza de aparentar lo que no es.Ozark se estrenó globalmente en la gran plataforma de streaming, y creadora de contenidos, el 21 de julio.
Jason Bateman es reconocido por sus comedias: “Ozark” es su debut en el género dramático.
Creada por Bill Dubuque (El contable), esta serie original para streaming está protagonizada por Jason Bateman (Cómo acabar con tu jefe) como Marty Bird, Laura Linney (El show de Truman) como su mujer, Wendy Bird, y Anthony Collins (Killing Reagan), como el oficial de policía Qieroz. Ozark es una producción de Media Rights Capital, y sus productores ejecutivos son Bateman, Mark Williams y el propio Dubuque.
La serie consistira de diez capítulos
Información técnica
Primera temporada: 10 capítulos de 60 minutos
Creada por Bill Dubuque y Mark Williams
Protagonistas: Jason Bateman, Jason Butler Harner, Anthony Collins y Laura Linney
Lenguajes disponibles: inglés (idioma original) y español (subtitulada y doblada)
Recomendada para los amantes de series como Por trece razones y Stranger Things
Una modelo de Victoria’s Secret, involucrada en un caso de lavado de dinero
Miranda Kerr tuvo que devolver joyas valuadas en USD 8 millones a la Justicia de los EEUU. Fueron regalos del empresario malasio Jho Low.
La australiana Miranda Kerr se casó con el creador de Snapchat, Evan Spiegel..
La modelo Miranda Kerr (34) está envuelta en un caso de corrupción y Lavado de Dinero, en el que también está involucrado el ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio.
Ahora el ángel de Victoria’s Secret decidió entregar la Justicia estadounidense joyas valoradas en USD 8,1 millones, después de que las autoridades establecieran que fueron compradas por Jho Low, el magnate malasio investigado.
«Desde el inicio de la investigación, Miranda Kerr ha cooperado completamente y se comprometió a devolver las joyas regaladas al gobierno«, informó un vocero de Kerr.
Entre las alhajas entregadas por la modelo hay un anillo de diamantes valorado en USD 3,8 millones, diseñado por la reconocida joyera Lorraine Schwartz.
Miranda Kerr tuvo un hijo con Orlando Bloom.
Miranda Kerr con su esposo Evan Spiegel, CEO y fundador de la aplicación Snapchat.
.
La actual esposa de Evan Spiegel ya transfirió las joyas desde una caja de seguridad en Los Ángeles a los agentes federales, añadió el representante de Kerr en un comunicado.
En julio del año pasado, las autoridades de Estados Unidos anunciaron una ofensiva judicial para recuperar cientos de millones de dólares de fondos públicos desviados por 1Malaysia Desarrollo Berhad (1MDB), originalmente dedicado al desarrollo económico de Malasia.
Aunque no hay una acusación formal, se teme que la ONG medioambiental de DiCaprio haya recibido múltiples donaciones económicas de Low. Para colaborar con la investigación, el actor entregó un cuadro de Picasso y un Oscar que fue de Marlon Brando.
Los obsequios los recibió de parte de Red Granite Pictures, la productora de su película El lobo de Wall Street, involucrada también en la posible desviación de fondos.
Piden investigar por posible lavado de dinero la casa donde vive Florencia Kirchner
Lo hizo la diputada Stolbizer, denunciante de la causa de la inmobiliaria de Cristina y sus hijos. Más dudas por movimientos bancarios millonarios.
Por Lucía Salinas.
La familia Kirchner declarará en marzo en la causa Los Sauces. .
En un nuevo escrito en la causa Los Sauces SA -inmobiliaria de la familia Kirchner-, la diputada Margarita Stolbizer, pidió que se amplíe la figura del lavado de dinero sobre la propiedad en la que vive Florencia Kirchner, en la Ciudad, además de una serie de movimientos bancarios realizados en 2016 desde la cuenta de la «Sucesión Néstor Kirchner» que administraba Máximo Kirchner, por $ 6 millones. También hay sospechas por nuevos vínculos comerciales con Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice, ex socio de Máximo.
Los Sauces S.A. es la causa que lleva el juez Claudio Bonadio y en el marco de la cual Cristina Kirchner y sus hijos (todos accionistas de la firma), deberán declarar ante la Justicia la primera semana de marzo. Previamente, lo harán los empresarios K Cristóbal López y Lázaro Báez y 16 personas más: contadores, escribanos, apoderados de empresas y un hombre de extrema confianza de la ex Presidenta: Osvaldo Sanfelice.
Los Sauces SA fue constituida en 2006 por el ex Presidente, Cristina Kirchner y su hijo Máximo. .
En la causa se investiga el presunto lavado de dinero, el pago de coimas, el enriquecimiento ilícito y la falsificación de documentos públicos. Después de observar una gran cantidad de transferencias millonarias entre las cuentas de la empresa, la de la «Sucesión NK» y a su vez, sociedades de Báez y López, el magistrado ordenó intervenir la inmobiliaria y la cuenta de la Sucesión. La medida estará vigente hasta junio y hasta entonces, el líder de La Cámpora quedó desplazado como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta de la herencia de su padre.
En este contexto, la diputada Stolbizer presentó nuevas pruebas y el pedido de ampliación del delito de lavado de activos sobre la propiedad que le pertenece a la inmobiliaria y en la que vive Florencia Kirchner –dueña del 22,5% de la firma y gerente de la misma-.
La casa de Florencia K
El 6 de mayo de 2015 se realizó un depósito en efectivo en la cuenta que Los Sauces SA tiene en el Banco Nación con sede en Río Gallegos, por $ 4 millones «existiendo inconsistencia en la hora de depósito y posterior extracción. El mismo día, según se informara, egresó la suma de $ 3.959.000«, señala la denuncia. Según la documentación aportada por la entidad financiera, la ex Presidenta fue quien hizo dicho aporte en efectivo y «debió cargar 40.000 billetes de 100 pesos para poder realizar dicho depósito».
Florencia Kirchner es gerente y accionista de Los Sauces SA. .
Ese mismo día, la inmobiliaria investigada por Bonadio, emitió un cheque bajo el concepto de «servicios» por el mismo valor: $3.959.000. Dicha suma se debitó de la cuenta corriente de Los Sauces SA. Según consta en la causa y en el informe pericial, este importe se utilizó para la compra de CEDINES que finalmente, se usaron para la compra de la propiedad de la calle San José esquina Humberto Primo, donde vive Florencia Kirchner.
La casa fue vendida – con la intervención de Romina Mercado (sobrina de Cristina Kirchner)-, por Jorge Coscia y según la escritura pública la operación se hizo por U$S 370.000 pagados con los CEDINES. Según la diputada del GEN la Unidad de Investigación Financiera (UIF) indicó que se «desconoce cuál es el origen y/o actividad que generó dicho dinero». Y que la extracción se realizó «sin el comprobante que respalde la operación». A raíz de esto, pide que «la operación sea investigada ya que podría responder a una maniobra de lavado».
En la investigación, la casa donde reside Cristina Kirchner en Río Gallegos (propiedad de Los Sauces SA), es investigada por lavado. Fue comprada con NAPA una empresa de Sanfelice por $ 200.000 y vendida a la inmobiliaria por U$s 250.000. El Tribunal de Tasanción de la Nación determinó que su valor es más del doble de lo declarado por la ex Presidenta: U$S 570.000.
Romina Mercado intervino en la compra del departamento donde vive Florencia Kirchner. .
Movimientos sospechosos
La cuenta de la «Sucesión NK» es materia de investigación en la causa por las transferencias millonarias ($ 63 millones según la UIF «sin justificación»), que realizó, no sólo con la cuenta de Los Sauces SA sino con empresas de Báez y de Cristóbal López. Quien realizó la mayoría de las operaciones fue Máximo Kirchner, según un informe de la UIF.
En este caso se designó como interventora a Raquel Moyano, quien advirtió que la cuenta dejó de tener actividad el 31 de diciembre de 2016 tras la intervención judicial. Durante el año pasado, recibía cerca de un millón de pesos mensuales. Esta cuenta está inhibida por el juez Bonadio. La interventora advirtió que el 2 de septiembre de 2016, la Sucesión NK recibió una transferencia por $ 6.829.065,88.
Al superar «ampliamente el ingreso que recibía habitualmente por el alquiler de los inmuebles de propiedad de la sucesión de Néstor Kirchner y/o de sus herederos», Stolbizer pidió que se solicite la documentación respaldatoria de la operación y que se determine el origen y motivo de la transderencia.
Cristina Kirchner declarará el 7 de marzo en la causa Los Sauces SA. .
Quiénes declararán en la causa
La semana que viene comienzan las 21 indagatorias en el marco de Los Sauces SA. Los primeros serán apoderados de dos empresas de Báez que firmaron contratos de locación con la inmobiliaria. También estarán ante el juez Bonadio escribanos de confianza de la familia Kirchner y del empresario K. Báez y tres de sus hijos se presentarán a declarar, al igual que los dueños del Grupo Indalo. Los últimos dos días de indagatorias (6 y 7 de marzo), será el turno de los hijos de la ex Presidenta y finalmente, declarará ella.
Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
En un escenario de globalización jurídica y erosión de las fronteras y capacidades nacionales, la transnacionalización del Crimen Organizado acelera a niveles sin precedentes. El Posgrado en Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, al que invita FININT es, desde hace tres años, el único curso que brinda profesionales del más alto nivel, especialistas y la última información y documentación sobre los tipos delictuales que escalan a gran velocidad en la agenda de los principales gobiernos y organismos internacionales, en un marco excepcional como es la Universidad de Buenos Aires.
Argentina, una de las economías más desarrolladas de la región, no puede quedarse atrás en este escenario. Los alumnos recibirán las herramientas de análisis, interpretación y razonamiento para tomar decisiones que cumplan con los más altos estándares internacionales y ayuden a nuestro país a liderar el combate contra estos delitos en la región y en el mundo. Es en el ámbito de este curso de posgrado donde se brinda la capacitación adecuada para alcanzar los más altos niveles de conocimiento, necesarios para enfrentar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de forma efectiva..
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Objetivos
Ofrecer un diagnóstico realista de la situación de la problemática del lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA-FT) y los delitos relacionados, en particular el narcotráfico y la corrupción.
Presentar los programas de estandarización jurídico-institucionales que se han gestado en estas dos últimas décadas, a nivel global y regional, para detectar, mitigar o conjurar la acción de los lavadores del crimen organizado y financiadores del terrorismo.
Ofrecer los trazos de una Evaluación Nacional de Riesgos en esta materia.
Identificar las metodologías que se utilizan para introducir en la economía formalizada el dinero proveniente del delito.
Comprender las potencialidades de los dispositivos de inteligencia financiera e investigación patrimonial que se han desarrollado para lograr eficacia en la prevención y persecución de estos delitos.
Analizar la capacidad de respuesta de las políticas de prevención que han desarrollado los actores del sector público y privado en esta materia.
Examinar el papel que le toca jugar a la política criminal en el campo del combate a los ilícitos financieros.
Características del Curso
El PGLAFT/UBA es un curso que el Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho ofrece en el marco de los llamados Programas de Actualización, destinados a graduados universitarios que tienen por objetivo especializarse en áreas del conocimiento que resultan importantes y estratégicas en la sociedad actual.
En particular, el PGLAFT/UBA vuelve a ofrecerse en 2017, dado el éxito de las ediciones 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 habiéndose formado a más de 350 profesionales, quienes se caracterizaron por la excelente calidad en términos de participación y compromiso.
Del mismo modo que el año pasado, el tema rector será el problema de la efectividad del combate de los ilícitos financieros y los delitos vinculados, dado que esta cuestión constituye uno de los principales desafíos internacionales para la Argentina y los países de la región. A partir de esta realidad, el curso se orientará a pensar los presupuestos que se ponen en juego institucionalmente para lograr que los controles del sector público y privado produzcan los resultados esperados en relación a las amenazas, vulnerabilidades e impacto que estas actividades generan en concreto.
Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.
Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.
Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.
Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.
Este año se introducirá como variante que el curso se dividirá por una serie de clases a determinar, en dos grupos dedicados a profundizar (i) la investigación patrimonial en el marco de una investigación penal y (ii) la tarea de compliance en el marco de la prevención que realizan los sujetos obligados. En ambos casos, los profesores se ocuparán de ofrecer ejemplos prácticos basados en la experiencia.
Además, al final del curso se tratarán tópicos específicos como narcotráfico, corrupción, contrabando, etc., como delitos generadores de dinero ilícito. Otros temas actuales que también se analizarán son: la evaluación de riesgos, el beneficiario final, las compañías fantasmas, los acuerdos de intercambio de información fiscal, el dinero digital y las nuevas tecnologías.
Considerado esto, debe ponderarse que el PGLAFT/UBA tiene como principal objetivo contribuir, gracias a la experiencia profesional de sus docentes, a la formación estratégica y práctica de todos aquellos actores –actuales o potenciales- del sector público y privado de la Argentina y otros países del Cono Sur en materia de control y regulación del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En este sentido, el programa procura ofrecer un conocimiento sólido y dinámico sobre esta problemática, teniendo particularmente en cuenta las obligaciones internacionales y nacionales que han surgido recientemente sobre la capacitación continua y actualizada de los recursos humanos de entidades financieras, bursátiles, de seguros y otros sectores, actividades económicas, profesionales y organismos estatales que deben desarrollar políticas de inteligencia financiera y/o debida diligencia de la clientela.
Para la organización de este Curso de Posgrado, la Facultad de Derecho cuenta con el apoyo de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera / FININT, quien, como organización civil sin fines de lucro, pone al servicio de la Universidad de Buenos Aires su reconocido know how y network en este campo de acción específico.
Metodología de Evaluación
A los fines de culminar el Programa de Actualización, los asistentes deberán entregar un trabajo o participar de un coloquio que será evaluado por un tribunal examinador designado en tal oportunidad.
Diploma UBA
La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires otorgará un diploma oficial a aquellos alumnos que completen con éxito el programa académico y aprueben la evaluación.
Plan de Estudios
CONFERENCIA DE APERTURA: “LA ESTRATEGIA NACIONAL COMO INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN TECNICO-POLÍTICO DEL COMBATE ALA/CFT”
PRIMERA PARTE. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE PGLAFT
UNIDAD 1. LOS ESTANDARES INTERNACIONALES: EL GAFI Y LAS NACIONES UNIDAS
UNIDAD 2. LA AGENDA REGIONAL: GAFILAT
SEGUNDA PARTE. LA DECISIÓN ESTRATÉGICA FRENTE A LOS RIESGOS DE LA-FT
UNIDAD 3. LAS EVALUACIONES NACIONALES DE RIESGO
UNIDAD 4. LA COORDINACIÓN NACIONAL PARA EL COMBATE AL LA/FT
TERCERA PARTE. RÉGIMEN PENAL DE LAFT
UNIDAD 5. RÉGIMEN PENAL DE LA: EL TIPO PENAL Y EL DECOMISO DE LOS BIENES
UNIDAD 6. RÉGIMEN PENAL DE FT: EL TIPO PENAL Y EL CONGELAMIENTO DE FONDOS
CUARTA PARTE. INTELIGENCIA FINANCIERA
UNIDAD 7. LA MISIÓN Y FACULTADES DE LA UIF
UNIDAD 8. LA ACTIVIDAD REGULATORIA Y SANCIONATORIA DE LA UIF
QUINTA PARTE. LOS SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD 9. LAS OBLIGACIONES LEGALES DE LOS DIRECTORES Y EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
UNIDAD 10. LA INGENIERÍA INSTITUCIONAL DE COMPLIANCE
SEXTA PARTE. EL RÉGIMEN PENAL ADMINISTRATIVO
UNIDAD 11. EL LA COMO CONFLICTO ADMINISTRATIVO
UNIDAD 12. EL RECURSO DIRECTO ANTE LA CÁMARA FEDERAL EN LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVO
SÉPTIMA PARTE. LOS DELITOS VINCULADOS.
CORRUPCION
NARCOTRAFICO
CONTRABANDO
TERRORISMO
PROLIFERACION DE ARMAS DE DESTRUCCION MASIVA
SEMINARIOS EX CURSUS
CASOS DE DELITOS GRAVES EN LA ARGENTINA
ESTRATEGIA GEOPOLÍTICA Y ECONÓMICA DE LA ARGENTINA
EL SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA
INVESTIGACION PERIODISTICA EN LAVADO DE ACTIVOS
LA PLAFT EN LA AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INFORMALIDAD DE LA ECONOMÍA Y LAVADO DE ACTIVOS
DINERO DIGITAL. NUEVOS DESAFIOS
EL NUEVO RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.
Staff de Profesores
Enrique ANTONINI
Mariano BORINSKY
Claudio BONADÍO
Edgardo BUSCAGLIA
Patricia BULLRICH
Jorge CASTRO
Marcelo COLLOMB
Fernando CÓRDOBA
Delia CORTELETTI
Juan CUCCIA
Juan CURUTCHET
Katchik DERGHOUGASSIAN
Guillermo EZQUERRA
Daniel FAQUETTI
Esteban FULLIN
Diego IGLESIAS
Germán GARAVANO
Juan Carlos GEMIGNANI
Diego GORGAL
Claudio GUTIERREZ DE LA CÁRCOBA
Diego GUTIERREZ ZALDIVAR
Ignacio HAGELSTROM
Ariel LIJO
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Mario VILLAR
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Deutsche Bank pagará 630 mdd por no bloquear lavado de dinero ruso
Deutsche Bank alcanzó un acuerdo para pagar 630 millones de dólares en multas a reguladores estadounidenses y británicos por no evitar transacciones sospechosas de lavado de dinero procedente de Rusia por alrededor de 10,000 millones de dólares.
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Reuters — Deutsche Bank alcanzó un acuerdo para pagar 630 millones de dólares (unos 588 millones de euros) en multas a reguladores estadounidenses y británicos por no evitar transacciones sospechosas de lavado de dinero procedente de Rusia por alrededor de 10,000 millones de dólares.
El esquema funcionó con las llamadas «mirror trades» u operaciones espejo entre las oficinas del banco en Moscú, Londres y Nueva York del 2011 a 2015, en las que se compraban acciones de grandes empresas rusas en rublos en nombre de clientes y se vendía la misma cantidad de las mismas acciones al mismo precio a través de su sucursal de Londres poco después.
«Las operaciones compensatorias aquí carecían de propósito económico y podrían haber sido utilizadas para facilitar el lavado de dinero o permitir otras conductas ilícitas», dijo el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, que multó a Deutsche Bank con 425 millones de dólares.
«El banco perdió numerosas oportunidades para detectar, investigar y detener el programa por amplios fallos de cumplimiento de la normativa, permitiendo que el plan continuara durante años», declaró.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) de Reino Unido multó por su parte al Deutsche Bank con 163 millones de libras esterlinas (204 millones de dólares) por no mantener controles adecuados contra el blanqueo de dinero entre el 2012 y 2015, permitiendo a clientes transferir miles de millones de Rusia a cuentas bancarias en el extranjero «de una manera sumamente sugerente de un delito financiero».
Se trata de la mayor sanción financiera por fallos en controles contra el lavado de dinero impuesta hasta ahora por la FCA o su predecesora, la Autoridad de Servicios Financieros.
Estas multas se conocen después de que el banco llegara a un acuerdo de 7,200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense a principios de este mes para cerrar litigios vinculados con la venta de títulos hipotecarios incobrables. Además de la multa, Deutsche Bank tendrá que contar con un supervisor independiente para revisar los programas de cumplimiento de la regulación.
En un lapidario informe, la UIF dejó a Máximo contra las cuerdas
La unidad antilavado halló millonarias «transferencias sin justificación» y depósitos «sin sustento».
Por Lucía Salinas.
Un informe de la UIF puso bajo sospecha los movimientos bancarios de Los Sauces SA. Foto Archivo. .
Un “entramado societario y bancario” fue la definición que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) utilizó al momento realizar el informe N° 0100/2016, un documento clave en la causa Los Sauces SA por la que Cristina Kirchner y sus hijos Florencia y Máximo serán indagados elos primeros días de marzo. Los principales delitos de los que sospechas el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo son el lavado de activos y el cohecho. Los movimientos bancarios de la inmobiliaria incluyen desde transferencias «sin justificación» por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional, depósitos en efectivo “sin sustento”, extracciones por $ 3,9 millones sin «documentación respaldatoria», señala el informe.
Los Kirchner y una red de movimientos bancarios bajo sospecha. .
Es una red de cuentas, bancos y operaciones que tienen como principal firmante y responsable a Máximo Kirchner que el 6 de marzo, por primera vez, declarará en una causa y lo hará ante el juez Bonadio. Su grado de responsabilidad como administrador de Los Sauces SA y a su vez, de la cuenta “Sucesión Néstor Kirchner”, lo complica ante la Justicia. Según detectó la UIF, la Sucesión y la inmobiliaria tuvieron movimientos bancarios «sin justificación» y ambas recibieron depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $ 25 millones desde 2009 a 2015.
La documentación oficial concluyó que existió un “entramado societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor Kirchner -en su momento- y que continuó con la Sucesión que administra el líder de La Cámpora. Los fondos que se movieron “podrían proceder de los ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA (causa por lavado de dinero), menciona el informe.
Los 4,6 millones de dolares secuestrados en una caja de seguridad de Florencia Kirchner.
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En primer lugar, el organismo antilavado señala que hay una evolución de los movimientos de las cuentas que pertenecen a la inmobiliaria que fueron transferidos a las cuentas que Florencia Kirchner tiene en el Banco Galicia ( U$S 4.664.000 y U$S 1.032.144 y $ 53.280). “Previo paso por cuentas de otros socios y de la Sucesión Néstor Kirchner”. Respecto al hijo de Cristina, se indicó que realizó «la mayoría de las transferencias”.
Como administrador de Los Sauces SA y de la Sucesión NK, Máximo Kirchner realizó distintas transferencias emitidas y recibidas entre ellas, “sin justificación alguna”. De esto, seguramente, el diputado nacional deberá dar explicaciones ante el Juez.
Máximo Kirchner realizó la mayoría de las operaciones bancarias sospechadas por la UIF. .
Máximo Kirchner movió desde la cuenta de la Sucesión K $ 10.366.914 y $ 3.250.00 entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA. También, calificados de “llamativos” se registraron depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. La UIF señaló que se desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó” dicho dinero, pero además que esta extracción de dinero se hizo “sin el comprobante que respalda al mismo”.
Entre las transferencias realizadas por el diputado por Santa Cruz, hubo una de casi $ 4 millones de una cuenta a otra de Los Sauces SA (una abierta en el banco Santa Cruz y la segunda en el Nación). “Nada de esto tiene justificación”, reitera el informe.
El juez Claudio Bonadio pidió la indagatoria de Cristina Kirchner y sus hijos. .
Los movimientos bajo investigación incluyen transferencias de Los Sauces SA a la cuenta de la Sucesión y de esta última por $ 32.270.000 a una cuenta que tienen en cotitularidad la ex Presidenta con sus dos hijos en el Banco Nación (N° 4331412615), que a su vez, recibió otro giro por $ 14.390.000. De esta cuenta familiar, la UIF detectó que los Kirchner movieron $ 80 millones a otra que tienen de forma conjunta en el Banco Galicia, con un dato: $ 55 millones finalizaron en la cuenta en dólares de Florencia, dinero que se encuentra embargado por la Justicia.
La Justicia sospecha no sólo de estos movimientos de dinero como una manera de «eludir los embargos judiciales», sino también del origen del dinero que figura en las cuentas de la inmobiliaria que tuvo dos inquilinos privilegiados: Báez y López (fueron el 86 % de la facturación), tal como reveló Clarín. «En las cuentas hubo más dinero del que cobraban en concpeto de alquiler a dos empresarios beneficiados por obra pública», indicó una fuente judicial.
A las sospechas se suman una serie de plazos fijos a nombre de Néstor Kirchner, en el Banco Santa Cruz, y que tras su fallecimiento integraron la sucesión. Según los análisis realizados por la UIF la tasa de interés “fue por lo menos 500% superior a la del mercado”. Sólo entre 2008 y 2009 los plazos fijos de Kirchner obtuvieron intereses de $ 3.648.558 y U$S 1.162.601.
Western Union: radiografía de un largo y muy costoso caso de incumplimiento
US$ 586 millones acordó pagar la remesadora Western Unión (WU) a las autoridades estadounidenses, debido a numerosas fallas de cumplimiento antilavado mantenidas durante varios años, que permitieron el movimiento de dinero relacionado a narcotráfico, fraudes y tráfico humano en diversos países.
En un Acuerdo de Diferimiento de Juicio (DPA por sus iniciales en inglés) y una acción civil monetaria firmados el 19 de enero de 2017, Western Unión reconoció haber fallado en el monitoreo adecuado de las operaciones de más de 550.000 agentes independientes ubicados en 200 jurisdicciones alrededor del mundo, violando de esta forma las leyes y regulaciones antilavado de Estados Unidos.
Las autoridades estadounidenses -el Departamento del Tesoro, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio- encontraron falencias en el cumplimiento asociado a transacciones ocurridas entre 2004 y 2012. En muchos casos, los agentes de la remesadora facilitaron diversos tipos de fraude mediante los cuales se estafó a miles de personas.
Los fraudes permitidos
A pesar de que el departamento de cumplimiento muchas veces presentó reportes de operaciones sospechosas, la empresa no impidió las transacciones fraudulentas y no suspendió las relaciones comerciales con los agentes involucrados.
Según indica el DPA, “ciertos dueños, operadores o empleados de los negocios que funcionaban como agentes de Western Union eran cómplices en esquemas de fraudes” masivos, que eran ejecutados por individuos que contactaban a las víctimas y les hacían falsas promesas, induciéndolas a transferir dinero a través de la remesadora. Los estafadores engañaban a las víctimas -muchas veces personas de la tercera edad- utilizando diversos argumentos:
a. Los convencían de haber ganado grandes premios de lotería u obtenido préstamos; luego les decían que, para recibir el dinero, debían hacer un depósito de seguridad o pagar una cuota.
b. Les ofrecían productos altamente costosos a precios muy bajos.
c. Les prometían trabajos muy bien remunerados como “compradores misteriosos” para, supuestamente, evaluar a negocios locales.
d. Les exigían dinero bajo el argumento de que un familiar de la víctima estaba en serios problemas, había tenido un accidente o estaba en la cárcel.
En todos los casos revisados, los estafadores exigían que el dinero fuese enviado a través de Western Unión. A pesar de miles de quejas y reportes presentados por las víctimas, la empresa siempre ignoró la situación.
Las fallas de cumplimiento
A pesar de los múltiples esfuerzos adelantados durante años por empleados de distintos niveles de cumplimiento, la alta gerencia y los ejecutivos de negocios ignoraron las advertencias y recomendaciones emitidas para combatir la complicidad de las agentes en los esquemas de fraude.
A continuación, presentamos algunas de las falencias encontradas por los investigadores:
– La empresa no tomó acciones contra los agentes involucrados en los fraudes, a pesar de los reportes que los incriminaban. Por ejemplo, un agente de Londres fue mencionado en 2.342 reportes de fraude que totalizaban US$ 3,6 millones en pérdidas para clientes. Otro agente fue mencionado en 2.856 reportes y la empresa no aplicó correctivos, ni suspendió la relación comercial con dichos agentes.
– La empresa no aprobó la implementación de medidas sugeridas por su Departamento de Seguridad, como por ejemplo:
a. Suspender automáticamente a los agentes que estuvieran involucrados en 5 o más reportes de fraude de clientes (CFR por sus iniciales en inglés) en un período de 60 días.
b. Aplicar acciones contra los agentes mencionados de forma repetitiva en los reportes de fraude.
c. Ignorar la influencia del departamento de ventas en el proceso de aplicación de sanciones para los agentes cómplices de fraude.
Si la empresa hubiese aplicado estos y otros procedimientos, más de 2.000 agentes cómplices hubiesen sido suspendidos y se hubiesen evitado operaciones de fraude por más de US$ 174 millones.
– La Junta de Directores de WU aprobó en junio de 2008 y febrero de 2009 la adquisición de la operadora inglesa FEXCO, a pesar de que altos ejecutivos de la empresa sabían que agentes de FEXCO estaban involucrados en 25.643 reportes de fraudes y de que no tenían programas antilavado adecuados.
– Las advertencias hechas por el jefe de cumplimiento y diversos analistas sobre las operaciones de fraude realizadas por agentes británicos de “alto riesgo” fueron ignoradas, debido a la presión del equipo de ventas. La empresa acordó suspender temporalmente la capacidad de esos agentes para pagar dinero transmitido desde Estados Unidos, aunque siguieron pagando otras operaciones fraudulentas enviadas desde otras jurisdicciones.
– En agosto de 2011 fueron ignoradas las recomendaciones hechas por el director de cumplimiento de incrementar los niveles de riesgo de fraude de España en la matriz de riesgos de la empresa. Al cierre de ese año, los agentes de Western Union procesaron en España pagos fraudulentos de las cuentas de las víctimas por US$ 7.593.352.
– En 2011 y 2012, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), catalogó de “inefectivo” el sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Western Union. La unidad de inteligencia financiera española determinó que la debida diligencia aplicada era deficiente. Además, los inspectores encontraron que algunos agentes inventaron supuestos beneficiarios de los pagos, es decir, que el dinero “no fue colectado por clientes, sino que los agentes usaron identidades inventadas” para obtener los fondos.
– Entre 2003 y 2012, un agente de China fue mencionado en más de 11.000 reportes de actividades sospechosas presentados por el departamento de cumplimiento a la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus iniciales en inglés). Sin embargo, la relación no fue suspendida y, por el contrario, algunos empleados del área comercial solicitaron al agente chino que abriera más locaciones y presionaron al área de cumplimiento para que no fuesen suspendidas las cuentas del agente chino.
– “Western Union tampoco llevó a cabo una debida diligencia y monitoreo de agentes en Latinoamérica, y a menudo ofreció contratos de Agente Nuevo a individuos cuyos contratos anteriores habían terminado por preocupaciones de lavado de dinero”, informó FinCEN.
– Los empleados de Western Union sabían que individuos ubicados en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares seguían usando su Sistema de Transferencia de Dinero para enviar transacciones ilegales relacionadas con juegos de azar desde Estados Unidos a otros países.
– El equipo de cumplimiento implementó en 2009 un sistema de monitoreo ampliado de clientes asociados a las trasferencias de dinero originadas en Estados Unidos con destino Costa Rica, para eliminar o reducir las operaciones asociadas a juegos y casinos en línea. A pesar de los controles, las operaciones se mantuvieron, incluso en 2010 un analista de cumplimiento reportó complicidad de un agente costarricense en el pago de estas operaciones ilícitas.
Operaciones fraudulentas
A continuación, presentamos algunas de las decenas de operaciones fraudulentas que fueron detectadas por las autoridades:
– En junio de 2011, un residente de Pensilvania (EE.UU.) de 90 años fue contactado por un individuo que le indicó que un familiar estaba en problemas y necesitaba asistencia financiera. El anciano envió US$ 9.600 para ayudar a su familiar. El dinero fue transferido mediante 4 operaciones en una sede de Western Unión. Dos de las transacciones fueron pagadas por otro agente de WU en México y otras dos por dos agentes en España. Ningún familiar del anciano estaba en dificultades.
– En febrero de 2012, luego de ser contactado por un desconocido, un residente del sur de Florida realizó 5 transferencias de dinero a través de WU. En total, la víctima envió US$ 10.000 para ayudar a un familiar que, supuestamente, estaba en problemas. Tres de las transferencias fueron pagadas por un agente ubicado en Perú.
– Cuando en abril de 2011 una corte federal de Estados Unidos inició un proceso contra los responsables del sitio de apuestas www.pokerstars.com por cargos de lavado de dinero, fraude bancario y actividades de apuestas en línea ilegales, las transferencias de Western Union desde Estados Unidos hacia Costa Rica cayeron en un 50%. El personal de cumplimiento había advertido repetidamente sobre estas transacciones.
Los correctivos aplicados por WU
Luego de todos los inconvenientes, en 2012 Western Union inició un proceso de remediación de las deficiencias en su área de cumplimiento antilavado y control antifraude:
– Se creó el Comité de Cumplimiento independiente de la Junta Directiva, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los términos establecidos en el acuerdo logrado con las autoridades estadounidenses.
– En 2012, fue creado el Departamento de Gestión del Riesgo de Fraude para identificas e investigar a cualquier agente que genere alertas por nexos con operaciones sospechosas de fraude.
– Entre 2012 y 2015 la empresa aumentó el personal de cumplimiento en un 100% y aumentó el presupuesto del departamento de cumplimiento en un 60%.
– En 2013 se creó una línea de reporte directo entre el Jefe de Cumplimiento y el presidente del nuevo Comité de Cumplimiento.
– La empresa creó un comité de supervisión de agentes que tiene autoridad para aplicar controles y correctivos. Además, autorizó al personal de 8 departamentos diferentes a poder suspender a los agentes como resultado de análisis, inspecciones in situ o investigaciones que realicen.
– Suspendió las relaciones comerciales con los agentes chicos involucrados en operaciones de estructuración.
Además de los correctivos ya aplicados, el DPA incluye una serie de compromisos asumidos el 19 de enero de 2017 por la remesadora para fortalecer su programa de cumplimiento antifraude y antilavado. Algunas de las medidas son:
– Aplicar un programa de Conozca a Su Agente basado en el riesgo que cada uno represente.
– Condicionar las bonificaciones de los ejecutivos de negocios a una evaluación de su nivel de cumplimiento de los programas antilavado y antifraude.
– Establecer un sistema de monitoreo antifraude para todas las transacciones desde, hacia o a través de Estados Unidos.
– Asignar un Oficial de Cumplimiento para monitorear las operaciones en cada jurisdicción considerada de “alto riesgo”.
Las lecciones del caso
– Es necesario aplicar estrictos procedimientos de control sobre agentes y subagentes independientes, especialmente aquellos ubicados en jurisdicciones de alto riesgo.
– Los negocios de servicios monetarios deben ser más rigurosos en la Debida Diligencia de los Clientes y deben exigir a sus agentes que realicen inspecciones in situ y otros mecanismos de control sobre los clientes de alto riesgo.
– Las autoridades estadounidenses están siendo más exigentes en materia de prevención del fraude, llegando a aplicar elevadas sanciones por falencias en este ámbito del cumplimiento.
– Las empresas que operan en múltiples jurisdicciones deben contar con un programa de cumplimiento global, que sea implementado y monitoreado de forma constante por los principales líderes de la organización, sin importar donde se encuentren las filiales.
– La implementación de una adecuada “cultura de cumplimiento” en toda la organización debe ser parte de una estrategia real de los líderes de la organización, no debe ser una retórica sin convicción ni compromiso.
– Detectar deficiencias y no corregirlas es inapropiado para cualquier empresa. Se deben aplicar los correctivos de las fallas detectadas, aunque eso implique terminar con relaciones comerciales rentables para la empresa.
– Es momento de entender que más caro pueden ser las sanciones y el daño reputacional, que la inversión en un cumplimiento adecuado.
Una jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación de octubre de 2008 salvó a Cristina Kirchner de estar hoy presa. Siete años antes, en 2001, el también ex presidente Carlos Menem fue preso por los mismos delitos por los que ayer procesaron a la viuda de Kirchner: asociación ilícita y administración fraudulenta.
La decisión del juez Julián Ercolini, justificada y explicada a lo largo de casi 800 páginas, significa en los hechos la más grave impugnación moral y penal que se haya hecho contra la ex presidenta. El magistrado explica con un enorme despliegue de argumentos cómo el matrimonio Kirchner decidió enriquecerse con la obra pública desde 2003; es decir, desde el instante mismo en que asumió el poder de la Nación.
Los montos que les embargó (10.000 millones de pesos a Cristina Kirchner, a Julio De Vido, a Lázaro Báez y a José López) son demostrativos también del volumen del dinero robado a través de maniobras que ejecutaban tanto Vialidad Nacional como Vialidad de Santa Cruz. Basta un solo ejemplo para mostrar el tamaño de la maniobra: Báez creó la empresa constructora en 2003 (antes era empleado de banco) y recibió en obras públicas en Santa Cruz tanto dinero como el que le tocó a la provincia de Buenos Aires o como el que recibieron 11 provincias juntas. De Vido y López fueron los principales operadores de esa maniobra que estafó al Estado en nombre de los Kirchner.
Los argumentos de Ercolini servirán, además, para probar el delito de lavado de dinero contra Lázaro Báez, en manos del juez federal Sebastián Casanello. También aportarán documentación a la investigación sobre lavado que habría perpetrado Cristina Kirchner y que se ventila en las causas Los Sauces y Hotesur, empresas y hoteles de la familia Kirchner donde Báez contrataba habitaciones o departamentos que nunca usaba. Hotesur está en el despacho del mismo juez Ercolini. El expediente de Los Sauces lo investigan el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo. Justicia Legítima no anda cerca de ahí.
En síntesis, la sentencia de Ercolini abre un amplio abanico de complicaciones judiciales para la ex presidenta. La asociación ilícita es un delito grave que tiene penas de más de cinco años de cárcel. La primera denuncia por asociación ilícita contra el matrimonio Kirchner y De Vido, entre varios más, fue de Elisa Carrió, en 2008. Ercolini decidió sobre una denuncia de Vialidad Nacional presentada ya durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque el fiscal Gerardo Pollicita había pedido que fuera anexada a la vieja acusación de Carrió porque son muy parecidas. De hecho, Ercolini nombró varias veces a Carrió en los argumentos de su resolución de ayer.
Lo que sucedió en 2008, y que liberó de la cárcel (por ahora) a Cristina, es que la Cámara de Casación Penal estableció que la prisión preventiva sólo puede aplicarse en dos casos: cuando un acusado está en condiciones, si se encuentra en libertad, de obstaculizar el proceso judicial o cuando actuó con contumacia (intentó fugarse, por ejemplo). La prisión sólo cabe, según esa jurisprudencia, cuando existe una condena firme y definitiva; es decir, después de un juicio oral y sus posteriores apelaciones.
Báez está preso porque tiene recursos suficientes como para fugarse y porque, además, se subió a un avión sin plan de vuelo. En cambio, Cristina se enoja con los jueces, los insulta o los recusa, pero siempre está quince minutos antes en las audiencias cuando la citan en los tribunales. Al haber perdido el poder, perdió también la posibilidad de entorpecer la investigación judicial. De hecho, los jueces señalan que ahora pueden avanzar en la investigación de la corrupciónporque el Estado les envía en el acto los documentos y las pruebas que solicitan. Sea como sea, lo cierto es que aquella resolución de la Cámara de Casación de hace ocho años fue tomada como jurisprudencia definitiva por los jueces penales de primera instancia. Es lo que ayer salvó a Cristina de las rejas.
Ercolini aporta un dato muy llamativo entre sus múltiples y variadas argumentaciones: Báez era el único empresario de obras públicas del país al que el Estado no le debía ni un peso el 11 de diciembre de 2015, un día después de que asumió Mauricio Macri. El juez desmorona también el pretexto de Cristina de que las obras públicas pasaron por licitaciones y que se las administró en la provincia de Santa Cruz, lejos de su poder en el gobierno nacional. Santa Cruz no queda lejos para ningún Kirchner y las licitaciones fueron amañadas. El juez llama varias veces «la encartada» a la ex presidenta (ese apelativo debe dolerle más que la sentencia) y desliza, prudente, que Báez es «al menos su socio comercial», según las pruebas que recolectó. La clave está en el precavido «al menos», porque deja la puerta abierta, sin decirlo, a que el papel real de Báez sea el de testaferro.
La radiografía de Ercolini, que tiene un sesgo y un destino puramente judicial, es también la descripción de una hipocresía. Cuando dice que Cristina «actuó de forma delictual» y que administró los bienes del Estado en provecho propio, refuta de manera contundente el relato kirchnerista. ¿En qué covacha de la historia queda el discurso del progresismo latinoamericano cuando lo que vemos es una voracidad sin límites para enriquecer a una dinastía gobernante? ¿A qué se reducen las menciones de los Kirchner a los pobres y a los trabajadores cuando gran parte de los recursos del Estado se distribuyeron entre funcionarios y empresarios amigos? Sólo la ceguera del fanatismo puede ignorar las pruebas inscriptas en la resolución de Ercolini. No se puede ignorar, de todos modos, que el fanatismo cristinista existe y que ése fue, tal vez, el único éxito político de la ex presidenta.
La decisión de Ercolini, que seguramente será apelada, tiene también connotaciones políticas y electorales, más allá de la voluntad del juez. Cristina se encamina hacia un juicio oral que probablemente la condene a la cárcel. Antes de llegar a esa instancia judicial (y antes de que exista una sentencia firme y definitiva), ocurrirán en el país las elecciones de agosto y octubre del próximo año. Es probable que Cristina opte entonces por una candidatura a legisladora para cubrirse de fueros parlamentarios. Ya tiene el argumento: varios de sus diputados de La Cámpora concluirán su mandato el año próximo y le piden que ella encabece una lista bonaerense para ampliarles su vida parlamentaria.
Corresponde, entonces, preguntarse qué sentido tienen los fueros de los legisladores. El diputado de Pro Waldo Wolff presentó hace ya varios meses un proyecto para modificar la ley de fueros; según la propuesta de Wolff, ningún legislador tendría fueros por delitos cometidos antes de haber asumido en el Parlamento. Es el caso de Cristina. De Vido ya tiene fueros y los tendrá hasta 2019; sus delitos son también previos a su condición de legislador. Podría profundizarse aún más el proyecto de Wolff para que ley les quite los fueros a los delitos penales. Lo que la política no debería hacer, después de leer el extenso escrito de Ercolini, es permitir que los «encartados» recorran, tranquilos, un irremediable y seguro camino de impunidad.
Ozark nos muestra a esta familia normal con vidas completamente comunes. Sin embargo, el trabajo de Marty, un consejero financiero de Chicago, queda fuera del radar comunitario: es el principal lavador de dinero para el segundo cártel de droga de México.
