Las millonarias sumas que empresas de Cristóbal López vienen abonando a la familia de la presidenta de la Nación por el alquiler de dos departamentos, una oficina y cinco cocheras constituyen un nuevo capítulo de una matriz de enriquecimiento de la primera mandataria que debería ser seriamente investigado por la Justicia, en tanto estaríamos ante negocios prohibidos por el Código de Ética de la Función Pública, que podrían resultar violatorios incluso del Código Penal.

De acuerdo con lo informado por LA NACION el último fin de semana, Cristóbal López, empresario patagónico conocido como «el zar del juego» y cabeza del Grupo Indalo, que incluye un creciente conglomerado de compañías vinculadas con los casinos y tragamonedas, el negocio petrolero, la construcción de obras viales e industriales, el sector financiero y los medios de comunicación, mantiene una fluida relación comercial desde hace años con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

Según la documentación a la que accedió este diario, durante los últimos ocho meses, la jefa del Estado y su familia recibieron, a través de su sociedad Los Sauces SA, al menos 2,8 millones de pesos de las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo, entre junio de 2014 y enero último, por el alquiler de un dúplex de 435 metros cuadrados, de una oficina de 608 metros cuadrados y de cinco cocheras, que se encuentran en el edificio Madero Center, en el barrio de Puerto Madero.

CFK y bolsa de dinero mal habido

Además, un tradicional departamento que se encuentra a nombre de la sucesión de Néstor Kirchner, ubicado en el barrio de la Recoleta, también es alquilado a un alto directivo del grupo empresario liderado por López. Por la renta de esa unidad, la familia Kirchner recibió algo más de 200.000 pesos en los últimos ocho meses, a razón de 26.000 pesos de alquiler por mes.

Nada habría de malo en estos negocios si no fuera porque el Código de Ética de la Función Pública prohíbe que un funcionario preste servicios, remunerados o no, a quienes gestionen o exploten concesiones del Estado o sean sus proveedores.

Así, el artículo 23 de este código determina que el funcionario público no debe involucrarse en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones, al tiempo que debe abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de sus funciones.

El artículo 26 establece que el funcionario no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para otros, mediante el uso de su cargo, autoridad o influencia.

A su vez, el artículo 41 señala que, a fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario tampoco puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo. No puede, del mismo modo, administrar, asesorar, patrocinar, representar ni prestar servicios, remunerados o no, a personas que gestionen o exploten concesiones o privilegios, o que sean proveedores del Estado.

El Código Penal prevé, en su artículo 265, una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para aquel funcionario público que, directamente o por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. También reprime, en su artículo 266, con prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a cinco años al funcionario que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva.

Los mencionados negocios inmobiliarios entre empresas de Cristóbal López y la familia Kirchner se emparientan con la misma matriz de enriquecimiento a través de la controvertida empresa Hotesur SA, asociada a las misteriosas y millonarias contrataciones de habitaciones de hoteles de Santa Cruz que no terminaban ocupándose, por parte de empresas de Lázaro Báez, entre 2010 y 2011. La familia presidencial está siendo investigada en una causa judicial a cargo del juez Claudio Bonadio por ese hecho.

Hay motivos para presumir en los negocios descriptos un intercambio de favores entre contratistas de obra pública y la familia presidencial bajo la pantalla de servicios de hotelería, en un caso, y de alquileres de propiedades, en el otro.

Esta modalidad tiene otros antecedentes, como cuando, hacia los años 2008 y 2009, el matrimonio Kirchner recibía pagos mensuales de 105.000 a 210.000 dólares por el alquiler de su hotel boutique Los Sauces, en El Calafate. Lo nuevamente curioso es que la sociedad de la que los Kirchner recibían ese dinero era encabezada por Juan Carlos Relats, empresario ya fallecido, que por entonces, además de propietario del Hotel Panamericano, era concesionario de numerosas obras viales y de infraestructura. Ese contrato le permitió a Néstor Kirchner justificar un incremento patrimonial del 158 por ciento en 2008.

Recientemente, Cristóbal López ha acusado desde algunos de sus medios a este diario de «mentir sistemáticamente para extorsionar y desprestigiar». Pese a eso, confirmó que empresas del Grupo Indalo alquilan propiedades a una sociedad integrada por la presidenta de la Nación. Queda claro con qué propósito busca López concentrar medios de comunicación en sus manos. Al igual que en su momento Alfredo Yabrán, cree que el poder es impunidad. Sólo que en la equivocada concepción del zar de las tragamonedas, ésta se puede lograr mediante el control de los medios.

Como poco puede esperarse frente a estas situaciones de organismos de control de la transparencia pública que han sido cooptados por el kirchnerismo, cabe aguardar que tanto la Justicia como el Poder Legislativo investiguen debidamente estas irregularidades que comprometen la ética en la función pública en lo más alto del poder político.

Fuente: La Nación, 20/03/15.

WASHINGTON – La pesquisa por la llamada «ruta del dinero K» cobra velocidad inusitada y amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner.

En un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio ayer los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos «podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina.

«Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba», recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó «sospecha razonable para creer» que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina», indica el magistrado en un largo documento.

Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.

Pero claramente empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podrían haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.

En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.

«MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca», dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada «testigo clave» Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas «fantasma».

En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartarlo del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada «ruta del dinero k».

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.

La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como «respuesta» a una demanda de los fondos buitre «sobre Lázaro Baéz y entidades afines».

Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar.

Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.

Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la celeridad que está tomando. De hecho, esta resolución de Carenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes 9. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.

El documento del juez se conoció avanzada la noche en la Costa Este, en razón de la diferencia horaria con Las Vegas, situada sobre la costa Oeste.

Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.

Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.

Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.

Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.

Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.

En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».

Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.

Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.

La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».

Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.

El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.

Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.

La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.

En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.

Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.

Fuente: La Nación, 26/02/15.

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¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.

La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.

La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.

En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.

Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.

Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.

La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.

En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.

Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.

Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.

La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.

Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.

Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.

Claudio Bonadio. Juez Federal

La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.

Fuente: La Nación, 20/02/15.

Las sospechas que rodean al empresario Lázaro Báez por lavado de activos crecen cada semana, a medida que nuevos datos salen a la luz. Ahora, también por el ingreso de $ 254,3 millones en Austral Construcciones a través de una compleja operación con supuestos capítulos en Curazao, Belice y Uruguay, pero que en esos países arroja más dudas que certezas.

El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.

Sin embargo, desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a LA NACION esta semana que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, «inhallable».

«Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial», indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.

Consultados por teléfono y por correo electrónico, desde el Registro Comercial confirmaron que esa sociedad no registra novedades «desde enero de 1989», pero pidieron 24 horas para revisar su legajo. Transcurrido ese plazo, una funcionaria del Registro llamó a LA NACION para aportar otros datos en la misma línea.

 

 

Según consta en el legajo de «J+J Holding», esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada («Naamloze Vennootschap» o «NV», en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.

Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.

Consultados por LA NACION, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding «y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años».

Y precisaron que para «reactivar» esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1.027 por los «fees impagos desde 1990», además de que «un director local o representante debe ser designado».

Voceros de Báez indicaron anoche ante una consulta de LA NACION que no harían comentarios, por lo menos hasta ver publicada la información.

Austral declara millones

Pese a esas lagunas, faltantes e inconsistencias en Curazao, Austral Construcciones declaró en la nota 17, la última de su balance que cerró el 31 de diciembre de 2011, «J+J Holding NV» le pagó una fortuna durante ese año como indemnización por un supuesto «proyecto de inversión» fallido en Belice.

«Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años» en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia (de lo que se informa por separado).

Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que «J+J Holding» no informa a la Cámara de Comercio «ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989». LA NACION consultó entonces cómo podía contactar a esa firma. «No lo sabemos. Para nosotros, es inhallable», fue la respuesta.

Estas nuevas sombras que se ciñen sobre «J+J Holding» se suman a las que LA NACION ya reveló en mayo de 2013. Entre otras, que el fideicomiso uruguayo FITA 2009 tampoco se encontraba registrado ante el Banco Central de Uruguay (BCU) como lo impone la legislación local, según confirmaron entonces las autoridades de ese organismo oficial a este diario.

A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.

Nombres que se repiten

La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó LA NACION. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.

Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el «empresario» Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.

Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de los Kirchner, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.

Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha.

Y también supervisó la contabilidad de Hotesur, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el juez federal Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Javier López Biscayart.

Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).

Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): «Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra».

En mayo de 2013, cuando este diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era «privada y confidencial», aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.

Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso «fue hecho para inversiones en áreas petroleras», aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz..

Del editor: qué significa. La contabilidad creativa llegó con Báez a su paroxismo. No se pueden entender sus negocios si no es bajo la lógica del lavado de dinero.

Fuente: La Nación, 11/01/15.
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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva y embargó por 75 mil pesos a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi en la causa abierta en su contra por no incluir a Lázaro Baez en una imputación por lavado de activos.

«La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.

Gonella está a cargo de la procuraduría de delitos económicos (Procelac). Colaboró en el caso Báez y participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez.

Es por eso que el titular de la Procelac comenzó a ser investigado, al no haber imputado a Baez en una pesquisa por lavado de dinero, pese a contar con información previa en base a la cual correspondía incluirlo en el dictamen.

Lo mismo ocurrió con el fiscal Omar Orsi, coordinador del área de Lavado de Activos de la Procelac.

Ambos estában imputados por «prevaricato» y finalmente hoy fueron procesados y embargados.

Fuente: LaNacion.com – 15/12/14 – 13:34 hs

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