La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.

La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.

Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió «anulado» y se consignó sobre el encabezado la leyenda «=Sin enviar=».

Consultados ayer por LA NACION, voceros del titular de la AFIP indicaron que «no está remitido el requerimiento a Austral Construcciones», por lo que calificaron de «falso» que se haya frenado la intimación. «Los requerimientos fueron enviados a los proveedores, y Austral Construcciones no era proveedor», argumentaron.

Cerca de Báez, en tanto, indicaron que el empresario contrató «de buena fe» a las firmas bahienses, que «deberán hacerse cargo si no estaban en regla», y que siempre que la AFIP le pidió alguna documentación Báez «se presentó y explicó cómo operaron y operan sus empresas».

¿Qué estaba por reclamarle a Báez la Regional de Bahía Blanca ya en 2011? Que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron a LA NACION que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti.

Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales, según reveló LA NACION en octubre pasado tras una investigación que se extendió por diez meses.

Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.

Un día después de que LA NACION revelara esa operatoria, Echegaray dio una conferencia de prensa en Buenos Aires con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha. Confirmó que esos tres grupos empresarios de Bahía se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA, de Ficcadenti, era «una usina de facturas falsas».

Vínculos con Cristina

Durante esa conferencia de prensa, del lunes 21 de octubre, Echegaray buscó además separar a la Presidenta de Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen «vínculos comerciales».

Echegaray también negó que la AFIP diera protección especial a Báez y criticó a los medios por concentrar su atención en el empresario. «Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez», planteó.

Los nuevos documentos que obtuvo LA NACION muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011. Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda «2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores».

¿Qué habían logrado verificar los sabuesos hasta que los frenaron? Que Constructora Patagónica Argentina mostraba «ventas y costos similares y superiores a 10 millones de pesos en el período fiscal 2010. [Pero] No presenta Sicore (por el sistema que controla las retenciones). Se solicita verificar los libros del impuesto al Valor Agregado», expuso Scafetto en otro documento interno.

Ante la Justicia, Báez ya fijó su posición sobre los indicios que llegan desde Bahía Blanca. En un escrito que presentó a fines de 2014 ante el juez Sebastián Casanello en la causa por supuesto lavado de activos, negó todas las imputaciones y hasta refutó a Echegaray, al negar que Calvento SA fuera una usina de facturas truchas.

Austral, afirmó Báez, no recibió «ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas» que sea apócrifa. Para eso defendió sus relaciones con Constructora Patagónica, Terrafaris, Grupo Penta y Calvento.

El empresario calló, sin embargo, sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio pasado. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que se acogió Penta.

En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y Filipini ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una «asociación ilícita fiscal».

Pero la operatoria continúa. En la Regional Bahía Blanca fotocopiaron todas las actuaciones y las enviaron con destino desconocido. Y Filipini se encuentra a un paso de otro ascenso: asumiría al frente de la Dirección Regional Neuquén.

Expediente comprometedor

La intimación «anulada» que nunca llegó a Austral Construcciones

 

 

• Ante la sospecha de que hizo uso de facturas falsas, a través de una firma de Bahía Blanca, la AFIP ordenó una intimación a Lázaro Báez.
• Esa intimación, sin embargo, nunca fue enviada; fue retenida en la seccional bahiense de la AFIP y luego se archivó como «anulada».

RÍO GALLEGOS – Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional invirtió en Santa Cruz miles de millones en obra pública. Sobre esos fondos, el empresario hoy investigado por presunto lavado de dinero, Lázaro Báez, y sus empresas constructoras se llevaron el mayor porcentaje.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, las inversiones que beneficiaron a la provincia estuvieron enfocadas en obras viales, en especial en el asfalto, y obras sobre las rutas nacionales 40 y 3, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la usina termoeléctrica; equipamientos en infraestructura urbana y la extensión del sistema interconectado nacional desde Puerto Madryn, en Chubut, hacia Santa Cruz.

Los gobernadores que sucedieron a Kirchner en la provincia recibieron, además, $ 1560 millones para obras de gas natural; $ 646 millones para gastos en recursos hídricos y saneamiento; $ 443 millones para viviendas; $ 180 millones para generación eléctrica; $ 87 millones para escuelas y universidades, y $ 258 millones para la segunda etapa del puerto de Caleta Paula, según informes oficiales publicados en la página del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2013.

Las enormes extensiones de la provincia y la baja densidad poblacional -recién en el Censo de 2010 se logró superar 1 habitante por km2- explican la necesidad de obras de gran envergadura para llevar los servicios básicos. Sólo 16 municipios y cinco comisiones de fomento pueblan la provincia y se encuentran dispersos a cientos de kilómetros entre sí.

En material vial, en la última década, el asfalto de la ruta nacional 40 fue la vedette de la provincia: además de comunicar las localidades cordilleranas promete convertirse en un futuro corredor turístico. Sin embargo, la obra aún no está concluida: están pendientes más de 150 km entre Gobernador Gregores y Tres Lagos.

Según informes publicados por este diario, hubo tramos que alcanzaron 3 millones de pesos el kilómetro. En tanto, la ruta nacional 3, la columna vertebral costera que garantiza la comunicación del país desde Buenos Aires hacia el Sur, fue remozada, arreglada y asfaltada en varios de sus tramos, y se han realizado autovías de ingreso en las ciudades de Río Gallegos y la demorada autovía que unirá dos provincias, entre las ciudades de Caleta Olivia-Radatilly, que vinculará Santa Cruz con Chubut.

Sin embargo, la obra pública nunca estuvo exenta de críticas en la provincia. La Unión Cívica Radical ha presentado pedidos de informes en materia de obra pública, entre los que sobresalen el realizado por la diputada Estela Maris Bubola, que denunció que desde 2007 se gastaron más de $ 1200 millones para tapar canteras en toda la provincia. Incluso causó cismas políticos: en marzo de 2006, la negativa del ex gobernador Sergio Acevedo de pagar un adelanto financiero del 25% del costo de obra a las empresas constructoras con fondos provinciales, equivalente a 30 millones de dólares, terminó con su renuncia a la gobernación.

Desde 2008, la Nación cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz: los fondos se manejaron en forma directa entre los entes: la licitación, el control y la certificación de la obra los hace la provincia, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales. Desde que en 2013 el empresario Lázaro Báez quedó en el centro de la escena por su presunta participación en una trama de lavado de dinero, la justicia federal instruye aquí una causa por presunto sobreprecio y cartelización en la obra pública a partir de los cuantiosos fondos nacionales que se derivaron hacia la cuna del kirchnerismo.

La causa se inició por una denuncia de la dirigente del ARI-CC Mariana Zuvic, pero ante la imposibilidad de constituirse en querellante no tiene acceso. Según explicaron desde el sector, la causa está por lo menos demorada. Por tratarse de delitos federales la causa alcanzará a los fondos que fueron derivados a la provincia desde la Nación destinados a la obra pública a partir de 2003.

Del análisis posterior también surgirá qué porcentaje de esos fondos quedó en manos de Báez y las empresas vinculadas con él.

Fuente: La Nación, 25/04/15.

El fiscal antilavado Carlos Gonella y su segundo Omar Orsi vieron agravados ayer sus problemas con la Justicia y quedaron a las puertas del juicio oral y público. La Cámara Federal confirmó sus procesamientos, por actuar en contra de la ley al dejar fuera de una investigación por lavado de dinero al empresario kirchnerista Lázaro Báez y su familia.

Los jueces de la Sala II del tribunal, Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, entendieron que el fiscal federal y su colaborador cometieron el supuesto delito de prevaricato, al no incluir a Báez y quedarse sólo con una acusación inicial contra Federico Elaskar y Leonardo Fariña, los «financistas» que acusaron al empresario.

Ambos fueron procesados por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, que indagó a Báez por ese delito, pero aún no resolvió si lo procesa o no.

Esta causa se inició con el programa de TV Periodismo para todos del 14 de abril de 2013, cuando puso en el aire testimonios de Fariña y Elaskar, que dijeron que sacaron del país unos 60 millones de euros de Báez y los blanquearon. Luego se desdijeron. A raíz de ese programa, se abrió una causa, que recayó en la fiscalía de Guillermo Marijuan. El fiscal estaba de licencia y lo reemplazaba Ramiro González. Gonella y Orsi colaboraron.

En un primer dictamen, en el que ambos participaron, dejaron fuera de la investigación a Báez y su familia. Ambos fueron denunciados y procesados por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Los camaristas rechazaron la apelación del defensor oficial de ambos imputados, Martín Hermida, y confirmó embargos de $ 75.000 sobre los bienes de Gonella y Orsi.

Para los jueces, «resulta llamativo» que no hayan propuesto «la producción de ni siquiera una sola prueba» que podría llegar a rozar a Báez y a su círculo en Austral Construcciones SA, la empresa santacruceña beneficiada con obras públicas.

Añadieron: «También llama la atención que pese a tratarse de un proceso en el que se investiga el delito de lavado de divisas y más allá de esa irrupción, la Procuraduría especializada en la materia no haya vuelto a efectuar en esa causa otra presentación relevante en las cuestiones técnicas que hacen a su materia de actuación».

Gonella y Orsi, que pertenecen a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, fueron procesados por no haber imputado al empresario Báez en un requerimiento por supuesto lavado de dinero. Los camaristas criticaron la actuación de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos). Dijeron que no realizó un análisis de los reportes de operaciones sospechosas que pesaban sobre Fariña y Elaskar y que los reunió y sólo los pasó al juzgado, sin un análisis crítico sobre su significado y contenido.

«El requerimiento fiscal que se incorporó a la causa no recogió con la amplitud debida los hechos revelados en las denuncias que generaron las actuaciones, sino que impulsaron una instrucción acotada sobre la base de reportes de operaciones sospechosas introducidos a la causa y sobre los que, en su mayoría, no se contaba con una conclusión asertiva por parte de los organismos de investigación especializados, como la UIF y Procelac».

Además dijeron que la incorporación a la causa sólo de estos reportes de operaciones sospechosas de Fariña y Elaskar «permitió encontrar una justificación para direccionar de modo limitado la investigación», con el argumento de que se apoyaba en los reportes, dejando de lado el contenido de las denuncias basadas en lo que había ocurrido en el programa de televisión.

Cuando el fiscal Marijuan regresó de vacaciones, amplió el requerimiento de instrucción para que abarcara a Báez y a su hijo Martín, que en la denuncia original aparecen como constituyendo sociedades en Panamá para transferir dinero a cuentas en el extranjero.

Una investigación del fiscal José María Campagnoli determinó que existieron movimientos de unos 60 millones de euros que salieron del país y se utilizaron para comprar bonos del Estado argentino, los que fueron vendidos y el dinero, depositado en las cuentas de Austral Construcciones en la sucursal del Banco Nación de Plaza de Mayo.

Estas constancias están incorporadas a la causa de Casanello que indagó a Báez porque Fariña dijo primero -y luego se desdijo- que compró en su nombre una estancia por cinco millones de dólares en Mendoza.

Gonella es uno de los fiscales más allegados a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien lo designó al frente de la Procelac y defendió su rol en el organismo, a pesar de que el Senado le dio acuerdo como fiscal federal de Formosa. En un discurso en diciembre último, la presidenta Cristina Kirchner había elogiado a los fiscales por sus investigaciones contra la venta de dólares y operaciones de contado con liqui, consideradas luego legales por la Justicia.-

Carlos Gonella. Fiscal antilavado

Es uno de los más cercanos a la procuradora Gils Carbó y favorito de la presidenta Cristina Kirchner. Integra Justicia Legítima. Se sumó al control del sistema cambiario.

Fuente: La Nación, 16/04/15.

Curazao, la pequeña isla del Caribe, es un mar de tesoros para los negocios de Lázaro Báez. Pero también de dolores de cabeza.

La operatoria que le permitió al empresario patagónico engordar el patrimonio de Austral Construcciones con $ 254 millones, cash, durante uno de los peores momentos financieros de la constructora fue aún más oscura de lo que ya se sabe. Incluyó dos sociedades inactivas en esa isla de las Antillas Holandesas, y la participación off shore de dos argentinos y un uruguayo que ya no pueden contar lo que saben: los tres murieron meses antes de que los últimos billetes entraran a las cuentas de la constructora, según reconstruyó LA NACIÓN sobre la base de testimonios y documentos confidenciales.

Lázaro Báez, el testaferro de los Kirchner.

Los primeros datos sobre la polémica operatoria ya las reveló este diario en mayo de 2013 y en enero pasado: Austral Construcciones detalló en su balance de 2011 que recibió $ 254 millones como indemnización por un supuesto proyecto inmobiliario que se frustró en Belice, del que se iba a encargar una sociedad de Curazao, J+J Holding, a través de un fideicomiso creado en Uruguay. Sin embargo, la firma de Curazao se encuentra inactiva desde 1989 y el fideicomiso jamás se registró ante las autoridades uruguayas, como impone la ley local.

¿Cuál fue el sentido de esa operación? Eso es lo que ahora investiga la Justicia, que intenta determinar si el proyecto realmente existió (y Báez invirtió millones en el Caribe) o si se trata de un dibujo con el que el empresario inventó una justificación para el reingreso, ya blanco, de $ 254 millones en la Argentina.

Nuevos documentos y testimonios que obtuvo LA NACIÓN exponen, por lo pronto, más puntos oscuros de ese ingreso de fondos. En teoría, Báez se interesó en un proyecto inmobiliario para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, una pequeña isla frente a las costas de Belice, en el mar Caribe.

Ese proyecto -con una inversión global estimada en US$ 1000 millones- quedó en manos de dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV. Pero para el Registro Público de Comercio de la isla, ambas sociedades se encuentran inactivas, según confirmaron sus autoridades a LA NACIÓN.

Aun así, un contador uruguayo se movió durante años como «apoderado» de J+J Holding, sobre la base de un instrumento librado en 1984. Se llamaba José Luis Balbi Dall ‘Orto y murió a fines de 2011.

En tanto, el rostro visible para la segunda firma inactiva de Curazao, Nederlandsche Fisheries, fue el de Norberto Floreal Rivera, un argentino con domicilio en Villa Dominico, partido de Avellaneda, que también murió hace unos años, a poco de superar las seis décadas, según confirmó su hermana.

Poco antes de morir, Dall’ Orto y Rivera constituyeron en Montevideo el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009). Pero no lo registraron ante el Banco Central (BCU) de ese país y redactaron varias cláusulas llamativas. Entre otras, que «todas las registraciones contables» del fideicomiso se llevarían «en un libro contable separado» y que «el mismo podrá estar o no registrado ante la autoridad de aplicación». Esto es, una carta blanca a la eventual manipulación de todos sus números.

En ese mismo instrumento de creación del FITA, fechado en junio de 2009, Dall’ Orto y Rivera dieron otro paso: designaron «representante legal» del fideicomiso a Gastón Lemoine, otro argentino de 41 años que ese mes se había recibido de abogado.

Dos meses después, en agosto de 2009, Dall’ Orto dio otro paso. Sumó al fideicomiso a otra sociedad off shore. Esta vez, una panameña, Benasque Invest Inc., que a su vez sería la que aportaría el «predio» para el proyecto inmobiliario: «una isla denominada Caye Chapel Island».

Al igual que en las firmas J+J Holding y Nederlandsche Fisheries, los nombres de los verdaderos dueños de Benasque Invest jamás aparecen. Sólo se movió su apoderado, José Alberto Capparelli, otro argentino con domicilio en Avellaneda. Fue socio de Rivera en un par de firmas locales y, al igual que éste y Dall’ Orto, también murió ya.

Para entonces, y al menos en los papeles, J+J Holding lideraría el fideicomiso, Nederlandsche Fisheries aportaría US$ 100 millones «en Bonos Euronotas Serie III, emitidos por la Cámara Internacional de Comercio del Mercosur», una ignota entidad a la que aluden como Cidecomer, y Benasque Invest sumaría «la isla».

Para noviembre de 2009, Austral Construcciones se sumó al proyecto. Firmó dos documentos con el nuevo representante de J+J Holding, Lemoine; se comprometió a invertir US$ 100 millones, y entregó en el acto un pagaré por la décima parte de ese monto: US$ 10 millones, según firmó el apoderado de la constructora de Báez, Andrés Soria, y consta en las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Apenas cinco meses y medio después, sin embargo, el proyecto quedó trunco, según notificó Lemoine en nombre de J+J Holding. Liquidarían el fideicomiso porque la panameña Benasque Invest había «incumplido con la obligación». Es decir, no entregó la isla.

Más dudas y fondos frescos

A partir de allí, Lemoine y un lugarteniente de Báez en Austral Construcciones, Claudio Bustos, se cruzaron varias intimaciones. Pero todas carecen de un acuse de recibido, o sellos o timbrados que den una fecha cierta, según surge de las copias que obtuvo LA NACIÓN.

Esas notas muestran algo más. En teoría el intercambio se dirigió al domicilio legal de J+J Holding (Pietermaai 16, Willemstad, Curazao), pero la sociedad lleva años fuera de allí, según verificó LA NACIÓN. En verdad, nada se firmó fuera del microcentro de Buenos Aires o, como máximo, Colonia y Montevideo, según los testimonios que recibió este diario.

Aun así, la firma inactiva de Curazao y Austral Construcciones terminaron con un arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca), como lo estipulaba el contrato del fideicomiso ante una controversia. Y con la firma de su presidente, Miguel Ángel Martín, se le dio la razón a la constructora de Báez.

Sin chistar, J+J Holding comenzó entonces a inyectar fondos cada mes en la cuenta de Austral Construcciones en el Banco Nación, hasta llegar a los $ 254 millones, aunque la empresa de Báez pidió casi sobre el final, en junio de 2012, que US$ 1,5 millones se girara a otro lado: una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Para entonces, la muerte ya había golpeado sobre el grupo de sociedades off shore. Pero Báez alcanzó la meta: inyectar fondos frescos desde el exterior en Austral Construcciones.

Paso a paso de una operación dudosa

En 2009, Lázaro Báez se sumó a un proyecto inmobiliario en una isla frente a Belice, en el Caribe, que preveía una inversión de US$ 1000 millones. Pero sostuvo que el proyecto fracasó y que fue indemnizado con $ 254 millones

1. Participan dos firmas constituidas en Curazao, J+J Holding NV y Nederlandsche Fisheries NV; sin embargo, ambas sociedades se encuentran inactivas y sus apoderados ya murieron

2. Ambas sociedades constituyeron en Uruguay el Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 (FITA I 2009), con el argentino Gastón Lemoine como «representante legal»

3. Al proyecto se suma otra sociedad off shore en Panamá, Benasque Invest Inc., cuyos verdaderos dueños jamás aparecen; sólo se conoció a un apoderado, también fallecido

4. En noviembre de 2009, Austral Construcciones se suma al proyecto para construir condominios de lujo en Caye Chapel Island, frente a Belice

5. A mediados de 2010, el proyecto quedó trunco y se dispone la liquidación del fideicomiso

6. J+J Holding y Austral Construcciones inician un proceso de arbitraje en el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje (Ianca)

7. Entre 2011 y 2012, J+J Holding indemniza a Austral Construcciones con $ 254 millones que transfiere a una cuenta en el Banco Nación, de la Argentina

8. En junio de 2012, Austral Construcciones pide que la última cuota, por US$ 1,5 millones, se gire a una cuenta de Kitwe Park International Corporation de Panamá.

Fuente: La Nación, 23/03/15.