Millones de casas abandonadas: las imágenes que muestran el fracaso del proyecto de vivienda social en México
Vistas desde el aire pueden parecer renders de ordenador. Como si de una marabunta de hormigas se tratara, las viviendas sociales en México pueden lucir muy ordenadas y prácticas o totalmente inhumanas. Aliniadas de forma radical, estas construcciones que pueden encontrarse en Querétaro, Monterrey o Ecatepec son una verdadera asfixia periférica. Además, claro, de un fracaso de la ingeniería social en el país.
Hace más de 20 años, la administración de Vicente Fox estableció los proyectos de vivienda como una de sus prioridades, creando las Políticas Nacionales de Desarrollo Urbano y Habitacional y una serie de reformas que pusieron a México a la cabeza de Latinoamérica en transacciones de titularización respaldadas por hipotecas, destacó entonces el Banco Mundial en una publicación sobre Vivienda Popular en Latinoamérica.
Durante el gobierno de Fox y de su sucesor, Felipe Calderón, México registró una explosión del desarrollo inmobiliario de interés social. Es decir, viviendas para personas de bajos recursos que podían ser adquiridas a crédito, mayoritariamente el gubernamental, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Sin embargo, después de este boom las viviendas han ido quedando abandonadas a un ritmo medio de 81.000 por año.
Doce años después, el panorama de la vivienda social en México es, literalmente, de abandono total: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hay cinco millones de casas abandonadas en todo el territorio nacional, que evidencian la inexistencia de una política de vivienda para las personas pobres, es decir, casi la mitad de la población, denuncia Oxfam.
EN XATAKA MÉXICO La perfecta simetría de estos condominios esconde las verdaderas desigualdades en México
Esto se debe a que las casas están mal hechas o mal ubicadas, apuntaba la periodista Claudia Altamirano en este reportaje de Animal Político. Al ser de interés social fueron construidas con una calidad baja y en zonas marginadas. «Le prometían a la gente que iban a llegar fábricas y ahí iban a encontrar trabajos. Eso nunca pasó, entonces la infraestructura nunca llegó y se quedaron en zonas muy inseguras y poco desarrolladas, obligando a muchas personas a irse», puntualizaba Milena Dovalí, coordinadora de Investigación de Oxfam México.
El propio Infonavit es consciente del problema. Su actual director, Carlos Martínez, explicó que el modelo de desarrollo urbano tan extensivo que se dio entre 2001 y 2012 no tenía ninguna regla de calidad urbana. «Se construyeron desarrollos a diestro y siniestro en muchos lugares donde ni siquiera había servicios públicos, había promesas pero al final nunca llegaron. Son desarrollos alejados de los centros urbanos, sin transporte público cerca, inhabitables, que aún así se colocaron a través de créditos del Infonavit”, indicaba el funcionario.
Sin embargo, la causa más importante del abandono de millones de viviendas es que, al final, los trabajadores no pudieron pagarlas. De los cinco millones de créditos otorgados, cuatro seguían un esquema de salario mínimo, de acuerdo con cifras del Infonavit. Esto implicaba que, cada vez que el salario mínimo aumentaba, también crecían los precios y el crédito, pero no en la misma proporción y las deudas terminan siendo impagables. Y es que el boom de productividad de algunos sectores de la economía no se vio acompañado de un aumento real al salario de miles de trabajadores, que ya no encontraron cómo mantener sus créditos.
Las cifras de Oxfam, basadas en estadísticas del Inegi, refieren que entre el 10% más pobre de la población, casi la mitad no tiene piso firme, con techos y muros adecuados, y hasta 20% no tiene agua y drenaje. Mientras que entre los más ricos este porcentaje se reduce a 1% o menos. La falta de servicios es uno de los motivos más frecuentes de abandono de las viviendas, junto con la lejanía de los centros de trabajo y la mala calidad en las construcciones, algunas incluso en asentamientos con riesgos climatológicos.
Estas imágenes del fotógrafo arquitectónico Jorge Taboada muestran algunos de los tantos proyectos de vivienda social en México. Una idea cúbica de la lucha del país en materia de vivienda.
Por qué en México hay 5 millones de casas deshabitadas
Por Alberto Nájar. BBC News Mundo, México.
Ciudad Juárez, Chihuahua, es uno de los sitios donde la violencia provoca el abandono de casas.
Es un problema grave que puede profundizarse: según datos oficiales, en México existen al menos cinco millones de casas abandonadas, y no se sabe qué va a pasar con ellas.
En muchos casos sus propietarios las desalojaron para huir de la violencia. Pero en otros las viviendas se construyeron en zonas inadecuadas o no se les proporcionaron servicios básicos.
Además, las autoridades no saben dónde se encuentra todas las casas abandonadas ni tampoco se sabe cuántas son en realidad.
El dato de las cinco millones de viviendas abandonadas corresponde a un censo de 2010, realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Pero después se han realizado diagnósticos similares. Así, el problema puede ser aún más serio, reconocen las autoridades.
Un desarrollo urbano en García, Nuevo León.
“Ha sido uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado” le dice a BBC Mundo Román Meyer, secretario de Desarrollo Agrario, Urbano y Territorial (Sedatu).
“Es un tema vinculado al abandono del espacio público, a la delincuencia. Es como una bolita de nieve que se va acumulando”, sostiene.
Construcción masiva
¿Por qué se acumuló la cifra de casas abandonadas? Son varias razones, coinciden especialistas y autoridades.
Desde 2000 los distintos gobiernos aplicaron una política de construcción de viviendas en todo el país.
Muchas viviendas en fraccionamientos gigantescos, como este en Jalisco, están en el abandono.
Pero muchas veces sin tomar en cuenta todos los elementos necesarios para estos desarrollos, dice el secretario Meyer: “Desde una lógica plenamente financiera se colocaron de forma masiva un número importante de viviendas”.
“Pero a final de cuentas carecían de los temas muy básicos como la cercanía a los trabajos, equipamientos, usos mixtos, espacios públicos”, explica.
En otros casos los conjuntos habitacionales se edificaron en zonas totalmente inadecuadas, como pantanos.
“Muchas veces se construyó incluso en lugares donde no se debió haber puesto una piedra”, reconoce Carlos Martínez Velázquez, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).
“Se hicieron desarrollos que no cuentan, hasta la fecha, con servicios básicos como agua o electricidad”, reconoce.
En Tabasco los grandes desarrollos de viviendas han sufrido de inundaciones en época de lluvias.
Estos conjuntos de casas no debieron construirse, dicen especialistas, pero fueron autorizados por gobiernos estatales y municipales.
El resultado: miles de familias abandonaron las casas ante las dificultades para seguir ocupándolas.
Desplazamiento
Otra de las razones para el alto número de casas deshabitadas es el desplazamiento masivo de personas por la violencia.
De acuerdo con el Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018, hasta 2017 más de 345.000 personas “tuvieron que desplazarse de manera forzada en el interior del país debido a la violencia o a conflictos territoriales”.
Los desarrollos inmobiliarios en muchas ocasiones no han previsto los servicios básicos necesarios.
El secretario Meyer asegura que éste problema es particularmente serio en el norte del país.
Pero Louise David, coordinadora de la organización Alianza para la Regeneración Urbana, recuerda que hacen falta datos para asegurarlo pues no hay un censo o estudio reciente sobre las viviendas abandonadas.
Lo que sí se conoce es el impacto del problema y la cadena de acciones que desata.
“Hay un círculo vicioso alrededor de la vivienda abandonada”, explica a BBC Mundo. “Si hay una casa deshabitada se suma otra y luego una tercera”.
Así, los vecinos que permanecen en los barrios empiezan a sentir un ambiente de inseguridad, sobre todo cuando las casas deshabitadas se invaden.
Muchas casas abandonadas por la violencia se encuentran en zonas rurales.
Hasta ahora no está claro qué va a suceder con estas casas. La Sedatu empezó un nuevo estudio para saber, primero, la ubicación precisa de las viviendas.
Y luego se pretende conocer las condiciones específicas de cada desarrollo habitacional, sobre todo determinar si pueden ser recuperadas.
Es parte de una estrategia contra la violencia, sobre en zonas con alto número de casas deshabitadas por el problema, como Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Parte del proceso de pacificación del país pasa a través del ordenamiento del territorio y una adecuada política de vivienda”, dice el secretario Meyer.
Los temas ‘agrios’ como la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales, no deben ser una preocupación para la nota crediticia del país, consideró la calificadora.
Los temas ‘agrios’ para la economía mexicana, como la renegociación del TLCAN y las elecciones presidenciales del próximo 1 de julio, no deben ser una preocupación para la nota crediticia del país en los próximos meses, de acuerdo con la calificadora Moody’s.
La agencia mejoró la perspectiva de la deuda soberana de México de ‘negativa’ a ‘estable’ y mantuvo la calificación en ‘A3’, al considerar que la renegociación del TLCAN llegará a buen término; a los sólidos fundamentos macroeconómicos del país, tras las reformas estructurales; y a que sin importar quién gane las elecciones presidenciales, será difícil que se debilite la economía.
A3
La nota ‘A3’ se ubica en el séptimo de los 10 escalones que tiene Moody’s en su definición de calificaciones con grados de inversión.
Las obligaciones calificadas con ‘A’ se consideran de grado medio alto y están sujetas a un bajo riesgo crediticio.
Moody’s agrega los modificadores numéricos 1, 2 y 3 a cada clasificación. El número 3 significa que está en el extremo inferior de esta categoría.
En julio de 2017, Standard & Poor’s revisó la perspectiva de la calificación soberana de México de ‘negativa’ a ‘estable’, con el argumento de que el país estaba respondiendo adecuadamente a presiones externas y a la volatilidad financiera. Un par de semanas después lo hizo Fitch bajo el mismo criterio, por lo que Moody’s es la última en unirse a la tendencia.
Miguel Messmacher, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, elogió la acción de Moody’s, al considerar que es un fiel reflejo del buen manejo de las finanzas públicas y la solidez de la economía mexicana.
“Las tres calificadoras, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch están resaltando el trabajo que se vino haciendo durante el año pasado, desde el punto de vista de las finanzas públicas, reduciendo el déficit y la deuda, así como la implementación de las reformas estructurales, que a su vez han mejorado las perspectivas de crecimiento a largo plazo”, dijo en entrevista con El Financiero | Bloomberg.
En referencia al tema de que no importa cuál partido político gane la elección presidencial, Messmacher recordó que hay elementos constitucionales como la autonomía del banco central, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y las reformas, que blindan de alguna manera y dan certidumbre ante cualquier cambio radical que quisiera implementar una nueva administración.
Reconocen disciplina
Gabriel Casillas, economista en jefe del Grupo Financiero Banorte, opinó que la decisión tomada por Moody’s es un reconocimiento a la disciplina fiscal del país.
“(Han) estado muy satisfechos con el manejo fiscal de esta administración en el sentido en que las reformas fiscal, apoyadas por la energética y la laboral, que ha incentivado la formalización, hicieron posible disminuir significativamente la dependencia de los ingresos petroleros”.
Por otro lado, Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, coincidió en que la mejora de la perspectiva de la calificación de México es un reconocimiento al proceso de consolidación fiscal.
No importa el ganador
Un elemento clave para la mejora en la perspectiva de México ‘estable’, es la baja probabilidad que Moody’s da a que la próxima administración debilite los fundamentos crediticios del país, a través de un cambio fuerte en la dirección de la política.
“Cualquiera que sea el candidato y el partido que gane las elecciones presidenciales y legislativas, no está claro que el nuevo titular será capaz de alterar la dirección de la política o revertir las reformas ya implementadas”, aseguró Moody’s en un comunicado.
Para la agencia, el marco institucional del país limita los riesgos a la baja, ante posibles reversiones de políticas.
En tanto, dijo que los limitantes al crecimiento derivados de la renegociación del TLCAN están retrocediendo a medida que el compromiso entre los miembros del tratado se ha mantenido sólido.
“La probabilidad de que no se firme la renegociación es prácticamente nula y ese era el principal riesgo para la economía mexicana”, dijo Gabriela Siller, de Banco Base.
—Con información de Víctor Piz, Jeanette Leyva y Clara Zepeda*
Un embajador de México ocultó un millón en un banco de Andorra
El expresidente del Congreso Arroyo Vieyra cobró en el Principado de un despacho de abogados
Por José María Irujo.
Francisco Arroyo Vieyra, en el IV Foro de Jefes del Parlamento de los países del G20, en abril de 2013, en la Ciudad de México.
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El embajador de México en Uruguay, Francisco Agustín Arroyo Vieyra, ocultó durante varios años 1,2 millones de dólares (1,1 millones de euros) en una cuenta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), según documentos internos de esta entidad a los que ha tenido acceso EL PAÍS. El diplomático, que pertenece al gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), cobró en el depósito del Principado de Andorra de un despacho de abogados de Ciudad de México. Arroyo Vieyra, que presidió entre 2012 y 2013 la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados, reconoce el pago, afirma que fue por un trabajo que, según dice, no puede revelar y añade que fue “un error” cobrar los fondos en Andorra.
Acta de compliance (cumplimiento) de la Banca Privada d’Andorra (BPA) donde se menciona al embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra.EL PAÍS
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La BPA fue una entidad intervenida en 2015 por las autoridades andorranas y sus principales directivos fueron procesados por corrupción después de que EE UU alertara de que carteles de la droga de México y grandes compañías utilizaban la institución financiera para blanquear capitales y pagar comisiones ilegales a políticos de Europa y América. Desde entonces, la BPA se ha convertido en el vértice final de diferentes escándalos. Andorra terminó con el secreto bancario el pasado año.
UN CUARTO DE SIGLO AL CALOR DEL PRI
El embajador de México en Uruguay, Francisco Arroyo Vieyra, ha encadenado cargos públicos durante más de un cuarto de siglo al calor del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Desde que fuera elegido diputado en 1991, este licenciado en Derecho de 58 años nacido en León (Guanajuato, México) se maneja bien entre los resortes del poder. Ha sido diputado local, federal y senador. Y en el camino, ha ocupado la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados (2012) y ha trabajado como asesor de la Secretaría de Fomento de Guanajuato.
Con 15 años, el político desembarcó en la rama juvenil del PRI, el Movimiento Nacional de las Juventudes Revolucionarias (MNJR). Desde este trampolín, inició una exitosa carrera en la formación. Fue secretario de acción legislativa del partido, presidente de la conferencia de coordinadores parlamentarios y precandidato a gobernar Guanajuato.
Exlocutor de radio, columnista de prensa, actor –interpretó a un sacerdote en la cinta de la que fue productor Luna Escondida (2010)-, Arroyo Vieyra posee dos hoteles en el Estado de Guanajuato. «Soy un hombre con recursos que generan recursos para vivir con dignidad. Tengo una hoja de vida limpia y honesta», incide el actual embajador en una conversación telefónica con este periódico.
El ingreso a nombre de Arroyo Vieyra procedió del despacho de abogados mexicano que preside Pedro Raymundo Salinas Arrambide, según la documentación interna de la BPA. El embajador y el abogado atribuyen el dinero a un trabajo jurídico que desarrollaron juntos. La cuenta se abrió entre 2011 y 2012 y permaneció operativa a nombre del político del PRI durante, al menos, tres años. Arroyo Vieyra asegura que, tras cerrar el depósito, regularizó su situación y declaró sus ingresos a la Hacienda mexicana.
Las actas internas y confidenciales del Departamento de Cumplimiento (Compliance) de la BPA detallan la operación bajo un epígrafe titulado Solicitud de apertura de Cuentas de PEPs, personas políticamente expuestas, que es el término utilizado por los bancos para referirse a clientes con cargos públicos. El documento explica que Pedro Raymundo Salinas Arrambide (México), socio administrador de Salinas Arrambide y Asociados, “tiene pendiente un cobro correspondiente a su actividad de unos 3.000.000 USD (2,5 millones de euros)». Este dinero, según él, «podría justificarlo y documentarlo sin ningún problema”.
Y añade: “Pretende cobrarlo mediante dos transferencias a dos cuentas que nos aperturaría, una a su nombre por un importe de 1.800.000 USD (1.5 millones de euros) y otra a nombre de Francisco Agustín Arroyo Vieyra por 1.200.000 USD. Según el Sr. Salinas, el sr Arroyo es un asociado del bufete, si bien no consta en el Acta constitutiva. El problema es que el Sr Salinas (se equivoca el redactor de nombre) es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, si bien nos manifiesta que al margen de su actividad política tiene otras actividades empresariales, 2 hoteles en Guanajuato y asociado al bufete mencionado”.
Pese a las reservas que el Departamento de Cumplimiento de la BPA tuvo a la operación por el perfil político de Arroyo, un veterano y conocido político del PRI, las dos cuentas se abrieron con las cantidades citadas. El embajador de México en Montevideo (Uruguay) lo explica así: “Fue un pago de honorarios de mi despacho. Fui legislador y abogado postulante privado durante 25 años. Algún día me lo pagaron por ahí, pero ese dinero está en México y pagué mis impuestos. Tengo mi declaración fiscal en orden. Es la manera de estar tranquilo. Fue hace años y podría estar prescrito, pero está cubierto”.
En una primera conversación telefónica con este periódico, el diplomático afirmó que era socio del despacho de Salinas, algo que este niega. En un segundo contacto, sin embargo, el embajador puntualizó que ambos han “trabajado como asociados y litigado juntos” en distintos casos. “Hubo un contrato de asociación profesional. El origen del dinero es lícito, mis impuestos están pagados y mi conciencia tranquila”. El embajador mexicano en Uruguay justifica: “No puedo revelar los nombres de los clientes ni de que se trata por secreto profesional”. Y añade: “Representamos a empresas con litigios fuertes y hemos llegado a buenos resultados”.
En 2013, la Cámara de Diputados de México que presidía Arroyo Vieyra contrató asesorías por adjudicación directa de 7,9 millones de pesos (371.104 euros). De esta cantidad, 3,2 millones de pesos (150.287 euros) fueron a parar a la firma de Salinas y Asociados. El embajador afirma que el pago que recibió en Andorra de este bufete no guarda relación alguna con estas adjudicaciones. “Le pedí a Pedro (Salinas) que fuera mi consejero en algunos asuntos. El presidente de la Cámara no maneja recursos y tiene una asesoría muy modesta. Es un abogado muy prestigioso, fue un consejero honorario, de buena voluntad. En 2013 yo no participé en ningún litigio”.
Arroyo Vieyra señala que la cuenta se abrió en “2011 o 2012” y que estuvo activa “tres o cuatro años”. El diplomático justifica así su decisión de cobrar a través del Principado: “Había un promotor de la BPA que nos embaucó en este asunto. Era lícito, pero fue un error. No lo volvería a hacer, se lo aseguró”.
El embajador de México en Uruguay no es el único político de este país que ha tenido cuentas en la BPA de Andorra. EL PAÍS reveló que Oscar Javier Lara Aréchiga, de 65 años, exdiputado del PRI tuvo en este mismo banco una cuenta de seis millones de dólares (5,045 millones de euros). Y que manejó un total de 17 millones en paraísos fiscales como Panamá o las Antillas Holandesas mediante una sociedad opaca. La citada empresa estaba gestionada por BK Group, una firma holandesa de servicios fiduciarios. La Fiscalía de Andorra investiga a Lara Aréchiga y ha solicitado a México detalles sobre su trayectoria política para lograr una identificación completa.
SALINAS ARRAMBIDE: “NO HE ABIERTO NINGUNA CUENTA A NADIE”
El abogado Pedro Salinas Arrambide, del bufete de Ciudad de México Salinas Arrambide Asociados, admite haber tenido una cuenta en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Sin embargo, el defensor niega ser el intermediario ante esta entidad del embajador de México en Uruguay, el priista Francisco Agustín Arroyo Vieyra. “Yo no le he abierto ninguna cuenta a nadie. Si se refiere a una sola que tengo a mi nombre y que abrí para mí…”, responde el abogado en un cuestionario.
Salinas Arrambide explica que abrió el depósito en la BPA para guardar ingresos “totalmente lícitos” de su actividad profesional. “Un amigo me comentó que ese banco tenía buenos rendimientos y que era un buen lugar para tener mis inversiones, contacté con ellos y me vinieron a visitar a mi despacho de Ciudad de México funcionarios de esta institución [la BPA], hace aproximadamente cinco años”, añade.
El letrado justifica así su vínculo con el diplomático: “Somos conocidos y amigos desde hace muchos años y le conocí por mi actividad profesional. Es por ello que hemos coincidido en algunos proyectos profesionales, sin que exista ninguno vigente”.
“Lo cierto es que hemos tenido en el pasado juntos, con otros profesionistas, acuerdos de asociación profesional para la atención de algunos proyectos específicos, donde yo me he desempeñado como abogado, que ya han concluido”, detalla el letrado.
Salinas Arrambide responde de este modo cuando se le pregunta si declaró ante la Hacienda mexicana sus ingresos de la BPA: “Me ofende su pregunta, pero sí, siempre cumplo mis obligaciones fiscales”.
Los choques de Washington con su vecino podrían ser aprovechados para aumentar la relación con México.
Por Alberto Armendáriz.
CIUDAD DE MÉXICO — «Todo el comercio entre la Argentina y México equivale a poco menos de dos días del volumen que intercambian en un año los mexicanos con Estados Unidos», subrayó el embajador argentino en esta ciudad, Daniel Chuburu, para poner en perspectiva el problema que significa para los mexicanos la amenaza de Donald Trump de renegociar o terminar con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), en vigor desde 1994.
Trump se queja de que en el flujo bilateral de 530.000 millones de dólares con México, Estados Unidos enfrenta un déficit de poco más de 60.000 millones en su balanza comercial. Los mexicanos envían a Estados Unidos más del 80% de sus ventas al exterior, mientras que México es el segundo destino de las exportaciones estadounidenses, después de Canadá.
México, que depende de Estados Unidos para algunos alimentos clave para su población, sufriría un gran golpe si hubiera alguna alteración en el marco de todo ese comercio. Eso podría ser una gran oportunidad para la Argentina.
«El intercambio entre la Argentina y México se reduce hoy a 2500 millones de dólares, una cifra pequeña que no se condice ni con el tamaño de nuestros países ni con la gran relación política que tenemos. La Argentina podría ser una fuente alternariva de abastecimiento de alimentos para México y profundizar así el proceso de integración regional. Estamos en condiciones de aumentar significativamente nuestro comercio con México», destacó Chuburu, que citó productos que la Argentina podría vender a los mexicanos, como maíz, soja y trigo, además de maní, pollo y lácteos.
De esta manera, la Argentina podría reducir el déficit comercial con México de alrededor de 1000 millones de dólares, vinculado principalmente a la compra de autos, que representa el 40% del intercambio bilateral.
Diplomáticos de ambos países, junto a representantes de Brasil, ya evalúan las posibilidades que se podrían abrir en caso del tan temido fin del Nafta. La idea es coordinar las iniciativas y ampliar la cooperación entre los países de la Alianza del Pacífico (México, Colombia, Perú y Chile) y los del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).
A la Argentina le interesa especialmente que se revean trabas fitosanitarias mexicanas que prohíben el ingreso de la carne argentina, así como la eventualidad de terminar con el arancel del 18% que hoy pesa sobre los vinos.
Negociaciones
«Queremos que se establezcan a la brevedad rondas de negociaciones tendientes a firmar un tratado de libre comercio entre México y la Argentina para proveernos de alimentos», indicó el diputado mexicano Víctor Manuel Giorgana, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El político del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha sido uno de los más duros en el Congreso en expresar su rechazo a las amenazas de Trump. Incluso llegó a advertir que si Estados Unidos pretende hacer pagar el muro fronterizo con un impuesto a las remesas que los migrantes mexicanos envían a su país, México debería responder con un gravamen a las utilidades de las empresas estadounidenses radicadas de este lado de la frontera.
«Debemos reconsiderar y relanzar toda la política exterior frente a la nueva realidad que se le presenta a México. Todas las opciones tienen que estar sobre la mesa y es momento de aumentar los esfuerzos hacia una mayor integración de América latina, retomar un liderazgo sólido de México en la región en defensa de nuestros intereses que el gobierno de Estados Unidos intenta perjudicar», añadió.
El stock de inversiones argentinas en México actualmente se calcula en 11 millones de dólares, con Techint como la empresa de mayor presencia, aunque recientemente también la petrolera Pan American Energy desembarcó en estas tierras para aprovechar la reforma energética impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
Se estima que unos 45.000 argentinos viven en México de forma permanente, muchos de ellos en altos cargos gerenciales en todo tipo empresas mexicanas, argentinas e internacionales, así como en firmas de publicidad, estudios de arquitectura o como emprendedores gastronómicos.
Monterrey anticipa los efectos en México de la ruptura del Nafta
Por Robbie Whelan.
Cerro de la Campana, un vecindario de Monterrey.
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MONTERREY, México — La carretera que va desde el aeropuerto al centro de esta ciudad industrial está poblada de fábricas y depósitos con nombres de empresas estadounidenses que fabrican algunos de los productos más reconocidos del mundo: las lavadoras de Whirlpool Corp., las galletas de Mondelēz International Inc. y los cosméticos de Mary Kay Inc.
En un parque industrial en las afueras de la ciudad que alberga instalaciones de General Electric Co. y DuPont Co., una calle se llama Avenida Nafta y otra Boulevard TLC, la sigla del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que abarca a Estados Unidos, Canadá y México.
Una avalancha de inversiones ligadas al Nafta ayudó a convertir a Monterrey en la capital mexicana del libre comercio, permitiendo que decenas de miles de trabajadores accedieran a la clase media y enriqueciendo a las poderosas familias empresariales. En estos días, las personas a ambos extremos de la economía tratan de determinar sus próximos pasos en momentos en que Donald Trump, el nuevo presidente de EE.UU., parece dispuesto a cumplir sus promesas de renegociar el Nafta y erigir un muro entre ambos países.
El jueves en la mañana, sin ir más lejos, el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló una visita a EE.UU. prevista para la próxima semana luego de que Trump intensificara la presión para que México financiara el muro que pretende construir en la frontera.
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“El libre comercio es crucial para el crecimiento de México”, dice Alberto de Armas, presidente del capítulo de Monterrey de la Cámara Americana de Comercio de México, un organismo que defiende el intercambio comercial. “Cuando llegué a Monterrey en los años 80, era una ciudad dormida. Lo único que había eran fábricas de vidrio, cementos y cerveza. Ahora, puede asistir a la ópera”.
Aunque una serie de políticos estadounidenses, desde Trump al senador demócrata Bernie Sanders, han atribuido al Nafta y al libre comercio en general las pérdidas de empleos en EE.UU., el pacto comercial ha transformado a las exportaciones en el motor de la economía mexicana. Nafta contribuyó al desarrollo de vastas zonas del país, ayudó a poner fin a los altibajos crónicos de la economía y propició un auge de la inversión impulsada por las empresas del país vecino. La inversión extranjera directa se quintuplicó. El mayor empleador privado de México es la cadena minorista Wal-Mart Stores Inc.
Un trabajador en una planta de ensamblaje de Kia Motor en Pesquería, México.
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El ascenso de Trump es considerado en México como la mayor amenaza proveniente de EE.UU. desde la Primera Guerra Mundial, cuando tropas estadounidenses ocuparon brevemente la ciudad de Veracruz. También trastorna seis décadas de política estadounidense que colocó la estabilidad de México como una prioridad.
El peso ha caído cerca de 13% desde la elección mientras que la inversión extranjera directa, que ya había retrocedido 23% interanual en los nueve primeros meses de 2016, se ha paralizado desde el triunfo de Trump.
Los economistas sondeados por el banco mexicano Citibanamex redujeron el viernes su pronóstico de crecimiento para este año de 1,7% a 1,5%. También revisaron al alza sus previsiones de inflación y de alzas de las tasas de interés.
Los empresarios mexicanos intentan atenuar el impacto. Hace unos días, medio centenar de ejecutivos de las principales compañías del país se reunieron en privado en Ciudad de México con Luis Videgaray, el secretario de Relaciones Exteriores. El objetivo era buscar formas de relacionarse con el gobierno de Trump, una tarea que le ha sido delegada a Videgaray, quien se desempeñó como secretario de Hacienda antes de renunciar en septiembre tras las críticas provocadas por la visita de Trump a México en medio de la campaña electoral.
Los empresarios le sugirieron a Videgaray proponer que el acuerdo añada reglas de origen más estrictas, lo que exigiría que los productos fabricados en México tengan niveles más altos de componentes norteamericanos para que ingresen a EE.UU. sin aranceles. Algunas automotrices como Mazda Motor Corp., por ejemplo, importan motores directamente de Japón y ensamblan un vehículo en México que luego es exportado a EE.UU. Bajo las nuevas normas, estos autos podrían tener que pagar un arancel a menos que los motores sean fabricados en la región.
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Reglas de origen más estrictas inclinarían la balanza hacia un mayor contenido de EE.UU., pero también elevarían los costos y reducirían la competitividad de la región frente a la del resto del mundo, dicen los partidarios del libre comercio. El funcionario aprobó la estrategia y dijo que parecía la táctica de negociación “más lógica”, según varios ejecutivos que asistieron al encuentro. La oficina de Videgaray, que se ha reunido con representantes del gobierno de Trump en Washington esta semana, no respondió a llamadas en busca de comentario.
Aunque buena parte de la población mexicana sigue sumida en la pobreza, algunas zonas se han empezado a desarrollar gracias al libre comercio. La economía de Nuevo León, donde está Monterrey, creció 67% entre 2004 y mediados de 2016, según el gobierno mexicano, un promedio anual de más de 4%.
Los 12 estados mexicanos más dependientes de los sectores exportadores gobernados por el Nafta, aglomerados en la frontera con EE.UU. y la región central donde se ubica la industria automotriz conocida como El Bajío, experimentaron una expansión anual promedio de 3,7% desde 2004, según un análisis de The Wall Street Journal a partir de datos oficiales. En cambio, los 20 estados que no dependen del Nafta promediaron un crecimiento anual de 2,8% desde 2003.
Planta de Whirlpool en Monterrey, México.
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Aunque el Nafta se pueda renegociar de una forma que beneficie a todos, México podría tener por delante un camino lleno de baches tomando en cuenta las críticas de Trump contra las empresas que tratan de abrir una planta en el país. Las preocupaciones adquirieron un tono cercano al pánico en las últimas semanas cuando Ford Motor Co. canceló la construcción de una planta de ensamblaje de US$1.600 millones en la ciudad industrial de San Luis Potosí tras los ataques de Trump. Un poco antes, Carrier Corp. había adoptado una medida semejante. Una importante cadena estadounidense de artículos para la construcción y equipamiento del hogar, suspendió sus planes de expansión en México ante las preocupaciones por la publicidad negativa que recibiría, indicaron fuentes cercanas.
Algunos en México creen que cuesta imaginar a una compañía estadounidense anunciando una nueva fábrica en el país en un futuro cercano. “No contamos con información nueva sobre inversiones en plantas desde las elecciones en EE.UU.”, dice Ricardo Cantú, presidente de Index Nuevo León, una asociación de exportadores.
El presidente ejecutivo de Fiat Chrysler Automobiles señaló que el fabricante podría retirarse de México si el gobierno de Trump cumple su promesa de imponer aranceles a los autos importados. En las últimas semanas, el mandatario estadounidense ha atacado a General Motors Co., Toyota Motor Corp. y BMW AG a raíz de sus inversiones en México.
Los mexicanos están consternados y se han vuelto cada vez más enardecidos. Un gobierno estatal, un gobierno municipal y varias empresas mexicanas reaccionaron al anuncio de Ford lanzando su propio boicot de los productos de la automotriz.
Si el Nafta fuera desechado por completo, la relación comercial entre EE.UU. y México volvería regirse por las normas de la Organización Mundial del Comercio, dicen los expertos. Ello probablemente resultaría en aranceles promedio de sólo 5% para los productos que México envíe a su vecino del norte. El impacto sería ligeramente peor para los bienes estadounidenses que se dirigen al sur, ya que el antiguo acuerdo de la OMC permitió un cierto proteccionismo por parte de México.
No obstante, el impacto sobre el clima de inversión sería difícil de predecir. El Nafta consagró protecciones legales para las empresas estadounidenses que invierten en México contra regulaciones punitivas o confiscaciones. También estableció un mecanismo para resolver quejas.
Incluso más preocupante para la élite de Monterrey son otros posibles aranceles de importación que están siendo analizados en EE.UU. Los republicanos de la Cámara de Representantes han lanzado la idea de un “impuesto de ajuste fronterizo” que privaría a las empresas estadounidenses de una exención de impuestos a los bienes importados. “La idea de un impuesto fronterizo es un problema enorme”, dijo Enrique Zambrano Benítez, presidente ejecutivo de Grupo Proeza, un holding que controla la siderúrgica Metalsa, un gran proveedor de las automotrices con sede en Monterrey.
Zambrano dijo que si ese impuesto se aplica, su firma probablemente trasladaría parte de su producción mexicana a sus cinco plantas estadounidenses y compraría más materias primas de los productores de EE.UU., lo que daría lugar a despidos en México. Esa situación, advirtió, probablemente forzaría a su firma a cobrar precios más altos en EE.UU.
Stabilit S.A. de C.V., una empresa de materiales de construcción, dijo que tal impuesto podría obligar a despedir a cientos de trabajadores mexicanos y a centrarse más en la venta a clientes en México, Europa y Asia, según el presidente de la compañía, Fernando Canales Clariond, que fue secretario de Economía y de Energía de México y es parte de una tercera generación de industriales.
Canales dijo que la compañía gasta cerca de US$350 millones al año en materias primas, incluyendo grandes compras de resinas plásticas y fibra de vidrio de empresas estadounidenses como PPG Industries Inc. Imponer un arancel de frontera significaría la pérdida de muchos empleos en las fábricas de EE.UU., advirtió.
Con seis grandes fabricantes de vehículos industriales, camiones y autos y más de 200 proveedores de primer nivel, Nuevo León, y en especial Monterrey, es un importante centro económico para el sector automotor mexicano. Unas 84.000 personas trabajan en la industria automotriz local, lo que representa un tercio de cada dólar de ventas obtenido de las exportaciones, según Manuel Montoya Ortega, jefe de una asociación local del sector. “Estos son los trabajos más formales y más estables de la región, desde posiciones de fábrica hasta diseñadores e ingenieros”, dijo Montoya. “Todo el mundo está muy preocupado”.
Para Monterrey, la acogida del libre comercio y del Nafta no vino naturalmente. Durante décadas, México tuvo una economía cerrada y muchas de las grandes firmas nacionales eran de Monterrey. Cuando se negoció el Nafta en 1993, muchas empresas en la ciudad pensaron que simplemente desaparecerían ante el asedio de las compañías estadounidenses.
No todo el mundo en México piensa que el libre comercio ha sido un éxito rotundo. Según el Banco Mundial, el crecimiento anual del PIB de México desde 1994, el año en que entró en vigor el Nafta, ha promediado 2,57%, en comparación con el 4,18% anual de las dos décadas previas, cuando México realizó importantes hallazgos de petróleo.
El crecimiento de los salarios también ha sido inferior a lo que los promotores del Nafta esperaban, en parte debido a un auge de ingreso de jóvenes mexicanos a la fuerza laboral en los noventa y principios de la década de 2000. Los salarios diarios promedio en dólares han subido apenas 18% desde 2000, a US$16,70 al día, según estadísticas oficiales. Decenas de miles de pequeños agricultores se vieron obligados a encontrar empleo después de que el Nafta los expusiera a la competencia de las granjas industriales de EE.UU., más proclives al uso de la tecnología.
El Nafta “no ha sido una bala de plata”, dijo Fernando Turner, secretario de desarrollo económico de Nuevo León y propietario de Katcon Global, fabricante de sistemas de escape para automóviles.
A pesar de las reservas, pocos en México piensan que el país habría estado mejor sin el pacto comercial. El Nafta y la apertura comercial, en general, introdujeron la competencia en una economía que estuvo cerrada por décadas, con monopolios públicos y privados que hacían productos de baja calidad a precios no competitivos.
Canales, cuya familia gestionaba el conglomerado Industrias de Monterrey S.A., cuenta que antes del Nafta el acero galvanizado producido en México era tan endeble que se rompía bajo la presión de las estampadoras. Sólo después de que los mercados se abrieron a la competencia estadounidense, la calidad de los productos de su negocio familiar mejoró.
“Viví el período de fronteras cerradas de México, y los productos que teníamos eran pésimos”, reconoce. “Recuerdo haberme preocupado cuando empezó el Nafta, pensando cómo podríamos competir con los productores de acero estadounidenses. Mi tío solía decirme: ‘Cuando te vayas a la cama, ruega por tu compañía, pero ruega más por tus competidores, porque la buena competencia es la mejor presión que una empresa puede pedir”.
La fábrica de Metalsa en Apodaca, un suburbio de Monterrey, ofrece una visión de cómo el libre comercio ha ayudado a apoyar la creación de una fuerza laboral obrera. La planta emplea unas 3.600 personas y produce al año cerca de 680.000 plataformas de acero para las camionetas Dodge Ram, Toyota Tundra y Toyota Tacoma. Compra el 56% del acero y otros componentes para producir el chasis de camiones a proveedores mexicanos, 21% a proveedores de EE.UU., y 22% a empresas asiáticas.
Alexander Calderón, de 46 años, hijo de un agricultor en una zona rural del estado de Veracruz, comenzó a trabajar en Metalsa en la soldadura de plataformas para camionetas de Chrysler en 1993, con un sueldo mensual inicial de 600 pesos, unos US$194 en aquel momento. Ahora gana 40.000 pesos al mes, US$1.860, como supervisor en la división de hidroformado de acero de la planta, es propietario de una casa en Guadalupe, un suburbio de Monterrey, y envió a su hijo mayor a estudiar contabilidad en la universidad pública de Nuevo León. “En mi caso, realmente comencé a notar el desarrollo de las industrias aquí en los últimos 15 años cuando las empresas de otros países vinieron. Ahí es cuando mi salario empezó a subir “, dijo Calderón. “Se ha vuelto muy competitivo”.
La mayoría de los trabajadores de la planta de Metalsa ganan mucho menos, pero sus vidas han mejorado. Alfredo Treviño, de 30 años, ha trabajado en la compañía por 11 años, y ha visto crecer su salario de 50 pesos, o US$13,76 al día, a 360 pesos, o US$16,74. Dedica alrededor de un cuarto de su sueldo a la hipoteca de la casa de dos dormitorios que comparte con su esposa y dos hijos. El Volkswagen Lupo hatchback que compró en 2005 está pagado. “En mi círculo, todo el mundo tiene una casa y un auto”, dijo Treviño.
Los inversionistas abandonan México en medio de un derrumbe del peso
Por Ira Iosebashvili y Robbie Whelan.
El edificio del Banco de México en la capital del país.
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Los inversionistas globales están abandonando los mercados financieros de México, arrastrando al peso a nuevos mínimos debido a la preocupación de que la política comercial de Donald Trump ponga fin a su estatus privilegiado entre las economías en desarrollo.
El peso cayó 0,3% el miércoles para alcanzar un mínimo histórico frente al dólar, frustrando los esfuerzos del banco central por contener el declive de la divisa. Funcionarios del Banco de México informaron el martes que gastaron US$2.000 millones la semana pasada para apuntalar la divisa, que se ha debilitado más de 16% frente al dólar desde las elecciones estadounidenses.
La desbandada subraya los temores de que los avances económicos que México ha conseguido en las últimas dos décadas se reviertan, en momentos en que el gobierno entrante de Trump asume una postura beligerante que podría derivar en aranceles y medidas de control fronterizo que hasta hace poco parecían inconcebibles.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta), que en 1994 creó una zona de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, abrió el gigantesco mercado estadounidense a las empresas mexicanas de una forma que ningún otro país emergente ha logrado. Además, estabilizó el peso tras una serie de crisis cambiarias, un factor crucial para calmar a los compradores extranjeros de bonos y otros activos mexicanos.
Esa ventaja podría estar en peligro si Trump cumple con su promesa de renegociar el pacto comercial. El índice bursátil de referencia de México ha caído 5,2% en los dos meses posteriores a la elección estadounidense. Los rendimientos de la deuda soberana mexicana a 10 años, que se mueven en la dirección opuesta al precio, han saltado de 6% antes de la victoria de Trump a cerca de 7,68%. Los precios de los activos mexicanos podrían sentir nuevas presiones en las próximas semanas, estiman analistas e inversionistas, a medida que los nominados al gabinete de Trump detallen sus posturas en sus comparecencias ante el Congreso.
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“Una renegociación del Nafta básicamente aniquilaría el modelo de crecimiento de México”, dice Juan Carlos Rodado, director de investigación de América Latina del banco de inversión Natixis. “Esto sería muy negativo para la confianza de los inversionistas”.
Este cambio de suerte muestra cómo México podría estar pagando el precio de volverse demasiado dependiente de un socio comercial. Cerca de 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a EE.UU.
Los inversionistas extranjeros fueron vendedores netos de US$1.400 millones de deuda mexicana a corto plazo en diciembre, reduciendo sus tenencias en 11,3%, según datos de Natixis y el Banco de México. Se trata de la mayor ola de ventas en un mes en casi 10 años en términos porcentuales.
La economía mexicana podría caer en recesión, contrayéndose hasta 3,3% en 2017 si EE.UU. impone condiciones comerciales más estrictas, estima Rodado. La economía de México creció 2,1% el año pasado. Casi 30% del Producto Interno Bruto proviene del comercio con EE.UU., calcula Natixis.
La calificadora de riesgo Fitch Ratings redujo a principios de diciembre su perspectiva para la deuda a largo plazo de México de estable a negativa, una señal de que la depreciación de la divisa a causa de la victoria de Trump ha incrementado la incertidumbre al extremo de que puede llegar a golpear las finanzas públicas de México.
La inestabilidad del peso ya ha elevado la inflación y provocado dolores de cabeza a pequeños empresarios como Abraham Bleier, fundador de la cadena de restaurantes y pastelerías Garabatos. Bleier, que posee unos 35 locales en Ciudad de México y Querétaro, pretendía inaugurar dos locales al año, pero tuvo que congelar sus planes debido a que las fluctuaciones de la divisa aumentaron sus costos.
Los precios de la mantequilla y el chocolate que importa desde Nueva Zelanda y Suiza, y por los que paga en dólares, subieron más de 40% a lo largo de cuatro meses el año pasado, lo que elevó el costo de sus galletas y pasteles.
“Puedo subir los precios, pero si la gente no tiene el dinero, no pagarán. Es una espiral negativa”, dice. “Ver el valor de tu negocio devaluado 40% o 50% en términos de dólares, sin que tenga nada que ver, sin que haya cometido un error, es muy frustrante”.
Los gestores de fondos que trabajan con activos denominados en pesos también están asustados. La australiana Macquarie Infrastructure & Real Assets, que invierte en infraestructura en México, planeaba recaudar hasta 10.000 millones de pesos (US$459 millones) en septiembre, pero tuvo que poner en suspenso la iniciativa luego de la victoria de Trump y teme que ahora pueda resultar aún más difícil levantar fondos.
Una divisa débil a menudo acarrea beneficios al hacer que las exportaciones de un país sean más competitivas, pero la caída del peso quizás no impulse a la economía mexicana tanto como lo haría una devaluación en otra economía emergente. Si Trump cumple con su amenaza de imponer nuevos aranceles a los bienes mexicanos si el país no ajusta sus términos comerciales, los gravámenes podrían compensar parcialmente la ventaja competitiva de un peso más débil, advierten los economistas.
“Si se imponen aranceles, los exportadores mexicanos serán menos rentables”, dice Alberto Ramos, economista jefe para Latinoamérica de Goldman Sachs Group Inc.
Luis de la Calle, un ex funcionario de comercio de México, señala que los comentarios y políticas de Trump que han causado el descenso del peso podrían volverse en su contra. Estas medidas mermarían la capacidad de los mexicanos de comprar bienes estadounidenses, lo cual podría expandir el déficit comercial de EE.UU. Además, la depreciación del peso alentaría una mayor migración de indocumentados si la economía mexicana tambalea. “Trump está manipulando la divisa de México a través de sus tuits, en contra de los intereses de EE.UU.”, manifiesta De la Calle.
Gorky Urquieta, codirector de deuda de mercados emergentes de Neuberger Berman, considera que el banco central mexicano logrará frenar el descenso del peso. El gestor recientemente canceló sus apuestas contra el peso, asegurando que está subvaluado, aunque agrega que hasta que no se aclare la política estadounidense, no se verá una recuperación sustancial.
Durante décadas, la economía mexicana osciló entre ciclos de auge y caída, al igual que muchos países emergentes. Eso comenzó a cambiar en 1994 con el Nafta, el cual impulsó los ingresos por exportaciones de México e hizo que sus compañías fueran menos vulnerables a la disminución del apetito chino por materias primas que las de países como Brasil y Chile.
En 1995, EE.UU. coordinó un rescate de México por US$50.000 millones, luego de que una mal administrada devaluación del peso produjo una recesión. Esta vez, dice Win Thin, estratega de mercados emergentes de Brown Brothers Harriman & Co., los inversionistas no deberían contar con que EE.UU. salga al rescate de México. “Trump tiene una relación muy tensa con México y probablemente sea mucho menos cooperativo en términos de ayuda bilateral”, asevera.
—David Luhnow y Anthony Harrup contribuyeron a este artículo.
En lugar de aniquilar el Nafta, Trump apuntaría a negociar cambios radicales
El presidente electo despotricó contra el tratado comercial durante la campaña y amenazó con retirar a EE.UU.
Por William Mauldiny David Luhnow.
Donald Trump (derecha), durante su visita en agosto a México, donde se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto, en medio de la campaña presidencial.
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En lugar de aniquilar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, por sus siglas en inglés), Donald Trump y sus asesores parecen dispuestos a lograr cambios sustanciales en las normas que gobiernan el intercambio comercial de Estados Unidos con México y Canadá. Se trata de un esfuerzo que puede ser difícil de negociar y peligroso para la economía regional.
El presidente electo despotricó contra el Nafta durante la campaña y amenazó con retirar a EE.UU. del pacto, pero solamente si México rechaza hacer modificaciones sustanciales.
Trump no ha publicado un documento que exprese su nueva visión del Nafta, pero sus comentarios y los de sus asesores sugieren que quieren grandes cambios. Uno de los más probables es la imposición de aranceles especiales u otras barreras con el fin de reducir el déficit comercial estadounidense con México y de nuevos impuestos que perjudicarían a las empresas de EE.UU. que han trasladado producción al sur de la frontera. Su equipo también podría tratar de eliminar una cláusula del Nafta que permite que las compañías mexicanas y canadienses cuestionen las regulaciones estadounidenses al margen de los tribunales.
Se espera que, poco después de asumir la presidencia, Trump solicite al gobierno examinar las ramificaciones de abandonar el Nafta, según un memorándum del equipo de transición sobre el cual informó el canal de noticias CNN. El documento indicó que disputas de larga data entre los signatarios, como los rótulos de denominación de origen en el caso de la carne y exportaciones coníferas canadienses, pueden ser abordadas en un Nafta revisado.
Hay mucho en juego. EE.UU. importó y exportó un total de US$1,1 billones en mercancías desde y hacia Canadá y México el año pasado, comparado con unos US$700.000 millones con la Unión Europea y US$600.000 millones con China.
Canadá y México están entrelazados con EE.UU. en un complejo sistema de cadenas de suministro y algunos componentes cruzan la frontera más de una vez antes de que el producto final llegue a los consumidores. Un desmantelamiento del Nafta trastornaría numerosos sectores y la principal víctima sería México, que se promueve como una plataforma que ofrece a los fabricantes globales acceso exento de impuestos a EE.UU.
El gobierno mexicano ha manifestado su disposición a actualizar el tratado firmado hace 22 años, incluyendo nuevos capítulos sobre el comercio electrónico y otros aspectos que no existían a mediados de los años 90. México también firmaría un compromiso para prevenir la manipulación de la moneda puesto que tiene un tipo de cambio flotante.
Los funcionarios mexicanos, no obstante, son renuentes a renegociar los aranceles y las cuotas a las exportaciones.
“No nos podemos perder en la discusión antigua sobre la política tradicional arancelaria (…) Es un debate del siglo pasado”, dijo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ante un grupo de empresarios hace unos días. La reapertura del Nafta crearía una larga fila de intereses especiales en los tres países tratando de obtener protección, agregó.
Jaime Serra, quien era el secretario de Comercio de México cuando se negoció el Nafta, dijo que medidas como una restricción voluntaria de las exportaciones no debieran formar parte de las negociaciones. Las cuotas a las exportaciones, manifestó, serían el comienzo del proteccionismo puro y sería un autogol para ambos países.
El Nafta, cuya negociación concluyó durante el gobierno de George Bush padre y fue puesto en marcha durante la gestión de Bill Clinton,eliminó los aranceles entre Canadá, EE.UU. y México después de un cierto lapso de tiempo y estableció las reglas del juego para la inversión, el empleo y el medio ambiente.
Trump advirtió en reiteradas ocasiones sobre la imposición de aranceles de dos dígitos sobre las exportaciones de México a EE.UU. como una forma de reducir el déficit comercial, al que el presidente electo atribuye la pérdida de empleos del sector manufacturero. Aunque el Congreso le otorga al presidente la facultad de imponer aranceles de emergencia, estos pueden ser cuestionados ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Las audaces advertencias de Trump a los socios comerciales podrían ser su postura inicial en negociaciones que podrían terminar con aranceles y otras barreras relativamente bajas al ingreso de productos mexicanos a EE.UU.
Trump y sus asesores parecen tener una fijación con el déficit comercial estadounidense, que el año pasado ascendió a US$61.000 millones solamente con México, y las formas de disminuirlo.
Algunos demócratas y grupos sindicalistas han acogido el uso de medidas más drásticas para reducir el déficit comercial. Los demócratas de la Cámara de Representantes que encabezaron la oposición al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), defendido por el presidente Barack Obama,se han mostrado dispuestos a colaborar con Trump para alcanzar lo que consideran una política comercial más equilibrada.
El representante demócrata Brad Sherman, de California, sugiere negociar en el marco del Nafta la opción de imponer aranceles especiales de hasta 4% sobre los bienes mexicanos para reducir el déficit bilateral a US$25.000 millones, excluyendo petróleo y productos agrícolas. “Los buenos vecinos tienen relaciones comerciales equilibradas”, señala.
Aparte de las barreras comerciales tradicionales, casos que llevarán a los tribunales y aranceles, Trump y sus asesores han analizado impuestos especiales sobre bienes manufacturados por empresas estadounidenses que han trasladado su producción fuera de EE.UU.
Entre varios planes tributarios, uno que cuenta con el respaldo de los republicanos de la Cámara de Representantes recaudaría dinero de los bienes importados a EE.UU., similar al impuesto al valor agregado que tienen que pagar los productos estadounidenses en el exterior. La medida podría ser desafiada ante la OMC, pero los asesores de Trump señalan que utilizarán la influencia de Washington en el organismo para cambiar la forma en que se trata el IVA y otros impuestos fronterizos.
Algunos expertos que han seguido de cerca los planes de Trump dicen que es probable que negocie la eliminación de algunas cláusulas del Nafta que se han vuelto impopulares, como el sistema de arbitraje internacional conocido como mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado.
El arbitraje, codificado en el capítulo 11 del Nafta, permite que inversionistas de un país demanden a otro gobiernos y obtengan compensación al margen del sistema judicial tradicional cuando sienten que sus derechos han sido violados o su propiedad ha sido confiscada.
Si Trump no logra lo que pretende en las conversaciones, tiene la autoridad como presidente de sacar a EE.UU. del Nafta en cuestión de meses y podría advertir de ello en sus primeros días en la Casa Blanca, dicen abogados. Si EE.UU. abandona el Nafta, el pacto podría ser reemplazado por acuerdos bilaterales. Los asesores de Trump ya han dicho que prefieren estos acuerdos a los multilaterales.
El desafío financiero para los mexicanos del siglo XXI
Por Gustavo Ibáñez Padilla.
En México el 95% de los trabajadores independientes no dispone de un Plan de ahorro para el retiro, lo que plantea un desafío importante para sus familias. El problema se agrava con el paso de los años, ya que se estima que en 2050 un tercio de la población mexicana será mayor de 60 años.
Según datos estadísticos oficiales, cada día 799 mexicanos cumplen 60 años, lo cual representa al cabo de un año casi 300.000 personas.
Una encuesta privada evidenció que el mexicano promedio muestra cierta desconexión entre sus prioridades de vida y las acciones que toma, ya que coloca al retiro como la cuarta prioridad -después de casa propia, herencia para la siguiente generación y educación de los hijos- pero son muy pocos los que ahorran para su jubilación.
Según datos de la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros), el 57% de los mexicanos ahorra dinero de manera informal; más de la mitad lo hace atesorando en casa; 32% en tandas y el resto lo guardan con familiares o en cajas de ahorro.
Como podemos ver, estas modalidades de ahorro son riesgosas y poco productivas. Atesorar en el colchón implica riesgos de pérdida o robo y no produce interés. Lo mismo da que sea en la propia casa o con familiares.
Ahorrar en Cajas de Ahorro tiene muy bajo rendimiento y es muy probable que recurramos a dichos fondos en un período corto de tiempo, ya que no hay barreras que dificulten los retiros.
Ahorrar en tandas es una costumbre muy popular en México, que consiste en reunir a un grupo de personas, quienes al participar se comprometen a aportar un monto fijo cada semana, mes o quincena. En cada periodo, el dinero reunido, se sortea entre los participantes. Los ganadores reciben la cantidad total y ya no participan en los sorteos posteriores, aunque mantienen su obligación de continuar aportando. Al final, todos los participantes terminan recibiendo su ahorro. En Argentina, esta modalidad suele conocerse como Círculo de Ahorro; pero usualmente es organizado por una empresa y no en la modalidad informal como ocurre en México.
La ventaja de ahorrar en tandas es que resulta posible alcanzar nuestro objetivo de ahorro antes (si salimos sorteados al principio) que si lo hiciéramos por separado. Esto significa que también son utilizadas como mecanismo de financiamiento.
El riesgo de ahorrar en tandas es que por ser un mecanismo informal, las personas que ya salieron sorteadas pueden dejar de aportar -en perjuicio de los demás- lo cual sucede con mucha frecuencia. Además, existe el riesgo de que el organizador, que reúne los aportes, desaparezca con los fondos.
Es importante destacar que ahorrar en tandas no implica una inversión, por lo cual no genera rendimientos; y además este sistema informal enfoca a las personas en un ahorro de corto plazo generalmente orientado al consumo y no a la inversión.
Esta realidad de la cultura financiera mexicana muestra la importancia y la necesidad de fomentar y difundir los mecanismos específicos de ahorro e inversión de largo plazo, es decir, los Seguros de Vida y las Anualidades.
Es muy accesible a cualquier persona con ingresos diseñar su Plan Personal de Retiro, mediante una póliza de Seguro de Vida con capitalización. También pude recurrirse a las Anualidades (contratos de inversión en una compañía de seguros de vida) para financiar los estudios de los hijos o planificar el retiro. Por supuesto, esto debe realizarse con el asesoramiento de un Consultor Financiero, que optimice el rendimiento de dichos instrumentos financieros.
A fin de lograr los cambios culturales necesarios que permiten crear hábitos financieros saludables, que reemplacen las costumbres perniciosas, es indispensable promover la Educación Financiera de todas las personas y desde la edad más temprana posible. El ahorro y la inversión son demasiado importantes para ser librados al azar y al voluntarismo.
Cuando el entonces presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari y su contraparte estadounidense Bill Clinton firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta) hace más de 20 años, la esperanza era que la economía mexicana se viera impulsada por la creciente ola de globalización. Según muchos indicadores, eso se cumplió ampliamente.
El volumen de comercio exterior mexicano creció continuamente desde la vigencia del Nafta y casi se duplicó, hasta alcanzar el 60 % del PBI. La inversión extranjera neta respecto del producto se triplicó. Si bien México es un país exportador de petróleo, sus exportaciones de manufacturas lideraron el avance y su economía se integró cada vez más a las cadenas de aprovisionamiento norteamericanas. Las industrias automotriz y del acero, alguna vez ineficientes y cuya supervivencia dependía del abrigo de barreras comerciales proteccionistas, son hoy extremadamente prósperas y productivas.
Como tantos países, México sufrió inicialmente el golpe de la competencia china en los mercados mundiales. Pero su proximidad al mercado estadounidense y sus políticas monetarias, fiscales y laborales conservadoras le dieron una protección significativa.
Los salarios en dólares, además, crecieron mucho más lentamente que en China y ahora, la mano de obra es alrededor de 20% más barata en México, en términos relativos. Los costos laborales unitarios también subieron menos que en China y otros países competidores.
No solamente hubo buenos resultados en el frente externo. Los extremadamente altos niveles de desigualdad han comenzado a bajar desde 1994, en gran parte gracias a reformas en sus políticas sociales y educativas.
El éxito de México se ve en todas partes, excepto donde más cuenta en el largo plazo: su productividad general y crecimiento económico. En ambas áreas hay mucha desilusión. Aunque parezca increíble, el crecimiento promedio de la productividad total de los factores (PTF) -una medida de la eficiencia con que se usan los recursos humanos y físicos de la economía- fue negativo desde principios de los 90. El nivel de vida en México ha caído aún más respecto del estadounidense y del de la mayoría de los países emergentes.
Detrás de esta aparente paradoja se encuentra el fenómeno de los «dos Méxicos», el vívido término elegido por el McKinsey Global Institute para representar el dualismo extremo de la economía mexicana. A las grandes empresas orientadas hacia la economía mundial les ha ido muy bien, mientras que las firmas tradicionales e informales -cuyo ejemplo son las ubicuas tortillerías de barrio- han tenido un desempeño pobre.
Pero el entusiasmo por las perspectivas de México va en aumento. El presidente Enrique Peña Nieto lanzó una ola de reformas, encabezadas por la liberalización del sector energético, que permitirá la inversión extranjera para la exploración y la producción del petróleo. La petrolera estatal Pemex, un monopolio durante tres cuartos de siglo, enfrentará competencia interna.
Sin embargo, la experiencia mexicana con el Nafta debería llevarnos a ser extremadamente cautos con el pronóstico. Hemos visto el fracaso de propuestas más integrales. ¿Producirán las reformas energéticas otro falso amanecer? Los responsables de las políticas deben tener presentes dos lecciones del frustrante encuentro mexicano con la globalización. En primer lugar, el comercio exterior y la inversión extranjera no pueden mejorar a una economía, en ausencia del desarrollo simultáneo de capacidades productivas.
El motivo por el cual las superpotencias exportadoras del este asiático -Japón, Corea del Sur y China- experimentaron milagros de crecimiento fue que sus gobiernos trabajaron a la vez sobre ambos frentes. Impulsaron a sus empresas hacia los mercados globales y participaron en una amplia gama de políticas industriales para garantizar que crecieran y diversificaran sus productos.
A menudo, los productores locales fueron protegidos de la competencia extranjera, para garantizar que fueran lo suficientemente rentables como para afrontar las inversiones necesarias. Los países como México ya no pueden dar un paso atrás y proteger las importaciones. Tendrán que buscar opciones.
Otra lección es la necesidad del pragmatismo. Por mucho tiempo, las políticas económicas mexicanas han reflejado la percepción de que la economía real se ocupará de sí misma una vez que se hayan solucionado las «cuestiones fundamentales» (estabilidad macroeconómica, apertura y regulación básica).
Los funcionarios mexicanos tendrán que ampliar el diálogo con el sector privado. La incapacidad para crecer de México continúa siendo un enigma. Es improbable que una estrategia única en gran escala logre abrir las puertas a un crecimiento rápido con base amplia. Esta incertidumbre resalta la necesidad de un gobierno ágil y receptivo que pueda actuar en diversos frentes, aprender sobre los problemas que enfrenta la economía real y responder de manera pragmática.
El autor es profesor de Ciencias Sociales en el Instituto de Estudios Avanzados, en Princeton.
