Ética pública: funcionarios y candidatos simultáneos
abril 10, 2025
Por Fishel Szlajen.
En los sistemas republicanos y las democracias representativas, la legitimidad de los funcionarios no sólo se sustenta en el mandato electoral o designación política dentro de los términos legales, sino también en el cumplimiento de estándares de ética pública que garanticen la equidad en la competencia política reglando su conducta conforme a los valores democráticos.
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Así, la simultaneidad entre la postulación a un cargo público y el ejercicio de otro, cuando este facilita medios estatales de alto valor para campañas políticas, despierta sospechas de uso indebido del poder y de los recursos del Estado con fines proselitistas, comprometiendo la integridad del proceso electoral y la confianza ciudadana por abuso de poder o posición de privilegio frente a otros candidatos.
La función pública se rige por principios de legalidad, transparencia, equidad e integridad en el uso de los recursos públicos. Según el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la actuación gubernamental debe alejarse del reprobable abuso de los recursos públicos para fines de interés partidista o particular, debiendo el funcionario abstenerse de conductas que comprometan la neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos que tuviera encomendados. A su vez, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción recomienda establecer normas que aseguren la separación entre funciones públicas y actividades proselitistas manifestando que no toda conducta ética debe esperar a ser tipificada penalmente para ser corregida institucionalmente.
Desde la sociología, Max Weber advierte sobre el uso del Estado con fines partidarios, y más aún naturalizando el uso de recursos públicos como plataformas implícitas de campaña.
Desde la filosofía del derecho, Thomas Nagel indica que el conflicto de interés en un funcionario surge ante la posible interferencia con el cumplimiento imparcial de sus deberes. Así, ejercer un cargo mientras se realiza campaña para ocupar otro, puede derivar en decisiones públicas orientadas a obtener rédito electoral. Y aun cuando no quiebre la ley, socava la confianza pública y degrada el proceso democrático.
Desde la filosofía política, Michael Walzer plantea que poseyendo cada esfera de la justicia distributiva sus propias reglas, es injusto trasladar privilegios de una esfera a otra, por ejemplo, del cargo público usando el poder político al rédito electoral, denominándolo dominación cruzada.
Y desde la ciencia política, Robert Dahl demuestra que estas prácticas minan la equidad electoral porque la competencia democrática exige igualdad de condiciones para participar en la contienda política. Un funcionario, y más quien desempeña labores cuya visibilidad es inherente a su cargo, posee evidentes ventajas en campaña respecto de los recursos de candidatos ajenos al gobierno, viciando el principio de fair play democrático.
Todo ello alerta sobre el daño al sistema democrático y republicano desalentando la participación política y erosionando la credibilidad de las instituciones, porque como advierte Seymour Lipset, la legitimidad democrática depende de que las reglas sean vistas como justas.
Ahora bien, desde una ética de la responsabilidad pública, la opción de solicitar licencia temporal parece insuficiente si no va acompañada de un control estricto sobre el uso de recursos públicos. Por ello, algunos organismos recomiendan la renuncia como mecanismo de integridad institucional, así indicado por la OCDE en su Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service.
Sin embargo, hay posiciones que consideran suficiente la licencia, en la medida en que esta impida el acceso a recursos estatales, así sugerido por Jeremy Waldron cuando distingue entre conflicto de interés y uso ilegítimo del poder donde la ambición política debe separarse completamente del aparato estatal.
En Brasil, la Ley Complementaria 64/1990 establece la llamada “desincompatibilización” obligatoria por la cual los funcionarios deben cesar en sus funciones tres o seis meses antes presentarse a elecciones para evitar el uso de la maquinaria estatal como ventaja. En Chile, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades obliga a los alcaldes a renunciar con antelación si desean postularse a otros cargos. En México, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece requisitos de separación para candidatos provenientes de la función pública. Estados Unidos no posee una norma federal que obligue a renunciar, pero algunos estados y jurisdicciones locales tienen “resign-to-run laws” requieriendo que los funcionarios renuncien antes de postularse para otro cargo. En Alemania, Martin Schulz renunció como presidente del Parlamento Europeo antes de postularse a canciller por el SPD en 2017. Dicha renuncia fue interpretada como un acto de respeto institucional y de ética pública.
Argentina carece de una norma general obligatoria de licencia o renuncia, y sumada a una clase política tendiente al abuso de poder, ha manifestado recientemente el caso paradigmático contrario a todas las mencionadas especificaciones y recomendaciones. Fue la candidatura presidencial del entonces Ministro de Economía, Sergio Massa, la cual generó severas críticas por no haber renunciado y haber mantenido una intensa agenda pública coincidente con su campaña utilizando todos los recursos estatales más su posición de privilegio para construir su imagen electoral, lo que resultó en serios perjuicios económicos inflacionarios para todos los Argentinos.
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La jurisprudencia de la CSJN en Gutiérrez, Esteban c/Estado Nacional, ha afirmado que el deber de decoro y legalidad administrativa alcanza no sólo los actos públicos, sino también las condiciones éticas que deben rodear al desempeño del cargo. La misma CSJN, en Camaño c/Estado Nacional, sostuvo que la ética pública no se reduce al cumplimiento de la ley, sino que implica preservar la confianza pública en la neutralidad y transparencia del accionar estatal, más aún en los procesos electorales.
Ahora bien, estas consideraciones no aplican para las reelecciones porque el funcionario que busca ser reelegido no está utilizando su cargo como un plataforma hacia una nueva esfera de poder, sino que reitera su aspiración al mismo mandato conferido por el electorado, en continuidad con la legitimidad previa. Giovanni Sartori lo justifica porque la reelección no es una conquista nueva del poder, sino la renovación del contrato político previo. Por lo tanto, no necesariamente viola los principios de equidad en tanto se respeten las reglas de la competencia y sin utilizar recursos públicos con fines partidarios. Más, el uso del cargo en campaña de reelección debería ser una rendición de cuentas presentando el candidato su gestión ante el electorado. En adición a ello, autores como Bernard Manin observaron que los cargos ejecutivos implican una exposición mediática permanente, haciendo prácticamente imposible separar las funciones de campaña de aquellas institucionales durante períodos electorales. Luego, de exigir licencia o renuncia a todo funcionario a reelegirse paralizaría la administración en cada elección. Por ello, la solución práctica es permitir la reelección sin licencia, pero reglar la publicidad oficial y el uso de recursos públicos, actualmente normalizado en leyes tales como la 26.571 y 26.215. No obstante, dicha falta de licencia en procesos electorales reelectivos se debería compensar con límites a la reelección evitando que la ventaja del cargo derive en una perpetuación ilegítima en el poder. Aquí el abuso no está en la candidatura, sino en la captura institucional del poder sin alternancia.
Conclusión, resulta razonable exigir a todo funcionario que aspira a otro cargo una separación formal, efectiva y verificable de sus actuales funciones, por licencia o renuncia acorde al nivel de poder e influencia institucional. Porque la tan mentada batalla cultural, demanda estándares éticos en la política preservando la equidad, la transparencia e integridad, exigiendo instituciones y procedimientos justos para todos.
Fuente: infobae.com, 10/04/25
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Bolivia enfrenta un complejo panorama electoral para las elecciones presidenciales de este año
enero 31, 2025
Por Adalberto Agozino.
Bolivia enfrenta un confuso panorama político de cara a los próximos comicios presidenciales de este año en virtud del enfrentamiento entre el presidente Luis Arce y el expresidente y líder cocalero Evo Morales.
La República Plurinacional de Bolivia se encuentra en la antesala de unas elecciones presidenciales que prometen ser las más disputadas de los últimos años. Programadas para el 17 de agosto de 2025, estas elecciones determinarán al presidente, vicepresidente y los nuevos miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional para el período 2025 – 2030.
El escenario político se encuentra marcado por la división dentro del Movimiento al Socialismo (MAS), la emergencia de nuevos bloques opositores y un contexto de crisis económica y política que añade incertidumbre al proceso.
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La fractura en el MAS y la pugna Arce – Morales
El partido oficial, el izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), se encuentra dividido en dos facciones irreconciliables: la liderada por el actual presidente Luis Arce y la encabezada por el expresidente Evo Morales. La disputa no es producto de diferencias ideológicas o políticas sino que tiene su origen en la intención de Morales de volver a postularse, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha ratificado su inhabilitación por haber cumplido tres mandatos.
Las aspiraciones del líder cocalero chocan con la intención del actual presidente Luis Arce de ir por la reelección. Recordemos que Arce, antiguo ministro de Economía de los gobiernos de Evo Morales, llegó a la presidencia gracias al apoyo de su actual rival.
Morales, sin embargo, ha buscado otras alternativas para asegurar su participación en la contienda. Sus seguidores han anunciado que se encuentran en búsqueda de una sigla partidaria alternativa para postularlo, mientras el MAS, bajo el control de Arce, prevé definir su binomio presidencial en un congreso programado para finales de marzo.
Mientras tanto, Evo Morales enfrenta un proceso judicial por presunto Abuso a una menor y Tráfico de personas, con una orden de detención en su contra. A pesar de estos obstáculos legales, sus seguidores lo han proclamado como “único candidato legítimo” de la izquierda, lo que genera un ambiente de tensión y posibles desafíos legales en los próximos meses.
La oposición y el intento de unidad
Por el lado de la oposición, tras el fracaso en 2020 para articular un frente común contra el MAS, varios partidos y líderes locales han decidido formar alianzas para evitar la dispersión del voto. En diciembre de 2024, se consolidó el “Bloque Unido de Oposición”, conformado por figuras como el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el exmandatario Jorge “Tuto” Quiroga y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.
A este bloque se sumaron agrupaciones menores como Cambio 25, liderado por Vicente Cuellar, y el Frente Revolucionario de Izquierda. No obstante, persisten diferencias entre los líderes opositores, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de una candidatura única para enfrentar al MAS.
Entre los otros postulantes se encuentran Manfred Reyes Villa, actual alcalde de Cochabamba; Branko Marinković, exministro de Economía y Finanzas; y Chi Hyun Chung, un pastor evangélico y médico que ha ganado notoriedad en elecciones pasadas con un discurso conservador.
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Un contexto económico y social complejo
El panorama electoral boliviano está marcado por una crisis económica agravada por la escasez de dólares, el aumento del endeudamiento y la caída de reservas internacionales. Esto ha generado un descontento creciente en la población, que podría influir en la orientación del voto.
Además, el polémico intento de golpe de Estado de junio de 2024, liderado por el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga, ha dejado secuelas en la estabilidad institucional del país.
En el plano social, las protestas de sectores afines a Morales y la creciente polarización entre oficialismo y oposición podrían derivar en episodios de conflicto durante la campaña electoral. Las denuncias de persecución política y la injerencia del gobierno en el poder judicial son otras variables que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral.
El panorama 2025
Las elecciones de 2025 en Bolivia se perfilan como una contienda clave para el futuro del país. Con el partido oficial, el MAS, dividido, la oposición de centroderecha tiene una posibilidad única para derrotar al oficialismo pero para ello deberá consensuar una candidatura común que evite la dispersión del voto antiMAS. Una tarea nada sencilla. Todo ello deberá realizarse en un contexto económico complejo e incierto. El panorama político boliviano se presenta, por lo tanto, altamente competitivo y cargado de incertidumbre. Habrá que estar atentos a la definición de candidaturas en los próximos meses porque será un momento determinante para conocer el rumbo que tomará país del altiplano en los próximos cinco años.
Fuente: alternativepressagency.com, 31/01/25
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Medicina y política: reglas diferentes ante expresiones similares
mayo 11, 2023
Por Roberto Borrone.
“Sobran diagnósticos pero faltan soluciones”. Es una frase que se repite constantemente en diferentes ámbitos de esta angustiante realidad argentina. Hay un estremecedor vacío argumentativo en nuestros líderes políticos. La administración irresponsable y el marketing político sin contenido tienen atrapada como rehén a una sociedad exhausta debido el estrés crónico de vivir en una incertidumbre agobiante.
La medicina y la política tienen varios aspectos en común: deben hacer diagnósticos y aplicar “tratamientos”; saber convivir con la incertidumbre y enfrentar problemas multifactoriales. La política utiliza frecuentemente expresiones médicas, pero se rige por reglas totalmente diferentes. Las declaraciones de los líderes políticos, en todo nivel y de todo color, habitualmente son una enumeración de diagnósticos de una obviedad exasperante o, peor, respuestas “coucheadas”, prefabricadas, que solo buscan un efímero efecto mediático.
En la política, por lo general nadie explica claramente qué tratamiento propone, y si alguien lo hace (parcialmente), no explica cómo va a resolver los previsibles efectos colaterales del tratamiento que propone. En medicina, permanentemente tenemos en cuenta las contraindicaciones y/o los efectos adversos de lo que prescribimos, y ante una cirugía explicamos nuestra propuesta terapéutica, sus posibles riesgos y los tratamientos alternativos.
Otro aspecto a destacar es que prácticamente ningún político nos explica en qué país se aplicó el “tratamiento” que nos propone y, en caso de que exista ese antecedente, qué resultados se obtuvieron con ese tratamiento. Es importante considerar los resultados a corto y largo plazo. En la década del 90 se generó una verdadera revolución en la estrategia para la toma de decisiones en medicina. Ese nuevo paradigma se denominó medicina basada en la evidencia (MBE). Se trata de un término acuñado por Gordon Guyatt en 1991; se define como el uso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Es decir que la toma de decisiones –a diferencia de muchas decisiones de la política– en la medicina es el resultado de revisiones sistemáticas de trabajos científicos controlados y randomizados, tal como lo impulsó el epidemiólogo británico Cochrane en la Universidad de Oxford.
A su vez, las conclusiones de esos estudios se deben luego contextualizar para cada paciente en particular y cada ámbito en el que el médico se desempeña, considerando la opinión del paciente (autonomía del paciente) y sus pautas socioculturales. La equivalencia para la política sería que no todo modelo externo se puede “copiar y pegar” en nuestro contexto sociocultural.
La medicina pasó de un modelo médico paternalista, verticalista, a otro más horizontal, que respeta la autonomía del paciente. En el primer modelo se asumía que el médico actuaba “como buen padre de familia”, de acuerdo con el principio bioético de la beneficencia. El médico decidía lo que se debía hacer en virtud de su experiencia, relegando al paciente a una posición pasiva.
Siguiendo con nuestro paralelismo argumental entre política y medicina, aquel superado modelo médico paternalista se podría homologar a los sistemas políticos basados en figuras mesiánicas que actúan como “buenos padres” de la sociedad y deciden, en soledad, qué es lo mejor para sus gobernados. En esos sistemas, el pueblo (el paciente) admite en forma acrítica todo lo que el líder decide.
Las ideologías cerradas condicionan y hacen perder perspectiva al pensamiento crítico. No todo es blanco o negro, salvo ciertos valores fundamentales (libertad o ausencia de libertad, república o ausencia de república). En la vida predominan los matices. Esto también tiene su equivalencia en la medicina, en la cual debemos estar abiertos al debate de ideas y fundamentos que muchas veces nos hacen cambiar de opinión, por ejemplo, en cuanto al enfoque terapéutico de muchas enfermedades. Los médicos hemos sido entrenados para escuchar al que piensa distinto. Así lo hacemos en nuestros ateneos hospitalarios, en los congresos de cada especialidad y en nuestra práctica cotidiana. Lo que muchas veces vemos en la política es la descalificación y, si es posible, la cancelación del que opina distinto.
En medicina es de gran importancia cuidar la integridad y estabilidad de las funciones del organismo. Esto lo denominamos homeostasis (conjunto de fenómenos de autorregulación). En política hemos asistido, desde hace mucho tiempo, a una desnaturalización de los organismos de control. En medicina son múltiples los principios y debates éticos que modelan nuestra conducta. Un principio básico de la medicina es la conocida locución latina primum non nocere (lo primero es no hacer daño). Este principio debería ser considerado antes de la implementación de toda decisión política. En medicina también nos guiamos por un enunciado que debería ser un axioma en la arena política: “no todo lo que se puede hacer se debe necesariamente hacer”. En nuestras decisiones médicas consideramos múltiples factores en el análisis de la toma de decisión antes de aplicar un tratamiento. Hay resultados que se muestran como positivos en nuevas terapias pero que no resisten el análisis crítico de su significación clínica.
Esto nos remite, en el plano político, a las propuestas de “experimentos” para, por ejemplo, “dinamitar” estructuras. Se trata de iniciativas que impactan por su audacia, pero que parecen no tener el aval de un análisis exhaustivo de sus consecuencias y la forma de resolver los previsibles daños colaterales.
Otra expresión médica utilizada en política surge cuando se propone “cirugía mayor”. En medicina, toda cirugía mayor requiere, en el posoperatorio, ubicar al paciente en cuidados intensivos. Esto no siempre se contempla en política. No parece razonable hacer cirugía mayor en forma ambulatoria. Una expresión utilizada en ambos ámbitos es la “mala praxis”. Está muy claro que no genera las mismas consecuencias en política que en medicina. Las demandas por responsabilidad profesional generan, tanto por la vía penal como por la civil, consecuencias importantes a los médicos.
En política, la mala praxis no genera consecuencias. Personajes que han fracasado reiteradamente cuando les tocó gestionar alguna área se “reciclan” mágicamente y reaparecen como el ave Fénix. Ni siquiera hay una condena social. Lo mismo ocurre con el compromiso con la verdad. Con la posverdad como instrumento de comunicación política, mentir rinde rédito y no genera mayores consecuencias. Así como a la medicina se le exigen elevados estándares de calidad para seguridad de los pacientes, los ciudadanos debemos ser más exigentes con nuestros políticos para lograr, algún día, una oferta electoral de calidad. Esa exigencia cívica será el resultado de una educación pública de calidad. Sin este insumo (la educación) o con ese insumo claramente deteriorado, estaremos condenadas a un círculo vicioso crónico en el cual todo se seguirá nivelando hacia abajo, dado que nuestros políticos seguirán surgiendo de una sociedad cada vez menos exigente, y eso nos remitirá a épocas pretéritas en las que se compraban “espejitos de colores”. Félix Lonigro expresa al final de un excelente artículo (La Nación, 26 de abril de 2023) lo siguiente: “Se necesita imperiosamente en esta materia [la cultura cívica] que aparezca un nuevo Sarmiento”.
No se trata, el presente texto, de una proclama de la antipolítica. Todo lo contrario. Es una expresión del deseo de disponer de la mejor calidad política posible. Es expresión también de la orfandad política que sienten muchos argentinos desalentados y cansados de votar el mal menor. Está claro que el futuro de los proyectos personales y los sueños colectivos de una sociedad argentina en terapia intensiva dependerá de la calidad de las decisiones “terapéuticas” de nuestros políticos.
─Roberto Borrone es Profesor adjunto de la cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UBA; doctor en Medicina (UBA).
Fuente: lanacion.com.ar, 11/05/23
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