LA SSN emplaza a Caledonia a mantener la integridad de su capital

La Superintendencia de Seguros emplazó a Caledonia a presentar un “plan de regularización y saneamiento” para cubrir un déficit de capital de $ 251 millones. El trasfondo del problema: los cambios regulatorios para fortalecer la solvencia del sector.

Buenos Aires – El caso de Caledonia y de otras siete aseguradoras a las que se les dictó la inhibición general de bienes por registrar déficit de capital mínimo, deriva de los cambios regulatorios adoptados por las autoridades en los últimos dos años: la suba en los capitales mínimos a acreditar y la modificación del régimen de reservas. Ambas medidas han «colocado la vara más alta» para operar en seguros.

El caso es grave: en un año se le ha dictado la inhibición general de bienes a ocho aseguradoras y a otras se le está «perdonando la vida» por razones políticas. Si las aseguradoras inhibidas no cumplen con los planes de saneamiento para capitalizar las compañías, en algún momento la Superintendencia de Seguros les dictará la revocatoria.

Sobre la base conceptual de que el seguro es un «negocio capital intensivo», el organismo de control va a avanzar en línea con solidificar el sistema aunque queden en el camino un puñado de aseguradoras que no puedan saltar «la vara».

Para el último ejercicio anual 2016/2017 cerrado en junio pasado, 13 aseguradoras presentaron déficit de capital y otras 20 registraron un superávit de capital menor al 5%. Dos de las aseguradoras inhibidas y otra que no lo está, han registrado déficit de capital mínimo en los últimos cuatro ejercicios anuales. Estos datos revelan que el sector está necesitando una inyección de capital.

CALEDONIA

Respecto a Caledonia Argentina Compañía de Seguros, la resolución de la Superintendencia «hace saber» a la compañía que «la situación deficitaria correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2017 por $251.042.480, deviene en definitiva». Y emplaza a la aseguradora «en los términos del Artículo 31 de la Ley Nº 20.091, para que dé explicaciones y adopte las medidas para mantener la integridad de su capital, a cuyos efectos deberá presentar un plan de regularización y saneamiento dentro de los QUINCE (15) días corridos desde su notificación».

Fuente: Estrategs, 23/01/18.

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Las Compañías de Seguros se niegan a vender sus bonos en dólares

Las aseguradoras, en rebeldía, no venderán sus bonos en dólares

Hoy debían deshacerse del 25% de esos títulos, por decisión del Gobierno; recurrirán a la Justicia.

Las aseguradoras privadas y cooperativas decidieron resistir en bloque y no se desprenderán del 25% de los títulos en dólares que debían vender hasta hoy por disposición del Gobierno, al considerar que, de hacerlo, sufrirían un fuerte perjuicio patrimonial y que es una norma ilegal.

Así lo expresaron a LA NACION tres calificadas fuentes del sector asegurador, que indicaron que, pese a las fuertes presiones oficiales, las compañías «no venderán» la mitad de la cartera y, tras haber recurrido por la vía administrativa a la Superintendencia de Seguros, irán a la justicia en lo contencioso administrativo para pedir amparos.

Las asociaciones que analizaron la cuestión son la Asociación Argentina de Seguros, Aseguradores Argentinos, Avira, UART, Adira (que agrupa a las firmas de las provincias) y la de mutuales y cooperativas. Todas ya optaron por presentar recursos administrativos ante el organismo que maneja Juan Bontempo por la Resolución 39.517, que las obliga a deshacerse antes de fin de año de todos los títulos en dólares, con el objeto de bajar la cotización del dólar paralelo y el «contado con liqui». Hasta tal punto llegó el fanatismo del Gobierno que les exigió a las empresas que vendan los bonos en pesos atados a la cotización del dólar que les había pedido que suscribieran hace sólo dos semanas, como a otras empresas del sector privado.

La decisión adoptada en los últimos días fue unánime, según las fuentes. «No se venderán los títulos porque nadie puede obligar a las empresas a asumir pérdidas que pongan en riesgo a los asegurados», indicó uno de los ejecutivos. Incluso la empresa Provincia Seguros, del oficialista Grupo Bapro, se sumó al reclamo.

Es que si se produjera un quebranto, cualquier persona podría ir contra la compañía que decidió aceptar esta decisión administrativa de un gobierno que en un mes dejará el poder. «Ningún directivo de una aseguradora se va a jugar a firmar algo que después pueda generar un juicio por parte de un asegurado», confió otra de las fuentes.

Desde la Superintendencia les aseguran a las empresas que están «atados de pies y manos» por la orden del Ministerio de Economía, que maneja Axel Kicillof, en esta batalla contra el dólar -que en realidad tiene sus raíces en otro lado- y por lo tanto ya les anticiparon que rechazarán todos los recursos administrativos presentados. Además, la Superintendencia comenzó a «enviar inspectores para revisar cualquier cosa, a modo de presión», explicó la fuente.

Ante este panorama, las empresas en forma individual -ya no las cámaras- se presentarán en el fuero en lo contencioso administrativo para pedir medidas cautelares, al considerar que la mencionada resolución es ilegal porque violaría el artículo 35° de la ley de seguros, que les otorga libertad para invertir en cualquier activo. Además, también se contradice con el inciso K instaurado por el propio Gobierno, que las obliga a colocar parte de su dinero en bonos públicos en dólares.

De hecho, en agosto pasado, Bontempo defendió esta estrategia: «No se puede hablar de que el organismo regulador afecta la solvencia por el inciso K», aseguró.

Aunque no prosperen estos recursos judiciales, las empresas creen que pueden ganar tiempo suficiente hasta el cambio de gobierno. A fin de noviembre las firmas deberían vender el 50% de los bonos, y al 31 de diciembre, el total de su cartera en moneda extranjera, salvo una porción destinada a atender pasivos previos, según la medida conocida la semana pasada por el Boletín Oficial.

«Hay compañías que tienen hasta US$ 700 millones en bonos, es un disparate que nos obliguen a vender los títulos porque además no hay activos alternativos en pesos que puedan amortizar semejante pérdida patrimonial, por más que la Superintendencia asegure lo contrario», explicó una de las fuentes.

LA NACION intentó sin éxito comunicarse con Bontempo, santacruceño casado con la diputada Juliana Di Tullio. Fue ministro de Economía de esa provincia y vicesuperintendente en la gestión de Francisco de Vedia, hasta asumir su cargo hace cuatro años.

Se trata de un «pingüino de pura cepa», que logró reinventarse tras mantener duros cruces con los ruralistas en el paro de 2008 y con los maestros de su provincia. Ahora, le toca una nueva batalla.

Fuente: La  Nación, 03/11/15.

 

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Argentina: Tres aseguradoras con graves problemas

TRES ASEGURADORAS CON GRAVES PROBLEMAS PODRÍAN TERMINAR REVOCADAS

La Superintendencia de Seguros de la Nación prohibió celebrar nuevos contratos de seguros a dos compañías de seguros de retiro, Unidos y Profuturo. Y dispuso la inhibición general de bienes de Agrosalta.

Las medidas adoptadas por la Superintendencia de Seguros (SSN) respecto de tres compañías causaron cierto revuelo en la plaza aseguradora. El organismo de contralor dispuso la inhibición general de bienes de la cooperativa Agrosalta (entidad que en el pasado fue revocada y mantuvo una larga batalla jurídica con la SSN) y de dos aseguradoras de retiro, Unidos y Profuturo. Aquí, los tres casos:

AGROSALTA. Creada en 1965, esta cooperativa mantuvo una larga batalla jurídica con la Superintendencia. El organismo de control le revocó la autorización para operar en 2001, pero luego de un proceso judicial de 7 años la tuvo que rehabilitar en 2008. Ahora la Superintendencia ha emitido una resolución donde señala que la «aseguradora presenta una situación deficitaria en sus relaciones técnicas» y que se «advirtieron graves irregularidades en la registración de los pasivos». Dice el organismo oficial que las medidas que se adoptan tienen la finalidad de preservar el patrimonio de la aseguradora.

Habría que añadir que el mayor activo de Agrosalta es un crédito con el INdeR (reasegurador estatal en liquidación desde hace más de 20 años) por 835 millones de pesos.

En definitiva, la SSN dispuso prohibir a Agrosalta realizar actos de disposición respecto de sus inversiones, a cuyos efectos se dispone su inhibición general de bienes.

PROFUTURO. Esta compañía pertenece a Emprendimiento Compartido S.A. y el grupo Probenefit. La aseguradora es una de las víctimas de la desaparición del régimen de las AFJP y en consecuencia del ramo Rentas Vitalicias y Periódicas. La producción de su último ejercicio anual, a junio de 2013, fue un tercio de su producción a junio de 2009 (a valores corrientes). La Superintendencia la colocó ahora al borde la revocatoria luego de determinar un déficit del Estado de Cobertura de $ 272.894.422. El organismo de contralor decidió disponer la prohibición de celebrar nuevos contratos de seguros y la inhibición general de bienes.

UNIDOS RETIRO. La Superintendencia determinó que la aseguradora acusa un déficit de cobertura de $ 366.701.842 y decidió disponer la prohibición de celebrar nuevos contratos de seguros y la inhibición general de bienes. La compañía tiene como accionista a Capcode y el directorio está presidido por Antonio Eduardo Goitisolo. Capcode es una empresa constructora con sede en Santa Fe. Unidos Retiro también sufrió una fuerte baja en su producción a partir de la desaparición del ramo Rentas Vitalicias y Periódicas. Su primaje a junio de 2009 alcanzaba a $ 24.017.787. A junio de 2013 y a pesar de la inflación acumulada en el período, su producción cayó a 15.269.067.

Fuente: Estrategas, 28/07/14.