Terrorismo, una amenaza a la libertad
marzo 14, 2025 · Imprimir este artículo
Por Juca Fevel.
Introducción
Desde los albores de la civilización, la violencia ha sido una sombra constante en la historia de la humanidad. Sus manifestaciones, desde la simple confrontación callejera hasta el calculado horror del terrorismo, amenazan la coexistencia pacífica y la libertad individual, pilares fundamentales de cualquier sociedad que aspire a la justicia y al progreso.
La sociedad se está dividiendo (otra grieta más) entre las personas que buscan resolver sus desafíos a través de la violencia (objetiva, psicológica y simbólica) y aquellos que priorizan la protección de los derechos individuales, el imperio de la ley y la estricta limitación del poder gubernamental. Esto ofrece una perspectiva particular sobre estos fenómenos y las formas legítimas de abordarlos. (Hay dos ideas políticas que se reflejan: el marxismo, que ve en la violencia el modo del cambio social y esto trae muerte, y las ideas de la libertad, que defienden justamente la vida).
Este artículo explorará las complejas interconexiones entre el poder, la violencia, el terrorismo, la ley y la constitución desde esta óptica liberal, basándose en los principios y argumentos delineados en las fuentes proporcionadas.
«La violencia es el último refugio del incompetente.» Isaac Asimov. Esta potente frase nos invita a reflexionar sobre la naturaleza destructiva de la violencia y la importancia de recurrir a medios racionales para la resolución de conflictos y la consecución de objetivos políticos y sociales.
.
I. La violencia callejera: Un atentado contra la libertad individual
La violencia callejera, en su amplio espectro que abarca desde delitos comunes como robos y asaltos hasta disturbios y actos de vandalismo, constituye una afrenta directa a la libertad individual y al orden social. La protección de la propiedad privada y la integridad física son derechos inalienables que el Estado tiene la obligación primordial de salvaguardar.
La incapacidad del Estado (a través del Poder Judicial) para garantizar la seguridad en las calles mina la confianza ciudadana y restringe la capacidad de los individuos para ejercer plenamente sus libertades, ya sea el derecho a transitar libremente, a emprender actividades económicas o a disfrutar de sus bienes.
Es crítico destacar que se deben rechazar categóricamente las excusas colectivistas que pretenden justificar la violencia como una respuesta legítima a la desigualdad social.
Si bien debemos reconocer la importancia de abordar las injusticias y las disparidades, insiste en que la violencia individual y colectiva sigue siendo una elección moral y una violación de los derechos de otros individuos, por lo que no puede ser eximida de responsabilidad bajo ningún pretexto de injusticia social.
«El gobierno no debe tener otro objetivo que la protección de la libertad y la propiedad contra la violencia doméstica o externa» Ludwig von Mises, esta frase de Mises nos define el quehacer de un Estado.
En cuanto al rol del Estado, debemos seguir abogando por un Estado limitado en su alcance, pero fuerte en el ejercicio de sus funciones esenciales, principalmente la garantía de la seguridad pública. Esto implica la existencia de un sistema judicial imparcial y eficiente que aplique la ley de manera justa y una fuerza policial profesional y respetuosa de los derechos individuales encargada de mantener el orden y prevenir el delito. Algunas propuestas sugieren la privatización de ciertos servicios de seguridad y la descentralización del poder policial como mecanismos para aumentar la eficiencia y reducir el riesgo de corrupción. Sin embargo, cualquier esquema de seguridad debe operar dentro de un marco legal estricto y bajo la supervisión de instituciones democráticas para evitar abusos de poder.
Un principio fundamental del liberalismo en relación con la violencia es la responsabilidad individual. Cada individuo es considerado un agente moral autónomo capaz de tomar decisiones y, por lo tanto, debe enfrentar las consecuencias de sus actos, incluyendo aquellos que involucran violencia. Esta concepción se contrapone a las visiones colectivistas que diluyen la responsabilidad personal en estructuras sociales o históricas.
Es interesante notar cómo la reflexión sobre la violencia es fundadora del orden. Ahora bien, mientras que el liberalismo se enfoca en la ley y el contrato como los pilares del orden social moderno, reconoce implícitamente que, históricamente, la violencia pudo haber desempeñado un papel en el establecimiento de las primeras normas y jerarquías. Sin embargo, la evolución hacia sociedades libres implica la sustitución de la violencia arbitraria por un sistema de leyes racionales y consentidas, donde el monopolio legítimo de la fuerza reside en el Estado, pero sujeto a estrictas limitaciones y al respeto de los derechos individuales.
Pregunta para la reflexión: ¿Cómo conciliamos la necesidad de un Estado fuerte para garantizar la seguridad con la limitación del poder gubernamental para proteger las libertades individuales frente a la violencia callejera?
.
II. El Terrorismo: Una amenaza a la libertad global: «La fuerza es el recurso de los que no pueden razonar.» Frédéric Bastiat
El terrorismo, definido como el uso deliberado de la violencia para alcanzar objetivos políticos o ideológicos, representa una amenaza aún mayor para las sociedades libres, trascendiendo las fronteras nacionales y sembrando el miedo y la incertidumbre a nivel global.
El terrorismo es una negación absoluta de los principios fundamentales de la libertad individual y el imperio de la ley. Busca imponer una visión del mundo a través de la coerción y la brutalidad, sin respeto alguno por los derechos y la autonomía de los individuos.
Los orígenes ideológicos de los movimientos terroristas suelen encontrarse en ideologías totalitarias o extremistas que pretenden subvertir el orden democrático y liberal e imponer sus dogmas a través de la violencia. El liberalismo, y el conservadurismo en contraposición, defienden la libertad de expresión y la disidencia pacífica como mecanismos legítimos para el debate de ideas y la búsqueda de cambios políticos y sociales. La violencia terrorista, por lo tanto, es vista como una forma ilegítima e inaceptable de acción política.
La respuesta del Estado ante la amenaza terrorista es un tema delicado que requiere un equilibrio constante entre la necesidad de proteger a sus ciudadanos y el imperativo de respetar los derechos civiles y las libertades individuales. Si bien el Estado tiene la responsabilidad innegable de garantizar la seguridad de su población, las medidas antiterroristas deben ser estrictamente proporcionales a la amenaza y compatibles con el Estado de Derecho. (Hemos hecho un artículo hablando sobre la necesidad de una ley que contemple la figura de terrorismo urbano, https://contemplatiosocial.wordpress.com/2025/01/09/el-problema-del-terrorismo-en-las-ciudades-de-argentina-la-necesidad-inmediata-de-una-ley-sobre-terrorismo-urbano/ )
Dado que el terrorismo es un fenómeno que a menudo trasciende las fronteras nacionales, debemos promover la cooperación internacional como una herramienta crucial para su combate. Sin embargo, esta cooperación debe basarse en el respeto a la soberanía nacional y fundamentarse en tratados voluntarios entre estados libres y democráticos. Cualquier acción internacional contra el terrorismo debe llevarse a cabo dentro del marco del derecho internacional y con el debido respeto a los derechos humanos.
En otro artículo escrito en este blog en el 2021, https://contemplatiosocial.wordpress.com/2021/08/14/antropologia-de-la-violencia/ damos una perspectiva más sombría sobre la naturaleza humana y la persistencia de la violencia. La idea de que la prohibición de matar solo es necesaria debido a un impulso igualmente fuerte hacia la violencia nos recuerda la fragilidad del orden social y la constante necesidad de mecanismos legales y constitucionales que limiten y canalicen este potencial destructivo.
Pregunta para la reflexión: ¿De qué manera los principios de protección de los derechos individuales y limitación del poder estatal influyen en las estrategias antiterroristas que un estado puede legítimamente implementar?
III. La Ley como garantía de la libertad
La ley es la piedra angular de una sociedad libre y justa. Un marco legal justo e imparcial es esencial para proteger los derechos individuales, establecer reglas claras para la convivencia social y limitar el poder del Estado, impidiendo la arbitrariedad y el abuso. La ley, en este sentido, no es vista como una imposición externa, sino como un conjunto de normas que emanan del consentimiento de los ciudadanos o de principios racionales universalmente aplicables, cuyo objetivo último es garantizar la libertad y la seguridad de todos.
El principio del Estado de Derecho es fundamental en el pensamiento liberal. Implica la igualdad de todos ante la ley y la imparcialidad judicial, asegurando que las normas se apliquen de manera consistente y sin discriminación. La corrupción y el abuso de poder son considerados enemigos directos del Estado de Derecho y deben ser erradicados para garantizar la efectividad del sistema legal. Un sistema legal transparente y accesible es esencial para que los individuos puedan conocer sus derechos y obligaciones y recurrir a la justicia en caso de violación.
El liberalismo también defiende el derecho a la defensa propia, incluyendo, para algunos, el derecho de los individuos a portar armas para protegerse contra agresores. Sin embargo, este derecho debe usarse dentro de un marco legal claro que defina los límites y las condiciones adecuadas para usar la fuerza en defensa propia, evitando la anarquía y la justicia por mano propia.
IV. La Constitución como límite al poder estatal
Una constitución liberal se concibe como el instrumento supremo para establecer los límites al poder estatal y proteger los derechos individuales de manera efectiva y duradera. A través de la consagración de principios fundamentales y la definición de la estructura y las competencias de los poderes públicos, la constitución busca prevenir la concentración excesiva de poder y garantizar que el Estado actúe dentro de los límites establecidos por la ley.
La separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial es un principio esencial de una constitución liberal. Esta división busca prevenir el autoritarismo al evitar que una sola rama del gobierno acumule demasiado poder y pueda oprimir a los ciudadanos. Cada poder debe tener funciones y controles específicos sobre los demás, garantizando un sistema de pesos y contrapesos que fomente la rendición de cuentas y la limitación del poder.
La constitución liberal también debe contener una declaración de derechos fundamentales clara y robusta, que proteja libertades esenciales como la libertad de expresión, la propiedad privada y el debido proceso. Estos derechos son considerados no negociables y deben estar protegidos contra la injerencia del Estado y de otros individuos. La constitución debe establecer mecanismos efectivos para la protección de estos derechos, como recursos judiciales accesibles y una justicia independiente.
La constitución, debe encauzar y limitar ese monopolio de la violencia, asegurando que solo se utilice de manera legítima, proporcional y en el marco de la ley para la protección de los derechos y libertades individuales y el mantenimiento del orden social.
Pregunta para la reflexión: ¿Cómo puede una constitución equilibrar eficazmente el poder del estado, necesario para mantener el orden y la seguridad, con la protección inalienable de los derechos y libertades individuales frente a la potencial extralimitación de ese poder?
.
V. El poder desde una perspectiva liberal
El concepto de poder es central en el análisis de la violencia, el terrorismo, la ley y la constitución desde una perspectiva liberal. Debemos estar atentos a la concentración de poder, ya sea en manos del Estado o de actores privados. La historia demuestra, según esta tradición, que el poder tiende a corromper y a ser utilizado para la opresión y la violación de los derechos individuales.
Por lo tanto, el principio fundamental en relación con el poder es su limitación. Esta limitación se articula a través de diversos mecanismos, siendo la constitución y el Estado de Derecho los más importantes. La separación de poderes, la protección de los derechos fundamentales, la rendición de cuentas de los gobernantes y la existencia de una sociedad civil activa y vigilante son elementos esenciales para evitar la concentración y el abuso de poder.
En contraste con algunas perspectivas que ven el poder como inherentemente opresivo, el liberalismo clásico aspira a un poder legítimo y limitado que sirva como garante de la libertad individual y el orden social. La violencia y el terrorismo son vistos como manifestaciones del poder ilegítimo, ya sea ejercido por el Estado fuera de los límites constitucionales o por actores no estatales que recurren a la fuerza para imponer sus voluntades. La ley y la constitución son, en este sentido, instrumentos para canalizar y domesticar el poder, sometiéndolo a principios racionales y al respeto de los derechos individuales.
La visión de Deleuze sobre el poder como usurpado y la ley como engaño, representa un desafío a la concepción liberal del poder legítimo. Sin embargo, desde una perspectiva liberal robusta, esta crítica puede interpretarse como una advertencia constante sobre la necesidad de vigilar y controlar el ejercicio del poder, incluso dentro de un marco legal y constitucional, para evitar su desviación hacia la opresión y la injusticia.
Conclusión:
«Ningún hombre tiene derecho a imponer su voluntad sobre otro por medio de la fuerza.» John Locke
Desde una perspectiva liberal, la violencia callejera y el terrorismo representan serias amenazas a la libertad individual y al orden social. La respuesta a estos desafíos debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la ley, la protección de los derechos fundamentales y la estricta limitación del poder estatal.
La ley, dentro del marco de una constitución, se erige como la principal herramienta para garantizar una sociedad libre y justa, donde la violencia sea la excepción y no la norma.
La vigilancia constante sobre el ejercicio del poder y el compromiso con los principios del Estado de Derecho son esenciales para evitar que tanto la violencia no estatal como el potencial abuso del poder estatal socaven los cimientos de una sociedad verdaderamente libre. Recordemos las palabras de Cicerón (que fue citado por Hayek en algunas ocasiones) “La libertad no consiste en tener un buen amo, sino en no tenerlo”.
En última instancia, la construcción de una sociedad donde la violencia sea el último refugio requiere un firme compromiso con los principios de la libertad individual, la responsabilidad personal y el imperio de la ley, tal como lo postula la tradición liberal clásica. Quiero terminar con esta frase que debe ser nuestro horizonte cuando hablamos de defender la idea de un hombre libre. «La sociedad que pone la igualdad por encima de la libertad terminará sin igualdad ni libertad.» Milton Friedman
─ Juca Fevel. Sociólogo, escritor, docente, director de Contemplatio Social. @JucaFevel
Fuente: contemplatiosocial.wordpress.com, 14/03/25
Más información:
Hamás: la simbología del terror
La RAM y el terrorismo en la Patagonia
Reflexiones sobre el Terrorismo
Financiamiento del Terrorismo: Caso Arab Bank
.
.
[…] Terrorismo, una amenaza a la libertad […]