Argentina y el Blanqueo 2016

Argentina y el Blanqueo 2016

Por Gustavo Ibáñez Padilla.

El gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley de Blanqueo de capitales, el cual está siendo tratado en este momento por el Congreso Nacional.

Desde la recuperación de la democracia en 1983, se aprobaron blanqueos en los gobiernos de:

• Raúl Alfonsín (1987)
• Carlos Menem (1992)
• Cristina Kirchner (2008)
• Cristina Kirchner (2013)

Prácticamente cada seis años tenemos un blanqueo -el cual siempre se anuncia como el último- y nunca se ha logrado repatriar en cada oportunidad más del 2% del total de los fondos de argentinos estimado en el exterior.

Tomando en cuenta estos datos concretos, la frecuencia en que se realizan los blanqueos y los exiguos montos recaudados, podemos -sin temor a equivocarnos- calificar a estas iniciativas de absolutos fracasos.

La explicación parece asomar con claridad: las condiciones adversas para los capitales, imperantes en nuestro país, se mantienen e incluso  se agravan con los años. Veamos algunos ejemplos:

• Durante los doce años de desgobierno kirchnerista la presión fiscal efectiva se ha prácticamente duplicado.

• Los impuestos se acumulan como capas geológicas, a igual ritmo que las generaciones de nuevos empleados públicos.

• La participación del Estado -medida como proporción del producto bruto interno- crece sin pausa, provocando una disminución de la productividad argentina.

• La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se dedica a cazar elefantes en el zoológico (persigue a los contribuyentes inscriptos al tiempo que quienes están en las sombras deambulan sin problemas).
• Los funcionarios que crean las leyes, las ejecutan y las interpretan gozan de privilegios y beneficios, mientras persiguen al ciudadano de a pie y lo desangran con impuestos.

¿Es justo que un importante número de argentinos cuente con más de 200.000 millones de dólares depositados en el exterior, sin declarar y sin tributar impuestos?

Al intentar responder a esta pregunta nos adentramos en un territorio oscuro y resbaladizo, en el cual suelen perderse las personas comunes y del cual sólo suelen transitarlo indemnes los avezados en el mundo del derecho.

Para entender la complejidad de esta cuestión, pondérense las palabras de Séneca: “El que no quiera vivir sino entre justos, viva en el desierto.”

Si todavía quedan dudas, recuérdese a Lucano: “Aléjese de los palacios el que quiera ser justo. La virtud y el poder no se hermanan bien.”

“Haz lo que yo digo y no lo que yo hago” parece ser la máxima que rige a nuestros gobernantes. Si no ¿cómo puede entenderse que personas mediocres y sin grandes luces ingresen al gobierno con pequeños patrimonios y salgan de él con riquezas inconmensurables?

Dejemos entonces esta discusión bizantina para un mejor lugar y ocasión y vayamos a las efectividades conducentes.

El tan mentado Acuerdo de Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, que suscribió Argentina y otra cincuentena de países, a instancias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ¿hace imprescindible blanquear todos los capitales que una persona posea?, ¿dejarán entonces de existir los Paraísos Fiscales?

La respuesta, sin dar rodeos ni emplear eufemismos, es NO.

Los Tax Havens continuarán existiendo, aunque los políticos breguen en sus discursos por su desaparición.

[Véase ¿Son legales los Paraísos fiscales? y Ventajas de los Paraísos Fiscales  para entender más a fondo este complejo tema]

El acuerdo firmado para intercambio automático de información es una declaración de deseos de diversos países que a la fecha carece de implementación real en el marco de la legislación vigente en cada jurisdicción. Como no se encuentra reglamentado en forma específica no resulta todavía aplicable.

Los países que firmaron el acuerdo lo hicieron por presión internacional y con la intención de mejorar su imagen, pero -en la práctica- aquellos que obtienen importantes ingresos gracias a los capitales que buscan un lugar seguro no tomaran medidas que faciliten el verdadero intercambio de información. Véase como ejemplo los infructuosos pedidos realizados sobre empresas de Lázaro Báez (bajo investigación judicial) en Suiza, Panamá y Nevada (USA).

Para que este acuerdo multilateral funcione efectivamente debe ser complementado con acuerdos bilaterales y reglamentaciones específicas, que deberán ser aprobadas previamente por cada país. Por ello podemos entender que falta un tiempo largo para que entren en real funcionamiento. Mientras tanto cada una de las partes intervinientes (países, estados, abogados, agentes, inversores) toma acción y se reacomoda ante la nueva situación, aplicándose entonces el viejo adagio “hecha la ley, hecha la trampa”.

Cuando consultamos con funcionarios de paraísos fiscales, antes de redactar este artículo, las respuestas off the record fueron contundentes: “¡No pensamos suicidarnos!”. Considérese, a modo de ejemplo, que en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) se encuentran constituidas el 40% de las sociedades offshore del mundo y los beneficios generados por los servicios financieros que presta este reconocido paraíso fiscal representan más de la mitad del ingreso nacional.

En conclusión, podemos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, que el cielo no se va a derrumbar y continuarán existiendo los Paraísos Fiscales, a pesar de que las leyes pongan nuevas trabas y compliquen el flujo de fondos en las sombras.

Fuente: Ediciones EP, 20/06/16.