El juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina
(IN) JUSTICIA. El fiscal muerto el 18 de enero había acusado a la Presidenta y a funcionarios dirigentes K de presunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.
Por Natasha Niebieskikwiat.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy la denuncia presentada ante la justicia por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Hector Timerman y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas.
Nisman los había acusado de presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA; lo hizo el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su dudosa muerte.
La denuncia fue presentada ante el juzgado de Ariel Lijo. Y luego de que la jueza Servini de Cubria abriera la feria judicial, la denuncia cayó el juzgado de Rafecas.
Altas fuentes judiciales indicaron a este diario la decisión del juez que ya estaría firmada pero se desconocen sus argumentos judiciales de la denuncia que más conmovió al país en el último tiempo. De hecho, el fiscal Pollicita imputó a la mandataria por esta denuncia.
El juez Rafecas rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán
El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho el fiscal Gerardo Pollicita sobre la base de la presentación del ex titular de la UFI-AMIA
El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho semanas atrás el fiscal Gerardo Pollicita.
El fiscal había entendido que la presentación de su colega fallecido para investigar si el pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia federal. Sin embargo, Rafecas no hizo lugar al dictamen de Pollicita, quien ahora podrá apelar esa decisión.
En una extensa resolución, a la que accedió LA NACION, el juez entendió que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman.
«Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente», explicó Rafecas.
El magistrado consideró que el análisis de los elementos «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto «plan criminal» denunciado».
Y agregó: «Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas».
Nisman había presentado la denuncia contra la jefa del Estado, el canciller Héctor Timerman , el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, el activista Fernando Esteche, entre otros, el 14 de enero pasado, en el juzgado de Ariel Lijo. Cuatro días después, el fiscal de la causa AMIA apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc.
La Presidenta y Rafecas, entre la espada y la pared
Por Luis Majul.
Aunque Daniel Rafecas no adelantó lo que iba a hacer ni siquiera a su familia, dos altas fuentes que transitan los pasillos de Comodoro Py y que están vinculadas con la causa vaticinaron que al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA. La duda que manifestaron es si Rafecas lo hará antes o después del último discurso de Cristina Fernández para abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo, 1° de marzo. «Daniel no les presta mucha atención a los tiempos políticos. Está concentrado en la lectura del expediente que le elevó el fiscal Pollicita. De hecho, desde que recibió el escrito ni siquiera se comunicó con él, a pesar del respeto profesional y mutuo afecto que se profesan», me dijo otro fiscal federal con información confiable.
Desde que Gerardo Pollicita decidió avanzar con la imputación en consonancia con lo que había denunciado el fiscal Alberto Nisman, su vida personal cambió de manera abrupta. Sigue viviendo en el mismo departamento de Barracas, pero ahora tiene 10 custodios del grupo Albatros de la Prefectura durante las 24 horas, y cada vez que se sube al auto oficial debe colocarse un incómodo chaleco antibalas. Todavía no tuvieron que repeler ningún ataque, pero evitaron que militantes de La Cámpora pintaran las paredes del domicilio de Pollicita. Sospechan que querían escracharlo. La leyenda iba a decir algo así: «Aquí vive Pollicita, un fiscal vendepatria, golpista y destituyente».
Dos fiscales y dos jueces que leyeron el requerimiento de Pollicita sostienen que su presentación fue impecable. Que le quitó toda la adjetivación y «carga emotiva» que tenía el pedido de indagatoria de Nisman, se concentró en las 80 horas de escuchas a las que tuvo acceso, las comparó con los cambios de posición del Gobierno en su relación con Irán y pidió por lo menos 30 medidas de pruebas que a Rafecas le va a ser muy difícil no impulsar.
En medio de los pedidos de Pollicita, un documento oficial de enorme peso es el fallo de dos jueces de la sala dos de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes no sólo declararon inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, sino que también dejaron entrever que Timerman le mintió al Congreso en su defensa del proyecto de ley del memorándum y que Cristina Fernández no podía estar ajena. Pollicita no es un héroe, pero siempre se jactó de tomar sus decisiones sin atender los pedidos especiales del poder de turno. Jefe de Nisman en los tribunales de San Martín, a él tampoco le cierra demasiado la teoría del suicidio. Antes de presentar su escrito, tuvo oportunidad de hablar con varios colegas y varios jueces federales. Casi todos lo alentaron para que tome la decisión que le pareciera correcta, si su convicción íntima y los indicios le permitían hacerlo.
Los jueces y los fiscales que esperan con preocupación la aprobación del paquete de leyes y la reglamentación que le permitiría a la procuradora Alejandra Gils Carbó poner en la cancha a sus militantes explican: «Los talibanes de Justicia Legítima van a empezar por cortarles la cabeza a los que juegan en el medio, como Canicoba Corral». Se trata de los mismos magistrados a los que la Presidenta les declaró la guerra y les puso la etiqueta de «Partido Judicial». Esos jueces y fiscales no funcionan todos de manera unívoca, pero coinciden en una decisión fundamental: no van a cajonear ni a negarse a investigar expedientes donde haya indicios y pruebas de delitos. Tampoco terminan de entender por qué la jefa del Estado pareció entrar en pánico. «En el mejor de los casos, la sentencia definitiva sobre la acusación de encubrimiento puede tardar, como poco, dos años, y va a depender más de la situación geopolítica internacional que de los fiscales y los jueces de Comodoro Py», me dijo otro fiscal federal. Ni siquiera él, que tiene mucha experiencia, comprende por qué los que están cerca de la Presidenta le quieren hacer creer que el juez Claudio Bonadio iría tras la firma de Máximo Kirchner para acusarlo o tomarle declaración indagatoria en la causa Hotesur. «Eso es no conocer cómo interpreta el Código Bonadio. Si lo conocieran más, se darían cuenta de que él piensa que para probar la responsabilidad individual en el delito de lavado de dinero no hace falta firmar ningún papel, sólo recibir la plata. Y ya está claro que la Presidenta es una de las accionistas de Hotesur, más allá de que no haya firmado ningún balance», explicó.
La lógica de atenerse a los hechos para impulsar o desestimar una investigación es también la que seguiría Rafecas en el caso de convalidar las imputaciones que decidió Pollicita, sin que el antecedente de su recusación en la causa Ciccone por haber intercambiado mensajes de texto con el abogado del vicepresidente Amado Boudou influya de alguna manera. Hay momentos en que las circunstancias ponen a los hombres entre la espada y la pared, más allá de sus deseos. Rafecas hubiera preferido no tomar la causa que había impulsado el fiscal que apareció muerto el pasado 17 de enero. Pero ahora no tiene más remedio que hacerse cargo. Y sabe que su decisión lo marcará para toda la vida.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Compras en el exterior: revés judicial para la AFIP
Por Silvia Stang.
Un juez obligó a apurar la devolución de los recargos a una persona que no puede compensarlos con Ganancias.
La Justicia cuestionó a la AFIP por demorar la devolución de los recargos cobrados por compras en el exterior o adquisición de moneda extranjera, y le impuso la obligación de dar respuesta inmediata a la solicitud del ciudadano que presentó una acción de amparo. Sólo con una orden judicial a su favor, varios meses después de haber presentado el formulario correspondiente, y tras haber elevado seis pedidos de pronto despacho, esta persona logró recuperar el dinero que se le había retenido en concepto de «pago a cuenta» de impuestos que él, en rigor, no paga (por no estar alcanzado).
La decisión judicial tomada en la causa «Fichter, Lautaro contra el Estado Nacional-AFIP-DGI s/amparo por mora» se conoció ahora, porque hace pocos días la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó su fallo, publicado luego por el portal Diario Judicial. Sin embargo, en ese escrito los jueces de segunda instancia hacen referencia a un «desistimiento implícito» de la apelación hecha por la AFIP contra la decisión del juez de primera instancia, quien le había dado la razón al demandante. ¿Qué ocurrió? Que, a pesar de apelar, el organismo obedeció y pagó.
Eso ocurrió luego de que el juez Pablo Cayssials, del Juzgado N° 9, hizo lugar a la acción de amparo por mora y ordenara al Estado nacional (en concreto, a la AFIP) que resolviera el expediente de Fichter en un plazo de diez días contados desde la notificación judicial.
La persona a quien le habían cobrado los recargos no es contribuyente ni de Ganancias ni de Bienes Personales. Se trata de los dos impuestos para los cuales pueden tomarse como pago a cuenta las cargas que se aplican cuando se compran bienes o servicios en el exterior o moneda extranjera para viajar (se adiciona un 35%), o dólares para ahorro (se suma un adicional de 20% a menos que, en lugar de retirar los billetes del banco, se depositan bajo determinadas condiciones). Para las situaciones en las que no existe una obligación tributaria contra la cual se puedan descargar esas «percepciones», se debe presentar el formulario 746 y pedir la devolución del dinero.
La AFIP no tiene facultades para imponer nuevas cargas impositivas a los ciudadanos, ya que eso es una atribución del Poder Legislativo. Por eso, al disponerse estos sobrecargos, se establecieron también los mecanismos para el recupero.
Para los asalariados alcanzados por Ganancias, el reintegro por lo abonado durante 2014 debería llegar en los próximos días (si se hizo antes el pedido completando el formulario 572), con el cobro de los sueldos de febrero, que es el mes de la liquidación anual del impuesto.
En el caso de Fichter, además de completar y presentar en enero de 2014 el formulario 746, se habían hecho seis pedidos de pronto despacho. Pero la AFIP sólo abonó tras la orden judicial de octubre, según se relata en los expedientes de la causa, que pueden consultarse en la página de Internet del Poder Judicial.
La resolución 3420, que estableció el procedimiento para recuperar las percepciones en caso de no pagar Ganancias, no definió en qué tiempos debe el fisco cumplir con esa tarea. El juez consideró que, en caso de no existir plazos determinados para resolver un trámite, es viable el amparo por mora si «hubiere transcurrido un plazo que excediera lo razonable» sin dictamen o resolución.
Aunque el juez apeló a la irracionalidad del tiempo transcurrido sin respuesta, el peticionante había argumentado que debería tenerse en cuenta lo dispuesto por la ley de procedimiento administrativo. Allí se especifica que si las normas especiales «no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días».
La causa de este demandante fue considerada en segunda instancia, pero eso no cambió las cosas: los jueces consideraron que hubo un desistimiento implícito tras el pago de la AFIP, por lo que no se expidieron sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, expresaron que la acción del organismo se debió «no a una conducta propia, libre y diligente», sino «al cumplimiento de un mandato judicial imperativo».
Cadena perpetua para el asesino de «American sniper»
Por Paula Lugones – Washington. Corresponsal.
Historia real. El ex marine Eddie Ray Routh fue condenado de por vida por la muerte del francotirador y héroe de guerra Chris Kyle, que inspiró el film de Clint Eastwood, nominado al Oscar.
Eddie Ray Routh, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Chris Kyle y Chad Littlefield, durante su juicio en una corte de Stephenville, Texas./EFE
Final de película para la saga del «American sniper» o el francotirador más mortífero de los Estados Unidos: un tribunal de Texas condenó anoche a cadena perpetua a Eddie Ray Routh por el asesinato de Chris Kyle, el hombre que inspiró el film de Clint Eastwood que fue nominado para el Oscar en medio de una polémica.
Horas después de que la viuda de Kyle, Taya, asistiera en Hollywood a la ceremonia en la que la película finalmente perdió contra «Birdman» como mejor film, el tribunal encontró anoche a Routh, un ex marine estadounidense de 27 años, culpable del asesinato de Kyle y de su amigo Chad Littlefield en febrero de 2013. El joven se había declarado no culpable y alegado problemas mentales, pero el tribunal desechó el reclamo.
Kyle era considerado el mejor francotirador del Ejército estadounidense, con un récord de más de 160 muertes de enemigos en sus manos, según el Pentágono, pero hay quienes dicen que mató a más de 250 con su rifle. Estuvo cuatro veces destinado en Irak y cosechó varias condecoraciones. Su autobiografía, «American Sniper» fue un éxito de ventas que interesó a Eastwood para llevarla a la pantalla con la película que en la Argentina se conoció como «Francotirador».
El film provocó un gran debate en los Estados Unidos porque muchos consideraban a Kyle como un héroe, pero otros lo creían una despiadada máquina de matar. Para la conservadora revista National Review, por ejemplo, «la película le da a Estados Unidos algo que ha necesitado desde el comienzo de la guerra: un héroe de guerra en una escala verdaderamente nacional y cultural».Por otro lado, el cineasta Michael Moore criticó en Twitter: «Un francotirador mató a mi tío en la Segunda Guerra Mundial. Nos enseñaron que los francotiradores son cobardes. Te disparan en la espalda. No son héroes».
También ex combatiente en Irak, Routh disparó por la espalda a Kyle y su amigo cuando estaban conversando en la vereda de Stephenville, una ciudad al sur de Dallas. Después de haber regresado de la zona de guerra, Routh había sido diagnosticado con estrés postraumático y sus amigos decían que sufría paranoia y alucinaciones.
En el juicio Routh declaró, entre una serie de incoherencias, que los había matado porque eran «cerdos asesinos» y que no le había gustado el aroma de la colonia que usaban. Pero el jurado decidió que el ex marine sabía lo que estaba haciendo en ese momento, que demostró control y frialdad cuando luego de matarlos se fue a comer comida mexicana y porque cuando fue atrapado inmediatamente contó que sufría de esquizofrenia y paranoia, algo que no es frecuente que comenten los que padecen estas enferemedades.
«American Sniper» rompió todos los récords en Stephenville, la ciudad donde Kyle había crecido y fue ultimado. Los abogados defensores de Routh alegaron que los miembros del jurado habían ido a ver el film y estaban influenciados por la personalidad del héroe. Cierto o no, el fallo fue un punto final para esta historia de película.
Facebook da un falso sentido de control a sus usuarios, dice reporte europeo
Por Stephen Fidler.
BRUSELAS — Un reporte encargado por la agencia que vigila las normas de privacidad en Bélgica concluyó que las políticas y términos de uso de Facebook Inc. dan a los usuarios un falso sentido de control sobre la privacidad de sus datos, y que la red social estadounidense está violando las leyes europeas en ese frente.
Encargado por la Autoridad Belga para la Protección de Datos y publicado el lunes, el reporte de académicos de la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Libre de Bruselas será usado por las autoridades belgas de privacidad en una investigación que lanzó el mes pasado sobre Facebook
Sin embargo, el informe no pretende expresar el punto de vista de la comisión, la cual no tiene poder de sancionar. Si cree que hay un caso para seguir, enviará el expediente a la fiscalía belga, que decidirá si seguir adelante con el caso o no.
Un portavoz de Facebook dijo que la compañía recientemente había actualizados sus términos y políticas para hacerlas más claras y concisas, para reflejar nueva funciones en productos y para resaltar la forma en la que la red social estaba expandiendo el control de los usuarios sobre la publicidad.
El vocero anotó que Facebook estaba seguro de que las actualizaciones cumplían con las leyes pertinentes.
“Como una empresa con sede internacional en Dublín, regularmente revisamos actualizaciones de productos y políticas, incluyendo esta, con nuestro regulador, el Comisionado Irlandés para la Protección de Datos, quien supervisa nuestro cumplimiento con las directivas de protección de datos de la Unión Europea y su implementación bajo la ley irlandesa”.
Varios países europeos adelantan conversaciones con Facebook sobre preocupaciones de que las preferencias de privacidad y términos de servicio de la red no cumplen con los estándares de protección de datos europeos, dijo una persona al tanto del asunto.
Funcionarios europeos dicen que esperan completar para fines de año la legislación sobre nuevas reglas de protección de datos en toda la UE. Se espera que las normas se concentren en estrictas medidas de protección de datos para los consumidores europeos, un creciente motivo de fricción entre Europa y los gigantes tecnológicos estadounidenses.
El reporte del lunes desglosa las preferencias de privacidad y los términos y condiciones de uso de Facebook, que entraron en efecto el 31 de enero, pero que habían sido anunciados antes.
“La Política de Datos es una ampliación de prácticas existentes. Esto de todas formas genera preocupación porque las capacidades de procesamiento de datos de Facebook ha aumentado tanto horizontal como verticalmente”, dijo el reporte. “Las dos están apalancadas para crear una vasta red de publicidad que usa datos externos e internos de Facebook para apuntar tanto a los usuarios como los no usuarios de la red social”.
El mes pasado, la comisión envió una serie de preguntas sobre las nuevas políticas de la compañía y recibió las respuesta el lunes, dijo una vocera de la comisión. Pero las respuestas eran altamente técnicas y la comisión exigirá clarificación adicional, añadió la vocera.
Las principales preocupaciones de la comisión fueron sobre adiciones de software a los navegadores, llamados plug-ins, la publicidad y el intercambio de fotos a través de WhatsApp e Instagram, empresas de las que Facebook es ahora propietario, dijo la vocera.
El reporte señala que Facebook pone mucha presión sobre los usuarios para que naveguen una compleja red de preferencias, incluyendo para privacidad, aplicaciones, publicidad y seguidores. Por ejemplo, las preferencias por defecto de Facebook relacionadas a perfiles de comportamiento o avisos sociales son particularmente problemáticas, señaló. La red no proporciona opciones para no recibir historias patrocinadas o para negarse a dar datos sobre ubicación, aseguró.
También indica que la habilidad de Facebook de rastrear la actividad de los usuarios fuera de su sitio ha aumentado exponencialmente con el tiempo, principalmente con la ampliación de los plug-ins sociales (los botones de ‘me gusta’) y a través de nuevas formas de rastreo móvil. El reporte dice que Facebook ahora recauda información a través de estos plug-ins sin importar si los botones se usan.
El documento dice que la adquisición de Instagram y WhatsApp ha permitido a Facebook recaudar más tipos de datos de usuario, lo que le permite realizar perfiles más detallados. El informe también dijo que no es posible añadir información en Facebook que no pueda más tarde utilizarse para personalizar anuncios.
“Cualquier ‘me gusta’ se convierte en el gatillo para representar un usuario en una “historia patrocinada” o publicidad social. De la segunda se puede tomar la opción de salir, pero la única forma dejar de salir en historias patrocinadas es dejar de darle ‘me gusta’ a cualquier contenido. Los usuarios pierden aún más poder porque no saben cómo exactamente son usados sus datos para propósitos de publicidad”, dijo el reporte.
El informe asegura que los términos de Facebook no reconocen de forma apropiada los derechos de los usuarios. “Por ejemplo, borrar un perfil es un ejercicio de ‘todo o nada’ y solo relacionado a cosas que ha publicado, como sus fotos y actualización de estado”. Aunque los usuarios tienen algunas opciones para controlar la visibilidad de su información dentro de sus redes, no pueden evitar que Facebook use adicionalmente esta información para sus propósitos, añade el reporte.
También señala que las preferencias de privacidad de Facebook eran menos claras en relación a la recaudación y el uso de datos por parte de la propia empresa o por terceros como diseñadores de aplicaciones.
Esto les da a los usuarios un falso sentido de control, concluyó el reporte.
—Amir Mizroch en Londres contribuyó a este artículo.
El subte A sumó un 25% de pasajeros por los nuevos trenes y estaciones
Por Pablo Novillo.
El confort, a la cabeza en la aprobación de los usuarios.Contra los indicadores del transporte, que se frenaron o cayeron en 2014 al ritmo de la actividad económica, la línea que renovó todos sus trenes con aire acondicionado fue la elegida por los que usan la red de subtes.
Uno de los trenes chinos de la línea A, en plena hora pico y con aire acondicionado, es el preferido por los usuarios.
Casi todas las líneas fueron para un lado, pero una fue para el otro. Aunque la red de subtes tuvo el año pasado un 3,6% menos de pasajeros, la línea A aumentó un 25,5% la cantidad de gente transportada. Los coches con aire acondicionado y las nuevas estaciones explicaron este incremento, mientras que la baja global obedeció a líneas que no anduvieron por obras y a que, en general, también hubo menos pasajeros en otros medios de transporte del Area Metropolitana.
Los datos fueron brindados por Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), la empresa estatal porteña a cargo de la red. El año pasado las seis líneas transportaron 254.936.304 pasajeros pagos, lo que da en promedio en promedio 698.455 personas por día, aunque en los días hábiles el promedio fue de 955.798.
Este panorama es exactamente el contrario al que se había dado en 2013, cuando toda la red había subido un 6,6% pero la A había bajado un 5,7%, porque entre enero y marzo no había funcionado por las obras para poner a circular los nuevos vagones chinos.
¿Qué pasó el año pasado? La merma general se debió a distintos factores. Según explicaron en Sbase, “también los colectivos reportaron una baja del 4% según el INDEC, dejando en claro que uno de los motivos principales de la disminución en el transporte público responde a la caída de la economía”.
También hubo causas puntuales que afectaron en forma directa. Desde abril, la línea B no funcionó los fines de semana ni los feriados, y redujo su horario los días hábiles, por las obras para renovar la flota. De igual manera, en enero del año pasado la línea D tuvo que ser cerrada los fines de semana porque era necesario avanzar con la expansión de la línea H, con la que se cruzará bajo Santa Fe y Pueyrredón. Además, en junio hubo paros y varios días de protesta de los metrodelegados, quienes levantaron los molinetes en varias estaciones en reclamo de seguridad, luego de que la Policía Metropolitana comenzara a vigilar la red.
La línea A fue un caso aparte. Los usuarios ya saben que los nuevos vagones, que corren desde marzo de 2013, son más confortables, por el aire acondicionado y porque casi no se siente el ruido al circular. Además, en septiembre de 2013 fueron inauguradas las estaciones Flores y San Pedrito, que el año pasado ya funcionaron a pleno. Por otra parte, la línea que une Plaza de Mayo con los barrios del oeste fue la primera a la que Sbase llevó su plan de mejoras (limpieza, mejoras en la iluminación, pintura y nuevo mobiliario), con lo cual más gente la eligió para viajar.
Por eso en Sbase confían en que, a medida que puedan ir renovando la flota, las otras líneas también recuperarán pasajeros. En este sentido, citan una encuesta en la que afirman que mejoró un 24% la evaluación de los pasajeros sobre los vagones y un 20% la estaciones, entre otros puntos. “Estos indicadores confirman el rumbo de las políticas implementadas por Subterráneos y el Gobierno de la Ciudad”, afirmó Juan Pablo Piccardo, presidente de la empresa.
La línea que sin dudas sumará pasajeros será la H, porque en mayo serían inauguradas las estaciones Córdoba y Las Heras y en julio la de Santa Fe. Además, a lo largo del año pondrán a correr los 120 coches nuevos comprados para completar la flota de esta línea, que fuera inaugurada en 2007.
La B también debería mejorar, ya que desde marzo y paulatinamente irán poniendo a correr las 14 nuevas formaciones que fueron compradas a España, todas con aire acondicionado. Pese a la merma de pasajeros sigue siendo la que más gente transporta, y con las mejoras en la flota debería consolidar esa posición.
Por otra parte, la línea C sumará nuevos vagones desde abril y pasará de 9 a 12 formaciones, con lo cual aumentará un 25% su capacidad de transporte. En tanto, la D tendrá en marzo dos trenes con aire acondicionados y a lo largo del año otras tres, para sumar en 2016 cinco más y así completar la flota.
La justicia de EE.UU. dice que el país entró en desacato
Por Silvia Pisani.
Lo indicó en un comunicado la Corte de Apelaciones de Nueva York; el Gobierno afirma que tiene hasta el jueves para apelar.
WASHINGTON – La Argentina se encuentra desde ayer formalmente en desacato ante la justicia norteamericana por ignorar el fallo que emitió el juez Thomas Griesa para el pago de más de 1300 millones de dólares a los llamados «fondos buitre».
La inédita situación, cuyo alcance y significado no están claros y anoche abrían todo tipo de conjeturas, se produjo luego de que el gobierno de Cristina Kirchner optó por no presentar en tiempo y forma la apelación que originalmente había pedido. Según afirmó ayer la Corte de Apelaciones de Nueva York en un comunicado, el plazo se extinguió sin que los abogados del país hicieran acto de presencia. De todos modos, en el Ministerio de Economía lo niegan: afirman que el plazo para apelar vence pasado mañana.
La amenaza estaba latente desde septiembre pasado, en que Griesa dispuso por primera vez la figura. En su momento, el Gobierno sostuvo que no tiene «ningún sentido operativo», pero la usó para cargar contra el gobierno de Barack Obama. «Lo hago responsable por lo que pueda pasarle a la Argentina», afirmó entonces el canciller Héctor Timerman. «Como Estado, el país es responsable de las acciones de cualquiera de sus órganos. En este caso, de su Poder Judicial», abundó.
Juristas que en esta ciudad vienen siguiendo el caso no pudieron precisar efectos concretos. «Puede haber problemas de visado para funcionarios involucrados con la negociación de la deuda», arriesgó uno de ellos. Sí hubo coincidencia en que no se trata de un paso recomendable.
«La figura del desacato es grave en la jurisprudencia norteamericana. Para un individuo puede significar presiones y castigos importantes. Es más difícil determinar cómo puede aplicarse eso a un Estado soberano», se explicó a LA NACION. Para otros, como el abogado argentino Eugenio Bruno, «una de las cuestiones por considerar será saber hasta dónde quiere llegar el gobierno norteamericano» en el caso de que se le pidan sanciones contra la Argentina.
«Tal como se la conoce, la figura del desacato podía ser abstracta para un Estado soberano. Salvo que el juez la comunique al gobierno y pida intervención», añadió. La decisión quedó firme con un comunicado de apenas un párrafo que produjo la Corte de Apelaciones de Nueva York, a la que había recurrido nuestro país para intentar revertir la decisión de Griesa.
«Si los abogados de la Argentina no se presentan antes de la fecha máxima del 17 de febrero, la orden del juez quedará ratificada», sostuvo el texto, firmado por la responsable de su mesa de entradas, Catherine O’Hagan Wolfe.
El plazo caducó sin que los abogados del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representan al país, presentaran documento alguno. «Si no comparecieron fue por decisión de su cliente», dijeron fuentes judiciales. En el Ministerio de Economía, que en el pasado calificaron al desacato de Griesa como «una medida desesperada de un juez que no sabe qué hacer», no coinciden: afirman que tienen hasta pasado mañana para apelar.
Con la ratificación del tribunal revisor, la medida quedaría firme y sin más instancias jurídicas. Sí queda la salida política, que es la que viene proponiendo Griesa con una negociación fuera del tribunal. Por pura casualidad, el nuevo giro se produce al cumplirse dos años de otra situación inédita para la Argentina. En febrero de 2013, el Fondo Monetario Internacional (FMI) la sancionó con una declaración de censura por la mala calidad de sus estadísticas.
La cuerda, cada vez más tensa
Según informó ayer la Cámara de Apelaciones de Nueva York, el país acaba de entrar en desacato por ignorar el fallo de Griesa y porque venció el plazo para apelar
El Ministerio de Economía, en cambio, afirma que todavía queda plazo hasta pasado mañana para presentar la apelación
Una situación de desacato podría desencadenar sanciones del gobierno de EE.UU.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito hizo ayer una audiencia en la causa del «álter ego», en la que los fondos buitre intentan embargar las reservas del Banco Central con el argumento de que son un apéndice del Tesoro.
Según informó el Ministerio de Economía, en el encuentro, «tanto el BCRA como la República Argentina pusieron de manifiesto que la Corte de Distrito carece de jurisdicción para tratar la acción interpuesta por las demandantes, ya que no resulta aplicable ninguna de las excepciones contempladas en la ley de inmunidades de soberanos extranjeros (FSIA)».
La demanda fue iniciada por los fondos buitre EM y NML, que ya habían logrado embargar las reservas hasta que fueron liberadas en 2011; sin embargo, en 2012 ambos solicitaron una nueva acción declarativa tendiente a determinar que el Banco Central es el «álter ego» («otro yo») de la República Argentina y, por tanto, responsable por sus deudas. En primera instancia, el juez Thomas Griesa denegó las mociones de la Argentina para desestimar in limine esta nueva pretensión de NML y EM, decisión que fue apelada por la República Argentina y por el Banco Central. A los fines de resolver las mociones, la Corte de Apelaciones convocó a las partes para que expusieran sus argumentos. La Corte de Apelaciones estuvo conformada por los jueces José Cabranes, Richard Wesley y Peter Hall, que emitirán una decisión dentro de los próximos 12 meses. Una vez resueltas las mociones presentadas por la Argentina y el BCRA se iniciaría, eventualmente, la discusión sobre el fondo de la cuestión.
Encuesta: cuántos votarían al candidato que elija Cristina «sea quien fuera»
SONDEO ELECTORAL.Una consultora midió el peso de la voluntad de Cristina entre electores oficialistas e indecisos.
Mientras la mayoría de los candidatos presidenciales kirchneristas (con Florencio Randazzo, Sergio Urribarri y Julián Domínguez a la cabeza, Daniel Scioli no tanto) se desvive por conseguir el aval de Cristina, una encuesta reciente pone en duda el valor del «dedo» de la mandataria.
El sondeo, de la firma Management & Fit, hizo una primera preselección entre los 2.400 encuestados a nivel nacional. De ese primer filtro, salió que el 21,3% cree que va a votar al oficialismo en octubre, un 49,6% a la oposición y un 29,1% aún está indeciso.
Luego, descartó a los afines a la oposición e indagó entre los oficialistas y los que todavía no decidieron su voto: «¿Votaría usted al candidato que elija Cristina Fernández de Kirchner, sea quien fuera?». Sólo un 19,3% respondió que sí; un 55,9% aseguró que no y un 24,8% se agrupó en No Sabe/No Contesta.
En la separación por sexo, más «obedientes» se mostraron los hombres, con el 19,7% que harán lo que diga la Presidenta, contra el 18,9% de las mujeres. En la división por edad, los más «cristinistas» fueron los menores de 40: un 20,2% votarán a cualquiera que elija la mandataria contra un 18,4% de los post 40.
Es la archidiócesis de la ciudad alemana de Colonia. Difundió su presupuesto y relegó a la sede del catolicismo del primer puesto.
La archidiócesis católica de la ciudad alemana de Colonia reveló que tiene una fortuna de 3.350 millones de euros (U$S 3.820 millones , lo que la convierte en más rica que el Vaticano.
La publicación del primer reporte completo de su riqueza refleja la mayor transparencia financiera dentro de la Iglesia alemana desde que el Papa Francisco removió el año pasado a un obispo en Limburgo, cerca de Fráncfort, por gastar más de 31 millones de euros de fondos secretos en una nueva residencia de lujo.
También presionado por el Papa para reformar sus finanzas, el Vaticano ha consolidado las varias, y a veces ocultas, cuentas de muchos de sus departamentos y halló que tiene activos por unos 2640 millones de euros (US$ 3000 millones), dijo la semana pasada el cardenal George Pell, el secretario de economía de la Santa Sede.
Al anunciar su reporte el Miércoles de Ceniza, el comienzo del período de cuaresma, funcionarios de la iglesia de Colonia enfatizaron en que los extensos fondos ayudaron a atender a 2 millones de católicos, un personal compuesto por 60.000 personas y 1200 iglesias y capillas.
“La archidiócesis no vende productos ni tiene ganancias de sus servicios, así que tiene que autofinanciarse de sus activos”, dijo el director financiero Hermann Schon.
La iglesia católica y la protestante en Alemania se benefician del impuesto religioso que pagan todos sus miembros.
El reporte dice que Colonia recaudó 573 millones de euros de ese gravamen en 2013 y gastó la mitad en obras pastorales y de caridad.
Las diócesis alemanas tradicionalmente publican sus presupuestos anuales operativos, pero no una hoja de balance completa.
Colonia, la diócesis más grande del país, tuvo un presupuesto operativo en el 2012 de 939 millones de euros. Su hoja de balance del 2013, redactada bajo las guías para compañías alemanas y aprobada por un auditor independiente, mostró que sus activos eran de 3350 millones de euros.
El valor de su característica catedral gótica, ubicada frente al río Rin, aparece como de solo 27 euros, un euro por cada una de las 26 parcelas sobre las que se levanta y un euro por el edificio.