Ayer fue un muy buen día para Cristina Kirchner. El juez Rafecas desestimó la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre presunto encubrimiento de terroristas por parte de la Presidenta y su canciller. Por otro lado, hizo cambios cosméticos en su gabinete, abroquelándose en lo más cercano y acérrimo que tiene, como manda el final de todo poder.
La decisión de Rafecas está claramente en condiciones de eclipsar los enroques ministeriales de un gobierno que se agota en el tiempo y en la política. El juez privilegió una de las dos alternativas que tenía (desestimar o iniciar la investigación), al preferir resaltar los aspectos más frágiles de la denuncia de dos fiscales, Nisman y Gerardo Pollicita. La imputación, hecha originalmente por Nisman cuatro días antes de su extraña muerte, se respaldaba en que el Gobierno había intentado encubrir a los presuntos terroristas iraníes mediante dos mecanismos.
Uno era la creación de una Comisión de la Verdad; el otro, el levantamiento de las circulares rojas de Interpol para detener a cinco jerarcas iraníes. Ninguna de las dos cosas llegó a concretarse, subraya Rafecas, y, por lo tanto, el delito es inexistente.
Es cierto que el gobierno iraní perdió entusiasmo por el memorándum que firmó con los argentinos cuando advirtió que las capturas internacionales seguían vigentes. Rafecas confirmó lo que había asegurado Nisman: el único propósito de Irán para firmar ese acuerdo fue que se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esa parte de la negociación se pareció mucho a un juego de tahúres: Irán no aprobaba en su Parlamento el memorándum a la espera de que se levantaran las órdenes de captura. El gobierno argentino no hacía nada, a su vez, para dejar sin efecto las capturas hasta que los iraníes no concluyeran la aprobación total del acuerdo. Mientras jugaban en ese toma y daca, la justicia argentina declaró inconstitucional el tratado con Irán y le ordenó al Poder Ejecutivo que se abstuviera de insistir en esas negociaciones. Irán retiró entonces el acuerdo de su Parlamento.
Las cosas fueron realmente así. Una primera comprobación lleva entonces a la conclusión que sacó Rafecas: no hubo delito consumado. Sin embargo, el juez decidió no investigar lo que podría ser un delito en grado de tentativa. De la lectura de la resolución del propio magistrado se puede inferir que el delito no se consumó por obra de terceros protagonistas, como fueron los jueces que declararon la inconstitucionalidad del tratado. El delito tiene varios grados y la tentativa es uno de ellos. El juez, por el contrario, se inclinó por mirar el tratado como una decisión política, que puede ser mala o muy mala, pero que no es judiciable.
Dice Rafecas también que no encontró vínculo alguno entre las conversaciones telefónicas de los personajes impresentables de la historia (Luis D’Elía, Fernando Esteche, Andrés Larroque y Jorge «Yussuf» Khalil) y las decisiones del Estado. En efecto, éstos hablaban de las circulares rojas que no se levantaron. Cerca del magistrado señalaron, además, que en esas conversaciones no se encontró «una sola línea» que incriminara al canciller Héctor Timerman y que, al revés, aquellos personajes lo trataban a éste como a un enemigo, con palabras descalificatorias y hasta segregacionistas por su condición de judío. Es probable, no obstante, que D’Elía, Esteche y Khalil, sobre todo, hayan estado enojados con Timerman porque éste se demoraba en cumplir con la parte argentina del acuerdo, que era, precisamente, dejar sin efecto las capturas internacionales.
Hay, con todo, un párrafo muy formal (o ingenuo, si se quiere) del juez. Señala que D’Elía, por más barbaridades que haya dicho, no es funcionario del Gobierno. Esto es, en efecto, formalmente cierto, aunque las fotos públicas (y las propias grabaciones telefónicas que se conocen) demuestran que es un hombre influyente dentro del kirchnerismo desde hace muchos años. Es fácilmente comprobable, por lo demás, su cercanía con el régimen de Irán y con el chavismo venezolano. En una de las grabaciones aportadas por Nisman (y reproducida por Pollicita), D’Elía habla con Khalil por teléfono con manos libres (es decir, con altavoz), le advierte que está «en Presidencia» y que lo está escuchando una persona que no puede nombrar. Esa persona pudo ser el entonces secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, ahora jefe del servicio de inteligencia y viejo amigo de D’Elía. O pudo ser la propia Presidenta. ¿Cómo saberlo sin que haya habido una investigación?
Colaboradores del juez apuntaron que él resolvió no pedir ni una sola de las medidas de prueba que le solicitó Pollicita porque tenía la convicción de que en el expediente no se demostraba nada y porque la decisión de abrir la investigación a pruebas hubiera creado un «escándalo político innecesario». Algunos funcionarios judiciales habían señalado antes que el error de Nisman fue comenzar por el final de los presuntos responsables de un delito; es decir, por la Presidenta y su canciller. Consideraban que la mejor estrategia hubiera sido iniciar una investigación por los de abajo (D’Elía, Esteche, Larroque y Khalil), para llegar luego, si las condiciones se daban, a las instancias más altas de la política nacional. Esto es: reproducir la estrategia judicial que se siguió en Washington con el caso Watergate, que terminó, al final de una larga investigación, con el gobierno de Nixon.
De todos modos, el intento de encubrimiento está no sólo en algunos párrafos de Rafecas, sino también en el propio memorándum firmado con Irán. Los dos países se comprometieron a enviar ese acuerdo a Interpol, envío que ni siquiera estaba sujeto a la aprobación parlamentaria del tratado. Fue Interpol la que exigió más requisitos para dejar sin efecto las capturas, que no cumplieron ni la Argentina ni Irán. La Argentina se comprometió, en el mismo documento, a reclamar la declaración ante la Justicia de los cinco iraníes con circulares rojas de captura internacional.
Se olvidó de que existen otros tres iraníes con pedido de captura por la justicia argentina, a los que Interpol les concedió inmunidades. Se trata del entonces presidente iraní, del entonces canciller de Irán y del entonces embajador iraní en Buenos Aires, todos ocupando esos cargos en el momento del atentado contra la AMIA. Si la declaración debía hacerse amigablemente en Teherán y si no corrían el riesgo de prisión, ¿por qué la Argentina no los incluyó en su reclamo? ¿Por qué no insistió en que la «verdad» necesitaba de sus declaraciones ante la justicia argentina? Las circulares rojas, no la verdad, eran el único propósito de Irán.
La resolución de Rafecas será apelada ante la Cámara Federal. En esa segunda instancia podría prevalecer la línea interpretativa de Rafecas o imponerse la otra corriente de los jueces que existe, claro está, para analizar este caso. Es la que sostiene que no se puede rechazar ninguna hipótesis sin iniciar antes una profunda investigación, sobre todo porque quien la propuso, Nisman, ya no está en este mundo y su muerte se convirtió en una tragedia política no esclarecida aún.
Casi simultáneamente con la decisión del juez, Cristina Kirchner decidió sacudir el árbol de su gabinete. No hizo mucho. Merece consignarse el escaso sentido de la gratitud que tiene la Presidenta. A Jorge Capitanich lo trajo del Chaco con la promesa de que sería candidato presidencial y ahora lo devolvió a su provincia para que compita por la intendencia de Resistencia. Demasiado parecido a un descenso al infierno. En el medio, Capitanich dejó hasta el más mínimo sentido de la dignidad política en busca de la aceptación presidencial. Su final era previsible desde que Aníbal Fernández se reinstaló en la Casa Rosada, porque éste es más eficaz que Capitanich en el arte de conspirar y cortar cabezas.
Una decisión con otro significado fue la designación de Eduardo «Wado» De Pedro en la Secretaría General de la Presidencia. Es el destino de todos los presidentes que se van: rodearse nada más que de incondicionales, de los que sólo acatarán, de los que tienen vida política porque el jefe del Estado se la dio. Aníbal Fernández, que cursó en los últimos años una apresurada carrera para diplomarse en la obsecuencia, y De Pedro son los mejores y definitivos ejemplos de una era que termina.
Por Gabrielle Lopes, Customer Success Manager en Workana.
Almir Rivas es gerente de proyectos en Pés Sem Dor, una empresa especializada en plantillas personalizadas que ya cuenta con más de 300 colaboradores y actúa en todo Brasil.
Actualmente, la empresa está trabajando para reemplazar el sistema de producción, logística y ventas de la empresa, y Almir recurrió al trabajo freelance para suplir gran parte de esas necesidades.
En esta entrevista, Almir nos cuenta cómo gerencia y organiza el trabajo remoto, además de dar algunos tips para empresarios y gerentes que quieren utilizar esta forma de contratación.
W: ¿Nos podrías comentar un poco sobre Pés Sem Dor?
A: Pés Sem Dor es una empresa especializada en plantillas personalizadas. A través de aparatos de evaluación de última generación y un equipo de fisioterapeutas especializados fabricamos plantillas de acuerdo con las necesidades de cada cliente.
W: ¿Cuántos colaboradores tiene la empresa y cuántos de ellos trabajan de forma remota o freelance?
A: La empresa tiene cerca de 300 colaboradores. De estos, tres son desarrolladores que trabajan aquí en nuestra sede. Los freelancers no están incluidos en este total y ya contratamos cerca de 18 para este proyecto, de diversos lugares del mundo.
W: ¿Podrías hablarnos sobre tu trabajo en la empresa?
A: Trabajo en un proyecto que busca sustituir el sistema actual de programación, evaluación, venta, diseño, producción y logística, por el sistema que estamos desarrollando. En la empresa ya he realizado otros trabajos como implementación de Open ERP y desarrollo de sistemas. Pero hoy por hoy me concentro en implementar el nuevo sistema, realizando análisis y gerenciamiento de los desarrolladores remotos.
W: ¿Qué cualidades tiene que tener un profesional para trabajar de forma remota?
A: No me gusta poner muchas reglas, porque creo que siempre depende de los dos lados. Pero sin dudas, la capacidad para comunicarse es la principal; dedicación…y también es fundamental la capacidad de buscar soluciones y no culpables.
Por más difícil que sea entender esto, la capacidad técnica no es lo más importante, ya que los profesionales con buenas cualidades y con garra consiguen superar posibles limitaciones técnicas.
W: ¿Qué tipo de trabajo acostumbran hacer remotamente?
A: Ya realizamos “recortes de sites”, diseño y tests, pero nuestro foco es sin dudas trabajar con desarrolladores.
W: ¿Podrías hablarnos un poco sobre los procesos y técnicas que utilizan a la hora de seleccionar un profesional? ¿Cuáles son las etapas para la contratación y qué es lo que consideras más importante?
A: Para la contratación de un profesional “Workana”, siempre comienzo con una tarea pequeña, algo de no más de 8 horas, y a partir del resultado de esta tarea voy “complicando” la vida del profesional con trabajos más difíciles.
Si el profesional responde bien, avanzo en la relación. De lo contrario, lo limito al trabajo de acuerdo al nivel que vaya alcanzando, o simplemente cierro el contrato.
W: ¿Cómo le das seguimiento al trabajo realizado por esos profesionales?
A: La regla general es publicar las tareas en Jira y poner a disposición las fuentes en Bitbucket. Pero todos los profesionales utilizan el Time Report de Workana, herramienta fundamental para que pueda darle seguimiento a lo que están haciendo.
W: ¿Cuáles son las ventajas de contratar de forma remota? ¿Y las dificultades?
A: La gran ventaja de contratar de forma remota es la facilidad de cambiar de profesional en caso de que no esté dentro del perfil deseado, y la posibilidad, si son bien gerenciados, de tener profesionales trabajando las 24 horas en mis proyectos.
La única dificultad que sentí está vinculada a los momentos iniciales de la selección de los profesionales, pero este mismo problema también se presentaría con un profesional presencial.
W: ¿Qué consejo le darías a las empresas que están pensando en contratar de forma remota?
Lo primero que tienen que tener en claro es saber qué es lo que quieren. Veo personas que publican proyectos y los explican en una línea; sinceramente, no aconsejo ni a los profesionales ni a los clientes que se involucren con este tipo de proyectos.
Evaluar también si es mejor contratar por hora que por proyecto; los proyectos por hora bien administrados pueden derivar en buenos códigos y satisfacción del cliente. Los proyectos cerrados sin definición clara generan insatisfacción para ambas partes.
Y, sobre todo, es necesario respetar al freelancer; él depende del recurso que espera recibir de uno para poder sobrevivir. Existen muchos profesionales serios y comprometidos, así como también existen muchos clientes que sólo se quieren aprovechar de ellos.
Por lo tanto, sentido común, definiciones claras y acuerdos son siempre mejores que resolver las cosas con la “espada de la justicia”.
W: ¿Hay algo más que consideras interesante compartir con otras empresas que piensan en contratar de forma remota?
A: Paciencia y cuidado no le hacen mal a nadie. Muchos de los freelancers que contraté son personas fantásticas que además de realizar un excelente trabajo, son personas con quienes pude contar en aquellos momentos en los que, si hubiera tenido un profesional presencial, me hubiera representado más un dolor de cabeza, que buenos resultados, como por ejemplo: quedarse noches trabajando, resolución inmediata de problemas, e idas y venidas de definiciones de clientes (¿qué proyecto no las tiene?).
Si tienen la posibilidad, contraten profesionales remotos, comiencen con uno, tengan un poco de paciencia y van a descubrir que su empresa puede ganar mucho con ellos.
Definan un presupuesto para su proyecto y esfuércense para no excederlo, independientemente de si es por hora o por proyecto
No puedo dejar de citar a la plataforma de Workana, que me ayudó mucho a tener la seguridad de que si yo me equivoco en la contratación, el dinero solo va a salir de mi cuenta si el trabajo se hace bien.
MIRADA GLOBAL. La capacidad política del primer ministro Mateo Renzi es un factor clave de la reanimación de la economía peninsular.
La capacidad política de Matteo Renzi, primer ministro de Italia, decidió la elección del nuevo presidente Sergio Mattarella, cuando la Península se encuentra en pleno proceso de reformas, y pese a que el italiano es uno de los sistemas políticos/partidarios más fragmentados del mundo, que por naturaleza tiende a la parálisis.
En un año de gobierno, Renzi reformó el Senado, con una reducción de 1/3 de sus integrantes (de 315 pasaron a 100) y logró recuperar el manejo de la energía, el turismo y los transportes, además de liquidar a 40% de las regiones.
Luego consiguió reformar el sistema laboral y pudo eliminar el monopolio accionario de grupos nacionales en las grandes compañías italianas, abriendo paso así a la inversión extranjera. También recortó los impuestos en 18.000 millones de euros por primera vez en los últimos 20 años para beneficiar a empresas y pequeños consumidores. El resultado de estas reformas ha sido un alza del índice de confianza de los inversores por primera vez en 10 años.
Italia ha experimentado tres años de contracción continuada entre 2012 y 2014, dentro de un periodo de 20 años de depresión; y este año vuelve a crecer, con un aumento de las exportaciones de 4,3% anual y una expansión del producto que sería de 0,5% en 2015, para elevarse a 1,5% en 2016.
En los últimos seis meses, la tasa de inversión ha aumentado 4 puntos, sobre todo en bienes de equipo y capital (+de 60%), tras dos décadas de virtual inmovilización; y el recorte de impuestos implica que un trabajador que gana 20.000 euros por año tendrá un aumento neto en sus ingresos de 1.200/1.350 euros; y que el costo del trabajo disminuirá más de 20% para el empleador.
La deuda pública alcanza a 135% del producto, que asciende a 1,6 billones de euros (US$2,134 billones), y es la segunda del mundo después de la japonesa (200% del PBI). Pero lo fundamental no es eso. Lo decisivo es que Italia es el país de Europa de mayor nivel de ahorro doméstico per cápita. Es uno de los países más ricos de la región.
Los instrumentos financieros disponibles en bancos y oficinas postales superan los 3,7 billones de euros. Hay que sumarles activos líquidos por 933.000 millones de euros. De ahí que el Banco de Italia estime que el ahorro doméstico supera los 6 billones de euros, cifra subestimada porque la “economía en negro” alcanza a 35%/40% del PBI.
El principal problema de la Península no es económico ni financiero, sino político. Es la crisis de confianza provocada por la parálisis de su sistema de decisiones. Por eso la recuperación de la credibilidad del poder político –en su doble condición de legitimidad y eficacia– es la primera y más relevante de las “reformas estructurales”.
Italia posee el sector industrial más competitivo de Europa, junto con el “Mittelstadt” alemán (pequeñas y medianas empresas que ocupan nichos globales en productos especializados de alta tecnología).
Este sector está constituido por redes de empresas integradas en distritos industriales o clusters del Véneto, Piamonte y Lombardía, dotadas de una extraordinaria pujanza exportadora y capacidad de innovación, que les permite dominar nichos estratégicos de la economía mundial.
El Banco de Italia señala que la tasa de inversión ha experimentado una caída de 28% a partir de 2012, y que sólo la mitad ha sido obra de factores macroeconómicos (ciclo mundial, disminución de la demanda europea, etc.). El resto es consecuencia directa de la crisis de confianza provocada por la debilidad del sistema político.
Italia es la segunda potencia industrial de Europa después de Alemania; y sus 25.000 grandes compañías, que producen la mitad del valor agregado (330.000 millones de euros sobre 690.000 millones de euros anuales) optaron por frenar las inversiones en los últimos tres años, lideradas por Fiat, que adquirió el año pasado Chrysler, uno de los tres gigantes de Detroit, en US$4,35 billones.
La economía es la reina de las ciencias sociales, subordinada a la política.
Más gente tendrá que pagar Bienes Personales este año
Por Ismael Bermúdez.
PRESION TRIBUTARIA RECORD. Esto pasa porque al mismo tiempo que el tope sigue fijo, suben la valuación de inmuebles, autos y otros activos.
La AFIP actualizó los valores de los autos, motos, moneda extranjera, bonos, y otros bienes y activos que deben ser tomados en cuenta por los contribuyentes para liquidar el impuesto a los Bienes Personales durante abril y mayo próximos. Pero no actualizó el mínimo o el piso a partir del cual se paga este impuesto que sigue clavado en $ 305.000 desde 2007. Las tablas con los valores actualizados se publicaron ayer en el Boletín Oficial.
En consecuencia, aunque en términos reales dispongan de los mismos o incluso de menos bienes o activos, los que ya estaban pagando deberán pagar más, con la posibilidad de pagar una alícuota superior porque las escalas del impuesto también continúan congeladas. Y más gente estará alcanzada por este tributo como consecuencia de la doble vara de ajustar las bases imponibles del impuesto y seguir dejando en la congeladora el mínimo exento y las escalas.
Además, hay fuertes distorsiones e inequidades entre los contribuyentes que tienen los mismos montos en bienes o que adquirieron inmuebles similares en años distintos. Esto pasa porque los criterios de valuación no son uniformes. Lo mismo pasa con otros impuestos, como por ejemplo con el impuesto a las Ganancias con el mínimo no imponible, demás deducciones y escalas totalmente desactualizadas. Y explica, entre otros factores, el aumento año a año de la presión impositiva.
Por todo esto, la recaudación de Bienes Personales viene batiendo récords año tras año, muy por encima de la propia inflación. En 2014 la AFIP recaudó el doble, 100% más, que en 2012 captando no una mayor “riqueza” sino la incidencia de la mayor inflación con un mínimo congelado.
También se calcula que todos los años unos 100.000 nuevos contribuyentes pasan a estar alcanzados por este tributo y para este año se estima que más de un millón de personas deberán presentar la Declaración Jurada.
Así las cosas, el mínimo de $ 305.000 es tan bajo que quienes adquirieron en los últimos años un departamento pequeño y poseen un auto de varios años de antigüedad para el Gobierno son considerados “ricos” y pagan este impuesto., con alícuotas que van del 0,5 al 1,25%.
En cambio, quienes tienen altos plazos fijos o bonos de deuda están exentos.
Andres Mir, del IARAF (Instituto de Análisis Fiscal) le dijo a Clarín que el impuesto a los bienes personales abarca “una gran cantidad de bienes”, como tenencia de dinero, inmuebles, autos, motos, participaciones societarias o bonos.
“Los inmuebles deben valuarse a su valor de escrituración o al valor del impuesto inmobiliario provincial (o ABL e, CABA) de ambos el que sea mayor. En contextos inflacionarios, para los inmuebles de mayor antigüedad, termina siendo más elevada la base imponible —que se va ajustando todos los años— que el valor de escrituración. En consecuencia cuando los gobernadores por sus propias necesidades fiscales aumentan la valuación fiscal de los inmuebles incrementan la base imponible de Bienes Personales”.
Respecto a los automotores, Mir dijo que “deben valuarse a su precio de costo menos la depreciación acumulada (20% por año) pero ese valor no puede ser inferior a la tabla de valuación que publica anualmente la AFIP”.
Por ejemplo, “un Ford Fiesta Kinetic Titanium modelo 2012 que el año pasado estaba valuado en $ 129.000, ahora es $ 157.000”.
Sin embargo, “este incremento esconde que el contribuyente a tiene un auto un año más viejo. En consecuencia su valor debería bajar y no subir. Si se considera que la pérdida de valor anual es del 20% de su valor, por ejemplo el auto que el año pasado estaba valuado a $ 129.000 este año debería valer alrededor de $ 105.000 y quedó valuado en $ 157.000. Es un incremento cercano al 50%”.
En tanto, están exentos los depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo fijo en caja de ahorro o cuentas especiales de ahorro en entidades financieras, y los títulos y bonos del Gobierno Nacional, Provincias y Municipios.
Así, si el dinero está en una caja de seguridad o “bajo el colchón” está alcanzado por el impuesto.
Este año, se descuenta que los contribuyentes deberán declarar los dólares-ahorro adquiridos con autorización de la AFIP durante 2014, que están fuera de los bancos, al tipo de cambio de $ 8,451 por dólar y que no fueron aplicados a otras compras registradas.
El juez Rafecas desestimó la denuncia de Nisman contra Cristina
(IN) JUSTICIA. El fiscal muerto el 18 de enero había acusado a la Presidenta y a funcionarios dirigentes K de presunto encubrimiento a iraníes por el atentado a la AMIA.
Por Natasha Niebieskikwiat.
El juez federal Daniel Rafecas desestimó hoy la denuncia presentada ante la justicia por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner, el canciller Hector Timerman y otros funcionarios y dirigentes kirchneristas.
Nisman los había acusado de presunto encubrimiento a los acusados iraníes por el atentado a la AMIA; lo hizo el pasado 14 de enero, cuatro días antes de su dudosa muerte.
La denuncia fue presentada ante el juzgado de Ariel Lijo. Y luego de que la jueza Servini de Cubria abriera la feria judicial, la denuncia cayó el juzgado de Rafecas.
Altas fuentes judiciales indicaron a este diario la decisión del juez que ya estaría firmada pero se desconocen sus argumentos judiciales de la denuncia que más conmovió al país en el último tiempo. De hecho, el fiscal Pollicita imputó a la mandataria por esta denuncia.
El juez Rafecas rechazó la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por encubrimiento a Irán
El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho el fiscal Gerardo Pollicita sobre la base de la presentación del ex titular de la UFI-AMIA
El juez federal Daniel Rafecas rechazó la denuncia que Alberto Nisman presentó contra Cristina Kirchner antes de morir por supuesto encubrimiento a Irán en la causa AMIA. El magistrado desestimó la imputación a la Presidenta que había hecho semanas atrás el fiscal Gerardo Pollicita.
El fiscal había entendido que la presentación de su colega fallecido para investigar si el pacto escondía un intento de exculpar a los acusados por el atentado contra la AMIA tenía elementos suficientes para ser investigado por la justicia federal. Sin embargo, Rafecas no hizo lugar al dictamen de Pollicita, quien ahora podrá apelar esa decisión.
En una extensa resolución, a la que accedió LA NACION, el juez entendió que no había elementos suficientes para abrir una causa penal según lo presentado por Nisman.
«Ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el fiscal Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente», explicó Rafecas.
El magistrado consideró que el análisis de los elementos «inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de «encubrimiento» y/o «entorpecimiento de la investigación» del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto «plan criminal» denunciado».
Y agregó: «Todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas».
Nisman había presentado la denuncia contra la jefa del Estado, el canciller Héctor Timerman , el diputado nacional y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque , el dirigente piquetero Luis D’Elía, el activista Fernando Esteche, entre otros, el 14 de enero pasado, en el juzgado de Ariel Lijo. Cuatro días después, el fiscal de la causa AMIA apareció muerto con un disparo en la cabeza en su departamento de las torres Le Parc.
La Presidenta y Rafecas, entre la espada y la pared
Por Luis Majul.
Aunque Daniel Rafecas no adelantó lo que iba a hacer ni siquiera a su familia, dos altas fuentes que transitan los pasillos de Comodoro Py y que están vinculadas con la causa vaticinaron que al juez federal no le queda otra alternativa que convalidar la imputación contra la Presidenta por el delito de encubrimiento en el atentado contra la AMIA. La duda que manifestaron es si Rafecas lo hará antes o después del último discurso de Cristina Fernández para abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el próximo domingo, 1° de marzo. «Daniel no les presta mucha atención a los tiempos políticos. Está concentrado en la lectura del expediente que le elevó el fiscal Pollicita. De hecho, desde que recibió el escrito ni siquiera se comunicó con él, a pesar del respeto profesional y mutuo afecto que se profesan», me dijo otro fiscal federal con información confiable.
Desde que Gerardo Pollicita decidió avanzar con la imputación en consonancia con lo que había denunciado el fiscal Alberto Nisman, su vida personal cambió de manera abrupta. Sigue viviendo en el mismo departamento de Barracas, pero ahora tiene 10 custodios del grupo Albatros de la Prefectura durante las 24 horas, y cada vez que se sube al auto oficial debe colocarse un incómodo chaleco antibalas. Todavía no tuvieron que repeler ningún ataque, pero evitaron que militantes de La Cámpora pintaran las paredes del domicilio de Pollicita. Sospechan que querían escracharlo. La leyenda iba a decir algo así: «Aquí vive Pollicita, un fiscal vendepatria, golpista y destituyente».
Dos fiscales y dos jueces que leyeron el requerimiento de Pollicita sostienen que su presentación fue impecable. Que le quitó toda la adjetivación y «carga emotiva» que tenía el pedido de indagatoria de Nisman, se concentró en las 80 horas de escuchas a las que tuvo acceso, las comparó con los cambios de posición del Gobierno en su relación con Irán y pidió por lo menos 30 medidas de pruebas que a Rafecas le va a ser muy difícil no impulsar.
En medio de los pedidos de Pollicita, un documento oficial de enorme peso es el fallo de dos jueces de la sala dos de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes no sólo declararon inconstitucional el memorándum de entendimiento con Irán, sino que también dejaron entrever que Timerman le mintió al Congreso en su defensa del proyecto de ley del memorándum y que Cristina Fernández no podía estar ajena. Pollicita no es un héroe, pero siempre se jactó de tomar sus decisiones sin atender los pedidos especiales del poder de turno. Jefe de Nisman en los tribunales de San Martín, a él tampoco le cierra demasiado la teoría del suicidio. Antes de presentar su escrito, tuvo oportunidad de hablar con varios colegas y varios jueces federales. Casi todos lo alentaron para que tome la decisión que le pareciera correcta, si su convicción íntima y los indicios le permitían hacerlo.
Los jueces y los fiscales que esperan con preocupación la aprobación del paquete de leyes y la reglamentación que le permitiría a la procuradora Alejandra Gils Carbó poner en la cancha a sus militantes explican: «Los talibanes de Justicia Legítima van a empezar por cortarles la cabeza a los que juegan en el medio, como Canicoba Corral». Se trata de los mismos magistrados a los que la Presidenta les declaró la guerra y les puso la etiqueta de «Partido Judicial». Esos jueces y fiscales no funcionan todos de manera unívoca, pero coinciden en una decisión fundamental: no van a cajonear ni a negarse a investigar expedientes donde haya indicios y pruebas de delitos. Tampoco terminan de entender por qué la jefa del Estado pareció entrar en pánico. «En el mejor de los casos, la sentencia definitiva sobre la acusación de encubrimiento puede tardar, como poco, dos años, y va a depender más de la situación geopolítica internacional que de los fiscales y los jueces de Comodoro Py», me dijo otro fiscal federal. Ni siquiera él, que tiene mucha experiencia, comprende por qué los que están cerca de la Presidenta le quieren hacer creer que el juez Claudio Bonadio iría tras la firma de Máximo Kirchner para acusarlo o tomarle declaración indagatoria en la causa Hotesur. «Eso es no conocer cómo interpreta el Código Bonadio. Si lo conocieran más, se darían cuenta de que él piensa que para probar la responsabilidad individual en el delito de lavado de dinero no hace falta firmar ningún papel, sólo recibir la plata. Y ya está claro que la Presidenta es una de las accionistas de Hotesur, más allá de que no haya firmado ningún balance», explicó.
La lógica de atenerse a los hechos para impulsar o desestimar una investigación es también la que seguiría Rafecas en el caso de convalidar las imputaciones que decidió Pollicita, sin que el antecedente de su recusación en la causa Ciccone por haber intercambiado mensajes de texto con el abogado del vicepresidente Amado Boudou influya de alguna manera. Hay momentos en que las circunstancias ponen a los hombres entre la espada y la pared, más allá de sus deseos. Rafecas hubiera preferido no tomar la causa que había impulsado el fiscal que apareció muerto el pasado 17 de enero. Pero ahora no tiene más remedio que hacerse cargo. Y sabe que su decisión lo marcará para toda la vida.
Tras protagonizar una serie de escándalos, el responsable de la lucha contra el lavado de dinero deberá rendir cuentas ante la Justicia.
Los más que sospechosos servicios que José Sbattella prestó al Gobierno como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano encargado de combatir el lavado de dinero, finalmente le han valido el primer llamado a prestar declaración indagatoria en una de las causas en las que se lo investiga.
Se trata de un sumario a cargo del juez federal Luis Rodríguez en el que se analiza si el titular de la UIF violó el secreto que impone la ley de creación del organismo al exponer en un comunicado y en entrevistas con diferentes medios de prensa detalles de las investigaciones que realiza la UIF. La denuncia la habían efectuado las empresas perjudicadas, entre las cuales se encuentran joyerías, entidades financieras y el Grupo Clarín.
Pero no es la única investigación a la que está sometido Sbattella, un hombre que puso a la UIF al servicio de las necesidades judiciales y políticas del kirchnerismo, desvirtuando su razón de ser: el combate del blanqueo de activos provenientes de actividades ilegales.
Sbattella también se encuentra comprometido en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio por haber retenido, desde 2008 hasta diciembre del año pasado, documentos que estaba obligado a enviar a la Justicia. En esa documentación figuran millonarias transferencias de características sospechosas efectuadas por compañías relacionadas con el pseudoempresario kirchnerista Lázaro Báez por un total de 180 millones de pesos.
Paralelamente, Báez es objeto de varias investigaciones y deberá prestar declaración indagatoria el mes próximo por presunto lavado de dinero.
En su momento, Sbattella llegó al extremo de salir públicamente defensa de Báez y sus operaciones sospechosas cuando afirmó, como si se tratara de su abogado defensor, que «no hay pruebas de que se haya cometido un ilícito».
Otra causa que tiene en la mira a Sbattella es la que investiga a los hermanos Pablo y Sergio Schoklender por posibles negociados con fondos públicos destinados a viviendas sociales que construía o debía construir la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de Hebe de Bonafini.
Luego de que LA NACION revelara en 2012 que Sbattella había desplazado en la UIF a importantes y experimentados especialistas en lavado de dinero para reemplazarlos por familiares y allegados suyos y por militantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora, el fiscal federal Carlos Stornelli inició una investigación que también pesa sobre el funcionario. Le imputó no investigar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y nombramientos irregulares de personas que no estaban en condiciones de cubrir cargos en la UIF.
La legisladora porteña Graciela Ocaña (Confianza Pública) afirmó que durante su nefasta gestión al mando de la UIF crecieron el narcotráfico, la trata de personas y la corrupción, «ilícitos precedentes del lavado de dinero». Ocaña agregó que el titular de la UIF «está acusado de proteger a diversos funcionarios y empresarios vinculados con el gobierno nacional».
Sbattella cuestionó a LA NACION por dos opiniones críticas sobre su gestión y por otros artículos periodísticos. «Estuvieron continuamente diciendo que éramos inexpertos, que lo que se hacía ahí estaba sesgado políticamente y que nos dedicábamos a perseguir a la oposición, y que, de alguna manera, esto invalidaba lo que se estaba haciendo», señaló el titular de la UIF. Los hechos confirman que esto era totalmente cierto.
El combate del lavado de dinero nunca fue una prioridad para las distintas administraciones del kirchnerismo. Es más: el Gobierno impulsó dos blanqueos, en 2008 y 2013, que constituyeron invitaciones abiertas al blanqueo y que atentan directamente contra su combate. Y fue bajo el comando de Sbattella que la UIF pasó a convertirse en un apéndice del Poder Ejecutivo para proteger a sus funcionarios y a personajes allegados reteniendo pruebas que los comprometían y no realizando o demorando las investigaciones que por ley está obligado a efectuar ese organismo.
Hace pocos días, la UIF presentó reportes de operaciones sospechosas contra el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio Stiuso, separado de su cargo a fines del año último, tras haber sido un hombre íntimamente ligado al gobierno kirchnerista. Por lo visto, la conducción de la UIF y la fiscalía antilavado esperaron a que la relación de Stiuso con el Poder Ejecutivo pasara del amor al odio para aportar elementos por los que había sido denunciado bastante tiempo antes por el legislador porteño Gustavo Vera.
La persecución de figuras y empresas que han cuestionado al kirchnerismo ha sido otro de los nefastos aspectos que caracterizaron la triste labor de Sbattella.
En forma paralela, y mientras el narcotráfico crece sin freno en la Argentina, la UIF, tras perder especialistas en lavado de dinero, siguió desatendiendo su obligación, lográndose así bajo el kirchnerismo las dos condiciones ideales para el incremento del mortal negocio de la droga: extrema laxitud en el combate del narcotráfico y de la reinversión del dinero que produce ese delito.
Salta a la vista que la función del titular de la UIF ha sido impedir que ésta se constituyera en una eficaz herramienta contra el lavado, al tiempo que se ha ido transformando en un instrumento clave en el otorgamiento de impunidad para unos y de persecución para quienes no comulgan con las ideas de quienes gobiernan.
Compras en el exterior: revés judicial para la AFIP
Por Silvia Stang.
Un juez obligó a apurar la devolución de los recargos a una persona que no puede compensarlos con Ganancias.
La Justicia cuestionó a la AFIP por demorar la devolución de los recargos cobrados por compras en el exterior o adquisición de moneda extranjera, y le impuso la obligación de dar respuesta inmediata a la solicitud del ciudadano que presentó una acción de amparo. Sólo con una orden judicial a su favor, varios meses después de haber presentado el formulario correspondiente, y tras haber elevado seis pedidos de pronto despacho, esta persona logró recuperar el dinero que se le había retenido en concepto de «pago a cuenta» de impuestos que él, en rigor, no paga (por no estar alcanzado).
La decisión judicial tomada en la causa «Fichter, Lautaro contra el Estado Nacional-AFIP-DGI s/amparo por mora» se conoció ahora, porque hace pocos días la sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal dictó su fallo, publicado luego por el portal Diario Judicial. Sin embargo, en ese escrito los jueces de segunda instancia hacen referencia a un «desistimiento implícito» de la apelación hecha por la AFIP contra la decisión del juez de primera instancia, quien le había dado la razón al demandante. ¿Qué ocurrió? Que, a pesar de apelar, el organismo obedeció y pagó.
Eso ocurrió luego de que el juez Pablo Cayssials, del Juzgado N° 9, hizo lugar a la acción de amparo por mora y ordenara al Estado nacional (en concreto, a la AFIP) que resolviera el expediente de Fichter en un plazo de diez días contados desde la notificación judicial.
La persona a quien le habían cobrado los recargos no es contribuyente ni de Ganancias ni de Bienes Personales. Se trata de los dos impuestos para los cuales pueden tomarse como pago a cuenta las cargas que se aplican cuando se compran bienes o servicios en el exterior o moneda extranjera para viajar (se adiciona un 35%), o dólares para ahorro (se suma un adicional de 20% a menos que, en lugar de retirar los billetes del banco, se depositan bajo determinadas condiciones). Para las situaciones en las que no existe una obligación tributaria contra la cual se puedan descargar esas «percepciones», se debe presentar el formulario 746 y pedir la devolución del dinero.
La AFIP no tiene facultades para imponer nuevas cargas impositivas a los ciudadanos, ya que eso es una atribución del Poder Legislativo. Por eso, al disponerse estos sobrecargos, se establecieron también los mecanismos para el recupero.
Para los asalariados alcanzados por Ganancias, el reintegro por lo abonado durante 2014 debería llegar en los próximos días (si se hizo antes el pedido completando el formulario 572), con el cobro de los sueldos de febrero, que es el mes de la liquidación anual del impuesto.
En el caso de Fichter, además de completar y presentar en enero de 2014 el formulario 746, se habían hecho seis pedidos de pronto despacho. Pero la AFIP sólo abonó tras la orden judicial de octubre, según se relata en los expedientes de la causa, que pueden consultarse en la página de Internet del Poder Judicial.
La resolución 3420, que estableció el procedimiento para recuperar las percepciones en caso de no pagar Ganancias, no definió en qué tiempos debe el fisco cumplir con esa tarea. El juez consideró que, en caso de no existir plazos determinados para resolver un trámite, es viable el amparo por mora si «hubiere transcurrido un plazo que excediera lo razonable» sin dictamen o resolución.
Aunque el juez apeló a la irracionalidad del tiempo transcurrido sin respuesta, el peticionante había argumentado que debería tenerse en cuenta lo dispuesto por la ley de procedimiento administrativo. Allí se especifica que si las normas especiales «no previeran un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de 60 días».
La causa de este demandante fue considerada en segunda instancia, pero eso no cambió las cosas: los jueces consideraron que hubo un desistimiento implícito tras el pago de la AFIP, por lo que no se expidieron sobre la cuestión de fondo. De todas maneras, expresaron que la acción del organismo se debió «no a una conducta propia, libre y diligente», sino «al cumplimiento de un mandato judicial imperativo».
Cadena perpetua para el asesino de «American sniper»
Por Paula Lugones – Washington. Corresponsal.
Historia real. El ex marine Eddie Ray Routh fue condenado de por vida por la muerte del francotirador y héroe de guerra Chris Kyle, que inspiró el film de Clint Eastwood, nominado al Oscar.
Eddie Ray Routh, condenado a prisión perpetua por el asesinato de Chris Kyle y Chad Littlefield, durante su juicio en una corte de Stephenville, Texas./EFE
Final de película para la saga del «American sniper» o el francotirador más mortífero de los Estados Unidos: un tribunal de Texas condenó anoche a cadena perpetua a Eddie Ray Routh por el asesinato de Chris Kyle, el hombre que inspiró el film de Clint Eastwood que fue nominado para el Oscar en medio de una polémica.
Horas después de que la viuda de Kyle, Taya, asistiera en Hollywood a la ceremonia en la que la película finalmente perdió contra «Birdman» como mejor film, el tribunal encontró anoche a Routh, un ex marine estadounidense de 27 años, culpable del asesinato de Kyle y de su amigo Chad Littlefield en febrero de 2013. El joven se había declarado no culpable y alegado problemas mentales, pero el tribunal desechó el reclamo.
Kyle era considerado el mejor francotirador del Ejército estadounidense, con un récord de más de 160 muertes de enemigos en sus manos, según el Pentágono, pero hay quienes dicen que mató a más de 250 con su rifle. Estuvo cuatro veces destinado en Irak y cosechó varias condecoraciones. Su autobiografía, «American Sniper» fue un éxito de ventas que interesó a Eastwood para llevarla a la pantalla con la película que en la Argentina se conoció como «Francotirador».
El film provocó un gran debate en los Estados Unidos porque muchos consideraban a Kyle como un héroe, pero otros lo creían una despiadada máquina de matar. Para la conservadora revista National Review, por ejemplo, «la película le da a Estados Unidos algo que ha necesitado desde el comienzo de la guerra: un héroe de guerra en una escala verdaderamente nacional y cultural».Por otro lado, el cineasta Michael Moore criticó en Twitter: «Un francotirador mató a mi tío en la Segunda Guerra Mundial. Nos enseñaron que los francotiradores son cobardes. Te disparan en la espalda. No son héroes».
También ex combatiente en Irak, Routh disparó por la espalda a Kyle y su amigo cuando estaban conversando en la vereda de Stephenville, una ciudad al sur de Dallas. Después de haber regresado de la zona de guerra, Routh había sido diagnosticado con estrés postraumático y sus amigos decían que sufría paranoia y alucinaciones.
En el juicio Routh declaró, entre una serie de incoherencias, que los había matado porque eran «cerdos asesinos» y que no le había gustado el aroma de la colonia que usaban. Pero el jurado decidió que el ex marine sabía lo que estaba haciendo en ese momento, que demostró control y frialdad cuando luego de matarlos se fue a comer comida mexicana y porque cuando fue atrapado inmediatamente contó que sufría de esquizofrenia y paranoia, algo que no es frecuente que comenten los que padecen estas enferemedades.
«American Sniper» rompió todos los récords en Stephenville, la ciudad donde Kyle había crecido y fue ultimado. Los abogados defensores de Routh alegaron que los miembros del jurado habían ido a ver el film y estaban influenciados por la personalidad del héroe. Cierto o no, el fallo fue un punto final para esta historia de película.
Facebook da un falso sentido de control a sus usuarios, dice reporte europeo
Por Stephen Fidler.
BRUSELAS — Un reporte encargado por la agencia que vigila las normas de privacidad en Bélgica concluyó que las políticas y términos de uso de Facebook Inc. dan a los usuarios un falso sentido de control sobre la privacidad de sus datos, y que la red social estadounidense está violando las leyes europeas en ese frente.
Encargado por la Autoridad Belga para la Protección de Datos y publicado el lunes, el reporte de académicos de la Universidad Católica de Lovaina y la Universidad Libre de Bruselas será usado por las autoridades belgas de privacidad en una investigación que lanzó el mes pasado sobre Facebook
Sin embargo, el informe no pretende expresar el punto de vista de la comisión, la cual no tiene poder de sancionar. Si cree que hay un caso para seguir, enviará el expediente a la fiscalía belga, que decidirá si seguir adelante con el caso o no.
Un portavoz de Facebook dijo que la compañía recientemente había actualizados sus términos y políticas para hacerlas más claras y concisas, para reflejar nueva funciones en productos y para resaltar la forma en la que la red social estaba expandiendo el control de los usuarios sobre la publicidad.
El vocero anotó que Facebook estaba seguro de que las actualizaciones cumplían con las leyes pertinentes.
“Como una empresa con sede internacional en Dublín, regularmente revisamos actualizaciones de productos y políticas, incluyendo esta, con nuestro regulador, el Comisionado Irlandés para la Protección de Datos, quien supervisa nuestro cumplimiento con las directivas de protección de datos de la Unión Europea y su implementación bajo la ley irlandesa”.
Varios países europeos adelantan conversaciones con Facebook sobre preocupaciones de que las preferencias de privacidad y términos de servicio de la red no cumplen con los estándares de protección de datos europeos, dijo una persona al tanto del asunto.
Funcionarios europeos dicen que esperan completar para fines de año la legislación sobre nuevas reglas de protección de datos en toda la UE. Se espera que las normas se concentren en estrictas medidas de protección de datos para los consumidores europeos, un creciente motivo de fricción entre Europa y los gigantes tecnológicos estadounidenses.
El reporte del lunes desglosa las preferencias de privacidad y los términos y condiciones de uso de Facebook, que entraron en efecto el 31 de enero, pero que habían sido anunciados antes.
“La Política de Datos es una ampliación de prácticas existentes. Esto de todas formas genera preocupación porque las capacidades de procesamiento de datos de Facebook ha aumentado tanto horizontal como verticalmente”, dijo el reporte. “Las dos están apalancadas para crear una vasta red de publicidad que usa datos externos e internos de Facebook para apuntar tanto a los usuarios como los no usuarios de la red social”.
El mes pasado, la comisión envió una serie de preguntas sobre las nuevas políticas de la compañía y recibió las respuesta el lunes, dijo una vocera de la comisión. Pero las respuestas eran altamente técnicas y la comisión exigirá clarificación adicional, añadió la vocera.
Las principales preocupaciones de la comisión fueron sobre adiciones de software a los navegadores, llamados plug-ins, la publicidad y el intercambio de fotos a través de WhatsApp e Instagram, empresas de las que Facebook es ahora propietario, dijo la vocera.
El reporte señala que Facebook pone mucha presión sobre los usuarios para que naveguen una compleja red de preferencias, incluyendo para privacidad, aplicaciones, publicidad y seguidores. Por ejemplo, las preferencias por defecto de Facebook relacionadas a perfiles de comportamiento o avisos sociales son particularmente problemáticas, señaló. La red no proporciona opciones para no recibir historias patrocinadas o para negarse a dar datos sobre ubicación, aseguró.
También indica que la habilidad de Facebook de rastrear la actividad de los usuarios fuera de su sitio ha aumentado exponencialmente con el tiempo, principalmente con la ampliación de los plug-ins sociales (los botones de ‘me gusta’) y a través de nuevas formas de rastreo móvil. El reporte dice que Facebook ahora recauda información a través de estos plug-ins sin importar si los botones se usan.
El documento dice que la adquisición de Instagram y WhatsApp ha permitido a Facebook recaudar más tipos de datos de usuario, lo que le permite realizar perfiles más detallados. El informe también dijo que no es posible añadir información en Facebook que no pueda más tarde utilizarse para personalizar anuncios.
“Cualquier ‘me gusta’ se convierte en el gatillo para representar un usuario en una “historia patrocinada” o publicidad social. De la segunda se puede tomar la opción de salir, pero la única forma dejar de salir en historias patrocinadas es dejar de darle ‘me gusta’ a cualquier contenido. Los usuarios pierden aún más poder porque no saben cómo exactamente son usados sus datos para propósitos de publicidad”, dijo el reporte.
El informe asegura que los términos de Facebook no reconocen de forma apropiada los derechos de los usuarios. “Por ejemplo, borrar un perfil es un ejercicio de ‘todo o nada’ y solo relacionado a cosas que ha publicado, como sus fotos y actualización de estado”. Aunque los usuarios tienen algunas opciones para controlar la visibilidad de su información dentro de sus redes, no pueden evitar que Facebook use adicionalmente esta información para sus propósitos, añade el reporte.
También señala que las preferencias de privacidad de Facebook eran menos claras en relación a la recaudación y el uso de datos por parte de la propia empresa o por terceros como diseñadores de aplicaciones.
Esto les da a los usuarios un falso sentido de control, concluyó el reporte.
—Amir Mizroch en Londres contribuyó a este artículo.
Un portavoz de Facebook dijo que la compañía recientemente había actualizados sus términos y políticas para hacerlas más claras y concisas, para reflejar nueva funciones en productos y para resaltar la forma en la que la red social estaba expandiendo el control de los usuarios sobre la publicidad.