El mundo está en guerra. Y está perdiendo. Ésta es la alarmante conclusión a la que llega una serie de artículos publicados por la revista científica The Lancet sobre la lucha mundial contra la obesidad. A pesar de las campañas gubernamentales, el boom de las dietas y la concientización sobre la íntima relación entre salud y comida, el consumo de los alimentos menos sanos aumentó en casi todos los países. Por lo menos 600 millones de personas son obesas y 2100 millones sufren de sobrepeso. Unos 2,8 millones murieron por elevado índice de masa corporal. Éstas son algunas de las cifras que se desprenden de las investigaciones.

 

Los expertos advierten que comer mal es una de las mayores causas de mortalidad y discapacidad, sobre todo, por las enfermedades crónicas no transmisibles que puede causar. La extensa investigación, que irá siendo publicada por partes en The Lancet, incluyó el análisis de 325 estudios anteriores, que abarcan estadísticas de 187 países recogidas durante dos décadas. Allí se reconoce que en la actualidad se ingieren más alimentos considerados «sanos», pero se advierte que aumentó aún más el consumo de comida poco sana, como el sodio (básicamente sal), las carnes rojas, los alimentos procesados y las bebidas azucaradas.

Así, aunque se reconoce que en los distintos países existe un consenso sobre la necesidad de políticas para mejorar los hábitos alimenticios, el progreso es lento. El primer problema, indica el conjunto de estudios, es que los programas no siempre apuntan a modificar el entorno nutricional de las personas. Uno de los axiomas erróneos que rondan en torno a la obesidad es que se trata de una conducta de pura responsabilidad individual o bien de una consecuencia obligada del entorno alimenticio. En realidad, indican los especialistas, el problema se desprende tanto del comportamiento individual como del entorno, que «explota las vulnerabilidades biológicas, psicológicas y económicas de una persona», al llevarla a consumir alimentos poco sanos.

La comida ultraprocesada es la menos recomendable, pero es la que tiende a dejarles mejores ganancias a las empresas productoras, se advierte. Por eso, la industria promueve esos productos, desde «el atractivo visual, la posición en las góndolas o la rápida accesibilidad, creando un ambiente nutricional dañino», dice el estudio. Al funcionar en ese entorno, se impulsa la creación de un ciclo vicioso, sustentado en la repetición de los hábitos alimenticios. Esto es particularmente notorio en los barrios de bajos ingresos, donde la población dispone de menos dinero y tiempo para tener una dieta mejor. Además, «las empresas apuntan sus estrategias de marketing hacia grupos específicos, incluidos adolescentes, niños, minorías étnicas y sectores de bajos recursos», revela el informe.

Otro de los problemas señalados en The Lancet es que dentro del amplio espectro de medidas que pueden tomarse esas acciones se realizan sin una adecuada coordinación. Siguiendo algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), por lo menos 50 países -entre ellos, la Argentina- requieren que la comida procesada muestre la información nutricional en el paquete. Pero hay más medidas que se pueden tomar. En Los Ángeles, una campaña alienta a las empresas a informar en las bebidas azucaradas la cantidad de sobres de azúcar a la que equivale el contenido de la botella o la lata. En México rige un impuesto a la comida chatarra y las bebidas azucaradas.

En Samoa, uno de los países más afectados (el 85% de la población es obesa o tiene sobrepeso), primero se prohibió la importación de rabos de pavo, aunque luego se permitió, pero con un arancel, por exigencias de la OMS. Hay otra batería de acciones posibles, centradas en la nutrición infantil. Corea del Sur y Gran Bretaña impusieron restricciones en los avisos televisivos de los alimentos con bajo poder nutritivo para chicos.

Fuente: La Nación, 20/02/15.

¿Qué significan ambas medidas? Al menos, tienen cinco implicancias bien concretas. La primera y más visible es que el Gobierno, Cristina Kirchner y su vice Amado Boudou están en serios problemas judiciales.

La Presidenta y su hijo Máximo están en el centro de la pesquisa de Hotesur, y su vice ya tiene un procesamiento confirmado por un tribunal de segunda instancia, lo que lo empuja mucho más cerca de un juicio oral. Y si los problemas aquejan a la cúpula del poder, nadie puede sentirse a salvo.

La segunda implicancia: en ambos casos, lo que investiga la Justicia no son asuntos privados de los funcionarios ni tampoco le cuestiona medidas de gobierno. Por el contrario, ambas causas ponen la lupa sobre irregularidades en los negocios de los dos más altos funcionarios del país.

En efecto, en el caso de Hotesur, Bonadio lleva adelante una pesquisa por presunto lavado de dinero que involucra a una sociedad que la mandataria reconoció como propia, y que operaba con Lázaro Báez. Alguna vez el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, dijo que ambos tenían «relaciones comerciales». Bonadio parece sospechar que había algo más.

Y en cuanto a Boudou, el tribunal confirmó que el vice manejó todos los hilos del negocio para quedarse con la máquina de hacer billetes y, luego, asegurarse negocios públicos con su nueva empresa.

Desde este punto de vista, la decisión que tomó la Cámara Federal en el caso Ciccone sobre Boudou es infinitamente más grave que el juicio oral al que estará sometido, ante el Tribunal Oral Federal N° 1, por haber falsificado documentos del auto Honda para engañar a su ex esposa.

La tercera lectura: ningún juez expondrá su cabeza por salvar a un gobierno que se deteriora.

En efecto, hasta mediados del año pasado, el Poder Ejecutivo siempre había logrado mover algunas piezas que le podían garantizar cierto respiro. Y, precisamente, en varias oportunidades, la Sala I de la Cámara Federal había sido uno de esos resortes para permear esas sugerencias.

Otros tribunales, como la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, ya habían comenzado a tomar distancia con anterioridad y el Gobierno nunca hizo pie en la Cámara Federal Civil y Comercial. Pero en la justicia penal, algunos jueces y fiscales todavía estaban dispuestos, por lo menos, a evaluar los argumentos oficiales.

Hubo algunos factores, sin embargo, que cambiaron ese escenario. En efecto, las duras críticas de la Presidenta sobre los jueces; los errores estratégicos que comete la procuradora general Alejandra Gils Carbó con el manoseo de los fiscales, y los cambios de operadores dentro de la SIDE le sacaron al Gobierno eficacia en la Justicia.

La cuarta consecuencia: la fuerza de ambas decisiones, que impactan en el corazón del poder, es la notificación fehaciente de que el Gobierno tendrá en la Justicia, en 2015, un año muy complicado.

Quinta lectura: la Cámara Federal venía estudiando ambas decisiones con detenimiento desde hacía muchas semanas. Y en el caso Ciccone, ya el año pasado el tribunal estaba dispuesto a confirmar el procesamiento de Boudou.

Pero la muerte del fiscal Alberto Nisman, la rebelión de los fiscales y la marcha del 18-F le sumaron a un escenario ya agrietado nuevos abismos que, ahora, parecen insalvables.

Claudio Bonadio. Juez Federal

La Cámara Federal respaldó la investigación del juez Claudio Bonadio sobre anomalías en Hotesur. Hace dos semanas había recibido una carta amenazante en su despacho.

Fuente: La Nación, 20/02/15.

Los que le dieron más volumen y transcendencia a esta marcha no fueron los fiscales que la convocaron, sino quienes pisotearon la memoria del fiscal Natalio Alberto Nisman, empezando por la propia jefa del Estado.

Detengámonos por un instante y analicemos la trascendencia de semejantes especulaciones. Un presidente da a entender a sus representados que al fiscal más importante de la Argentina lo mandó a matar el jefe de Inteligencia de su propia administración. Porque Stiuso fue, hasta hace muy poco, el jefe de Inteligencia más importante del gobierno de Cristina Fernández. Y no sólo de la Presidenta. También de su inmediato antecesor, el ex presidente Néstor Kirchner. El mismo ex presidente que lo sostuvo frente a la denuncia del hasta entonces ministro Gustavo Béliz, quien acusó a Stiuso de ser el jefe de un sistema ilegal de pinchaduras telefónicas, aprietes y extorsiones a cientos de dirigentes políticos, empresarios, sindicalistas, periodistas, fiscales y jueces.

¿Piensan, de verdad, la Presidenta y su incondicional secretario Carlos Zannini que de este laberinto se sale sólo con un proyecto de ley desprolijo y apurado para cambiar la Secretaría de Inteligencia? Los oficiales y suboficiales que firman los comunicados de Carta Abierta y los presuntos intelectuales que elucubran las mil y una teorías de complot, ¿creen en realidad que se quiere dar un golpe de Estado? ¿Y quiénes serían los golpistas? ¿A quién beneficiaría un golpe? A Sergio Massa, a Mauricio Macri y a Daniel Scioli, los precandidatos a presidentes más expectantes, seguro que no. Tampoco a Ernesto Sanz, a Julio Cobos, a José Manuel de la Sota a Hermes Binner o a Elisa Carrió.

Pregunté eso mismo a uno de los pensadores más tolerantes de Carta Abierta, Eduardo Jozami, y sólo alcanzó a decirme que la marcha del silencio podría ser considerada un instrumento de la oposición para disolver al cristinismo como fuerza política. Le dije que no lo compartía. Y después le pregunté cuál sería el problema si fuera así. Eso, en todo caso, sería parte de una estrategia política. Discutible, en todo caso, pero nada que se parezca a un golpe de Estado o a un intento de desestabilización. Cuando terminé de conversar con Jozami, me preocupé más todavía. Sus argumentos, y los de Mempo Giardinelli, para nombrar a otro intelectual, ¿son sinceros o son parte de una dinámica perversa que los lleva a autoconvencerse del delirio que argumentan? Es decir: ¿cuando Giardinelli habla de un golpe en marcha y suscribe un documento que repudia el «terrorismo periodístico» es porque cree que los periodistas que no pensamos como ellos podemos estar cometiendo un delito al que se podría encuadrar dentro de la ley antiterrorista? Y siguiendo el dramatismo de sus argumentaciones, si creen que habrá un golpe contra la Presidenta, ¿qué harían para evitarlo?

Por momentos, la «patrulla perdida» del Gobierno y sus incondicionales se parece al grupo de militantes que atacaron el cuartel de La Tablada en 1989. Antes de hacerlo, llamaron a un grupo de periodistas y dirigentes y denunciaron un golpe en ciernes. Todos sabemos cómo terminó aquella aventura. Algo mucho menos trágico sucedió cuando la mayoría oficialista perdió la votación por las retenciones al campo. La Presidenta y el ex presidente amenazaron con abandonar el gobierno. El ex jefe de gabinete Alberto Fernández nunca lo dirá en público, pero él se fue a dormir ese día con la idea de que Luis Inácio Lula da Silva, por vía telefónica, había sido el único capaz de convencer al matrimonio Kirchner de que estaban a punto de cometer una locura.

Hay quienes suponen que la decisión de ignorar la marcha del silencio el mismo día en que inauguró por tercera vez Atucha es otra de las jugadas magistrales de Cristina Fernández para «neutralizar la agenda de los medios». Son tan pequeños y miopes como los integrantes del Gabinete que sostienen, off the record, que Cristina está cometiendo una equivocación tras otra, pero no son capaces de decírselo en la cara. Alguno de ellos debería decirle que los miles de argentinos que se manifestaron en silencio no tienen un problema personal contra ella. No quieren que se vaya antes ni corrida por ningún golpe clásico o no convencional.Que el silencio no hubiera sido atronador si el Gobierno hubiera asumido la muerte de Nisman como un problema de Estado, y no con la autorreferencial visión de que le tiraron un muerto «a ella». La invitación al fiscal Gerardo Pollicita a concurrir a la Cámara de Diputados para que explique por qué imputó a la Presidenta, en una suerte de mala repetición de lo que le propusieron a Nisman, tiene el mismo sentido mezquino. Los legisladores del Frente para la Victoria colocan a la jefa del Estado por encima de las instituciones. Como si ella no pudiera ser jamás investigada o denunciada por la Justicia. Como si estuviera por encima de la ley. Alguien debería avisarle que no es eterna, y tampoco infalible.

Fuente: La Nación, 19/02/15.