Standard Chartered pagará U$S 300 millones por Lavado de Dinero en EEUU
El banco británico Standard Chartered, sancionado en 2012 por transacciones ilícitas con Irán, aceptó pagar una multa de 300 millones de dólares por no respetar los compromisos adquiridos entonces, anunció este martes el organismo de regulación bancaria del Estado de Nueva York.
El acuerdo amistoso prevé también la suspensión de algunas actividades de compensación en dólares del banco.
Esta nueva multa se añade a otra de 340 millones de dólares impuesta al banco británico en 2012 por permitir transacciones financieras violando el embargo estadounidense contra Irán, a lo que siguió meses más tarde una demanda por 327 millones de dólares por parte del Tesoro y la Reserva federal estadounidense.
Standard Chartered ha aceptado también una suspensión de las operaciones de compensación en dólares de su filial en Nueva York realizadas por la cuenta de «clientes de alto riesgo» de SCB, otra de sus subsidiarias en Hong Kong.
El organismo regulador bancario del Estado de Nueva York (DFS) consideró que el banco británico no ha hecho lo suficiente para remediar fallas internas en sus controles para prevenir el lavado de dinero, como se había comprometido en 2012.
En junio pasado la DFS impuso una sanción de 8.900 millones de dólares al primer banco de Francia, el BNP Paribas, en el marco de una investigación por violar el embargo a Sudán, Iran y Cuba, la sanción más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.
Fuente: Yahoo! Finanzas, 20/08/14.
Aumenta presión sobre bancos locales por lista gris del GAFI
PANAMÁ – Una dependencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió el pasado 5 de agosto una circular en la que exige a los bancos estadounidenses que tienen relaciones con Panamá que hagan una diligencia debida ampliada.
Este requerimiento es consecuencia de la inclusión de Panamá en lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) por las deficiencias del país en la lucha contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. “Por el hecho de estar en país que está una lista gris, se eleva el nivel de riesgo de hacer negocios”, dijo en la mañana de hoy Raúl Guizado, vicepresidente de Cumplimiento y Seguridad Corporativa de Banco General y primer vicepresidente de la Asociación Bancaria de Panamá.
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) pide en la circular a las instituciones financieras estadounidenses que se aseguren de que sus programas de debida diligencia sobre las cuentas de corresponsalía mantenidas por instituciones financieras del exterior incluyen políticas y procedimientos diseñados para detectar e informar sobre actividades de lavado de dinero o sobre las sospechas de las mismas, efectuadas a través de cualquier cuenta corresponsal establecida, mantenida, administrada o gestionada en Estados Unidos.
Tras la publicación de la lista gris, los bancos panameños están recibiendo visitas y llamadas por parte de sus corresponsales en Estados Unidos y algunos de los grandes bancos europeos que prestan servicios de corresponsalía a entidades locales también se han preocupado por el devenir de la actividad bancaria en Panamá.
El superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Diamond, reconoció ayer que la presión sobre los bancos ha aumentado. Diamond dijo que la inclusión en la lista gris afecta a la reputación de los bancos y constituye una amenaza para la competitividad del centro bancario internacional. “Un centro financiero serio nunca está en listas discriminatorias”, apuntó.
Tanto el GAFI como el FinCEN reconocen en sus respectivos reportes que el país se ha comprometido al más alto nivel político para poner un marcha un plan de acción que reduzca las deficiencias en la lucha contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Fuente: Ecobusiness, Panamá. 22/08/14.
Bank of America Corp. pagará US$16.650 millones para conciliar las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de que vendió valores hipotecarios de mala calidad antes de la crisis financiera de 2008, el mayor acuerdo alcanzado entre Washington y una empresa individual hasta ahora.
La conciliación es un intento por parte del gobierno estadounidense de marcar un punto de referencia en una serie de medidas y demandas legales posteriores a la crisis financiera que le han costado a los bancos de EE.UU. sanciones por más de US$125.000 millones.
El acuerdo con Bank of America requiere que el prestamista, con sede en Charlotte, Carolina de Norte, pague US$9.650 millones en efectivo al Departamento de Justicia, seis estados y otras agencias del gobierno, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. El banco también desembolsará unos US$7.000 millones en ayuda a consumidores que tienen problemas para pagar sus hipotecas, a través de medidas como modificaciones de créditos para quienes deben más de lo que valen sus viviendas.
El caso del Departamento de Justicia contra Bank of America brinda una de las ventanas más claras hasta ahora para apreciar el comportamiento que alimentó la crisis de 2008: prestamistas que daban crédito a deudores sin capacidad de pago. Esas hipotecas de alto riesgo se convirtieron luego en el respaldo de valores que fueron vendidos a inversionistas desprevenidos. Los deudores finalmente incumplieron los préstamos, las hipotecas terminaron en embargos y los inversionistas tuvieron que asumir fuertes pérdidas.
Muchos de los valores basados en hipotecas fueron vendidos por Countrywide Financial Corp. y Merrill Lynch & Co., antes de que Bank of America comprara las dos empresas en 2008. Pero el gobierno también encontró problemas en los propios valores hipotecarios de Bank of America, incluidos esfuerzos por parte del banco para evadir estándares de emisión internos al cambiar la información financiera de los solicitantes.
En al menos una instancia, un agente de crédito del banco realizó más de 40 intentos para que un sistema interno de Countrywide —conocido como CLUES— aceptara una solicitud y le permitiría al banco realizar un préstamo, según una declaración firmada por EE.UU. y Bank of America. «Una evaluadora de crédito caracterizó lo que hacía como un intento de ‘engañar’ al sistema CLUES para lograr una calificación de ‘aceptar'», según el documento.
El desenlace devastador de otorgar préstamos con débil respaldo fue anticipado por al menos un alto ejecutivo de Countrywide —el ex presidente ejecutivo Angelo Mozilo— quien en un e-mail del 1 de agosto de 2005 les advirtió a otros ejecutivos que los urbanizadores anticipaban un colapso del mercado de condominios en zonas como el sur del estado de Florida y Las Vegas, e indicó que la firma debía evitar colocar ciertos préstamos en su propio balance. Mozilo temía que el aumento en los pagos mensuales requeridos por muchas de las hipotecas emitidas por Countrywide llevara en última instancia a los deudores a incumplir sus obligaciones.
«La simple razón es que cuando el préstamo se ajuste en cinco años habrá enormes problemas de pagos y el prestatario no es lo suficientemente sofisticado para entender verdaderamente las consecuencias. Entonces, el banco lidiará con embargos en un mercado de bienes raíces potencialmente desinflado. Esto sería una catástrofe tanto financiera como de reputación», escribió Mozilo, según documentos del Departamento de Justicia.
Fiscales en Los Ángeles se preparan para presentar cargos civiles contra Mozilo y otros ex ejecutivos de Countrywide, según una persona al tanto de la situación. El abogado de Mozilo, David Siegel, le dijo a The Wall Street Journal: «No hay una base coherente o justa, en la ley o en los hechos, para presentar demandas contra Angelo Mozilo».
El acuerdo se produce luego de otros similares, pero de menor tamaño, en relación a conductas relacionadas con hipotecas antes de la crisis con Citigroup Inc. por US$7.000 millones y con J.P. Morgan Chase & Co. por US$13.000 millones.
«Bank of America ha reconocido que, en los años previos a la crisis financiera que devastó nuestra economía en 2008, el mismo banco, Merrill Lynch y Countrywide vendieron miles de millones de dólares de RMBS (valores respaldados por hipotecas residenciales, por sus siglas en inglés) con base en préstamos tóxicos cuya calidad y nivel de riesgo fue representada de forma engañosa a inversionistas y al gobierno de EE.UU», dijo el fiscal general de ese país, Eric Holder, en una conferencia de prensa.
El presidente ejecutivo de Bank of America, Brian Moynihan, afirmó en una declaración sobre el acuerdo: «Es lo mejor para nuestros accionistas, y nos permite continuar centrándonos en el futuro». Los enormes gastos legales han afectado las ganancias del banco durante años, lo que ha frustrado a algunos inversionistas.
El banco dijo que la conciliación reducirá la ganancia antes de impuestos para el tercer trimestre en US$5.300 millones.
El acuerdo no exime al banco de cargos penales, y el Departamento de Justicia se reservó el derecho de presentar cargos tanto penales como civiles contra individuos.
Fuente: The Wall Street Journal, 21/08/14.
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El plan de canje de bonos argentinos es ilegal, dice el juez Griesa
Por Nicole Hong y Matt Day.
Un dibujo de la corte que muestra al juez Thomas Griesa. Reuters
La propuesta de Argentina de canjear sus bonos bajo la ley de Estados Unidos por deuda regida por leyes locales es ilegal y no puede llevarse a cabo, afirmó el jueves el juez de distrito de EE.UU. Thomas Griesa en una audiencia en Nueva York.
El martes, la presidenta argentina Cristina Kirchner presentó un plan para canjear los bonos restructurados en default del país por nueva deuda regida por la ley argentina. Si el plan es aprobado por los legisladores argentinos, el país depositaría los pagos para los nuevos bonos argentinos en una cuenta en el banco central de Argentina y ya no con su actual fideicomisario de bonos, Bank of New York Mellon.
Los funcionarios argentinos consideraron planes similares hace un año y en junio. El juez Griesa ha dicho explícitamente en pedidos anteriores, incluyendo uno en junio, que a Argentina se le prohíbe realizar el canje de deuda ya que evadiría su orden.
La audiencia ocurre tres semanas después que Argentina incumpliera los pagos de algunos de sus bonos, lo que marcó el segundo default del país en 13 años. El plan de canje de deuda de Argentina fue un intento de eludir la orden de Griesa que dictaba que el país debe pagarle a los fondos de cobertura que demandaron al país para obtener pagos completos sobre los bonos que el país incumplió en 2001 antes de que pueda realizar pagos de intereses a inversionistas que aceptaron los bonos restructurados.
En la audiencia, Griesa reiteró que el canje violaría su orden y le prohibió a cualquier entidad, incluyendo bancos estadounidenses, ayudar a Argentina para eludir a la corte. Sin embargo, no declaró a Argentina en desacato al tribunal, indicando que ese fallo no ayudaría a Argentina y a los fondos de cobertura a resolver su disputa sobre su deuda.
«Lo que es de suma necesidad es tener una resolución», dijo Griesa. Agregó más adelante, «No añade nada a las balanzas del acuerdo el declararlos en desacato».
Robert Cohen, un abogado que representa a uno de los fondos de cobertura, presentó una carta al tribunal en la tarde del miércoles, pidiéndole al juez realizar una audiencia de emergencia para considerar si Argentina debería declararse en desacato. Cohen indicó en la audiencia que las «acciones descaradamente desafiantes» requieren una infracción de desacato al tribunal de Griesa para ponerle presión a Argentina para negociar con sus acreedores.
Carmine Boccuzzi, un abogado que representa a Argentina, sostuvo en una audiencia que el hecho que Argentina simplemente propuso una ley para un canje de deuda no constituye una violación de la orden de la corte. También dijo que una declaración de desacato no ayudaría a ambas partes a llegar a un acuerdo.
En una audiencia del 8 de agosto, Griesa amenazó con declarar a Argentina en desacato si el país continuaba haciendo afirmaciones «falsas y engañosas» sobre sus obligaciones de deuda. Se refería a anuncios publicados por Argentina en periódicos estadounidenses, incluyendo The Wall Street Journal, que argumentan que Argentina no ha incumplido sus obligaciones de deuda ya que el país depositó el dinero necesario para un pago de interés para el 30 de junio.
Aunque Argentina depositó el dinero a tiempo en los bancos, Griesa bloqueó la distribución de los pagos por parte de los bancos para los tenedores de bonos restructurados. Apuntó que el dinero no podía ser enviado hasta que Argentina negociara una resolución con los fondos de cobertura, lo cual el país se ha negado a hacer durante años. Los fondos de cobertura, liderados por NML Capital de Elliott Management Corp. y Aurelius Capital Management LP, han ganado alrededor de US$1.600 millones tras años de litigios.
Los bonos en dólares que vencen en 2033 cotizaban en alrededor de 79,75 centavos por dólar frente a 81 centavos el miércoles, según operadores. Este el nivel más bajo desde el 20 de junio. El rendimiento aumentó 11,36%, desde 11,15%. El peso argentino cayó 13,9 por dólar en el mercado negro, desde 13,53 el miércoles, según Thomson Reuters.
Pueblos en cuarentena: contra el Ébola, una técnica medieval
Por E.Telmor y E.Farge| Agencia Reuters
BOYA, Liberia – Para intentar controlar la epidemia del Ébola que se extiende por África Occidental, Liberia puso en cuarentena a remotas aldeas en el epicentro del virus, una medida que recuerda a los «pueblos de la plaga» de la Europa medieval.
Con escaso acceso a alimentos y medicinas, muchos habitantes enfrentan una cruda opción: quedarse donde están y arriesgarse a morir o abandonar la cuarentena, extendiendo la infección en un país mal equipado para contenerla.
En Boya, en el norteño distrito liberiano de Lofa, Joseph Gbembo, que se contagió de Ébola pero sobrevivió, dice que está intentando criar a diez chicos menores de cinco años y mantener a cinco viudas, luego de que nueve miembros de su familia murieran por culpa del virus.
Por temor a contagiarse, los vecinos del hombre de 30 años se niegan a hablarle y lo culpan por haber traído la enfermedad al pueblo. «Estoy solo», dijo. «Nadie me habla y la gente corre cuando me ve», contó Gbembo.
Trabajadores de ayuda dicen que si el apoyo no llega pronto, los habitantes de pueblos como Boya, donde la maleza ya comenzó a crecer entre las casas, simplemente desaparecerán por los senderos de la selva.
«Si no llegan medicamentos, alimentos y agua suficientes, la comunidad buscará comida por sus medios, y eso podría llevar a una mayor propagación del virus», dijo Tarnue Karbbar, un trabajador de la organización benéfica Plan International basado en Lofa.
El Ébola causó la muerte de por lo menos 1350 personas en cuatro países africanos. La semana pasada, en Lofa se registró una cifra mayor de nuevos casos que cualquier otra parte del continente: 124 infectados y 60 muertes.
1.350 muertos por el Ébola
En Monrovia, la capital que aún muestra las cicatrices de la brutal guerra civil de 14 años terminada en 2003, las autoridades dicen que controlar la situación en Lofa es clave para superar la crisis más grave desde el fin del conflicto.
Con su país amenazado, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf impuso medidas de emergencia, como las comunidades en cuarentena y un «cordón sanitario», un sistema de controles médicos en las rutas para evitar que la infección llegue a las ciudades, parecido al usado en la Edad Media durante la peste negra.
La operación Escudo Blanco incluyó el despliegue de tropas para evitar que las personas abandonen sus hogares e infecten a otros, en un país donde la mayoría de los casos permanecen sin atención, porque las clínicas están llenas o porque las personas tienen miedo a los hospitales, que consideran «poco seguros».
«Debería preocupar que las personas en áreas en cuarentena estén abandonadas a su suerte», dijo Mike Noyes, el director de respuesta humanitaria de la organización ActionAid UK.
Trabajadores de ayuda dicen que el virus les recuerda a las fuerzas que azotaron Liberia durante la guerra civil, volviendo al país africano un sinónimo de brutalidad. «Era como la guerra. Tan desolado…», dijo Adolphus Scott, un trabajador de Unicef al describir Zango, un pueblo en la jungla del norte de Liberia donde la mayoría de sus 2000 habitantes murieron por culpa del Ébola o huyeron.
«Los ancianos se sentaban en la puerta de sus casas, mirando una calle de tierra vacía», comentó.
Medidas
Países vecinos como Guinea y Sierra Leona instalaron puestos de control en Gueckedou y Kenema, para crear una zona fronteriza de cuarentena de unos 20.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente del tamaño de Gales, llamada «sector unificado».
Dentro de esa área, según describió el ministro de Información, Lewis Brown, se aplican medidas de cuarentena más intensas en Lofa, en donde hasta un 70% de las personas están infectadas.
Pero el equipo de respuesta de Liberia tiene dificultades para hacer frente al problema. El principal centro de salud en Lofa está «superado» por el ingreso de nuevos pacientes, según un reporte del Ministerio de Salud. «Podemos establecer tantos puestos de control como queramos, pero si no podemos llevar los alimentos y suministros médicos a las comunidades afectadas, se irán», dijo Brown.
Y aun si los recursos llegan, la ayuda podría ser alejada. A diferencia de otras áreas en el país donde las campañas de concientización sobre el Ébola están ayudando a las personas a no esconderse, en esta aislada zona fronteriza, alejada de los omnipresentes carteles puestos por el gobierno que dicen «el Ébola es real», la negación aún es fuerte.
Según rumores, personas disfrazadas de trabajadores de salud secuestran a las personas para vender sus órganos, lo que provocó reacciones violentas entre los locales, señala Karbarr.
Brown dijo que las personas en condados no afectados en el este de Liberia recibieron bien la cuarentena. Sin embargo, advirtió el ministro, el sentimiento podría cambiar si los suministros empiezan a escasear.
La raíz italiana de la palabra cuarentena, o «40 días», se refiere al período de aislamiento para las tripulaciones de los barcos que llegaban a Venecia procedentes de las regiones de la plaga.
Pero en Liberia el aislamiento podría continuar por tres meses o más, por lo que se necesita elaborar un plan a largo plazo.
Dan de alta a dos infectados de EE.UU.
Dos norteamericanos que se infectaron en Liberia con el Ébola y habían sido trasladados a Estados Unidos para ser tratados se recuperaron y fueron autorizados a abandonar el hospital esta semana, informaron ayer sus médicos.
El doctor Kent Brantly, de 33 años, y Nancy Writebol, de 60, fueron tratados con un suero experimental, que está en fase de desarrollo inicial, y había sido probado hasta el momento sólo en simios.
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Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana. Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.
Cristina, ayer, al anunciar el cambio de jurisdicción del pago de los bonos, ante el bloqueo judicial en EE.UU.. Foto: Télam
Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.
Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial. El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.
Cristina no quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia de EE.UU.
No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.
¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse. Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno. A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.
En el Congreso, la oposición tiene el desafío de salir de la disyuntiva patria o buitres que plantea el Gobierno. Foto: Archivo
Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.
En el caso de los fondos buitre, no es solo Griesa, sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez y la Corte Suprema, que decidió por omisión.
De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa. La opción, en fin, «Patria o buitres». Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de «vendepatria» o «cipayo«. Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.
Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman, quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.
El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.
La prestigiosa diplomática Susana Ruiz Cerutti, junto al gobierno nacional en un polémico planteo diplomático. Foto: DyN
Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial. El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.
Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles al anatema vendepatria o cipayo.
El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada. ¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?
El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.
Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.
Pese a lo que plantea ahora, cada apelación que hizo la Argentina fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana.
Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.
Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.
Si no hubiera hecho el furibundo anuncio amenazando con revelarse contra los tribunales de la mayor potencia mundial, Cristina Kirchner habría aparecido en la tapa de los diarios como una líder derrotada en sus dos más bravías iniciativas de su mandato con fecha de vencimiento próxima: la aplicación de la ley antiterrorista a empresas, empresarios y hasta modestísimos operadores económicos y la sanción de una tenebrosa y fascista ley de abastecimiento.
En cambio, ahora será la líder que bravíamente propuso la ley Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina. O sea, que todos aquellos pagos bloqueados por los fallos del juez Griesa se harán, si el Congreso aprueba la ley, en la Argentina, en el Banco Nación o en una entidad fiduciaria que los acreedores elijan. Lejo de lo que ella llama «extorsión» norteamericana.
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres.
También, insólitamente, por primera vez ofreció comenzar a pagar a los que no entraron en los canjes -«los buitres» entre ellos- como si lo hubieran hecho. Un gesto de buena voluntad que tal vez hubiera servido durante el proceso judicial como muestra de buena voluntad, pero que siempre negó advirtiendo que la ley local del cepo se lo impedía.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres. Se baja o al menos demora dos tremendos proyectos reaccionarios e, increíblemente, dice que pagará a los buitres lo mismo que a los que aceptaron los canjes y que comenzará a depositar las sumas.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto y descontrolado de toda su deuda.
La primera y más obvia es que los que ya entraron en los canjes deben aceptar el cambio de jurisdicción y eventualmente de agente financiero. Eso, claro, después de que el Congreso apruebe la ley.
Hay, dicen los especialistas, fondos de inversión que entraron al canje y no pueden aceptar papeles que no tengan jurisdicción y legislación y lugar de pago en los Estados Unidos, preferiblemente, Nueva York.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad
¿Cuántos agentes financieros que no sean el Banco Nación se allanarán a ser el instrumento para desafiar las decisiones de un juez norteamericano? Habrá que ver.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad. La Asignación Universal por Hijo tenía amplio apoyo opositor. La hizo y la mantiene por DNU.
¿Pagar a los buitres como signo de buena voluntad, abandonar el cepo? Pareciera que la Presidenta por primera vez está preocupada por las evidentes pobres consecuencias momentáneas de su radicalización.
Fuente: LaNacion.com, 19/08/14. 23:12 hs.
Otro ex operador de Rabobank se declara culpable de manipular la Libor
Por Anna Prior.
NUEVA YORK (EFE Dow Jones) — Otro ex operador de yenes del banco holandés Rabobank Group NV se ha declarado culpable de las acusaciones de que ha participado en un plan para manipular la tasa de interés Libor.
El operador, el británico Paul Robson, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal de Nueva York por un cargo de conspiración para cometer fraude cibernético y bancario por manipular la Libor en yenes, informó el Departamento de Justicia estadounidense.
Robson es el segundo ex operador de Rabobank en declararse culpable. En junio, Takayuki Yagami también se declaró culpable del mismo cargo.
El caso contra Robson coincide con las investigaciones de las autoridades estadounidenses de la presunta manipulación de las tasas de referencia. Rabobank accedió en octubre a pagar US$1.070 millones a los reguladores internacionales para zanjar la investigación sobre el Libor.
La Libor en yenes está diseñado para medir lo que se cobran los bancos entre sí para pedir prestados fondos en yenes. Cientos de billones de dólares en títulos y préstamos están en general vinculados a la Libor, lo que le convierte en la principal referencia internacional utilizada en productos y transacciones financieras.
No se pudo contactar inmediatamente con el abogado de Robson y con ningún representante de Rabobank para obtener comentarios al respecto.
Una madre crea Ignore No More, una ‘app’ que bloquea el móvil hasta que los hijos contesten
Una texana, harta de que sus hijos no contestaran a sus llamadas, ha creado una aplicación que le garantizará el odio de miles de adolescentes.
Ignore No More, la aplicación que más odiarán los adolescentes
Sharon Standifird, profesora y veterana de la Guerra del Golfo, se hartó de que su hijo adolescente no le cogiera el móvil o contestara a sus mensajes, de modo que decidió buscar una forma en que la tecnología acudiera en su ayuda. De modo que se puso a investigar cómo crear una aplicación y unos meses después ha lanzado la aplicación Ignore no More para dispositivos Android, que bloquea el móvil de los hijos hasta que no respondan a las llamadas de los padres.
El sistema funciona así: se crea una cuenta familiar a la que se añaden los móviles de los padres y los hijos. Cuando uno de los padres se harta de que uno de sus hijos no le haga ni caso le puede bloquear el móvil a través de la aplicación, poniendo una contraseña de cuatro caracteres. A partir de ese momento, el móvil sólo servirá para hacer llamadas de emergencia o llamar al progenitor, A o B, que le haya bloqueado. Ni juegos, ni WhatsApp ni nada de nada. Tendrá que hablar con él para que le dé la contraseña y entonces podrá desbloquearlo.
Si el hijo intenta desinstalar la aplicación o quitarle los permisos de administración, el teléfono se bloqueará y sólo uno de los padres podrá desbloquearlo desde su propio móvil. Sin embargo, su creadora aconseja que sólo se haga estando físicamente en posesión del móvil del hijo díscolo, porque una vez desbloqueado sí que se podría eliminar la app.
La aplicación está disponible sólo en Android, seguramente porque iOS no permite a las apps tener tanto control sobre el teléfono, y cuesta 1,79 euros por cada dispositivo en que se instale, que como mínimo serán dos. Bradley Standifird, el hijo que ha provocado todo esto, afirma que la idea le parece buena, «pero para otras personas, no para mi». Sin embargo, su madre asegura que desde que se la instaló contesta más frecuentemente que antes.
El acuerdo con Bank of America requiere que el prestamista, con sede en Charlotte, Carolina de Norte, pague US$9.650 millones en efectivo al Departamento de Justicia, seis estados y otras agencias del gobierno, incluida la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. El banco también desembolsará unos US$7.000 millones en ayuda a consumidores que tienen problemas para pagar sus hipotecas, a través de medidas como modificaciones de créditos para quienes deben más de lo que valen sus viviendas.
