El control del Beneficiario final de las personas jurídicas

“Panama Papers” empuja a Estados Unidos al fortalecimiento de las normas sobre beneficiario final de las personas jurídicas

Las reacciones generadas por el escándalo Panama Papers no se detienen y Estados Unidos no escapa a la presión internacional que critica la falta de transparencia asociada al uso de empresas en su sistema financiero y en otros sectores regulados. El gobierno del presidente Barack Obama reactivó la revisión de una propuesta de regulación presentada en 2014 por el Departamento del Tesoro, en la que se plantea el fortalecimiento de los procedimientos para identificar adecuadamente a los beneficiarios de los diversos tipos de entidades jurídicas.

La Oficina de Control y Gestión del Presupuesto de la Casa Blanca (OMB, su sigla en inglés) aprobó esta semana la propuesta de regulación y ahora tiene un plazo de 90 días para su revisión. Esta es la última etapa del proceso antes de que una nueva regulación sea aprobada y se ordene su implementación.

La propuesta de regulación (pulse aquí para ver el documento original), promulgada por la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, su sigla en inglés) en julio de 2014 , precisa los requisitos de debida diligencia del cliente, añadiendo un nuevo elemento que obliga a las instituciones financieras a conocer y verificar las identidades de las personas que verdaderamente poseen, controlan y se benefician de las empresas que planean utilizar los servicios bancarios, conocidos como «los beneficiarios finales».

«El requisito de identificar al beneficiario final nos proporcionan una nueva herramienta, que es importante para localizar a las personas reales detrás de las empresas que abusan de nuestro sistema financiero para mover y lavar sus ganancias ilícitas en secreto», dijo en un comunicado David S. Cohen, subsecretario de sobre terrorismo e inteligencia financiera cuando FinCEN sometió la regulación a revisión de la OMB.

Esta nueva regulación propuesta por la unidad antilavado forma parte de una estrategia del gobierno para fortalecer la estructura antilavado del país, pero tal como lo señaló recientemente  el vocero del Departamento del Tesoro, Josh Drobnyk, también se requiere la participación de los legisladores: «El mal uso de las personas jurídicas para ocultar al beneficiario real es una debilidad significativa en un sistema financiero que en otros aspectos es fuerte y resistente, y esto sólo puede resolverse con la acción del Congreso».

Una deficiencia muy criticada

Actualmente las leyes y regulaciones de Estados Unidos exigen la aplicación de la política Conozca a su Cliente antes de abrir las cuentas o establecer la relación comercial con un cliente, requiriendo que la entidad regulada aplique un enfoque basado en el riesgo y un mayor escrutinio en los clientes que representan mayores peligros, como las Personas expuestas políticamente (PEP). Sin embargo, no se exige que se conozca al verdadero beneficiario final de las entidades, quedando esto a criterio de la institución financiera.

Es importante destacar que muchos expertos y gobiernos han criticado a Estados Unidos por considerar que sus normas son laxas en este sentido, por lo cual muchos capitales ilícitos de todo el mundo han podido ingresar al sistema financiero estadounidense mediante el uso de empresas fachada (shell companies).

En julio de 2015 el Fondo Monetario Internacional criticó fuertemente al gobierno estadounidense al calificar de “lenta” la aprobación de la regulación propuesta por FinCEN, diciendo que la regla tal como estaba propuesta es demasiado débil y no cumple los estándares internacionales sobre la identificación del beneficiario final.

«No hay requisitos [para las instituciones financieras] para investigar más profundamente a un cliente para establecer la identidad de los beneficiarios finales en todos los casos», dijo el FMI en un documento sobre una evaluación realizada a la estructura antilavado de Estados Unidos (FMI_USA_deficiencias_ALD-2015). Es importante destacar que esta propuesta de norma pudiera ser modificada y fortalecida en este período de revisión de 90 días que inició la OMB.

Ya en el año 2006, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) había criticado a Estados Unidos en el reporte sobre la Evaluación Mutua, al indicar que los técnicos del organismo encontraron “deficiencias en cuanto a la disponibilidad de información sobre la propiedad de las sociedades y fideicomisos, y los requisitos aplicables a ciertas actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD)”.

Fuente: lavadodinero.com, 15/04/16.