La clave del futuro del caso Hotesur, en el que se investiga por lavado de dinero a las empresas hoteleras de la familia presidencial, pasa por lo que sucederá con la documentación contable y los registros informáticos de las firmas secuestrados en el expediente por el juez Claudio Bonadio.

Como la Sala I de la Cámara Federal declaró nulo parte del caso Hotesur, ahora hay que determinar si esa medida alcanza a los registros contables.

Si el decomiso de esas pruebas se declara nulo, deberían devolverse esos libros contables a los Kirchner. Si el procedimiento es válido, seguirán siendo prueba válida que debe analizar el juez que en definitiva quede a cargo del proceso.

Para que precise hasta dónde se extiende la nulidad, una cuestión delicada en esta causa, el fiscal de Cámara Germán Moldes le envió ayer un oficio a la Sala I de la Cámara Federal.

Los camaristas de ese tribunal Edurdo Freiler y Jorge Ballestero decidieron declarar nulo el decreto de Bonadio por el cual convocó a peritos oficiales para que lo asesoren para armar las preguntas del peritaje contable que estaba preparando para el caso Hotesur. Argumentaron, en la línea de la defensa de Hotesur, que al no darle oportunidad de poner peritos de parte para esa tarea de asesoramiento se vulneró su defensa.

Los camaristas Freiler y Ballestero dijeron que declaraban nulo ese decreto de Bonadio «y todos los actos que son su consecuencia». En el alcance de esta fórmula, radica el misterio sobre el futuro del caso Hotesur.

Si, por ejemplo, al convocar a estos peritos, Bonadio escribió en el expediente que era para analizar los documentos de la empresa hotelera, es posible que el efecto de la nulidad alcance a los papeles y, por lo tanto, al operativo mediante el cual fueron secuestrados.

El fiscal de Cámara Moldes y la diputada nacional Margarita Stolbizer son los únicos que pueden apelar la decisión de la Cámara Federal de apartar a Bonadio. Stolbizer, como querellante, ya apeló ayer. El fiscal Moldes, en representación de los intereses de la sociedad, es el otro facultado a hacerlo. Ayer Moldes les pidió a los camaristas que precisen el alcance de la nulidad porque de ello, dijo, dependerá si apela o no el apartamiento del juez.

Esto es así porque las nulidades sólo se pueden apelar si sus consecuencias implican situaciones equiparables a una sentencia definitiva o a una situación irrepetible. Por ejemplo, si la nulidad alcanza al procedimiento mediante el cual se secuestraron los documentos de Hotesur, no se puede repetir, pues hay un riesgo actual y concreto de que los papeles cambien de lugar y sean inaccesibles o desaparezcan. Por eso, la principal dificultad para apelar el apartamiento de Bonadio radica en que el recurso sea admisible. Moldes apelará si es que la nulidad tiene este alcance. Es decir, si el tribunal interpreta que se deben devolver los papeles a los Kirchner y con ello se afectan actos irreproducibles con los cuales se frenaría o desviaría la investigación.

El fiscal firmó ayer su escrito, en el que pidió una aclaratoria de la nulidad. Moldes se fue del país y regresará el 3 de agosto, cuando se retome la actividad en tribunales. Pero los plazos procesales le dan diez días hábiles para apelar el apartamiento de Bonadio. Vence el 14 de agosto.

Para que la apelación de Moldes prospere debe ser sostenida por el fiscal ante la Cámara de Casación Penal. La causa está radicada en la Fiscalía N° 1 ante ese tribunal, que está vacante. Por eso la procuradora Alejandra Gils Carbó, alineada con el kirchnerismo, designará a un suplente. Si el suplente no sostiene el recurso, el intento de apelación quedará desierto.

La apelación de Stolbizer depende sólo de ella. Pero Stolbizer es pretensa querellante, con lo que le alcanza para llegar con el recurso ante Casación, pero no se garantiza que sea admitido. Casación debe decidir primero si la reconoce como querellante. Un obstáculo grande para sortear. Y luego, si le da la razón.

Los jueces de Casación que intervendrán para decidir si reponen a Bonadio son los de la Sala I del tribunal, integrada por flamantes conjueces designados por el Consejo de la Magistratura, según la nueva ley de subrogancias. Son Claudio Vázquez, Roberto Boico y Norberto Frontini, de cercanía con el kirchnerismo.