El lavado del dinero y la corrupción política.
Entrevista de Mario Cáffaro.
“Hay que poner el foco en el lavado del dinero de la corrupción política”
Juan Félix Marteau, abogado especialista en sistemas antilavado de activos, advirtió sobre las debilidades de los controles argentinos. Sugirió a los futuros gobernantes tener un buen diagnóstico para saber hacia dónde apuntar las políticas públicas.
“La Argentina no está preparada para hacer frente al ingreso de dineros sospechosos y esto se deriva de indicadores objetivos. La comunidad internacional, a través de mecanismos preestablecidos, ha evaluado a la Argentina en los últimos trece, catorce años y los resultados han sido muy negativos”. La afirmación le pertenece a Juan Félix Marteau, abogado y sociólogo, graduado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL y con varios doctorados en universidades extranjeras, especialista en el campo de la criminalidad financiera transnacional, en particular, el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otros ilícitos con repercusión económica.
Juan Félix Marteau
Marteau fue delegado argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) hasta enero de 2008 cuando el entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, lo removió del cargo. Durante la gestión de Néstor Kirchner fue titular de la coordinación nacional de actividades para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Le atribuyen la autoría del proyecto de ley que, a mediados de 2007, aprobó el Congreso para reprimir el terrorismo y su financiamiento, con lo cual la Argentina logró evitar, a último momento, que el Gafi hiciese una declaración pública de condena contra el país por no tener una política de transparencia adecuada.
Días atrás, este paranaense, volvió a Santa Fe invitado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para abrir el año académico con una charla referida a “la efectividad de los sistemas antilavado de efectivos y contra-financiación del terrorismo”.
“La Argentina ha batido el récord de permanencia en un proceso de seguimiento intensivo como miembro pleno del Gafi lo que significa que ha enfrentado numerosas dificultades a la hora de estandarizar sus normas y sus instituciones en la materia. Este es un indicador objetivo que hay que considerar. La realidad argentina indica que hay amenazas muy concretas, en el rango uno podría colocar al narcotráfico y en ese mismo peldaño a la corrupción”, afirma.
Decisión estratégica
Para Marteau, existe “una dificultad de la dirigencia y de los líderes políticos en absorber los problemas concretos de la sociedad argentina y tomar las herramientas adecuadas y necesarias para enfrentar el narcotráfico. En este campo se requiere decisión estratégica y para eso se necesita tener un muy buen diagnóstico de los problemas y saber con mucho realismo con qué dispositivos cuenta el Estado argentino para actuar. Llama la atención la inercia y la incapacidad para actuar”.
Pero el experto también recomienda “poner el foco en el dinero de la corrupción política, estructural, que se lava en el país y sobre todo considerar en qué medida esos reductos donde se lava el dinero de la corrupción no han sido utilizados en estos últimos cinco a diez años, también para lavar el dinero del narcotráfico. El punto de confluencia de estos dos fenómenos está en el dinero ilícito. Allí está el punto clave donde hay que poner el eje de la intervención estratégica del Estado”.
«Hay que mirar las designaciones que se han hecho en los últimos años para el control del lavado de activos y financiación del terrorismo para entender hacia dónde está orientado el sistema. Analizando los nombres se entiende lo que se pretende hacer con el sistema antilavado y antiterrorismo”
Marteau reconoce que “el país tiene normas, pero carece de reglas claras para la aplicación. No tenemos una evaluación de riesgo, no sabemos cuáles son las mayores amenazas y quien termina sufriendo las consecuencias de una carga del derecho y los controles es el ciudadano común”.
No duda en señalar que el lavado de dinero ligado al problema de la seguridad está entre los que ocupan los primeros cinco lugares en la Argentina que viene. No cree que haya que copiar modelos de otros países para hacerle frente. “La urgencia argentina es entenderse y entender cuáles son los procesos y los proyectos que tanto los líderes de la clase política como de la dirigencia en general, tienen que tener en estos temas”.
Terrorismo y narcotráfico
Sobre la lentitud de la Justicia Penal en avanzar en causas contra funcionarios públicos, Marteau señala que “el problema de la crisis de la autoridad que hay en la Argentina al momento de aplicar las leyes resulta notorio. La autoridad en la Argentina y en el Estado de derecho se manifiesta en la legalidad; cuando la legalidad está torcida y se crean una multiplicidad de mecanismos para que la ley penal no se aplique significa una controversia directa al criterio y al principio de autoridad”. Como desafío para quienes trabajan en el campo de la criminalidad compleja, “de esta criminalidad más fría, que no se ve en los diarios porque eventualmente no hay hechos de sangres directos requiere una estrategia muy estilizada, pero mucha decisión política y la contribución que podemos hacer desde la Universidad es entender que los debates no deben ser sólo de ideas, ideológico, tienen que aportar herramientas a los que toman decisiones para reconstituir en una gran medida el criterio de autoridad del Estado y finalmente la creencia de que es posible vivir en un marco de libertad más estrecho, pero que sea posible vivir en un marco de respeto en función de respetos legales”.
La palabra terrorismo tiene fuerte connotación en la Argentina, pero Marteau considera que no es conveniente anclarse en el pasado, sino entender qué significa en la actualidad. “Hay aspectos que tienen que ver con la experiencia y con las generaciones que tienen que entender estos problemas. Una gran parte de los que hoy toman decisiones siguen anclados en el pasado y hablan de terrorismo en términos de terrorismo de Estado. Para otra generación y que están mirando a la Argentina que viene, los desafíos son las nuevas insurgencias globales que no están tan lejos de la Argentina y que ya se hicieron presentes en el país. La tarea es entender que terrorismo significa amenazas al Estado para que tome decisiones -muchas veces erráticas- para que deje de actuar en función del bien común, para que deje de cumplir su función prioritaria. Esto es el terrorismo. Frente a las nuevas formas de terrorismo, tan disímiles, tan dañinas, y que producen controversias no sólo nacionales sino regionales, creo que el Estado argentino debería dar signos de madurez y entender que la democracia implica asumir la necesidad de sancionar con rigor a las insurgencias terroristas que se presentan hoy en día”.
En cuanto al narcotráfico, más allá del decomiso o la detención de eventuales integrantes de organizaciones “desde la criminalidad financiera pretendemos plantear que el éxito o el desafío de la investigación debería estar en el desmantelamiento de las empresas criminales que están detrás, en quitarles el dinero, disminuirles la capacidad operativa, en incautarle los bienes para funcionar. Allí está el desafío de entender cuál es el la trama financiera, la ruta del narcotráfico, del dinero ilícito. Estas organizaciones ha demostrado una evolución notable, estrategia significativa a la hora de esconder su dinero e introducirlo nuevamente en la economía formal”.
» Lo peor que le puede pasar a la clase dirigencial argentina es verse cooptada por capitales ilícitos. Una vez que se hace un pacto allí, es díficil salir”.
Fuente: El Litoral, 16/04/14.
Acusado de «cajonear» expedientes, Sbatella complicó a Echegaray.
Por Paz Rodríguez Niell.
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, está acusado de «cajonear» reportes de operaciones sospechosas de lavado de dinero y en su estrategia de defensa apuntó contra otro funcionario del Gobierno: Ricardo Echegaray, el jefe de la AFIP.
Sbatella presentó un escrito judicial en el que dijo que la AFIP le hizo saber «recién en junio de 2012» de un blanqueo millonario que había hecho más de dos años antes Mauricio Álvarez Sarria, el hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff (conocido como «Gran Hermano»), acusado de narcotráfico, detenido en la Argentina en 2011 y extraditado a los Estados Unidos. Como consecuencia de esta afirmación de Sbatella, el diputado Fernando Sánchez denunció esta semana a Echegaray y pidió que se lo impute a él también por los delitos de «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento agravado«.
Esta denuncia fue derivada por el juez de la causa, Julián Ercolini, al fiscal a cargo de la investigación contra Sbatella, Eduardo Taiano, quien ayer trabajaba en una ampliación del requerimiento de instrucción original que sumaría a Echegaray a la lista de funcionarios por investigar.
LA NACION se comunicó ayer con la AFIP, pero en el organismo no hicieron comentarios sobre el caso.
La denuncia que dio origen a este expediente fue presentada contra el jefe de la UIF por los legisladores Sánchez, Ernesto Sanz y Martín Lousteau. Haber «cajoneado» el expediente de Álvarez Sarría fue sólo una de las acusaciones contra Sbatella. También le endilgaron irregularidades en la investigación de otros supuestos casos de «narcolavado» de dinero.
Según los denunciantes, Sbatella cometió el delito de incumplimientos de sus deberes en los casos de Henry de Jesús Londoño, alias «Mi Sangre», y de Luis Medina, investigado por tráfico de drogas en Rosario y acusado de haber tenido relación con el ataque a la casa del gobernador Antonio Bonfatti.
Además, lo acusaron de haber impedido una revisión integral de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de haber «obstaculizado» el acceso a la información.
Pidieron también investigar un supuesto «desmantelamiento» de los equipos de trabajo. Los legisladores dieron cuenta de un supuesto conflicto entre Sbatella y quien era el vicepresidente de la UIF, Gabriel Cuomo, experto en investigaciones, que renunció. Dijeron asimismo que el GAFI, que controla a la UIF, había advertido deficiencias en los cuadros técnicos del organismo.
Cuomo declaró en la causa anteayer. Dijo que antes de la UIF había trabajado con Sbatella en la Anses y en la Comisión de Defensa de la Competencia; que las discrepancias que tenía con su jefe eran «en las formas», pero que le tenía un «profundo respeto profesional», y que su alejamiento de la UIF se debió a «una decisión personal». El juzgado planea ahora seguir citando a gente ligada a la UIF para ver si es cierto que se desactivaron equipos de investigación.
Además, esta semana el juez le ordenó a Sbatella que le entregara una serie de reportes de operaciones sospechosos (ROS) y de expedientes para analizar su comportamiento.
En paralelo, avanza en la fiscalía de Taiano otra causa que tiene un objeto es más amplio: está destinada a investigar la presunta arbitrariedad de Sbatella para avanzar en algunos casos de posible lavado y frenar otros; entre ellos, el de Lázaro Báez.
El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner.
Por Santiago Pérez y Taos Turner.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, en un acto político en 2008. Reuters
RÍO GALLEGOS, Argentina — Durante los 11 años en los que han dominado la política nacional, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y su difunto esposo, Néstor Kirchner, han acumulado una pequeña fortuna.
Entre 2003, cuando Néstor Kirchner fue electo presidente, y 2010, cuando murió, el patrimonio de la pareja aumentó de US$2,5 millones a US$17,7 millones, según sus declaraciones juradas anuales ante la Oficina Anticorrupción. Muchos argentinos quieren saber de dónde provino ese dinero.
Una serie de investigaciones judiciales ha sacudido la política argentina al dirigir la atención a negocios de altos funcionarios y sus socios. A fines de junio, el vicepresidente Amado Boudou fue procesado por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con su función en relación a la compra de una imprenta en bancarrota. Un ex secretario de Transporte fue procesado en abril bajo cargos de enriquecimiento ilícito. Ambos han negado las acusaciones. Hace dos años, una ex ministra de Economía fue condenada por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público en una investigación sobre una bolsa con efectivo hallada en el baño de su oficina.
No obstante, la investigación que ha generado más polémica tiene que ver con un empresario del sector constructor con lazos estrechos con los Kirchner. Un fiscal en Buenos Aires acusó a Lázaro Báez de lavar cerca de US$65 millones a través de una red global de empresas fantasma. El fiscal, José María Campagnoli, dijo en una entrevista que el dinero habría sido desviado de fondos del gobierno destinados a obras públicas y que Báez era testaferro de los Kirchner.
Pero la pesquisa de Campagnoli fue interrumpida cuando las autoridades judiciales lo suspendieron, acusándolo de excederse en sus funciones y filtrar información a los medios. Campagnoli niega las acusaciones y afirma que es perseguido por investigar la corrupción. Ahora encara un proceso judicial por el que podría ser destituido.
En una entrevista, Báez negó las acusaciones del fiscal, que calificó como parte de una campaña para perjudicar a su empresa y desacreditar al gobierno kirchnerista. Un portavoz de Báez ha dicho que el empresario no tiene inversiones en ningún país fuera de Argentina.
Funcionarios del gobierno de Kirchner no respondieron a pedidos de comentarios sobre la riqueza de la presidenta o las investigaciones de corrupción. En su única declaración pública sobre su patrimonio —un intercambio tenso y escueto con estudiantes de la Universidad de Harvard en 2012— Kirchner, de 61 años, dijo: «Teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también, gracias».
Pero los escándalos han socavado la popularidad de Kirchner en un momento delicado. Cuando le quedan menos de 18 meses de mandato, la presidenta intenta estabilizar una de las economías más vulnerables de América Latina. La inflación galopante y la escasez de divisas han llevado a Argentina a la recesión. Sólo 26% de los argentinos aprueban su gestión, según una encuesta reciente de la consultora Management & Fit.
Asimismo, el país mantiene una disputa judicial con un grupo de acreedores extranjeros. En junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó analizar un fallo de un tribunal de menor instancia que exige a Argentina pagar toda la deuda que mantiene con un puñado de bonistas que rechazaron su oferta de unos 30 centavos por dólar sobre cerca de US$100.000 millones en deuda que incumplió en 2001. El gobierno sostiene que no tiene dinero para acatar la orden. Pero si no lo hace hasta el miércoles, el país podría enfrentar su segunda cesación de pagos en 13 años.
Uno de los acreedores que no aceptaron canjes —conocidos como holdouts—, el fondo de cobertura estadounidense NML Capital Ltd., quiere que una corte federal de Nevada le ayude a embargar activos que, afirma, están en manos de firmas fantasma de Báez, alegando que el dinero fue básicamente robado del Estado argentino. Un tribunal federal de Nueva York ha determinado que NML tiene derecho a obtener información sobre activos argentinos en el exterior en su intento por cobrar la deuda. Un vocero de Báez describió la solicitud de NML como «oportunista y poco seria en su concepción».
Los Kirchner forjaron una exitosa reputación en Argentina al presentarse como defensores de los oprimidos. Cristina Kirchner fue electa en 2007, reemplazando a su marido.
Manuel Garrido, un ex fiscal anticorrupción durante los mandatos de los Kirchner, dice que los escándalos «reflejan el surgimiento de un capitalismo clientelar, oligarcas que emergieron en la última década al calor de sus vínculos con los funcionarios». Garrido renunció en protesta en 2009, afirmando que los Kirchner limitaron sus poderes de investigación después de que indagó presuntos actos de corrupción que involucraban al gobierno. Funcionarios no respondieron a pedidos de declaraciones.
Austral Construcciones S.A., la principal empresa de construcción de Báez, fue creada semanas antes de que Néstor Kirchner asumiera el poder en 2003. Desde que la pareja se mudó a la Casa Rosada, el palacio presidencial, la firma de Báez ha recibido cientos de millones de dólares en contratos de obras públicas en Santa Cruz y se ha convertido en el mayor empleador del sector privado en la provincia.
Báez, de 58 años, contó que conoció a Néstor Kirchner jugando al basquetbol y al fútbol en los años 70. Su amistad se fortaleció gracias a su amor por los deportes y el activismo político en el movimiento peronista. Kirchner solía ir a su chacra, dijo, para jugar al fútbol y comer asados.
Durante una entrevista en su oficina, sentado frente a una inmensa fotografía de los Kirchner en un acto político, Báez dijo que su empresa se expandió rápidamente porque los Kirchner elevaron el gasto público para fomentar el crecimiento regional, el empleo y el desarrollo social.
«Esta no es una empresa fantasma», aseveró mientras caminaba por la sede de su firma en Río Gallegos, la melancólica capital de Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Mostró docenas de topadoras, trituradoras, camiones y otra maquinaria pesada.
Báez afirmó que el gasto público de los Kirchner transformó Santa Cruz, una provincia rica en petróleo, y el país. Dijo que Austral Construcciones cambió las reglas del juego en un sector donde media docena de compañías dominaban las licitaciones de obras públicas. Conduciendo su pickup Toyota Hilux negra por Río Gallegos, señaló una nueva escuela y proyectos de vivienda pública que su empresa construyó con financiamiento del gobierno nacional.
«La mayoría que escribe sobre esto no sabe lo que hacemos,» comentó mientras caminaba por el gimnasio de la nueva escuela. Aseguró que este tipo de infraestructura moderna no existiría sin los Kirchner.
«La cuestión judicial nos ha hecho un daño gigantesco,» indicó. El escándalo «nos quita a nosotros mucho nivel de participación en la obra pública, es una manera elegante de sacarnos de la cancha».
Báez dijo que el negocio de su empresa es transparente. Atribuyó el escándalo a un intento de sus detractores por descarrilar sus esperanzas de ganar una licitación para construir un proyecto hidroeléctrico de casi US$5.000 millones.
En abril de 2013, el periodista argentino Jorge Lanata hizo revelaciones sobre la empresa de Báez en su popular programa de noticias. «Periodismo para todos» mostró entrevistas grabadas con una cámara oculta a Leonardo Fariña, quien dijo que manejaba una fortuna de US$5.000 millones para Báez y se desempeñaba como su valijero.
En los videos, Fariña afirmó que socios de Báez cargaban valijas de efectivo en el jet ejecutivo del empresario y las transportaban a Buenos Aires. Allí, el dinero era llevado a una firma de servicios financieros conocida informalmente como «La Rosadita», afirmó, a cinco cuadras de la Casa Rosada. Había demasiado dinero para ser contado a mano, explicó, así que lo pesaban para determinar su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales. Fariña también contó haber jugado al fútbol y socializado con Néstor Kirchner. Federico Elaskar, dueño de la firma financiera, apareció en el programa y corroboró los comentarios de Fariña.
Después de la emisión del programa, tanto Fariña como Elaskar se retractaron, diciendo que le habían mentido a Lanata. Pero Campagnoli dijo que su equipo verificó sus vínculos con Báez y su participación en una presunta trama de lavado de dinero que utilizó una red de empresas fantasma.
En una reciente entrevista, Campagnoli alegó que Báez era un testaferro de los Kirchner y que desvió fondos destinados a proyectos de obras públicas. Dijo que solicitó allanamientos en las residencias de los Kirchner para conseguir pruebas. El pedido fue rechazado por un juez. Báez aseguró que llevó a cabo los contratos de obras públicas de forma apropiada y desestimó como «ridículas» las acusaciones de que había trasladado valijas de efectivo.
En diciembre pasado, después de que Campagnoli presentó dos informes a un juez federal, fue suspendido tras ser acusado de filtrar información y excederse en su jurisdicción.
El caso fue tomado por otro fiscal y ahora está en manos del juez federal Sebastián Casanello. A principios de mayo, procesó a Fariña y Elaskar por lavado de dinero no relacionado a sus presuntos vínculos con Báez, pero no ha presentado cargos contra el empresario. La investigación continúa.
Fariña se encuentra en la cárcel mientras aguarda un juicio por evasión fiscal vinculado a otra investigación. Su abogado, Iván Mendoza, reconoció que su cliente había llevado a cabo negocios con Báez pero dijo que Fariña no es culpable y que está pagando un precio por su estilo de vida extravagante.
Intentos de contactar a Elaskar y su abogado fueron infructuosos. Elaskar negó los cargos en su testimonio en la corte y añadió que el programa de TV le significó grandes problemas. «Me metieron en una máquina de hacer chorizos», sostuvo.
Campagnoli fue restituido como fiscal la semana pasada, pero el proceso que finalmente podría costarle el cargo continúa. «Sabíamos que iba a terminar mal», aseveró. «Lo hice porque soy un fiscal y tengo un equipo que piensa como yo».
Ignacio Rodríguez Varela, un secretario judicial quien trabajaba para Campagnoli, dijo que la investigación «era como lo que se podía ver a través del ojo de una cerradura, por lo que pudimos ver y lo que podríamos haber descubierto si se nos hubiera permitido continuar.»
Ricardo Monner Sans, un abogado que ha denunciado casos de corrupción, sostuvo que el juez a cargo del caso «ha hecho todo un esquive referido a Báez. Si profundiza, debería llegar a los Kirchner».
El juez Casanello lo negó. «Un juez tiene que buscar la verdad a toda costa sin olvidarse nunca de respetar los derechos garantizados en la Constitución y el código procesal», dijo. «Es falso que no se investiga o que se investiga lentamente».
El creciente patrimonio de los Kirchner había sido objeto de una investigación en 2009. El juez federal Norberto Oyarbide, quien ha sobrevivido reiterados intentos de destituirlo de su cargo, sobreseyó al matrimonio. Afirmó que los investigadores concluyeron que no había problemas y que el caso quedaba cerrado.
Garrido, el fiscal anticorrupción que renunció en 2009, y Alfredo Popritkin, un contador forense y ex perito de la Corte Suprema, señalaron en entrevistas que los Kirchner nunca explicaron de forma fehaciente cómo incrementaron su riqueza de US$5,4 millones en 2007 a US$12,8 millones en 2008.
En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que obtuvieron la mayor parte de su patrimonio mediante numerosas transacciones inmobiliarias en Santa Cruz y de depósitos de efectivo.
Garrido dijo que no se hizo una valuación apropiada de los activos inmobiliarios. Popritkin aseveró que el matrimonio nunca presentó documentos que demostraran cómo lograron obtener tasas de interés mayores a las del mercado.
Los vínculos empresariales entre Báez y los Kirchner son extensos, según documentos a los que tuvo acceso The Wall Street Journal. Incluyen préstamos, transacciones de inmuebles, copropiedad de terreno y desarrollos inmobiliarios conjuntos.
También involucran pagos relacionados con Alto Calafate, un hotel boutique que pertenece a los Kirchner en un destino turístico en la Patagonia cerca del glaciar Perito Moreno.
En 2010, por ejemplo, la empresa de Báez alquiló 90 noches de habitaciones por mes en el hotel, uno de varios que poseen los Kirchner en El Calafate, según una copia del contrato visto por The Wall Street Journal. Una habitación en el hotel cuesta entre US$140 y US$238 la noche, indica el documento. Al precio inferior, eso generaría cerca de US$4.500.000 en ingresos hoteleros en un año.
El vocero de Báez reconoció los acuerdos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, dijo que las transacciones hoteleras son «acuerdos privados entre personas y que fueron declarados tanto por el ex presidente como por la actual presidenta».
En la última década, Báez se ha convertido en uno de los mayores terratenientes de Argentina, al comprar decenas de miles de hectáreas en Santa Cruz, de acuerdo con registros públicos.
En 2006, Jorge Molfino, un residente de Santa Cruz, vendió un rancho de 10.000 hectáreas a Austral Construcciones. Molfino dijo que pidió US$1,5 millones, pero que un representante de Báez ofreció pagarles US$1,6 millones en ocho cuotas, bajo la condición de que la última de US$200.000 fuera destinada a la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Aceptó la propuesta.
Voceros de Báez y el gobierno no respondieron a pedidos de comentarios.
Tras la muerte de Néstor Kirchner, Báez erigió un mausoleo de tres pisos en su honor en Río Gallegos, inspirado en el Dôme des Invalides en París, donde se encuentra la tumba de Napoleón.
Una placa conmemorativa, colocada por Báez, adorna una pared adyacente a la entrada: «Aquí descansa Néstor Carlos Kirchner, el santacruceño que cambió la Argentina y, sobre todo, un amigo».
Norberto Oyarbide convierte en escándalo todo lo que toca. Esta vez, es cierto, creó un escándalo nuevo sobre un escándalo que ya existía. ¿Por qué también el grave caso que involucra a Sergio Schoklender y a las Madres de Plaza de Mayo recayó en su juzgado? ¿Fue limpio e imparcial el sorteo que lo habilitó a investigar esos supuestos abusos? ¿Existe una manera de que el oficialismo pueda encontrar el juez oportuno en el momento indicado, a pesar de que gran parte de las causas judiciales son sometidas al sistema del azar informático?
Vale la pena plantear una primera conclusión. Es raro, al menos, que todas las causas sensibles para el Gobierno, o potencialmente graves, hayan recaído en los últimos años en el juzgado de Oyarbide. Hay nueve jueces federales de un total de doce, pero ningún otro magistrado del fuero penal federal resulta nunca seleccionado para investigar al oficialismo. Oyarbide es también juez subrogante de otro juzgado vacante. Las posibilidades de Oyarbide de resultar sorteado son mayores, por lo tanto, pero eso no explica que los otros ocho jueces sean siempre ignorados por el supuesto azar del sistema.
El patrimonio del matrimonio Kirchner ; el caso de las escuchas telefónicas que afectan a Mauricio Macri (uno de los enemigos más aborrecidos por el kirchnerismo); la investigación sobre la corrupción del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime; el escándalo por el manejo de la obra social de los camioneros por parte de Hugo Moyano; el exhorto suizo que pidió información sobre Moyano y sus presuntos socios, y, ahora, la pesquisa sobre los eventuales delitos de lavado de dinero por parte del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, son sólo algunos de los expedientes que cayeron en manos de Oyarbide, gracias a un juguetón sorteo, aparentemente arbitrario.
Oyarbide nunca defraudó: los Kirchner fueron sobreseídos; Jaime no está preso a pesar de las muchas pruebas en su contra y Moyano no fue ni siquiera citado a indagatoria cuando a otro dirigente sindical, el duhaldista Gerónimo Venegas, el juez mandó detenerlo durante algunos días. Oyarbide procesó a Macri por asociación ilícita con muchas menos evidencias que las que ya existen contra Moyano.
Hay muchos jueces sensibles a los intereses del gobierno, pero ninguno como Oyarbide está dispuesto a cambiar de dirección con el correr de las horas. Este gobierno pide una cosa un día y otra cosa al día siguiente , asegura otro magistrado. Ese ritmo voluble encuentra, sí, pocos jueces dispuestos a seguirlo; el riesgo que corren es el de caer en el mismo desprestigio que ya acosa irremediablemente a Oyarbide.
En la jerga judicial hay un término que se usa para describir el sistema de sorteos: la «puerta de atrás». Según la confesión de varios magistrados, el método consistiría en que una computadora madre, ubicada en una sala distinta de la de los sorteos, digitaría el nombre de los jueces que aparecen luego en la oficina donde se hacen los sorteos.
Si eso fuera cierto, el oficialismo podría manipular los sorteos a través del propio sistema informático y de los funcionarios que se encuentran a cargo de él. En fueros distintos del penal federal circula el testimonio de muchos que aseguran que existen «gestores» para conseguir el sorteo buscado. Un sector del mundo judicial manifiesta desconocer cualquier método de digitación, pero tampoco niega su existencia. Dice no saber, simplemente. Puede explicarse: muchas causas caerían por defectos de origen si esas maniobras se comprobaran.
Un viejo proyecto para crear una base informática unificada está en manos de la Cámara de Casación desde hace mucho tiempo, pero ésta carece siempre de los recursos financieros para concretarla. Ese nuevo sistema informático, invulnerable según los técnicos que tuvieron acceso al proyecto, podría unificar también los sorteos. El problema es que tal proyecto nunca pudo traspasar la frontera hacia su concreción.
La sospecha política y social hacia los sorteos llegó hasta la cima misma del Poder Judicial. Los jueces están preocupados porque sólo la duda sobre la transparencia ya le hace daño a la Justicia , dijeron en despachos cercanos a la Corte Suprema de Justicia. La preocupación llegó a la propia Cámara Federal, instancia superior a los jueces federales; el cuerpo decidiría en los próximos días sacarle a Oyarbide todo el caso (o parte importante de él) sobre Schoklender y las Madres de Plaza de Mayo. La decisión de la Cámara se respaldaría en que otro juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, recibió antes una denuncia de un abogado particular sobre el caso Schoklender. Martínez de Giorgi es, por lo tanto, el juez original de la causa.
Nunca la Justicia fue tan veloz en la Argentina como en la semana que pasó. El lunes último, un abogado pidió ante Martínez de Giorgi la investigación de Schoklender por lavado de dinero. El martes, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, dijo que estaba buscando pruebas contra Schoklender, después de retener el expediente durante un año. El miércoles, Sbattella encontró de pronto las pruebas y las giró con urgencia al fiscal Raúl Pleé. El jueves, Pleé dictaminó que había razones para investigar a Schoklender. Ese mismo día resultó sorteado Oyarbide y otro fiscal, Jorge Di Lello, se hizo cargo de la investigación. En sólo 24 horas, con un ritmo de vértigo, ya existían una causa abierta, dos fiscales y un juez. Oyarbide sobreactuó de inmediato: ordenó allanamientos y les cerró las fronteras del país a los investigados.
¿Alguien no quería que Martínez de Giorgi avanzara con la denuncia que recibió para que el caso quedara en manos de Oyarbide? Es probable. La Cámara Federal desbarataría esa operación devolviendo próximamente todo el caso a Martínez de Giorgi.
La intranquilidad del Gobierno no carece de argumentos: el caso Schoklender podría afectar seriamente a Hebe de Bonafini y al propio Gobierno. La Fundación de las Madres recibió importantes concesiones directas de obras, sin licitación, para la construcción de viviendas por ser una ONG sin fines de lucro. Resulta, sin embargo, que el dinero que giraba el Gobierno iba a parar a manos de una empresa privada, Meldorek, la auténtica contratista, propiedad de Schoklender, según reveló La Nacion. Schoklender mintió públicamente en los últimos días asegurando que él no era dueño de esa empresa. Podrían agregarse, por lo menos, los delitos de fraude al Estado y de incumplimiento de los deberes de funcionario público para ministros y secretarios de Estado.
Las recientes mentiras de Schoklender cambiaron viejas afirmaciones suyas. ¿De quién es esta empresa? , lo consultó hace algún tiempo un ex funcionario kirchnerista. Mía , le contestó Schoklender. Las viviendas que construye Schoklender son rápidas de edificar, pero muy frágiles, una mezcla de alambres, telgopor y una pátina de cemento. No se puede poner un clavo para colgar una foto , dice alguien que conoció el producto. Schoklender estuvo interesado en tiempos recientes en ampliar sus negocios y venderles esas casas a las petroleras como viviendas sólo transitorias para sus trabajadores.
La Presidenta se alarmó en Roma cuando conoció la noticia de la verdadera propiedad de Meldorek, que Schoklender desmintió hasta horas antes. Fue eso lo que la retuvo en el hotel y le impidió concurrir al acto central de los 150 años de la unidad italiana. Horas después, el Gobierno comenzaba a cambiar su posición. El canciller Héctor Timerman separó a Schoklender de Hebe de Bonafini, pero el ministro del Interior, Florencio Randazzo, lo sepultó. Las Madres pudieron ser defraudadas , disparó contra el contratista oculto. Adiós, Schoklender.
La historia aguarda al kirchnerismo con el reconocimiento por haber promovido la revisión del pasado y con el reproche por haber convertido la noble causa de los derechos humanos en una simple herramienta para la construcción y la destrucción política. Fuente: La Nación, 05/06/11.
En la Argentina debería conocerse el flujo y destino de los fondos públicos.
La opacidad se hizo evidente en el affaire de Schoklender, pero debería
saberse qué sucede con Aerolíneas, el Fútbol para Todos o los fideicomisos.
El caso Schoklender no hizo más que reiterar un problema sistémico que aqueja a la asignación de recursos públicos en la Argentina de los últimos años (¿décadas?): tales recursos se asignan con discrecionalidad, arbitrariedad, opacidad y falta de control.
Nadie nos ha explicado cuál es la “ventaja competitiva” de una organización de derechos humanos para recibir fondos públicos destinados a construir viviendas sociales. Nadie nos ha informado, oficialmente, las cifras asignadas a dicha organización para ese fin. Nadie nos ha explicado, oficialmente, el destino de esos recursos. La cantidad de viviendas construidas, cuántas en ejecución, el costo individual, y cualquier otro dato de utilidad para sacar conclusiones “objetivas”.
No se trata de demostrar una compleja teoría de la física cuántica o de esclarecer crímenes o atentados terroristas. Se trata, simplemente, en la era de la informática, de presentar una planilla de cálculo en Internet o, si se prefiere algo más primitivo, un informe contable, de no más de una carilla, con los datos. Pero los datos no se presentan. Se hacen declaraciones públicas, discursos de apoyo y/o ataque sobre la integridad o delincuencia de unos u otros, pero la información relevante no se entrega.
Pero este es sólo un caso. Tenemos la misma “ignorancia” en asignaciones de gasto iguales o mayores aún. La maraña de subsidios a la energía, el transporte o a algunos alimentos que superan los 60 mil millones de pesos. Los fideicomisos para distintas obras públicas. Los gastos en la Televisión Pública o en el Fútbol para Todos, o los balances de Aerolíneas Argentinas. Todos son datos “escondidos”, ocultos en informes genéricos –cuando los hay– o en partidas indescifrables que requieren la presencia de un experto o de un grupo de investigaciones al nivel de las mejores series de televisión del género.
Insisto: en la era de la electrónica, los programas de cálculo y la interconexión global, toda información de ingresos y gastos públicos (con excepción de alguna información sensible, vinculada con la defensa nacional y la seguridad) debería estar a disposición del público a uno sólo “clic”.
Resulta curioso que, en muchos casos, las regulaciones obliguen al sector privado a presentar balances, información sobre movimientos bancarios, compras, ventas, gastos y cualquier otro dato vinculado con su evolución económica financiera, mientras la asignación de fondos públicos se maneja sin publicidad, sin reglas, sin control.
Obviamente, como detrás de cada peso del Estado hay dos “privados” (uno que paga y otro que cobra), los intereses en juego para que esta “opacidad” se mantenga son muchos e importantes.
Pero eso sucede en todos los países del mundo, y ello no ha sido obstáculo para que las sociedades verdaderamente democráticas, republicanas y progresistas, sociedades que están a la vanguardia de la calidad de vida global, hayan impuesto normas de convivencia que incluye la transparencia y abundancia de información pública acerca del manejo de los recursos que se administran. La existencia de controles cruzados con vigencia plena de las leyes y de la independencia de la Justicia.
El caso de las Madres de Plaza de Mayo es un caso más entre muchos. Este llama más la atención, por la magnitud representativa de las personas involucradas o por lo mediático y hasta morboso que resulta la presencia de alguno de los personajes mencionados. Pero el problema supera el de unas miles de viviendas sociales construidas, bajo sospecha.
Lo que queda explícito es que la Argentina carece de un sistema que le otorgue a los ciudadanos el control de los actos de gobierno. Un sistema que permita medir, evaluar, comparar, analizar los gastos e inversiones que se realizan. Esa es la razón principal por la cual, pese al espectacular incremento del gasto público en estos últimos años, la calidad de los bienes y servicios que se reciben del Estado (salvo excepciones) ha empeorado.
Si el Gobierno realmente quiere “despegarse” del caso Madres/Schoklender, le bastará con presentar la información respectiva y terminar la discusión.
Corrupción y corruptos hubo y hay en todas partes, en todas las épocas y bajo todos los regímenes. Pero hay mecanismos institucionales que la limitan y mecanismos que la favorecen. En la Argentina la favorecen. Y usted sabe por qué. Fuente: Perfil, junio de 2011.
Jóvenes K utilizan la oficina antilavado contra adversarios
Cada vez más acciones de la UIF dependen de la relación de personas y empresas con el Gobierno
Por Hugo Alconada Mon
Las órdenes son explícitas, directas. «Hay que hacer mierda a tal empresario.» O también la opuesta: «Con tal otro no jodamos». Esas frases se tornaron recurrentes durante los últimos meses, en los que la Unidad de Información Financiera (UIF) se convirtió en una creciente herramienta política, con un peso notable de jóvenes militantes de Libres del Sur, La Cámpora y otras agrupaciones, indicaron cinco fuentes que trabajaron o aún trabajan dentro de la unidad antilavado local a La Nacion.
La incorporación de esos funcionarios, agentes y empleados a la unidad que tiene acceso a la información bancaria, financiera y bursátil más sensible de todo el país se definió por afinidad ideológica con el Gobierno y las dos máximas autoridades de la UIF –José Sbattella y Gabriel Cuomo-, más que por sus conocimientos técnicos en la detección de operatorias de lavado o financiamiento del terrorismo. Las últimas incorporaciones también incluyeron a algunos familiares de funcionarios o sin que mediara una especialización técnica -hasta superar la docena-, aunque la inexperiencia de algunos empleados dentro de la UIF resulte ya algo recurrente. Como reveló La Nacion a fines de 2009, la anterior presidenta de la Unidad, Rosa Falduto, llegó a nombrar a la empleada de la peluquería a la que asistía y a un profesor de gimnasia amigo de sus hijos. Pero la nueva gestión, que prometió terminar con esos nombramientos, los continuó. Nombró a una joven estudiante de Derecho que trabajaba en una panadería y con nula experiencia antilavado.
Afines al movimiento Libres del Sur, La Cámpora o la Juventud Peronista, algunos de esos nuevos funcionarios y agentes de la UIF protagonizaron varios cortocircuitos con el personal más experimentado, que arribó al organismo durante las gestiones de Falduto o incluso de Alicia López.
Uno de los episodios folklóricos registrados durante los últimos meses ocurrió cuando una de los recién llegados comenzó a recomendar la lectura de Las venas abiertas de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a sus colegas técnicos más antiguos, frente a por lo menos otros cuatro empleados de la UIF. Esa invitación no pasa de resultar una simple anécdota. Pero, sin embargo, se combinó sí con otras sugerencias más incómodas. Entre otras, para que los técnicos veteranos asistieran a mítines políticos, indicaron dos fuentes a este diario.
La politización de la UIF acumula antecedentes. Entre otros, la filtración de datos de inteligencia financiera secreta en perjuicio del candidato opositor Francisco de Narváez a mediados de 2009, lo que provocó que la unidad antilavado estadounidense (FinCen) cortara el intercambio, y la creación de un grupo de trabajo para avanzar contra Clarín, como reveló La Nacion durante 2010. Ahora, el proceso se extendió al personal.
Acciones sesgadas
«Los «nuevos» están politizados a full «, indicó uno de los informantes. «No tienen capacitación técnica, ni experiencia, y eso los lleva a tomar decisiones temerarias», abundó. Entre otras, el envío a la Justicia penal de algunos reportes al sólo efecto de generar «ruido» mediático -y fueron desestimados sin más en los tribunales-, la aplicación de algunas multas luego recurridas o la decisión de llevar adelante las primeras inspecciones, cuya legalidad cuestionaron incluso algunos abogados dentro del propio organismo. Así ocurrió días antes de golpearles la puerta a las joyerías y firmas de remesas.
Los perfiles en Twitter, Facebook y en otros foros de Internet similares de algunos agentes de la UIF muestran otros rasgos comunes de la nueva camada. Desde críticas al vicepresidente Julio Cobos -«andate traidor»- hasta vínculos con páginas de Barrios de Pie, Proyecto Sur, el Ateneo Conciencia Nacional o El Eternauta -en su versión kirchnerista-, una visión que, según sus críticos dentro de la propia UIF, los lleva a tomar decisiones -como la difusión de la aplicación de multas multimillonarias a algunos bancos, como la primera, contra el Banco Galicia, que aún no estaba firme- y postergar otras investigaciones.
Dentro de la Unidad, coincidieron tres fuentes, ahora es común escuchar comentarios como «siempre estos mismos empresarios» o «a éstos hay que hacerlos mierda». Eso se plasma, luego, en la revisión de las actividades bancarias, financieras e incluso tributarias de los señalados. Ese fue el caso de dos altos ejecutivos del Grupo Clarín, José Aranda y Lucas Pagliaro.
Entre esos jóvenes con perfil más militante, figuran algunos agentes: Maximiliano Braunschweig, Adrián Rodríguez, Daniela Heredia, Martín Olari Ugrotte; también, el secretario general ejecutivo, Federico Denegri, y la directora del área de Asuntos Jurídicos, Mariana Quevedo.
Consultados por La Nacion allegados a Sbattella desmintieron que La Cámpora haya hecho pie firme en la UIF, más allá del eventual arribo de algún simpatizante. Pero sí confirmaron la militancia de otros en Libres del Sur, aunque relativizaron su importancia en la toma de decisiones. El referente de esa corriente, Humberto Tumini, aclaró que Sbattella se distanció de la agrupación antes de llegar a la UIF y que militantes podrían trabajar allí «como todavía trabajan en Desarrollo Social o Economía». Pero aclaró «que no hay un sólo miembro de Libres del Sur con responsabilidades políticas en este Gobierno».
El arribo de ese personal se combinó, en tanto, con la salida de técnicos más antiguos. Y, también, con presiones para que no trasciendan las estadías de placer de altos funcionarios de la UIF en Aruba, Washington y París, entre otros destinos durante 2010, más allá de lo que requerido por el trabajo profesional y a costa del Estado nacional. Fuente: La Nación, 15/05/11.
Máximo Kirchner, hijo de Cristina y Néstor Kirchner.
Mario Vargas Llosa: “La corrección política es enemiga de la libertad”
Entrevista al escritor Mario Vargas Llosa, quien esta semana publica su ensayo La llamada de la tribu (Alfaguara), un alegato a favor del pensamiento liberal a través de siete autores que le influyeron y a los que rinde homenaje.
Redacción: Maité Rico, subdirectora de El País.
Combativo, desbordante, de carcajada fácil, el premio Nobel se multiplica en viajes y en frentes intelectuales, urdiendo ficciones y escudriñando realidades. .
¿Por qué el pensamiento liberal es la diana de tantos ataques?
Ha sido el blanco de las ideologías enemigas de la libertad, que con mucha justicia ven en el liberalismo a su adversario más tenaz. Y eso lo he querido explicar en el libro. El fascismo, el comunismo han atacado tremendamente al liberalismo, sobre todo caricaturizándolo y asociándolo a los conservadores. En sus primeras épocas el liberalismo fue asediado sobre todo por la derecha. Ahí están las encíclicas papales, los ataques desde todos los púlpitos a una doctrina que se consideraba enemiga de la religión, enemiga de los valores morales. Creo que estos adversarios definen muy bien la estrecha relación que existe entre el liberalismo y la democracia. La democracia ha avanzado y los derechos humanos han sido reconocidos fundamentalmente gracias a los pensadores liberales.
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Los autores que analiza tienen rasgos comunes, entre otros, que nadaron contra corriente. Incluso dos libros de Hayek y Ortega estuvieron prohibidos. ¿Un liberal está condenado a ser un corredor de fondo solitario?
El liberalismo no solo admite, sino que estimula la divergencia. Reconoce que una sociedad está compuesta por seres humanos muy distintos y que es importante preservarla así. Es la única doctrina que acepta la posibilidad de error. Por eso insisto mucho: no es una ideología; una ideología es una religión laica. El liberalismo defiende algunas ideas básicas: la libertad, el individualismo, el rechazo del colectivismo, del nacionalismo; es decir, de todas las ideologías o doctrinas que limitan o cancelan la libertad en la vida social.
Hablando de nacionalismo, últimamente habrá pensado más de una vez en Ortega y Gasset y en sus advertencias premonitorias sobre los peligros del nacionalismo en Cataluña y País Vasco. ¿Por qué los liberales rechazan el nacionalismo?
Porque es incompatible con la libertad. El nacionalismo entraña, cuando uno escarba un poco en la superficie, una forma de racismo. Si crees que pertenecer a un determinado país o nación, o a una raza, o a una religión es un privilegio, un valor en sí mismo, crees que eres superior a los demás. Y el racismo inevitablemente conduce a la violencia y a la supresión de las libertades. Por eso el liberalismo desde la época de Adam Smith ha visto en el nacionalismo esa forma de colectivismo, de renuncia a la razón por un acto de fe.
Populismo, resurgimiento de los nacionalismos, el Brexit…, ¿está renaciendo el espíritu de la tribu?
Hay una tendencia que se opone a lo que yo creo que es lo más progresista de nuestro tiempo, que es la formación de grandes conjuntos que están lentamente desvaneciendo las fronteras e integrando a diferentes lenguas, costumbres, creencias. Es el caso de Europa. Esto provoca mucha inseguridad y mucha incertidumbre y una tentación muy grande de regresar a esa tribu, a esa sociedad pequeña, homogénea que nunca existió en la realidad, donde todos son iguales, donde todos tienen las mismas creencias, la misma lengua… Ese es un mito que da mucha seguridad, y eso explica brotes como el Brexit, como el nacionalismo catalán, o los nacionalismos que hacen estragos en democracias como Polonia, Hungría, incluso Holanda. El nacionalismo está ahí, pero mi impresión es que, como ha ocurrido en Cataluña, es minoritario, y la fuerza de las instituciones democráticas va a ir socavándolo poco a poco hasta derrotarlo. Soy más bien optimista.
¿Cómo se puede luchar intelectual y políticamente contra esas corrientes?
Hay que combatirlas sin complejos de inferioridad. Y decir que el nacionalismo es una tendencia retrógrada, arcaica, enemiga de la democracia y de la libertad, y que está sustentada en ficciones históricas, en grandes mentiras, en eso que ahora se llaman posverdades históricas. El caso de Cataluña es flagrante.
Su camino al liberalismo
Su evolución desde el marxismo al liberalismo no es infrecuente. De hecho, es la misma que siguieron algunos de los autores que glosa, como Popper, Aron, Revel. ¿Conocer desde dentro el mecanismo totalitario actúa como revulsivo?
Mi generación en América Latina despierta a la razón en un continente de desigualdades monstruosas y dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos. Para un joven latinoamericano que tenía cierta inquietud era muy difícil no rechazar esa especie de caricatura de democracia, con la excepción de Chile, Uruguay y Costa Rica. Yo quise ser comunista, me parecía que el comunismo representaba la antípoda de la dictadura militar, de la corrupción y sobre todo de las desigualdades. Entonces entré en San Marcos, una universidad nacional y popular, con la idea de que ahí debía de haber comunistas con los que vincularme. Y efectivamente, me vinculé. Ahora bien, en ese tiempo el comunismo en América Latina era el estalinismo puro y duro, con partidos subyugados a la Komintern, a Moscú. A mí me defendieron del sectarismo Sartre y el existencialismo. Yo tenía todo el tiempo discusiones en mi célula, y solo milité un año. Pero seguí siendo socialista de una manera vaga, y eso lo fortaleció la revolución cubana, que al principio parecía un socialismo distinto, no dogmático. Me entusiasmó. En los sesenta viajé a Cuba cinco veces. Y poquito a poco vino el desencanto, sobre todo a partir de la creación de las UMAP [Unidades Militares de Apoyo a la Producción]. Hubo redadas contra jóvenes que yo conocía, fue un trauma. Y me acuerdo de haber escrito una carta privada a Fidel diciéndole que estaba desconcertado, que cómo Cuba, que parecía un socialismo abierto y tolerante, podía meter en campos de concentración a “gusanos” y homosexuales con criminales comunes. Fidel me invitó a mí y a una docena de intelectuales a conversar con él. Estuvimos toda una noche, 12 horas, de las ocho de la tarde a las ocho de la mañana, oyéndolo hablar, básicamente. Fue muy impresionante, pero no muy convincente. Desde entonces empecé a tener una actitud un poco recelosa. La ruptura definitiva vino con el caso Padilla (el proceso contra el escritor Heberto Padilla, encarcelado en 1971 y obligado a una terrible autocrítica pública). Tuve un proceso difícil, más bien largo, de reivindicación de la democracia, y poco a poco de acercamiento a la doctrina liberal, a base de lecturas. Y tuve la suerte de vivir en Inglaterra los años de Margaret Thatcher.
El retrato que hace de Thatcher, como una mujer culta, valiente, de hondas convicciones liberales, contrasta con la imagen que se ha difundido de ella.
Es una caricatura absolutamente injusta. Cuando yo llegué, Inglaterra era un país en plena decadencia. Un país con libertades, pero sin nervio, que se apagaba poco a poco dentro de ese avance del nacionalismo económico de los laboristas. La revolución de Margaret Thatcher despertó a Gran Bretaña. Fueron tiempos difíciles: acabar con las sinecuras sindicales, crear una sociedad de mercado libre, de competencia, y defender la democracia con la convicción con la que ella lo hizo, sin complejos, frente al socialismo, frente a China y la URSS, las dictaduras más crueles de la historia. Para mí fueron años definitivos porque empecé a leer a Hayek, a Popper, que eran autores a los que Thatcher citaba. Ella decía que La sociedad abierta y sus enemigos era un libro fundamental en el siglo XX. La contribución de Thatcher y de Ronald Reagan a la cultura de la libertad, a acabar con la Unión Soviética, que era el mayor desafío que había tenido la cultura democrática, es una realidad que está desgraciadamente muy mediatizada por la campaña de una izquierda cuyos logros son muy pobres.
¿Y cuál es hoy el principal desafío para la democracia occidental?
El mayor enemigo hoy es el populismo. No hay nadie medianamente cuerdo que quiera para su país un modelo como el de Corea del Norte o el de Cuba, o el de Venezuela; el marxismo es ya marginal en la vida política, pero no así el populismo, que corrompe las democracias desde dentro, es mucho más sinuoso que una ideología, es una práctica a la que por desgracia son muy propensas las democracias débiles, las democracias primerizas.
La crisis bancaria de 2008, el aumento de la desigualdad han reavivado las críticas a la doctrina liberal, que de unos años a esta parte ha sido rebautizada como “neoliberalismo”.
Yo no sé qué cosa es el neoliberalismo. Es una forma de caricaturizar el liberalismo, presentarlo como un capitalismo despiadado. El liberalismo no es dogmático, no tiene respuestas para todo; se ha ido transformando desde Adam Smith hasta nuestros días porque la sociedad es mucho más compleja. Hoy día hay injusticias, como la discriminación de la mujer, que ni siquiera aparecían en el pasado.
Dentro de las diferentes tendencias en el liberalismo, entiendo que la principal divergencia se deriva del mayor o menor peso que se otorga al Estado.
Sí. Los liberales quieren un Estado eficaz pero no invasivo, que garantice la libertad, la igualdad de oportunidades, sobre todo en la educación, y el respeto a la ley. Pero junto a ese consenso básico hay divergencias. Isaiah Berlin dice que la libertad económica no puede ser irrestricta, porque siéndolo en el siglo XIX llenó las minas de niños. Hayek, en cambio, tenía una confianza tan extraordinaria en el mercado que pensaba que podía solucionar todos los problemas si se lo dejaba funcionar. Berlin era mucho más realista, él pensaba que, en efecto, el mercado es lo que traía el progreso económico, pero que si el progreso significaba crear desigualdades tan gigantescas, la esencia misma de la democracia quedaba perjudicada, ya no funcionaba la libertad de la misma manera para todos. También Adam Smith, al que se considera el padre del liberalismo, era muy flexible. Hombre, claro, hay deformaciones del liberalismo, yo cito el caso de economistas completamente cerrados, convencidos de que solo las reformas en el campo económico traen como consecuencia inevitablemente la libertad. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que las ideas son más importantes que las reformas económicas. Volviendo a las caricaturas, o las trampas del lenguaje, es muy significativo el uso de la etiqueta “progresista” que en España, por ejemplo, se colocan fuerzas que defienden las dictaduras de Cuba y Venezuela. Yo creo que desgraciadamente es una contribución de los intelectuales a la deformación del lenguaje. Ellos han impregnado de prestigio el marxismo, el comunismo, como antes lo hicieron con el nazismo o el fascismo, a los que rodearon de una aureola que seduce a cierta gente joven. Los intelectuales, con una ceguera enorme, han visto siempre la democracia como un sistema mediocre, que no tenía la belleza, la perfección, la coherencia de las grandes ideologías. Fíjate que esa ceguera no es incompatible con una gran inteligencia. Heidegger, por ejemplo, quizá el filósofo más grande de la modernidad, ¿cómo pudo ser nazi? Lo mismo ocurrió con el comunismo. Atrajo a escritores y poetas de altísimo nivel que aplaudieron el Gulag. Sartre, el filósofo francés más inteligente del siglo XX, apoyó la Revolución Cultural china…
Honestidad Intelectual
Por eso le pregunto. Lo define como un gran intelectual. Era un hombre…, digamos que sus posiciones políticas estuvieron siempre equivocadas.
Creo que hay una explicación probablemente muy personal y quizás demasiado psicologista, pero él no fue un resistente de verdad…, incluso aceptó reemplazar a un profesor que había sido expulsado de la enseñanza por ser judío, y aunque perteneció a un grupo resistente en el que prácticamente no hizo gran cosa, creo que nunca se liberó de ese complejo y estuvo el resto de su vida haciendo esfuerzos, algunos grotescos, para merecer el nombre de progresista y revolucionario. Una necesidad que fue muy generalizada en su época: los intelectuales querían dar prueba de progresismo porque era lo que se esperaba de ellos. Entonces se equivocaron monstruosamente y contribuyeron muchísimo a dar esa especie de aura al comunismo, como antes al nazismo. Del Tercer Mundo, ya ni hablamos. Si tú en América Latina en los años sesenta no eras un intelectual de izquierdas, simplemente no eras un intelectual. Se te cerraban todas las puertas. Había un control de la cultura por parte de una izquierda muy sectaria, muy dogmática, que deformaba profundamente la vida cultural. Creo que eso ha cambiado considerablemente.
También ha ocurrido en Europa.
Sí, claro. Aunque en Inglaterra, cuando yo vivía allí, había intelectuales que daban la batalla, que salían a enfrentarse, que no tenían complejos de inferioridad, y aquello me ayudó muchísimo a ser más honesto conmigo mismo.
Es que en muchos casos es un problema de honestidad intelectual. Élites que defienden modelos que jamás soportarían…
Así lo creo. Bertrand Russell, por ejemplo, defendió causas muy nobles, y fue una persona admirable en muchas cosas, y al mismo tiempo defendió cosas horrendas, y se dejó manipular por una izquierda que no tenía ningún respeto por sus obras, por sus ideas, que ni siquiera lo había leído. ¿Cómo te explicas esa contradicción? Por desgracia, la inteligencia no es una garantía de honestidad intelectual. Isaiah Berlin, sin embargo, creía que era imposible disociar la grandeza intelectual o artística de la rectitud ética. Que talento y virtud van unidos. No, no es verdad. Si fuera así, no se darían esas contradicciones tan flagrantes que hemos visto alrededor nuestro… Heidegger no hubiera muerto con su carné del partido nazi, Sartre no hubiera defendido la Revolución Cultural china, ni declarado, como hizo, en 1946, a su regreso de Moscú: “La libertad de crítica es absoluta en la URSS”… Pero ese no es el caso de ninguno de los intelectuales que yo menciono en el libro. Ellos creen que la moral es inseparable de la política. Y que hay que estar dispuesto a corregir y a aprender de los errores. En eso insiste mucho Popper.
Este debate ha cobrado actualidad.
Estamos viendo en el cine, por ejemplo, cómo se condena al ostracismo la obra de creadores acusados de actos deplorables (con o sin pruebas): Polanski, Woody Allen… Y en literatura, Gallimard ha decidido no publicar los panfletos antisemitas de Céline. Estas prohibiciones son estúpidas.
¿Debe respetarse la obra de un canalla?
No solo debe respetarse. Debe publicarse. Si tú comienzas a juzgar la literatura en función de la moral y de la ética, la literatura no solo quedaría muy diezmada, es que desaparecería… No tendría razón de ser. La literatura expresa aquello que la realidad se empeña en ocultar por distintas razones. Nada estimula tanto el espíritu crítico en una sociedad como la buena literatura, además de la belleza que significa el placer que te produce. Pero la literatura y la moral están reñidas, son enemigas, y hay que respetar la literatura si tú crees en la libertad. Que haya escritores demoniacos, desde luego, hay muchísimos, que no son para imitarlos, pero sí para aprender de ellos. El marqués de Sade está lleno de horrores, escribió las cosas más atroces y al mismo tiempo pocos escritores se han adentrado con tanta profundidad en las complejidades de la mente humana, del mundo de los deseos y los instintos. Y Céline fue un miserable por apoyar a los nazis y por su racismo, sin duda, y al mismo tiempo fue uno de los más grandes escritores modernos. Yo no creo que haya en la Francia moderna, después de Proust, ningún escritor tan original ni tan grande como Céline. Yo he leído sus dos grandes novelas dos o tres veces, y son obras maestras absolutas. Dentro de su pequeñez, de su visión tan mediocre del ser humano, expresó una realidad no solamente de la sociedad francesa, sino de todas las sociedades sin excepción.
¿La corrección política puede amenazar la libertad?
La corrección política es enemiga de la libertad porque rechaza la honestidad, es decir, la autenticidad. Hay que combatirla como una desnaturalización de la verdad.
Falsas verdades
Recientemente hemos descubierto las fake news como si fuera algo nuevo. Pero en El conocimiento inútil, Jean-François Revel describe cómo, en los años ochenta, la URSS dio la gran batalla de la desinformación en Occidente, en la que participaron intelectuales, por supuesto, y medios de comunicación, con coberturas sesgadas y campañas contra dirigentes conservadores. Ahí nacieron los grandes bulos…
Palabras nuevas para realidades muy antiguas. En el caso de la desinformación, de la manipulación, el comunismo tuvo una habilidad diabólica para desnaturalizar las cosas, para desprestigiar a figuras honestas, para encubrir las mentiras con falsas verdades que al final prendían y sustituían a la realidad.
La URSS cayó, pero ahora llega desde Moscú una nueva forma de injerencia cibernética en las elecciones de EEUU, en Cataluña, en las campañas electorales de México y Colombia…
Lo que hay es una revolución tecnológica que está sirviendo para pervertir la democracia más que para fortalecerla. Es una tecnología que puede ser utilizada para fines muy diversos, pero de la que están sacando provecho los enemigos de la democracia y de la libertad. Es una realidad a la que hay que enfrentarse, pero desgraciadamente yo creo que todavía la respuesta es muy limitada. Estamos como desbordados por una tecnología que se ha puesto al servicio de la mentira, de la posverdad, y que puede llegar a ser, si no atajamos ese fenómeno, profundamente destructor y corruptor de la civilización, del progreso, de la verdadera democracia.
Las gigantescas protestas anticorrupción, sin líderes ni discursos, que tienen contra las cuerdas al gobierno de Rumania
Son las mayores protestas que se han visto desde que una movilización popular derrocó al gobierno comunista de Nicolae Ceausescu en 1989.
Cientos de miles de personas continuaron se tomaron la Plaza de la Victoria de Bucarest el domingo durante el sexto día consecutivo de protestas. Foto: AP
Desde hace ya seis días, centenares de miles de personas habían estado saliendo diariamente a las calles para protestar por la intención del gobierno de descriminalizar los delitos de abusos de poder que involucraran sumas inferiores a los 200.000 lei (US$47.500).
Y ni siquiera la derogación de la polémica medida, anunciada el domingo, logró calmar las aguas.
Esa misma noche, cerca de medio millón de personas volvieron a movilizarse para demandar la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu, a quien acusan de tratar de proteger así a sus aliados.
Como ya es costumbre, en la plaza de la Victoria de Bucarest no se pronunciaron discursos, pero abundaron los gritos de «¡Hotsii! ¡Hotsii!» («¡Bandidos! ¡Bandidos!»).
Mientras, un gigantesco láser proyectaba la palabra «¡Dimisión!» sobre la fachada de la propia oficina de Grindeanu, en el cargo desde el pasado 4 de enero.
Sin confianza
Antes de su derogación, las nuevas autoridades habían defendido el polémico decreto como necesario para descongestionar las cárceles y evitar el abuso de las leyes anticorrupción.
La figura de Liviu Dragnea, el líder del gobernante PSD, está en el centro de las protestas. Foto: AFP
Pero la medida claramente beneficiaba a muchos exfuncionarios y políticos, incluyendo al líder del gobernante Partido Social Demócrata, Liviu Dragnea, quien enfrenta cargos por fraude en perjuicio del Estado por poco más de US$25.000.
Y como explica el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe, a pesar de la derogación del decreto, muchos de los manifestantes no confían en que el gobierno vaya a cumplir su palabra.
«Temen que la nueva legislación, prometida por el primer ministro cuando abolió del decreto de la discordia, pueda contener algunos de los mismos elementos bajo diferente forma», explicó Thorpe.
Los críticos de la iniciativa afirman que la misma buscaba beneficiar a políticos y exfuncionarios acusados de corrupción. Foto: BBC
«Queremos que se vayan. No basta con que la derogación (del decreto). Hicieron algo muy malo y los queremos fuera», le dijo también a la BBC una de las manifestantes del domingo.
«Estamos determinados a resistir y a seguir luchando hasta que el gobierno renuncie. Han perdido toda credibilidad y no sólo con el pueblo de Rumania, así que es hora de que se vayan», agregó otro.
«Momento único»
Las masivas protestas, que no tienen líderes visibles, parecen haberse organizado espontáneamente a través de las redes sociales.
«Sinceramente creo que se trata de un momento único para mi país», le dijo a la BBC Sorin, un antiguo líder estudiantil de 38 años.
Las de la última semana son las mayores protestas en Rumania desde la caída del comunismo en 1989. Foto: EPA
«Somos una nueva generación, empujada por sentimientos nacionales, que estamos luchando por nuestros derechos», aseguró el joven, que ahora trabaja en finanzas.
Pero no todos están de acuerdo con la idea de que lo que se vive en Rumania es una simple batalla entre funcionarios corruptos y una sociedad que lucha contra la corrupción.
«¿Quién está organizando todo esto? Es difícil de decir pero espero que las instituciones estatales tengan esta información», le dijo a una televisora local Liviu Dragnea.
«Pero me reprocho a mí mismo el no haber comprendido que este es un plan mucho mejor organizado que un simple movimiento espontáneo», aseguró el líder del gobernante PSD, quien está inhabilitado para ejercer cargos públicos.
«República de fiscales»
El aliado del PSD en la coalición de gobierno, Calin Tariceanu, líder de la Alianza de Liberales y Demócratas, también sostiene que la situación es más complicada.
«Lamento decirlo, pero en Rumania el poder judicialno es independiente», le dijo a la BBC el ex primer ministro, quien actualmente se desempeña como presidente del Senado.
Muchos manifestantes exigen la renuncia del primer ministro, Sorin Grindeanu. Foto: Reuters
Y, según Tariceanu, los fiscales de la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) se han aliado con los miembros de los servicios secretos y algunos jueces para violar las libertades civiles de una forma no vista desde la época del comunismo.
«La DNA y los servicios de inteligencia se han convertido en instituciones que no respetan el marco legal, son corruptas y son empleadas para sacar ventaja en las batallas políticas de Rumania», afirmó el político.
Y algo parecido le dijo a la BBC Adrian Nastase, ex primer ministro Social Demócrata que ha sido sentenciado dos veces a prisión por corrupción y chantaje luego de investigaciones de la agencia anticorrupción.
Las manifestaciones parecen ser espontáneas, pero el gobierno sospecha. Foto: EPA
Según Nastase, bajo el mantra de la lucha contra la corrupción, la Dirección Nacional Anticorrupción se ha convertido en un «superpoder» y Rumania en una «república de fiscales».
Y, en respuesta, el gobierno Social Demócrata, que llegó al poder hace nada más un mes, simplemente estaría tratando de «recalibrar las relaciones entre las instituciones del Estado».
¿Amenaza abortada?
Todo esto, sin embargo, es categóricamente negado por la directora de la DNA, Laura Kovesi, quien le dijo a la BBC que su oficina ha investigado tanto a funcionarios de gobierno como figuras de la oposición.
«Los casos iniciados por la DNA son además vistos, verificados y revisados por los jueces. Y los jueces en Rumania son imparciales», aseguró también Kovesi.
Según Laura Kovesi, la iniciativa gubernamental implicaría un serio retroceso para la lucha contra la corrupción en Rumania.. Foto: AP
Y, según la funcionaria, los planes del gobierno no sólo habrían limitado drásticamente las capacidades de la agencia a su cargo, sino también obligado a la liberación de cientos de políticos, alcaldes, jueces, funcionarios de aduana y jefes de empresas e instituciones estatales ya condenados por corrupción; además de descarrilar buena parte de los 2.151 casos que están siendo investigados.
Por lo pronto, sin embargo, esta amenaza parece haberse disipado.
Y lo que queda por verse es el impacto que podrían tener las protestas sobre la continuidad del gobierno de Grindeanu.
«Este es un país en el que las protestas callejeras ya han logrado derrocar gobiernos en el pasado», recordó el corresponsal de la BBC en Bucarest, Nick Thorpe.
El furor kirchnerista por la plata «física» multiplicó las fortunas enterradas o escondidas por ex funcionarios o empresarios asociados al Estado.
Por Claudio Savoia.
La salida de José López de la Fiscalia de General Rodríguez, ayer.
Mina. Trucho. Pollerudo. Buchón. Patovica. Son algunos de los cientos de términos que sólo cobran sentido en la Argentina, más precisamente junto al Río de la Plata. Pues bien, el diccionario de argentinismos –aceptado en su particularidad por la Real Academia Española– ya podría incorporar una nueva creación local: “la burra”. Así le dicen al dinero en efectivo producto del cobro de coimas u otros mecanismos de corrupción, en la jerga cotidiana de los funcionarios, empresarios y agentes de inteligencia habituados a esos oscuros menesteres.
“La burra” puede corporizarse en bóvedas, cajas de seguridad, bolsos, valijas, baúles de autos, entrepisos y dobles paredes disimuladas en estancias y propiedades –varios ex funcionarios kirchneristas y algún sindicalista importante desarrollaron la singular técnica de acondicionar espacios especiales en los huecos de los ascensores, entre los resortes–; ayer se sumó un nuevo depósito a la lista de guaridas: conventos de monjas de clausura. La imaginación todo lo puede.
La predilección de Néstor Kirchner por “el físico” –otro término cuyo nuevo significado los argentinos aprendimos a comprender gracias al profesor Leonardo Fariña– creó una cultura del acopio de dinero en efectivo infrecuente aún entre los políticos más corruptos, y que derramó en el comportamiento de muchos de sus colaboradores y allegados, tanto funcionarios como empresarios o contratistas. Así fue que desde 2003 se multiplicaron las “burras”, su magnitud creció de forma exponencial y proliferaron los portadores de billetes.
Debería estar prohibido por lo fácil –pero es fatalmente inevitable– acudir a las novelas de piratas y tesoros como analogía para los trasiegos de la “nueva política” que buscó inaugurar la prodigiosa casta de brahmanes kirchneristas. Ni Sandokan, su fiel lugarteniente Yáñez –piratas de la Malasia en la imaginación de Emilio Salgari– o Billy Bones, el protagonista de “La isla del tesoro”, habrían soñado con un suelo agujereado por todos lados para enterrar fortunas, como ocurrió en la Argentina K.
Excavadoras y perros sabuesos de dólares husmearon en Santa Cruz, Chubut, Jujuy –recordemos la exposición de valijas de Milagro Sala dispuesta ante los canes especializados– y ahora también en las adyacencias de un monasterio bonaerense, alimentan el pánico de muchos ex funcionarios y la codicia de los ladrones. De los otros ladrones.
Policías, gendarmes y sobre todo espías cuentan historias tan apasionantes como incomprobables sobre supuestos mejicaneos a distintas “burras” conocidas o sospechadas. Una de ellas habla de un grupo de falsos militantes camioneros que hace unos años golpearon las puertas de una sede gremial con la supuesta intención de guardar bombos y banderas: franqueada la puerta, los visitantes redujeron al eventual portero y se dirigieron sin desvíos al escondite de la plata.
Otra leyenda es más sofisticada: los ladrones habrían alquilado el piso de abajo del departamento de la familia Kirchner en Recoleta –el mismo en cuyo balcón Cristina bailoteó hace dos meses– y con sumo profesionalismo hicieron un agujero en el techo del tamaño suficiente como para que una persona pudiera pasar, buscar varios bolsos grandes de marca Hugo Boss rellenos con billetes y huir por el mismo pasadizo para dejar abandonado el departamento. Los juglares ubican este cuento en tiempos en que aún vivía Néstor, quien habría multiplicado sus maldiciones cuando comprobó que todos los papeles del alquiler eran falsos.
En los últimos meses, sin embargo, el país de las “burras” ofrece otra curiosidad: el tránsito inverso de paquetes. Asustados por el despertar judicial, muchos de sus tenedores circunstanciales los devolvieron o rechazaron.
El “espeluznante” aval de un periodista K a la corrupción
Justificación sin límite. Un ejercicio kirchnerista. Hernán Brienza publicó una nota en Tiempo Argentino en la que dijo que la corrupción “democratiza” la política.
Hernán Brienza entrevista a Cristina Fernandez de Kirchner en 2013.
“La corrupción –aunque se crea lo contrario– democratiza de forma espeluznante a la política”, escribió el periodista K Hernán Brienza. Y agregó: “Sin la corrupción, pueden llegar a las funciones públicas aquellos que cuentan de antemano con recursos para hacer sus campañas políticas”.
En su nota, Brienza evitó hacer nombres o referencias a enriquecimientos personales. Y prefirió apuntar a los medios de comunicación y la Justicia: “Ahora la vedette de la maquinaria fusiladora mediático-judicial es el kirchnerismo”.
Ese artículo periodístico se publicó el último fin de semana en Tiempo Argentino, semanario kirchnerista recuperado por sus trabajadores y convertido en cooperativa, luego de una sucesión de hechos de corrupción, en los que uno de sus dueños, Sergio Szpolski, se lo vendió mediante testaferros a un empresario, quien –como ya venía ocurriendo– no le pagó los sueldos a los empleados.
“No hay que ser ingenuos. Sólo son decentes los que pueden ‘darse el lujo’ de ser decentes. Sin el financiamiento espurio sólo podrían hacer política los ricos, los poderosos, los mercenarios, los que cuentan con recursos o donaciones de empresas privadas u ONG de Estados Unidos”, sostuvo Brienza en su nota, casi como una metáfora del recorrido que tuvieron Szpolski y Cristina Fernández de Kirchner.
Szpolski creó en 2010 el diario Tiempo Argentino con la abundante pauta publicitaria oficial del gobierno de Cristina Kirchner. Pese a vaciarlo, emitir cientos de cheques sin fondo y no hacer los aportes previsionales de sus empleados, el kirchnerismo lo premió en las últimas elecciones con la candidatura K a intendente de Tigre.
Szpolski es una imagen de la corrupción. Y eso tuvo proyección concreta en Tiempo Argentino, pero además antecedentes: fue condenado años antes en un tribunal de ética de la comunidad judía por “gravísima falta”, tras derivar tres millones de dólares que eran para reconstruir la AMIA –siendo tesorero de la entidad– al banco de su familia que estaba por quebrar.
Brienza es periodista militante K e historiador, columnista político del semanario Tiempo Argentino y uno de los referentes de la ex presidenta Cristina Kirchner. De hecho, Brienza fue el primero que la entrevistó, en 2013, luego de cuatro años sin responder preguntas a un periodista. En aquella ocasión, se transmitió la entrevista en simultáneo por la TV Pública y Radio Nacional, se publicó en el diario Tiempo Argentino y se emitió por la agencia estatal Télam, todos –excepto el canal– medios donde trabajaba Brienza.
El Instituto Patria, de Cristina Kirchner, organizó anteayer una charla con Brienza en San Antonio de Areco, que presentó el intendente K Paco Durañona, para celebrar el 25 de Mayo. Allí también estuvieron exponiendo dos ex funcionarios de Cristina: Teresa Parodi, ex ministra de Cultura, y Tristán Bauer, ex titular de Radio y Televisión Argentina, ambos vinculados al Instituto Patria.
“La corrupción está íntimamente ligada al financiamiento de la política. Quién no tiene recursos, no puede hacer política”, escribió Brienza. Muchos repudiaron sus dichos en las redes sociales. Y algunos le refutaron su teoría, recordándole entre otros ejemplos la gestión de Raúl Alfonsín, que asumió como presidente cuando él tenía 12 años.
Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.
Néstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.
Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.
Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.
El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.
Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.
Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.
Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.
La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.
Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.
Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.
Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.
Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.
El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.
Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.
La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.
