Más pruebas de los negocios de Lázaro Báez y CFK
octubre 21, 2015 · Imprimir este artículo
Otro hotel prueba que Báez y los Kirchner son socios comerciales
Por Nicolás Wiñazki.
La ruta del dinero K. Se trata de La Aldea del Chaltén, que está en el parque nacional Los Glaciares. El empresario tiene el 50% accionario.
La Aldea. Este hotel está en El Chaltén, donde se encuentra el mejor circuito de trekking del país.
En el año 2013, el empresario Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero en la Argentina y el exterior, se asoció con la Presidenta para explotar un emprendimiento económico en la Patagonia: un hotel, en el que ya estaban entrelazas sus finanzas, pero en el que esta vez quedaron definitivamente concretadas a nivel societario-comercial.
Báez y su hijo Martín compraron la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”, que maneja uno de los hoteles K, justamente La Aldea, ubicado en El Chaltén, Santa Cruz.
La sociedad había sido creada por Adrián Berni, un ex administrador de otro hotel presidencial, el Alto Calafate; y por el escribano de Báez, Leandro Albornoz. Según pudo saber Clarín, Báez padre compró el 50 % de la sociedad “La Aldea del Chaltén S.A”; mientras que su hijo Martín adquirió un 45 % restante. El 5 % de las acciones restantes tienen un dueño aun anónimo.
Para cerrar el negocio con su socio más polémico, la familia presidencial aportó el terreno en el que se levanta el hotel. Es propiedad de una de sus sociedades, Los Sauces.
La información sobre esta alianza comercial entre los Kirchner y los Báez consta en el expediente “Hotesur”, que investiga si los hoteles de la familia presidencial fueron utilizados para realizar maniobras financieras ilegales.
Tras las denuncias por el manejo sospechoso de las finanzas de Báez, caso que se dio a conocer como “La Ruta del Dinero K”, los Kirchner apartaron de Báez de la administración de sus hoteles, pero en el 2013 se asociaron con él en secreto para controlar “La Aldea”.
En los hechos, quien regentea ese hotel es Idea Sociedad Anónima S.A, dirigida por un socio de Máximo Kirchner, Osvaldo Sanfelice, quien también ahora explota otros tres hoteles que tienen los Kirchner en Santa Cruz, El Alto Calafate-Hotesur, y Las Dunas.
Hoy, a las 10, la denunciante de la causa, Margarita Stolbizer, candidata presidencial del Frente Progresista, dará una conferencia de prensa en la que aportará nueva información sobre esta trama.
El hotel La Aldea es el más chico de la cadena K: tiene 25 habitaciones con vista al monte Fitz Roy y el cerro Chaltén, dentro del parque nacional Los Glaciares.
En algún momento, fue alquilado por una productora de la televisión pública que filmó una serie en la zona: hubo plata del Estado, entonces, que financió un hotel de la Jefa del Estado. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el Alto Calafate: la tripulación de los aviones de Aerolíneas Argentinas que viajan a esa ciudad patagónica duermen en el hotel de la titular del Ejecutivo. Eso les garantiza una ocupación anual del 30 % de su negocio turístico.
Báez administró el Alto Caladate durante cuatro años: es un contratista estatal. O sea: pagó una renta extraordinaria para el mercado -5 millones anuales- a quienes lo contrataban para hacer obra pública. El caso Hotesur está bajo instrucción del juez Daniel Rafecas. El primer magistrado fue Claudio Bonadio. La sala 1 de la Cámara Federal lo apartó en tiempo récord. Pasó un día después de que allanara empresas de los Kirchner en Santa Cruz.
Antecedentes
El juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la investigación por supuesto lavado de dinero en el caso Hotesur, rechazó la semana pasada la recusación planteada por la denunciante Margarita Stolbizer. Según la resolución, el pedido para que Rafecas se aparte de la causa fue “extemporáneo”. La diputada había pedido la recusación de Rafecas después de que el juez se negara a su reclamo para anular el permiso que le había dado a Lázaro Báez para hacer un backup de un servidor con información contable que estaba escondido en una de las firmas del empresario kirchnerista en Río Gallegos. Stolbizer consideró que la devolución de ese servidor pondría en peligro la cadena de custodia de la prueba. La sala I de la cámara federal confirmó el rechazo.
Fuente: Clarín, 21/10/15.
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