Cristina Kirchner dice que no, pero los documentos muestran que sí. Los vínculos comerciales que unen a la familia presidencial con el empresario patagónico Lázaro Báez son mucho más amplios y profundos de lo que hasta ahora se sabía.

Y no fue necesario investigar demasiado para verificarlo: bastó con revisar qué guardaba Máximo Kirchner en su escritorio en Negocios Inmobiliarios, su oficina en Río Gallegos.

Un grupo de colaboradores del juez federal Claudio Bonadio cumplió con esa tarea cuando allanaron esa inmobiliaria y las sedes de otras empresas bajo investigación. ¿Qué encontraron? Según surge del acta de ese allanamiento, cuya copia obtuvo LA NACION, había facturas, cheques, poderes y varios contratos de alquiler entre el dueño de Austral Construcciones y el ex presidente Néstor Kirchner, en una relación comercial que luego continuó con su hijo Máximo, hoy candidato a diputado nacional.

El material recogido durante ese allanamiento contradice las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, quien afirmó el jueves que Lázaro Báez era sólo un empresario más, sin que los uniera ningún vínculo especial.

Por el contrario, demuestra una vinculación comercial muy fluida y en todo caso abre el interrogante sobre por qué el hijo de la Presidenta conserva tanta documentación de Austral Construcciones en los cajones de su oficina.

«Si soy amiga de él [por Báez], soy más amiga de otro; necesita mejores amigas», ironizó la Presidenta, mientras comparaba al empresario santacruceño con otros contratistas de obra pública que, de acuerdo con un listado difundido por el Ministerio de Planificación Federal, habían recibido más fondos desde el Estado nacional.

Esa documentación requerida por Bonadio se encuentra en poder del juez Daniel Rafecas, ahora a cargo de la causa.

La orden del juez Bonadio era que sus colaboradores se presentaran junto a agentes de la Policía Metropolitana en la sede de Negocios Inmobiliarios, en la calle Néstor Kirchner 496 de Río Gallegos, y pidieran toda la documentación por las buenas, pero aclaró que si recibían una respuesta negativa, procedieran al allanamiento del local, donde también mantienen su sede fiscal las sociedades Idea y Hotesur, controlante del Alto Calafate.

Y así fue. Primero los atendió una empleada, que los derivó al encargado, que les dijo que quería llamar a un abogado, Angel Jesús Vázquez -que integra la lista de conjueces que armó la Casa Rosada para el Juzgado federal de Río Gallegos-. Cuando a los 10 minutos apareció el letrado, les dijo que allí «no había ningún tipo de información referente» a lo que buscaban.

Entonces sí, la visita mutó en allanamiento. Y a medida que hurgaban se encontraron con un verdadero tesoro de documentos que vinculan a los Kirchner con Báez.

El operativo, que se extendió entre las 12.40 y las 19 del lunes 13 de julio pasado, también conllevó el conteo de $ 573.221 en efectivo, y el decomiso de libros contables y societarios, como así también la copia de los archivos de los discos rígidos de cinco computadoras.

Días después, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio de la causa que comenzó con una denuncia de Margarita Stolbizer y que quedó ahora en manos de Rafecas.

Durante el allanamiento a la inmobiliaria los emisarios de Bonadio recopilaron documentos sobre Alto Calafate y dinero en efectivo, pero también sobre la nave insignia de Báez, Austral Construcciones, constituida un mes antes de que Kirchner asumiera como presidente en 2003.

«Luego de ello, y continuando con al requisa, más precisamente en la última oficina que según dichos de Emanuel Gómez [por el apoderado de la inmobiliaria] pertenecería a Máximo Kirchner, pero no es utilizada desde hace bastante tiempo», indicó el inspector del área de Delitos y Crimen Organizado de la Policía Metropolitana que redactó el acta.

 

La afirmación de que Máximo no utiliza esa oficina es, cuando menos, llamativa, porque el hijo presidencial acude a esa oficina a diario, donde mantiene sus reuniones laborales, comerciales y, durante las últimas semanas, las políticas. En cualquier caso, los responsables del operativo avanzaron igual. «Se procede al secuestro» de más documentos, consignaron en el acta. Entre otros, los siguientes:

• Un contrato de locación firmado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones por el departamento «D», del quinto piso de Roca 952, un inmueble ubicado en pleno centro de Río Gallegos que pertenecía a los Kirchner desde 1982, pero que la constructora de Báez adquirió en 2008. Báez les pagó por él $ 380.000 a los Kirchner (unos US$ 115.000 al tipo de cambio entonces vigente), según consta en los registros catastrales que obtuvo y reveló LA NACION en 2013.
• Una carpeta de color marrón que en su tapa dice calle «Roca 952, 5to, ‘D'» de Río Gallegos, que contiene tres facturas (186, 171 y 158) «emitidas por Néstor Carlos Kirchner y Austral Construcciones»;
• Copia de un cheque, número 02203070, del Banco de Santa Cruz, emitido por Austral Construcciones;
• Dos recibos a nombre de Austral Construcciones;

• Una carpeta blanca que en su tapa dice «Carlos Kirchner y Austral Construcciones», que contiene 93 recibos celebrados entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, aun cuando Carlos era el segundo nombre del ex presidente, pero también el primer nombre de su primo, funcionario del Ministerio de Planificación Federal.
• Dos contratos de locación entre el hijo de la Presidenta y esa constructora por un inmueble en la calle Orkeke 416 de Río Gallegos, es decir, un inmueble que adquirieron los Kirchner en 1981 y que durante años ocupó un funcionario de Vialidad nacional;
• Un poder general emitido por Austral Construcciones a favor de Martín Samuel Jacabos [sic; en alusión al contador Jacobs, de la constructora de Báez que también figuró en la sociedad Top Air del empresario, dedicada al transporte aéreo de pasajeros];
• Una cláusula accesoria entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones;
• Cinco fotocopias de los cheques 01709361 a 01709365.

Los hallazgos no se agotaron ahí. Porque los colaboradores de Bonadio, acompañados por efectivos de la Policía Metropolitana, también secuestraron:

• Cinco copias de recibos entre Néstor Kirchner y Austral Construcciones (números 170, 185, 197, 209 «y el último no registra numeración»);
• Una copia del cheque 002203068 del Banco de Santa Cruz, «titular de la cuenta: Austral construcciones»;
• Dos recibos (796 y 797) dirigidos a Austral Construcciones;
• Contrato de locaciones celebrado entre Máximo Kirchner y Austral Construcciones, por un inmueble en la calle Brasil 520 de Río Gallegos, otro inmueble que la familia Kirchner adquirió en 1977, pero que en 2008 se la vendieron a Austral Construcciones, como reveló LA NACION.

A todo ese material se sumaron otros documentos contables y societarios de las firmas Negocios Inmobiliarios y Negocios Patagónicos. Y todo el material se remitió para que «permanezcan en depósito del Área Delitos y Crimen Organizado». Pero que cuando el juez Rafecas tomó el control del expediente, ordenó trasladar a dependencias de la Prefectura.

Al juez le queda ahora la tarea de verificar si Báez fue un empresario más para los Kirchner durante el período en que recibió más de $ 8800 millones de fondos federales con contratos de obra pública.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) frenó una intimación a la nave insignia de Lázaro Báez, Austral Construcciones, durante la investigación que desarrollaron sus sabuesos por la millonaria utilización de facturas truchas en Bahía Blanca, según surge de documentos oficiales cuyas copias obtuvo LA NACION y fuentes al tanto de la operatoria.

La protección de Báez quedó en manos del entonces jefe de la División Investigaciones de la Regional Bahía Blanca, Norberto Filipini. Detuvo un requerimiento de información que desde hace cuatro años está listo para ser enviado a la constructora de este empresario con múltiples vínculos comerciales con la familia Kirchner.

Ese requerimiento de la AFIP se plasmó en el formulario 8600/l, que se encuentra en las fojas 21 y siguientes del expediente interno de la AFIP sobre la Constructora Patagónica Argentina -una de las firmas bahienses acusadas de emitir facturas truchas-, cuya copia obtuvo LA NACION.

La intimación ya había sido firmada por el investigador a cargo del caso, el contador Leandro Scafetto, y tenía incluso preparado el aviso de retorno y pegada la calcomanía para el Correo Argentino. Pero nunca salió de las oficinas de la AFIP. Por eso luego se cruzó el formulario con un par de líneas de birome, se escribió «anulado» y se consignó sobre el encabezado la leyenda «=Sin enviar=».

Consultados ayer por LA NACION, voceros del titular de la AFIP indicaron que «no está remitido el requerimiento a Austral Construcciones», por lo que calificaron de «falso» que se haya frenado la intimación. «Los requerimientos fueron enviados a los proveedores, y Austral Construcciones no era proveedor», argumentaron.

Cerca de Báez, en tanto, indicaron que el empresario contrató «de buena fe» a las firmas bahienses, que «deberán hacerse cargo si no estaban en regla», y que siempre que la AFIP le pidió alguna documentación Báez «se presentó y explicó cómo operaron y operan sus empresas».

¿Qué estaba por reclamarle a Báez la Regional de Bahía Blanca ya en 2011? Que en un plazo de 10 días le presentara todos los papeles de su vínculo con Constructora Patagónica Argentina SA, cuyos dueños admitieron a LA NACION que arrastran problemas impositivos, pero que atribuyen a facturas que ignoraban que eran falsas del segundo grupo de empresas bajo sospecha, propiedad del bahiense Silvio Ficcadenti.

Hasta que llegó la orden de paralizar la intimación, los sabuesos de la AFIP en esa ciudad habían detectado que Austral había utilizado facturas truchas, durante años y por decenas de millones de pesos, emitidas por tres grupos de empresas locales, según reveló LA NACION en octubre pasado tras una investigación que se extendió por diez meses.

Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la AFIP, que optó por concentrar sus pesquisas sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre Austral.

Un día después de que LA NACION revelara esa operatoria, Echegaray dio una conferencia de prensa en Buenos Aires con el titular de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha. Confirmó que esos tres grupos empresarios de Bahía se encontraban bajo fiscalización y dijo que al menos una de las firmas, Calvento SA, de Ficcadenti, era «una usina de facturas falsas».

Vínculos con Cristina

Durante esa conferencia de prensa, del lunes 21 de octubre, Echegaray buscó además separar a la Presidenta de Báez. Remarcó que no eran socios. Pero un día después, y ante nuevas revelaciones, admitió que tienen «vínculos comerciales».

Echegaray también negó que la AFIP diera protección especial a Báez y criticó a los medios por concentrar su atención en el empresario. «Parecería que el único caso de facturas truchas fuera el de Báez», planteó.

Los nuevos documentos que obtuvo LA NACION muestran, sin embargo, que esa protección -que en el caso de Gotti Hermanos, otra constructora vinculada a Báez, ya había provocado antes el desplazamiento de varios funcionarios en Comodoro Rivadavia y Buenos Aires- tomó formas concretas en Bahía Blanca desde al menos marzo de 2011. Así consta en el requerimiento que nunca se envió a Austral, encabezado con el logo de la AFIP y la leyenda «2011 – Año del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad y de los Trabajadores».

¿Qué habían logrado verificar los sabuesos hasta que los frenaron? Que Constructora Patagónica Argentina mostraba «ventas y costos similares y superiores a 10 millones de pesos en el período fiscal 2010. [Pero] No presenta Sicore (por el sistema que controla las retenciones). Se solicita verificar los libros del impuesto al Valor Agregado», expuso Scafetto en otro documento interno.

Ante la Justicia, Báez ya fijó su posición sobre los indicios que llegan desde Bahía Blanca. En un escrito que presentó a fines de 2014 ante el juez Sebastián Casanello en la causa por supuesto lavado de activos, negó todas las imputaciones y hasta refutó a Echegaray, al negar que Calvento SA fuera una usina de facturas truchas.

Austral, afirmó Báez, no recibió «ni una sola factura contabilizada y que incida en sus declaraciones juradas impositivas» que sea apócrifa. Para eso defendió sus relaciones con Constructora Patagónica, Terrafaris, Grupo Penta y Calvento.

El empresario calló, sin embargo, sobre el vuelo de su lugarteniente, Claudio Bustos, a Bahía Blanca, el 23 de julio pasado. Allí se reunió con la jefatura local de la AFIP y un contador de los Ficcadenti en el despacho del piso 7 del jefe de la Regional, Juan Pablo Fridenberg. Juntos ajustaron el plan de pagos al que se acogió Penta.

En Buenos Aires, en tanto, Báez, Echegaray, los Ficcadenti, Fridenberg y Filipini ya fueron imputados por el fiscal Guillermo Marijuan como supuestos integrantes de una «asociación ilícita fiscal».

Pero la operatoria continúa. En la Regional Bahía Blanca fotocopiaron todas las actuaciones y las enviaron con destino desconocido. Y Filipini se encuentra a un paso de otro ascenso: asumiría al frente de la Dirección Regional Neuquén.

Expediente comprometedor

La intimación «anulada» que nunca llegó a Austral Construcciones

 

 

• Ante la sospecha de que hizo uso de facturas falsas, a través de una firma de Bahía Blanca, la AFIP ordenó una intimación a Lázaro Báez.
• Esa intimación, sin embargo, nunca fue enviada; fue retenida en la seccional bahiense de la AFIP y luego se archivó como «anulada».

RÍO GALLEGOS – Desde 2003 hasta hoy, el Estado nacional invirtió en Santa Cruz miles de millones en obra pública. Sobre esos fondos, el empresario hoy investigado por presunto lavado de dinero, Lázaro Báez, y sus empresas constructoras se llevaron el mayor porcentaje.

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, las inversiones que beneficiaron a la provincia estuvieron enfocadas en obras viales, en especial en el asfalto, y obras sobre las rutas nacionales 40 y 3, el Yacimiento Carbonífero Río Turbio y la usina termoeléctrica; equipamientos en infraestructura urbana y la extensión del sistema interconectado nacional desde Puerto Madryn, en Chubut, hacia Santa Cruz.

Los gobernadores que sucedieron a Kirchner en la provincia recibieron, además, $ 1560 millones para obras de gas natural; $ 646 millones para gastos en recursos hídricos y saneamiento; $ 443 millones para viviendas; $ 180 millones para generación eléctrica; $ 87 millones para escuelas y universidades, y $ 258 millones para la segunda etapa del puerto de Caleta Paula, según informes oficiales publicados en la página del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2013.

Las enormes extensiones de la provincia y la baja densidad poblacional -recién en el Censo de 2010 se logró superar 1 habitante por km2- explican la necesidad de obras de gran envergadura para llevar los servicios básicos. Sólo 16 municipios y cinco comisiones de fomento pueblan la provincia y se encuentran dispersos a cientos de kilómetros entre sí.

En material vial, en la última década, el asfalto de la ruta nacional 40 fue la vedette de la provincia: además de comunicar las localidades cordilleranas promete convertirse en un futuro corredor turístico. Sin embargo, la obra aún no está concluida: están pendientes más de 150 km entre Gobernador Gregores y Tres Lagos.

Según informes publicados por este diario, hubo tramos que alcanzaron 3 millones de pesos el kilómetro. En tanto, la ruta nacional 3, la columna vertebral costera que garantiza la comunicación del país desde Buenos Aires hacia el Sur, fue remozada, arreglada y asfaltada en varios de sus tramos, y se han realizado autovías de ingreso en las ciudades de Río Gallegos y la demorada autovía que unirá dos provincias, entre las ciudades de Caleta Olivia-Radatilly, que vinculará Santa Cruz con Chubut.

Sin embargo, la obra pública nunca estuvo exenta de críticas en la provincia. La Unión Cívica Radical ha presentado pedidos de informes en materia de obra pública, entre los que sobresalen el realizado por la diputada Estela Maris Bubola, que denunció que desde 2007 se gastaron más de $ 1200 millones para tapar canteras en toda la provincia. Incluso causó cismas políticos: en marzo de 2006, la negativa del ex gobernador Sergio Acevedo de pagar un adelanto financiero del 25% del costo de obra a las empresas constructoras con fondos provinciales, equivalente a 30 millones de dólares, terminó con su renuncia a la gobernación.

Desde 2008, la Nación cambió el circuito de la obra pública en Santa Cruz: los fondos se manejaron en forma directa entre los entes: la licitación, el control y la certificación de la obra los hace la provincia, pero el pago a las empresas se realiza desde los entes nacionales. Desde que en 2013 el empresario Lázaro Báez quedó en el centro de la escena por su presunta participación en una trama de lavado de dinero, la justicia federal instruye aquí una causa por presunto sobreprecio y cartelización en la obra pública a partir de los cuantiosos fondos nacionales que se derivaron hacia la cuna del kirchnerismo.

La causa se inició por una denuncia de la dirigente del ARI-CC Mariana Zuvic, pero ante la imposibilidad de constituirse en querellante no tiene acceso. Según explicaron desde el sector, la causa está por lo menos demorada. Por tratarse de delitos federales la causa alcanzará a los fondos que fueron derivados a la provincia desde la Nación destinados a la obra pública a partir de 2003.

Del análisis posterior también surgirá qué porcentaje de esos fondos quedó en manos de Báez y las empresas vinculadas con él.

Fuente: La Nación, 25/04/15.

WASHINGTON – La pesquisa por la llamada «ruta del dinero K» cobra velocidad inusitada y amenaza en convertirse en un verdadero dolor de cabeza para el gobierno de Cristina Kirchner.

En un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio ayer los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos «podrían tener activos» pertenecientes a la Argentina.

«Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba», recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó «sospecha razonable para creer» que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina», indica el magistrado en un largo documento.

Expresada en 27 páginas, la declaración del juez no es definitiva. De hecho, en ella pide más prueba y urge a la liberación de más documentos.

Pero claramente empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podrían haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.

En el mismo documento, el magistrado toma una decisión no menos importante para la pesquisa. Determina allí que las empresas MF Corporate, con sede en Nevada, y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son una misma cosa.

«MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca», dice el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada «testigo clave» Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas «fantasma».

En su larga declaración, el juez norteamericano hace también un reconocimiento al fiscal José María Campagnoli, de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartarlo del cargo apenas se supo que trabajaba en la llamada «ruta del dinero k».

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad.

La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como «respuesta» a una demanda de los fondos buitre «sobre Lázaro Baéz y entidades afines».

Abierto hace menos de un año, en junio pasado, el expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar.

Al margen de eso, es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.

Abogados que vienen siguiendo el caso llamaron la atención sobre la celeridad que está tomando. De hecho, esta resolución de Carenbach se produce apenas una semana después de la audiencia de partes que tuvo lugar el lunes 9. Esa celeridad fue una sorpresa para todos.

El documento del juez se conoció avanzada la noche en la Costa Este, en razón de la diferencia horaria con Las Vegas, situada sobre la costa Oeste.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva y embargó por 75 mil pesos a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi en la causa abierta en su contra por no incluir a Lázaro Baez en una imputación por lavado de activos.

«La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.

Gonella está a cargo de la procuraduría de delitos económicos (Procelac). Colaboró en el caso Báez y participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez.

Es por eso que el titular de la Procelac comenzó a ser investigado, al no haber imputado a Baez en una pesquisa por lavado de dinero, pese a contar con información previa en base a la cual correspondía incluirlo en el dictamen.

Lo mismo ocurrió con el fiscal Omar Orsi, coordinador del área de Lavado de Activos de la Procelac.

Ambos estában imputados por «prevaricato» y finalmente hoy fueron procesados y embargados.

Fuente: LaNacion.com – 15/12/14 – 13:34 hs

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