La Justicia tras los K

mayo 18, 2016

Muchas causas que terminarán en una sola

Por Joaquín Morales Solá.
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El dinero insignificante, innecesario, terminará condenando la corrupción. Los hoteles de Cristina Kirchner en El Calafate compraban una docena de medialunas por día cuando declaraban tener todas las habitaciones ocupadas. ¿Qué clase de hoteles eran esos que se ufanaban de tener cuatro estrellas y sus tarifas en dólares? Amado Boudou falsificó recibos de hoteles en París para quedarse con una parte de los viáticos. «El ministro de Economía de un país no puede dedicarse a falsificar facturas por unos miserables miles de euros», declaró a LA NACION, estupefacto, el empleado del hotel parisiense Bel Ami luego de comprobar que los recibos de Boudou eran falsos. Hoteles y facturas mentirosos parecen ser una debilidad de las dos personas que estuvieron hasta hace cinco meses en la cima de la República, la entonces presidenta y su vicepresidente.
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Ricardo Echegaray era en su gobierno el poderoso jefe de la agencia impositiva. Ayer tuvo su primera cita ante el juez Sebastián Casanello, en una declaración indagatoria (por lo general, previa al procesamiento) por la investigación de la ruta del dinero K. Casanello investiga si Echegaray benefició a Lázaro Báez durante su gestión al frente de la AFIP. En otra investigación, Echegaray es investigado por haber autorizado que el empresario Cristóbal López demorara el pago de 8000 millones de pesos en impuestos a las naftas, que es una retención en nombre del Estado. También Echegaray está siendo investigado por los beneficios impositivos que le otorgó a la empresa Ciccone cuando ésta ya estaba en manos de los amigos de Boudou. Boudou no era entonces, cuando sucedieron las tropelías de los hoteles y las de Ciccone (la empresa argentina con más capacidad para fabricar billetes), lo que es ahora, un exiliado del peronismo y hasta del kirchnerismo. Era el funcionario consentido de la persona más poderosa, Cristina Kirchner.

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La ex presidenta tiene problemas políticos, en el peronismo sobre todo, porque nadie ignora que sus cuestiones con la Justicia se agravarán irremediablemente. Su situación está, por ahora, en manos de dos jueces, Claudio Bonadio y Julián Ercolini. La investigación de Casanello no ha llegado todavía a ella y se limita al supuesto lavado de dinero por parte de Báez. Podría llegar a Cristina, pero eso sucedería en una etapa posterior, si se comprobara que el dinero de Báez no se puede justificar sin la complicidad de los pagos del Estado.

Bonadio la persigue judicialmente por dos causas: la venta de dólar futuro cuando su gobierno ya no tenía futuro y el presunto lavado de dinero en la empresa Los Sauces. Por el primer caso ya la procesó. Los Sauces es una empresa dueña de ocho edificios en la Capital, El Calafate, Río Gallegos y El Chaltén, que eran alquilados exclusivamente a Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Los alquilaban realmente o hacían como que los alquilaban? La pregunta surge de una comprobación: esa empresa pasó de no tener actividades a que sus socios retiraran adelantos de dividendos por 20 millones de pesos en apenas dos años. En el momento de esas increíbles ganancias los socios eran Cristina Kirchner y sus dos hijos, Máximo y Florencia, aunque ésta se sumó al paquete accionario sólo como heredera de las acciones de su padre. Máximo, en cambio, tenía el 10 por ciento de las acciones cuando sus padres eran los dueños del 90 por ciento restante. Por eso, el fiscal Carlos Rívolo imputó ante Bonadio a Cristina y Máximo Kirchner por cohecho (coimas) y no a Florencia.

Ercolini tiene la causa Hotesur, que es otro caso de lavado de dinero, pero esta vez en hoteles de la familia Kirchner. La investigación de Hotesur llevó al primer juez que tuvo el caso, Bonadio, a espectaculares allanamientos en El Calafate cuando Cristina era todavía presidenta. Bonadio se hizo acompañar por la Policía Metropolitana, autorizada especialmente por el entonces opositor Mauricio Macri. Cristina no se enteró de los allanamientos hasta que Bonadio aterrizó en El Calafate. La entonces presidenta, que no sabía hacia dónde iba Bonadio, ordenó que la Gendarmería impidiera a sangre y fuego el acceso a su residencia del juez y la policía. Bonadio no iba a su casa, sino a sus hoteles. La sala de la Cámara Federal cuestionada por kirchnerista (la que integran los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Freiler) apartó luego a Bonadio de la causa Hotesur.

asesinato politicoErcolini tiene también la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman. El fiscal Germán Moldes, que fue el último fiscal que pidió que se investigara la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, acaba de reclamar que se reabra la denuncia del fiscal muerto. «Si se supone que Nisman fue víctima de un crimen, y por eso el caso de su muerte pasó a la justicia federal, corresponde reabrir su denuncia para investigar incluso si en esa acusación hay huellas de los posibles asesinos», dijo. Moldes afirmó que él cree que Nisman fue asesinado. El caso Nisman podría estallar en los pies de Cristina Kirchner, si se reabriera la denuncia del fiscal muerto o si se comprobara que no se suicidó.

todos somos nisman

Como se ve, hay varios casos de lavado de dinero (Hotesur, Los Sauces, los bienes de Báez) y distintos jueces. Cristina Kirchner ha pedido que las causas de Hotesur y Los Sauces se concentren en las manos del juez Ercolini. Para ella, cualquier otro juez es mejor que Bonadio. Sin embargo, la mayoría de los jueces federales sostiene dos ideas. Una: todas las causas por lavado terminarán unificándose en una sola. La otra: es mejor que sea más tarde que más temprano. La posibilidad de crear una megacausa por lavado de dinero conlleva el riesgo de que el trabajo sea de un tamaño desmesurado para un solo juez. La idea que prevalece es que cada juez vaya avanzando con su investigación y la termine. Al final, con todas las investigaciones concluidas, todas las causas deberán unificarse.

Ese criterio quedó expuesto por la sala descalificada de la Cámara Federal cuando ordenó que la causa Hotesur saliera del juzgado de Daniel Rafecas y fuera al de Ercolini porque éste tiene una vieja causa por asociación ilícita contra Cristina Kirchner, presentada por Elisa Carrió. Los dos jueces cuestionados, Ballestero y Freiler, votaron para la unificación de causas. El voto disidente fue el de Eduardo Farah, juez titular de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, que la integran también Martín Irurzún y Horacio Cattani. Farah es juez subrogante en la otra sala, la que no tiene prestigio ni respeto. Farah expresó con su voto la opinión mayoritaria de la Justicia, que promueve que cada juez haga su investigación por ahora, contra la opinión de los que le hicieron más favores al kirchnerismo, que proponen la unificación de las causas para que todo naufrague en un océano de papeles.

Ver: El camarista Eduardo Freiler compró una millonaria mansión

A pesar de lo que parece, la situación de Boudou podría estar más comprometida (o, tal vez, más concluida) que la de Cristina Kirchner. La acumulación de causas es un hecho evidente. Salvo en los casos de los recibos truchos de hoteles, en todas las otras causas (Ciccone, el contrato con el gobierno de Formosa, la adulteración de compra de autos) actuó la misma banda de amigos. La suerte parece estar echada para Boudou y su situación terminará de resolverla el juez Ariel Lijo, que lo procesó por el caso Ciccone cuando Cristina amenazaba con destruir al juez que se animara a procesar a su vice. Lijo cuenta ahora con la confianza de la sala prestigiosa de la Cámara Federal, ha sido un consejero oportuno de Casanello cuando éste decidió detener a Báez y allanar sus propiedades, y tiene el respaldo de la Corte Suprema.

Las grandes causas de Boudou se complementaron con las causas por pequeñeces, que, sin embargo, no son pequeñas por el enorme peso de su simbología. El abogado Ricardo Monner Sans presentó una denuncia penal contra el ex vicepresidente por las facturas falsas del hotel de París. La denuncia cayó en el juzgado de Bonadio. Boudou no tiene suerte. Cristina está tratando también de soltarse de las manos de Bonadio. Ya no puede protegerlo. El destino de Boudou se encoge dramáticamente.

Fuente: La Nación, 18/05/16.

cfk y nk corruptos 01

La Justicia K permitió el Latrocinio de Báez & Cia.

mayo 8, 2016

Revelan en la Justicia cómo el kirchnerismo protegió a Báez y López

Por Hugo Alconada Mon.

Un alto funcionario de la AFIP declaró ante Casanello e involucró a Cristina Kirchner, Echegaray, De Vido y Capitanich; aportó documentación clave.

Los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez
Los «empresarios» Cristóbal López y Lázaro Báez.

Un alto funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) declaró ante la Justicia que ese organismo tributario y la Casa Rosada impulsaron durante los últimos años del kirchnerismo múltiples medidas dirigidas a proteger a Lázaro Báez, evitarle problemas penales e impedir que el fisco nacional le cobrara miles de millones de pesos.

El testimonio judicial de Jaime Mecikovsky, quien llegó a ocupar uno de los puestos más altos dentro de la AFIP hasta que lo desplazaron junto con otros funcionarios por investigar al poder, fue acompañado por copias de resoluciones internas de la AFIP, memorandos e incluso correos electrónicos impresos que confirmaban sus dichos.

CFK y bolsa de dinero

En ellos quedan mencionados como supuestos partícipes de las maniobras la ex presidenta Cristina Kirchner -siempre nombrada como «la Señora»-, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich y el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, entre otros.

La declaración de Mecikovsky ocurrió en sintonía con la decisión del nuevo titular de la AFIP, Alberto Abad, de investigar lo ocurrido dentro del organismo durante los últimos años. Esto es, abrir sumarios internos, radicar denuncias penales y enfrentar a otro empresario kirchnerista, Cristóbal López, por su deuda fiscal de $ 8.000 millones.

Mecikovsky declaró esta semana ante el juez federal Sebastián Casanello en la causa sobre la ruta del dinero K, donde también presentó un escrito.

A lo largo de 95 carillas, describió que la protección oficial que recibió Báez no sólo provocó su desplazamiento y el de otros sabuesos de la AFIP que lo investigaban, sino que también implicó reformas de la normativa del organismo para beneficiar al presunto testaferro de los Kirchner, o incluso, la sanción de la Ley 26.476 de moratoria y blanqueo del Congreso, mientras Claudio Moroni se encontraba al frente de la AFIP.

«Moroni fue un entusiasta impulsor del blanqueo de 2009 que se dictó para limpiar los casos vinculados a Lázaro Báez», afirmó Mecikovsky en su declaración testimonial, cuya copia obtuvo LA NACION.

Mecikovsky confirmó incluso que tanto él como otros funcionarios fueron desplazados de sus cargos por investigar a Báez. Entre otros, el entonces titular de la DGI, Horacio Castagnola, y el jefe de la Regional Comodoro Rivadavia -con jurisdicción sobre Río Gallegos-, Norman Williams, así como también Juan Carlos Santos y Carlos Bo, entre otros. Sólo tras el regreso de Abad, volvieron a funciones ejecutivas. En su caso, otra vez como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.

cfk silencio 02Volcada en la causa que instruye Casanello, la declaración de Mecikovsky también aporta datos a otras investigaciones. Entre ellas, la pesquisa del juez Julián Ercolini sobre la actuación de Ricardo Echegaray, hoy al frente de la Auditoría General de la Nación (AGN), mientras López acumulaba impuestos impagos por unos $ 8.000 millones.

Mecikovsky detalló presuntas irregularidades en las que habrían participado el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido y varios funcionarios de la AFIP. Entre ellos, Moroni, Ricardo Echegaray, el entonces director de la DGI, Rubén Toninelli -quien invocaba órdenes de la entonces presidenta Cristina Kirchner, a la que aludía como «la Señora»-, y Carlos Sánchez, su reemplazo como subdirector general de Operaciones Impositivas de Interior.

El alto funcionario de la AFIP también relató el rol que asumió durante los últimos años el hijo del director de la DGI, Federico Toninelli. Según Mecikovsky, se interesó como abogado -e invocó el nombre de su padre- por diversos proveedores de facturas de Skanska y por Badial, una de las constructoras de Báez.

cfk y lb 01Según el sabueso que testificó ante la Justicia, Báez tampoco fue el único empresario kirchnerista con llegada directa a la cúspide de la AFIP. Relató que el socio de Cristóbal López, Fabián De Sousa, se reunió con el entonces jefe de la agencia de la AFIP en Trelew, Carlos Leturia, para ofrecerle el cargo de director de la Regional en Comodoro Rivadavia, en reemplazo de Norman Williams, quien no cedía a las presiones y terminaría por caer.

Consciente de que su declaración será cuestionada por los ex funcionarios contra los que testificó, Mecikovsky reforzó su presentación con un amplio volumen de información, que incluyó resoluciones internas de la AFIP y correos electrónicos.

Entre ellos se encuentra el mail que el entonces jefe de la División Investigaciones en Comodoro, Gustavo Uria, envió a sus superiores para informarles sobre el ofrecimiento de De Sousa y otro ejecutivo del Grupo Indalo, Raúl Esteban Zamora.

CFK y BaezMecikovsky también invocó los nombres de diferentes testigos que podrían confirmar sus declaraciones. Entre otros, Castagnola, el entonces titular de la DGI que tras años de ostracismo volvió en diciembre pasado. O la entonces directora regional en Tucumán, que asistió con ellos a un almuerzo en que el entonces gobernador José Alperovich les anticipó, un año antes de que se anunciara, que el kirchnerismo impulsaría un blanqueo «para «limpiarle» los problemas generados por la inspección a Gotti SA», otra de las constructoras de Báez.

Mecikovsky aportó detalles sobre otros episodios concretos. Entre ellos, los siguientes:

«En el caso Juan Felipe Gancedo SA [otra de las constructoras de Báez] se cambió la histórica jurisprudencia interna de la AFIP y de la DGI con un dictamen que equiparaba el servicio de movimiento de suelos a la compra de bienes», declaró. Esa decisión, «le ahorró al grupo de Báez cientos de millones de pesos en el blanqueo y moratoria dispuestos por la ley 26.476, que a su vez le habían ahorrado miles de millones de pesos y causas penales agravadas que habrían dado en cárcel con el recientemente procesado [por presunto lavado] y su grupo».

Uno de los destinos de la facturación trucha por cientos de millones de pesos que acumuló Gotti Hermanos, otra de las constructoras de Báez, era el presunto pago de «coimas».

La protección a Báez dentro de la AFIP se concretó desde el más alto nivel del organismo. «Uno de los sujetos que participó activamente de la ejecución de esta «protección y abaratamiento de costos» desde el Estado hacia el grupo de Lázaro Báez fue Carlos Sánchez, cuya esposa actuaba, como mínimo, como asesora de Jorge Capitanich», relató.

El organismo también adulteró los datos que le entregó al Tribunal Fiscal para beneficiar a Badial, otra de las constructoras de Báez. «Sánchez, quien dependía directamente de Ángel Toninelli, aunque reportaba en realidad a Jorge Capitanich, falseó también una respuesta al Tribunal Fiscal de la Nación para favorecer a la empresa».

Mecikovsky también detalló nombramientos dentro de la AFIP que serían cuestionables, como el de una abogada muy cercana a Báez que no se presentaba jamás a trabajar, salvo cuando la habría sido convocada a manipular las bases de datos del organismo y borrar información.

Cómo nos estafaba la AFIP de los Kirchner

abril 28, 2016

La AFIP aportó más pruebas que comprometen a Echegaray

Por Daniel Santoro.

La ruta del dinero K: Protegió a Austral Construcciones cuando estaba al frente del ente recaudador en un caso de facturas apócrifas.

Ricardo Echegaray, actual presidente de la AGN, en la cumbre del PJ, el mes pasado. Foto Emmanuel Fernández.

Ricardo Echegaray, actual presidente de la AGN, en la cumbre del PJ, el mes pasado.

La AFIP entregó al juez Sebastián Casanello un duro informe sobre cómo se protegió con una serie de maniobras a Austral Construcciones de Lázaro Báez en el caso de las facturas truchas de Bahía Blanca, lo que complica la situación del ex titular de ese organismo fiscal y actual presidente de la Auditoría General de la Nación, Ricardo Echegaray, en la causa de la ruta del dinero K. Echegaray debe declarar como imputado en la causa el 3 de mayo próximo. Casanello considera la multimillonaria evasión impositiva de las empresas de Báez como el delito precedente de las maniobras de lavado de dinero.

La principal acusación contra el ex titular de la AFIP consiste en haber disuelto la regional Bahía Blanca de la DGI para frenar una investigación sobre la entrega de facturas apócrifas por lo menos por 16 millones de pesos del 2012. Las facturas truchas son generalmente usadas para tapar agujeros contables producto del pago de sobornos provenientes de contratos de obra pública, entre otras maniobras.

Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.

Ricardo Echegaray, funcionario corrupto.

La disolución de la delegación Bahía Blanca, entre otras maniobras evitó que entonces el juez en lo penal económico Javier López Biscayart procesara a Báez en una denuncia de la diputada de la CC-ARI Elisa Carrió. López Biscayart solo pudo hacerle pagar multas menores a Austral. La AFIP bajo el control de Echegaray omitió darle a ese juez informes con los verdaderos números de la evasión.

El informe, según revelaron fuentes judiciales, puntualiza que Constructora Patagónica Argentina le entregó facturas por casi 16 millones de pesos a Austral y que está era casi su única clienta. Más adelante afirma que tras el desplazamiento de 36 inspectores de la delegación Bahía Blanca se entregó “información sesgada, parcializada y subjetiva” a la Justicia. Por ejemplo, también puntualiza que el Grupo Penta –uno de los emisores de esas facturas- le entregó facturas por otros 13 millones a Austral. El informe complica a Echegaray y también al ex jefe de la DGI Angel Toninelli, quien viajó en aviones de Top Air con su hijo y con Martín Báez, uno de los procesados en la causa de la ruta del dinero K.

CFK y Baez“Se está también ante un entramado para general costos falsos a Austral”, dice el informe de la AFIP que analiza Casanello para indagar a Echegaray cuya renuncia a la AGN es pedida por el Gobierno y Cambiemos por esta y otras causas judiciales. Con facturas falsas de Constructora Patagónica, Austral pudo inflar sus costos en no menos de 7 millones de pesos.

Otras de las acciones por acción u omisión que deberá explicar Echegaray es por qué la dirección Microcentro de la DGI validó en el 2008 “una indemnización” de 56 millones de dólares que le pagó una empresa fantasma de Curazao a Austral por un hotel que no se construyó en una isla del Caribe frente a Belice. Se trata del proyecto del hotel de Cayo Chapel donde Austral afirmó que invirtió 100 millones de dólares. Llamativamente, Máximo Kirchner presidió una consultora que se llama Chapel y que terminó dando de baja.

El informe también advierte que nunca se había fiscalizado a Terrafari SA y a Austral Agro, entre otras irregularidades y apunta al escribano de la familia Kirchner, Ricardo Albornoz. En sus conclusiones, asegura que el Grupo Pena “fue constituido al solo efecto de generar facturación falsa”, al igual que el Grupo Suris. Este está investigado en Bahía Blanca por lavado, fue amigo de Fariña y novio de la vedette Mónica Farro.

Fuente: Clarín, 28/04/16.

Echegaray CFK no es socia de Baez

 

Oil, la petrolera de Cristóbal López, en concurso de acreedores

marzo 31, 2016

Oil, la petrolera de Cristóbal López, se presentó en concurso de acreedores

Por Lucía Salinas.

Acorralada por la Justicia y con un interventor desde ayer, la petrolera llamó a un concurso para «reordenar la compañía», que adeuda $ 8.000 millones a la AFIP.

NK CFK y Cristobal LopezCon la intervención de la petrolera Oil M&S, consecuencia de la deuda de  $ 8.000 millones que tiene con la AFIP, Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa se presentaron hoy en concurso de acreedores, según confirmaron desde la empresa a Clarín. El objetivo es «reordenar la empresa» con un complejo frente judicial. La escisión empresarial quedó suspendida por una medida judicial y el Grupo Indalo -que engloba las empresas de empresario K- afronta una fuerte crisis en la que deben sostener 29.000 puestos de trabajo y pagar a la AFIP lo que no tributaron en combustible estos años.

López y De Sousa buscan mantener la calma en medio de las denuncias que los colocaron en el centro de la polémica por quedarse con el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) que cobraban a los consumidores cuando vendían nafta durante estos años y utilizar esas sumas para financiarse. El avance de las investigaciones y la determinación de la AFIP para cobrarle a la firma los $ 8.000 millones que acumuló tras una moratoria obtenida por la gestión kirchnerista, como reveló La Nación, ejerce presión en el Grupo.

Ahora, con la presencia de un interventor veedor que «no ejecuta, solo ve e informa», como aseguraron desde la empresa, llamó a un concurso de acreedores ante el Juzgado de Comodoro Rivadavia para presentar un plan de pagos para arribar a un acuerdo financiero.

Buscando desvincularse de las denuncias, Oil M&S sostiene que todo se trata de una «persecusión política» y una «maniobra del Gobierno para tapar otros problemas graves que tienen», señalaron a Clarín.  Ayer  el juez federal en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari dispuso la intervención judicial de la firma Oil Combustibles SA y de otras dos del Grupo Indalo.

En consecuencia, ordenó que no haya división de compañías, tal como pretendían el empresario kirchnerista y su socio. Con la figura del veedor, en el entorno de López se defendieron: «Va a ser mejor, así ven que nada de lo que se realiza es ilegal».

La petrolera fue la empresa utilizada para incrementar la deuda con la AFIP por miles de millones de pesos durante el gobierno de Cristina Kirchner, con Ricardo Echegaray frente al organismo recaudador. La nueva gestión reclama el pago de la deuda generada casi en su totalidad por no tributar el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC, Ley N° 23966), y el juez federal dispuso que se cancele la deuda para que puedan continuar operando.

En este complejo escenario legal, desde Indalo remarcaron que tanto López como De Sousa «están preocupados por la repercusión mediática» del caso y que buscan por fuera de Oil, «consolidar las empresas y mantener 29.000 fuentes laborales tanto de manera directa como indirecta».

El juez dispuso que tanto Oil Combustibles SA, como sus sociedades controlantes Inversora M&S, donde se desempeña Romina Mercado presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina Kirchner, y Oil M&S SA «se abstengan de realizar cualquier acto que implique su escisión del Grupo Indalo», considerando que «el patrimonio de aquellas sociedades vendría a garantizar el cobro de la deuda fiscal».

Al respecto, desde Indalo señalaron que «quieren despejar dudas sobre la división y que vean que no había nada extraño ahí». La marca del grupo iba a quedar en manos de Cristóbal López que buscaba crecer en el rubro inmobiliario, en la construcción y en la prestación de servicios a través de la firma de maquinaria pesada que tiene en el sur. Además se expandir Alcalis de la Patagonia, empresa en la que está contratado Osvaldo Sanfelic, socio de Máximo Kirchner.

Los medios de comunicación y las petroleras iban a quedar para Fabián De Sousa. Todo está suspendido por ahora y la mayor presión es el pago de los $ 8.000 millones a la AFIP. «Tenemos que resolver estos problemas en un mes como mucho y esperamos que la Justicia se expida rápidamente para poder continuar con la futura expansión de las compañías y volver a operar», dijo a Clarín un asesor de López.

Fuente: clarin.com, 31/03/16.

latrocinio k 01

 

Las denuncias de Elisa Carrió

marzo 28, 2016

Las 20 frases más explosivas de Carrió

Dijo que Ricardo Echegaray va a terminar preso. Volvió a cruzar a los jueces federales y a Angelici por «almorzar con Oyarbide».

Entrevista a Lilita Carrió.

argentina bandera 02Elisa Carrió volvió a hablar y como siempre, dejó frases para la polémica.

La diputada de la Coalición Cívica-ARI, aliada del gobierno de Mauricio Macri, criticó una vez más al ex funcionario K y hoy titular de la AGN: «Echegaray va a terminar preso».

Y se cruzó una vez más con los jueces federales y en particular con Norberto Oyarbide, a quien vinculó con el titular de Boca y amigo de Mauricio Macr, el empresario Daniel Angelici.

Entrevista a Lilita Carrió. foto Gustavo Castaing

 

Estas son solo veinte frases que dejó la diputada en «La Cornisa», el programa de Luis Majul en América:

«Echegaray es cómplice y parte de la asociación ilícita, es socio de Rudy Olloa, ex chofer de Néstor Kirchner. Va a terminar preso».

«Los jueces federales son una vergüenza para la Argentina, porque hoy le falta a la gente todo lo que se robó y ellos garantizaron impunidad. Garantizaron un robo persistente durante ocho años».

“Acá hay dos figuras; Lázaro Báez y Cristóbal López. El jefe de la Asociación ilícita era Néstor Kirchner y después, Cristina”.

“Lázaro estaba encerrado porque la AFIP lo había investigado, y cuando se ve encerrado llama a un grupo de abogados: la única forma es limpiar una ley de blanqueo. El blanqueo garantizó la impunidad de Lázaro. Cristina le empieza a pedir las acciones a Cristóbal López”.
“Macri va a tener que elegir si lo quiere a Angelici como socio o a mí como socia. Lo puede tener como socio en Boca, no en la Justicia”.

“Angelici conversa con Oyarbide para que se jubile. Ese señor tiene que ir preso por corrupto y por ladrón. Si no hay justicia, este Gobierno va a volver a robar y el siguiente también”.

“Yo tengo la sensación de que Comodoro Py se está riendo del país”.

«¿Cómo es posible que yo tenga que estar con custodia permanente sin poder caminar mientras los señores jueces federales ganan $200.000? Tengo 15 personas de la Policiía Metropolitana».

«Algunos jueces se han enriquecido vilmente, son muy corruptos, hay uno que tiene el sobrenombre ‘coima’. A Norberto Oyarbide lo denuncié por cohecho agravado en 1997. Ese señor tiene que ir preso y ser ajusticiado por ladrón»

«Hay vínculos entre jueces, fiscales, dirigentes políticos y barrabravas».

El juez Ercolini es una vergüenza, denunciamos en 2008, desmembró la causa, Stolbizer presentó irregularidad… si todos dijeron lo mismo es por algo. Garantizaron un robo al menos de siete u ocho años”.

“Yo ya no creo en nada. Lo único que les digo, y algunos periodistas como (Hugo) Alconada, Jorge Lanata, vos (por Luis Majul), hemos entregado todo para que haya justicia”.

“Yo tengo una excelente relación con Macri”. Pero luego dijo: “Tengo diferencias con mi gobierno”.

“Yo creo que Durán Barba es doble agente; es un personaje que yo detesto, como a todos los asesores de imagen. Asesora que no hay que meterse en temas de corrupción”.

«La inflación es producto del déficit fiscal, de lo que se robaron».

«Si no hay justicia, este gobierno va a volver a robar. Y el que viene también».

«Argentina tiene que salir de la impunidad. No puedo garantizar que este Gobierno no robe si no se termina con la impunidad, como sociedad tenemos que romper la impunidad».

«Le pido al pueblo que salga a pedir justicia a las plazas».

“Enfrente a la aduana se planean los crímenes de la efedrina, el triple cirmen, el de Unicenter y el de Maschwitz”.

“Hay tipos de cuarta como Martín Báez contando millones de dólares, tomando el mejor whisky”.

“Le pido al pueblo argentino: tengan hambre y sed de justicia y pídansela a los jueces”.

Fuente: clarin.com, 28/03/16.

cfk y nk corruptos 01

El manto de complicidad que ocultó la corrupción Kirchnerista

marzo 21, 2016

La red que ocultó la corrupción de los K

Por Eduardo Van der Kooy.

Se desmorona el sistema económico ilegal que armó el kirchnerismo. Esa maniobra fue posible por la cobertura en organismos del Estado. La AFIP de Echegaray jugó un papel clave.

Kirchner_presidenteNéstor Kirchner teorizó en vida sobre la importancia de construir un poder económico para no resignar influencia política cuando llega el momento del regreso al llano. Tuvo en la cabeza los recorridos de Felipe Gonzalez y de José María Aznar, antiguos líderes del socialismo y el Partido Popular en España. Cristina Fernández se acostumbró siempre a escuchar y compartir ese razonamiento del ex presidente.

Tal teoría ha comenzado a desmembrarse prematuramente en la práctica. Quizá porque aquella construcción resultó rústica e improvisada. Poseía además una perversa dependencia: era ineludible el manejo de los resortes del Estado. Kirchner habría sentado las bases hasta que murió, con la acumulación incesante de capital. El diseño posterior quedó en las manos solitarias de Cristina. También menos duchas. A 100 días de haber salido del Gobierno, el soporte económico del kirchnerismo ingresó en una crisis severa. Se han agrietado sus dos vigas maestras: la de Cristóbal López, forzado a dividir sus empresas ante apremios de todo tipo, y la de Lázaro Báez, envuelto en un bochorno que regresa como una marea. Mucho más por las revelaciones periodísticas que por la acción de la Justicia.

Kirchner suponía que el control de todo resultaba imprescindible como precondición del éxito. Esa tarea lo encontró en el primer tercio del camino cuando sobrevino el infarto fatal. Cristina se hizo cargo del resto. “Vamos por todo”, alardeó en el 2011 al obtener la reelección con el 54% de los votos.

El escándalo de Lázaro Báez posee ahora múltiples aristas conflictivas. El empresario K fue alejado del círculo de los Kirchner. Cristina lo borró de Hotesur, la sociedad encargada de administrar la cadena de hoteles familiares en El Calafate. Existe allí sospecha por lavado de dinero que investigó al juez Claudio Bonadio, que durmió Daniel Rafecas y que recién llegó al escritorio de Julián Ercolini. Máximo Kirchner también resolvió apartarlo de sus negocios inmobiliarios. Alicia, la gobernadora de Santa Cruz, le declaró la guerra por el abandono de la obra pública en la provincia y el aparente vaciamiento de sus empresas.

Este pleito sucede cuando las imágenes periodísticas de la semana pasada repusieron la existencia de millonarios fondos clandestinos en dólares que nadie sabe todavía dónde fueron a parar. Ni a quiénes pertenecen. En una época en que los dólares eran restringidos en la Argentina. ¿Sólo ganancias del empresario o dinero de la familia de los ex presidentes? Conviene tener presente un número. Entre el 2004 y el 2015 Báez recibió más de $ 20 mil millones para obras en Santa Cruz. Que nunca ejecutó o dejó por la mitad.

Para incubar semejante descontrol e impunidad hizo falta alguna red de protección en el Estado. La hubo. La AFIP de Ricardo Echegaray –ahora titular de la Auditoria General de la Nación– jugó un papel clave. El empresario K, por ejemplo, recurrió a facturas falsas para evadir impuestos. No bien empezó a ser descubierto, el entonces jefe de los recaudadores desactivó la oficina en Bahía Blanca, donde habían surgido las evidencias. Echegaray fue también quien permitió a Cristóbal López acumular en los últimos cuatro años una deuda tributaria de $ 8.000 millones. Con ese monto, que aún está lejos de saldar, expandió su grupo empresario. Contó con una cobertura discrecional de la AFIP bajo la apariencia de la legalidad. Una jueza, María Straccia, presumió insolvencia fraudulenta y ordenó allanar varias empresas de López.

Echegaray CFK no es socia de Baez

Habría habido en ese derrotero del dinero K otras complicidades. La IGJ (Inspección General de Justicia) que regenteó el dirigente camporista Julián Alvarez, nunca registró las recurrentes operaciones financieras e inmobiliarias de Báez. Tampoco el Banco Central, bajo la tutela de Alejandro Vanoli, reparó en los créditos millonarios y las reestructuraciones de deuda que el Banco Nación concedió al empresario patagónico. La UIF (Unidad de Información Financiera) que dirigió José Sbatella, jamás indagó sobre los giros al exterior que realizaba Báez, al parecer de dinero cuya escala previa era La Rosadita. La cueva financiera en la cual surgieron las imágenes del escándalo.

La Cancillería de Héctor Timerman también habría tenido su lugar en la trama. Al menos, existen dos casos en los cuales la impericia o la intencionalidad diplomática habrían atentado contra las investigaciones judiciales. Una por la compra de un campo en Uruguay que Báez realizó a través de Leonardo Fariña, ahora preso por evadir impuestos. La Justicia uruguaya se quejó siempre por la demora argentina para contestar los exhortos en los cuales se solicitaba información sobre el empresario K. Esos trámites pasaban de ida y vuelta por Relaciones Exteriores. Varias veces estuvieron mal confeccionados. En una ocasión fue remitido a la sede del Mercosur en lugar del Palacio de Justicia de Montevideo. El otro caso tendría vínculo con una cuenta del empresario K en Suiza de US$ 22 millones que fue bloqueada en 2013, cuando aquí se conocieron las sospechas sobre lavado de dinero. También la Justicia helvética rechazó un exhorto y demandó el envió de la constancia del delito precedente –para corroborar el lavado– que nunca le llegó. Esa cuenta habría sido desbloqueada a mediados del 2015. Nadie conoce dónde fueron a parar los fondos.

Sobre Sebastián Casanello, que actúa desde el comienzo en la causa de la ruta del dinero K, también caen las sombras. El juez tomó declaración a todos los imputados por la compra de un campo en Mendoza. Procesó a Leonardo Fariña y a Federico Elaskar por maniobras de lavado de dinero. Pero dictó la falta de mérito a Báez. Curioso. Luego de las imágenes del escándalo resolvió citar para mediados de abril, entre otros, a Martín Báez, el hijo del empresario que supervisó el conteo de millones. Y le prohibió salir del país. Tardó casi 48 horas en disponer lo mismo para Lázaro. Casanello estaría abatido por el baile que le toca. Estaba esperanzado en manipular, como lo hizo hasta ahora, los tiempos de la causa. Se le hará difícil.

Martín está buscando el socorro de Máximo. Pero el hijo de la Presidenta hasta ahora no habría respondido. Allí radica el otro problema serio del kirchnerismo: al desmoronamiento del sistema económico se añadiría una ausencia de conducción política eficaz. La intransigencia y el distanciamiento de Cristina han terminado por aislar a los suyos. El peronismo tradicional está lentamente haciendo rancho aparte. El FpV se fracturó en febrero. Seis legisladores leales a la ex presidenta votaron el miércoles en Diputados a favor del acuerdo que el gobierno de Mauricio Macri propone con los fondos buitre.

Entre los halcones camporistas quedó incluso un regusto amargo. Todos fueron muy duros contra la iniciativa macrista. Axel Kiccillof, en ese sentido, portó la lanza. Hablaron de capitulación, de entrega de la soberanía y de una mala negociación con los holdouts. Escucharon con enardecimiento contenido una de las mejores piezas de la larga madrugada. Correspondió al jefe del bloque del radicalismo, Mario Negri. El cordobés fue y vino con su oratoria hasta que fulminó al ultrakirchnerismo: “Ustedes hablan a veces como el Che Guevara pero viven como Isidoro Cañones”, ironizó. Los camporistas aguardaban el desquite con el cierre de Máximo. Pero nada ocurrió. A contramano de sus compañeros, el hijo de Cristina hizo críticas al acuerdo pero en un contexto de moderación. Con más soltura de la que era dable esperar.

Aquellos halcones quedaron desconcertados y conjeturaron sobre las razones del tono empleado por Máximo. Algunos macristas adelantaron su interpretación: al joven diputado le tocó exponer cuando ya había recrudecido el escándalo sobre Báez por las imágenes divulgadas. Esos dirigentes, de haber sido otro el sesgo del discurso del hijo de Cristina, estaban dispuestos a enrostrárselas en medio del recinto.

El aparente giro de Máximo pudo responder también a otras razones. Conocía a esa altura que el acuerdo con los fondos buitre sería aprobado en Diputados por una mayoría superior a la calculada. Así fue: 165 votos contra 87. Pudo haber pesado además una cuestión que desvelaría a él mismo y a su madre: el cariz que va tomando en Brasil el caso de corrupción –pago de coimas a través de la petrolera estatal, Petrobras– que conmueve a Dilma Roussef y a Lula.

Ese asunto empieza a salpicar fuera de las fronteras. Aquí sonó varias veces el nombre del ex ministro de Planificación, Julio De Vido. Pero cayó en las últimas horas la primera denuncia concreta. La hizo la legisladora porteña Graciela Ocaña ante el juez Marcelo Martínez en Giorgi. ¿En qué consiste? En un anticipo de fondos que en el 2009 la constructora Odebretch hizo al entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime, para obras nunca hechas de soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El dinero se habría girado a través de una sociedad (Prinbot Corporation) radicada en Uruguay, fundada en el 2007 y dada de baja el año pasado. Jaime la habría utilizado con frecuencia. El presidente de Odebretch está detenido en San Pablo y se le fijó una prisión de 19 años y medio.

La teoría golpista de Dilma y de Lula, acicateada por cierto desborde judicial, no alcanzaría para disimular la dimensión sistémica de los delitos cometidos. Algo parecido le sucede al kirchnerismo con el lavado de dinero y otras yerbas. Ambos casos derrumbarían un mito modelado por el relato de ellos: que la corrupción sería sólo inherente al neoliberalismo. Es, por lo visto, inherente a cualquiera.

Fuente: Clarín, 20/03/16.

 

Lázaro Báez a indagatoria por Lavado de Dinero

marzo 19, 2016

Citaron a indagatoria a Lázaro Báez en la causa por lavado de dinero

El juez Casanello le prohibió al empresario salir del país y desprenderse de bienes; sospecha que lavó fondos obtenidos con un fraude fiscal.

Por Paz Rodríguez Niell.
Lázaro Báez
Lázaro Báez. Foto:Archivo

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria anoche a Lázaro Báez, un empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI , conocida como La Rosadita.

lavado de dinero 17Los fondos lavados -de acuerdo con las sospechas del juez- habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Además de citarlo, Casanello le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes.

La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas de días muy agitados en esta causa. El martes pasado El Trece difundió imágenes de las cámaras de seguridad de SGI que mostraban a Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, contando pilas de dólares y euros en la financiera (una cueva, según dieron ya por probado los investigadores), junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi.

CFK Baez y bolsa con plataLázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de las tres administraciones kirch.-neristas y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la ex presidenta y su familia. Hasta ahora, pese a que enfrenta, desde hace años, decenas de causas en distintos juzgados, jamás había sido procesado por sus negocios. La primera vez que Lázaro Báez fue citado a indagatoria fue en este expediente.

La hipótesis de esta causa es que el dinero que se ve en los videos de las cámaras de SGI era de los Báez. Y que Pérez Gadín y Rossi (ex marido de Iliana Calabró y supuesto armador de empresas off shore) fueron los encargados de montar la ingeniería para borrar su origen y esconder su destino.

En las grabaciones hay una secuencia de unos pocos segundos que es clave. «Esto sobró», le dicen a Martín Báez cuando termina un recuento y le dan un billete de 100 dólares, relataron fuentes del caso a LA NACION. Esta frase sólo se entiende si él y su familia eran los dueños del dinero, creen los investigadores.

Pero los videos comprometen a Lázaro Báez, además, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. No sólo estaban su hijo y su contador; también, Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez: Top Air, que comparte domicilio legal con otras firmas de su grupo.

Lázaro Báez y el Juez Casanello
Lázaro Báez y el Juez Casanello.

Zanzot también fue llamado a indagatoria con una resolución firmada anoche. Deberá presentarse el 25 de abril. El 22 de ese mismo mes será el turno del tercero de los acusados que Casanello citó ayer: Gustavo Fernández, que era el presidente de SGI y también aparece en los videos. Ellos completan una ronda de indagatorias que ya incluía a Martín Báez, a Rossi y a Daniel y Sebastián Pérez Gadín. Por el momento, ninguno puede salir de la Argentina ni desprenderse de bienes.

Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso.

«No es una prueba, es la maniobra en sí misma. El dinero y los personajes. Ahí está», dijo a LA NACION un funcionario judicial. En los casos por lavado rara vez se accede a una prueba semejante. Justamente porque quienes diseñan las estrategias de lavado de dinero se esfuerzan por evitar la trazabilidad de los fondos. Por eso usan plata en efectivo, títulos al portador, empresas off shore; jamás transferencias que puedan dejar huellas. Semejante registro fílmico es insólito.

Casanello mandó revisar en la AFIP los perfiles patrimoniales de todos los involucrados para ver si tenían declarada tamaña liquidez a la fecha de los videos. El resultado difícilmente les dé bien. Las pilas, los bolsos deportivos y el escenario (esta «cueva») indican que era dinero negro. ¿Era, además, el producto de delitos anteriores? El juez sospecha que sí.

Martín Báez, el primero de los Báez que fue citado, compartía los negocios y formaba parte de la conducción de las empresas de su padre. Fue, por ejemplo, quien firmó por Austral Construcciones, nave insignia del grupo Báez, el contrato por el alquier de habitaciones en hoteles de los Kirchner -más una supuesta «consultoría hotelera»-. A cambio, desembolsó 20,5 millones de pesos.

Estas operaciones, así como las obras públicas asignadas a los grupos de Báez fueron el objeto de distintas causas penales en Buenos Aires y Santa Cruz, pero no prosperaron jamás. Ninguno de los jueces que recibió denuncias por sus negocios citó siquiera a Báez.

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Lo que se investiga en la causa de Casanello es «Lavado de Dinero». No una infracción cambiaria ni una evasión. El lavado de dinero es un delito mucho más grave, pero exige que los fondos que se lavan sean de origen ilícito. Hoy, el caso que más podría complicar a Báez y mostrar este presunto origen espurio del dinero está, también, en el juzgado de Casanello. Es la causa que investiga el uso de facturas falsas que hicieron las empresas del grupo Báez.

La hipótesis, en este caso, es que se usaban las facturas para inventar gastos. Así, se estafaba a la AFIP. Con toda una arquitectura detrás no era una mera evasión, sino una verdadera defraudación. Un fraude impositivo.

En la causa de Casanello, que fue impulsada por Margarita Stolbizer, están imputados, además de Báez, el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray, acusado de haber intentado frenar la investigación de la regional de la AFIP de Bahía Blanca, que estaba detrás de la usina de facturas apócrifas. Ese caso, el que investiga a quienes producían y usaban las facturas falsas, se tramita en la justicia de Bahía Blanca. Austral Construcciones es una de las firmas acusadas de haber usado estas facturas para simular gastos inexistentes.

Echegaray CFK no es socia de Baez

Lázaro Báez ya fue indagado por Casanello. El juez lo citó por su presunta vinculación con la extraña compra de un campo en Mendoza que Leonardo Fariña hizo «en comisión». El propio Fariña dijo que el dinero era de Báez, pero después se desdijo. Esa fue la única vez que el empresario enfrentó a la Justicia desde el lugar de los acusados (terminó en «falta de mérito»). El 26 de abril deberá volver a hacerlo. Ahora, por una investigación que apunta al corazón de su estructura de negocios.

Obra pública, estafa y lavado

El caso que avanza contra Báez investiga una compleja maniobra.

Lázaro Báez

Empresario

El imputado

Fue uno de los principales contratistas de obra pública de la era K. Lo denunciaron en decenas de causas que no prosperaron. Ahora, declarará acusado de haber lavado dinero que evadió estafando al Estado.

Sebastián Casanello

Titular del Juzgado federal  7

El juez

Investiga a Báez, su círculo y otros empresarios por lavado. Procesó a Elaskar y Fariña (los que confesaron por TV y se desdijeron). Con el video de «La Rosadita» ordenó 8 nuevas indagatorias.

Fuente: La Nación, 19/03/16.


Ver: Aprenda a Lavar Dinero

CFK lavanderada del pueblo


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Federico Elaskar, con Alejandro Fantino: «Van a ver desfilar a media Casa Rosada en la Rosadita»

El financista que denunció el lavado de dinero en «La Rosadita» se refirió a los videos difundidos estos días; también habló de Lázaro y Martín Báez, de Fabián Rossi, de Cristina y Néstor Kirchner.

Federico Elaskar en Animales Sueltos
Federico Elaskar en Animales Sueltos.

La trama por «La ruta del dinero K» no se detiene. Luego de una semana agitada en la que aparecieron numerosos videos de Martín Báez, Fabián Rossi y Daniel Pérez Gadín junto a su hijo contando millones de dólares en la famosa «La Rosadita» en Puerto Madero, sólo faltaba la palabra de Federico Elaskar, el financista que denunció la maniobra de lavado de dinero en el programa de Jorge Lanata.

En exclusiva con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, Elaskar defendió su postura y apuntó muy fuerte contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. Además, dijo que desfiló «media Casa Rosada» por «La Rosadita» y afirmó: «Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».

Las frases más picantes de Federico Elaskar en Animales Sueltos

«Van a ver desfilar a media Casa Rosada ahí adentro. Secretarios, seguro». (en referencia al gobierno kirchnerista)

«La Rosadita era una cueva ultra mega vip. Yo los quiero ver a todos presos».

«La lavadora número es Cristina Kirchner. Lavar dinero es lo mismo que inflar un impuesto. En sus hoteles Cristina decía que tenía ocupada el 80% de su hotel y le ingresaba su propia plata».

«Esto va de Báez para arriba, es para el único lugar que va».

«Lo habrán llamado a Spielberg para montar el escenario de esa bodega en lo de Báez».

«Hay muchos sudando la gota gorda. Perez Gadín y Rossi que van a decir… ¿yo no era?»

cfk y lb 01«No hay mucha gente entre Báez y Cristina. Néstor y Báez eran amigos».

«Voy a hacer lo imposible para que se esclarezca todo esto. Pero no me voy a inmolar».

«Alguna protección debe tener Báez todavía. El 29/12 había gobierno nuevo, no obstante le dieron falta de mérito».

«Lázaro Báez es el delincuente mas grande de la Argentina».

«Estoy dispuesto a llevarme a cualquiera, esta gente me cagó la vida».

«Me dio asco verlos contar plata como ciudadano. Fue el reflejo de la corrupción del kirchnerismo».

«Yo en SGI armé desde el logo, el color, la alfombra. Había casi 40 cámaras, que grababan interna y externamente. Se podía ver desde cualquier lado. Cuando yo me fui de la empresa empezaron a mandarse estas cagadas.»

«A Fariña lo conocí a través de Molinari porque querían comprarme la financiera. Pero el que vino a cerrar el negocio fue Pérez Gadín que se presentó como la mano derecha de Báez».

«La mía era la única financiera prolija, por eso la querían».

«Apenas vendí empezaron a apretarme mandándome fotos de una persona que yo quería mucho».

«Yo en lo de Lanata aparecí porque no me pagaron nunca nada y no los denuncié, porque, con todo respeto a la familia de Nisman, mirá lo que le pasó a él».

«Rossi es un pelotudo. Generaba empatía porque te traía alguna putita que generaba en el teatro. Yo lo conocí a él por Juan Carlos Calabró, que era cliente mío».

«Esa guita es obvio que no está bien habida. Pero ellos te van a decir que estaban haciendo una operación innmobiliaria, mientras puedan justificar el origen no van a tener problemas».

«Cuando yo dí el testimonio en lo de Lanata, al otro día tenía más diputados dando denunciándome en Comodoro PY que presentes en el Congreso».

«Me arrepiento de haberle dado bola al boludo de Fariña y de haber transado con Perez Gadín para vender mi empresa».

«Si hoy existiera la ley del arrepentido, van todos presos».

tortuga casanello«El docor Casanello me tiene procesado por pagar tarjetas de crédito. No es imparcial. A mí tardó una semana en llamarme, a ellos un mes. La justicia argentina no está funcionando».

«Yo estoy con parte médico. A mí me hace muy mal ir a Comodoro Py, no porque me de miedo declarar, sino porque me agarran ataques de pánico. Estoy con tratamiento psiquiátrico».

«Estoy bastante hinchado las pelotas. Tengo muchas ganas de hablar y no puedo».

«Mataron a un fiscal a cinco cuadras de mi casa. House of Cards es un poroto al lado de esto».

«Yo pensé que estaba colaborando con mi declaración en lo de Lanata».

Fuente: La Nación, 19/03/16.


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Cristóbal López escamoteó a la AFIP $ 8.000 millones durante el gobierno K

marzo 13, 2016

Cristóbal López no pagó a la AFIP $ 8000 millones durante el kirchnerismo

En los últimos cuatro años el empresario patagónico no abonó el impuesto a los combustibles; así financió la expansión de su emporio, ahora en problemas.

Durante sus últimos cuatro años en el poder, el kirchnerismo permitió que el empresario patagónico Cristóbal López acumulara una deuda por más de $ 8000 millones con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Y ese pasivo fiscal amenaza con tornarse impagable en el transcurso de los próximos meses, según surge de los balances contables de Oil Combustibles y otras empresas del Grupo Indalo, cuyas copias obtuvo y analizó LA NACION con la ayuda de expertos contables y tributarios.

nk-y-cfk-con-testafero-cristobal-lopezEl dinero que cobró López corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC), pero no lo envió a la AFIP, según surge de los balances. ¿Cómo funciona? Cada vez que alguien carga nafta en sus estaciones de servicio, de cada $ 14 por litro que cobra, debe girar $ 4 a la AFIP (es decir, el 26% del precio por litro), que se suman a otros impuestos y tasas. Pero no lo hizo.

Con ese dinero que retuvo, el empresario expandió su conglomerado de empresas al que bautizó Grupo Indalo. En otras palabras, López no impulsó el crecimiento de su imperio con las ganancias del juego -divisas que mandó en parte al exterior para, por ejemplo, comprar un casino en Florida, Estados Unidos-, sino que lo hizo con fondos que debió girar al Tesoro nacional.

LA NACION consultó el miércoles a un vocero de López y a su socio, Fabián De Sousa. Les informó que quería conocer su versión sobre el material a publicar. El vocero quedó en transmitir la inquietud. Al día siguiente, pidió demorar la publicación unos días.

Y anteayer anunciaron la separación de los socios y el fin del Grupo Indalo como se lo conocía hasta ahora, pero tanto López como De Sousa se negaron a responder preguntas específicas sobre esta investigación. Ante la prensa, De Sousa sólo sostuvo que la deuda impositiva acumulada «no es tan grande» y que cuentan con «ingreso de caja suficiente» para afrontarla, aunque reconoció que no pudo pagarla durante 2013, 2014 y 2015 por diversos problemas de la macroeconomía. Afirmó además que sólo se limitó a utilizar «todos los mecanismos legales disponibles para financiarse».

Según reconstruyó LA NACION con la ayuda de contadores, tributaristas y auditores, los ejes centrales de la operatoria que montaron López y De Sousa se reducen a unos pocos pasos. Primero, fondearon Oil Combustibles con el ITC por $ 6065 millones a junio de 2015, en tanto que el resto de la deuda corresponde al ITC que tampoco pagaron desde entonces y a los intereses acumulados sobre esa deuda, hasta orillar los $ 7400 millones, más otros $ 600 millones en impuestos que también retuvieron otras empresas del grupo. Total: $ 8000 millones.

El segundo paso llegó después. Con ese dinero, López comenzó a fondear otras firmas de su grupo, entre las que descolló Inversora M&S SA, que recibió $ 3300 millones, según surge de los balances analizados. Y el tercer paso resultó inmediato. Inversora M&S SA comenzó a comprar activos o financiar sus operaciones, lo que explicó la compra de medios de comunicación, el banco Finansur y fábricas como Paraná Metal, o la supervivencia durante años de compañías que no eran redituables.

Toda esta operatoria, a su vez, ocurrió durante un período clave. Porque al mismo tiempo que López se fondeó con el ITC, el precio de las naftas comenzó a subir. Y le alquiló al menos dos departamentos, una oficina y cinco cocheras a la entonces familia presidencial Kirchner durante años a cambio de varios millones de pesos, según reveló LA NACION en marzo de 2015. No sólo eso. También le giró fondos desde su hotel El Retorno, en Bariloche, al Alto Calafate, el principal hotel de los Kirchner en Santa Cruz.

Allí no se acaban los lazos cruzados. Porque la sobrina de la ex presidenta -e hija de la gobernadora Alicia Kirchner-, Romina Mercado, trabaja desde febrero de 2012 y hasta hoy en Inversora M&S SA, al mismo tiempo que tomó las riendas como presidenta del directorio de Hotesur, la sociedad controlante del Alto Calafate, según los registros laborales y societarios.

Durante ese mismo período, además, distintas áreas del Estado nacional mostraron indicios inusuales a favor de Cristóbal López. Desde el Ministerio de Economía y la Aduana, por Álcalis de la Patagonia, hasta la unidad antilavado (UIF) y el Banco Central (BCRA), por el banco Finansur, o la Afsca para su ingreso en el sector de los medios.

Lo mismo ocurrió en la AFIP, que toleró la retención de esos $ 8000 millones de pesos en impuestos atrasados por parte de López y De Sousa. El organismo les permitió acumular esa deuda, luego convalidó que la colocaran en múltiples regímenes de asistencia financiera (RAF) -planes de pago de hasta seis cuotas que ofrecía el organismo tributario- y, por último, cuando el volumen de esa deuda se tornó sustancial, les permitió consolidarla en sucesivos planes de pago.

ricardo-echegaray-tapandose-la-bocaUna vocera de Ricardo Echegaray llamó el viernes a LA NACION. Sin que mediara una pregunta específica, aclaró que el actual titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) ya fue investigado y sobreseído por la Justicia por la entrega de los planes de pagos a López tras una denuncia de Elisa Carrió. Lo sobreseyó el juez Sebastián Ramos, en marzo de 2014. Es decir, seis meses después de que LA NACION revelara el primer paso de la operatoria que López y De Sousa utilizaron para comprar activos de Petrobras en la Argentina.

La benevolencia de la AFIP frente a Oil Combustibles durante los últimos años contrasta, sin embargo, con la rigidez que el mismo organismo mostró frente a las otras petroleras, que no pudieron cobrar y retener el ITC sin correr el riesgo de afrontar las intimaciones y embargos del organismo tributario. De hecho, ninguna de las otras grandes compañías que operan en el país -YPF, Shell, Petrobras, Axion- mantiene deudas con la AFIP por el ITC. «La operatoria habría terminado con una denuncia penal», indicó un ex alto ejecutivo del sector petrolero que mantuvo varios cortocircuitos con el kirchnerismo.

Ahora, además, las nuevas autoridades de la AFIP comenzaron a intimar a Oil Combustibles, lo sometieron a controles más exhaustivos y le comunicaron que no le permitirán que retenga nuevos fondos por el ITC.

Riesgo inminente

Según surge de los balances de diversas empresas del Grupo Indalo, López y De Sousa concentraron esta maniobra fiscal en Oil Combustibles, que acumuló más del 90% de toda la deuda tributaria. Y que, según anunciaron el viernes, quedará a partir de ahora en manos de De Sousa.

Oil Combustibles es, a la vez, la firma con que adquirieron algunos activos en la Argentina -pero no todos- de la petrolera brasileña Petrobras, operación que quedó bajo la lupa judicial en Brasil por el presunto pago de sobornos.

Los balances de Oil Combustibles reflejaron esa paulatina acumulación del ITC que montaron López y De Sousa. Así, a mediados de 2010, la petrolera informó una deuda con la AFIP por apenas $ 78.285; pero un año después -y ya con la adquisición de activos de Petrobras en el país- subió a $ 179,9 millones, y para junio de 2012 llegó a $ 1262,9 millones.

Pero la operatoria no sólo continuó, sino que se potenció y expandió, hasta ahora correr el riesgo de resultar impagable. Así, en 2013, a $ 1591,7 millones; en junio de 2014, a $ 3145,7 millones, y para mediados de 2015, a más de $ 6065 millones (entre deuda corriente y no corriente). Desde entonces, además, continuó en ascenso hasta diciembre pasado ya que Oil siguió sin girar a la AFIP cientos de millones de pesos correspondientes al ITC, a los cuales se aplicaron los intereses.

Ahora, sin embargo, con más de $ 7400 millones de deuda fiscal acumulados en Oil Combustibles, López y De Sousa afrontan serios desafíos contables, financieros y tributarios para mantener a flote el Grupo Indalo, coincidieron los analistas consultados por LA NACION. Los motivos son múltiples:

-Según sus balances, Oil Combustibles sólo cuenta con un patrimonio neto de $ 447 millones, mientras que su crecimiento respondió al «apalancamiento» de la AFIP, y con un notable descalce de liquidez;

-Para obtener los planes de pago de la AFIP, López y De Sousa promovieron la revaluación contable (no basada en una inversión real) de los «bienes de uso» de Oil Combustibles por más de $ 1669,8 millones. Es decir que los mismos bienes de la compañía que en junio de 2013 valían $ 226,4 millones, un año después pasaron a valer 8,2 veces más: $ 1876,2 millones;

-Ese revalúo quedó a cargo de una pequeña firma sin mayores antecedentes en el mercado, y aunque el revalúo se fijó en junio de 2014, según la propia auditoría el informe se terminó seis meses después, el 15 de diciembre de ese año;

-Transcurridos 21 meses desde que se computó ese revalúo, el recálculo todavía se encuentra pendiente de la aprobación final de la Inspección General de Justicia (IGJ), que durante el último año del gobierno kirchnerista no resolvió si aprobaba o rechazaba esa operación contable;

-Como auditora externa, Deloitte también consignó la revaluación como un riesgo latente para Oil Combustibles. «De no resultar aprobada la revaluación -indicó-, el patrimonio neto disminuiría en 1.059.251.141 [pesos], el activo en 1.629.617.142 [pesos] y el pasivo no corriente (impuesto diferido) lo haría en 570.366.001 [pesos]». Es decir que pondría en serio riesgo a la compañía.

Sin embargo, la revaluación pendiente no es el único factor de riesgo para Oil. Declaró entre sus activos los préstamos por más de $ 4300 millones que le otorgó a otras empresas del grupo (los $ 3300 millones que giró a Inversora M&S SA-que ahora controlará sólo López-, más otros $ 350 millones a South Media Investments y $ 592,2 millones a «otras partes relacionadas», entre otros). Pero según Deloitte, el recupero de ese dinero es una pregunta abierta: «La realización y la cancelación a futuro de los activos y pasivos entre empresas del grupo económico se encuentran condicionadas al cumplimiento de los planes de negocios de cada unidad de negocios en el corto y mediano plazo».

Así, según surge de los propios balances de Oil Combustibles, si la IGJ no aprueba el revalúo contable de sus bienes o si las otras empresas del Grupo Indalo no pueden devolverle el dinero prestado, la petrolera mostrará un patrimonio neto negativo y quedará en condiciones de disolución. Salvo, claro, que sus accionistas le inyecten fondos frescos por montos multimillonarios. Más relevante aún, esos balances exponen las serias dificultades que afrontan López y De Sousa para devolver los $ 8000 millones en impuestos que adeudan a la AFIP. El viernes anunciaron el fin del Grupo Indalo como era hasta ahora.

Una operatoria irregular

Cristóbal López articuló un mecanismo para eludir pagos a la AFIP que fue cuestionada por una evaluadora

¿Cómo se realizó el fraude?


Fuente: La Nación, 13/02/16.

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Los Kirchner duplicaron la presión tributaria

enero 17, 2016

Durante el kirchnerismo se duplicó la presión tributaria

Impuestos: En 2002 era 18,3% y el año pasado terminó en 36,6%. Uno de los tributos que explicó más la suba fue Ganancias.

Por Ismael Bermúdez.

Sabueso. Ricardo Echegaray, ex titular de AFIP, recaudó cifras récord. / DyN

Ricardo Echegaray, ex titular de AFIP.

En 2015, el Estado Nacional, las provincias y los municipios recaudaron por impuestos y cargas sociales el récord de más de 2 billones de pesos (más de $ 2.000.000 millones), lo que representó 36,6% del PBI. Con relación a 2002, cuando alcanzaba 18,3%, la presión tributaria efectiva se duplicó: creció 100%.

impuestos-02Así lo marca un informe del IARAF (Instituto de Análisis Fiscal) que agrega que el Estado Nacional es el principal recaudador porque entre impuestos y Seguridad Social se llevó 27,7% de los 36,6%. Las provincias, incluidas las cajas provisionales locales, 7,6% y los municipios los restantes 1,3%.

Si se excluye Seguridad Social, el fuerte aumento de la presión impositiva provino del impuesto a las Ganancias, responsable del 35% del aumento recaudatorio y eso se produjo “por la falta de actualización de los parámetros de cálculo de ese impuesto (escalas, mínimos y deducciones) así como también la imposibilidad de realizar el ajuste por inflación”, dice el IARAF.

Luego siguió el IVA –que cuenta con una muy alta imposición (21%)-, que contribuyó con 30% del incremento fiscal y en tercer lugar ingresos brutos, principal tributo de las provincias. La lista se completa con el impuesto a los débitos y créditos (“al cheque”) y el quinto lugar lo comparten los derechos de exportación, las tasas de seguridad e higiene y el impuesto a los sellos.

impuestosDe la estructura impositiva y su evolución distorsiva de los últimos años se infiere que prevalecen los impuestos indirectos, más regresivos, que gravan el consumo, con una participación del 70%, mientras los impuestos directos, que tienen en cuenta la capacidad contributiva de empresas y personas, representan el 30%. A su vez, dentro de este segmento, cobró más peso Ganancias sobre los asalariados y autónomos de ingresos medios que sobre los contribuyentes de altos ingresos. En definitiva, en proporción, las franjas de menores recursos terminaron pagando más impuestos que los sectores más favorecidos.

Con relación a Ganancias, el informe del IARAF dice que “la falta de actualización de sus parámetros de cálculo ha hecho que este impuesto sea cada vez menos progresivo puesto que los rangos de menores ingresos que pagan el impuesto han visto aumentada su alícuota efectiva sustancialmente más que los estratos de ingresos más elevados”. Asalariados, jubilados y profesionales de ingresos medios están alcanzados por la tasa máxima del 35%, al igual que los super grandes contribuyentes.

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El informe también plantea que se necesita una reforma integral. “Debería eliminarse gradualmente el impuesto al cheque, eliminar el impuesto a la ganancia mínima presunta, bajar de manera importante el impuesto a las Ganancias a las personas físicas actualizando las escalas y elevar el piso de bienes personales, a la vez que se debería restablecer para dichos impuestos mecanismos de actualización automáticos.”

Fuente: Clarín, 17/01/16.


 

Descubra cómo disminuir su carga impositiva:

Los Paraísos fiscales, últimos refugios de libertad

los impuestos empobrecen

 

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La AFIP lanza otra moratoria

noviembre 6, 2015

A un mes del cambio de Gobierno, la AFIP lanza otra moratoria

Ya había hecho otra en la primera mitad del año. Las facilidades de pago abarcan las deudas de seguridad social y multas por servicio aduanero.

Administrador. Ricardo Echegaray titular de la AFIP. Aseguran que si Scioli es Presidente seguirá en el cargo.

Administrador. Ricardo Echegaray titular de la AFIP. Aseguran que si Scioli es Presidente seguirá en el cargo.

A un mes del cambio de Gobierno, la AFIP lanzó la segunda moratoria del año. La entidad que lidera Ricardo Echegaray presentó hoy una nueva moratoria para deudas impositivas, aduaneras y recursos de la seguridad social, entre otras, que ofrecerá planes de pagos de hasta 10 años.

argentina-bandera-botonEl ente recaudador había lanzado la anterior moratoria entre marzo y junio. En ese momento, buscaba facilitar el pago de deudas contraídas hasta el 28 de febrero pasado. Ahora, hay hasta fin de mes para formalizar la adhesión a estas nuevas facilidades de pago.

Según la Resolución General 3806 publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de «un régimen especial de facilidades de pago destinado a los contribuyentes y responsables, para la cancelación de Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, Multas aplicadas y/o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero» y otros «ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora» de la AFIP.

La norma establece que los planes de pagos tendrán una extensión máxima de 120 cuotas «mensuales, iguales y consecutiva», cada una de las cuáles no podrá ser menor a los 150 pesos, con un interés mensual de 1,35 por ciento.

Dentro de la moratoria, los contribuyentes podrán incluir deudas vigentes hasta el 30 de septiembre de este año.

afip-logo-01La AFIP excluyó de la posibilidad de adherirse al plan de pagos a los deudores de aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales, de las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), y de los aportes y contribuciones con destino al Régimen Especial de Seguridad Social para empleados del Servicio Doméstico y Trabajadores de Casas Particulares, entre otros.

Además, tampoco podrán acogerse a la nueva moratoria los contribuyentes o responsables querellados o denunciados penalmente por la AFIP o la antigua DGI, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente.

También la Resolución de la AFIP ofrece la posibilidad de reformular planes de pagos vigentes que los contribuyentes hayan acordado previamente con esa dependencia.

La adhesión al régimen, que deberá hacerse a través de la página web de la AFIP, podrá formalizarse hasta el 30 de noviembre, para lo cual cada contribuyente tendrá que tener presentada la declaración jurada correspondiente con la deuda consolidada.

Según los considerandos de la norma publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno busca «instrumentar medidas contracíclicas conducentes al desarrollo estructural de las empresas, a la generación de empleo, al mantenimiento de las fuentes de trabajo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno».

Según informó la AFIP en su momento, a la moratoria lanzada en marzo, y prorrogada por un mes en mayo, tuvo la adhesión de más de 60.000 contribuyentes, por un monto total de 33 mil millones de pesos.

Fuente: Clarín, 06/11/15.

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