El presidente del Banco Nación impulsa un catastro digital para acelerar las escrituraciones.
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“Contratar un escribano es del siglo pasado”, sostuvo Javier González Fraga. El presidente del Banco Nación apuntó a las demoras en la escrituración de propiedades y se las achacó a escribanos y tasadores. Con ese obstáculo en la cabeza, el banco estatal busca impulsar un Catastro Digital que agilice y abarate las operaciones.
“Las propiedades deberían estar en un Catastro digital, en un registro, donde se pueda ver todo y se agilicen los trámites, y se cobren honorarios sensatos”, dijo el funcionario luego de un evento de real state, en el que aseguró que “de los 100 a 120 días que demora el otorgamiento de un crédito hipotecario, 55 se los llevan los tasadores, las escribanías”.
Si bien llaman la atención la contundencia de las declaraciones de González Fraga, el tema de costos y tiempos de la burocracia vinculada a los créditos hipotecarios está en danza desde hace tiempo. Varios empresarios del sector apuntaron a ON24, el descalce que existe entre demanda de créditos y la capacidad de respuesta de las instituciones.
Según un estudio reciente llamado Índice Provincial de Desempeño Empresarial (IPDE), en Rosario, hacer el registro de una propiedad demanda 8 trámites, 68 días, y tiene un costo del 7,5% del valor del inmueble.
Según Financial Times, los inversores internacionales vuelven a interesarse en la Argentina
Se debe a una leve estabilidad y al «peso barato», que convierten a la Argentina en una apuesta.
En su nota, Financial Times destaca la oportunidad y los temores de los inversores sobre la Argentina.
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«Apenas unos días después de que el pánico se instalara en los mercados financieros argentinos, algunos inversores comenzaron a ver nuevas oportunidades, pero al mismo tiempo enfrentan la dificultad de negociar en un entorno donde se evapora la liquidez de los precios», así, el diario Financial Times, uno de los más prestigiosos del mundo en temas financieros, comienza un artículo dedicado a la Argentina, donde destaca que frente a una leve estabilidad, vuelve a ser una apuesta interesante para los inversores y que el peso, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a ser «barato».
De acuerdo con la nota, hay «señales incipientes» de estabilidad tras el anuncio del Gobierno argentino de eliminar su principal déficit fiscal para el próximo año —la brecha entre gastos e ingresos— y la promesa del FMI de revisar su programa de ayuda de USD 50.000 millones.
Nascent signs of stability in Argentina lure bargain hunters
Investors spot opportunities, despite the risk of a recession
ft.com
Entre las señales positivas, el artículo destaca que el peso argentino se estabilizó en alrededor de $37 por dólar estadounidense, el rebote del mercado bursátil Merval desde sus mínimos y el rendimiento de los bonos del Estado a 10 años en dólares, que cayó desde un máximo de casi 11% a alrededor de 10%. Incluso el «bono del siglo» de 100 años emitido en el pico del entusiasmo de los inversionistas por Argentina en 2017 encontró un piso por encima de 70 centavos, lo que equivale a un rendimiento del 10 por ciento.
«Por lo tanto, algunos inversores están buscando ‘gangas‘», señaló la nota firmada por los periodistas Colby Smith y Robin Wigglesworth. «Veo esto no solo como una oportunidad de compra, sino como la mejor oportunidad de compra en 16 años», dijo Jan Dehn, jefe de investigación global de Ashmore, teniendo en cuenta la devaluación de la Argentina en 2002.
Con tasas altas, el peso puede ser una buena inversión, destacan los analistas.
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El especialista advirtió que el peso podría volver a caer, ya que es muy seguro que una recesión golpeará a la economía argentina este año, pero explicó que hubo una venta excesiva de los mercados emergentes más riesgosos debido a una percepción errónea de que el dólar estadounidense se fortalecerá indefinidamente.
Diego Ferro, codirector de inversiones de Greylock Capital, tiene una visión similar. «Por primera vez en mucho tiempo, el peso es barato», argumentó. «Eso no significa que no pueda ser más barato, pero con tasas tan altas, volcarse al peso eventualmente será un gran negocio».
De acuerdo con la visión del Financial Times, la devaluación ayudó a la Argentina a eliminar una porción significativa de su déficit en cuenta corriente y mejorar su solvencia. «El mercado está produciendo una gran parte del ajuste que la economía necesitaba, y si el gobierno puede arreglar el déficit fiscal, el país parece mucho más sustentable ahora que hace un año«, agregó Ferro.
Sin embargo, se advierte que existen otros inversores que aun tienen temores sobre la Argentina y los mercados emergentes en general. «Las preocupaciones sobre la Argentina aumentaron durante la mayor parte de 2018, lo que hizo subir el valor de asegurar la deuda argentina (los credit default swap o CDS) que hacen referencia a los bonos del país desde un valor teórico de USD 3.000 millones en marzo de este año a más de USD 5.000 millones a comienzos de septiembre».
Analistas internacionales hablan de una apuesta por el “peso barato”.
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Las crecientes tasas de interés en los Estados Unidos y el renacimiento del dólar sacudieron a muchas economías emergentes que cargan con grandes deudas en dólares y dependen desproporcionadamente de los flujos de capital a corto plazo que pueden evaporarse rápidamente cuando cambia el clima.
«Ese es el principal motivo de preocupación sobre la solvencia de la Argentina, uno de los mayores deudores en dólares en el mundo desarrollado. Mientras que algunos analistas descartan el resurgimiento del dólar, muchos aún no están listos para regresar», señala el diario británico.
Graham Stock, jefe de investigación en BlueBay Asset Management, cree que se necesita más claridad del FMI sobre la credibilidad del ajuste fiscal de la Argentina, y qué nivel de tolerancia tendrá sobre el incumplimiento de los objetivos del acuerdo original.
Si el gobierno puede lograr la «difícil tarea» de recortar el déficit fiscal primario un año antes de su cronograma original de 2020, Merrill Lynch estima que sin un anticipo de fondos del FMI, la Argentina tiene necesidades de financiamiento el próximo año de USD 23.000 millones. Si el país obtiene más del 60% de su deuda a corto plazo durante ese período, la brecha de financiamiento se amplía a USD 10.000 millones.
Stock también mostró preocupación por las elecciones presidenciales del próximo año, si se tienen en cuenta las «medidas de austeridad» que anunció el presidente Mauricio Macri. «Los intentos anteriores de ajuste fiscal se han enfrentado a una dura oposición en las calles. Este programa es más agresivo y la carga recaerá en los trabajadores y exportadores del sector público», dijo Stock.
Los Escribanos deberán informar sobre operaciones sospechosas
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de los jueces Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y las disidencias de los jueces Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, ratificó la constitucionalidad de las normas que imponen a los escribanos públicos la obligación de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) la existencia de “operaciones sospechosas” de lavado de activos o financiación del terrorismo de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
Highton de Nolasco y Rosatti recordaron que el principio de juridicidad que emana del artículo 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones.
Por esa razón, su regulación se realiza mediante el dictado de normas de alcance general que deben establecer delimitaciones precisas entre lo que se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción jurídica, indicaron.
Destacaron que las previsiones del artículo 21 de la ley 25.246, que imponen a los escribanos la obligación de informar las operaciones sospechosas de las que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones, respetan el principio de legalidad, resultan precisas y previsibles, responden a la necesidad de combatir el fenómeno de la criminalidad internacional y son acordes con las disposiciones de distintos instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina.Las operaciones
Agregaron que, por otra parte, la resolución UIF 21/2011 enuncia una lista de 16 hipótesis que sirven para delimitar el concepto de “operaciones sospechosas” con la claridad necesaria para que los notarios actúen en consecuencia.
En este contexto, destacaron que la obligación impuesta responde a la especial naturaleza de la actividad del notariado, que les da un rol preponderante en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros.
Afirmaron, además, que estos profesionales cuentan con conocimientos técnicos y experiencia profesional que los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuándo una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
En el mismo sentido, el juez Maqueda señaló que las normas examinadas satisfacen el requisito de ser previsibles y no vulneran, por ello, el principio de legalidad.
Destacó que, conforme el artículo 21 de la citada ley, para calificar de sospechosa a la actividad y, por ende, tener que reportarla a la UIF, los escribanos públicos deben examinar si es “inusual”, si tiene “justificación económica o jurídica” o es de “complejidad inusitada o injustificada”.
Ello -indicó- no constituye una tarea de difícil realización para quienes, dada su condición de profesionales universitarios, deben tener cabal conocimiento de los negocios jurídicos en los que intervienen, de modo de poder evaluar si sus características son habituales o no, si determinadas modalidades suelen presentarse en la práctica, si se entiende la finalidad del negocio y cuál es el provecho -económico o no- para sus otorgantes.
Para Lorenzetti, la norma de la UIF contiene un criterio muy abierto y opinable de lo que puede calificarse como sospechoso. Y consideró que el tema pone “en juego la seguridad jurídica”.
Según se señaló, la técnica utilizada en la redacción de las normas impugnadas acude a una importante cantidad de conceptos jurídicos indeterminados –tales como usos y costumbres, experiencia e idoneidad, buena fe-, los que, en principio, atentan contra la especificidad y objetividad necesaria en este tipo de disposiciones jurídicas.
Cautelares para no cumplir las exigencias
Desde el 2011 y hasta la fecha se hicieron muchos planteos -sobre todo, de escribanos- para no cumplir con las obligaciones de control que le impone la UIF. Muchos se sostenían con cautelares, como es el caso de los notarios de Entre Ríos, a quienes se les cayó la cautelar en 2015. Ahora el máximo Tribunal le puso punto final a la discusión. Algo parecido pasaba con las concesionarias de autos que tenían una cautelar de un juez de Mendoza hasta 2015. Con esta sentencia de la Corte, los sujetos obligados terminarían aceptando que no les queda otra que asumir las responsabilidades que les impone la ley 25246.
Las respuestas a Las incógnitas más resonantes respecto del dólar
Por Nicolás Sanz.
Reportaje a un especialista en finanzas. .
En un día donde el dólar culminó por explotar, se propagaron muchas incógnitas, algunas de ellas las respondió el ingenieroGustavo Ibáñez Padilla al ser consultado por Tribuna de Periodistas.
Lo primero que se le consultó al especialista en finanzas, fue sobre las razones por las cuales el dólar aumenta sin control, a lo que supo responder pormenorizadamente: “La cotización del dólar (si no hay intervención del BCRA) surge de la libre interacción de la oferta y la demanda.
Por diversas razones la oferta ha sufrido una importante disminución: La sequía afectó los resultados de la cosecha, la suba de tasas de la FED (Banco Central de los Estados Unidos) quitó fondos a los mercados emergentes, la crisis de confianza en la Argentina cortó el flujo de financiamiento externo.
Al mismo tiempo aumentó la demanda, por causa de: El temor de los ciudadanos comunes que históricamente se refugian en el dólar cuando hay crisis, grandes operadores están apostando en contra del peso, la falta de claridad en el Plan Económico siembra dudas en el mercado y los temores sobre la capacidad de pago del Estado argentino, ponen más presión sobre el tipo de cambio, la acción interesada de políticos opositores que pugnan por desestabilizar al gobierno alimenta los temores del mercado. El resultado de esta ecuación es el aumento del tipo de cambio”.
También se le ha inquirido sobre qué puede pasar con la divisa norteamericanarespecto de si va a seguir aumentando o si hay probabilidades de que empiece a disminuir en comparación al devaluado peso argentino: “No sabemos cuál va a ser el punto de equilibrio. El tipo de cambio flotante actúa como un regulador de la economía nacional. Al subir el dólar inmediatamente mejora nuestra balanza comercial y el problema comienza a solucionarse.
No hay que entrar en pánico. El plan que debe cumplir el gobierno no es muy difícil de llevar a cabo. La situación es mucho mejor que la de crisis anteriores. No hay descalce entre pesos y dólares. Hay un Gobierno más fuerte de lo que parece. Cambiemos comenzó en una situación débil pero se fue afirmado con el paso de las elecciones. No hay una fuerza opositora unida que pueda desbancar al Gobierno, el peronismo está en proceso de degradación y muchas de sus principales figuras están a un paso de ingresar a la cárcel.
Lo que sí hay es un conjunto de fuerzas e intereses que procuran desestabilizar al Gobierno y generar una crisis, por aquello de `a río revuelto ganancia de pescadores´. Hay muchas personas que cuentan con fondos de origen ilícito dispuestas a invertir una parte para hacer caer al Gobierno de Macri, a fin de evitar terminar en prisión. La diferencia es que ahora hay también una enorme cantidad de personas dispuestas a defender el proceso de depuración de la República, que se expresan por las redes sociales, las marchas en la vía pública y también en las urnas. Aquí está la fortaleza del actual Gobierno que no tenían los anteriores”.
Otra de las preguntas que precisaba una respuesta concisa, refiere al impacto del día a día en el bolsillo de la gente de a pie, a lo que el consultor financiero respondió escuetamente: “El aumento del dólar afecta en forma directa a todo aquello que provenga del exterior. La disminución del gasto en bienes importados y la caída de los viajes al exterior son el primer efecto. Como contrapartida también aumentarán nuestras exportaciones e ingresarán dólares de los turistas que vengan a la Argentina atraídas por la mejora en nuestros precios relativos. Es así como el sistema busca su equilibrio.
Otro asunto es el traslado de la suba del dólar a los precios en general, esto ocurre sólo si lo convalida el Banco Central con una creciente emisión. Si el gobierno hace sus deberes y se toma en serio la necesidad de bajar el déficit fiscal, achicando el gasto público, es de esperar entonces que el impacto sobre los precios sea menory la mejora del tipo de cambio real permanezca en el tiempo.
Si los argentinos somos capaces de aprender de nuestros errores, ajustándonos el cinturón cuando es necesario, controlando a los políticos para que deban ser honestos, exigiendo a la Justicia el pronto castigo de los corruptos y trabajando en forma disciplinada y persistente, entonces y sólo entonces podremos disfrutar de un merecido éxito”.
Por último, en el marco del viaje que Dujovne prepara a Washington para renegociar con el FMI los aspectos del adelanto del préstamo que la entidad ya había otorgado, en parte, en mayo último, a Ibáñez Padilla se le requirió una explicación sobre cómo beneficiaria a la Argentina dicha medida: “Sería muy favorable que el FMI adelante el cronograma de fondos, esto le daría más oportunidades al Gobierno para sobrellevar la crisis y tiempo para esperar los efectos favorables de la mejora del tipo de cambio. Macri cuenta con el apoyo del FMI y de Donald Trump en esta crisis, lo cual fortalece su posición”.
30/08/18 Ejemplo de Campañas de rumores con intención de infundir temor respecto del dólar:
Fuente: Twitter, 30/08/18.
Esto es un ejemplo típico de guerra psicológica (uso de rumores, propaganda y acción psicológica a fin de direccionar conductas, en la búsqueda de objetivos de control social).
Por qué prohibir el allanamiento a un legislador es inconsitucional
Por Mario Midón.
CFK.
La decisión del Senado de la Nación al posponer, una vez más, el tratamiento de una solicitud judicial para allanar el domicilio de la senadora Cristina Fernández de Kirchner reactualiza la justificada controversia en punto a los indulgentes contenidos de la materia en la Ley 25.320.
Como se sabe, el artículo 1° de ese instrumento impide que un juez disponga el allanamiento del domicilio y las oficinas de un legislador, como la intercepción de sus comunicaciones telefónicas y postales, a menos que el tribunal requirente cuente con expresa autorización de la Cámara a la que pertenece el representante del pueblo.
La penosa como inconstitucional norma concebida y mantenida con fuerte sentido corporativo nació allá por el 2001, cuando el mundo político se conmovió por la denuncia que desde el año anterior involucró a un grupo de senadores a quienes se sindicaba como partícipes en la comisión del delito de cohecho, consistente en la percepción de sumas de dinero para votar favorablemente un proyecto de ley de reforma laboral. En medio del escándalo que suscitó el requerimiento de desafuero de 11 integrantes de la cámara baja, los componentes del Congreso en 24 horas transformaron en ley un proyecto de lo que se dio en llamar «nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados».
Aunque la iniciativa tuvo la virtud de poner fin a la tesis de que los legisladores están exentos de proceso penal, alimentó un derrotero revelador de que, signados por la necesidad sectorial de respuesta política inmediata, los exponentes legislativos de entonces uniformaron lo que era distinto, discriminaron cuando no debían, ignoraron los alcances de ciertos institutos y, de paso, crearon este original privilegio más próximo a un fuero personal que la tutela institucional de los legisladores.
A 17 años de vida, la herramienta se mantiene tan lozana como fecunda, pero a la vez tan inconstitucional como desatinada, se la mire por donde se la mire.
Es que cuando un tribunal decide adoptar determinaciones como las que, según la ley, requieren aquiescencia de una Cámara, es porque está interesado en arrimar elementos probatorios para confirmar o desmentir los hechos que se incriminan al representante que forma parte de ella, y necesita, como en cualquier investigación, proceder con el mayor sigilo por una razón de eficacia.
Sin embargo, el sentido de ese valor investigativo desaparece para la ley cuando de legisladores se trata. Conforme a su contenido, hay que esperar lo que podría reputarse como el ingenuo proceder de un diputado o senador que, luego de autorizar que se le allane el domicilio, sus oficinas o la intercepción de sus comunicaciones —porque la ley no excluye su intervención y él forma parte de la Cámara que debe permitir las medidas de investigación solicitadas por el juez—, mantiene en su domicilio o despacho elementos comprometedores en relación con el hecho que se investiga, al tiempo que manda y recibe correspondencia y comunicaciones telefónicas fidedignas a sabiendas de que su contenido se están grabando o examinando por agentes judiciales para incriminarlo.
El marco de candidez con que se ha previsto el desarrollo de esas providencias judiciales parece concebido para practicarse respecto de ángeles, no de mortales. La inconstitucionalidad alojada en el precepto hiere, básicamente, los principios de división de poderes, razonabilidad e igualdad, encerrando una notoria injusticia. Y, por si fuera poco, fulmina el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, pues el hecho de ponerle trabas a la investigación judicial es factor que contribuye a que los interesados en ese proceso vean burlado su derecho de efectivo acceso, privándose a la sociedad de conocer el comportamiento de un representante.
Llamativamente, la disposición fue noticia en la contemporaneidad al ser invocada como mínimo en dos sonados hechos. Una primera en la que se investigaba al entonces vicepresidente, Amado Boudou, por la comisión de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo llamativo del caso es que quien quiso ampararse en las disposiciones de la ley y planteó la nulidad de un allanamiento realizado en un inmueble cuya propiedad se atribuía al ex funcionario fue un coimputado. Dada la manifiesta falta de legitimación del requirente, el tribunal actuante desestimó la solicitud, a lo que se sumaba que Boudou no era tributario de la prerrogativa por no ser legislador.
Otra más reciente se registró en el curso de 2016. En el juicio penal que se sigue al ex diputado Julio de Vido, el juez de la causa debió frenar un allanamiento al domicilio de este al advertir la protección que amparaba esa propiedad. Frente al episodio, un sector de la Cámara presentó un proyecto para que el órgano legislativo autorizara la medida, iniciativa que, para resolverse, demoró casi dos meses. El suficiente para que, si había elementos incriminatorios en el lugar, el imputado pudiera hacerlos desaparecer.
Mantener esta invitación a la impunidad es responsabilidad del Congreso. Debe cerrarse el intersticio con la inmediatez que el sentido común y las instituciones constitucionales imponen, porque supeditar el accionar de la Justicia a un permiso legislativo es tan grave como posponer la vigencia de la ley al humor de un juez.
Ex ministro de Economía y ex candidato a la presidencia de Argentina, Ricardo López Murphy: “Se puede criticar a Macri pero nadie sospecha de una banda recogiendo dinero para llevárselo al Presidente”
Por Francisca Guerrero.
El economista y político argentino asegura que la corrupción que ahora salió a la luz tuvo una importancia decisiva en el deterioro que vivió el país. Aunque afirma que Macri no lidia con este tipo de problemas, cuestiona su manejo del déficit y prevé una contracción económica hasta el segundo trimestre de 2019.
Las sospechas sobre corrupción en la era del kirchnerismo siempre estuvieron en el aire, según el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Argentina, Ricardo López Murphy, para quien la situación que enfrentó su país no tiene nada que envidiarle a la trama de Petrobras y Odebrecht en Brasil. Desde su punto de vista, el circuito de corrupción que alcanzaba a Néstor y Cristina Kirchner afectó el clima de negocios, haciendo a Argentina un destino menos atractivo para la inversión foránea.
Sin embargo, todo eso forma parte del pasado, según López Murphy, quien participará la próxima semana de la séptima versión del seminario internacional organizado por la Fundación para el Progreso. De todas maneras, crítica a la Casa Rosada por la forma en la que enfrentaron el problema del déficit, aunque le parece más acertada la manera en que se enfrenta el desafío en el programa acordado con el FMI.
¿La corrupción jugó un rol en el deterioro económico argentino?
-Tuvo una importancia decisiva, porque en ese clima y con esas prácticas corruptas era muy difícil recibir inversión del extranjero. La corrupción, según narran todos estos episodios, estaban organizados de arriba hacia abajo, las recorridas finalizaban llevándole las valijas al presidente de la república o a la presidenta. Es un gran escándalo, como nunca lo he visto en nuestra historia en experiencias comparadas.
¿Argentina padecía del mismo mal de Brasil con la corrupción política arrastrando a la economía?
-No le envidiamos nada a Brasil. Es una cosa muy grave.
¿Es otro el escenario que tiene Argentina bajo la administración Macri?
-No hay ninguna sospecha de que los problemas tengan que ver con esas cuestiones del pasado, donde había rumores todo el tiempo de estas cosas y había conductas muy raras, pero no había una denuncia con la precisión que vemos hoy, con cuadernos narrando los circuitos. La justicia no los detuvo, porque alguien les hizo el cuento. Hay elementos muy serios y concordantes.
¿Argentina se administra con mayor probidad en la actualidad?
-De eso no tengo duda. Se puede criticar al gobierno de Macri, pero nadie sospecha de una banda recogiendo dinero para llevárselo al presidente como ocurría antes. Eso no se nos pasa por la cabeza.
Macri reconoció que la inflación podría llegar a 30% en lugar del 15% previsto a inicios de año. ¿Fracasó el gobierno en el control de precios considerando?
-Lo que está detrás de esa inflación es una sucesión de déficit fiscales enormes que no encuentra espacio de financiamiento y que se termina resolviendo con emisión monetaria. Respecto a las metas fijadas hay una deuda muy grande, pero en relación a lo que uno podría esperar no es raro, con déficit enormes se termina con alta inflación.
¿El error fue plantear una meta tan ambiciosa?
-Seguramente sí, porque no había los esfuerzos fiscales para que esa meta fuera alcanzada. Hemos tenido déficit muy grandes que fueron financiados poniendo deuda externa hasta que no fue más posible hacerlo y eso es lo que ahora se tradujo en una gran devaluación y las consecuencias inflacionarias que eso tiene. Pero el meollo de la cuestión es la crisis fiscal, el gran problema de descalabro fiscal, en parte heredado, en parte inducido.
¿Inducido en qué forma?
-El mecanismo de financiamiento de gran desequilibrio fue colocar deuda de corto plazo a muy alto costo, eso alimenta los déficit. Se enfrenta a intereses muy elevados y eso se agrega a a cuenta fiscal.
¿El discurso del gobierno de que los problemas fueron heredados está llegando a un límite?, ¿falta asumir responsabilidades?
-El diagnóstico original fue muy equivocado, sobre la necesidad de enfrentar el problema fiscal, eso lo postergaron con un plan de muy bajo ritmo. La idea de gradualismo y endeudamiento no era viable, llevó a la corrección grande que vimos y a la necesidad de recurrir al apoyo de organismos multilaterales para poder transitar con cierta tranquilidad esta etapa.
¿Estuvo de acuerdo con que se llamara al FMI?
-No teníamos más remedio. No había otra la alternativa.
¿Están ocupando bien los recursos del FMI con las subastas diarias del banco central?
-Yo hubiera preferido colocarlo un poquito más alto, por menos tasa de interés y que se metería a reservas. Pero estamos ante un programa que es mucho más consistente que el que había comenzado a desarrollar el Presidente en 2015. Es un programa más serio y más equilibrado.
¿Cuánto cree que durará la recesión?
Va a durar probablemente hasta el segundo trimestre del año que viene. Vamos a tener un tercer y cuarto trimestre de 2018 muy adversos, al igual que el primero de 2019, los números van a comenzar a mostrar una recuperación importante después, sobre todo si el clima nos ayuda con la cosecha, que es muy importante para Argentina.
Pensar en una recuperación antes de eso me parece ingenuo.
¿Se ha descuidado el crecimiento al poner el foco en el equilibrio fiscal?
-Es parte de lo mismo. Si no se logra controlar el problema del déficit el problema que se genera en el mercado financiero es devastador para la economía. Es un circo descontrolado, con primas de riesgo extravagante. Si queremos crecer hay que organizar el mercado de ahorro, de capitales y mejorar la inversión.
¿La devaluación llegó a su fin?
-Nosotros tenemos una alta inflación, por lo que vamos a tener que devaluar. Si usted tienen inflación de 30% usted devalúa inexorablemente. Nosotros tenemos un régimen de alta inflación y abatir eso requiere reformas más profundas de las que están implícitas en el programa. Este es un programa para controlar un gran déficit, nada más, no es para resolver la inflación.
¿Cuánto más podría caer la moneda?
-Vamos a tener una devaluación que va ir al paso de la inflación y eso lo necesitamos, porque nuestra economía tiene que corregir su sector externo de una manera muy significativa y eso requiere que el país no pierda competitividad.
Si recaudan más no bajarán impuestos, subirán el gasto
Por Antonio I. Margariti.
Nuestro país está viviendo un sórdido pero fundamental enfrentamiento. Es un combate por todo o nada, a triunfar o sucumbir que, sin embargo, no es percibido en toda su magnitud por gran parte de la dirigencia y mucho menos por la población de a pie.
UNA CLARA DISYUNTIVA
Se trata de consolidar la decadencia secular que nos tiene atrapados hace 70 años o de poner fin a su dominio, aventando sus causas para recuperar la dignidad, el progreso y la cordura que nos permitan crecer y expandirnos en una vida mejor.
En términos económicos esta batalla vital se expresa de una manera simple.
O la clase política hace un serio ajuste de sus apetencias por el gasto y el despilfarro del Estado o la sociedad integrada por personas y familias tendrán que soportar una servidumbre fiscal por un tiempo que sobrepasará varias generaciones.
El módulo que sirve como testigo de la recuperación del país o de su derrota con el estancamiento y la decadencia es muy claro. Son las normas y reglas recetadas por el Fondo Monetario Internacional como salvavidas para mantenernos a flote mientras repensamos nuestro propio futuro con detenimiento y seriedad.
Sin embargo, nuestros políticos y sus asesores electorales, sustituyen este claro esquema por la dialéctica de la grieta entre el distribucionismo de la derecha versus la repartija de la izquierda.
A pesar de esa mentada grieta, ambos están unidos en una misma falacia keynesiana: gastar más de lo que se tiene, expoliar a quien produce, repartir a los que no trabajan y sofocar con impuestos y regulaciones el más mínimo intento de producir honestamente en un sistema de leal competencia.
Por ello, los gobernantes y legisladores se muestran seguros y decididos cuando sancionan malas medidas, pero dudan y son indecisos cuando deben tomar buenas decisiones.
Basta con reparar en el contenido y alcance de los eslogan y discursos que pronuncian. Advertiremos una asombrosa superficialidad. Palabras sonoras que nada contienen y nada significan. Es alarmante comprobar la suma ignorancia en cuestiones económicas básicas y el predominio de ideas incoherentes y disparatadas. Parecieran haber perdido la capacidad de pensar y de comprender lo que está pasando, lo cual implica un cierto desvarío mental.
Pero esa pasajera pérdida de razón, no sólo se percibe en las autoridades políticas sino, también y con cierta amplitud, entre los dirigentes gremiales, empresarios y hasta líderes de la jerarquía eclesiástica.
Predomina en muchos la presunción de que con verbalismo dialéctico y voluntarismo político, es posible forzar o neutralizar las consecuencias de la violación de principios económicos elementales, basados en la sensatez de las leyes naturales.
La mayoría de ellos creen que los gobiernos pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Que pueden hacerse obras públicas con endeudamiento ilimitado. Que las deudas públicas no cuestan nada y no son de obligada amortización. Que es posible repartir, indefinidamente, subsidios universales con impuestos esquilmados a los que trabajan.
También confían en que la crisis del desfinanciamiento del Estado pueda ser pagada por el agro con mayores retenciones. Que es posible estimular exportaciones aplicando impuestos. Que las empresas comerciales deben vender barato pese a que el gobierno les provoca una inflación galopante.
Están convencidos que -con controles y duras sanciones- lograrán estabilizar los precios mientras emiten dinero falso para financiar el gasto público. Que el déficit del presupuesto puede diluirse esperando cómodamente un crecimiento automático que les permita bajar su incidencia porcentual. Que es factible regular autoritariamente las decisiones privadas sin pagar las consecuencias de la desinversión.
Mantienen la ilusión de que la sola presencia de personajes infatuados, abúlicos y sin ideas claras, provocará un diluvio de inversiones extranjeras y que con apelaciones al optimismo y las buenas ondas es posible abatir el desánimo de los emprendedores más animosos y diligentes.
Este es el coctel de ilusiones, utopías, falacias y embustes con que se entretiene nuestra clase dirigente, mientras la vida de la gente va transcurriendo inexorablemente sin mejorar.
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EL PODER FISCAL ES PODER PARA ARRUINAR Y DESTRUIR
Los funcionarios del Estado disponen de una prerrogativa que no tienen los demás grupos sociales. Pueden vivir opíparamente de rentas arrebatadas a las empresas y personas físicas por la fuerza legal de los impuestos, el endeudamiento y la emisión de dinero, obligándolas a ajustarse el cinturón y desprenderse del fruto de su trabajo.
Nunca estará de más recordar aquella advertencia de San Agustín de Hipona, en su imperdible libro De civitate Dei contra paganos, annus 412 d.C. señalando que: «Un gobierno sin justicia se convierte en un vasto latrocinio, es decir en una banda de ladrones en gran escala, que se comprometen, en pacto mutuo, a repartirse el botín según las reglas fijadas por ellos mismos.»
Al mismo tiempo que éste es el comportamiento de la dirigencia local, circulan muchas ideas, pensamientos y creencias entre los propios ciudadanos que contribuyen a consolidar ese poder injusto y omnímodo del Estado sobre la vida y el patrimonio de las personas. Muchas de estas actitudes pueden descubrirse en los innumerables mensajes de las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y Periscope, como podemos ver a continuación.
Actitud del resentido, esquilmado por excesivos impuestos: no pide que se lo rebajen, sino que reclama que se los suban a los demás y así satisface su envidia haciendo que paguen mayores tasas quienes ganen más que él.
Actitud del ingenuo, confiado en la de la bondad de los políticos: apuesta a que denunciando al Fisco los presuntos evasores, conseguirá bajar las alícuotas para beneficiar a los buenos contribuyentes.
Actitud del tacaño, que evade impuesto cuando puede: se pone celoso si otros adoptan su misma conducta y los acusa de evasores contumaces mientras él se oculta.
Actitud del cándido, que cree que evadir impuestos es pecado: no advierte que lo están expoliando sin misericordia mediante múltiples impuestos directos e indirectos.
Actitud del político canalla, que pretende recaudar más para embolsar más: es tan ladino que decidirá crear nuevos impuestos pretextando su opción preferencial por los pobres.
Actitud del justiciero, que apuesta a la justicia social: requiere aumentar los impuestos para redistribuir la renta ajena sin percibir que el aumento de recaudación irá al bolsillo de políticos miserables y empobrecerá a los ciudadanos honestos.
Actitud del cínico y caradura, que se apropia desaprensivamentede los impuestos:
se justifica señalando que de este modo puede crear nuevas fuentes de trabajo.
Actitud del empresario o sindicalista cortesano: utilizan el tráfico de influencias y el soborno para que los funcionarios cubran sus espaldas con privilegios fiscales específicos.
Actitud del inteligente, que advierte que no sólo paga impuesto a las ganancias: comprende la iniquidad de la ilusión fiscal escondida en multitud de impuestos indirectos.
Actitud del justo, que cumple sus obligaciones fiscales: acepta pagar todos los impuestos pero exige que el Estado tenga un límite cuantitativo a la presión fiscal.
Actitud del hombre libre, que pide frenar el poder destructivo del Fisco: reclama el amparo de la justicia para que la sumatoria de todos los impuestos no exceda el 25% de sus ingresos líquidos.
Pese a toda la retórica y dialéctica verbal de nuestros gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios recaudadores, debemos escuchar y recoger la secular experiencia señalada por uno de los más grandes hacendistas de los últimos tiempos: Luigi Einaudi, eximio presidente de Italia después de la IIª Guerra Mundial: «Cuando los gobernantes recauden más, nunca rebajarán los impuestos, sino que aumentarán el gasto». (Mitos y paradojas de la justicia tributaria, editorial Ariel, Madrid, España).
“Las propiedades deberían estar en un Catastro digital, en un registro, donde se pueda ver todo y se agilicen los trámites, y se cobren honorarios sensatos”, dijo el funcionario luego de un evento de real state, en el que aseguró que “de los 100 a 120 días que demora el otorgamiento de un crédito hipotecario, 55 se los llevan los tasadores, las escribanías”.
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