Por qué prohibir el allanamiento a un legislador es inconsitucional
Por Mario Midón.
CFK.
La decisión del Senado de la Nación al posponer, una vez más, el tratamiento de una solicitud judicial para allanar el domicilio de la senadora Cristina Fernández de Kirchner reactualiza la justificada controversia en punto a los indulgentes contenidos de la materia en la Ley 25.320.
Como se sabe, el artículo 1° de ese instrumento impide que un juez disponga el allanamiento del domicilio y las oficinas de un legislador, como la intercepción de sus comunicaciones telefónicas y postales, a menos que el tribunal requirente cuente con expresa autorización de la Cámara a la que pertenece el representante del pueblo.
La penosa como inconstitucional norma concebida y mantenida con fuerte sentido corporativo nació allá por el 2001, cuando el mundo político se conmovió por la denuncia que desde el año anterior involucró a un grupo de senadores a quienes se sindicaba como partícipes en la comisión del delito de cohecho, consistente en la percepción de sumas de dinero para votar favorablemente un proyecto de ley de reforma laboral. En medio del escándalo que suscitó el requerimiento de desafuero de 11 integrantes de la cámara baja, los componentes del Congreso en 24 horas transformaron en ley un proyecto de lo que se dio en llamar «nuevo régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados».
Aunque la iniciativa tuvo la virtud de poner fin a la tesis de que los legisladores están exentos de proceso penal, alimentó un derrotero revelador de que, signados por la necesidad sectorial de respuesta política inmediata, los exponentes legislativos de entonces uniformaron lo que era distinto, discriminaron cuando no debían, ignoraron los alcances de ciertos institutos y, de paso, crearon este original privilegio más próximo a un fuero personal que la tutela institucional de los legisladores.
A 17 años de vida, la herramienta se mantiene tan lozana como fecunda, pero a la vez tan inconstitucional como desatinada, se la mire por donde se la mire.
Es que cuando un tribunal decide adoptar determinaciones como las que, según la ley, requieren aquiescencia de una Cámara, es porque está interesado en arrimar elementos probatorios para confirmar o desmentir los hechos que se incriminan al representante que forma parte de ella, y necesita, como en cualquier investigación, proceder con el mayor sigilo por una razón de eficacia.
Sin embargo, el sentido de ese valor investigativo desaparece para la ley cuando de legisladores se trata. Conforme a su contenido, hay que esperar lo que podría reputarse como el ingenuo proceder de un diputado o senador que, luego de autorizar que se le allane el domicilio, sus oficinas o la intercepción de sus comunicaciones —porque la ley no excluye su intervención y él forma parte de la Cámara que debe permitir las medidas de investigación solicitadas por el juez—, mantiene en su domicilio o despacho elementos comprometedores en relación con el hecho que se investiga, al tiempo que manda y recibe correspondencia y comunicaciones telefónicas fidedignas a sabiendas de que su contenido se están grabando o examinando por agentes judiciales para incriminarlo.
El marco de candidez con que se ha previsto el desarrollo de esas providencias judiciales parece concebido para practicarse respecto de ángeles, no de mortales. La inconstitucionalidad alojada en el precepto hiere, básicamente, los principios de división de poderes, razonabilidad e igualdad, encerrando una notoria injusticia. Y, por si fuera poco, fulmina el artículo 25 del Pacto de San José de Costa Rica, pues el hecho de ponerle trabas a la investigación judicial es factor que contribuye a que los interesados en ese proceso vean burlado su derecho de efectivo acceso, privándose a la sociedad de conocer el comportamiento de un representante.
Llamativamente, la disposición fue noticia en la contemporaneidad al ser invocada como mínimo en dos sonados hechos. Una primera en la que se investigaba al entonces vicepresidente, Amado Boudou, por la comisión de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo llamativo del caso es que quien quiso ampararse en las disposiciones de la ley y planteó la nulidad de un allanamiento realizado en un inmueble cuya propiedad se atribuía al ex funcionario fue un coimputado. Dada la manifiesta falta de legitimación del requirente, el tribunal actuante desestimó la solicitud, a lo que se sumaba que Boudou no era tributario de la prerrogativa por no ser legislador.
Otra más reciente se registró en el curso de 2016. En el juicio penal que se sigue al ex diputado Julio de Vido, el juez de la causa debió frenar un allanamiento al domicilio de este al advertir la protección que amparaba esa propiedad. Frente al episodio, un sector de la Cámara presentó un proyecto para que el órgano legislativo autorizara la medida, iniciativa que, para resolverse, demoró casi dos meses. El suficiente para que, si había elementos incriminatorios en el lugar, el imputado pudiera hacerlos desaparecer.
Mantener esta invitación a la impunidad es responsabilidad del Congreso. Debe cerrarse el intersticio con la inmediatez que el sentido común y las instituciones constitucionales imponen, porque supeditar el accionar de la Justicia a un permiso legislativo es tan grave como posponer la vigencia de la ley al humor de un juez.
Ex ministro de Economía y ex candidato a la presidencia de Argentina, Ricardo López Murphy: “Se puede criticar a Macri pero nadie sospecha de una banda recogiendo dinero para llevárselo al Presidente”
Por Francisca Guerrero.
El economista y político argentino asegura que la corrupción que ahora salió a la luz tuvo una importancia decisiva en el deterioro que vivió el país. Aunque afirma que Macri no lidia con este tipo de problemas, cuestiona su manejo del déficit y prevé una contracción económica hasta el segundo trimestre de 2019.
Las sospechas sobre corrupción en la era del kirchnerismo siempre estuvieron en el aire, según el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial de Argentina, Ricardo López Murphy, para quien la situación que enfrentó su país no tiene nada que envidiarle a la trama de Petrobras y Odebrecht en Brasil. Desde su punto de vista, el circuito de corrupción que alcanzaba a Néstor y Cristina Kirchner afectó el clima de negocios, haciendo a Argentina un destino menos atractivo para la inversión foránea.
Sin embargo, todo eso forma parte del pasado, según López Murphy, quien participará la próxima semana de la séptima versión del seminario internacional organizado por la Fundación para el Progreso. De todas maneras, crítica a la Casa Rosada por la forma en la que enfrentaron el problema del déficit, aunque le parece más acertada la manera en que se enfrenta el desafío en el programa acordado con el FMI.
¿La corrupción jugó un rol en el deterioro económico argentino?
-Tuvo una importancia decisiva, porque en ese clima y con esas prácticas corruptas era muy difícil recibir inversión del extranjero. La corrupción, según narran todos estos episodios, estaban organizados de arriba hacia abajo, las recorridas finalizaban llevándole las valijas al presidente de la república o a la presidenta. Es un gran escándalo, como nunca lo he visto en nuestra historia en experiencias comparadas.
¿Argentina padecía del mismo mal de Brasil con la corrupción política arrastrando a la economía?
-No le envidiamos nada a Brasil. Es una cosa muy grave.
¿Es otro el escenario que tiene Argentina bajo la administración Macri?
-No hay ninguna sospecha de que los problemas tengan que ver con esas cuestiones del pasado, donde había rumores todo el tiempo de estas cosas y había conductas muy raras, pero no había una denuncia con la precisión que vemos hoy, con cuadernos narrando los circuitos. La justicia no los detuvo, porque alguien les hizo el cuento. Hay elementos muy serios y concordantes.
¿Argentina se administra con mayor probidad en la actualidad?
-De eso no tengo duda. Se puede criticar al gobierno de Macri, pero nadie sospecha de una banda recogiendo dinero para llevárselo al presidente como ocurría antes. Eso no se nos pasa por la cabeza.
Macri reconoció que la inflación podría llegar a 30% en lugar del 15% previsto a inicios de año. ¿Fracasó el gobierno en el control de precios considerando?
-Lo que está detrás de esa inflación es una sucesión de déficit fiscales enormes que no encuentra espacio de financiamiento y que se termina resolviendo con emisión monetaria. Respecto a las metas fijadas hay una deuda muy grande, pero en relación a lo que uno podría esperar no es raro, con déficit enormes se termina con alta inflación.
¿El error fue plantear una meta tan ambiciosa?
-Seguramente sí, porque no había los esfuerzos fiscales para que esa meta fuera alcanzada. Hemos tenido déficit muy grandes que fueron financiados poniendo deuda externa hasta que no fue más posible hacerlo y eso es lo que ahora se tradujo en una gran devaluación y las consecuencias inflacionarias que eso tiene. Pero el meollo de la cuestión es la crisis fiscal, el gran problema de descalabro fiscal, en parte heredado, en parte inducido.
¿Inducido en qué forma?
-El mecanismo de financiamiento de gran desequilibrio fue colocar deuda de corto plazo a muy alto costo, eso alimenta los déficit. Se enfrenta a intereses muy elevados y eso se agrega a a cuenta fiscal.
¿El discurso del gobierno de que los problemas fueron heredados está llegando a un límite?, ¿falta asumir responsabilidades?
-El diagnóstico original fue muy equivocado, sobre la necesidad de enfrentar el problema fiscal, eso lo postergaron con un plan de muy bajo ritmo. La idea de gradualismo y endeudamiento no era viable, llevó a la corrección grande que vimos y a la necesidad de recurrir al apoyo de organismos multilaterales para poder transitar con cierta tranquilidad esta etapa.
¿Estuvo de acuerdo con que se llamara al FMI?
-No teníamos más remedio. No había otra la alternativa.
¿Están ocupando bien los recursos del FMI con las subastas diarias del banco central?
-Yo hubiera preferido colocarlo un poquito más alto, por menos tasa de interés y que se metería a reservas. Pero estamos ante un programa que es mucho más consistente que el que había comenzado a desarrollar el Presidente en 2015. Es un programa más serio y más equilibrado.
¿Cuánto cree que durará la recesión?
Va a durar probablemente hasta el segundo trimestre del año que viene. Vamos a tener un tercer y cuarto trimestre de 2018 muy adversos, al igual que el primero de 2019, los números van a comenzar a mostrar una recuperación importante después, sobre todo si el clima nos ayuda con la cosecha, que es muy importante para Argentina.
Pensar en una recuperación antes de eso me parece ingenuo.
¿Se ha descuidado el crecimiento al poner el foco en el equilibrio fiscal?
-Es parte de lo mismo. Si no se logra controlar el problema del déficit el problema que se genera en el mercado financiero es devastador para la economía. Es un circo descontrolado, con primas de riesgo extravagante. Si queremos crecer hay que organizar el mercado de ahorro, de capitales y mejorar la inversión.
¿La devaluación llegó a su fin?
-Nosotros tenemos una alta inflación, por lo que vamos a tener que devaluar. Si usted tienen inflación de 30% usted devalúa inexorablemente. Nosotros tenemos un régimen de alta inflación y abatir eso requiere reformas más profundas de las que están implícitas en el programa. Este es un programa para controlar un gran déficit, nada más, no es para resolver la inflación.
¿Cuánto más podría caer la moneda?
-Vamos a tener una devaluación que va ir al paso de la inflación y eso lo necesitamos, porque nuestra economía tiene que corregir su sector externo de una manera muy significativa y eso requiere que el país no pierda competitividad.
Si recaudan más no bajarán impuestos, subirán el gasto
Por Antonio I. Margariti.
Nuestro país está viviendo un sórdido pero fundamental enfrentamiento. Es un combate por todo o nada, a triunfar o sucumbir que, sin embargo, no es percibido en toda su magnitud por gran parte de la dirigencia y mucho menos por la población de a pie.
UNA CLARA DISYUNTIVA
Se trata de consolidar la decadencia secular que nos tiene atrapados hace 70 años o de poner fin a su dominio, aventando sus causas para recuperar la dignidad, el progreso y la cordura que nos permitan crecer y expandirnos en una vida mejor.
En términos económicos esta batalla vital se expresa de una manera simple.
O la clase política hace un serio ajuste de sus apetencias por el gasto y el despilfarro del Estado o la sociedad integrada por personas y familias tendrán que soportar una servidumbre fiscal por un tiempo que sobrepasará varias generaciones.
El módulo que sirve como testigo de la recuperación del país o de su derrota con el estancamiento y la decadencia es muy claro. Son las normas y reglas recetadas por el Fondo Monetario Internacional como salvavidas para mantenernos a flote mientras repensamos nuestro propio futuro con detenimiento y seriedad.
Sin embargo, nuestros políticos y sus asesores electorales, sustituyen este claro esquema por la dialéctica de la grieta entre el distribucionismo de la derecha versus la repartija de la izquierda.
A pesar de esa mentada grieta, ambos están unidos en una misma falacia keynesiana: gastar más de lo que se tiene, expoliar a quien produce, repartir a los que no trabajan y sofocar con impuestos y regulaciones el más mínimo intento de producir honestamente en un sistema de leal competencia.
Por ello, los gobernantes y legisladores se muestran seguros y decididos cuando sancionan malas medidas, pero dudan y son indecisos cuando deben tomar buenas decisiones.
Basta con reparar en el contenido y alcance de los eslogan y discursos que pronuncian. Advertiremos una asombrosa superficialidad. Palabras sonoras que nada contienen y nada significan. Es alarmante comprobar la suma ignorancia en cuestiones económicas básicas y el predominio de ideas incoherentes y disparatadas. Parecieran haber perdido la capacidad de pensar y de comprender lo que está pasando, lo cual implica un cierto desvarío mental.
Pero esa pasajera pérdida de razón, no sólo se percibe en las autoridades políticas sino, también y con cierta amplitud, entre los dirigentes gremiales, empresarios y hasta líderes de la jerarquía eclesiástica.
Predomina en muchos la presunción de que con verbalismo dialéctico y voluntarismo político, es posible forzar o neutralizar las consecuencias de la violación de principios económicos elementales, basados en la sensatez de las leyes naturales.
La mayoría de ellos creen que los gobiernos pueden gastar indefinidamente más de lo que recaudan. Que pueden hacerse obras públicas con endeudamiento ilimitado. Que las deudas públicas no cuestan nada y no son de obligada amortización. Que es posible repartir, indefinidamente, subsidios universales con impuestos esquilmados a los que trabajan.
También confían en que la crisis del desfinanciamiento del Estado pueda ser pagada por el agro con mayores retenciones. Que es posible estimular exportaciones aplicando impuestos. Que las empresas comerciales deben vender barato pese a que el gobierno les provoca una inflación galopante.
Están convencidos que -con controles y duras sanciones- lograrán estabilizar los precios mientras emiten dinero falso para financiar el gasto público. Que el déficit del presupuesto puede diluirse esperando cómodamente un crecimiento automático que les permita bajar su incidencia porcentual. Que es factible regular autoritariamente las decisiones privadas sin pagar las consecuencias de la desinversión.
Mantienen la ilusión de que la sola presencia de personajes infatuados, abúlicos y sin ideas claras, provocará un diluvio de inversiones extranjeras y que con apelaciones al optimismo y las buenas ondas es posible abatir el desánimo de los emprendedores más animosos y diligentes.
Este es el coctel de ilusiones, utopías, falacias y embustes con que se entretiene nuestra clase dirigente, mientras la vida de la gente va transcurriendo inexorablemente sin mejorar.
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EL PODER FISCAL ES PODER PARA ARRUINAR Y DESTRUIR
Los funcionarios del Estado disponen de una prerrogativa que no tienen los demás grupos sociales. Pueden vivir opíparamente de rentas arrebatadas a las empresas y personas físicas por la fuerza legal de los impuestos, el endeudamiento y la emisión de dinero, obligándolas a ajustarse el cinturón y desprenderse del fruto de su trabajo.
Nunca estará de más recordar aquella advertencia de San Agustín de Hipona, en su imperdible libro De civitate Dei contra paganos, annus 412 d.C. señalando que: «Un gobierno sin justicia se convierte en un vasto latrocinio, es decir en una banda de ladrones en gran escala, que se comprometen, en pacto mutuo, a repartirse el botín según las reglas fijadas por ellos mismos.»
Al mismo tiempo que éste es el comportamiento de la dirigencia local, circulan muchas ideas, pensamientos y creencias entre los propios ciudadanos que contribuyen a consolidar ese poder injusto y omnímodo del Estado sobre la vida y el patrimonio de las personas. Muchas de estas actitudes pueden descubrirse en los innumerables mensajes de las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y Periscope, como podemos ver a continuación.
Actitud del resentido, esquilmado por excesivos impuestos: no pide que se lo rebajen, sino que reclama que se los suban a los demás y así satisface su envidia haciendo que paguen mayores tasas quienes ganen más que él.
Actitud del ingenuo, confiado en la de la bondad de los políticos: apuesta a que denunciando al Fisco los presuntos evasores, conseguirá bajar las alícuotas para beneficiar a los buenos contribuyentes.
Actitud del tacaño, que evade impuesto cuando puede: se pone celoso si otros adoptan su misma conducta y los acusa de evasores contumaces mientras él se oculta.
Actitud del cándido, que cree que evadir impuestos es pecado: no advierte que lo están expoliando sin misericordia mediante múltiples impuestos directos e indirectos.
Actitud del político canalla, que pretende recaudar más para embolsar más: es tan ladino que decidirá crear nuevos impuestos pretextando su opción preferencial por los pobres.
Actitud del justiciero, que apuesta a la justicia social: requiere aumentar los impuestos para redistribuir la renta ajena sin percibir que el aumento de recaudación irá al bolsillo de políticos miserables y empobrecerá a los ciudadanos honestos.
Actitud del cínico y caradura, que se apropia desaprensivamentede los impuestos:
se justifica señalando que de este modo puede crear nuevas fuentes de trabajo.
Actitud del empresario o sindicalista cortesano: utilizan el tráfico de influencias y el soborno para que los funcionarios cubran sus espaldas con privilegios fiscales específicos.
Actitud del inteligente, que advierte que no sólo paga impuesto a las ganancias: comprende la iniquidad de la ilusión fiscal escondida en multitud de impuestos indirectos.
Actitud del justo, que cumple sus obligaciones fiscales: acepta pagar todos los impuestos pero exige que el Estado tenga un límite cuantitativo a la presión fiscal.
Actitud del hombre libre, que pide frenar el poder destructivo del Fisco: reclama el amparo de la justicia para que la sumatoria de todos los impuestos no exceda el 25% de sus ingresos líquidos.
Pese a toda la retórica y dialéctica verbal de nuestros gobernantes, legisladores, jueces y funcionarios recaudadores, debemos escuchar y recoger la secular experiencia señalada por uno de los más grandes hacendistas de los últimos tiempos: Luigi Einaudi, eximio presidente de Italia después de la IIª Guerra Mundial: «Cuando los gobernantes recauden más, nunca rebajarán los impuestos, sino que aumentarán el gasto». (Mitos y paradojas de la justicia tributaria, editorial Ariel, Madrid, España).
Por Roberto Uzal. Director de la maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad (UBA)
Tierra, mar, aire y espacio exterior habían sido los dominios tradicionales de desarrollo de los conflictos entre Estados naciones. A ellos se les ha sumado, recientemente, un quinto dominio, el ciberespacio.
La disponibilidad de este nuevo ámbito de beligerancia provocó que la ciberdefensa haya devenido en el más relevante capítulo de la defensa nacional. Ante el traslado de parte de las operaciones militares al quinto dominio se evidencia un factor crítico de éxito esencial: la necesidad de recursos humanos de «clase mundial». La asimetría de la ciberdefensa privilegia el contar con un pequeño equipo de cibersoldados de muy alto nivel respecto de, por ejemplo, la disponibilidad de baterías de supercomputadoras. La oportunidad para posicionarse con ventajas en ciberdefensa es casi evidente: la existencia de recursos humanos con aptitudes como para ser formados seriamente en esa especialidad es una «bendición» que la Argentina no debería descartar. Esto ya ha sido comprobado, al menos parcialmente. Contar con una suerte de Instituto Balseiro de la ciberdefensa es posible y todo parece indicar que también es claramente necesario.
Comando Conjunto de Ciberdefensa del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas
Misión
Ejercer la Conducción de las Operaciones de Ciberdefensa en forma permanente a los efectos de garantizar las Operaciones Militares del Instrumento Militar de la Defensa Nacional en cumplimiento de su misión principal y de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Planeamiento Estratégico Militar.
Funciones
Coordinar sus acciones con los Centros de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.
Establecer los criterios rectores, a nivel del Instrumento Militar, para la determinación de infraestructuras críticas a ser protegidas.
Entender
En el establecimiento de estándares y procedimientos de Ciberdefensa, criptografía e informática forense.
En la supervisión de los centros de respuesta de cada Fuerza Armada.
En el proceso de capacitación de personal propio.
En la organización y desarrollo de actividades académicas (foros, seminarios, simposios, etc.).
Intervenir
En la elaboración, revisión y experimentación de Doctrina de Ciberdefensa.
Participar
A requerimiento del Ministerio de Defensa, en apoyo a otros Organismos.
En la concientización de las FF.AA. en materia de Ciberdefensa.
En la determinación y supervisión de los estándares de seguridad y certificación de protocolos afines en las FF.AA.
Los que sacaron un crédito UVA no se vieron afectados por la devaluación
A pesar de la malaria económica, los deudores UVA no están pasándola mal como se piensa.
Por Iván Carrino.
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El 31 de marzo de 2016 comenzó oficialmente a cotizar la UVA o Unidad de Valor Adquisitivo. La idea de este instrumento, que es simplemente una unidad de cuenta, era que volviera a haber crédito hipotecario accesible en Argentina.
La particularidad de un crédito UVA es que el capital adeudado se va ajustando por la inflación, porque es un préstamo “en UVAs”, y cada UVA aumenta de valor al ritmo de la inflación.
Con la reciente crisis cambiaria y su impacto en precios, muchos comenzaron a pensar en lo mal que la estarían pasando los deudores UVA. Sin embargo, una mirada a los datos muestra que este no es el caso.
En un hilo de Twitter, que reproduzco aquí abajo, intento aclarar el tema.
Estoy haciendo unos cálculos. Si en enero de 2017 sacaste un crédito UVA con una relación cuota/ingreso de 25%, a fin de este año, si tu sueldo sube 23% y la inflación 29%, la relación subirá a 25,3%. Para nada dramático.
Obviamente, como el capital se ajusta, lo adeudado en pesos también. Pero, con un dólar a $ 16 en enero de 2017, compraste casa de U$S 100.000 por $1,6 Millones. En diciembre de este año, incluso asumiendo caída de 10% en dólares, tu casa vale $2,7 Millones en pesos.
Incluso en un caso más desfavorable, de inflación +35,5% y salarios +23%, la relación cuota ingreso pasaría a 26,5% (1,5 puntos más). Ésta volvería a bajar en 2019 si crece la economía.
La “desventaja” de sacar un crédito indexado como el UVA es que… ¡hay que pagarlo! Y en un país acostumbrado a defaultear y licuar deudas, eso no resulta fácil de digerir.
Lo único diferencial de la UVA -que es solamente una unidad de cuenta- es que protege el capital prestado y, por tanto, hace que el crédito hipotecario, otrora desaparecido por las licuaciones e impagos, regrese al país.
Anexo: Los datos, con UVA +29,3% en 2018 y salarios +23%. La cuota inicial es para una vivienda de USD 100.000, préstamo por 80% del valor, y 4,9% de tasa. En rojo estimaciones.
Aclaración adicional: la simulación está hecha con un préstamo por U$S 80.000, a un tipo de cambio de $ 16 (oficial vigente en enero de 2017), una tasa de interés de 4,9% (promedio relevado por las estadísticas del BCRA para la fecha), y una duración del crédito de 20 años, lo que resulta en los valores de cuota expresados para la fecha.
Un análisis sobre la reforma de las Fuerzas Armadas argentinas
Por Ricardo Spadaro.Abogado – Cte. general de la Gendarmería Nacional (R), veterano de Malvinas.
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En el tema reforma FF.AA será interesante conocer el «cómo», «con qué» y «para qué». En tanto no se conozcan los lineamientos del Plan de Transformación (y sus autores técnicos), todo lo que se diga es aventurado. Salvo advertir sobre lo que ya fracasó.
Las cuestiones de criminalidad organizada y terrorismo tienen como instancia esencial a la Inteligencia. Anticipación y neutralización no sangrienta. Ese es el camino. No se resuelve militarizando la respuesta. No transformar a la Nación en un teatro de Guerra.
Lo nuevo hoy es fortalecer los sistemas de Inteligencia con urgencia. Estimo que la reforma del decreto ‘K’ era necesario. Pero ahora la prudencia y patriotismo serán imprescindibles para reformular el sistema de Defensa con relevante magnitud, tecnologías, despliegues importantes y medios.
La reforma militar NO debe:
1 – Confundir roles y capacidades de empleo según misión, protección, soberanía.
2- Avanzar en funciones policiales.
3- Subordinar policías en operaciones antiterroristas (es a la inversa).
4- Reducir al Ejército so pretexto modernización (país extenso).
5- Si no hacen Inteligencia, no puede enfrentar «nuevas amenazas» ni nada.
6- Los objetivos estratégicos y su definición requieren acuerdos Ministerio de Defensa y de Seguridad.
7- No hacer reformas sin participación de los reformados.
8- No transformar a Gendarmería y a Prefectura en policías villeras.
9- No disminuir el despliegue territorial del Ejército en el Sur, donde su presencia se emplaza en el subdesarrollo regional.
10- Los apoyos logísticos a Seguridad suponen subordinar medios a fuerzas federales.
11 – No pueden reformular Defensa sin revisar seguridad interior.
12- No errar el «cómo».
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Necesitamos Fuerzas Armadas importantes y desplegadas, por una lado, junto a núcleos de alto desarrollo tecnológico en lo militar. Son magnitudes importantes. No es tiempo de reducción por desligues de fuerzas de intervención rápida. No sirven para países extensos, donde luego se requiere consolidar operaciones con presencia.
El riesgo de improvisación puede transformar al Ejército en Guardia Nacional y a Gendarmería en subpolicía suburbana villera.
Sin plan estratégico, no hay cambio posible. Defensa y Seguridad requieren coordinaciones, sin dudas. Sacar gendarmes de objetivos estratégicos es, técnicamente, una regresión. De todos modos, supongo que consultarán a las FF.AA y FF.SS., que son los que saben. Tampoco podemos seguir así.
Las «precancelaciones» seducen como una forma de liberarse cuanto antes de los riesgos de una deuda atada a la inflación, pero tienen sus contras. Qué dicen los expertos.
Por Martín Grosz.
Precancelar o no precancelar, el dilema de los nuevos dueños que accedieron a la casa propia con préstamos hipotecarios UVA. .
A quienes sacaron los nuevos préstamos hipotecarios y lograron acceder a la «casa propia», el pago de las cuotas no suele dejarles mucho margen para ahorrar. Aún así, al cobrar el aguinaldo, o si consiguen llegar a fin de mes con algún sobrante en la cuenta, el dilema aparece: con una deuda Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) ajustables por inflación, ¿conviene o no conviene adelantar pagos del crédito?
Con los préstamos tradicionales de tasa fija -a los que casi nadie calificaba- prácticamente no había dudas: como en los últimos años la inflación va «licuando» las cuotas, que pierden peso en presupuesto mensual, en general los deudores prefieren darle a su plata otros usos.
Pero con los préstamos UVA, que actualizan el capital y las cuotas con la inflación, la opción de «precancelar» puede parecer más tentadora en un país como la Argentina. Principalmente, porque adelantar pagos permite liberarse de la deuda lo antes posible, reduciendo así la cantidad de años de exposición a eventuales crisis con saltos inflacionarios que pueden llevar a perder la vivienda.
Especialistas en finanzas personales, sin embargo, desaconsejan hacer pagos anticipados también en este caso por entender que pueden ser costosos y que el deudor tiene opciones para invertir su dinero sobrante de maneras más provechosas.
«Lo primero es averiguar si el banco nos cobra por hacer cancelaciones anticipadas, cuánto y en qué términos lo admite, según las condiciones del préstamo», recomienda Mariano Otálora, director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales.
El punto es relevante porque las condiciones varían mucho entre los distintos bancos. Los préstamos hipotecarios UVA del Nación, por ejemplo, admiten cancelaciones sin cargo «a partir de la primera cuota, en cualquier momento de la vigencia del préstamo».
Pero en el Banco Ciudad, por ejemplo, hay que reunir al menos seis cuotas juntas y pagar una comisión del 3% más IVA. En el Banco Hipotecario, hay que juntar al menos 3 cuotas y pagar un 3%. El mismo costo tiene precancelar en bancos como el Hipotecario, el Santander Río, el Galicia y el BBVA Francés.
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«Una vez al tanto de los costos, hay que revisar cuál es la tasa de interés que nos cobra el préstamo por sobre la inflación, y comparar ese número con la rentabilidad que pueden darnos otras inversiones que podemos hacer con el dinero», continúa Otálora.
«En ese sentido -agrega-, hoy (19/10/17) conviene más invertir el capital en letras del Banco Central (Lebacs) o en otros instrumentos con intereses mayores a los del préstamo, e ir construyendo un ahorro paralelo que permita seguir pagando las cuotas si hay un pico inflacionario.»
«Lo importante es pensar en el ‘costo de oportunidad‘. Si yo no adelanto cuotas, ¿a qué tasa podría invertir ese dinero? Si el rendimiento esperado de la inversión supera al costo financiero total (CFT) del préstamo, entonces no conviene precancelar. Eso sí, hay que apuntar a inversiones conservadoras, de bajo riesgo», coincidió Nicolás Litvinoff, experto en finanzas.
«Por otra parte -añadió-, todo depende de la expectativa que tengamos sobre la inflación futura. Hoy el Banco Central juega a favor del deudor de UVA, haciendo importantes esfuerzos por bajar la inflación cada año un poco más. En este marco, y de mantenerse el ritmo actual de desinflación, adelantar cuotas no parece la opción más conveniente».
Argentina registró en los últimos seis meses las mayores subas del valor del metro cuadrado de la región en moneda local.
Fuente: Informe Univeridad Di Tella, octubre 2017.
Hilton anunció una inversión de 100 millones de dólares en el país
Se va a construir uno de sus hoteles Hampton en Parque Leloir de 50.000 metros cuadrados. Se calcula que generará 2000 puestos de trabajo y va a inaugurarse en 2021. En la firma del contrato estuvo presente el ministro de Turismo Gustavo Santos.
En 2021 se inaugurará una franquicia de Hampton by Hilton.
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La cadena hotelera anunció la construcción de uno de sus hoteles Hampton By Hilton en Parque Leloir, a estrenarse en 2021. Contará con 75 habitaciones y áreas comerciales, restaurantes, bares y estacionamientos subterráneos.
La inversión ronda los 100 millones de dólares y será llevada adelante por el Grupo Romay Desarrollos Inmobiliarios. Además, se espera que el proyecto genere cerca de dos mil puestos de trabajo entre empleo directo e indirecto.
El ministro de Turismo Gustavo Santos estuvo presente en el acto de firma de la franquicia.
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Esta rama de hoteles Hilton se maneja principalmente en formato de franquicias y es una de las más grandes de los Estados Unidos. Allí se ubican la mayoría de sus 2000 sedes, que están presentes en alrededor de 20 países.
El nuevo hotel será uno más de los de la cadena en nuestro país, y se sumará al Hilton Buenos Aires – Puerto Madero: Anselmo Buenos Aires Curio Collection by Hilton, el Garden Inn Tucumán. Además, hay otros dos en construcción en este momento: otro Hampton By Hilton, bajo la modalidad Condo-Hotel en la ciudad de Bariloche y el Hilton Pilar.
Uno de los hoteles de la franquicia Hampton by Hilton.
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Inversión en turismo
La firma del contrato de franquicia del nuevo emprendimiento tuvo lugar en el Hilton Buenos Aires, durante un acto encabezado por Gustavo Santos, ministro de Turismo de la Nación, que se refirió a la importancia de la inversión de la cadena hotelera en el país.
Santos destacó la creación de empleo que traerá el hotel: «Desde el gobierno Nacional, estamos trabajando fuertemente en generar confianza y previsibilidad en pos de la llegada de capitales internacionales que permitirán generar nuevos puestos de trabajo para los argentinos».
Otro Hampton by Hilton está siendo construido en el centro de la ciudad de Bariloche.
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De la reunión también participaron el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías; el secretario de coordinación e inversiones turísticas de la Nación, Sebastian Slobayen; el presidente de Romay Desarrolladores Inmobiliarios, Fernando Romay; el ceo de la compañía Gustavo Romay; el director para el cono Sur, desarrollo América Latina del Hotel Hilton, Fabian Rodriguez Suárez, y el intendente del partido de Ituzaingó, Alberto Descalzo.
Desde febrero empresas argentinas perdieron hasta 72% en dólares de su valor de mercado
Por la fuerte devaluación del peso y la brusca caída de sus acciones en el índice Merval, las empresas argentinas perdieron hasta casi el 72% en dólares de su valor de mercado desde febrero pasado, momento en el que habían tocado sus máximos históricos.
Por Juan Pablo Marino.
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Con la excepción de Tenaris y Petrobras Brasil, cuyas principales operaciones se materializan fuera de Argentina, desde el 1 de febrero hasta el 3 de julio pasado, las compañías locales sufrieron una importante destrucción de riqueza en moneda dura por el contexto adverso para los mercados emergentes, particularmente para el equity argentino, pero fundamentalmente por la disparada de casi 44% en ese período de la divisa estadounidense frente al peso en el mercado mayorista de cambios, con la consecuente pérdida de confianza de los inversores. Entre las 10 más perjudicadas, aparecen seis empresas del sector energético impactadas en gran medida por la discusión política sobre las tarifas de servicios públicos, dentro del panorama adverso en general para los activos domésticos de renta variable.Así, por ejemplo, la capitalización de mercado (market cap) deMetrogas cayó un 71,7% en los últimos seis meses, al pasar de u$s 946 millones a u$s 267 millones. Fue la que sufrió el mayor deterioro bursátil, de acuerdo al informe elaborado por MB Inversiones. Completan el podio la cementera Holcim (-69,4%) y la energética Central Costanera (-69,3%). Luego aparecen la fabricante de celulares Mirgor (-65,7%); Distribuidora de Gas Cuyana (-63,9%); Cablevisión (-58,8%); Transportadora de Gas del Norte (-57,9%); Grupo Financiero Valores (-56,1%); Transener (-52,8%); y Central Puerto (-49,5%).«Claramente la destrucción de riqueza en moneda dura fue grandísima. Las empresas argentinas fueron sobre castigadas. Todo es un tema de expectativas desde ya», afirma a ámbito.com Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones.
Para tomar dimensión del fuerte deterioro, Rafael Di Giorno, director de Proficio Investment, se basa en la performance de los ADR argentinos, que «registran bajas de hasta el 55% desde los máximos de principios de febrero. Contra sus pares regionales también vemos un deterioro, y se ve hasta en las empresas más grandes como YFP y Galicia, que son las que más miran afuera por tamaño y liquidez».
La capitalización de mercado de éstas últimas se redujeron un 39,1%, y un 34,2%, respectivamente, por debajo de la media, de -44,3% que registra el Merval.
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Desde fines de enero y principios de febrero, los inversores extranjeros comenzaron a salir de los mercados emergentes hacia plazas más seguras en términos de riesgo. Fue producto de la suba de la tasa estadounidense a 10 años, el fortalecimiento del dólar en el mundo, y por ende, de la depreciación de monedas en el resto del mundo, fundamentalmente en países emergentes. Claro que en aquellos más expuestos al financiamiento externo, como la Argentina, sentirían aún más el proceso denominado «fly to quality«.
«Los inversores vendieron Argentina, y hoy tampoco vuelven, porque cuando empezás a ver las empresas una por una, aparecen riesgos latentes que pueden afectar sus utilidades futuras», comenta Di Giorno. Toma el ejemplo de YPF, y cómo el mercado salió a desprenderse de sus acciones luego de que el Gobierno volvió a controlar el precio de la nafta, tras liberar el mercado en octubre de 2017. A principios de mayo, el ministro de Energía de aquel entonces, Juan José Aranguren, acordó con las petroleras moderar la suba de precios de las naftas cuando el petróleo acentuaba su tendencia alcista, mientras comenzaba a devaluarse fuerte el peso. «Al inversor no le gustó esto y lee la medida como un regreso a los controles a los precios de la energía», sostiene el director de Proficio.
• Qué esperar en el corto-mediano plazo.
En el mercado entienden que lo primordial para que las acciones argentinas recuperen algo del terreno perdido, es que el Gobierno logre estabilizar el tipo de cambio. Claro que son conscientes de los efectos que ya dejó la pérdida de confianza, la devaluación, y el remedio para controla ésta: las altas tasas en pesos. Estos factores se traducen en un posible período recesivo, algo que impacta directamente en la rentabilidad de las empresas. «Hacia adelante, no sabemos cuánto dura la recesión, cómo se resuelve el tema político y dónde frenan el dólar y la inflación», señala Martínez Burzaco.
Radiografía del perfil de las nuevas generaciones de productores agropecuarios
Especialistas opinaron sobre cómo trabajarán las próximas generaciones en la producción agropecuaria, de la mano del exponencial avance de las nuevas tecnologías.
El perfil de los futuros productores agropecuarios: la opinión de los especialistas.
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El potencial del sector agropecuario podría alcanzar una producción de 180 millones de toneladas en los próximos años con la incorporación de nuevas tecnologías, ya sea en mejoramiento genético, eventos biotecnológicos y el uso de herramientas como Big Data con el soporte de imágenes satelitales, entre otros, según destacó Dardo Lizarraga, de la consultora ADBlick Agro.
Para cumplir con el objetivo de mayor producción, también habrá que tener en cuenta el desarrollo de Buenas Prácticas Agrícolas y una mirada sistémica para robustecer los activos colectivos del agronegocio.
Además, el campo argentino necesitará previsibilidad y reglas claras. El último aporte del área de Agronegocios de la Universidad Austral, muestra que 7 de cada 10 productores proyectan nuevas inversiones para los próximos 5 años. Y eso se debe a que en la búsqueda de una mayor eficiencia, el productor debe sumar nuevas tecnologías, pero además influye el actual contexto, pese a numerosas dificultades en lo político y económico, es muy diferente al del gobierno anterior que se encargó de generar trabas a la producción.
La inversión que se realizará es para lograr más superficie y producción. Hay también una tendencia de crecer de manera asociada. El perfil del productor actual, cuenta con una mayor formación y herramientas que las generaciones anteriores no tenían y con un 61% de los encuestados que tienen un título universitario. Además, son jóvenes, de alto nivel educativo, con actitud positiva y con capacidad de asumir riesgos, con vocación para la productividad y planes de crecimiento e inversión sólida.
Perfil de las nuevas generaciones
Los productores cuentan con motivación para innovar y emprender y forman parte de un sistema en red de organización empresaria.
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A todo esto hay que sumar el trabajo elaborado por un grupo de economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que se plantearon responder la siguiente pregunta: ¿Cómo podrían ser las nuevas generaciones de productores agropecuarios?
Lo primero que subraya el trabajo, es que aquellos productores que nacieron en 1996 en adelante serán los ávidos en incorporar el avance de la tecnología digital en el agro, «se trata de la generación Z (centennials) y la generación alpha (generación táctil), y son personas que no conciben un mundo sin internet o celulares, por lo tanto la conexión en el campo será tan vital como cualquier otro servicio público«, expresaron los especialistas de la BCR, los que agregaron que estos grupos «se inclinan por las soluciones inmediatas, a la velocidad de un clic y son capaces de realizar una simultaneidad de actividades al mismo tiempo y además, serán más conscientes del riesgo climático y de precios y del cuidado del ambiente».
Cuando se analiza grupo por grupo, los centennials están creciendo de la mano de la revolución digital del agro y se convertirán en actores clave del crecimiento productivo de los próximos 20 años. Los economistas de la bolsa rosarina los definieron como «autodidactas, visuales, versátiles, flexibles a los cambios y aficionados por la tecnología. Por lo tanto su perfil se adaptará al crecimiento vertiginoso de la tecnología en el sector agroindustrial».
La generación táctil «son los post-centennial». El estudio los ubica como aquellos jóvenes que nacieron a partir del 2010, hijos de millennials y llegaron a este mundo monitoreados a través de las cámaras, sensores de pulsaciones, apps para alimentarlos y con una vida en las redes sociales antes del año de edad. Todo esto, que tiene que ver con la conexión de ellos a lo virtual, se va a trasladar a las actividades que desarrollen tranqueras hacia adentro en un establecimiento rural, de la mano de la inteligencia artificial y serán controladas en forma remota.
Estas generaciones durante muchos años observaron cómo sus padres y abuelos hicieron frente a los riesgos climáticos y de precios, y puede ser que ante este escenario busquen incorporar las coberturas del agro de manera cotidiana como lo hacen con las coberturas médicas.
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Desde la bolsa de Rosario expresaron que estas generaciones no se caracterizan «por ser pacientes», ya que al buscar soluciones inmediatas, «es factible pensar que tenderán a eliminar los trámites burocráticos a fines de agilizar cualquier proceso, y donde la tecnología blockchain plantea esa solución, porque recopila y comprueba las transacciones entre sus usuarios y se puede utilizar para realizar transferencias de dinero como así también para la trazabilidad de los alimentos que se produzcan en el campo hasta el consumidor final».
Y también estos jóvenes representan a generaciones con otros valores respecto al ambiente, «debido a que vivencian desastres ambientales en tan poco tiempo y ante esto es muy probable que se inclinen por el uso de energías renovables, sobre todo energía solar para el funcionamiento de máquinas y robots, utilizarán la menor cantidad de químicos posibles, valorarán más el agua como recurso escaso y se inclinarán en satisfacer la creciente demanda de alimentos orgánicos», resalta el estudio de la BCR.
Estas generaciones “se sienten más cómodas trabajando con una pantalla, sumergidos entre algoritmos, redes sociales colaborativas, inteligencia artificial y minería de datos. Son autodidactas, aficionados a los tutoriales en YouTube y adictos a la novedad”
Las próximas generaciones del sector agropecuario tenderán a resolver desde el Smartphone sus finanzas, compras de insumos, ventas de granos, ordenes de trabajo, logística, monitoreo de lotes con drones o imágenes satelitales, etc. «La internet de las cosas alcanzará al equipamiento de las explotaciones agrícolas, y los algoritmos que tomen sus datos como inputs facilitarán la toma de decisiones. Es razonable pensar que los productores de la próxima generación trabajaran en forma remota y colaborativa, con un equipo de trabajo multidisciplinario», comentaron los economistas de la Bolsa de Comercio de Rosario.
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Como se sabe, el artículo 1° de ese instrumento impide que un juez disponga el allanamiento del domicilio y las oficinas de un legislador, como la intercepción de sus comunicaciones telefónicas y postales, a menos que el tribunal requirente cuente con expresa autorización de la Cámara a la que pertenece el representante del pueblo.
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