La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezó el sábado pasado el acto por el aniversario de la recuperación de la democracia con un discurso plagado de expresiones desafortunadas. Su ataque contra quienes denominó «los sicarios mediáticos y sus secuaces judiciales» constituyó una demostración más del desprecio que tiene la primera mandataria por la libertad de prensa y por los jueces que actúen con independencia del poder político.

Sin embargo, hubo una frase presidencial que no provocó menos sorpresa. Se produjo cuando la jefa del Estado indicó que no iba a dejarse extorsionar por nadie, ya que no tenía «nada que ocultar». Pidió también a sus seguidores y a los dirigentes de su grupo político que no se la postulara a nada, como para que nadie pensara que pudiera estar buscando fueros especiales para gozar de inmunidad cuando concluya su período presidencial, en diciembre de 2015.

No puede menos que llamar poderosamente la atención que Cristina Kirchner afirme que no tiene nada que ocultar, cuando pocas semanas atrás la Secretaría General de la Presidencia, a cargo por entonces de Oscar Parrilli -quien acaba de ser nombrado como titular de la Secretaría de Inteligencia-, le negó al sitio de Internet no partidario chequeado.com una copia del diploma de abogada de la presidenta de la Nación. Esta solicitud, formulada sobre la base de la figura de acceso a la información pública, surgió ante versiones según las cuales la titular del Poder Ejecutivo nunca se habría recibido de abogada.

Equivocadamente, la Secretaría General justificó la no entrega de la documentación pedida por considerarla «información referida a datos personales», cuando en un anterior pronunciamiento de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación señaló que sólo se puede exceptuar la entrega de información pública si ésta se refiere a «datos personales de carácter sensible», es decir, que revelen «origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual». De ninguna manera un diploma universitario se encuadra en estos parámetros considerados sensibles.

La Presidenta dice que no tiene nada que ocultar. Sin embargo, dos años atrás, al contestar una pregunta de estudiantes de la prestigiosa Universidad de Georgetown acerca de su abultado crecimiento patrimonial, esgrimió que tal enriquecimiento obedecía a que siempre fue una «exitosa abogada». Sin duda, mintió y ocultó las verdaderas razones del aumento de su fortuna familiar y personal, ya que el mayor incremento de ésta, según se desprende de sus declaraciones juradas anuales, se produjo mientras el matrimonio Kirchner ocupaba la función pública y, fundamentalmente, de la mano de tan pingües como oscuros negocios vinculados con hoteles y con la adquisición de terrenos fiscales de Santa Cruz a precios irrisorios.

Si la primera mandataria no tiene nada que ocultar, cabría preguntarse por qué, hasta hoy, no se conocen la ruta y el destino precisos de los aproximadamente 500 millones de dólares que, durante la gestión de su esposo como gobernador de Santa Cruz, fueron enviados al exterior.

También, por qué ha buscado tender un manto de impunidad sobre las maniobras del vicepresidente Amado Boudou para entregar la imprenta Ciccone a un grupo empresarial formado por amigos sospechados de ser sus testaferros, al extremo de impulsar una ley para nacionalizar esa compañía y así borrar cualquier rastro de corrupción pública.

Si estuviéramos ante un gobierno que no tiene efectivamente nada que ocultar, sobran preguntas acerca de las razones por las cuales la empresa YPF, con participación estatal mayoritaria, firmó un convenio con Chevron para la explotación de yacimientos en Vaca Muerta cuyas cláusulas permanecen en secreto.

Del mismo modo, la Presidenta debería explicar por qué el Gobierno mantiene en secreto documentos anexos del acuerdo por el cual el Estado argentino le concedió a China unas 200 hectáreas en la provincia de Neuquén, por cincuenta años, para el desarrollo de una estación espacial de exploración lunar.

Finalmente, hay que preguntarse por qué, si no hay nada que ocultar, el gobierno nacional se ha pasado los últimos ocho años encubriendo, mediante arteras manipulaciones estadísticas, la inflación real y los verdaderos porcentajes de pobreza e indigencia. O por qué, como ocurrió el mismo sábado cuando se celebró el aniversario de la reapertura democrática, se disfrazó de «éxito» el descomunal fracaso de la reciente emisión de deuda del Estado nacional.

Son demasiadas dudas y preguntas para una Presidenta que se niega sistemáticamente a conceder conferencias de prensa, seguramente porque tenga muchas cosas que ocultar.

Fuente: La Nación, 17/12/14.

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El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva y embargó por 75 mil pesos a los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi en la causa abierta en su contra por no incluir a Lázaro Baez en una imputación por lavado de activos.

«La demora en el diligenciamiento de un oficio que proporcionaría, siguiendo el criterio de los imputados, datos objetivos y ciertos, aparece como un elemento más que permite afirmar que el perjuicio que ocasionó el actuar de estos fiscales fue deliberado, más aún si consideramos, como ya se señaló, su perfil de especialistas en la investigación de estos delitos complejos», sostuvo el juez en una resolución de 50 carillas.

Gonella está a cargo de la procuraduría de delitos económicos (Procelac). Colaboró en el caso Báez y participó en la redacción de la imputación contra los sospechosos luego de que Federico Elaskar y Leonardo Fariña confesaron por TV haber lavado dinero del empresario. Pero sólo imputó a Fariña y a Elaskar y omitió hacerlo con Lázaro Báez.

Es por eso que el titular de la Procelac comenzó a ser investigado, al no haber imputado a Baez en una pesquisa por lavado de dinero, pese a contar con información previa en base a la cual correspondía incluirlo en el dictamen.

Lo mismo ocurrió con el fiscal Omar Orsi, coordinador del área de Lavado de Activos de la Procelac.

Ambos estában imputados por «prevaricato» y finalmente hoy fueron procesados y embargados.

Fuente: LaNacion.com – 15/12/14 – 13:34 hs

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Anteayer, la Secretaría General de la Presidencia negó formalmente el acceso a una copia del título porque la considera «información referida a datos personales [conforme a la ley 25.326 -de protección de datos personales- y a dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales]», que no precisa.

Éste es el mismo argumento que utilizó por años la cartera a cargo de Alicia Fernández de Kirchner para negar información sobre los beneficiarios de los planes sociales al Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

Lo curioso es que la Secretaría General de la Presidencia, de paso y sin que nadie lo preguntara, recordó que según el artículo 89 de la Constitución Nacional no se necesita título para ser Presidente.

Este año, la Corte Suprema señaló que sólo se puede exceptuar la entrega de información pública si esta refiere «a datos personales de carácter sensible», que incluye «datos de origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual». El título de la Presidenta no se ajusta a ninguno de estos parámetros.

Fuente: La Nación, 07/12/14.

La Sospecha: El título no existe.

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En tanto, la misma Presidenta que profesa el dogma de la comunicación directa con el pueblo, contra la intervención de los medios de comunicación, prefiere ampararse en la descalificación o la persecución de los que la critican o investigan antes que darle explicaciones a la ciudadanía sobre los hechos que se le cuestionan.

El caso del crecimiento del patrimonio familiar desde la llegada al poder de ella y de su fallecido esposo es elocuente: saltó de 7 a 89 millones de pesos entre 2003 y 2012. Aun así, la única argumentación pública que se le recuerda al respecto es su célebre exposición en la Universidad de Harvard hace ya dos años, cuando le respondió a un estudiante que su fortuna personal se debía a que había sido una «abogada exitosa».

Cristina Fernández de Kirchner no explicó entonces ni después cómo es que los réditos de su ejercicio profesional los obtuvo y se incorporaron a su patrimonio cuando ya hacía más de una década que había dejado la abogacía para dedicarse a tiempo completo a la política.

La falta de explicaciones públicas sobresale, entonces, cuando se observa que Bonadio no es precisamente un allanador precoz. Su investigación llega después de numerosas investigaciones periodísticas que han mostrado y demostrado irregularidades administrativas inexplicables, negocios inverosímiles, inconsistencias contables y relaciones comerciales opacas, en muchos casos incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Más allá de lo que avance o resuelva definitivamente la Justicia, sobresale que la Presidenta no diga por qué comparte negocios con el hombre que se ha quedado con la casi totalidad de la obra pública de la provincial natal del kirchnerismo. Negocios en muchos casos difíciles de entender hasta por los más crédulos, tales como pagar alquileres millonarios por habitaciones en sus hoteles que jamás se usarían.

Podría apelarse a la paciencia social y dejar que la Presidenta encuentre el momento apropiado para dar explicaciones, si no fuera porque estos hechos no son los primeros, sino uno más de una larga saga de la que nunca se han dado respuestas a lo largo de casi una década. Al respecto, vale mencionar tres casos sólo a título de ejemplo:

1) Nunca Néstor ni Cristina Kirchner explicaron públicamente por qué un banco cuyos propietarios tenían estrechos vínculos con el ex presidente les pagó intereses que excedían largamente la tasa de mercado y nunca demostró haberles pagado lo mismo a otros clientes habituales. Con estos ingresos, hay que agregar, se justificó parte del primer salto sideral del patrimonio de los Kirchner. Y el banquero fue impuesto por el Gobierno como socio de YPF.

2) Nunca el matrimonio presidencial explicó públicamente por qué el contratista del Estado Juan Carlos Relats, que entonces además era acreedor de la Nación, alquiló para su explotación el primer hotel de la familia Kirchner en El Calafate y pagó por ello cifras que ningún operador hotelero habría pagado si ése fuera su negocio principal, ya que el monto excedía las perspectivas razonables de rentabilidad del negocio. De hecho, el propio Relats terminó por admitir que ese alquiler le causó pérdidas millonarias. Debe añadirse que poco después de que el empresario se convirtió en inquilino de los Kirchner logró cobrar deudas millonarias que el Estado tenía con su empresa.

3) Nunca Cristina ni Néstor Kirchner explicaron públicamente cómo hicieron para que una cadena de hipermercados chilena le comprara un terreno por un valor 50 veces superior al que había pagado sólo dos años antes el matrimonio presidencial. Para aumentar las curiosidades, el terreno sigue hoy estando tan desierto como hace 6 años. Del hipermercado prometido para justificar la sospechada compra no hay aún ni un ladrillo. Al matrimonio presidencial, en cambio, le quedaron más de dos millones de dólares de ganancia.

Se sabe que los tiempos judiciales no son ni tienen por qué ser los de la opinión pública, aunque también es cierto que justicia lenta no es justicia. De cualquier manera, nada impide que, más allá de la defensa que ejerza en Tribunales, la Presidenta le aclare al pueblo tantas aparentes oscuridades. Oportunidades y medios no le faltan. Y sería coherente con su declamado modelo de comunicación directa con el pueblo.

Fuente: La Nación, 06/12/14.

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Los criterios del juez actuante y del político retirado se disiparon. Aquel consejo materno prevaleció más que nada en Bonadio.

Cristina Kirchner tropezó con ese investigador de su fortuna justo cuando todos los jueces federales se han declarado en estado de sublevación. Los que suelen darse una vuelta por Olivos contaron que debieron salir en el acto. La Presidenta tiene un humor de perros desde que Bonadio allanó las oficinas vacías de una empresa suya. Los cortesanos ya no saben qué hacer para calmarle el mal carácter. Acusaron al juez, a la denunciante (Margarita Stolbizer) y a la testigo de la causa (Silvina Martínez, una ex empleada de la Inspección General de Justicia). Revolearon sin confirmar una supuesta información sobre cuentas de argentinos en el exterior y convirtieron a Bonadio en el juez más perseguido y denunciado de la democracia argentina. Necesitan una cortina de humo o sacar un conejo de la galera. Pero el humo se desvanece rápidamente y los conejos salen muertos.

Bonadio está separando las capas de la cebolla que cubren a la persona de la Presidenta. Cuando el jueves pasado le pidió a la AFIP todas las declaraciones juradas de la familia Kirchner (Néstor, Cristina, Máximo y Florencia) apareció claramente la línea de la investigación: no es Lázaro Báez, sino Cristina. O no es sólo Lázaro Báez. La AFIP le devolvió el tamaño de un libro que le llevó seis horas fotocopiar. El juez se propone un cruzamiento de esas declaraciones para establecer de qué manera creció el patrimonio presidencial y por qué. ¿Lo paralizará a Bonadio la inédita campaña en su contra? «La duda era si daba el primer paso, pero ya lo dio. Ahora está en carrera y no puede ni quiere detenerse», asegura otro juez federal. Fiestas de fin de año amargas la aguardan a la Presidenta, que podrían comprometer su jactanciosa popularidad. No hay peor mezcla política que la de una crisis económica, como la que existe, con sospechas de corrupción en el poder.

La última declaración jurada de bienes que hizo Cristina Kirchner como senadora, antes de que su matrimonio llegara al poder, en 2002, consignaba la propiedad conjunta de 25 casas de bajo valor en Río Gallegos. Nada más. No había ninguna empresa ni hoteles ni grandes ahorros. Todo el emporio económico personal que existe hoy fue construido durante la gestión de los dos Kirchner como presidentes de la Argentina.

De todos modos, el gran desafío de Bonadio es comprobar que no se usaron las habitaciones del hotel contratado anualmente por Báez, Alto Calafate. Llegado el caso, deberá citar a declarar, uno por uno, a los supuestos ocupantes de esas habitaciones. Si terminara comprobando que Báez pagó millones de pesos anuales por algo que no usó, el caso de blanqueo de dinero quedará abierto. El blanqueo es la maniobra para convertir en lícitos dineros de origen ilícito. Es un delito autónomo; es decir, no se necesita comprobar el origen ilícito del dinero para configurar el delito.

¿Hasta dónde puede llegar la Justicia con Cristina Kirchner, jefa del Estado? La respuesta no está clara ni siquiera para los jueces. Algunos de ellos sostienen que podría repetirse el caso Boudou: el juez podría terminar en citaciones y procesamientos. Ese sería el límite. Otros no están tan seguros porque se trata de una jefa de Estado. En los tribunales están estudiando, previsores, toda la legislación argentina y extranjera. Hasta una sentencia de la Corte británica sobre el caso Pinochet, cuando el dictador fue detenido en Londres, en la que se hacen largas consideraciones sobre la inmunidad presidencial.

Sea como sea, según los papeles que hay ahora en la Justicia, el rol activo de Cristina Kirchner es nulo o menor en la administración de sus empresas. Es mucho más importante el protagonismo de Máximo Kirchner en esas empresas. De ahí, entonces, la preocupación por «los chicos» que dicen que existe en Olivos. El plural es injusto. No existe ningún papel, informe, testimonio o declaración que involucre a Florencia Kirchner. En cambio, Máximo Kirchner sí tomó decisiones en su nombre y en el de la sucesión de Néstor Kirchner. El hijo presidencial sería la primera figura en ser investigada si se constatara que hubo maniobras sospechosas de blanqueo de dinero.

Máximo Kirchner no tiene fueros, pero tampoco tuvo nunca ningún cargo público. No obstante, el eventual delito de lavado de dinero no es exclusivo de funcionarios; puede ser aplicado a cualquier ciudadano. Los tratos entre Lázaro Báez y los Kirchner o entre los hoteles de éstos y Aerolíneas Argentinas exhiben dosis colosales de chapucería y una igualmente enorme sensación de impunidad. Es habitual, por ejemplo, que se cancele un vuelo de Aerolíneas Argentinas entre El Calafate y Ushuaia. La tripulación de los aviones y los pasajeros son alojados en un hotel de los Kirchner. Nunca se explica la razón de la rutinaria cancelación de ese vuelo.

El cristinismo no tiene dos acciones posibles ante la adversidad. Golpea si está fuerte, y también golpea si está débil. La Presidenta es así. En la encrucijada actual se topó con un juez con la piel curtida para los golpes de la política. Cristina no está dispuesta a pestañear frente al juez, y Bonadio tampoco frente a ella. Los dos son como son.

El revolucionario cristinismo está aplicando el mismo remedio que el menemismo usó en su época agónica. No sólo nosotros somos malos. Todos son malos. Ricardo Echegaray verá caer sobre su persona decena de juicios de personas nombradas por tener supuestas cuentas en Suiza. Violó el secreto fiscal, no investigó para ver si existió un delito y, encima, dejó trascender nombres. El discurso consiste en hacer creer que es un delito que un ciudadano argentino tenga una cuenta en el exterior. Eso no es cierto. No hay ninguna ley que prohíba esa operación bancaria.

Una decisión correcta de la AFIP debió investigar si se trata, en primer lugar, de datos ciertos. En segundo lugar, debió analizar si esos dineros, en caso de existir, fueron o no declarados ante la agencia impositiva. Y, por último, debió emplazar a los dueños de las cuentas a ponerse al día con el fisco, si se comprobara alguna evasión. Una cosa es, por lo demás, el dinero de privados o de empresas privadas. Otra cosa es el dinero acumulado por funcionarios públicos en el ejercicio de su función en el Estado. No todo es lo mismo.

El único discurso que la Presidenta dio desde que se allanó la oficina de su empresa fue emblemático del agobio político e intelectual del oficialismo. Primero, se manifestó extorsionada por un juez, no se sabe si por Bonadio o por Thomas Griesa. «Carancho judicial» le cabe a uno u otro. Pero inmediatamente después empezó ella misma a extorsionar a Bonadio por la supuesta tenencia de acciones del juez de una empresa que estaría en idéntica situación que la de ella. Bonadio tiene el 20 por ciento de acciones de una estación de servicio, que fue el pago que un hermano le hizo por una deuda. El juez le aseguró a su equipo que es la tercera minoría en el paquete accionario y que nunca participó de ninguna decisión comercial.

Sucede lo mismo en el Consejo de la Magistratura. El cristinismo dice que Bonadio tiene nueve causas abiertas ahí; en rigor, tiene ocho. El propio oficialismo dejó pasar los tres años necesarios, en varias de esas causas, para tomar una decisión. Después de ese plazo, las causas contra jueces deben ir al plenario del Consejo para ser cerradas. Nunca fueron cerradas. Las tienen abiertas para ventilarlas en momentos como éste. Aunque nadie imaginó nunca un instante en el que Cristina Kirchner sentiría temor. Su destino está en manos de un juez que recordó que siempre es mejor apurar los malos tragos.

Fuente: La Nación, 30/11/14.

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