Aquel señor mayor que quiso regalarles a sus nietos 20 dólares y fue vilipendiado por la Presidenta (¿se acuerdan?) salió finalmente a comprar esos dólares. ¿Saben qué pasó?
1) Fue a la ventanilla del banco y los pidió. Se le rieron en la cara. 2) Fue al BCRA a pedirlos ahí; recibió otra carcajada. 3) Le pidió a la nietita que entre a la página de la AFIP y usando la clave fiscal correspondiente solicite la autorización. Solicitud denegada (porque la máquina no sabe decir: «So gil voo»). 4) Decidió entonces ir a la bolsa a comprar esos tan mentados «contado con liqui» (los que oyó nombrar, pero no tenía ni idea de lo que son). Risas nuevamente. 5) Concurrió a una agencia de viajes y pidió 20 dólares turista. Risas nuevamente. 6) Como oyó hablar de los dólares tarjeta, fue a un cajero, pero como no tiene dólares en su cuenta, no puede realizar la operación deseada. El que estaba detrás de él en la cola también se rió.
Finalmente, decidió ir a la calle Florida, donde le contaron que hay un bosque lleno de arbolitos que venden dólares blue. Ahí descubrió que Cristina, el Coqui, el Kici y otros le mentían. Ellos siempre han dicho, y por todos los medios, que el blue no existe, que los que existen son todos los otros. Pero para el señor mayor la cosa resultó ser al revés: existe el blue y no existen ni el oficial, ni el contado con liqui, ni el turista, ni el tarjeta, ni nada.
Al recibir los 20 dólares se le infló el pecho de alegría, sentimiento que le duró poco, pues aparecieron las autoridades y lo llevaron preso por delincuente «traficadivisas».
Luego de varios días detenido, previo pago de una considerable fortuna al abogado, salió en libertad, y entonces el nietito le dijo: «Abu, ¿por qué no agarrabas el revólver de papá y la moto del tío, rumbeabas para La Boca, afanabas los dólares a un turista y después te hacías refamoso en lo de Mauro?
Rafael E. Madero
DNI 8.558.733
Fuente: La Nación, 05/10/14. Cartas de los Lectores.
El pago local de los bonos, un plan de difícil aplicación
Por Martín Kanenguiser.
La intención del Gobierno de cambiar el lugar de pago y el agente fiduciario de los bonos chocará con una serie de importantes inconvenientes prácticos que transformarán la «ley de deuda soberana» en una misión casi imposible de aplicar en forma exitosa.
Según economistas y abogados consultados por LA NACION, el proyecto que debate el Congreso se enfrentará con los siguientes obstáculos:
El reemplazo del Bank of New York (BoNY) como agente de pago de sus bonos emitidos bajo ley extranjera por Nación Fideicomisos o por otro trustee que sea solicitado por los bonistas será un evento de default, ya que no cumpliría con los requisitos definidos en los contratos de los bonos. El economista Nicolás Dujovne explicó que «si bien ese evento de default ya no es muy relevante una vez que la deuda se encuentra en esa situación, tampoco ayuda a ir resolviendo problemas. Más bien agrega otros».
Los fondos depositados en Nación Fideicomisos no podrían ser girados al exterior ya que es altamente improbable que la compañía Euroclear le provea al nuevo agente de pagos el registro de bonistas a quienes se debe girar el dinero, aun cuando aquélla es de origen belga. Este impedimento fue admitido por el jefe del fondo de inversión Fintech, David Martínez, quien apoyó el fin de semana pasado la posibilidad de hacer un canje local.
Resulta improbable que una mayoría de bonistas con títulos con legislación extranjera acepte cambiarlos por otros de «legislación y jurisdicción local» en iguales términos y condiciones financieras.
Si el canje se concretara, es probable que el bonista sólo pueda entregar a la Argentina los derechos económicos del bono, pero no el antiguo bono en default, dado que la empresa depositaria del certificado global de los bonos, Cede & Co, no puede «enviarlo» a la Argentina para ser cancelado y que permanezca en los Estados Unidos bajo riesgo de embargo. Si bien los pagos no se duplicarían, ya que la Argentina los recuperaría con el canje, la deuda bruta formalmente se duplicaría, con consecuencias legales difusas y probablemente en violación de la ley de administración financiera de la Argentina, advirtió Dujovne.
Existe el riesgo de que el juez Thomas Griesa ponga en riesgo la continuidad de las sucursales de Banco Nación y de Caja de Valores en Nueva York si colaboran con la realización del canje local.
Si no lograra una aceptación de 85% en este canje, que le permitiese hacer extensivo a todos los bonistas el cambio de legislación y de domicilio de pago, quedarían nuevos holdouts de esta operación.
Está claro que aun los bonistas más cercanos al Gobierno, como David Martínez, ven este cambio como una solución temporal hasta poder recuperar sus bonos originales en dólares bajo la ley Nueva York, indicó el abogado Marcelo Etchebarne.
Si no apareciera una solución definitiva, los valores de los bonos Discount serían de entre 60 y 70, frente a los 75 centavos actuales, si se descontara el cupón que tiene el BoNY.
Los bonistas que quieran adherir podrían ser considerados cómplices de no cumplir con la sentencia de Griesa, según el ex secretario de Finanzas Lisandro Barry.
En los canjes se definió que el agente fiduciario no puede ser argentino y mucho menos un organismo del sector público, por lo que se está eliminando la protección contra el conflicto de intereses. «Salvo que se vaya a un default y un canje generalizado y que las nuevas condiciones de emisión lo admitieran», indicó Barry.
Para Nación Fideicomisos será difícil acceder a la información de los bonistas, debido a que los agentes actuales están amenazados de caer en desacato si desobedecen la instrucción judicial que los involucra y colaboran con la Argentina para desarrollar una maniobra elusiva de la sentencia.
Será difícil distinguir entre bonos de una misma clase que hayan cobrado cupones por haber adherido y aquellos que no los cobran.
Todo lo que se consiga para «minimizar» el alcance del default probablemente se logre más allá del esfuerzo del Gobierno; por ejemplo, si bonistas europeos o argentinos lograran que la justicia de Estados Unidos deje de lado los pagos de ley europea, será por éxito de ellos y no se requiere entonces un cambio de jurisdicción ni de fiduciario, según el economista Gabriel Rubinstein.
Aun suponiendo que un inversor americano aceptara el canje, es difícil pensar cómo sacaría el dinero para transferirlo a Estados Unidos.
Sin los agentes de clearing y settlement, como Euroclear y DTC, los nuevos bonos no van a tener donde negociarse. A eso se sumará que los nuevos bonos ley local van a salir de los principales índices (por ejemplo el EMBI global), por lo tanto los inversores en real money no van a poder tenerlos en cartera, lo que les va a sacar mucha liquidez, según un analista de Wall Street que habló en forma anónima.
Dado que los mayores tenedores de bonos ley extranjera actualmente son los denominados «fondos de distress», que tienen la facultad de litigar en Nueva York, difícilmente vayan a renunciar a ese beneficio por cobrar un vencimiento en Buenos Aires.
Muchas complicaciones
El cambio en el lugar de pago de los bonos podría chocar con la imposibilidad de su aplicación, según economistas y abogados.
El cambio del Banco de Nueva York como agente de pago y su reemplazo por Nación Fideicomisos constituiría un evento de default que complicaría más la resolución de la disputa.
También el giro al exterior de los pagos locales de la deuda plantearía inconvenientes, y es improbable que los bonistas acepten un cambio de jurisdicción en iguales condiciones.
Argenzuela: parte II.
Editorial del diario La Nación, 31/08/14.
El gobierno argentino ha sido uno de los mejores discípulos del chavismo en la invención de enemigos internos y externos, y en cómo dividir a la sociedad.
Para ser la mejor alumna, hay que seguir las enseñanzas de la maestra. Si la Argentina aspira a graduarse de Argenzuela, debe aprender de Venezuela a lidiar con la inflación. Y como los precios son renuentes a los buenos modales, por más cuidados que fueran, la presidenta Cristina Kirchner instruyó al secretario de Comercio, Augusto Costa, a que estudiase la nueva ley venezolana de Precios Justos, «para frenar al capitalismo ladrón, tracalero e inmoral». Tal vez subyugado por el calificativo «tracalero», Costa, con el aporte intelectual de Guillermo Moreno y la redacción del viceministro de Justicia, Julián Álvarez, calcó el texto de la norma venezolana, guardando nuestra Constitución en una caja fuerte y esperando la bendición de la agrupación Justicia Legítima.
Según el proyecto del gobierno argentino, las empresas se convertirán en concesionarias precarias de sus organizaciones productivas, ya que el secretario Costa tendrá poder para analizar costos, establecer márgenes, fijar precios, obligar a vender a pérdida, intervenir empresas, multar y disponer clausuras, facultad esta última que en un principio contemplaba hacerlo sin orden judicial alguna, pero que fue excluida del dictamen del Senado.
Hugo Chávez nunca comprendió cómo el kirchnerismo no cooptaba a las Fuerzas Armadas, sobre todo, cuando la inflación, el desabastecimiento y el descontento hacen necesario pergeñar conspiraciones, espiar con inteligencia y controlar a los uniformados. Tardó un poco, pero la sugerencia del pedagogo no cayó en saco roto. Con la designación del general César Milani como jefe del Estado Mayor del Ejército, ambos modelos convergieron en el único punto que los diferenciaba.
Todavía hay distancia entre las dos naciones. El litro de nafta de 95 octanos en Venezuela se regala a menos de dos centavos de dólar, según la cotización oficial de esa moneda contra el bolívar; en la Argentina, en cambio, pese a que, cuando YPF pasó a ser controlada por el Estado, se señaló que uno de los objetivos era que los combustibles fuesen más baratos, el litro de nafta súper promedia el equivalente a 1,40 dólares y sólo en lo que va de 2014 ha subido más del 40 por ciento en moneda local.
Hay, por cierto, otras diferencias. En Venezuela, hay rebelión estudiantil y social, con una represión salvaje y un saldo que hasta ahora supera los cuarenta muertos. Los líderes opositores están presos, aunque para el presidente Nicolás Maduro no hay presos políticos, sino políticos presos. La expulsión arbitraria de la diputada María Corina Machado de la Asamblea Nacional por el presidente del cuerpo, Diosdado Cabello, y el durísimo encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, en una prisión militar, muestran la realidad de una dictadura de facto. Por ahora, eso no ocurre en la Argentina, pero no se puede desechar la posibilidad de que una interpretación como las que ya se han hecho de la ley antiterrorista pueda llevar las cosas a una situación no deseable.
Cristina Kirchner ha lanzado una ofensiva sobre el sector privado que su marido no hubiese soñado ni menos aún aconsejado. El ministro de Economía, Axel Kicillof, no hubiera durado un instante en el gabinete del ex presidente. Inspirada en el Plan de Desarrollo Endógeno Bolivariano, la mejor discípula aspira a profundizar el «vivir con lo nuestro», versión Orinoco, que en Venezuela provocó el cierre de 4000 empresas, el desabastecimiento completo ?desde leche hasta medicamentos- y una brecha cambiaria del 1200 por ciento.
Por si alguna duda quedara sobre el entusiasmo que despierta en el kirchnerismo ese modelo, hay que recordar que el joven Nicolás Maduro Guerra, que no es otro que el hijo del mismísimo presidente de Venezuela, visitó en los últimos días la Argentina y hasta dio clases sobre las supuestas bondades de la ley de abastecimiento de su país a algunos de los propios legisladores argentinos que pretenden trasplantar aquel plan bolivariano.
Al negarse a cumplir con la sentencia del juez neoyorquino Thomas Griesa, el gobierno argentino ha ido más lejos que la propia Venezuela. Entre su propia gente y Wall Street, nuestro mentor caribeño ha optado por lo segundo, pagándoles a los tenedores de bonos de manera religiosa. Pero con el fuerte cepo cambiario, ha mandado a la quiebra a muchas compañías que necesitaban dólares para importar desde harina hasta papel higiénico. También ha perjudicado a la población, que además de informarse por Twitter sobre los comercios donde puedan encontrarse artículos de primera necesidad, para salir corriendo a buscarlos, ahora deberá registrar sus huellas digitales, como cartas de racionamiento para evitar que las familias compren más del cupo que les será otorgado.
En materia cambiaria, las semejanzas entre uno y otro país son cada vez mayores. Desde hace años, el chavismo impuso un cepo cambiario, que derivó en graves restricciones para salir del país y en un colosal mercado negro, del que se benefician no pocos amigos del poder político.
Como en Venezuela, la prensa independiente de la Argentina viene sufriendo persecuciones administrativas y judiciales, además de cepos publicitarios y toda clase de discriminaciones. Para silenciar a la oposición, el chavismo no renovó la concesión del canal 2 (RCTV) y forzó las ventas de medios independientes como Globovisión y Cadena Capriles a grupos afines al poder político. Entre nosotros, el kirchnerismo intentó hacer algo semejante con la ley de medios audiovisuales. Es cierto que aún no se han impuesto aquí las duras multas que sufrieron algunos medios de comunicación y periodistas venezolanos por el simple hecho de difundir la cotización del dólar en el mercado marginal, algo que se encuentra insólitamente prohibido en aquel país. Sin embargo, podemos sospechar con fundamentos que las leyes de abastecimiento y antiterrorista persiguen claramente igual objetivo.
El kirchnerismo sigue el mismo camino, si se recuerda que el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbattella, puntualizó que la cuestionable ley antiterrorista podría ser aplicada contra el periodismo, como ya se quiso hacer en Santiago del Estero, ayer feudo de los Juárez y hoy de los Zamora. En el mismo sentido, la Presidenta no dudó en descalificar a la prensa y sugerir que le cabrían las sanciones de la norma antiterrorista, por el simple hecho de haber informado algo tan cierto como que una empresa que se declaró en quiebra había dejado en la calle a 400 trabajadores. Al igual que la venezolana, la sociedad argentina enfrenta divisiones, por los efectos de un discurso político sustentado desde las más altas esferas del Gobierno en la confrontación y en la permanente búsqueda de enemigos internos y externos. Se trata de la peor herencia que nos dejará el kirchnerismo.
Tal como señalamos en anteriores editoriales, intelectuales, artistas y hasta miembros de una misma familia evitan encuentros personales para evitar roces que puedan ser provocados por la simple divergencia entre sus opiniones políticas. A partir de la concepción oficial de que los adversarios son enemigos, se han reflotado odios y resentimientos como nunca se vieron en nuestro país desde la recuperación de la democracia. No es ni más ni menos que algo que viene sucediendo en la Venezuela chavista desde hace mucho tiempo.
La baja calidad institucional y la falta de adecuados órganos de control que permitan limitar la corrupción pública hermana a ambos gobiernos. Es probable que algunos funcionarios kirchneristas vean con cierta envidia los progresos del chavismo para domar completamente al Poder Judicial venezolano. Afortunadamente, la presión de la sociedad argentina y la acción de la Corte Suprema impidieron que se convalidaran los más nefastos aspectos de la reforma judicial que aún hoy sigue queriendo imponer el gobierno de Cristina Kirchner.
El camino hacia la Argenzuela autárquica y endógena será muy duro. Si fuese exitoso, la mayor parte de la población vivirá de recursos públicos y sólo una porción reducida se mantendrá en el sector privado. Posiblemente, tejiendo boinas de color rojo, para enviar a nuestro preceptor, en reconocimiento por las valijas recibidas y por tantas enseñanzas aprovechadas por el mejor discípulo en lograr una Argentina minúscula. Una Argenzuela.
Argentina revoca el permiso de operación de Bank of New York Mellon
Por Ken Parks.
BUENOS AIRES (EFE Dow Jones) — Argentina ha revocado un permiso a Bank of New York Mellon para operar una oficina de representación en el país después de que la entidad, actuando como administrador de algunos bonos argentinos, se negó a transferir el pago de intereses que se debía a los bonistas el mes pasado a instancias de un tribunal estadounidense.
«The Superintendency of Financial and Foreign Exchange Institutions han revocado la autorización para la representación de Bank of New York en Argentina», dijo el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, a la prensa.
En un comunicado emitido tras la rueda de prensa, el banco central justificó su decisión diciendo que la entidad no había ofrecido financiación a residentes argentinos.
Un portavoz de BNY Mellon no quiso hacer comentarios al respecto. Una fuente conocedora de la situación, sin embargo, dijo que la oficina de representación del banco no está relacionada con su contrato de administración de bonos con el Gobierno de Argentina.
Argentina entró en impago (default) el mes pasado cuando los inversionistas no percibieron los US$539 millones en concepto de intereses cuyo pago vencía el 30 de julio.
Argentina había depositado el dinero a tiempo, pero el juez estadounidense Thomas Griesa bloqueó su distribución a los bonistas porque el país había ignorado su dictamen de pagar a un pequeño grupo de fondos de cobertura que había demandado el pago de una deuda que Argentina suspendió hace 13 años. El impago podría afectar a unos US$29.000 millones en deuda emitida por Argentina en el exterior.
Por su parte, un grupo de fondos de cobertura en posesión de 1.300 millones de euros en deuda soberana argentina ha presentado una demanda contra Bank of New York Mellon, en un intento por cobrar los intereses que se le debe.
La demanda, presentada en un tribunal de Londres, abre un nuevo frente en la guerra de más de una década entre Argentina y los acreedores de una deuda soberana cuyo pago fue suspendido por el país en 2001.
Entre los demandantes se encuentran Knighthead Master Fund LP, RGY International LLC –filial de Perry Capital–, Hayman Capital Master Fund LP y Quantum Partners LP de George Soros, según una copia de la demanda.
Las acciones de BNY Mellon «han sido diseñadas de forma consistente para proteger sus propios intereses sin referencia a los intereses» de los bonistas, alega la demanda.
Argentina entró en impago el mes pasado cuando los inversionistas no percibieron los US$539 millones en concepto de intereses cuyo pago vencía el 30 de julio.
Argentina había depositado el dinero a tiempo, pero el juez estadounidense Thomas Griesa bloqueó su distribución a los bonistas porque el país había ignorado su dictamen de pagar a un pequeño grupo de fondos de cobertura que había demandado el pago de una deuda que Argentina suspendió hace 13 años. El dinero se dejó depositado en el banco.
Un portavoz de BNY Mellon declinó hacer comentarios al respecto. «Seguiremos cumpliendo con las órdenes del tribunal», dijo.
Los demandantes solicitaron a la corte británica que ordene a BNY Mellon pagar los 226 millones de euros que Argentina depositó para el pago de sus bonos denominados en euros, alegando que esta deuda está regida por la ley inglesa, no por la de Nueva York, y no está sujeta a su mandato.
Los bonistas ya habían solicitado al juez Griesa que eximiera a los bonos denominados en euros de su dictamen. Su estrategia consiste en incrementar la presión sobre el juez estadounidense mediante la obtención de un fallo del tribunal británico, según una fuente cercana al asunto.
El impago podría acabar por afectar a casi US$29.000 millones en deuda argentina emitida en el exterior.
El impago del mes pasado deriva de la decisión de Argentina de suspender el pago de una deuda de unos US$100.000 millones durante la grave crisis económica que atravesó el país en 2001. Los inversionistas acabaron por aceptar un intercambio de casi el 93% de esa deuda impagada por nuevos activos en dos operaciones de reestructuración en 2005 y 2010 por el que obtuvieron alrededor de 33 centavos de dólar.
Algunos inversionistas se negaron a aceptar los nuevos bonos y varios de ellos demandaron a Argentina ante la justicia estadounidense para obtener el pago completo. Se les conoce como acreedores «holdout». Estos incluyen a fondos de cobertura liderados por NML Capital Ltd, de Elliott Management Corp, y Aurelius Capital Management Ltd, que han ganado cerca de US$1.600 millones tras años de litigios.
El juez Griesa anunció en junio que cualquiera que intentara ayudar a Argentina a hacer el pago sería acusado de desacatado al tribunal. Los «holdout» han pedido al juez que ordene a BNY Mellon a que devuelva los fondos a Argentina.
La semana pasada, Argentina intentó sortear al tribunal estadounidense al proponer un intercambio de bonos que permitiría al país pagar a los bonistas en Argentina en lugar de en Estados Unidos. La propuesta permitiría a los acreedores intercambiar bonos emitidos bajo una ley extranjera por bonos emitidos bajo la ley argentina, según una copia del documento de la propuesta.
De ser aprobada por el Congreso argentino, la norma permitiría al Gobierno depositar los fondos destinados al pago de los nuevos bonos argentinos en una cuenta en el banco central del país. El Gobierno argentino también sustituiría a BNY Mellon como administrador por el banco estatal Banco de la Nación u otro administrador que sea autorizado por los bonistas.
BNY Mellon ha sido demandado también en Bélgica por un grupo de bonistas de deuda denominada en euros que exigen el pago de los intereses de esos bonos. El mismo grupo amenaza con presentar una demanda en otro tribunal en Reino Unido si BNY Mellon devuelve el dinero a Argentina.
Ensimismada. Cristina Kirchner antes de hablar, el jueves, en la Bolsa de Comercio.
Por Eduardo Aulicino.
Cristina Fernández de Kirchner frenó en los últimos tiempos la salida de al menos tres integrantes de su equipo, sin contar al jefe del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. El dato puede resultar engañoso.
No considera especialmente a la mayoría de sus ministros, conversa poco o nada con ellos y, en todo caso, cerró las puertas del gabinete para no dar señales de debilidad. Por lo demás, redujo al máximo su círculo, donde apenas un par de voces son escuchadas: la de Axel Kicillof, que vive su momento de esplendor en el poder, y la de Carlos Zannini, aunque en menor medida. En ese contexto de cerrazón, toma todas las decisiones. El envío al Congreso del proyecto sobre los bonistas fue resuelto en ese mínimo ámbito para comprometer a la oposición bajo la consigna “Patria o buitres”, imaginada como una divisoria de aguas que hasta ahora no parece conmover a la sociedad. Tal vez por eso, la iniciativa no destartaló a la oposición.
El cristinismo duro acompaña este andar presidencial sin vueltas, a pesar de que algunos operadores políticos advierten sobre los efectos que tal ensimismamiento produce cuando se lo mide en la perspectiva del 2015. Varios gobernadores alineados con Olivos, y algunos de ellos muy cercanos, se cuentan entre quienes evalúan en firme la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales, para garantizar sus propios territorios. Es un dato político que a esta altura no debería pasar inadvertido para el entorno de la Presidenta.
Uno de esos distritos, se sabe, es Tucumán y allí la interna involucra a un ministro nacional. El titular de Salud, Juan Manzur, descuenta desde hace rato que dejará el cargo para retomar el lugar de segundo de José Alperovich y consolidar desde allí su candidatura a gobernador. Pero el juego por ahora se demora, frente a un panorama local que no se perfila sencillo. Está abierta la interna en el peronismo, Alperovich sufre un fuerte desgaste y el radicalismo da señales más competitivas.
Del mismo modo, el círculo cristinista mantiene su rechazo a los candidatos de mayor peso para el 2015. No oculta sus cuestionamientos a Daniel Scioli y ordena cruzarlo frente al menor gesto de diferenciación. Mira con desconfianza a Florencio Randazzo, aunque algunos lo ven como alternativa para la Provincia, más allá del rechazo que esa sola especulación le produce al ministro. La Presidenta le da aire a otros dirigentes que con escasas chances dicen estar anotados en esta carrera y deja correr la ilusión de los suyos con Kicillof. ¿Alguno de ellos iría a una interna contra Scioli, si el gobernador sigue afirmado en las encuestas? “Cristina nunca le hizo un favor a Daniel. ¿Por qué se lo haría ahora poniéndole un desafiante para darle aire en las primarias?”, ironiza un peronista bonaerense.
En medio del ensimismamiento presidencial, no resulta extraño entonces que tampoco se tolere demasiado el manejo del par de funcionarios que mantienen márgenes de juego autónomo. Uno de ellos es Julio de Vido. El ministro es quizás el único funcionario de ese nivel que mantiene relaciones propias con los principales gobernadores del PJ y también con intendentes, en especial del Gran Buenos Aires. A la falta de atención presidencial, se sumó el cascoteo en aumento que se hace y se deja trascender desde el Ministerio de Economía.
El otro que cada tanto provoca enojos cristinistas es Sergio Berni. El secretario de Seguridad tiene una enorme exposición pública. “Le deja a la ministra las cuestiones formales”, dice un viejo operador del PJ en referencia a María Cecilia Rodríguez, de extremado perfil bajo, ausente. Y agrega con pragmatismo y cierta sorna: “La Presidenta lo tiene que tolerar porque le atiende un costado muy sensible de la gestión, aunque diga cosas políticamente incorrectas ”.
El problema, de todos modos, no es el discurso, bastante deteriorado. El tema, sobre todo para el peronismo, es el hermetismo que impone Olivos: las puertas de la residencia se abren para pocos, pero lo que allí se decide afecta a muchos.
Anoche, casi al borde de las lágrimas, Cristina Kirchner contó cómo piensa huir teóricamente del default. Una contradicción evidente se deslizaba entre palabras y gestos. No quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia norteamericana. Se meció entre la necesidad política y el relato épico, y pocas veces las dos cosas son conciliables. Su propuesta de cambiar el lugar de pago a los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 (y remover como agente al Bank of New York) es, objetivamente, un paso atrás de la Presidenta.
Cristina, ayer, al anunciar el cambio de jurisdicción del pago de los bonos, ante el bloqueo judicial en EE.UU.. Foto: Télam
Un intento de acomodar la continuidad de los pagos y la preservación del discurso. La experiencia es insólita, no tiene precedentes, y, por lo tanto, el pronóstico de su resultado debe ser escéptico.
Es mejor, sin duda, que haya anunciado que los dólares de los bonistas serán depositados en un fideicomiso a que se haya dedicado a despilfarrar los dólares. El primer problema que tendrá, con todo, es el que surgirá de la diferencia entre el lugar de pago y la jurisdicción judicial. El Bank of New York era el agente de pago porque la jurisdicción era la de la justicia norteamericana. Ella anunció que los bonistas podrían, voluntariamente, cambiar la justicia norteamericana por la argentina. Es improbable, casi imposible, que eso suceda con una mayoría importante de acreedores.
Cristina no quiere ser la autora de otra cesación de pagos argentina, pero al mismo tiempo tomó la decisión de no obedecer a la justicia de EE.UU.
No habrá muchos acreedores dispuestos a remover a la justicia norteamericana porque ésta les dio la razón a los acreedores. Mucho menos irán a un país cuyo gobierno decidió desconocer al sistema judicial norteamericano. No es sólo el juez Thomas Griesa (el único que la Presidenta nombra), sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez, y la Corte Suprema de Justicia, que decidió por omisión.
¿Puede el lugar de pago ser distinto del de la jurisdicción judicial? Es un caso muy difícil, porque el cambio de jurisdicción necesita, en primer lugar, de una mayoría de bonistas cercana al 100 por ciento para poder realizarse. Si hubiera un pleito en el futuro con algunos bonistas, ¿cómo haría cumplir la justicia de Estados Unidos sus decisiones si el lugar de pago estará en Buenos Aires? ¿Qué recursos le quedaría a un juez norteamericano para aplicar su sentencia? Ninguno. A la Presidenta le tocará evaluar luego si sobresalió en el país y en el mundo la decisión de guardar los dólares de los acreedores o la de desobedecer a la justicia.
En el Congreso, la oposición tiene el desafío de salir de la disyuntiva patria o buitres que plantea el Gobierno. Foto: Archivo
Cristina Kirchner decidió huir del default cuando el país ya está en default. El anuncio subyacente de anoche consiste también en que ella entregará el país, dentro de un año y cuatro meses, con el problema de la deuda pública sin resolver. Lo vapuleó al juez Griesa desde el principio hasta el final de su discurso. Señal de que no piensa negociar ni con el juez ni con los bonistas. Tema concluido para ella.
En el caso de los fondos buitre, no es solo Griesa, sino la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón al juez y la Corte Suprema, que decidió por omisión.
De paso le transfirió el problema a la oposición actual cuando envió la decisión al Congreso. ¿Qué harán sus opositores? ¿Aceptarán su decisión o le reclamarán que se siente a negociar con los bonistas y con Griesa? Cristina Kirchner no ha dejado más opción que ésa. La opción, en fin, «Patria o buitres». Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles en los últimos tiempos al anatema de «vendepatria» o «cipayo«. Ahí, precisamente, entre esas pobres alternativas, proyecta acorralarlos.
Cristina Kirchner ya había dado ayer otras señales de su decisión de ampararse en el discurso nacionalista. No fue ella, sino su canciller, Héctor Timerman, quien insistió en colocar el conflicto con los holdouts en el marco de una disputa política con Washington. Timerman volvió formalmente con la tesis de que los tribunales de La Haya deben resolver sobre un diferendo entre dos Estados, el argentino y el norteamericano, por la decisión de Griesa sobre los fondos buitre.
El gobierno de Obama repitió en el acto lo que ya había dicho: ése no es su problema y la Argentina debe resolver su conflicto con los bonistas que no entraron en los canjes de 2005 y 2010. Es decir, para Washington es un problema argentino, no norteamericano. Punto final.
La prestigiosa diplomática Susana Ruiz Cerutti, junto al gobierno nacional en un polémico planteo diplomático. Foto: DyN
Ningún abogado en su sano juicio le hubiera aconsejado ir a La Haya para reclamarle al gobierno norteamericano porque un juez de Nueva York falló en contra de la posición argentina. La primera constatación que debe tenerse en cuenta es que ese juez está resolviendo sobre la deuda argentina porque los gobiernos argentinos, incluidos los de los Kirchner, les propusieron a los bonistas esa instancia judicial. El canciller Timerman agregó ayer que, si a Washington no le gusta La Haya, podría proponer otra vía de negociación entre los dos gobiernos. Llama la atención que la embajadora Susana Ruiz Cerutti, responsable legal de la Cancillería, se haya prestado a semejante confusión intelectual. Ruiz Cerutti es una diplomática con una larga trayectoria y tiene prestigio como profesional de carrera.
Algunos dirigentes opositores fueron especialmente sensibles al anatema vendepatria o cipayo.
El primer obstáculo es práctico. Aun cuando el gobierno de Obama se sentara a negociar con Cristina Kirchner, y hasta les encontrara razón a sus planteos, ¿qué podría hacer después para cambiar la decisión de la justicia norteamericana, que incluyó una resolución de su Corte Suprema? Nada. ¿Supone el gobierno argentino que la Casa Blanca podría librar una orden terminante a sus jueces para que cambien sus sentencias sobre el caso de los holdouts? Si sabe que eso nunca será posible, ¿para qué o por qué lo hace? ¿Acaso para exhibir a Washington como su enemigo político, como el gran maquinador de las adversidades de la Presidenta?
El segundo problema es jurídico. El juez Griesa dictó la sentencia en cuestión en febrero de 2012, cuando Cristina Kirchner acababa de ser reelegida por el 54% de los votos y pensaba que nadie podría contra ella. El gobierno argentino apeló la decisión del juez ante la Cámara de Apelaciones, que le dio la razón a Griesa.
Luego, la administración argentina recurrió ante la Corte Suprema de Justicia norteamericana, a la que le aseguró, mediante un documento, que cumpliría con la decisión final de la justicia de Estados Unidos. La Corte Suprema decidió no tratar el caso argentino, a pesar de que el gobierno de Obama se presentó como amigo del tribunal y opinó a favor de la posición de fondo de la Argentina. La sentencia de Griesa se convirtió entonces en firme y definitiva.
Pese a lo que plantea ahora, cada apelación que hizo la Argentina fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana.
Cuando el gobierno argentino recurre ahora ante la Casa Blanca está desconociendo la jurisdicción y las facultades del juez Griesa. Eso se podía hacer, si es que se podía, al principio de todo. Pero no se puede desconocer la facultad de un juez, buena o mala, cuando ya existe una sentencia firme. Cada apelación fue un reconocimiento de la jurisdicción y de las facultades de la justicia norteamericana. El gobierno argentino apeló dos veces.
Primero, Timerman desconoció la jurisdicción de la justicia de Nueva York y, más tarde, ayer mismo, la Presidenta anunció que directamente la desobedecerá. Ése es, tal vez, el corazón de una decisión política clave: irse como una líder nacionalista y popular y dejarle a su sucesor los problemas que nunca resolvió.
Si no hubiera hecho el furibundo anuncio amenazando con revelarse contra los tribunales de la mayor potencia mundial, Cristina Kirchner habría aparecido en la tapa de los diarios como una líder derrotada en sus dos más bravías iniciativas de su mandato con fecha de vencimiento próxima: la aplicación de la ley antiterrorista a empresas, empresarios y hasta modestísimos operadores económicos y la sanción de una tenebrosa y fascista ley de abastecimiento.
En cambio, ahora será la líder que bravíamente propuso la ley Del Pago Soberano Local de la deuda exterior de la República Argentina. O sea, que todos aquellos pagos bloqueados por los fallos del juez Griesa se harán, si el Congreso aprueba la ley, en la Argentina, en el Banco Nación o en una entidad fiduciaria que los acreedores elijan. Lejo de lo que ella llama «extorsión» norteamericana.
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres.
También, insólitamente, por primera vez ofreció comenzar a pagar a los que no entraron en los canjes -«los buitres» entre ellos- como si lo hubieran hecho. Un gesto de buena voluntad que tal vez hubiera servido durante el proceso judicial como muestra de buena voluntad, pero que siempre negó advirtiendo que la ley local del cepo se lo impedía.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto
Cristina Kirchner entrampa así al Congreso y a la oposición con su latiguillo: Patria o buitres. Se baja o al menos demora dos tremendos proyectos reaccionarios e, increíblemente, dice que pagará a los buitres lo mismo que a los que aceptaron los canjes y que comenzará a depositar las sumas.
Las posibilidades de éxito parecen pocas y tienen que cumplir muchísimas condiciones, para que la Argentina no desbarranque en un nuevo default abierto y descontrolado de toda su deuda.
La primera y más obvia es que los que ya entraron en los canjes deben aceptar el cambio de jurisdicción y eventualmente de agente financiero. Eso, claro, después de que el Congreso apruebe la ley.
Hay, dicen los especialistas, fondos de inversión que entraron al canje y no pueden aceptar papeles que no tengan jurisdicción y legislación y lugar de pago en los Estados Unidos, preferiblemente, Nueva York.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad
¿Cuántos agentes financieros que no sean el Banco Nación se allanarán a ser el instrumento para desafiar las decisiones de un juez norteamericano? Habrá que ver.
La apuesta de la Presidenta es peligrosísima y puede terminar en una catástrofe. Si no fuera tan, pero tan peligrosa, jamás habría querido compartir la responsabilidad. La Asignación Universal por Hijo tenía amplio apoyo opositor. La hizo y la mantiene por DNU.
¿Pagar a los buitres como signo de buena voluntad, abandonar el cepo? Pareciera que la Presidenta por primera vez está preocupada por las evidentes pobres consecuencias momentáneas de su radicalización.
Fuente: LaNacion.com, 19/08/14. 23:12 hs.
En la mañana del 30 de julio pasado, horas antes de que el país entrara en default parcial, Cristina Kirchner decidió radicalizar su gestión y emprender el último tramo de su mandato como líder de una revolución que deberá suceder. Durante los dos días anteriores, su Gobierno había presionado sobre banqueros nacionales y privados para que la ayudaran a esquivar la cesación de pagos. Estuvieron cerca de lograrlo, pero la Presidenta giró poco antes de llegar a un acuerdo. La rotación presidencial continuó luego con un paquete de medidas que promete estatizar de hecho a todas las empresas privadas. Se profundizó más tarde cuando acusó de terrorista a una imprenta de capitales norteamericanos porque ésta quebró.
El aterrizaje suave que los funcionarios kirchneristas habían prometido después de la devaluación de enero se convirtió de pronto en una especie de chavismo tardío, casi agónico.
Nadie sabe qué sucedió esa mañana del miércoles 30 de julio. Jorge Capitanich, Carlos Zannini y Juan Carlos Fábrega habían convocado de urgencia a banqueros nacionales y extranjeros dos días antes. El dueño de un banco tuvo que regresar apresuradamente de Nueva York. Fábrega puso la cara en nombre del Gobierno. Los urgió a los bancos a juntar dinero privado para colocar una garantía en el juzgado de Thomas Griesa y para que reclamaran la suspensión de la sentencia hasta enero. Los bancos extranjeros tenían algunos reparos (sus dueños no están en el país), pero los bancos nacionales se comprometieron a reunir la primera remesa de dinero.
Todo estaba acordado con todos hasta que Axel Kicillof dinamitó el acuerdo en una conferencia de prensa en Nueva York.
La primera teoría señalaba que Kicillof fulminó algo en lo que no había participado. No es cierta. Cristina y Kicillof habían autorizado la gestión de Fábrega tanto como Capitanich y Zannini. El rencor contra Kicillof en el Gobierno, fácilmente perceptible ahora, es simétrico a la absoluta confianza de la Presidenta en él. El calificativo de «traidor» es frecuente entre funcionarios kirchneristas cuando se refieren al ministro de Economía. «Atrasa cuarenta años», dijo un funcionario ofuscado. La ruptura del acuerdo preliminar con los holdouts fue sólo el principio, aunque importante, de una hoja de ruta mucho más amplia en el camino del fundamentalismo político.
Es probable que la Argentina termine en el abismo de un default generalizado de su deuda pública. Faltan seis semanas para que los bonistas que entraron en los canjes, y que ahora no cobran por el embargo de Griesa, estén en condiciones de pedir el adelantamiento de los pagos previstos durante las próximas décadas. El país no estará en condiciones de enfrentar la magnitud de esos compromisos. Todos los tenedores de bonos, los que aceptaron y los que no aceptaron los canjes, se convertirían en acreedores impagos.
Si se llegara a una situación de default generalizado, sería improbable que el actual gobierno pueda reestructurar la deuda. El default será una herencia para el próximo gobierno, tal vez más difícil que la del default de 2001. La cesación de pagos actual sería producto sólo del capricho o la impericia y, además, se habría agotado la alternativa de ofrecer los tribunales de Nueva York como jurisdicción judicial. El país ya desobedeció a ese tribunal. La Argentina de Cristina Kirchner entró en un territorio desconocido, en el que el autoritarismo prevalece por sobre la racionalidad política y económica.
Nada cambiará sustancialmente en Nueva York. La Cámara de Apelaciones de esa ciudad convocó a una audiencia para el 18 de septiembre seguramente para corregir un claro error de Griesa. Aquel tribunal tratará el caso de los bonos bajo legislación argentina que el Citibank paga en dólares en el exterior, cuyos intereses el juez permitió pagar por «única vez». Griesa no tiene jurisdicción sobre los bonos que aceptaron la legislación argentina. Por lo demás, esa misma Cámara ya ratificó la decisión de Griesa sobre los bonos con jurisdicción en Nueva York. Esto no se modificará.
Cristina Kirchner se convenció definitivamente, para peor, de que existe un complot norteamericano. Sucedió poco después de que el gobierno de Obama despachó en 24 horas su negativa a enfrentarse con la Argentina en los tribunales de La Haya. En esos tribunales se dirimen diferencias entre Estados, no entre un Estado y particulares, como son los holdouts. ¿Pudo la administración de Obama presentarse ante el juez Griesa y pedirle una reconsideración de la medida en nombre de futuras reestructuraciones de deudas? Pudo, quizá. Pero esos favores requieren de intensas y silenciosas gestiones diplomáticas. La Presidenta se lo reclamó desde una tribuna, mientras les hablaba a los «pibes para la liberación». Obama ni siquiera le contestó. El círculo de la conspiración se había completado para Cristina.
La furia con que reaccionó por la quiebra de la imprenta Donnelley, propiedad de norteamericanos, fue consecuencia de aquella otra rabia por la indiferencia de Washington. Acusó a la empresa de haber tenido en su momento, no ahora, una parte de su paquete accionario en manos de los fondos que pleitean contra la Argentina. Encerrados aquí en verdades pueblerinas, sobresale un gran desconocimiento del mundo globalizado. El 70 por ciento de la propiedad de las más grandes empresas del mundo está en manos de fondos de inversión o de fondos de pensión. Tirando de ese hilo podría encontrarse con algunos personajes de la burguesía kirchnerista con inversiones en fondos especulativos.
De todos modos, es poco creíble que una imprenta haga terrorismo porque no seguirá imprimiendo las revistas Gente y Pronto. Sucedió que la imprenta perdía plata. Le propuso a los sindicatos un plan de adecuación, que fue rechazado. Le llevó una propuesta laboral al Ministerio de Trabajo, que también fue rechazada. Al final, la empresa simplemente se cansó de la Argentina, tiró las llaves y se fue.
No es cierto que Kicillof se parezca a José Gelbard, aunque sus políticas son muy similares. Gelbard era un empresario que conocía, aun en medio de sus mediocridades, la ley de la oferta y la demanda. Kicillof y sus muchachos no tienen experiencia ni conocimiento práctico. Sólo saben de teoría y de asambleas universitarias. Pero no hay salida: la Presidenta está seducida intelectualmente por el ministro de Economía. El segundo hombre de su confianza actual es el secretario de Comercio, Augusto Costa, pero no tiene ni la sombra de la influencia de Kicillof. Los dos, Kicillof y Costa, redactaron un paquete de medidas que podría terminar estatizando directamente la economía privada.
Si es cierto que se inspiraron en una vieja ley de Hugo Chávez, entonces debe puntualizarse que la experiencia chavista terminó con 1019 empresas expropiadas y con cerca de 20.000 empresas quebradas. El desabastecimiento llegó a tal extremo que, ya en tiempo de Nicolás Maduro, el régimen lanzó la consigna «Papel higiénico o Patria», porque faltaba el papel que se usa en los baños. La versión caribeña de «Patria o buitres».
Si se sancionaran las tres leyes argentinas, el Estado podrá meterse en cada eslabón de la cadena de valor de las empresas, fijar los márgenes de ganancias, incautarse de productos sin orden judicial y venderlos luego o decidir qué producirá cada empresa y qué no. El enorme poder de policía quedará en manos de la Secretaría de Comercio y de los gobernadores provinciales. La Justicia sólo podrá actuar luego de que se hayan consumado los hechos. Esas facultades «extraordinarias» al secretario de Comercio son claramente inconstitucionales.
Costa, el secretario de Comercio, les dijo a empresarios que el sentido de las leyes es otro y que nunca serán usadas esas facultades. ¿Para qué cargan, entonces, un arma que no usarán? Como pocas veces en los años kirchneristas, el empresariado (industriales, ruralistas, bancos) se unió en repudio de un proyecto oficial. ¿Detendrá eso al cristinismo? La última palabra estará en boca de los gobernadores peronistas con influencia en los legisladores nacionales.
La ley de abastecimiento que recuperó el kirchnerismo es de 1974, de los tiempos de Gelbard. No había caído el Muro de Berlín, y la Argentina y el mundo eran muy distintos. Las reacciones de la economía son ahora mucho más rápidas. El Gobierno podría verse obligado a una nueva devaluación antes de fin de año. La valuación del dólar conlleva siempre nuevos saltos de la inflación. ¿Hasta dónde será socialmente tolerable la inflación, que ya está rozando el 40 por ciento anual? El problema laboral no es sólo de una empresa norteamericana. Miles de industrias y comercios tienen graves problemas y se ven obligados a suspender o despedir trabajadores. La inversión, además, demorará en llegar después del radical giro cristinista.
Una manifestación de estudiantes universitarios protestó el viernes en pleno centro de Buenos Aires contra las empresas extranjeras. Parecía una foto antigua, color sepia. Pero, ¿qué clase de madurez se les puede pedir a los estudiantes cuando es la Presidenta la que levanta la última bandera de una revolución inverosímil?.
Aguante el default, contra toda la traición.
Por Carlos M. Reymundo Roberts.
Carlos M. Reymundo Roberts
No sé si podré terminar de escribir esta columna. Atravesado por la emoción, con el corazón a punto de estallarme, no creo estar en condiciones de mantener el pulso y la templanza. Una y otra vez me vuelven las imágenes de nuestra Presidenta durante el acto de anteayer, pletórica de felicidad en su recién estrenada condición de defaulteadora . Una y otra vez asiento con Scioli , sonrío con Boudou, me entrego al éxtasis con Kicillof , aplaudo desde las primeras filas con Verbitsky, canto y lloro con la militancia en los patios de la Casa Rosada.
Una y otra vez vuelvo mis ojos sobre ella. La hemos vista exultante otras veces, por ejemplo hace poco, cuando festejó que íbamos a romper el chanchito para pagarles una millonada a los cretinos del Club de París . Pero esta vez es distinto. Ahora, que está festejando exactamente lo contrario, es como que la alegría la embarga de pies a cabeza, como que la cosa es más visceral y profunda.
Déjeme que la mire, señora. Y que la admire. Déjeme que le diga que usted ha pulverizado a Rodríguez Saá, que al declarar que no iba a hacer frente a una deuda de 132.000 millones de dólares, en diciembre de 2001, apenas se ganó el aplauso del Congreso. A usted la ovacionaron en el Salón Dorado y en tres patios sucesivos por 1500 millones. Cuatro ovaciones contra una sola del Adolfo. Si entramos al default, que sea por la puerta grande.
Me van a decir que en la Casa Rosada kirchnerista se aplaude cualquier cosa. Que los asistentes a nuestros actos primero aplauden y después preguntan. Que es un apoyo subsidiado. Que en las convocatorias dice: «Está usted invitado a aplaudir a la señora Presidenta a las 18.30 en el Salón Dorado». Todas mentiras. Sí es cierto que Cristina nos cautiva con su verbo y con su encanto, y que nadie como ella justifica con la misma convicción un pago y, al día siguiente, una cesación de pagos.
A ver si me entienden: nosotros estamos con ella. Siempre. Cuando aplaude a los Eskenazi por lo bien que están manejando YPF (diciembre de 2010), cuando expropia YPF por lo mal que lo están haciendo los Eskenazi (abril de 2012), cuando culpa a Repsol de haber vaciado YPF y cuando le paga a Repsol una indemnización de 10.000 millones de dólares por haberla vaciado. Estamos con ella cuando les dice a Zannini , a Capitanich y a Fábrega que aprieten a banqueros y empresarios para que compren la deuda de los holdouts, y cuando, 24 horas después, los manda al infierno a todos ellos, que ya habían juntado la plata. La respaldamos cuando le promete a la justicia de Estados Unidos que va a cumplir con la sentencia, y cuando les jura a los argentinos que lo último que hará en su vida es acatar esa sentencia. La respaldamos hoy, en pleno festival del default, y en enero o en febrero, cuando empiece a pagarles a los buitres .
Estamos con ella y, por supuesto, estamos con Kichi. Un grande. En 2005 y 2010 los holdouts no aceptaron los canjes porque la quita era muy grande. Claro que lo era. Enorme. De Néstor para acá venimos vanagloriándonos de haber hecho «la mejor reestructuración de deuda soberana de la historia». Los tipos no aceptaron y nos hicieron un juicio, en el que, depredadores salvajes, invirtieron fortunas. Lo ganaron en las tres instancias. Cuando llegó el momento de pagar, de cumplir el fallo, «el pibe rubiecito», como lo llamó la señora, se les presentó en Nueva York y les dijo, muy suelto de cuerpo: «Les ofrecemos que cobren lo que se negaron a cobrar cuando nos demandaron». Los buitres no entendieron. Se los explicó mejor: «Ahora que ganaron el juicio, cobren como si lo hubieran perdido». Cada vez más asombrados, con su buitridad perpleja, contestaron que no. «Carroñeros insaciables», los fulminó Kichi antes de dar el portazo. Afuera lo esperaban las felicitaciones telefónicas de Cristina, tuits de viejos camaradas marxistruchos de la UBA, el calor de la militancia, la reivindicación de su propia historia. Hasta entonces caracterizado como el que «ante la duda, paga», ahora era el que «ante la deuda, pega».
Vuelvo a la Casa Rosada. Allí todo es fiesta. La señora acaba de anunciar un aumento para los jubilados. La mayoría pasará a cobrar 3200 pesos, lo cual servirá para reactivar la venta de autos de alta gama y el mercado inmobiliario. Otro anuncio: se crea un fuero judicial dedicado a proteger los derechos del consumidor (con jueces amigos, por si la primera denuncia es contra el Gobierno). Y, en la Secretaría de Comercio, un observatorio de precios, para poder apreciar bien de cerca el fenomenal espectáculo de su crecimiento.
Claro que la apoteosis llega cuando Cristina jura por la memoria de Néstor que no va a pagar, que no cederá al chantaje. Dice que esto no es un default y la aplauden; la aplauden porque les encanta verla defaultear. La Casa Rosada está en llamas. Cristina ha encendido el fuego de la justicia universal, en el que se consumen Griesa , el mediador y los buitres, y el fallo, y las negociaciones, y el banquero Brito, y los que desde dentro del Gobierno defienden la ortodoxia. No importa el desempleo, la inflación, la recesión, el déficit fiscal. Que trepe el paralelo y se derrumben los mercados. Es el viejo país. El nuevo, el que está alumbrando la señora, se levantará sobre esas cenizas.
Fuente: La Nación, 02/08/14.
El default y sus probables consecuencias.
Editorial del diario: La Nación, 01/08/14.
La prolongación de la cesación de pagos en que acaba de ingresar la Argentina afectará aún más la imagen del país y profundizará la actual recesión
El fracaso de las negociaciones entre el gobierno argentino y los representantes de los bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010 y obtuvieron una sentencia favorable de la justicia estadounidense ha derivado en un nuevo default, cuyas consecuencias serán muy graves para el país, en la medida en que esta situación no pueda ser resuelta en lo inmediato.
Si bien hay consenso entre el mayor número de analistas económicos que la situación macroeconómica actual no es comparable con el más difícil contexto en que se produjo el default de fines de 2001, los argentinos no seremos inmunes ante los efectos del nuevo escenario.
Probablemente, la principal consecuencia negativa guardará relación con una nueva desilusión, a partir del quiebre de las expectativas favorables que se habían generado tras los acuerdos que el gobierno nacional había logrado con las empresas que demandaron al país en el Ciadi, con la española Repsol para indemnizarla por la expropiación de sus acciones en YPF y con los países acreedores agrupados en el Club de París. Ese camino había permitido en los últimos meses avanzar hacia una gradual baja del riesgo país. Sin embargo, el nuevo default constituye un retroceso en ese sendero hacia el retorno al mercado internacional de crédito.
Así, pese a que los funcionarios del gobierno de Cristina Kirchner se jacten de que la Argentina no recurrirá al endeudamiento externo, lo cierto es que el país seguirá autocondenándose y desaprovechando una magnífica oportunidad para financiarse a tasas insólitamente bajas en el mundo, a diferencia de lo que han venido haciendo todos sus países vecinos.
El cierre de los mercados de deuda soberana para la Argentina dificultará aún más el financiamiento para la actividad privada y para los gobiernos provinciales, los cuales deberán ajustar sus gastos sensiblemente o recurrir a nuevos préstamos del gobierno central, con su secuela de mayor emisión monetaria e inflación.
Una cesación de pagos prolongada también derivaría en un menor nivel de actividad económica, como producto de una creciente retracción inversora en el turbulento clima actual y de una probable fuga de capitales, que provocará presión sobre el mercado cambiario y sobre el nivel de reservas del Banco Central.
La imposibilidad de acceder al crédito internacional en el actual contexto de creciente desequilibrio fiscal, tanto nacional como provincial, podría conducir a nuevas medidas para evitar la salida de dólares del país, que se traducirían en la profundización del cepo cambiario y en más restricciones a las importaciones.
Para frenar la fuga hacia el dólar, el Banco Central podría verse forzado a aumentar las tasas de interés del sistema financiero, algo que deterioraría todavía más la actividad económica, sin desechar la posibilidad de que asistamos a una auténtica carrera entre las tasas de interés y la presión cambiaria que termine provocando una nueva devaluación de la moneda nacional.
Un default prolongado también paralizará obras públicas e inversiones en infraestructura. Quizás uno de los casos más emblemáticos será el del sector energético y, específicamente, los yacimientos de Vaca Muerta.
En síntesis, la nueva crisis de deuda provocará más recesión, con el peligro de una depresión, por insuficiencia de inversiones y una creciente desconfianza; más inflación, porque sin financiamiento genuino, se recurriría a mayor emisión monetaria para financiar el déficit del Estado nacional y de las provincias; una mayor presión sobre el mercado cambiario y un encarecimiento del crédito doméstico, que obligará a postergar inversiones y a desalentar la creación de nuevos puestos de trabajo, además de provocar suspensiones y despidos de personal en distintos sectores de la economía.
A todo esto, hay que añadir el peligro de que, de acuerdo con las cláusulas que incluyen algunos de los nuevos bonos del canje de deuda, los tenedores de ciertos títulos públicos cuyo pago ha sido bloqueado por decisión del juez Thomas Griesa demanden al Estado argentino el pago de la totalidad del valor del título, para lo cual cuentan con un plazo de 60 días a partir de la cesación de pagos.
De este modo, el default dispararía la alternativa de que bonistas que ingresaron en el canje y que poseen títulos sometidos a la legislación internacional provoquen una catarata de juicios millonarios.
La gravedad de la situación torna indispensable que el Congreso de la Nación reasuma su facultad de arreglar la deuda externa, que le confiere el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución.
La actual crisis nos obliga a insistir en la necesidad de que el gobierno argentino no cierre ninguna puerta al diálogo y la negociación, y que esta vez emplee con una cuota de profesionalismo alejada de bravuconadas que de nada sirven para discutir frente a acreedores que, además de apetito por maximizar sus negocios, cuentan con nada menos que el aval de una sentencia ratificada por todas las instancias de los tribunales de los Estados Unidos, a los cuales voluntariamente se ha sometido la Argentina.
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Cartas de Lectores
Fallos
La presidenta Kirchner y su ministro Kicillof deben aprender que ambos tienen derecho de estar en desacuerdo con los fallos judiciales, lo que no pueden hacer es desobedecerlos.
Raúl Davaro
DNI 13.214.899
Desconocimiento
Después de escuchar al ministro Kicillof repetir, en su afán descalificador, que los llamados fondos buitre no le prestaron un solo peso a nuestro país, y advertir su absoluto desconocimiento de lo que es un título de crédito, es que entiendo perfectamente por qué se ha perdido en todas las instancias el juicio que iniciaron aquellos que no aceptaron una quita y nuevos plazos en sus créditos. También habría que recordarle que quienes aceptaron no lo hicieron por confiar. Quien acepta una quita de más del 40% lo hace precisamente por una absoluta desconfianza en su deudor, y prefiere cobrar aunque sea un mínimo a posiblemente nada.
No se podía terminar de otra manera: con un nuevo default.
Segismundo Cortés [email protected]
Papel del Congreso
Creo oportuno y necesario que el Congreso de la Nación reasuma la facultad de arreglar la deuda exterior de la Nación, que le otorgó el inciso 7 del artículo 75 de la Constitución nacional y que transitoriamente delegó en el Poder Ejecutivo. Es ése un tema de suma gravedad que debe ser tratado y resuelto por los representantes de las provincias y de sus gentes, cuyo presente y futuro ha sido grandemente comprometido. La solución de un asunto de esa trascendencia no puede dejarse librado a la veleidosa voluntad política de quien ocupa el Poder Ejecutivo. Así lo entendieron nuestros constituyentes y ciertamente no se equivocaron. Y me parece también necesario que quien ha manejado ese asunto rinda cuentas de su gestión y responda políticamente por su ruinoso fracaso. La patria se lo demanda.
Dr. Norberto Giletta [email protected]
Ganancia
En conferencia de prensa sobre las negociaciones en Nueva York, el ministro Kicillof dijo que el fallo del juez Griesa les asignó una ganancia «exorbitante» a los holdouts. Griesa simplemente ordenó que se cumpla lo prometido en los bonos. Él no asignó ninguna ganancia. No es su función. Después de años de litigar en los Estados Unidos y ante un fallo adverso: ¿es tan difícil para un economista que es ministro y para una abogada que es presidenta reconocer esto?
Alfredo Bledel
DNI 4.557.951
Consecuencias
Ante el inminente default por la falta de acuerdo con los fondos buitre, ¿no sería justo que quienes tomaron y aplaudieron en su momento la medida de no pagar la deuda respondan ante la Justicia? Las consecuencias las vamos a sufrir directamente todos los habitantes, pero estos políticos no creo que las sufran. ¿No hay acaso en la legislación una rendición de cuentas o juicio a los gobernantes que se equivocan de esta manera? Sería bueno refrescar los nombres de todos los legisladores que en el recinto aplaudieron a Rodríguez Saá cuando dijo que no se pagaba la deuda. Al menos, para evitar reelegirlos si hay algunos que tienen esa aspiración.
Marcos Baccanelli
DNI 93.477.477
BUENOS AIRES (EFE Dow Jones) — Argentina ha revocado un permiso a Bank of New York Mellon para operar una oficina de representación en el país después de que la entidad, actuando como administrador de algunos bonos argentinos, se negó a transferir el pago de intereses que se debía a los bonistas el mes pasado a instancias de un tribunal estadounidense.
